Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02894-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02894-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2026-02894-01
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
18 de junio de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02894-01
Accionante: Erneys Alfonso Zuleta Sierra
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02894-01
Demandante: Erneys Alfonso Zuleta Sierra
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta
Temas: Tutela contra providencia judicial - acción de cumplimiento.
Falta de cumplimiento del requisito general de relevancia
constitucional.
Sentencia segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante, contra la
providencia de 30 de abril de 2026, dictada por la Sección Primera del Consejo de
Estado, que resolvió:
«PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la
causa por pasiva presentadas por la NACIÓN - MINISTERIO DE TRANSPORTE y la
SUPERINTENDENCIA DETRANSPORTE, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por carecer del requisito
general de la relevancia constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de la presente sentencia.
TERCERO: RECHAZAR por improcedentes las pretensiones del actor tendientes a que
se ordene la compulsa de copias a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a la
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN DE LA CÁMARA DE
REPRESENTANTES, se dé cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 4 del Decreto
2409 de 2018, 3 de la Ley 1843 de 2017 y 158A de la Ley 769 de 6 de agosto de 2002 y
se ordene la suspensión de los efectos administrativos, procesos de cobro coactivo
derivados del sistema de fotodetección y la devolución de dineros recaudados, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.»
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 16 de abril de 2026, el señor Erneys Alfonso Zuleta Sierra en nombre propio
interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Quinta, por estimar
vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso
a la administración de justicia. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERA: Que se AMPAREN los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, al
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, a la IGUALDAD y a la SEGURIDAD
JURÍDICA de EL ACCIONANTE y, por extensión, de la colectividad afectada, los cuales
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Accionante: Erneys Alfonso Zuleta Sierra
fueron vulnerados por la Sección Quinta del Consejo de Estado al proferir una providencia
que desconoce el imperio de la Constitución y la Ley.
SEGUNDA: Que se DECLARE LA NULIDAD Y SE DEJE SIN EFECTOS JURÍDICOS la
sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro de la acción de
cumplimiento con radicado [Insertar Radicado], por configurar una Vía de Hecho mediante
un defecto sustantivo y desconocimiento del precedente vinculante de la Corte
Constitucional (Sentencias C-038/20 y C-321/22) y del propio Consejo de Estado.
TERCERA: Que, como consecuencia de lo anterior, se ORDENE a la Sección Quinta del
Consejo de Estado que, en un término no mayor a quince (15) días, profiera una NUEVA
SENTENCIA DE FONDO. En dicho fallo, la corporación deberá acatar lo dispuesto en los
Artículos 10 y 102 del CPACA, reconociendo que la Superintendencia de Transporte, según
el Artículo 3 (Parágrafo 3) de la Ley 769 de 2002, tiene una obligación imperativa, clara y
exigible de vigilancia que no puede ser eludida bajo el pretexto de autonomía territorial.
CUARTA: Que se ORDENE a la SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE dar
cumplimiento estricto y efectivo al Artículo 4 del Decreto 2409 de 2018 y al Artículo 3 de la
Ley 1843 de 2017, procediendo a inspeccionar y verificar la validez técnica de los sistemas
SAST en Valledupar. Se debe declarar que la entidad no ha cumplido con su función de
policía administrativa al permitir la operación de dispositivos móviles y "cruce de datos" sin
la debida señalización y validación humana.
QUINTA: Que se ORDENE a la Superintendencia de Transporte que, en ejercicio de su
facultad de autoridad de cierre y en cumplimiento del Artículo 158A del Código Nacional de
Tránsito (adicionado por Ley 2251 de 2022), disponga la REVOCATORIA OFICIOSA Y
MASIVA de la totalidad de los comparendos (aproximadamente 92.000) impuestos en
Valledupar mediante prácticas prohibidas (vehículos en movimiento y falta de plena
identificación del infractor).
SEXTA: Que se ORDENE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL E INMEDIATA de todos los
efectos administrativos, reportes en las plataformas SIMIT y RUNT, y procesos de cobro
coactivo derivados de estas fotomultas ilegales, hasta que la autoridad de tránsito de
Valledupar demuestre, caso por caso, que cumplió con la carga probatoria de identificar al
conductor infractor, conforme a la Sentencia de Unificación SU-011 de 2020.
SÉPTIMA: Que se DECLARE que la Sección Quinta del Consejo de Estado incurrió en un
Exceso Ritual Manifiesto y en una Cosa Juzgada Aparente, al pretender aplicar fallos
previos sobre situaciones fácticas nuevas y ante la aparición de normas de orden público
posteriores (como la Ley 2251 de 2022) que obligan a la administración a actuar de oficio
frente a la ilegalidad técnica.
OCTAVA: Que se COMPULSEN COPIAS con carácter urgente a la PROCURADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN y a la COMISIÓN DE ACUSACIONES (o autoridad
competente), para que se investigue la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios de
la Superintendencia de Transporte y se verifique si la actuación de los magistrados de la
Sección Quinta se apartó deliberadamente del bloque de constitucionalidad para favorecer
intereses de recaudo de un operador privado.
NOVENA: Que el Juez de Tutela, dada la gravedad de la omisión y el impacto masivo sobre
el patrimonio de los ciudadanos, mantenga la VIGILANCIA PERMANENTE sobre el
cumplimiento de este amparo mediante un incidente de seguimiento, asegurando que la
Superintendencia de Transporte no emita respuestas administrativas ambiguas o vacuas
que pretendan burlar la orden judicial.
DÉCIMA: Que se ORDENE a la Secretaría de Tránsito de Valledupar y a la
Superintendencia de Transporte la devolución indexada de los dineros recaudados bajo
este esquema de Responsabilidad Objetiva, reconociendo que el Estado no puede lucrarse
de cobros fundamentados en procedimientos que han perdido su fuerza ejecutoria por vía
del Decaimiento (Art. 91 CPACA).»
2. Hechos
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De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
Situación fáctica que dio origen al medio de control
El actor indicó que el 26 de septiembre de 2025 requirió a la Secretaría de Tránsito de
Valledupar y a la Superintendencia de Transporte el cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 6 de la Resolución 20203040011245 del 2020, que prohíbe realizar
comparendos desde vehículos en movimiento; razón por la que indicó que era
necesario el retiro de los vehículos de foto detección, y así dar cumplimiento a los
artículos 1.5, 129 y 135.1 del Código Nacional de Tránsito, que exigen la identificación
plena del infractor y la firma del comparendo por parte del conductor y del agente de
tránsito; así como del artículo 158 A de la Ley 769 de 2002, en relación con los
comparendos impuestos por vehículos operados por personal no autorizado, como los
funcionarios de la SEM «Movilidad y Seguridad en Orden SEM S.A.S.», quienes no
son agentes de tránsito.
A juicio del actor la imposición de los comparendos automatizados vulneró el derecho
fundamental al debido proceso, así como los principios de buena fe, confianza
legítima, seguridad jurídica e igualdad, pues no se cumplieron las condiciones
dispuestas por el legislador para tal fin.
De la acción de cumplimiento con radicado 2025-00695-00
En razón de lo anterior, el señor Zuleta Sierra radicó acción de cumplimiento en contra
del Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Transporte; el municipio de
Valledupar – Secretaría de Tránsito y el Concejo Municipal de Valledupar a fin de
lograr el acatamiento de lo dispuesto en el artículo 6 de la Resolución
20203040011245 de 2020 de la cartera del Transporte compilada en la Resolución
núm. 20223040045295 de 2022; 1, 2, 129, 135 y 158A de la Ley 769 de 6 de agosto
de 2002 y 10 del CPACA.
En consecuencia, en dicha oportunidad solicitó, entre otras, que se ordenara: i) la
anulación de los comparendos que le fueron impuestos mediante «fotomulta», ii) el
retiro de los vehículos de «fotomulta» llamados comúnmente como «cazainfractores»,
y, iii) a la autoridad de tránsito de Valledupar que realizara de manera presencial la
imposición de los comparendos.
El conocimiento del proceso en primera instancia correspondió al Tribunal
Administrativo del Cesar que, en sentencia del 11 de diciembre de 2025, por un lado
rechazó la demanda frente al Ministerio de Transporte al estimar que no se agotó el
requisito de constitución de renuencia; por el otro declaró la improcedencia de las
pretensiones frente a las demás entidades demandadas, comoquiera que lo
pretendido por el actor era controvertir la legalidad de los comparendos impuestos en
el municipio, de tal forma que la discusión involucraba derechos de carácter subjetivo
y debía ventilarse a través de los mecanismos ordinarios dispuestos para tal efecto.
Contra la anterior decisión el actor interpuso recurso de apelación en el que reiteró la
totalidad de los argumentos expuestos en la demanda inicial.
La Sección Quinta del Consejo de Estado en providencia del 26 de febrero de 2026,
revocó parcialmente la decisión de primera instancia y, en su lugar: i) rechazó la
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demanda en lo relacionado con el artículo 1 (incisos 4 y 5), 2 (numeral 7), de la Ley
769 de 2002, Código Nacional de Tránsito, por cuanto no se acreditó la exigencia de
cumplimiento en el requerimiento enviado a las accionadas; ii) declaró la
improcedencia de la pretensión encaminada a la anulación de los comparendos que
le fueron impuestos; iii) declaró la cosa juzgada respecto a las pretensiones
de ordenar el cumplimiento de los artículos 18 de la Ley 2251 de 2022; 3 y 13 de la
Ley 1843 de 2017; 127, 129 y 135 al 137 de la Ley 769 de 2002, y los literales a), d),
g), i), m) del artículo 3 y los artículos 5 al 8 de la Resolución 20203040011245 de
2020; iv) declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento respecto del artículo
10 de la Ley 1437 de 2011 y v) confirmó la decisión de rechazo contra el Ministerio de
Transporte, por falta de agotamiento de la constitución en renuencia.
3. Argumentos de la acción de tutela
El demandante indicó que la Sección Quinta del Consejo de Estado incurrió
en defecto sustantivo por inaplicar lo dispuesto en los artículos 3 y 158A de la Ley
769, el Decreto 2409 de 2018 y la Ley 1843 de 2017, comoquiera que pasó por alto la
obligación de la Superintendencia de vigilar los organismos de tránsito, así como la
normativa que regula el sistema de fotodetección y la de revocar multas ilegales de
oficio; además, realizó una indebida aplicación de la cosa juzgada en el asunto.
Precisó que la autoridad judicial demandada omitió realizar una integración
sistemática de las normas desatendidas, lo que llevó a que no se analizara de fondo
la controversia planteada y se declarara de forma errada la cosa juzgada.
De igual forma manifestó que incurrió en desconocimiento del precedente
judicial establecido en las sentencias C-038 de 2020, C-321 de 2022, que han
dispuesto que no es posible aplicar la responsabilidad objetiva en el caso de las
fotomultas y que debe existir plena identificación del infractor.
Adujo que incurrió en defecto fáctico al no valorar las pruebas obrantes en el
expediente que demuestran la supuesta ilegalidad del sistema de fotodetección en el
municipio y la inactividad de la Superintendencia frente a la imposición de fotomultas;
así como en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, lo que impidió que se
llevara a cabo un estudio de fondo sobre el debate propuesto.
Agregó que la decisión cuestionada incurrió en falta de motivación porque no se había
planteado adecuadamente el problema jurídico y la demandada avaló la realización
de comparendos de vehículos en movimiento, así como en violación directa de la
Constitución por el desconocimiento de los artículos 4 y 6, al permitir que la
Superintendencia actúe sin responsabilidad frente a las omisiones de los organismos
de tránsito del municipio.
4. Trámite previo
El 17 de abril de 2026, la Sección Primera del Consejo de Estado admitió la acción de
tutela, ordenó notificar al demandante, al Consejo de Estado, Sección Quinta en
calidad de demandado, así como al Ministerio de Transporte, a la Superintendencia
de Transporte, al Concejo y al municipio de Valledupar - Secretaría de Tránsito y
Transporte y al Tribunal Administrativo del Cesar, como terceros con interés.
5. Oposiciones
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La Sección Quinta del Consejo de Estado guardó silencio frente a los hechos de la
solicitud de amparo.
6. Intervención de los terceros con interés
El Tribunal Administrativo del Cesar remitió enlace de consulta del expediente; no
obstante, no se pronunció sobre los hechos objeto de debate.
El Ministerio de Transporte solicitó ser desvinculado de la acción de tutela de la
referencia al considerar que existe falta de legitimación en la causa por pasiva.
La Superintendencia de Transporte solicitó que se nieguen las pretensiones de la
acción de tutela al considerar que las mismas carecen de fundamentos fácticos y
jurídicos; sumado a ello, manifestó que hay lugar a ser desvinculada del trámite por
falta de legitimación en la causa por pasiva.
El municipio de Valledupar y el Concejo Municipal no se pronunciaron.
7. Sentencia de primera instancia
El 30 de abril de 2026, la Sección Primera del Consejo de Estado profirió sentencia
de primera instancia en la que declaró improcedente la solicitud de amparo al
considerar que no cumple con el requisito de relevancia constitucional sino que de lo
alegado por el actor se observa que no se estuvo de acuerdo con la interpretación
dada por el juez natural del asunto a las pruebas allegadas al proceso, situación que
no permite al juez de tutela inmiscuirse, so pena de convertir la solicitud de amparo
en una instancia adicional al proceso ordinario.
Además, explicó que los argumentos que invocó la parte actora como fundamento de
la presunta vulneración de los derechos deprecados, son los mismos que fueron
puestos a consideración dentro del medio de control, tanto en la demanda como en el
recurso de apelación, de tal forma que lo pretendido era usar la solicitud de amparo
como una instancia adicional.
8. Impugnación
La parte demandante impugnó la decisión de primera instancia reiteró los argumentos
del escrito inicial e indicó que el fallo impugnado desconoce que el asunto planteado
tiene una clara relevancia constitucional, en tanto involucra la posible vulneración de
derechos fundamentales como el debido proceso, la igualdad y el acceso a la
administración de justicia.
Explicó que no se trata de un simple debate de legalidad, sino de una controversia
que afecta de manera directa garantías fundamentales, en el marco de actuaciones
administrativas que pueden comprometer a un número indeterminado de ciudadanos.
Además, indicó como cargo adicional que se incurrió en desconocimiento del Decreto
2409 de 2018 y de las funciones de inspección, vigilancia y control de la
superintendencia de transporte.
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Concluyó que en su caso no hay cosa juzgada como se señaló en la sentencia
cuestionada, sí hay relevancia constitucional y existe un error grave sobre
competencias de la Superintendencia de Transporte.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción de tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales y específicas de procedencia de la
acción de tutela.
Problema jurídico
En los términos del escrito de impugnación, corresponde a la Sala determinar si se
debe confirmar, modificar o revocar la decisión de tutela de primera instancia, que
declaró improcedente la acción de tutela.
En ese sentido, procederá con la verificación de los requisitos generales de
procedencia, y, solo en caso afirmativo, continuará con el estudio de fondo de los
defectos invocados.
La Sala anticipa que confirmará la sentencia impugnada en la medida en que la
solicitud de amparo carece de relevancia constitucional.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: i) del requisito
de relevancia constitucional y ii) análisis del caso concreto.
(i) La relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales.
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El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones.
En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20141, para que un
asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de
mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» 2.
Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera
que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse
a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos
para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de
controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en
el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
(se destaca)
(ii) De la falta de relevancia constitucional en el caso concreto
Para resolver, la Sala reconstruye el trámite surtido en la acción de cumplimiento que
el accionante adelantó contra la Superintendencia de Transporte, la Secretaría de
1
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012
02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
2
Ibidem.
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Tránsito de Valledupar y Concejo Municipal de Valledupar, con el fin de que se
ordenara el cumplimiento de los artículos 4 y 5 del Decreto 2409 de 2018, 134 de la
Ley 769 de 2002; 4 de la Ley 1843 de 2017 y del artículo 6 de la Resolución
20203040011245 de 2020.
En consecuencia, pidió que se: (i) anularan todas las multas aplicadas mediante los
denominados vehículos «caza infractores», incluyendo las que a él se le habían
impuesto, durante el período en el cual no se contaba con la autorización del Ministerio
de Transporte para el uso de sistemas automáticos; (ii) decretara el retiro de los tres
vehículos utilizados para la imposición de comparendos, al considerar que su uso
contraviene la normativa vigente y (iii) ordenara a la Secretaría de Tránsito la
imposición de comparendos de manera presencial en garantía de la individualización
del presunto infractor.
El Tribunal Administrativo del Cesar mediante sentencia del 11 de diciembre de 2025,
rechazó la acción frente al Ministerio de Transporte al considerar que frente a dicha
entidad no se agotó el requisito de constitución en renuencia.
Por otro lado, resolvió declarar la improcedencia de las pretensiones contra la
Superintendencia de Transporte, Secretaría de Tránsito de Valledupar y Concejo
Municipal de Valledupar al considerar que lo que busca el actor no es la ejecución de
un deber jurídico claro, expreso y exigible, sino controvertir la legalidad de los
comparendos impuestos en el municipio de Valledupar, con el fin de obtener su
anulación y en esa medida explicó que la discusión involucra derechos de carácter
subjetivo y debe ventilarse a través de los mecanismos ordinarios previstos por el
ordenamiento jurídico dado que la acción de cumplimiento no está prevista para ello.
Además de lo anterior, señaló que las normas cuyo cumplimiento invocó el actor no
contienen mandatos imperativos e inobjetables que permitieran ordenar la revocatoria
masiva de comparendos, máxime cuando no se acreditó probatoriamente la utilización
irregular de dispositivos SAST ni el incumplimiento de una obligación consolidada por
parte de las entidades demandadas.
Finalmente, expuso que las disposiciones normativas invocadas no le atribuyen a la
Superintendencia demandada la competencia para imponer, revocar o anular
comparendos; pues dichas funciones corresponden únicamente a las autoridades de
tránsito. Precisó que la Superintendencia de Transporte ejerce labores de inspección,
vigilancia y control, las cuales se encontraban en curso, sin que se demostrara
renuencia alguna, por lo que no era destinataria de los mandatos cuyo cumplimiento
se reclamaba.
Contra esa decisión el actor interpuso recurso de apelación. Sostuvo que el juez de
primera instancia erró al considerar que la acción de cumplimiento no es procedente
dado que no está solicitando la anulación de un comparendo individual, sino el
cumplimiento de normas superiores que regulan la legalidad de los sistemas de foto
detección en el municipio de Valledupar. En concreto, indicó que pretendía que se
ordene la anulación de más de 71.000 comparendos generados por vehículos de foto
multa que presuntamente operan sin cumplir los requisitos legales establecidos por la
ley y la jurisprudencia constitucional, además indicó que las demandadas sí
incurrieron en renuencia.
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Adujo que no buscaba el reconocimiento de derechos subjetivos ni la resolución de
un conflicto particular, sino que exigía el cumplimiento de disposiciones normativas de
carácter general que regulan el funcionamiento de los sistemas de foto detección,
como lo ha señalado la Corte Constitucional en múltiples pronunciamientos tales como
sentencias C-1194 de 2001, C-157 de 1998, T-289 de 2024, T-130 de 2024, C-1038
de 2002, C-157 de 2002, C-038 de 2020, C-321 de 2022, la sentencia 00303 de 2018
del Consejo de Estado y las tutelas STP649-2017 y T-051 de 2016.
Insistió en que exigió el cumplimiento del artículo 6 de la Resolución 20203040011245
de 2020, compilada en la Resolución 20223040045295 de 2022, artículo 7.8.1.2,
numeral D), que prohíbe realizar comparendos desde vehículos en movimiento, salvo
en casos de detección aérea. También se solicitó el retiro de los vehículos de foto
detección que operan en movimiento, y el cumplimiento de los artículos 1.5, 129 y
135.1 del Código Nacional de Tránsito, que exigen la identificación plena del infractor
y la firma del comparendo por parte del conductor y del agente de tránsito.
Asimismo, se pidió a la Superintendencia de Transporte que diera cumplimiento al
artículo 158A de la Ley 769 de 2002, adicionado por la Ley 2251 de 2022, revocando
los comparendos impuestos por vehículos operados por personal no autorizado, como
los funcionarios de la SEM «Movilidad y Seguridad en Orden SEM S.A.S.», quienes
no son agentes de tránsito.
Por su parte, en el escrito de tutela el actor atribuye a las providencias los defectos
fáctico, sustantivo, procedimental, falta de motivación y por desconocimiento del
precedente judicial. Sostiene que las autoridades erraron en la valoración de pruebas
aportadas limitándose a aceptar afirmaciones de la entidad accionada sin verificación
objetiva, se interpretó de manera errónea la Ley 393 de 1997, con lo que se
desnaturalizó la acción de cumplimiento y se restringió indebidamente su alcance, se
privilegió aspectos formales sobre el análisis de fondo del asunto y desconoció que
no buscaba el reconocimiento de derechos subjetivos ni la resolución de un conflicto
particular, sino que exigía el cumplimiento de disposiciones normativas de carácter
general que regulan el funcionamiento de los sistemas de foto detección, como lo ha
señalado la Corte Constitucional en múltiples pronunciamientos tales como sentencias
C-038 de 2020, C-321 de 2022, además indicó que sí cumplió con la constitución en
renuencia y al no acceder a lo pretendido se omitió que la norma otorga a la entidad
la potestad de suspender las ayudas tecnológicas que no cumplan con los requisitos
del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
A partir de lo anterior, la Sala observa que el actor plantea nuevamente la misma
discusión jurídica que ya fue objeto de análisis en el proceso de acción de
cumplimiento, en el cual también actuó como demandante. En esta ocasión, reitera
los argumentos expuestos en el trámite ordinario y los fundamenta en la presunta
configuración de los defectos invocados.
En efecto, de lo expuesto hasta aquí se evidencia que la discusión planteada por el
demandante fue resuelta por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en la sentencia
del 26 de febrero de 2026, que, en lo que interesa, consideró:
«En este caso, las pretensiones del señor Zuleta Sierra se dividen en tres: (i) que
se ordene a la Secretaría de Tránsito del municipio de Valledupar la anulación de
todas las multas aplicadas mediante los denominados «vehículos caza
infractores»; (ii) que se disponga el retiro de los tres vehículos utilizados para la
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imposición de comparendos, al considerar que su uso contraviene la normativa
vigente en punto de la implementación de los SAST y (iii) que se ordene a la
autoridad de tránsito del municipio que la imposición de los comparendos se
realice de manera presencial, individualizando al infractor y otorgándole un tiempo
prudencial para el retiro del vehículo en caso de estacionamiento en sitios
prohibidos. (…)»
En cuanto a improcedencia para alegar razones de inconformidad contra los
actos que impusieron comparendos:
«Se advierte que la controversia escapa del ámbito de acción del juez de
cumplimiento, toda vez que encierra un debate jurídico sobre la validez de los
comparendos que han sido interpuestos por la Secretaría de Tránsito y Transporte
de Valledupar. Al respecto, se recuerda que esta acción no es de carácter
declarativo sino de ejecución de deberes imperativos e inobjetables, es decir, que
no admitan ningún tipo de discusión.
Lo anterior da cuenta de que, aun cuando en este escenario se solicita el
cumplimiento de las normas descritas, lo cierto es que el fondo de la controversia
plantea una discusión de carácter subjetivo que debe ser conocida por el juez de
lo contencioso administrativo a través de la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho prevista en el artículo 138 del CPACA contra los actos administrativos
sancionatorios.
Lo dicho, puesto que, en el aludido medio de control, quienes han visto afectados
sus intereses con la interposición de las multas tienen la posibilidad de cuestionar
los comparendos impartidos por las autoridades de tránsito, lo que coincide con lo
aquí pretendido por la parte actora.
Así las cosas, las presuntas irregularidades en que incurre la autoridad de tránsito
de Valledupar en el trámite de imposición de comparendos bajo una modalidad no
presencial, deben ser analizadas en el estudio de legalidad que se haga del acto
administrativo sancionatorio. Por tanto, no corresponde al fallador constitucional
sustituir el control del juez ordinario frente al procedimiento sancionatorio
adelantado por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar.
En suma, la improcedencia de esta acción en lo que atañe a esta pretensión se
justifica en que no se satisface el requisito de la subsidiariedad, ya que este
mecanismo constitucional es residual y no principal, lo que presupone que no se
cuente o haya contado con un medio ordinario de defensa judicial.
Idénticas consideraciones sustentan la declaración de improcedencia frente a la
pretensión plasmada en el numeral tercero del escrito de demanda, la cual, en
síntesis, busca plantear la anulación de los comparendos impuestos, aduciendo
posibles irregularidades en su trámite. Nuevamente, se tiene que dicha finalidad
escapa a la órbita del juez de cumplimiento, pues se reprocharía la legalidad de la
actuación de la administración, lo cual impone acudir al medio de control
correspondiente.
Finalmente, se debe indicar que, con base en los hechos y medios de prueba que
fueron aportados al trámite, no se hace evidente la existencia de un perjuicio
irremediable que permita flexibilizar el citado presupuesto. (…)»
Frente al retiro de los vehículos utilizados para la imposición de comparendos
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«Lo que tiene que ver con el retiro de los vehículos «caza infractores», la Sala no
advierte que la parte actora cuente con otro medio de defensa judicial para
procurar por el acatamiento de los preceptos que pide atender.
Tampoco se evidencia que lo pretendido involucre la protección de derechos
fundamentales que puedan ser invocados vía acción de tutela, o que implique un
gasto. Frente a esto último, no se observa que el retiro de circulación de los
vehículos institucionales le genere a las entidades accionadas una erogación de
partidas presupuestales.
Además, las disposiciones solicitadas en cumplimiento son actualmente exigibles
porque no están derogadas ni suspendidas y ostentan el rango de ley o acto
administrativo.
Así las cosas, la acción de cumplimiento se estima procedente en punto de estas
pretensiones, sobre las cuales se proseguirá el estudio del asunto, previo el
análisis de si sobre ellos opera el fenómeno de cosa juzgada. (…)»
En cuanto a los argumentos para declarar la cosa juzgada:
«Esta Sección ha manifestado que el objeto de la cosa juzgada es que los hechos
y conductas que se han resuelto judicialmente no puedan ser debatidos
nuevamente en un proceso posterior. Lo anterior, por cuanto lo decidido por el
juez adquiere las características de vinculante, obligatorio y, por tanto, de
inmutable.
De acuerdo con lo anterior, según lo prevé el artículo 303 del Código General del
Proceso, los elementos constitutivos de la cosa juzgada son: (i) identidad de
objeto; (ii) identidad de causa y, (iii) identidad jurídica de partes.
Ahora bien, la Sala ha establecido que, para estar en presencia del fenómeno de
la cosa juzgada en las acciones de cumplimiento, en principio, no es necesaria la
identidad de partes; en específico, del extremo accionante, dado el carácter
público de la acción, lo cual implica que puede instaurarse por cualquier persona.
Tratándose de la identidad de objeto, se verifica la identidad del bien jurídico que
se encuentra en disputa. Finalmente, en relación con la identidad de causa se
determina la razón por la cual se acude a esta instancia.
Descendiendo al asunto que nos ocupa, la Sala observa que en el expediente
20001-33-33-009-2024-00283-01, el Tribunal Administrativo del Cesar resolvió en
segunda instancia una demanda presentada en contra de la Alcaldía de
Valledupar, para que se le ordenara acatar lo dispuesto en el artículo 6 de la
Resolución 20203040011245 de 2020 y el artículo 2.o, numeral 1, de la ley 1843
del 2017 y, en consecuencia, se dispusiera el retiro de los vehículos «caza
infractores» por las calles de Valledupar.
Al resolver la controversia, la autoridad judicial advirtió que la acción de
cumplimiento es el mecanismo jurídico adecuado para exigir el acatamiento de las
regulaciones normativas señaladas por el actor como incumplidas por el ente
territorial, por cuanto contienen un mandato legal que al ser de orden público
resulta obligatorio.
Luego, al abordar el análisis de fondo, encontró que en la Resolución
20203040011245 de 2020 se indicaron los criterios técnicos para la instalación y
operación de los SAST. No obstante, no se comprobó que el vehículo «caza
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infractores» constituyera uno de ellos, ni que la cámara para detectar las presuntas
infracciones de tránsito estuviere en funcionamiento. Bajo tales consideraciones,
negó las pretensiones de la demanda.
Adicionalmente, en aras de reforzar el argumento adverso a las pretensiones de
la demanda, frente a la norma en cuestión, basta precisar que dicho artículo se
contrae en establecer donde es posible su ubicación, indicando una serie de
excepciones al respecto. Lo anterior, en criterio de la Sala, no apareja un mandato
imperativo e inobjetable.
Lo anterior permite corroborar la triple identidad a la que hace referencia el
fenómeno de la cosa juzgada en torno a la petitoria de cumplimiento del artículo 6
de la Resolución 20203040011245 de 2020 por parte de la Secretaría de Tránsito
y Transporte de Valledupar, con las precisiones ya realizadas a propósito de la
identidad de partes. Esto es, ya existe una decisión de fondo y ejecutoriada en la
que se resolvió si la Alcaldía de Valledupar está incumplimiento o no, lo dispuesto
en esta norma y si por ello, se le debía ordenar que retire sus patrullas
institucionales.
En otras palabras, para la Sala es claro que hay una decisión inmutable, vinculante
y definitiva que resolvió una de las pretensiones alegadas en el mecanismo
constitucional de la referencia. Así las cosas, en relación con la solicitud de
acatamiento dirigida al municipio de Valledupar – Secretaría de Tránsito y
Transporte del artículo 6 de la Resolución 20203040011245 de 2020, corresponde
la declaratoria de la cosa juzgada.
Por otro lado, en lo que tiene que ver con las disposiciones normativas restantes
y demás entidades accionadas, esta Sección profirió sentencia el 10 de abril de
2025 en la cual resolvió una acción de cumplimiento al interior de la que se solicitó
el acatamiento de los artículos 18 de la Ley 2251 de 2022, 3, y 13 de la Ley 1843
de 2017, 127, 129 y 135 al 137 de la Ley 769 de 2002, y los literales a, d, g, i, m
del artículo 3 y 5 al 8 de la Resolución 20203040011245 de 2020 expedida por el
Ministerio de Transporte.
En esta oportunidad, la demanda se dirigió contra el Ministerio de Transporte, la
Superintendencia de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el
municipio de Valledupar, Secretaría de Tránsito y Transporte, y tenía por objeto el
retiro de circulación de los vehículos institucionales de la autoridad de tránsito de
Valledupar así como que se ordenara a esta el seguimiento de los procedimientos
legales para la interposición de sanciones.
La Sala concluyó que el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de
Seguridad Vial y la Superintendencia de Transporte carecían de legitimación en la
causa por pasiva puesto que no eran las entidades llamadas a cumplir con las
normas consignadas en el libelo introductorio, dando lugar a la negación de las
pretensiones.
Asimismo, estimó que no existía un mandato exigible a la Secretaría de Tránsito
de Valledupar debido a que esta autoridad no ha implementado SAST en el
ejercicio de sus funciones sancionatorias, lo que, igualmente condujo a la negativa
de las petitorias.
En vista de esta segunda decisión judicial, es posible establecer la configuración
de la cosa juzgada sobre la pretensión de cumplimiento dirigida a la Secretaría de
Tránsito y Transporte de Valledupar y la Superintendencia accionada, del artículo
18 de la Ley 2251 de 2022, artículos 3, y 13 de la Ley 1843 de 2017, artículos 127,
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129 y 135 de la Ley 769 de 2002, y los literales a, d, g, i, m del artículo 3 y los
artículos 5 al 8 de la Resolución 20203040011245 de 2020 expedida por el
Ministerio de Transporte.
Lo expuesto, ya que, en la sentencia del 10 de abril de 2025, esta Sala estudió de
fondo, si había lugar a exigir a dichas entidades el cumplimiento de estas normas
y, en consecuencia, ordenar a la Secretaría de Tránsito de Valledupar el retiro de
las patrullas «caza infractores» y la observancia de los procedimientos legales en
la interposición de sanciones.
En suma, la identificación de la cosa juzgada se sintetiza en la siguiente tabla:
expediente 20001-23-33-000- 20001-23-33- 20001-23-33-000- 20001-23- 20001-23-33-000- 20001-23-
000- 2025-00596-01 2025- 33-000- 2025-00596-01 2025- 33-000- 2025-00596-01 2025-
00029-01 00029-01 00029-01
objeto Se solicitó el cumplimiento del Se solicitó el cumplimiento del Se solicitó el cumplimiento del
artículo 18 de la Ley 2251 de artículo 18 de la Ley 2251 de artículo 6 de la Resolución
2022, artículos 3, 4 y 13 de la Ley 2022, artículos 3, y 13 de la 20203040011245 de 2020 y el
1843 de 2017, artículos 127, 129 Ley 1843 de 2017, artículos del artículo 2.o, numeral 1, de
y 135 de la Ley 769 de 2002, y los 127, 129 y 135 al 137 de la Ley la ley 1843 del 2017.
literales a, d, g, i, m del artículo 3 769 de 2002, y los literales a,
y los artículos 5 al 8 de la d, g, i, m del artículo 3 y los
Resolución 20203040011245 de artículos 5 al 8 de la
2020 expedida por el Ministerio Resolución 20203040011245
de Transporte. de 2020 expedida por el
Ministerio de Transporte.
Causa La demanda se motivó en la La demanda se motivó en la La demanda se motivó en la
Implementación de vehículos Implementación de vehículos Implementación de vehículos
institucionales por parte de la institucionales por parte de la institucionales por parte de la
autoridad de Tránsito de autoridad de Tránsito de autoridad de Tránsito de
Valledupar que, presuntamente, Valledupar que, Valledupar que,
hacían uso de SAST para la presuntamente, hacían uso de presuntamente, hacían uso de
interposición de multas sin la SAST para la interposición de SAST para la interposición de
debida autorización. multas sin la debida multas sin la debida
autorización. autorización.
Entidades accionadas Superintendencia de Transporte Ministerio de Transporte,
y municipio de Valledupar – Superintendencia de
Secretaría de Tránsito y Transporte, Agencia
Transporte. Nacional Municipio de Valledupar.
Seguridad
municipio
Valledupar
Secretaría de Tránsito y
Transporte.
(…)»
De lo anterior se observa que la autoridad judicial accionada sí abordó la controversia
planteada por el demandante y la resolvió de manera expresa, pues examinó que la
acción de cumplimiento frente a la pretensión dirigida a cuestionar los actos
administrativos mediante los que se le impuso los comparendos al actor es
improcedente porque de conformidad con el artículo 9 de la Ley 393 de 1997 la acción
de cumplimiento no procede «cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento
judicial para lograr el efectivo cumplimiento de la norma o acto administrativo, salvo,
que, de no proceder el juez, se siga un perjuicio grave e inminente para el accionante»,
es decir, que fue clara al mencionar que el actor podía acudir al medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho para cuestionar los referidos comparendos.
Frente a la segunda y tercera pretensión dirigidas a que se ordenara el retiro de los
vehículos «cazainfractores» y la imposición de comparendos de forma presencial en
seguimiento al procedimiento establecido en la norma, estimó que había lugar a
declarar la cosa juzgada porque ya existía una decisión de fondo y ejecutoriada en la
que se resolvió si la Alcaldía de Valledupar, su Secretaría de Tránsito, la ANSV, el
Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Puertos y Transporte están
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incumpliendo o no, lo dispuesto en los artículos alegados como desatendidos en el
caso objeto de debate.
En el estudio concluyó que las disposiciones cuyo acatamiento se solicitó en los
procesos analizados fueron las mismas que las estudiadas en esa oportunidad,
además, la demanda se fundó en la misma causa, pues el sustento fáctico y jurídico
es similar. Por tanto, corresponde la declaratoria de la cosa juzgada.
Frente al cumplimiento de los artículos 14 de la Ley 1843 de 2017, y los artículos 1,2,4
y 9 al 14 de la Resolución 20203040011245 de 2020 expedida por el Ministerio de
Transporte concluyó que las citadas normas no establecen algún mandato claro,
exigible e inobjetable en cabeza de alguna de las autoridades demandadas y que esté
relacionado con las pretensiones formuladas por el actor y los supuestos de hecho
relacionados en el escrito inicial.
En consecuencia, la inconformidad del accionante no se dirige, en rigor, contra una
omisión de análisis, sino contra el sentido de las conclusiones a las que llegó el juez
natural, que no coinciden con sus pretensiones. Tal discrepancia no satisface el
requisito de relevancia constitucional exigido para la procedencia de la tutela contra
providencia judicial, pues la acción no puede emplearse como una instancia adicional
para reabrir un debate de legalidad ya decidido por la autoridad competente.
Debido a lo anterior, queda demostrado que la acción de tutela de la referencia no
cumple con el requisito general de relevancia constitucional, porque la parte actora
reiteró los argumentos que expuso en el marco del proceso ordinario, lo que permite
evidenciar que la inconformidad del actor se generó con las conclusiones del juez
natural, las cuales no coinciden con sus intereses.
Lo anterior es suficiente para que la Sala se abstenga de hacer un pronunciamiento
de fondo sobre la vulneración alegada por la parte demandante, dado que la acción
de tutela tal como lo indicó el a quo no cumple con el requisito de relevancia
constitucional que habilite el estudio de los cargos invocados por parte del juez
constitucional pues como se vio el actor pretende usar la solicitud de amparo como
una instancia adicional al proceso ordinario, en ese entendido la Sala confirmara la
decisión impugnada.
Sumado a lo anterior, tal como lo ha reiterado esta Sala de Decisión, en los casos en
que la tutela se dirige contra una sentencia proferida por una Alta Corporación, la Corte
Constitucional3 ha establecido un requisito adicional de procedencia, en el sentido que
se constate la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la imperiosa
intervención del juez constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
3
Sentencias, SU-917 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, SU-050 de 2017, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y SU 573 de
2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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FALLA
1. Confirmar la sentencia de 30 de abril de 2026, dictada por el Consejo de Estado,
Sección Primera, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha
(Firmado electrónicamente) (Fimado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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