Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02898-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02898-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-02898-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
18 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02898-00
Demandante: TERESA DE JESÚS ORDÓÑEZ DE RODAS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A
Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente por no
superar el requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación1.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo2
La señora Teresa de Jesús Ordóñez de Rodas, actuando a través de apoderado
judicial3, instauró acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, en la que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso, al mínimo vital, a la seguridad social y de acceso a la
administración de justicia, así como la aplicación de los principios a la dignidad
humana, seguridad jurídica, igualdad material, solidaridad y primacía del derecho
sustancial sobre las formas.
La parte actora consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con
ocasión de la providencia del 23 de octubre de 2025 en la que la autoridad judicial
accionada revocó la decisión dictada el 29 de agosto de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Santander que había accedido a las pretensiones del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 68001-23-33-000-
2018-00674-00/01.
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Acción de tutela radicada el 16 de abril de 2026 a la que se le asignó la secuencia interna 4557.
3 Índice 002 de Samai. El poder conferido a los abogados Álvaro Daniel Reyes Arévalo, Miguel
Arcángel Sánchez Cristancho y Fredy Alejandro Silva Umbarila fue autenticado ante notario.
Demandante: Teresa de Jesús Ordóñez de Rodas
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02898-00
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
[…]
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, solicito respetuosamente al
Honorable Consejo de Estado se ORDENE al Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A” a proferir sentencia
de fondo ordenando a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL – UGPP sustituir la Pensión Gracia a favor de mi representada la señora
Teresa de Jesús Ordóñez de Rodas4.
1.3. Hechos
La señora Teresa de Jesús Ordóñez de Rodas promovió el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -en
adelante UGPP-, con el fin de que se declaren nulas las Resoluciones: (i) RDP
040548 del 25 de octubre de 20175 y; (ii) RDP 048012 del 26 de diciembre de
20176 y como consecuencia, se ordene el reconocimiento y pago de la sustitución
de la pensión gracia que recibía el señor Alberto Rodas Heladio7 en su calidad de
cónyuge supérstite8.
En primera instancia, el proceso se asignó al Tribunal Administrativo de Santander
que mediante sentencia del 29 de agosto de 2024 accedió parcialmente a las
pretensiones, al encontrar acreditados los requisitos para la sustitución pensional.
Señaló que Cajanal9 había reconocido la pensión gracia al señor Alberto Rodas
Heladio, quién contrajo matrimonio con la tutelante y convivió con ella desde el 1°
de agosto de 1968 hasta su fallecimiento; hechos que no fueron controvertidos por
4 Transcripción literal que puede contener errores.
5 A través de este acto administrativo la UGPP negó el reconocimiento pensional elevado por la
señora Teresa de Jesús Ordóñez de Rodas, por lo siguiente: «la extinta Cajanal reconoció una
pensión gracia con tiempo nacionales, lo cual no es procedente, toda vez que la pensión gracia
solo se reconoce a los docentes que hayan servido durante 20 años, con vinculación nacionalizada;
situación que no opera en el presente caso, ya que el causante fue docente con vinculación
Nacional».
6 Confirmó la Resolución RDP 040548 del 25 de octubre de 2017.
7 Mediante la Resolución 3714 del 25 de febrero de 1998 CAJANAL reconoció el pago de la pensión
gracia al señor Alberto Rodas Heladio, al haber laborado como docente de la Escuela Normal
Superior de Piedecuesta Santander, nombrado por el Ministerio de Educación Nacional.
8 En el proceso ordinario la demandante alegó que la Resolución 3714 gozaba de firmeza y
legalidad por lo que la administración no podía revocarla ni modificarla sin el consentimiento
expreso de su titular.
9
Caja Nacional de Previsión Social.
2
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Demandante: Teresa de Jesús Ordóñez de Rodas
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
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la entidad.
Explicó que, pese a que la actora cumplía con los requisitos para obtener la
sustitución pensional, la UGPP le negó el reconocimiento de dicha prestación
porque la pensión gracia que se había reconocido al causante mediante la
Resolución 3714 de 1998 fue irregular, no obstante, el tribunal consideró que,
como el mentado acto administrativo nunca fue cuestionado, este conservaba su
validez y, por tanto, la prestación pensional podía ser reconocida a favor de la
accionante.
La parte demandada interpuso recurso de apelación, que fue resuelto por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A10 mediante sentencia del 23
de octubre de 2025 en la que revocó la decisión del a quo, y, en su lugar, negó las
pretensiones.
Como sustento señaló que, aunque la Resolución 3714 de 1998 no fue
demandada, la sustitución pensional pretendida por la actora está ligada a la
prestación pensional reconocida al causante, por lo que la primera sigue la suerte
de la última y, en consecuencia, si el derecho reconocido al causante era irregular,
este no podía crear nuevas situaciones jurídicas. En ese sentido, consideró que
era necesario verificar la procedencia o no del reconocimiento de la pensión gracia
al señor Heladio Alberto Rodas para definir si había lugar a sustituirla a favor de la
demandante.
En consecuencia, al estudiar el material de prueba obrante en el plenario advirtió
que la relación legal y reglamentaria del causante desde el 12 de agosto de 1970
en adelante fue en calidad de docente nacional con el Ministerio de Educación, por
tanto, concluyó que «el derecho original del causante no se ajustaba a la ley, y por
tal motivo, su reconocimiento fue improcedente, lo que conlleva la misma suerte
para el derecho accesorio de la sustitución pensional reclamada por la
demandante».
El anterior proveído se notificó a las partes de manera personal por correo
electrónico el 22 de diciembre de 202511.
1.4. Fundamentos de la vulneración
La parte actora señaló que la providencia cuestionada adolece de los siguientes
defectos:
10 La sentencia fue suscrita por los consejeros, Jorge Iván Duque Gutiérrez, Luis Eduardo Mesa
Nieves y Juan Camilo Morales Trujillo.
11 Índice 018 de Samai del proceso 68001233300020180067401.
3
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(i) Violación de la Constitución Política por trasgredir sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la
seguridad social, al mínimo vital e igualdad. Asimismo, por desconocer los
principios de dignidad humana, seguridad jurídica, igualdad material, solidaridad y
primacía del derecho sustancial sobre las formas.
Lo anterior comoquiera que la autoridad judicial accionada desconoció que Cajanal
ya había reconocido la pensión gracia al docente Heladio Alberto Rodas y que
dicho acto administrativo nunca fue demandado a través de la acción de lesividad,
por lo que conservaba su validez. En consecuencia, como el causante tenía un
derecho adquirido que no se había revocado, no podía privarse a su beneficiaria
de gozar de dicha prestación pensional, máxime si se constituye como su único
sustento, tras el fallecimiento de su esposo.
Asimismo, alegó que la accionante se encuentra en una situación de desigualdad
frente a otros beneficiarios de pensiones gracia a los que sí les concedieron las
pretensiones.
(ii) Fáctico: por indebida valoración probatoria de las certificaciones emitidas por
la Secretaría de Educación de Santander y el municipio de Piedecuesta, en las
que se acreditó que la vinculación del educador fue territorial y nacionalizada, por
lo que el ad quem concluyó erradamente que se trataba de un docente nacional.
(iii) Sustantivo: porque se desconoció la línea interpretativa de la sentencia SUJ-
030-CE-S2-2022 y la CE-SUJ2-011-18 de 2018 en la que se «ha precisado que
los docentes vinculados antes del 31 de diciembre de 1980, en calidad de
nacionalizados o territoriales, sí conservan el derecho a la pensión gracia».
(iv) Desconocimiento del precedente «sobre la intangibilidad de los derechos
adquiridos y la imposibilidad de negar sustituciones pensionales derivadas de
actos administrativos firmes».
1.5. Trámite de la acción de tutela
1.5.1. Manifestación de impedimento
En escritos del 20 y 29 de abril de 2026, los magistrados Gloria María Gómez
Montoya y Omar Joaquín Barreto Suárez manifestaron su impedimento para
conocer del presente asunto, invocando el numeral 5° del artículo 56 del Código
de Procedimiento Penal, comoquiera que sostienen una relación de amistad
entrañable con los magistrados Jorge Iván Duque Gutiérrez y Juan Camilo Morales
Trujillo, respectivamente, que integran la Subsección A, Sección Segunda de esta
Corporación, y suscribieron la providencia enjuiciada al interior de la presente
4
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acción de tutela.
Sin embargo, mediante providencia del 14 de mayo de 2026, los demás
integrantes de la Sala Quinta y los conjueces Pedro Luis Blanco Jiménez y Germán
Lozano Villegas declararon infundados los impedimentos por no encontrar
acreditados los elementos para la configuración de la causal invocada.
1.5.2. Admisión de la tutela
Por medio de auto del 29 de mayo de 2026, la Magistrada Ponente admitió la
acción de tutela y ordenó notificar a la accionante12, y como parte accionada a los
magistrados integrantes del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A13.
Asimismo, dispuso la vinculación como terceros con interés jurídico en el resultado
del proceso al Tribunal Administrativo de Santander14 [A quo en el medio de control]
y a la UGPP15 [extremo pasivo del proceso ordinario].
Además, reconoció personería a los profesionales en derecho Miguel Arcángel
Sánchez Cristancho, como abogado principal, Álvaro Daniel Reyes Arévalo y
Fredy Alejandro Silva Umbarila, como suplentes, para actuar en calidad de
apoderados judiciales de la parte actora.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. El Tribunal Administrativo de Santander y el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A remitieron el vínculo de acceso al expediente
ordinario16, sin emitir ningún pronunciamiento sobre las pretensiones invocadas
por la tutelante.
12 Índice 030 de Samai. La notificación se efectuó a los correos: depjudicial6.colpen@gmail.com
Miguel.abcolpen@gmail.com.
13 Índice 030 de Samai. La notificación se efectuó a los buzones:
notifjduque@consejodeestado.gov.co; dperezc@consejodeestado.gov.co;
notifjmoralest@consejodeestado.gov.co; dgavirias@consejodeestado.gov.co;
notiflmesa@consejodeestado.gov.co; dsolanolo@consejodeestado.gov.co;
ces2secr@consejodeestado.gov.co.
14 Índice 030 de Samai. La notificación se efectuó a los correos:
ventanillatriadmsan@cendoj.ramajudicial.gov.co; sectribadm@cendoj.ramajudicial.gov.co
sgtadminstd@notificacionesrj.gov.co y sg02tadminstd@notificacionesrj.gov.co.
15 Índice 030 de Samai. La notificación se efectuó a los correos: tutelasugpp@ugpp.gov.co;
notificacionesjudicialesugpp@ugpp.gov.co y defensajudicial@ugpp.gov.co.
16 Índice 035 y 036 de Samai.
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1.6.2. UGPP17
La entidad pidió que se declare improcedente esta acción, o en su defecto, que se
niegue el amparo dado que la actora pretende usar este mecanismo constitucional
como una instancia adicional para controvertir la decisión que le fue desfavorable,
máxime porque en el trámite del medio de control el fallador se ciñó a las normas
y jurisprudencia que regulan el tema, así como a las pruebas debidamente
aportadas. Además, no advierte la vulneración de las garantías invocadas por la
accionante.
Por otro lado, trajo a colación el principio de autonomía judicial para concluir que
las decisiones judiciales no se pueden anular o cambiar por otro funcionario que
carece de competencia para resolver los asuntos propios del proceso ordinario.
Asimismo, destacó que la tutela no es la vía para reclamar prestaciones
económicas que se negaron en sede judicial y administrativa al no acreditarse los
requisitos para acceder a la prestación.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por la señora Teresa de Jesús Ordóñez de Rodas contra el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A, de conformidad con lo establecido en
los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por los Decretos 333 de
2021 y 799 de 2025, y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación18.
2.2. Problema jurídico
Acorde con lo señalado en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
actora y el material probatorio recaudado corresponde a la Sección resolver:
• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se decidirá:
• ¿El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A vulneró las
garantías invocadas por la parte actora con ocasión de la providencia
17 Índice 037 de Samai.
18 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
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proferida el 23 de octubre de 2025 dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 68001-23-33-000-2018-00674-
00/01?
Para resolver los interrogantes planteados, resulta pertinente analizar los
siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva, y; (iii) el caso
concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201219
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema20 y declaró su
procedencia.21
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez;
y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.
María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
20 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
21 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
7
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términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.3.1. Relevancia constitucional
La Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202222 explicó que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, por tanto, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional debe atenderse lo siguiente:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones
de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio
de igualdad.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia
y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como
una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal23
(Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
22 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
23 Sentencia SU-573 de 2019.
8
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En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico24; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional25.
[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos
de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal26”. En este orden, se reitera que
el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda
la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales27”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.
[…]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto28, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal29.
(Resaltado de la Sala)
2.4. Caso concreto
La parte actora cuestiona la sentencia proferida el 23 de octubre de 2025 por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A en la que revocó la decisión
de primera instancia dictada el 29 de agosto de 2024 por el Tribunal Administrativo
de Santander que había accedido parcialmente a las súplicas de la demanda, y en
24 Sentencia SU-103 de 2022.
25 Sentencia SU-103 de 2022.
26 Sentencia SU-103 de 2022.
27 Sentencia SU-128 de 2021.
28 Sentencia SU-573 de 2019.
29 Ibid.
9
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su lugar, negó las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el radicado 68001-23-33-000-2018-00674-00/01.
Lo anterior, ya que, a juicio de la tutelante, en la providencia cuestionada se
incurrió en los defectos de violación directa de la Constitución Política, fáctico,
sustantivo y desconocimiento del precedente judicial. Sin embargo, la Sala
evidencia que los argumentos planteados, pese a que hacen alusión a un lenguaje
constitucional, realmente denotan una inconformidad con la decisión proferida por
el juez contencioso en segunda instancia, por lo que este mecanismo se torna
improcedente porque no cumple con el requisito de relevancia constitucional, como
pasa a explicarse.
En cuanto al yerro por violación directa de la Constitución Política, la actora
sostuvo que, la autoridad judicial accionada vulneró las garantías fundamentales
invocadas al no permitirle gozar de la sustitución pensional de la pensión gracia
que había sido reconocida a su cónyuge; cuya legalidad nunca fue debatida en
sede judicial, por lo que le asistía el derecho para acceder a dicha prestación,
máxime porque se constituiría como su único sustento tras el fallecimiento de su
esposo.
No obstante, se advierte que, el ad quem explicó que «tanto a la administración
como al juez les está permitido que al momento de definir una controversia como
la que es objeto de examen, se valide primero si el derecho reconocido al causante
se encuentra ajustado a la ley, pues de ninguna manera este genera
automáticamente una prestación en favor de sus beneficiarios si su propio
reconocimiento se advierte que fue irregular, ya que bajo el principio de legalidad
no es posible crear nuevas situaciones jurídicas con base en otras que no se
encuentran acordes con el ordenamiento».
Para la autoridad judicial accionada, «la Resolución RDP 040548 del 25 de octubre
de 2017 con la que se negó lo reclamado por la actora, sí podía fundamentarse en
verificar primero la procedencia o no del reconocimiento de la pensión gracia a
favor del causante, ya que con ello no se está revocando el acto primigenio, sino
que, en el marco de una petición de sustitución pensional que depende de la
prestación original, y cuyo origen es la muerte del causante, mal podría la entidad
crear una nueva situación jurídica cuando advierta que esa causa de la actuación
no es lícita, por ejemplo, cuando se corrobora que el derecho que se pretende
sustituir no se ajusta a la legalidad, es decir, no se justifica en el ordenamiento ni
responde al interés público».
En consecuencia, pese a que la decisión del fallador de segundo grado fue
contraria a lo pretendido por la actora, ello no era óbice para acceder a su
reclamación, ni conlleva per se, a la trasgresión de las garantías invocadas, pues
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la autoridad judicial accionada le explicó in extenso, las razones por las cuales no
era procedente acceder a sus pretensiones. Sin embargo, como la tutelante está
inconforme con la decisión pretende usar este mecanismo constitucional para
reabrir el debate ya zanjado en el proceso ordinario.
En cuanto al defecto fáctico alegado por la tutelante por la presunta valoración
errónea de las certificaciones emitidas por la Secretaría de Educación de
Santander y el municipio de Piedecuesta, advierte la Sala que dicha aseveración
no cuenta con la carga argumentativa necesaria para probar su configuración,
pues pese a haberse identificado la prueba que presuntamente se examinó de
manera irracional, lo cierto es que los planteamientos de la accionante se dirigen
a controvertir el examen probatorio efectuado por el fallador de segunda instancia.
Ha de resaltarse que la valoración de los medios de prueba es un ejercicio
intelectual en el que el director del proceso, aplicando las reglas de la sana crítica
y las máximas de la experiencia, determina el valor que asigna a cada uno de
estos, lo cual, se encuentra cobijado por la independencia y autonomía que gozan
las autoridades judiciales, por lo que, salvo en casos excepcionalísimos30, no es
viable su reproche en esta instancia judicial.
Por otra parte, en relación con el desconocimiento del precedente y el yerro
sustantivo invocado, se advierte que, la tutelante sostiene que el juez de segunda
instancia desatendió la línea interpretativa de la sentencia SUJ-030-CE-S2-2022 y
la CE-SUJ2-011-18 de 2018 que precisó que los docentes vinculados antes del 31
de diciembre de 1980 -nacionalizados o territoriales- conservan el derecho a la
pensión gracia, no obstante, y pese que identificó la sentencia presuntamente
desconocida, no individualizó la regla de derecho vinculante que estimaba
aplicable a su situación, ni expuso la incidencia concreta que tal providencia
tendría en la decisión adoptada por el fallador de segundo grado. En
consecuencia, no se satisface la carga argumentativa mínima que habilitaría a la
Sala a efectuar un análisis de fondo.
Sobre el desconocimiento del precedente es preciso advertir que esta Sección31
ha considerado que la parte que invoca este defecto debe cumplir con la carga
30 16. El defecto fáctico, en su dimensión positiva, puede acreditarse en dos escenarios. Primero,
respecto de aquellas pruebas que pueden ser valoradas de manera libre y amplia, el funcionario
judicial incurre en tal defecto cuando actúa contra la razonabilidad. Caso en el que (i) no respeta
las reglas de la lógica deóntica al establecer la premisa fáctica, (ii) resuelve la controversia
acudiendo a su propio capricho, (iii) no valora íntegramente el acervo, o (iv) funda su
convencimiento en pruebas impertinentes, inconducentes o ilícitas. Segundo, si el legislador
establece que del elemento probatorio p debe seguirse q, incurre en un defecto fáctico si concluye
algo distinto sin ofrecer una justificación para ello (v. gr. la probada falsedad del documento). En
cualquiera de los dos eventos antedichos, el juez desconoce el derecho al debido proceso de las
partes y, en consecuencia, vía tutela, la decisión podrá dejarse sin efectos.
31 Sobre este tema se pueden consultar las siguientes providencias de tutela proferidas por la
Sección Quinta: (i) Sentencia del 04 de diciembre de 2025, radicado: 11001-03-15-000-2025-
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Demandante: Teresa de Jesús Ordóñez de Rodas
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02898-00
mínima de identificar: (i) la decisión que considera desatendida; (ii) la ratio
aplicable a la solución del nuevo caso que se somete a la jurisdicción dada la
analogía con la litis anterior y, (iii) la incidencia de esta en la decisión final que
adopte el fallador de instancia, lo que no se cumplió por la parte actora.
Por último, debe recordarse que en cuando la acción de tutela va dirigida contra
decisiones de las altas cortes, como en el presente caso, el examen debe ser
estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una actuación
judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales invocados,
en los términos que indicó la Corte Constitucional en la sentencia SU-353 de 2020,
cuya carga argumentativa no se satisface de manera plena por la parte actora.
Al respecto, cabe recordar que la carga argumentativa a la que hace alusión la
Corte Constitucional no se satisface simplemente con enunciar y transcribir
artículos de la Constitución Política para cumplir el mencionado ejercicio, aún más
cuando se trata de una providencia de una alta Corporación, tal como se indicó:
[…] el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes
debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una
actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales.
Así, la tutela contra providencias judiciales no debe representar una instancia
adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para definir controversias
doctrinarias o interpretativas de corrección legal. Como las altas cortes son
tribunales de cierre, es a ellas a quienes corresponde “la unificación de
jurisprudencia como forma de precisar con autoridad y vocación de generalidad el
significado y alcance de las diferentes áreas del ordenamiento jurídico”.32
En este punto resulta pertinente recordar que, si bien este mecanismo
constitucional puede ser procedente para controvertir decisiones de cualquier
grado, sin excluir las de las corporaciones de cierre, también es importante resaltar
que la jurisprudencia de la Corte Constitucional hace especial énfasis en la carga
argumentativa que se debe tener cuando se pretende dejar sin efectos una
decisión de la Sección que la Constitución Política33 y la Ley34 determinaron como
06707-00. C.P. Gloria María Gómez Montoya; (ii) sentencia del 30 de octubre de 2025, radicado:
11001-03-15-000-2025-05962-00. C.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
32 Corte Constitucional, sentencia SU-0125 del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
33 «Artículo 237. Son atribuciones del Consejo de Estado: 1. Desempeñar las funciones de
tribunal supremo de lo contencioso administrativo, conforme a las reglas que señale la ley.
[…]» (Énfasis de la Sala).
34 Ver Ley 2430 de 2024, artículo 14 «INTEGRACIÓN Y COMPOSICIÓN. El Consejo de Estado es
el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Cuerpo Supremo Consultivo del Gobierno y
estará integrado por elegidos por la misma Corporación para los períodos individuales que
determina la Constitución Política, de listas de diez (10) candidatos enviados por el Consejo
Superior de la Judicatura, para cada vacante que se presente, elaboradas previa convocatoria
pública adelantada de conformidad con lo previsto en esta ley.
[…]».
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suprema autoridad en la materia.
Por su parte, se recuerda que la administración de justicia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia, circunstancia por la
que, en principio, no es procedente reprochar sus decisiones vía acción de tutela;
máxime cuando se advierte, como en el presente caso, que el debate planteado
por la señora Ordóñez de Rodas busca mutar el amparo constitucional en una
instancia adicional, tesis que, de avalarse conllevaría una deformación de la acción
de tutela y la desarticulación de la organización judicial, por lo que, en el presente
caso, este mecanismo de tutela se torna improcedente por no superar el requisito
de relevancia constitucional.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por la parte
actora contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, por no
satisfacer el requisito de relevancia constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En el evento que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
El Consejo de Estado es el máximo Tribunal de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo y estará integrado por treinta y un (31) magistrados, elegidos por la misma
Corporación para los períodos individuales que determina la Constitución Política, de listas
superiores a cinco (5) candidatos, que reúnan los requisitos constitucionales, por cada vacante que
se presente, enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura».
(subrayado fuera de texto)
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OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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