Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02898-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02898-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-02898-01
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02898-01
Accionante: TERESA DE JESÚS ORDÓÑEZ DE RODAS
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
A
Temas: Tutela contra autoridad judicial. Proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho cuya pretensión era la sustitución de una pensión gracia.
Defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente judicial
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la señora Teresa de Jesús Ordóñez de Rodas, quien actúa a través
de apoderado judicial, contra la sentencia de 18 de junio de 2026 dictada por la
Sección Quinta del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 16 de abril de 2026, la parte demandante solicitó al juez constitucional la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, mínimo
vital, seguridad social, dignidad humana y de acceso a la administración de justicia,
así como los principios de seguridad jurídica y primacía del derecho sustancial sobre
las formas, supuestamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERO: Comprobado cómo están los elementos axiológicos para la
prosperidad de la acción, respetuosamente solicito SE DEJE SIN EFECTOS la
sentencia emitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, en la providencia de
fecha 23 de octubre de 2025 que REVOCÓ la sentencia de primera instancia
proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER de fecha 29
de agosto de 2024 mediante la cual ACCEDIÓ a las suplicas de la demanda,
dentro del proceso con radicado No. 68001233300020180067401.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, solicito respetuosamente al
Honorable Consejo de Estado se ORDENE al Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A” a proferir
sentencia de fondo ordenando a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP sustituir la Pensión Gracia a favor de mi
representada la señora Teresa de Jesús Ordóñez de Rodas”.
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Accionante: Teresa de Jesús Ordóñez de Rodas
2. Hechos1
La parte actora relató que el señor Alberto Rodas Heladio (q.e.p.d) nació el 17 de
octubre de 1946 y prestó sus servicios como docente oficial, laboró para el
departamento de Santander desde el 10 de marzo de 1967 hasta el 11 de agosto
de 1970 y, posteriormente, para el Ministerio de Educación Nacional en la Escuela
Normal de Varones de Piedecuesta desde el 12 de agosto de 1970 hasta el 5 de
noviembre de 1996. Precisó que durante su vida laboral el señor Alberto Rodas
Heladio solicitó ante la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal), hoy Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) el reconocimiento de la pensión gracia, prestación que
le fue reconocida mediante la Resolución no. 3714 del 25 de febrero de 1998.
Manifestó que el señor Alberto Rodas Heladio falleció el 17 de abril de 2017. Con
ocasión de su muerte y en su condición de cónyuge supérstite solicitó ante la UGPP
el reconocimiento y pago de la sustitución de la pensión gracia. Mediante
Resolución no. RDP 040548 de 25 de octubre de 2017, la UGPP negó el
reconocimiento de la sustitución pensional solicitada. Contra dicha decisión
interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación, sin embargo, la
entidad confirmó íntegramente la decisión inicial mediante la Resolución no. RDP
048012 del 26 de diciembre de 2017.
En virtud de lo anterior, manifestó que a través de apoderado judicial, presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), con la pretensión de que se declarara
la nulidad de las Resoluciones RDP 040548 del 25 de octubre de 2017 y RDP
048012 del 26 de diciembre de 2017, por medio de las cuales se le negó el
reconocimiento de la sustitución de la pensión gracia que en vida percibía su
esposo, el señor Alberto Rodas Heladio, y con la que se confirmó la decisión inicial
al resolver el recurso de apelación respectivamente. Y a título de restablecimiento
del derecho solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia, así como el
retroactivo actualizado de las mesadas adeudadas.
Refirió que el proceso le correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de
Santander2, que mediante sentencia de 29 de agosto de 2024 declaró la nulidad de
los actos demandados y ordenó a la entidad accionada reconocer a favor de la
reclamante la sustitución de la pensión gracia que devengaba el causante, con
efectividad desde el 18 de abril de 2017 y con los debidos ajustes de valor, al
considerar que la resolución mediante la cual Cajanal reconoció dicha prestación al
causante conservaba su presunción de legalidad, toda vez que nunca fue objeto de
revocatoria ni de control judicial. En consecuencia, estimó que la UGPP no podía
cuestionar la legalidad del reconocimiento pensional al resolver la solicitud de
sustitución, pues ese aspecto no constituía materia de análisis en ese trámite.
Asimismo, encontró acreditada la calidad de cónyuge supérstite de la demandante
y su convivencia con el causante hasta su fallecimiento, circunstancias que no
fueron controvertidas por la entidad, por lo que concluyó que reunía los requisitos
para acceder a la sustitución pensional.
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Los hechos se desprenden del proceso ordinario y del escrito de tutela.
2 Radicado no. 68001-23-33-000-2018-00674-01.
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Accionante: Teresa de Jesús Ordóñez de Rodas
Manifestó que frente a la anterior determinación, la UGPP presentó recurso de
apelación, al considerar que la accionante no tenía derecho al reconocimiento de la
sustitución de la pensión gracia del señor Alberto Rodas Heladio, porque no acreditó
los 20 años de servicio como docente oficial de carácter departamental, municipal,
distrital y/o nacionalizado, toda vez que de las pruebas aportadas se pudo verificar
que el tiempo laborado por este fue en calidad de docente nacional, carácter que
era incompatible con la finalidad y la naturaleza jurídica de la prestación en litigio.
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A mediante sentencia de 23
de octubre de 2025 revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó
las pretensiones, bajo el argumento de que aunque en el proceso no se debatía la
legalidad de la resolución mediante la cual Cajanal reconoció la pensión gracia al
causante, sí era necesario verificar si dicho reconocimiento se ajustaba al
ordenamiento jurídico, pues la sustitución pensional constituía un derecho
accesorio que dependía de la validez de la prestación principal. En ese sentido,
precisó que la administración podía examinar la legalidad del derecho original al
resolver la solicitud de sustitución, sin que ello implicara revocar el acto
administrativo que reconoció la pensión, ya que no era posible consolidar una
nueva situación jurídica sobre una prestación otorgada en contravía de la ley.
Con fundamento en el material probatorio, concluyó que el causante se desempeñó
como docente del orden nacional desde el 12 de agosto de 1970, circunstancia que
impedía el reconocimiento de la pensión gracia, beneficio reservado para docentes
territoriales o nacionalizados. En consecuencia, determinó que el reconocimiento
inicial de la prestación había sido improcedente y que por la naturaleza accesoria
de la sustitución pensional la demandante tampoco tenía derecho a acceder a ella.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora manifestó que la sentencia de segunda instancia vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, mínimo vital, seguridad social,
dignidad humana y de acceso a la administración de justicia, así como los principios
de seguridad jurídica y primacía del derecho sustancial sobre las formas, al incurrir
en los defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente judicial. En ese
sentido, sostuvo que la providencia desconoció la presunción de legalidad de la
Resolución no. 3714 de 25 de febrero de 1998, mediante la cual Cajanal reconoció
la pensión gracia al causante, pese a que dicho acto administrativo permanecía en
firme y nunca había sido anulado. A su juicio, esa decisión administrativa consolidó
una situación jurídica particular y un derecho adquirido que no podía desconocerse
en sede judicial sin acudir previamente a la acción de lesividad.
Asimismo, afirmó que la autoridad judicial incurrió en un defecto fáctico al valorar de
manera indebida el material probatorio, pues concluyó que el causante tenía la
calidad de docente nacional sin apreciar integralmente las certificaciones expedidas
por la Secretaría de Educación Departamental de Santander y el municipio de
Piedecuesta, las cuales acreditaban su vinculación como docente territorial y
nacionalizado. En su criterio, esa valoración incompleta condujo a una decisión
contraria a los hechos demostrados en el proceso y vulneró sus derechos al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.
De igual forma, alegó que la sentencia incurrió en un defecto sustantivo al aplicar
una interpretación restrictiva del régimen de la pensión gracia, contraria al principio
de favorabilidad y a la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado, la cual
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había reconocido ese derecho a los docentes territoriales y nacionalizados
vinculados antes del 31 de diciembre de 1980. Añadió que la providencia también
desconoció el precedente judicial relativo a la protección de los derechos adquiridos
y a la imposibilidad de negar la sustitución pensional derivada de un acto
administrativo en firme, con lo cual afectó los principios de seguridad jurídica e
igualdad.
Finalmente, sostuvo que la negativa de reconocer la sustitución pensional vulneró
sus derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital, al privarla de la
prestación económica que le correspondía como cónyuge supérstite y afectar su
subsistencia, y precisó que “la Corte Constitucional ha señalado que la pensión de
sobrevivientes tiene un carácter irrenunciable y fundamental (Sentencias T-701 de
2006 y C-1141 de 2008). Negar la sustitución pensional en este caso implica dejar
desprotegida a la accionante, afectando su mínimo vital y contrariando el mandato
del artículo 48 de la Constitución”.
4. Oposición
4.1. El Tribunal Administrativo de Santander, remitió el link digital del proceso no.
68001-23-33-000-2018-00674-01, no obstante, guardó silencio.
4.2. Respuesta de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
La subdirectora de Defensa Judicial Pensional de la entidad rindió informe en el que
solicitó declarar improcedente la acción de tutela, porque no se acreditaron los
requisitos excepcionales para cuestionar una providencia judicial.
Sostuvo que la accionante pretendía utilizar el amparo como una instancia adicional
para reabrir un litigio decidido mediante sentencia ejecutoriada, pese a que el
proceso ordinario se surtió con pleno respeto del debido proceso, la doble instancia
y la autonomía del juez natural. Indicó que la decisión cuestionada se ajustó al
ordenamiento jurídico, valoró adecuadamente el acervo probatorio y aplicó la
normativa y la jurisprudencia vigente, por lo que no incurrió en defectos sustantivo,
fáctico, ni en desconocimiento del precedente judicial que configuraran una “vía de
hecho”.
Asimismo, afirmó que la tutela no satisfizo los requisitos generales de procedencia,
en particular los de subsidiariedad e inmediatez, debido a que la accionante contaba
con el recurso extraordinario de revisión como mecanismo judicial idóneo para
controvertir la providencia y no demostró la existencia de un perjuicio irremediable
que justificara la intervención del juez constitucional. Agregó que tampoco acreditó
una afectación al mínimo vital o a la seguridad social, pues percibía una mesada
pensional sin interrupción.
De igual forma, sostuvo que la providencia cuestionada hizo tránsito a cosa juzgada
y que acceder a las pretensiones implicaría desconocer la seguridad jurídica y la
autonomía judicial, al reabrir un debate que ya había sido resuelto por la jurisdicción
competente.
Para terminar, señaló que la acción de tutela no constituía el mecanismo adecuado
para obtener el reconocimiento de una prestación económica negada en sede
judicial, razón por la cual solicitó declarar improcedente el amparo y, en subsidio,
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negar las pretensiones al no evidenciarse vulneración alguna de los derechos
fundamentales invocados.
5. Sentencia de tutela impugnada
La Sección Quinta del Consejo de Estado mediante sentencia de 18 de junio de
2026, declaró improcedente la acción de tutela, y resolvió lo siguiente:
“PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por la
parte actora contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, por
no satisfacer el requisito de relevancia constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En el evento que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión”.
El juzgador de primera instancia indicó que la acción de tutela no superaba el
requisito de relevancia constitucional, pues los cargos formulados por la parte actora
evidenciaban una inconformidad con la interpretación jurídica y la valoración
probatoria realizada por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, sin demostrar la configuración de una causal específica de procedencia
contra providencias judiciales.
Señaló que la autoridad judicial accionada explicó de manera suficiente las razones
por las cuales negó la sustitución de la pensión gracia, al considerar que antes de
reconocer esa prestación derivada era procedente verificar la legalidad del derecho
pensional del causante, sin que ello implicara revocar el acto administrativo que
originalmente la había reconocido. En ese sentido, estimó que la decisión
cuestionada estuvo debidamente motivada y que la acción de tutela no podía
utilizarse para reabrir un debate ya resuelto en la jurisdicción contencioso
administrativa.
Respecto del defecto fáctico, consideró que la accionante no cumplió la carga
argumentativa necesaria para demostrar una valoración probatoria arbitraria, pues
sus reparos se limitaron a controvertir la apreciación que el juez de segunda
instancia efectuó de las pruebas, aspecto que hacía parte de la autonomía e
independencia judicial. En cuanto a los defectos sustantivo y por desconocimiento
del precedente judicial, advirtió que aunque la actora citó las sentencias de
unificación que estimó aplicables, no identificó la regla jurisprudencial
presuntamente desconocida ni explicó su incidencia concreta en la decisión
cuestionada, por lo que tampoco acreditó esos cargos.
Finalmente, resaltó que tratándose de una tutela dirigida contra una providencia de
una alta corte, la carga argumentativa debía ser especialmente estricta y exigir la
demostración de una actuación judicial arbitraria o abiertamente violatoria de
derechos fundamentales, presupuesto que no se acreditó en el caso. En
consecuencia, concluyó que la accionante pretendía convertir la acción de tutela en
una instancia adicional para controvertir una decisión ejecutoriada, lo que
desconocía la autonomía judicial, la seguridad jurídica y la naturaleza excepcional
del amparo constitucional, razón por la cual declaró improcedente la solicitud de
tutela.
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6. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la accionante
impugnó el fallo de primera instancia y solicitó que se revocara, al considerar que
erró al declarar improcedente la acción de tutela por falta de relevancia
constitucional, sin efectuar un análisis de fondo de los defectos planteados.
Sostuvo que el asunto trascendía una simple inconformidad con la decisión judicial,
pues comprometía sus derechos fundamentales al debido proceso, la seguridad
social, el mínimo vital y la igualdad, en atención a su condición de adulta mayor de
82 años y sujeto de especial protección constitucional, quien padecía múltiples
enfermedades crónicas y carecía de la sustitución pensional desde el fallecimiento
de su cónyuge.
En relación con el defecto sustantivo, afirmó que la sentencia cuestionada
desconoció la presunción de legalidad y la fuerza ejecutoria de la Resolución no.
3714 de 1998, mediante la cual Cajanal reconoció la pensión gracia al causante, al
cuestionar la legalidad de dicho acto administrativo sin que hubiera sido demandado
mediante la acción de lesividad o anulado por la jurisdicción competente, con lo cual
vulneró los derechos al debido proceso y a la protección de los derechos adquiridos.
Asimismo, reiteró que se configuró un defecto fáctico porque el juez de segunda
instancia omitió valorar integralmente las certificaciones expedidas por las
autoridades educativas que acreditaban la vinculación territorial y nacionalizada del
docente, otorgando prevalencia a un único documento para concluir que su
vinculación había sido exclusivamente nacional.
Igualmente, insistió en que la providencia desconoció el precedente judicial
contenido en las sentencias de unificación CE-SUJ2-011-18 de 2018 y SUJ-030-
CE-S2-2022, al aplicar de manera restrictiva los criterios relativos al reconocimiento
de la pensión gracia para docentes territoriales y nacionalizados vinculados antes
del 31 de diciembre de 1980, pese a que dichas decisiones admitían que esa
condición podía acreditarse mediante las certificaciones correspondientes. Añadió
que el juez de tutela confundió el análisis de procedencia con el estudio de fondo al
concluir que la providencia cuestionada estaba debidamente motivada, sin verificar
si la motivación contenía los defectos constitucionales denunciados.
Por último, sostuvo que la tutela no pretendía convertirse en una instancia adicional
para reabrir el debate ordinario, sino obtener el control constitucional de una
providencia que a su juicio, vulneró derechos fundamentales mediante la
configuración de los defectos sustantivo, fáctico y por desconocimiento del
precedente judicial. En consecuencia, solicitó revocar la sentencia de primera
instancia, conceder el amparo invocado y dejar sin efectos las providencias
cuestionadas, al estimar que la afectación de sus derechos resultaba especialmente
grave por su avanzada edad, su delicado estado de salud y la ausencia de la
sustitución pensional que constituía su sustento económico.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
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Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si
debe revocar la sentencia de 18 de junio de 2026, mediante la cual la Sección Quinta
del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo por incumplir el
requisito de relevancia constitucional y, en su lugar, acceder a la protección
constitucional de los derechos fundamentales invocados porque el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A incurrió en los defectos sustantivo, fáctico
y desconocimiento del precedente judicial.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos3 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles
y Políticos4, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del
bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 2012 5, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de 5 de agosto de 2014 6, precisó el
ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que
llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus
máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden
eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma
decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20057.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al
alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado
a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
3
Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
4
Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
5
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
6
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7 M. P. Jaime Córdoba Triviño.
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vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico8; (ii) Defecto procedimental absoluto9; (iii) Defecto
fáctico10; (iv) Defecto material o sustantivo 11; (v) Error inducido12; (vi) Decisión sin
motivación13; (vii) Desconocimiento del precedente14 y (viii) Violación directa de la
Constitución15.
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo 16 y de la Corte Constitucional17.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada
y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural,
atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de
estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. Contrario a lo sostenido por el a quo, el asunto bajo examen cumple el
requisito de relevancia constitucional
La Sección Quinta del Consejo de Estado por sentencia de 18 de junio de 2026
declaró improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional, al
concluir que la accionante no cumplió con la carga argumentativa necesaria para
demostrar la configuración de los defectos alegados y que en realidad pretendía
reabrir una controversia ya resuelta por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
8
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
9 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
10
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
11 Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
12
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
13
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
14 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
15 Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las recientes sentencias SU-114 de
2023 y SU-061 de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera.
16
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01),
Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia
del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia
del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
17
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz
Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos
y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
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Accionante: Teresa de Jesús Ordóñez de Rodas
Asimismo, consideró que al tratarse de una tutela dirigida contra una providencia
de una alta corte, la carga mínima argumentativa debía ser especialmente estricta
y exigir una demostración de una actuación judicial arbitraria o abiertamente
violatoria de derechos fundamentales, presupuesto que no se acreditó en el caso
concreto.
Contrario a lo sostenido por el juzgador de primera instancia, para la Sala la acción
de tutela cumple con el citado presupuesto general, toda vez que la controversia
planteada trasciende una simple inconformidad con la decisión adoptada por el juez
natural y se dirige a establecer si la autoridad judicial accionada incurrió en los
defectos sustantivo, fáctico y por desconocimiento del precedente judicial al proferir
la sentencia de 23 de octubre de 2025, mediante la cual revocó la decisión de
primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por la accionante para obtener el
reconocimiento de la sustitución de la pensión gracia. En efecto, la accionante
sostuvo que la providencia cuestionada desconoció la presunción de legalidad y la
fuerza ejecutoria de la Resolución no. 3714 de 25 de febrero de 1998, mediante la
cual Cajanal reconoció la pensión gracia al causante, al cuestionar su legalidad sin
que dicho acto hubiera sido objeto de la acción de lesividad o anulado por la
jurisdicción competente.
Asimismo, afirmó que la autoridad judicial incurrió en un defecto fáctico al concluir
que el causante tuvo la condición de docente nacional, sin valorar integralmente las
certificaciones expedidas por la Secretaría de Educación Departamental de
Santander y el municipio de Piedecuesta, las cuales, a su juicio, acreditaban su
vinculación como docente territorial o nacionalizado. De igual forma, alegó que la
providencia se apartó injustificadamente del precedente de unificación fijado por el
Consejo de Estado en las sentencias CE-SUJ2-011-18 de 2018 y SUJ-030-CE-S2-
2022, al aplicar de manera restrictiva los criterios relativos al reconocimiento de la
pensión gracia para los docentes vinculados antes del 31 de diciembre de 1980.
En el presente asunto se advierte que los cuestionamientos formulados por la
accionante no se limitan a expresar una discrepancia frente a la interpretación de
las normas aplicables o a la valoración probatoria efectuada por el juez de
conocimiento, ni buscan convertir la acción de tutela en una instancia adicional para
reabrir el debate propio del proceso ordinario. Por el contrario, están dirigidos a
demostrar que la providencia cuestionada habría vulnerado sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social, al mínimo
vital y de acceso a la administración de justicia, al presuntamente desconocer la
fuerza vinculante de un acto administrativo ejecutoriado, omitir la valoración integral
del material probatorio y apartarse del precedente judicial que estimó aplicable,
razones por las cuales la Sala considera satisfecho el requisito de relevancia
constitucional.
Los demás requisitos generales también se encuentran acreditados, toda vez que
(ii) la parte accionante no cuenta con otro mecanismo judicial idóneo y eficaz para
controvertir las providencias cuestionadas, pues frente a ellas no procede recurso
ordinario alguno; (iii) se cumple el requisito de la inmediatez, por cuanto la acción
de tutela fue promovida dentro del término razonable establecido por la
jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional; (iv) la accionante
identificó de manera clara los hechos que originaron la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales y los defectos que atribuyó a las providencias
cuestionadas; y (v) la acción no se dirige contra una sentencia de tutela.
9
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Accionante: Teresa de Jesús Ordóñez de Rodas
4.2. La autoridad judicial accionada no incurrió en los defectos alegados
La señora Teresa de Jesús Ordóñez de Rodas, quien actúa por conducto de
apoderado judicial, presentó acción de tutela con la pretensión de que el juez
constitucional ampare sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad,
mínimo vital, seguridad social, dignidad humana y de acceso a la administración de
justicia, así como los principios de seguridad jurídica y primacía del derecho
sustancial sobre las formas, presuntamente vulnerados por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A con la decisión de 23 de octubre de 2025, que
revocó la decisión favorable de primera instancia y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda, al incurrir en defectos fáctico, sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial, tal como se expuso en precedencia.
La Sala advierte que revocará la sentencia de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela y, en su lugar, negará las pretensiones. Para tal
efecto, abordará de manera conjunta el estudio de los defectos fáctico, sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial alegados por la accionante, por cuanto
todos se fundamentan en un mismo reproche relacionado con que la providencia
cuestionada incurrió en una indebida valoración del material probatorio y en una
errónea aplicación de las normas y de la jurisprudencia de unificación sobre el
reconocimiento de la pensión gracia, al concluir que el causante tuvo la condición
de docente nacional, circunstancia que impedía acceder a la prestación reclamada.
En relación con el defecto sustantivo18, resulta del caso precisar que se materializa
cuando la decisión que adopta el juez desborda el marco de acción que la
Constitución y la ley le reconoce y además, se ha señalado que una autoridad
judicial puede incurrir en un defecto sustantivo por interpretación irrazonable en, al
menos, dos hipótesis:“(i) cuando le otorga a la disposición jurídica un sentido y
alcance que esta no tiene (contraevidente –interpretación contra legem–), o de
manera injustificada para los intereses legítimos de una de las partes; y (ii) cuando
le confiere a la disposición infraconstitucional una interpretación que en principio
resulta formalmente posible a partir de las varias opciones que ofrece, pero que en
realidad contraviene postulados de rango constitucional o conduce a resultados
desproporcionados, sacando la decisión del marco de la juridicidad y de la
hermenéutica jurídica aceptable”19.
18
En sentencia SU 574 de 2019, la Corte precisó que este defecto puede darse ““(i) Cuando existe carencia
absoluta de fundamento jurídico. En este caso la decisión se sustenta en una norma inexistente, derogada, o
que ha sido declarada inconstitucional. (ii) La decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es
aplicable por no ser pertinente. A pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, su
aplicación no resulta adecuada a la situación fáctica objeto de estudio como, por ejemplo, cuando se le
reconocen efectos distintos a los señalados por el legislador (iv) Cuando se aplica una norma cuya interpretación
desconoce una sentencia con efectos erga omnes. En esta hipótesis se aplica una norma cuyo sentido contraría
la ratio decidendi de una sentencia que irradia sus efectos a todo el ordenamiento jurídico. (v) La disposición
aplicada se muestra injustificadamente regresiva o claramente contraria a la Constitución. (vi) Cuando un poder
concedido al juez se utiliza para un fin no previsto en la disposición. (vii) La decisión se funda en una
interpretación no sistemática del derecho, omitiendo el análisis de otras disposiciones aplicables al caso. (viii) El
servidor judicial da una insuficiente sustentación o justificación de una actuación que afecta derechos
fundamentales. (ix) Se desconoce el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación.
(x) Cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de
la Constitución. Se trata de la aplicación de normas abiertamente inconstitucionales, evento en el cual si bien el
contenido normativo no ha sido declarado inexequible, este es contrario a la constitución, o al ser aplicada al
caso concreto vulnera derechos fundamentales, razón por lo que debe ser igualmente inaplicada. (xi) Cuando
la providencia incurre en incongruencia entre los fundamentos jurídicos y la decisión. Esta situación se configura
cuando la resolución del juez no corresponde con las motivaciones expuestas en la providencia”
19 Ibíd.
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Accionante: Teresa de Jesús Ordóñez de Rodas
La Corte Constitucional ha precisado que el defecto fáctico se configura cuando
“(…) se hayan dejado de valorar pruebas legalmente aducidas al proceso, o que en
la valoración de las pruebas legalmente practicadas se haya desconocido
manifiestamente su sentido y alcance y, en cualquiera de estos casos, que la
prueba sobre la que se contrae la vía de hecho tenga tal trascendencia que sea
capaz de determinar el sentido de un fallo. Sólo bajo esos supuestos es posible la
tutela de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, de manera que cuando los mismos no satisfagan estas
exigencias, no procede el amparo constitucional pues se trata de situaciones que
se sustraen al ámbito funcional de esta jurisdicción”.
Asimismo, ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse un
defecto fáctico: 1) una dimensión negativa que ocurre cuando el juez niega o valora
la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin
razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma
emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la
valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez; 2) una dimensión positiva, que se presenta generalmente
cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en
la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo,
fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo el fallador desconoce la
Constitución20, o cuando da por establecidas circunstancias sin que exista material
21
probatorio que respalde su decisión .
Es decir, que dado el carácter restringido y excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales, no corresponde al juez constitucional reabrir el debate
probatorio o de la interpretación de las normas legales utilizadas para resolver el
caso. Por lo tanto, su labor se limita a evidenciar aquellos errores manifiestos del
fallo, que lo hacen incompatible con los derechos fundamentales.
Ahora bien, en relación con el desconocimiento del precedente judicial, es
necesario precisar que la Corte Constitucional ha dicho que su aplicación implica
que22 “un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el (los)
caso (s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente
de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del
pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado,
constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido
cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún
supuesto de hecho para su aplicación”.
El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las decisiones
que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está
conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las
decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
Para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por
desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las reglas fijadas por la
jurisprudencia23:
20
Sentencia T-781 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
21
Sentencia SU-453 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
22
Sentencia T-158 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
23 Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
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Accionante: Teresa de Jesús Ordóñez de Rodas
“i. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría desconocido y
exponer las razones por las que estima que se desconoció.; ii. el juez de tutela debe
confirmar la existencia del precedente judicial que se habría dejado de aplicar. Esto es,
debe identificar si de verdad existe un caso análogo ya decidido; iii. identificado el
precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó de aplicar; iv. si, en
efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen diferencias entre el
precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las razones para apartarse del
precedente judicial. Si existen diferencias no habrá desconocimiento del precedente
judicial. Aunque los casos sean similares, tampoco habrá desconocimiento del
precedente si el juez expone las razones para apartarse; v. el precedente judicial
vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón central de la decisión (ratio
decidendi). La razón central de la decisión surge de la valoración que el juez hace de
las normas frente a los hechos y el material probatorio en cada caso concreto y; vi.si no
se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la protección del derecho
a la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la garantía de la confianza
legítima”.
Descendiendo al asunto bajo examen, la Sala observa que la accionante formuló
tres reproches contra la providencia de 23 de octubre de 2025, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado. El primero se
relaciona con el desconocimiento de la presunción de legalidad de la Resolución no.
3714 de 25 de febrero de 1998, mediante la cual Cajanal reconoció la pensión gracia
al señor Heladio Alberto Rodas, pese a que dicho acto administrativo permanecía
en firme y no había sido revocado por la administración ni anulado por la jurisdicción
de lo contencioso administrativo.
El segundo corresponde al defecto fáctico que atribuye a la providencia
cuestionada, al considerar que la autoridad judicial efectuó una indebida valoración
del material probatorio al concluir que el causante ostentó la condición de docente
nacional, sin apreciar de manera integral las certificaciones expedidas por la
Secretaría de Educación Departamental de Santander y el municipio de
Piedecuesta, las cuales, a su juicio, acreditaban una vinculación como docente
territorial o nacionalizado.
Finalmente, el tercer reproche se relaciona con los defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial, por cuanto la accionante sostuvo que la
autoridad judicial realizó una interpretación restrictiva del régimen jurídico de la
pensión gracia, contraria al principio de favorabilidad y a la jurisprudencia de
unificación del Consejo de Estado que reconoce dicha prestación a los docentes
territoriales y nacionalizados vinculados antes del 31 de diciembre de 1980.
Así las cosas, respecto del primer cuestionamiento, la Sala advierte que la sentencia
de 23 de octubre de 2025 desarrolló como cuestión previa un análisis encaminado
a determinar si en el marco del estudio de la sustitución de la pensión gracia
resultaba jurídicamente procedente verificar que el derecho originalmente
reconocido al causante se ajustara a los requisitos previstos por el ordenamiento
jurídico, pese a que el acto administrativo que reconoció dicha prestación no había
sido revocado ni anulado.
En ese contexto, la autoridad judicial precisó que el objeto del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho no consistía en controvertir la legalidad de la
Resolución no. 3714 de 25 de febrero de 1998 ni en emitir un pronunciamiento
dirigido a revocar o dejar sin efectos dicho acto administrativo. No obstante, explicó
que el debate se circunscribía a establecer si la accionante tenía derecho al
reconocimiento de la sustitución de la pensión gracia y que, para resolver ese
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asunto, resultaba indispensable verificar si la prestación principal de la cual derivaba
la sustitución cumplía los requisitos legales para su reconocimiento.
Con ese propósito, la autoridad judicial accionada explicó que la sustitución
pensional constituye un derecho de naturaleza accesoria, cuya procedencia
depende necesariamente de la existencia de una prestación principal reconocida
conforme al ordenamiento jurídico. En consecuencia, consideró que tanto la
administración como el juez del proceso podían verificar si el derecho originalmente
reconocido satisfacía los requisitos legales exigidos para su consolidación, sin que
ese examen implicara desconocer la presunción de legalidad del acto
administrativo, revocarlo, modificarlo o declarar su nulidad.
A partir de esas consideraciones, la autoridad judicial concluyó que el análisis sobre
la conformidad del derecho pensional originalmente reconocido con el ordenamiento
jurídico constituía un presupuesto indispensable para establecer la procedencia de
la sustitución pensional solicitada por la accionante, sin que ello significara adelantar
un juicio de legalidad sobre la Resolución no. 3714 de 25 de febrero de 1998 o
desconocer los efectos jurídicos propios de dicho acto administrativo.
De conformidad con lo anterior, la Sala concluye que el primer reproche formulado
por la accionante no está llamado a prosperar. En efecto, de la lectura integral de la
providencia cuestionada no se advierte que la autoridad judicial hubiera
desconocido la presunción de legalidad de la Resolución no. 3714 de 25 de febrero
de 1998, mediante la cual Cajanal reconoció la pensión gracia al señor Heladio
Alberto Rodas. Por el contrario, la autoridad judicial accionada fue clara al precisar
que dicho acto administrativo no constituía el objeto de controversia, razón por la
cual no emitió pronunciamiento alguno encaminado a revocarlo, modificarlo o
declarar su nulidad. Lo que hizo fue verificar, como presupuesto para resolver la
solicitud de sustitución pensional, si el derecho originalmente reconocido satisfacía
los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico, habida cuenta de que la
sustitución constituía un derecho accesorio cuya procedencia depende de la
existencia de una prestación principal reconocida conforme a la ley.
En consecuencia, la Sala no advierte que la autoridad judicial hubiera desconocido
la presunción de legalidad del acto administrativo invocado por la accionante, sino
que ejerció el análisis jurídico que estimó necesario para resolver la controversia
sometida a su conocimiento relativa a la sustitución de una prestación económica,
dentro del ámbito de sus competencias y con fundamento en una interpretación
razonable del ordenamiento jurídico.
Ahora bien, respecto del defecto fáctico alegado la Sala observa que la sentencia
cuestionada efectuó un estudio detallado del material probatorio obrante en el
expediente con el propósito de determinar la naturaleza jurídica de la vinculación
laboral del señor Heladio Alberto Rodas y establecer si el tiempo de servicios
acreditado podía computarse para consolidar el derecho a la pensión gracia.
Con ese fin, la autoridad judicial demandada examinó de manera conjunta la
Resolución no. 3714 de 25 de febrero de 1998, el Formato Único para la Expedición
del Certificado de Historia Laboral expedido por la Secretaría de Educación
Municipal de Piedecuesta, las certificaciones laborales expedidas por las
autoridades educativas, las constancias emitidas por la Escuela Normal Superior de
Piedecuesta, las resoluciones de nombramiento, las actas de posesión y los demás
documentos que daban cuenta de la trayectoria laboral del causante.
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A partir de la valoración integral de dichos elementos de prueba, concluyó que si
bien el causante laboró para el departamento de Santander entre el 10 de marzo de
1967 y el 11 de agosto de 1970, las pruebas demostraban que desde el 12 de agosto
de 1970 fue nombrado mediante resoluciones expedidas por el Ministerio de
Educación Nacional, circunstancia que permitía establecer que su vinculación
durante el período restante de su vida laboral correspondió a la de un docente del
orden nacional. Asimismo, explicó que las actuaciones adelantadas por las
autoridades territoriales y la posterior incorporación del docente a la planta de
personal del municipio de Piedecuesta obedecieron al proceso de descentralización
administrativa del servicio educativo y al ejercicio de funciones de administración
del personal docente nacional, sin que ello modificara la naturaleza jurídica del
vínculo inicialmente adquirido.
Con fundamento en esas consideraciones, la autoridad judicial concluyó que el
tiempo de servicios prestado por el señor Heladio Alberto Rodas desde el 12 de
agosto de 1970 no podía computarse para consolidar el derecho a la pensión gracia,
por corresponder a una vinculación del orden nacional incompatible con los
requisitos previstos en la legislación y desarrollados por la jurisprudencia de
unificación del Consejo de Estado. En consecuencia, determinó que el
reconocimiento inicial de la prestación no se ajustaba al ordenamiento jurídico y que
por la naturaleza accesoria de la sustitución pensional, la demandante tampoco
tenía derecho al reconocimiento de dicha prestación
En virtud de lo anterior, la Sala concluye que el segundo reproche formulado por la
accionante tampoco está llamado a prosperar. En efecto, de la lectura integral de la
providencia cuestionada se advierte que la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado realizó una valoración conjunta, razonada e integral del
material probatorio obrante en el expediente, con el propósito de establecer la
naturaleza jurídica de la vinculación laboral del señor Heladio Alberto Rodas y
determinar si reunía los requisitos para acceder a la pensión gracia. Para ello,
examinó las certificaciones laborales, los actos administrativos de nombramiento,
las actas de posesión y los demás documentos relevantes, y explicó de manera
suficiente las razones por las cuales concluyó que el causante tuvo la condición de
docente nacional desde el 12 de agosto de 1970.
En esas condiciones, la Sala no evidencia que la autoridad judicial hubiera omitido
valorar pruebas determinantes, apreciado arbitrariamente el acervo probatorio o
arribado a conclusiones carentes de sustento fáctico. Por el contrario, el desacuerdo
de la accionante radica en las conclusiones a las que llegó el juez natural tras el
examen del material probatorio, particularmente respecto de la naturaleza de la
vinculación laboral del causante y de las consecuencias jurídicas derivadas de dicha
circunstancia.
Así las cosas, la inconformidad planteada constituye una discrepancia frente a la
valoración probatoria efectuada por la autoridad judicial accionada, y no se observa
la configuración de un defecto fáctico que justifique la intervención del juez
constitucional. En consecuencia, la acción de tutela no puede emplearse como un
mecanismo para reabrir el debate probatorio ni para sustituir el criterio del juez
natural.
Finalmente, respecto de los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente
judicial alegados por la accionante, la Sala observa que la sentencia cuestionada
desarrolló un estudio amplio del régimen normativo y jurisprudencial aplicable a la
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pensión gracia y a la sustitución de dicha prestación con el propósito de determinar
si el derecho originalmente reconocido al causante se ajustaba a las exigencias
previstas por el legislador y desarrolladas por la jurisprudencia de unificación del
Consejo de Estado.
En desarrollo de ese análisis, la autoridad judicial examinó las Leyes 114 de 1913,
116 de 1928, 37 de 1933, 43 de 1975 y 91 de 1989, así como las sentencias de
unificación S-699 de 1997, CE-SUJ2-011-18 de 2018 y SUJ-030-CE-S2-2022, a
partir de las cuales precisó que la pensión gracia constituye una prestación
excepcional reconocida exclusivamente a los docentes oficiales territoriales o
nacionalizados vinculados antes del 31 de diciembre de 1980, beneficio que no
resulta extensible a quienes tuvieron la calidad de docentes nacionales. Con
fundamento en ese marco jurídico y jurisprudencial, explicó que la procedencia de
la sustitución pensional exigía verificar previamente si el derecho principal había
sido reconocido conforme a la ley, pues la naturaleza accesoria de esa prestación
impedía consolidar un nuevo derecho cuando la prestación originaria no reunía los
requisitos legalmente establecidos.
Posteriormente, al aplicar esas reglas al caso concreto y valorar el material
probatorio recaudado, concluyó que el señor Heladio Alberto Rodas tuvo la
condición de docente nacional desde el 12 de agosto de 1970 y que, por esa razón,
el tiempo de servicios prestado a partir de esa fecha no podía ser computado para
consolidar el derecho a la pensión gracia.
Así las cosas, la autoridad judicial consideró que la negativa de reconocer la
sustitución pensional no obedecía a una interpretación restrictiva del régimen
jurídico de la pensión gracia ni a un apartamiento de la jurisprudencia de unificación
invocada por la accionante, sino a la aplicación de las reglas legales y
jurisprudenciales vigentes a los hechos que encontró demostrados dentro del
proceso ordinario. De ese modo, explicó las razones por las cuales concluyó que la
accionante no reunía los presupuestos para acceder a la prestación reclamada.
En esas condiciones, la inconformidad de la accionante no radicó en la omisión de
aplicar el precedente judicial, sino en la conclusión a la que arribó el juez natural
tras valorar el material probatorio e interpretar las reglas fijadas por la jurisprudencia,
interpretación que, además, no resulta aislada, pues la Sección Segunda del
Consejo de Estado ha proferido decisiones en el mismo sentido que la providencia
objeto de tutela24. En consecuencia, no se evidenció un apartamiento arbitrario o
injustificado de la jurisprudencia de unificación que permitiera configurar el defecto
alegado.
En virtud de lo expuesto, esta Sala considera que la parte demandante no demostró
la configuración de los defectos alegados, por lo que se revocará el fallo de 18 de
junio de 2026 proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado que declaró la
improcedencia de la acción de tutela para, en su lugar, negar las pretensiones.
Por último, se ordenará a la Secretaría General del Consejo de Estado que restrinja
en el Sistema para la Gestión Judicial SAMAI el acceso a la información obrante en
el expediente de la referencia relacionada con la historia clínica de la accionante,
en razón a la reserva de la que goza ese documento de conformidad con el artículo
34 de la Ley 23 de 1981 y el numeral 3° del artículo 24 de la Ley 1437 de 2011.
24 Ver sentencia núm. 47001-23-33-000-2013-00215-01 (4118-2018) CP Juan Camilio Morales Trujullo.
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III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Revocar la sentencia de 18 de junio de 2026, dictada por Sección Quinta
del Consejo de Estado. En su lugar,
Segundo.- Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por la señora
Teresa de Jesús Ordóñez de Rodas, quien actúa por conducto de apoderado
judicial, contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, por las
razones aquí expuestas.
Tercero.- Ordenar a la Secretaría General del Consejo de Estado que restrinja en
el Sistema para la Gestión Judicial SAMAI, el acceso a la información obrante en el
expediente de la referencia relacionada con la historia clínica de la accionante, en
razón a la reserva de la que goza ese documento de conformidad con el artículo 34
de la Ley 23 de 1981 y el numeral 3° del artículo 24 de la Ley 1437 de 2011.
Cuarto.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Quinto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Sexto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
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La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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