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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02899-00

Fecha
5 de junio de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02899-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Jorge Andrés Carrillo Cardoso en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado, por no superar el requisito de relevancia constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito, en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2026-02899-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

5 de junio de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02899-00
Accionantes: Jorge Andrés Carrillo Cardoso

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02899-00
Accionantes: Jorge Andrés Carrillo Cardoso
Accionado: Consejo de Estado-Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – Carácter subsidiario del amparo.
Requisitos generales de la acción de tutela contra providencia judicial. Relevancia
constitucional. Improcedencia

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela formulada por Jorge Andrés Carrillo Cardoso en
contra del Consejo de Estado-Sección Quinta.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El señor Jorge Andrés Carrillo Cardoso, a través de apoderado judicial1, promovió
acción de tutela2 en procura de la protección de sus derechos fundamentales a ser
elegido, al debido proceso, “y sus principios de legalidad de las restricciones de los
derechos fundamentales y reserva de ley, juez natural, confianza legítima,
competencia funcional, a la tutela judicial efectiva y a la regla de decisión”3, que
consideró vulnerados por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

La presunta vulneración se deriva de la sentencia del 26 de febrero de 2026,
proferida en única instancia dentro del proceso de nulidad electoral identificado con
el radicado número 11001-03-28-000-2024-00194-004, mediante el cual se declaró
la nulidad de su elección como presidente de Interconexión Eléctrica SA ESP (ISA),
contenida en el Acta 918 del 14 y 15 de agosto de 2024 de la junta directiva de la
sociedad.

1
Poder conferido al abogado Luis Fernando Bastidas Reyes. Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado
3F26CE93A4276CA4 1021981AAE92E25E B1923A8C165344A6 157DF9235F4BC8A, página 42.
2
Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 3F26CE93A4276CA4 1021981AAE92E25E
B1923A8C165344A6 157DF9235F4BC8A, páginas 1 a 41.
3
Ibid.
4
Al que se acumuló la demanda electoral identificada con el radicado 11001-03-28-0002024-00205-00.

0000
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02899-00
Accionantes: Jorge Andrés Carrillo Cardoso

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica:

2.1. Jorge Andrés Carrillo Cardoso fue designado como presidente de Interconexión
Eléctrica SA ESP-ISA, decisión consignada en el Acta 918 correspondiente a las
sesiones de la Junta Directiva celebradas los días 14 y 15 de agosto de 2024.

2.2. Con ocasión de dicha designación, Luis Eduardo Peláez Jaramillo y Julio César
Yepes Restrepo promovieron, por separado, demandas en ejercicio del medio de
control de nulidad electoral, las cuales se identificaron bajo los radicados 11001-03-
28-000-2024-00194-00 y 11001-03-28-000-2024-00205-00, respectivamente, cuyo
conocimiento correspondió a la Sección Quinta del Consejo de Estado.

2.3. En el proceso identificado con el radicado núm. 11001-03-28-000-2024-00194-
00 el demandante solicitó que se declarara la nulidad de la elección del señor Jorge
Andrés Carrillo Cardoso como presidente de Interconexión Eléctrica SA ESP, al
considerar que: i) el acto acusado se expidió con infracción de las normas en que
debería fundarse, toda vez que conforme a los estatutos dicho nombramiento debía
hacerse por intermedio de una empresa cazatalentos; y ii) se nombró una persona
que no cumplía con los requisitos.

2.4. En el expediente identificado con el radicado número 11001-03-28-000-2024-
00205-00 la parte actora solicitó que se declarara la nulidad de la elección, por: i)
incumplimiento de calidad y requisitos de elegibilidad; ii) la expedición irregular del
acto y iii) la infracción de las normas en que debía fundarse.

2.5. El accionante indicó que, en ambos procesos, inicialmente se declaró la falta
de jurisdicción y competencia para conocer del asunto, decisiones frente a las
cuales los demandantes interpusieron recurso de súplica.

2.6. En consecuencia, mediante autos del 28 de noviembre de 2024 (exp. 2024-
00194-00) y del 8 de mayo de 2025 (exp. 2024-00205-00) los demás integrantes de
la Sección Quinta del Consejo de Estado revocaron las decisiones impugnadas y,
en su lugar, ordenaron proveer sobre la admisión de las demandas.

2.7. Una vez surtidas las actuaciones, los procesos fueron acumulados bajo el
radicado núm. 11001-03-28-000-2024-00194-00. Mediante sentencia del 26 de
febrero de 2026, la Sección Quinta del Consejo de Estado accedió a las
pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la nulidad de la elección del
señor Jorge Andrés Carrillo Cardoso como presidente de Interconexión Eléctrica SA
ESP, contenida en el Acta No. 918 de las sesiones de Junta Directiva celebradas
los días 14 y 15 de agosto de 2024.

La Corporación concluyó que durante el procedimiento de selección se presentaron
irregularidades que comprometieron la legalidad del acto de designación.

2

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Accionantes: Jorge Andrés Carrillo Cardoso

Adicionalmente, moduló los efectos de la nulidad con el propósito de que el órgano
competente retomara el proceso de selección a partir del listado aprobado por el
Comité de Talento Organizacional de ISA en las sesiones del 23 y 24 de enero de
2024, sin considerar a quienes se retiraron voluntariamente del proceso y con
observancia de las reglas previstas en el protocolo aprobado los días 5 y 11 de
enero de 2024 por ese mismo comité.

2.8. La parte demandada presentó solicitud de aclaración de la sentencia del 26 de
febrero de 2026, al considerar que la decisión presentaba dos aspectos cuya
delimitación no fue precisada con suficiente claridad, lo que generaba un margen
de indeterminación respecto de su alcance jurídico concreto. No obstante, mediante
providencia del 12 de marzo de 2026, la Sección Quinta del Consejo de Estado,
negó la solicitud bajo el argumento de que no se cumplieron con los presupuestos
del artículo 285 del CGP.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

3.1. Como pretensiones la parte actora solicitó lo siguiente:

“5.1. Declarar que la Sección Quinta – Consejo de Estado, al proferir la
providencia judicial del veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026),
dentro del radicado 11001-03-28-000-2024-00194-0013, que declaró la nulidad
de la designación del señor Jorge Andrés Carrillo Cardoso, como presidente de
Interconexión Eléctrica SA ESP, incurrió en violación de sus derechos
fundamentales a ser elegido para dicho cargo, debido proceso y sus principios
de legalidad de las prohibiciones o restricciones de los derechos fundamentales
y reserva de ley, juez natural, confianza legítima, competencia funcional, a la
tutela judicial efectiva y a la regla de decisión.

5.2. Como consecuencia de la anterior declaración, amparar los derechos
fundamentales del señor Jorge Andrés Carrillo a ser elegido para dicho cargo,
debido proceso y sus principios de legalidad de las prohibiciones o restricciones
de los derechos fundamentales y reserva de ley, juez natural, confianza
legítima, competencia funcional, a la tutela judicial efectiva y a la regla de
decisión.

5.3. Que se deje sin validez la sentencia del veintiséis (26) de febrero de dos
mil veintiséis (2026), dentro del radicado 11001-03-28-000-2024 00194-0014,
que declaró la nulidad de la designación del señor Jorge Andrés Carrillo
Cardoso, como presidente de Interconexión Eléctrica SA ESP; y en su lugar, se
ordene proferir la decisión que en derecho corresponde, conforme a los
parámetros constitucionales, legales y precedentes constitucionales con fuerza
vinculante en los términos que se determine en la sentencia de tutela.

5.4. En caso de haberse ejecutado el fallo que se impugna, y el señor Jorge
Andrés Carrillo haya sido removido del cargo, por quien le corresponda el
cumplimiento del fallo aquí impugnado, oficiar a la Junta Directiva de
Interconexión Eléctrica SA ESP, informándole la decisión adoptada y los efectos
automáticos de incorporación al cargo del accionante, una vez se adopte la
decisión de primera instancia, en caso de ser favorable, aún en caso de haberse
realizado una nuevo procedimiento de elección, teniendo en cuenta el principio
que establece que el que es primero en el tiempo es primero en el derecho y
por cuanto de realizarse una elección nueva, sería con fundamento en la
existencia de la vacancia de la Gerencia de ISA, y en caso de prosperar la
3

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Accionantes: Jorge Andrés Carrillo Cardoso

presente tutela, habrán desaparecido los fundamentos de hecho y de derecho
tenidos en cuenta para la segunda designación, produciéndose el decaimiento
del acto administrativo (En los términos del acto administrativo que creó la
Sección Quinta) de la elección posterior”5.

Como fundamento de la solicitud de amparo, la parte actora formuló las
pretensiones previamente transcritas y sostuvo que la providencia cuestionada
incurrió en los siguientes defectos:

3.2. Defecto orgánico. Adujo que la Sección Quinta del Consejo de Estado carecía
de competencia para ejercer control electoral sobre un acto de naturaleza societaria
adoptado por la junta directiva de una sociedad de economía mixta, sujeta, en su
criterio, a un régimen de derecho privado.

Asimismo, sostuvo que la autoridad judicial excedió el ámbito de sus competencias,
pues no se limitó a ejercer el control de legalidad del acto demandado, sino que, al
modular los efectos de la nulidad declarada, asumió funciones propias de la junta
directiva de la sociedad al determinar expresamente cuáles candidatos podían
continuar en el proceso de selección y excluir al accionante de esa posibilidad.

3.3. Defecto sustantivo. Afirmó que la decisión desconoció el régimen jurídico
aplicable a ISA y las reglas que integran su sistema de gobierno corporativo. En
particular, señaló que la interpretación adoptada por la autoridad judicial ignoró los
acuerdos y protocolos internos que regulan el proceso de selección del
representante legal de ISA, así como la autonomía del Comité de Talento
Organizacional para definir y ajustar los criterios técnicos de evaluación dentro del
procedimiento.

3.4. Defecto fáctico: Manifestó que este defecto se configura en dos dimensiones:
a) Positiva, por la indebida valoración del contrato de trabajo suscrito por el
accionante; y, b) Negativa, por la omisión en la valoración de los oficios emitidos por
la firma cazatalentos, en los que, según afirma, se indicó que no se recomendaba
candidato alguno para ocupar el cargo.

3.5. Violación directa de la Constitución. Sostuvo que la interpretación normativa
adoptada en la providencia cuestionada resulta arbitraria, en tanto desconoce los
principios de debido proceso, reserva de ley, legalidad, favorabilidad, seguridad
jurídica y confianza legítima, previstos en los artículos 29, 40 y 107 de la
Constitución Política.

4. Trámite de tutela e intervenciones

Mediante auto del 22 de abril de 20266, el despacho de la magistrada ponente
admitió la acción de tutela; vinculó como terceros con interés a Luis Eduardo Peláez
Jaramillo, Julio César Yepes Restrepo, a la Junta Directiva de Interconexión

5
Ibid.
6
Índice 00005 del aplicativo SAMAI, certificado BA9E8A3CD4E45398 9BEF4C81F3307959
C6E029D6B92C694B 4FE8C16ED2776E40.
4

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02899-00
Accionantes: Jorge Andrés Carrillo Cardoso

Eléctrica S.A. ESP, a Empresas Públicas de Medellín ESP, y a quienes hayan
participado en el medio de control de nulidad electoral identificado con el radicado
núm. 11001-03-28-000-2024-00194-00, pidió a la autoridad accionada que aportara
el expediente de nulidad electoral, negó la medida provisional, ordenó la notificación
a las partes y suspendió los términos

Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:

4.1. La Sección Quinta del Consejo de Estado7, por conducto de la magistrada
ponente de la decisión cuestionada, solicitó negar el amparo.

Indicó que, mediante autos del 28 de noviembre de 2024 y del 8 de mayo de 2025
definió su competencia para conocer del asunto en única instancia, con fundamento
en el criterio orgánico previsto en el numeral 5 del artículo 149 de la Ley 1437 de
2011, que atribuye a la Sección Quinta del Consejo de Estado el control de legalidad
de los actos de nombramiento de los representantes legales de entidades del orden
nacional.

Precisó que ISA es una empresa de servicios públicos mixta del orden nacional y
que su presidente ejerce la representación legal de la entidad conforme a sus
estatutos. En ese sentido, sostuvo que el contrato de trabajo suscrito con
posterioridad no alteraba la naturaleza jurídica ni el control judicial del acto de
designación contenido en el Acta 918 de 14 y 15 de agosto de 2024, que constituyó
el verdadero objeto del medio de control.

Afirmó que se limitó a ejercer el control de legalidad del acto de nombramiento y a
modular los efectos de la nulidad declarada, de conformidad con la sentencia de
unificación del 26 de mayo de 2016 y la Sentencia SU-138 de 2024, sin sustituir a
la Junta Directiva de ISA ni intervenir en la selección de candidatos. En
consecuencia, ordenó reanudar el procedimiento a partir del listado de trece
aspirantes aprobado por el Comité de Talento Organizacional en las sesiones del
23 y 24 de enero de 2024 (Acta 67), esto es, en una etapa previa a la modificación
de los criterios de evaluación.

Agregó que la exclusión de Jorge Andrés Carrillo Cardoso obedeció a decisiones
adoptadas previamente por el Comité de Talento Organizacional que no fueron
cuestionadas dentro del proceso electoral, por lo que no existía un derecho
adquirido ni una expectativa legítima de permanencia en el cargo. Asimismo, indicó
que la firma Korn Ferry concluyó posteriormente que el perfil del accionante no
resultaba idóneo para ejercer la presidencia de ISA, dada la complejidad y el
alcance regional de la compañía.

Sostuvo que la providencia cuestionada reconoció expresamente el régimen jurídico
aplicable a ISA, sus reglas de gobierno corporativo y la distribución funcional de
competencias entre la Junta Directiva y el Comité de Talento Organizacional.

7
Índice 00012 en el aplicativo SAMAI, certificado EB1697E8C23FABFB 9892028284E970CD
D374E78663D4372C BEEB8C6D04493A73.
5

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02899-00
Accionantes: Jorge Andrés Carrillo Cardoso

Destacó que, a partir del análisis de dichas disposiciones, constató que el Comité
de Talento Organizacional modificó de manera sustancial los criterios técnicos de
evaluación cuando el proceso se encontraba avanzado, incluida la depuración de la
lista de candidatos de veintidós a trece aspirantes, momento en el que ya se
conocían la identidad, el desempeño y los puntajes preliminares de los participantes,
circunstancia que comprometió la objetividad y transparencia exigidas por las
propias reglas internas.

Explicó que no desconoció las competencias de la Junta Directiva de ISA; por el
contrario, concluyó que dicho órgano excedió las funciones que le atribuían los
estatutos y el Código de Buen Gobierno al asumir labores de evaluación y
depuración de candidatos que correspondían al Comité de Talento Organizacional,
lo que alteró el procedimiento previamente establecido.

Finalmente, manifestó que la sentencia analizó y valoró la documentación aportada
por la firma cazatalentos Korn Ferry, incluido el alcance de su función como asesora
técnica, previsto en el artículo 37 de los estatutos de ISA, así como su manifestación
en el sentido de que no emite recomendaciones vinculantes respecto de los
candidatos, sino que se limita a reportar los resultados de las evaluaciones
efectuadas.

4.2. El señor Julio César Yepes Restrepo8, en calidad de demandante dentro del
proceso ordinario, solicitó declarar improcedente o, de manera subsidiaria, negar la
acción de tutela promovida por Jorge Andrés Carrillo Cardoso contra la sentencia
del 26 de febrero de 2026 de la Sección Quinta del Consejo de Estado. Sostuvo que
dicha providencia anuló su elección como presidente de ISA tras acreditar
irregularidades en el proceso de selección, entre ellas la modificación de los criterios
de evaluación, el desconocimiento de las recomendaciones de la firma Korn Ferry
y la vulneración del principio de moralidad administrativa.

Afirmó que la tutela no cumplía los requisitos de relevancia constitucional y
subsidiariedad, pues el accionante únicamente expresó su desacuerdo con la
decisión judicial, sin cumplir con la mínima carga argumentativa, y omitió agotar el
recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 250 del CPACA, pues todos
los cargos esbozados encuadraban en la causal 5.

Asimismo, señaló que no se configuraron los defectos alegados. Explicó que la
Sección Quinta sí era competente para conocer del asunto conforme al numeral 5
del artículo 149 del CPACA; que la sentencia se apoyó en pruebas que demostraban
las irregularidades del proceso de selección; que el acto analizado fue el Acta 918
del 14 y 15 de agosto de 2024 y no el contrato laboral posterior; y que el accionante
contó con todas las garantías procesales. Por ello, concluyó que la tutela pretendía
reabrir un debate ya resuelto por el juez natural.

8
Índice 00014 en el aplicativo SAMAI, certificado 3B42C387EA7A592C 13906DBDB30E7810
82E4317011362D01 B383C8ECBD1A83D8.
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Accionantes: Jorge Andrés Carrillo Cardoso

4.3. Empresas Públicas de Medellín ESP9 se opuso a las pretensiones de amparo,
Sostuvo que la improcedencia de la acción se sustentaba en el incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional porque la controversia es eminentemente legal
y societaria, el interés subyacente del actor es económico, la invocación de
derechos fundamentales es meramente formal y nominal, el mecanismo
constitucional se usa como si se tratara de una tercera instancia y no se demostró
una vulneración arbitraria o manifiestamente violatoria de las garantías del
accionante.

Manifestó que las supuestas irregularidades invocadas por la parte actora no tenían
efecto determinante, no había una afectación real de los derechos fundamentales,
la modulación de los efectos del fallo lo que hacía era preservar las garantías del
actor, por lo tanto, indicó que no se cumplía con el requisito de trascendencia
procesal.

En relación con el defecto orgánico, adujo que la autoridad accionada actuó dentro
de su ámbito competencial como juez natural de los procesos de nulidad electoral,
conforme a las disposiciones del CPACA y a su reglamento interno. Destacó que la
jurisdicción ya definió de manera definitiva la controversia sobre competencia en
providencias ejecutoriadas, por lo que la tutela no puede utilizarse para reabrir un
debate concluido. Asimismo, afirmó que la modulación de los efectos del fallo
constituía una facultad propia del juez electoral y no una extralimitación funcional.

Respecto del defecto sustantivo, argumentó que la sentencia se fundamentó en
normas vigentes, constitucionales y plenamente aplicables al caso, así como en los
estatutos y reglas de gobierno corporativo de ISA, los cuales tienen carácter
vinculante. Señaló que la decisión judicial no sustituyó las competencias de la junta
directiva, sino que verificó el apartamiento del procedimiento estatutariamente
previsto para la designación del presidente de la compañía.

Finalmente, frente al defecto fáctico, sostuvo que no existió valoración arbitraria ni
omisión probatoria. Precisó que el contrato laboral del accionante fue examinado
con el alcance jurídico que le correspondía como acto consecuencial a la elección
controvertida, y que los documentos aportados por las firmas consultoras sí fueron
valorados expresamente por la sentencia. A su juicio, la inconformidad del
accionante se reducía a una discrepancia con la apreciación probatoria efectuada
por el juez natural, insuficiente para configurar un defecto fáctico en sede
constitucional.

4.4. La empresa Interconexión Eléctrica S.A. ESP10 por intermedio del presidente
de la Junta Directiva, informó que todos los documentos que dan cuenta de dicho
procedimiento de selección obran en el expediente del proceso con radicado 11001-
03-28-000-2024-00194-00 que cursó ante la Sección Quinta del Consejo de Estado.

9
Índice 00017 en el aplicativo SAMAI, certificado 027BB741D1DD0B70 87F6788D4D5CEFAA
E2DAC81C2D93178D F93553AAE467C4DC.
10
Índice 00018 en el aplicativo SAMAI, certificado 78E9E4F48F868EB3 FD8099C60944928C
80329FF1CC3F39C7 F7C4EB51B9A844A2.
7

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02899-00
Accionantes: Jorge Andrés Carrillo Cardoso

Señaló que, mediante sentencia del 26 de febrero de 2026, la Sección Quinta del
Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección del presidente de ISA y ordenó
reanudar el proceso de selección desde el listado aprobado por el Comité de Talento
Organizacional en enero de 2024, con observancia de las reglas previstas en el
protocolo correspondiente. Indicó que, en cumplimiento de dicha decisión, la Junta
Directiva suspendió el contrato de trabajo del señor Jorge Andrés Carrillo y dispuso
su terminación una vez la providencia adquiriera firmeza. Asimismo, manifestó que
el Comité de Talento Organizacional retomó el proceso de selección, solicitó un
análisis sobre los actos preparatorios que podían adelantarse dentro de los límites
de la Ley de Garantías Electorales y, posteriormente, autorizó la realización de
dichas actuaciones para continuar con el proceso de designación del presidente de
la sociedad.

Por último, puso de presente que, en cumplimiento de la sentencia proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, el 14 de marzo de 2026 la Junta Directiva
de ISA decidió terminar el contrato de trabajo del señor Carrillo sin justa causa, con
el reconocimiento de la indemnización correspondiente, en aplicación de las
disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo. Precisó que dicha terminación se
hizo efectiva el 16 de marzo de 2026.

4.5. Los demás sujetos procesales, a pesar de haber sido notificados en debida
forma, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque
Jorge Andrés Carrillo Cardoso es el titular de las garantías constitucionales que
afirma fueron vulneradas, en su condición de demandado, dentro del proceso de
nulidad electoral identificado con el radicado núm. 11001-03-28-000-2024-00194-
00.

2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva porque la
Sección Quinta del Consejo de Estado fue la autoridad que profirió la decisión que,
según el tutelante, vulneró sus derechos fundamentales.

3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02899-00
Accionantes: Jorge Andrés Carrillo Cardoso

judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte accionante.

4. Procedibilidad de la acción.

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar
un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de
fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los
defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la
Corte Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200511 indicó que estas
proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de
carácter general, que habilitan la interposición de la tutela12 y otros de carácter
específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto13.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”14.

4.1. Relevancia constitucional

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las
decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto
exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que

11
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
12
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
13
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en
los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial
se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A
saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental,
que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto
es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d)
defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas
inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el
mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional;
g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación
directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme
al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación
de sus postulados.
13
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
14
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02899-00
Accionantes: Jorge Andrés Carrillo Cardoso

el asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga
una clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el
juez constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la
vez que garantiza la autonomía e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”15.

En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el
debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o
económicos; y, iii) que el reparo formule argumentos suficientes dirigidos a
demostrar la configuración de un defecto.

Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte,
el estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales,
el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o
de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas;
iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o
violatoria de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez
constitucional se establezca, exclusivamente, ante graves defectos
constitucionales.

Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte
de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención
del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o
repercusión en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el
interés público, ya que el asunto debe trascender el interés particular de las partes
y generar un efecto más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad
y fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.
15
Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
10

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02899-00
Accionantes: Jorge Andrés Carrillo Cardoso

Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir
con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que
ha hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la
causa ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los
defectos definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control
constitucional concreto16.

5. Caso concreto

La Sala anuncia que la presente acción de tutela no cumple con el requisito de
relevancia constitucional, por las razones que se exponen a continuación:

5.1. Del examen del escrito de tutela se advierte que el accionante cuestiona, en
esencia, la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado por
considerar que esta incurrió en diversos defectos específicos de procedibilidad.

En primer lugar, alegó la configuración de un defecto orgánico, al sostener que dicha
autoridad judicial carecía de competencia para ejercer control sobre un acto que, en
su criterio, tiene naturaleza societaria y fue expedido por la junta directiva de ISA,
entidad sometida a un régimen predominantemente de derecho privado. Asimismo,
afirmó que la corporación accionada excedió el ámbito de sus atribuciones al
modular los efectos de la nulidad declarada e impartir directrices relacionadas con
la continuación del proceso de selección del presidente de la compañía.

En segundo término, invocó un defecto sustantivo, al estimar que la providencia
desconoció el régimen jurídico aplicable a ISA, las reglas de gobierno corporativo
que regulan su funcionamiento y la autonomía reconocida al Comité de Talento
Organizacional dentro del procedimiento de selección.

De igual manera, adujo la configuración de un defecto fáctico, sustentado en la
presunta valoración indebida de algunas pruebas y en la omisión de analizar otras
que, a su juicio, resultaban determinantes para la resolución del litigio,
particularmente el contrato de trabajo suscrito por el accionante y la documentación
emitida por la firma encargada de adelantar el proceso de selección.

Finalmente, sostuvo que la providencia incurrió en una violación directa de la
Constitución, al considerar que la interpretación acogida por la autoridad judicial
desconoció los principios de debido proceso, legalidad, reserva de ley, favorabilidad,
seguridad jurídica y confianza legítima.

5.2. Ahora bien, del análisis de los aspectos abordados en la decisión cuestionada,
se advierte que, en la sentencia del 26 de febrero de 2026, dictada por el Consejo
de Estado-Sección, se arribó a las siguientes conclusiones:

“112. De acuerdo con la demanda y su reforma dentro del expediente 2024-
00205, para el demandante se presentaron las siguientes irregularidades: i) no

16
Cfr. sentencia C-590 de 2005.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02899-00
Accionantes: Jorge Andrés Carrillo Cardoso

se cumplen con los criterios de evaluación por parte del demandado, ello bajo
el entendido que se efectuaron modificaciones a la matriz y al protocolo de
evaluación inicialmente adoptados, que lo favorecieron y lo dieron como
elegido; ii) la junta directiva retomó el proceso de selección desconociendo que
debía ser adelantado por el Comité de Talento Organizacional con apoyo de las
firmas Korn Ferry y Kroll y; iii) la mayoría de la junta actuó sin la diligencia
exigida pese a las advertencias sobre las bajas calificaciones, las
investigaciones en curso y los riesgos legales del señor Jorge Andrés Carrillo
Cardoso.

113. Según afirma el demandante, tales hechos configuran la causal de
expedición irregular, la cual, conforme a la jurisprudencia de la sección17, se
presenta por el desconocimiento de una formalidad o procedimiento que sea
sustancial y tenga la capacidad de alterar el resultado de la decisión definitiva.
De acuerdo con ese antecedente:

[l]a expedición irregular es un vicio de nulidad de los actos administrativos
que se materializa cuando se vulnera el procedimiento determinado para su
formación, es decir, cuando la actuación administrativa adolece de
anomalías o se desarrolla con desconocimiento del trámite previsto en el
ordenamiento jurídico. Ahora bien, no cualquier irregularidad puede afectar
la validez del acto administrativo, pues, las formas no son un fin en sí mismo,
sino un medio para materializar el derecho objetivo, lo anterior, con
fundamento en el artículo 228 de la Carta que consagra la prevalencia del
derecho sustancial sobre el procesal o adjetivo. Por lo tanto, debe tratarse
de irregularidades en el trámite de carácter sustancial, que puedan afectar el
sentido de la decisión o que generen una grave lesión a los derechos
fundamentales de los intervinientes en la actuación.

Así entonces, de lo que se trata es de verificar si la autoridad omitió ajustarse
al proceso de formación que el ordenamiento jurídico ha previsto para la
expedición del acto administrativo y si esas supuestas irregularidades
pueden tener la entidad suficiente para afectar la validez del acto. Para tal
fin, es necesario determinar cuál es la norma a la que el procedimiento
administrativo debió ceñirse, ya que solo, en esa medida, se puede examinar
si se presentó o no alguna anomalía.

114. Con estos parámetros, procede la sala a examinar las actuaciones
adelantadas dentro del proceso de selección y nombramiento del presidente de
ISA, a fin de establecer si se ajustaron a las disposiciones estatutarias que lo
regulan o, por el contrario, si se presentaron desviaciones sustanciales capaces
de configurar la expedición irregular del acto”18.

Respecto de la primera irregularidad, relativa a la modificación de los criterios de
evaluación:

“115. El trámite que condujo a la expedición del acto acusado se encuentra
documentado en las actas del Comité de Talento Organizacional y de la Junta
Directiva de ISA obrantes en el expediente. A partir de dicho material es posible
reconstruir con precisión las decisiones adoptadas durante el proceso de
selección.

2.5.1.1.1. Matriz de evaluación inicial y preselección

17
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia de 4 de noviembre de 2021. Radicado 11001-03-28-000-2019-
00059-00. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
18
Índice 00140 del expediente de nulidad electoral con radicado 11001-03-28-000-2024-00194-00 en el
aplicativo SAMAI, certificado F7572D2F1EBAC5FE 5871CC4F95B31779 495DF65D86346710
CF256769E55A3EB7.
12

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02899-00
Accionantes: Jorge Andrés Carrillo Cardoso

116. En particular, en las reuniones celebradas los días 5 y 11 de enero de
2024, según consta en las actas 65 y 66, se aprobó la versión definitiva del
documento titulado «Descripción de la posición y afinación del perfil». En cuanto
al requisito de experiencia, se estableció lo siguiente:
• Más de 15 años de experiencia en posiciones de alta dirección y liderazgo en
empresas multinacionales, multilatinas y/o grupos empresariales en la región.
• Fuerte preferencia por experiencia en sectores de infraestructura lineal.
Deseable que sea en los sectores de infraestructura energética, infraestructura
vial y/o afines. Igualmente sería deseable que tenga experiencia en temas de
nuevos negocios de energía (almacenamiento, sistemas energéticos
distribuidos y energías renovables no convencionales).
• Experiencia en negociaciones internacionales y en el liderazgo de
transacciones e inversiones de gran tamaño.
• Experiencia construyendo equipos de alto rendimiento y creando ambientes
que incentivan innovación, excelencia en la ejecución y sostenibilidad integral.
• Networking internacional. Conocimiento y experiencia en las distintas
geografías en las que está presente la organización. Alta capacidad de
relacionamiento en influencia con gobiernos, reguladores, banqueros e
inversionistas en los diferentes países.

117. Estos requisitos, aprobados formalmente por el comité, configuran un
estándar profesional elevado y constituyen un criterio técnico esencial para la
evaluación y eventual selección de candidatos.

118. En esas mismas reuniones, se solicitó a la firma cazatalentos y a la
Vicepresidencia de Talento Organizacional la elaboración de una matriz cuyos
componentes reflejaran los elementos principales del perfil y permitieran evaluar
comparativamente a los aspirantes.

119. El perfil del «candidato ideal» fue estructurado en 10 aspectos específicos
de experiencia y habilidades técnicas, los cuales se trasladaron a una matriz de
calificación que se aprobó. Cada criterio se acompañaba de descriptores
definidos y se valoraba en una escala de 1 a 4, con el fin de permitir una
evaluación objetiva del nivel de desarrollo de los candidatos frente a las áreas
de experiencia exigidas, así:

120. En las sesiones del 23 y 24 de enero de 2024 (acta 67), la representante
de Korn Ferry presentó el primer reporte de progreso del proceso de selección
del presidente de ISA, en el que se destacó lo siguiente:

13

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02899-00
Accionantes: Jorge Andrés Carrillo Cardoso

• Se contactaron alrededor de 50 candidatos, de los cuales 27 habían declinado
la invitación.
• Se expusieron los nombres y el análisis de 22 interesados, de los cuales 16
habían sido identificados por la cazatalentos y 6 indicaron su interés en
participar (entre ellos el demandado).
• Se presentó una matriz con los 22 candidatos y la evaluación realizada del
ajuste de cada uno de ellos con los requisitos definidos en la descripción de la
posición y el perfil único.

121. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

122. En la misma sesión, los miembros del comité acordaron criterios que
permitirían excluir aspirantes de la lista de 22, así:

i. Los candidatos cuya edad no permitiera asegurar una vocación de
permanencia mínima de cinco años, teniendo en cuenta que la política de
jubilación de la organización fija los 67 años como edad máxima de
permanencia;
ii. Aquellos respecto de quienes la administración o el comité tuvieran
conocimiento de cuestionamientos éticos o de cumplimiento;
iii. Los considerados muy «junior» para la posición, esto es, con una experiencia
específica inferior a la exigida para el cargo.

123. A continuación, y con el apoyo de la firma cazatalentos, se identificaron los
candidatos que encuadraban en alguno de los criterios de exclusión
previamente definidos. Por consenso, se estimó que debían pasar a la fase
siguiente los siguientes 13 aspirantes:

1. André Cangucú,
2. José Arosa,
3. Juan Ricardo Ortega,
4. David Acosta,
5. Mónica Contreras,
6. Guillermo Fonseca,
7. Aurelio Bustilho,
8. Ana Milena López,
9. Luciano Tommasi,

14

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02899-00
Accionantes: Jorge Andrés Carrillo Cardoso

10. Sandra Fonseca,
11. Daniel Isaza,
12. Michel Janna y,
13. Ricardo Rodríguez Yee.

124. Inicialmente no se consideraron los nombres de la señora Mónica
Contreras y del señor Ricardo Rodríguez Yee; sin embargo, los integrantes del
comité realizaron una reevaluación y advirtieron que la primera cumplía con
buena calificación las condiciones solicitadas en la adecuación del cargo y el
perfil, razón por la cual decidieron incluirla en el listado (puesto número 5). Por
otra parte, Ricardo Roa como integrante del comité, solicitó la inclusión del
segundo y quedó en el puesto número 13.

(…)

126. Posteriormente, en la sesión del 7 de marzo de 2024 (acta 70), se explicó
detalladamente lo discutido y decidido en reuniones anteriores respecto de la
exclusión de 9 candidatos, identificándolos así:

127. Adicionalmente, se registró que el señor Pedro Pablo Errázuriz manifestó
su intención de continuar en otras juntas directivas que le representaban
mayores ingresos que la compensación ofrecida por ISA, razón por la cual
también fue excluido.

128. Se explicó que, con el fin de depurar el listado de aspirantes, se decidió no
priorizar a quienes obtuvieron los puntajes más bajos en la matriz, dada su
menor cercanía con los requisitos y competencias exigidas para el cargo.

129. Frente al punto, en el acta se consignó lo siguiente:

«[…] Gabriela Castro [representante de Korn Ferry]: Cuando llegamos acá,
[…] el comité decide que Jorge Carrillo y Omar Vargas, en ese momento
decide no fueran priorizados, y creo que habíamos tal vez dicho que tal vez
Ricardo Rodríguez G. tampoco pero el doctor Roa dijo que él quería que se
priorizara a Ricardo Rodríguez. G. y se quedó en la lista de estos 13.

Fabiola Leal [integrante del comité]: qué quiere decir no priorizados o sea
con base qué criterios los sacamos son no priorizados.

Luis Ferney Moreno [integrante del comité]: que quiere decir no priorizados
o sea con que dirección.

Gabriela Castro [representante de Korn Ferry]: no es de los que íbamos a
seguir adelante a ir a profundidad a hacerle la entrevista profunda y demás
porque no se consideraba que fuera un candidato que tuviera la experiencia
necesaria.

Diego Muñoz Tamayo [integrante del comité]: y la idoneidad y eso resulta de
esta calificación.

Gabriela Castro [representante de Korn Ferry]: esto resulta de esta
calificación, exactamente dónde quedan ellos al final, estas tres personas.

Luis Ferney Moreno [integrante del comité]: con cuál porcentaje.
15

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02899-00
Accionantes: Jorge Andrés Carrillo Cardoso

Gabriela Castro [representante de Korn Ferry]: 24, 23 y 21.

Diego Muñoz Tamayo [integrante del comité]: 24, 23 y 21 pero ya había un
parámetro previo que señalara que estos que tuvieran ese porcentaje no iban
a ser priorizados.

Diego Muñoz [integrante del comité]: no había el parámetro previo, pero es
que el criterio que se tomó es no podemos entrevistar a 22 de los 22,
tenemos que priorizar a 10 o 12. Incluso terminamos en un momento
priorizando a 14, que hoy, como van a ver, se cayeron a creo que 12.

Fabiola Leal [integrante del comité]: pero no es porque haya una regla
objetiva previa que diga de esa matriz hasta los que tengan tanto puntaje en
adelante o algo así, como para que sea objetivo, que diga quiénes clasifican
o cómo, cómo ese salto.

Diego Muñoz [integrante del comité]: no, es que, es que no hay cómo saber
eso. Ese es un ejercicio imposible porque, pues precisamente se hace la
matriz y se hace la evaluación y cuando uno evalúa a la luz de una matriz,
pues normalmente tiende a priorizar los que mejor calificaron. Ahora, dentro
de esos que mejor calificaron, pues hubo unos que tenían otros elementos
por los cuales salieron, pero no tendría lógica que si uno tiene un señor de
38 ponga de prioridad el que tiene 21. […]»

130. Así las cosas, el señor Jorge Andrés Carrillo Cardoso quedó por fuera de
la lista conformada con 13 candidatos y, en el acta 67 se dejó constancia de
que la firma cazatalentos revisaría con mayor profundidad su perfil para
determinar si debía incluirse o no. Lo anterior, en razón a la intervención de los
señores Andrés Felipe Mejía y Ricardo Roa”19.

La autoridad judicial resaltó que tal aspecto fue reiterado en la sesión del 14 de
febrero de 2024 (Acta 68), en los siguientes términos:

“En este punto de la reunión el doctor Ricardo Roa manifestó tener una duda
respecto del nombre del señor Jorge Carrillo y el planteamiento que él había
hecho en la pasada sesión del Comité, en el cual hicieron una lista de quienes
no pasaban, quienes sí continuaban adelante en el proceso y una tercera lista
de quienes quedaban en una bandeja para discusión posterior de si pasaban o
no a la siguiente ronda. Agregó que en ese momento él recordaba haber
propuesto que fuera la head hunter quien hiciera una revisión y, a su criterio
definir si los incluía o no los incluía. Al respecto, Diego Muñoz Tamayo, luego
de haber hecho un resumen de la forma en que se había desarrollado esa
conversación en la pasada sesión, recogió la propuesta del doctor Roa en dos
puntos: (i) que en el acta No. 67 queda reflejado lo expresado por el doctor
Ricardo Roa con relación al tema y, (ii) solicitarle a la doctora Gabriela Castro
que se agote la revisión y análisis, con mayor profundidad, con el fin de
verificar si el doctor Carrillo cumple o no con los requisitos del cargo.
[Resaltado de la sala]”20.

Sostuvo que, aunque el señor Jorge Andrés Carrillo Cardoso quedó sujeto a una
evaluación posterior por parte de la firma cazatalentos para determinar si cumplía o
no con los requisitos del cargo, la situación quedó resuelta cuando Korn Ferry indicó:

19
Ibid.
20
Ibid.
16

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02899-00
Accionantes: Jorge Andrés Carrillo Cardoso

“«Jorge es inteligente y da la impresión de ser un ejecutivo agradable y muy
seguro de sí mismo. Si bien obtuvo resultados aceptables en su assessment,
después de una evaluación más profunda de sus experiencias y perfil de
liderazgo, concluimos que no debería ser considerado como candidato
prioritario para una posición de alta dirección en una empresa de
infraestructura grande, regional, pública y financieramente sofisticada
como lo es ISA, ya que reúne varias características en su perfil que en su
conjunto lo hacen un candidato menos viable. Aunque sus 2.5 años de
experiencia como CEO de EPM son relevantes, su experiencia laboral previa
sugiere que tiene más antecedentes en el ámbito de tratamiento de aguas y
saneamiento. En lugar de trabajar con operadores de activos en dicha industria,
optó por aspectos regulatorios y de formulación de políticas que son
menos relevantes como experiencia para prepararlo en el momento de
liderar a ISA de manera estratégica. Además, su carrera ha sido muy
inconsistente (con múltiples asignaciones de 1 a 2 años) y en ocasiones ha
tenido varias asignaciones simultáneas (Andesco, Normandia y TNC). También
ha tenido muchas asignaciones fuera del entorno tradicional de empresas
del sector privado, principalmente a nivel federal/municipal/asociaciones,
donde las afiliaciones políticas desempeñan un papel más importante en
el crecimiento profesional que los criterios de evaluación basados en
referencias y criterios formales. Aunque creemos que trabajar en agencias
gubernamentales es una buena experiencia para una carrera en
infraestructura, en su caso esto ha ocurrido de manera desorganizada
(con asignaciones cortas) y a expensas de no desarrollar completamente
áreas clave como recursos humanos, finanzas, comerciales, legales, etc.,
que son fundamentales para llegar a ser un CEO plenamente capacitado.
Además, su experiencia en juntas directivas es bastante limitada (2) y con
asignaciones breves (1 mes en Isa y 9 meses en EPM). Nos resulta difícil
creer que alguien tan experimentado como Rui Chammas (CEO de ISA-CTEEP)
en Brasil, uno de los activos más relevantes en el portafolio de ISA, considere
a Jorge Carrillo como superior a él. En resumen, desde nuestra perspectiva,
hay opciones más adecuadas para que la junta directiva considere, y, en
base al riesgo que traería su nombramiento, la candidatura de Jorge no
debería ser prioritaria.» [Resaltado de la sala]”21.

De lo anterior, la Sección Quinta del Consejo de Estado advirtió que inicialmente se
conformó una lista con 13 candidatos, incluida Mónica Contreras respecto de la cual
el comité realizó una nueva revisión de requisitos, concluyendo que debía ser
incluida. Los demás candidatos fueron excluidos y Jorge Carrillo quedó pendiente
de un nuevo estudio por parte de la empresa cazatalentos; sin embargo, ésta le
mantuvo una baja calificación para ocupar el cargo de presidente de ISA; es decir
que no existió ningún fundamento para que fuera reincorporado.

Por lo tanto, el juez ordinario afirmó que los 13 preseleccionados debían pasar a la
etapa de entrevista a profundidad, valoración de competencias (assessment) y
verificación de referencias a cargo de Korn Ferry. Asimismo, la administración debía
adelantar con diligencia la correspondiente evaluación de riesgos e identificar
posibles conflictos de interés, inhabilidades o incompatibilidades.

Posteriormente analizó el cambió de los integrantes del Comité del Talento
Organizacional y manifestó que, conforme a lo establecido en el artículo 1 del

21
Ibid.
17

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Accionantes: Jorge Andrés Carrillo Cardoso

Acuerdo 125 de 2021, este debía estar integrado por cinco miembros de la Junta
Directiva de ISA, en su mayoría independientes, para un periodo de un año.

No obstante, indicó que según se desprende de las actas, después de la reunión
realizada los días 23 y 24 de enero de 2024 (cuando la lista larga de 22 aspirantes
ya había sido depurada con 13 candidatos) se produjo un relevo total en la
composición del órgano técnico, conformándose paulatinamente con los siguientes
integrantes: Carlos Raúl Yepes (independiente nominado por EPM), Fabiola Leal
Castro (independiente nominada por Ecopetrol), Luis Ferney Moreno Castillo
(independiente nominado por Ecopetrol), David Alfredo Riaño Alarcón (patrimonial
nominado por Ecopetrol) y Germán Arce Zapata (independiente nominado por los
fondos de pensiones y cesantías).

Adicional a ello, la autoridad judicial indicó:

“141. En la reunión del 9 de julio de 2024 (acta 82), la representante de Korn
Ferry informó que la lista larga quedó conformada por 21 aspirantes, quienes
fueron evaluados con base en la matriz actualizada. De estos, 15 que venían
desde el inicio del proceso y 6 eran nuevos candidatos. Los resultados fueron
los siguientes comparando con los que tenían una calificación inicial:

142. El comité deliberó sobre el puntaje mínimo para pasar a la siguiente etapa
de entrevistas a profundidad por parte de la firma cazatalentos, estableciendo
un corte de 26 puntos como criterio para conformar la lista corta. Con ello,
pasarían 15 aspirantes a la siguiente fase, incluido el demandado.

143. Conforme a lo expuesto, el Comité de Talento Organizacional alteró los
criterios de evaluación originalmente aprobados en las sesiones iniciales del
proceso. Tales modificaciones fueron introducidas después que la firma
cazatalentos efectuó una primera valoración de los aspirantes con base en la
matriz inicial y, cuando ya se habían excluido 9 candidatos, entre ellos el señor
Jorge Andrés Carrillo Cardoso.

144. Esta modificación posterior, realizada en plena marcha del proceso,
impactó directamente la objetividad y estabilidad del método de evaluación,
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Accionantes: Jorge Andrés Carrillo Cardoso

introduciendo condiciones nuevas cuando algunos participantes ya habían
quedado por fuera conforme a los parámetros vigentes en ese momento y, pese
a ello, admitiendo nuevos aspirantes, lo que también constituye una
irregularidad, de la cual no se hará mayor mención, en la medida que no afectó
el proceso del demandado.

145. Sobre los cambios, el secretario del comité efectuó la siguiente
manifestación durante las sesiones celebradas los días 23 y 30 de mayo de
2024:

«[…] Carlos Humberto Delgado: bueno, gracias por permitírmelo, pero miren,
yo quiero hacer como dos o tres reflexiones. La primera, una de las garantías
del proceso era que había ciertas definiciones que se hacen previa a tener listas
de nombres y eso era lo que se había procurado desde la administración y
desde el asesor: descripción de posición y descripción de perfil, perfil único y
matriz y escogencia de head-hunter, la clave era hacerla antes de que
apareciera siquiera un nombre. Se ha tomado otras decisiones y son súper
respetables y entendibles, pero es un hecho que hoy empieza ya un tema que
se puede volver un juego, un tiro al blanco al revés ¿Cierto? Pararse detrás de
la diana, poner en el centro y disparar. Entonces cuando ya uno empieza a tocar
o perfil o matriz o perfil único y hay nombres, es obvio que sé que se generen
este tipo de discusiones y por favor entiéndanmelo con todo el respeto. […]»

146. Esta apreciación fue reiterada en su declaración extraprocesal incorporada
al expediente, en donde señaló que, a su juicio, los cambios en la matriz y el
protocolo afectaron la objetividad.

147. También se observa, conforme al último cuadro (párrafo 141), que, en la
segunda evaluación realizada por Korn Ferry, únicamente aumentaron su
puntaje el demandado en 4 puntos y el señor Omar Vargas en 1 punto. A los
otros 13 aspirantes previamente evaluados les disminuyó la calificación en
promedio 5 puntos y esa variación en las condiciones permitió que el señor
Jorge Andrés Carrillo Cardoso ascendiera a los primeros lugares de la tabla y
se beneficiara del corte de 26 puntos que aplicó el comité, corte con el cual no
habría pasado si se hubiera mantenido la calificación inicial que fue de 24.

148. Los cambios introducidos exigían una justificación técnica y documental
sólida que permitiera descartar cualquier apariencia de arbitrariedad o interés
de beneficiar algún candidato: sin embargo, del análisis de las actas en las que
se debatió este asunto se observa que, aunque inicialmente se pretendió
suprimir de la matriz de evaluación ciertos elementos subjetivos (como el
denominado seniority), las modificaciones finalmente aprobadas trascendieron
ese propósito y terminaron alterando descriptores objetivos que ya habían sido
definidos y validados con anterioridad.

149. A modo ilustrativo, puede observarse la modificación introducida en el
descriptor correspondiente al nivel 4 del criterio «escala y complejidad» de la
matriz de evaluación:

150. La justificación de la evaluación de este aspecto respecto del demandado
arrojó el puntaje máximo (4 puntos) representado por el circulo lleno, así:

19

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Accionantes: Jorge Andrés Carrillo Cardoso

151. Estas alteraciones añadieron el criterio de EBITDA (relacionado con la
rentabilidad operativa) y aumentaron los requisitos de ventas y número de
empleados en aproximadamente un 150%. Como consecuencia, la calificación
del demandado se incrementó debido a su experiencia concreta como gerente
de EPM, mientras que la puntuación de otros aspirantes se redujo al no alcanzar
las magnitudes exigidas por los nuevos descriptores, tal como se advierte en el
cuadro del párrafo 141, aspecto que, como ya se señaló, hizo que se modificara
la evaluación del elegido en su favor.

152. Esta situación fue señalada expresamente en las declaraciones
extraprocesales rendidas por los miembros de la Junta Directiva de ISA Carlos
Raúl Yepes Jiménez, Camilo Zea Gómez y Germán Arce Zapata, quienes
afirmaron que la modificación introducida en la matriz tenía como efecto y
eventualmente como propósito, favorecer la calificación del señor Carrillo
Cardoso

(…)

159. Estas modificaciones, introducidas en un momento en el que el proceso ya
contaba con un avance significativo, incluida la depuración de la lista larga de
22 a 13 candidatos, y cuando la identidad, el desempeño y los puntajes
preliminares de los aspirantes eran plenamente conocidos por el comité, dieron
lugar a un quiebre en la objetividad que debe regir la selección de altos
directivos.

160. En consecuencia, la modificación de la matriz de evaluación, adoptada
cuando el proceso se encontraba avanzado, constituye una irregularidad
sustancial que vicia la decisión definitiva, en tanto los cambios favorecieron la
inclusión (pese a su exclusión previa) de quien finalmente resultó elegido
presidente de ISA”22.

La Sección Quinta del Consejo de Estado, al analizar la segunda irregularidad
relacionada con la asunción directa del proceso de selección por parte de la Junta
Directiva, concluyó que se configuró una anomalía sustancial, por cuanto dicho
órgano asumió directamente la conducción del procedimiento para la designación
del presidente de la sociedad, pese a que los estatutos y el protocolo vigente
atribuían esa función al Comité de Talento Organizacional, con el apoyo técnico de
la firma cazatalentos contratada para ese propósito.

Según expuso la corporación, a partir de esa intervención la Junta Directiva modificó
las reglas inicialmente previstas, introdujo nuevos criterios de evaluación, depuró
sucesivamente las listas de aspirantes y determinó cuáles candidatos avanzarían
en cada una de las fases del proceso. En ese contexto, concluyó que tales
actuaciones excedieron el ámbito competencial definido en los estatutos sociales y
alteraron las condiciones bajo las cuales debía adelantarse el procedimiento de
selección.

Asimismo, la Corporación consideró que las circunstancias invocadas para justificar
la reasunción del proceso, relacionadas con discrepancias internas y una
conversación entre funcionarios vinculados al proceso de selección, no constituían
una razón válida para desconocer el procedimiento previamente establecido. En ese
sentido, estimó que la junta directiva sustituyó indebidamente al órgano técnico

22
Ibid.
20

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02899-00
Accionantes: Jorge Andrés Carrillo Cardoso

encargado de la evaluación y alteró la estructura institucional diseñada para la
selección del presidente de la compañía.

Con fundamento en ello, la Sección Quinta del Consejo de Estado sostuvo que el
respeto de las reglas procedimentales constituía una garantía esencial de la
legalidad y legitimidad de las decisiones electorales, incluso en procesos de
elección distintos al voto popular. Por tal razón, concluyó que el desconocimiento
del procedimiento estatutario por parte de la junta directiva configuró una
irregularidad sustancial que vició la elección del presidente de ISA y comprometió
la validez del acto definitivo.

Respecto de la tercera irregularidad, esto es, la desatención de las
recomendaciones de los expertos contratados; la providencia reprochada señaló
que para establecer si existió una irregularidad debía precisarse cuál era el papel
que cumplía la firma Korn Ferry, dentro del proceso de selección y elección del
presidente de ISA. Para ello parte del artículo 37 de los estatutos de ISA, según el
cual:

“La dirección de la administración y representación legal de la sociedad estará
a cargo del presidente de la sociedad, quien será elegido por la Junta Directiva
a través de un proceso de selección planeado y gestionado por el Comité de
Talento Organizacional o quien haga sus veces, con la asesoría de una
empresa especializada en selección y contratación de ejecutivos
“Headhunter”. [Resaltado de la sala]”23

A partir de esta norma la autoridad accionada sostuvo que:

186. En ese marco normativo, la firma Korn Ferry cumple la función de
«asesorar» al Comité de Talento Organizacional, dada su especialidad en la
selección y evaluación de ejecutivos. Su participación, por tanto, constituye un
apoyo técnico destinado a suministrar insumos objetivos para la toma de
decisiones por parte de los órganos competentes.

187. En este contexto, el verbo asesorar significa «dar consejo o dictamen»,
mientras que aconsejar se entiende como «decir a alguien que algo es bueno o
beneficioso para él» o «dar a alguien un consejo u opinión sobre lo que tiene
que hacer».

188. En la etapa probatoria, la firma cazatalentos, en respuesta al requerimiento
formulado, precisó que:

«Korn Ferry asesora a sus clientes en la identificación de candidatos para
posiciones ejecutivas y gerenciales que cumplan con características
definidas, y diseña e implementa procedimientos que permitan alcanzar tal
fin. Sin embargo, Korn Ferry no hace recomendaciones a sus clientes sobre
qué candidato seleccionar, sino que se limita a reportar el avance de los
procesos de selección, lo cual incluye la indicación de los resultados
obtenidos por los candidatos en relación con los procedimientos de
evaluación aplicados.»

189. Para la sala, aunque la asesoría no resultaba jurídicamente vinculante,
bajo las normas internas de la sociedad, su desconocimiento exige una

23
Ibid.
21

0000
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02899-00
Accionantes: Jorge Andrés Carrillo Cardoso

justificación expresa, trazable y coherente con los insumos técnicos del
proceso, en consonancia con las buenas prácticas de gobierno corporativo, ello
por cuanto, fue voluntad de la misma empresa, plasmada en sus estatutos, que
este trámite estuviera precedido de tal acompañamiento, en consideración al
perfil técnico, de competencias y de liderazgo que recae en el presidente de
aquella.

190. En este caso, el primer reporte entregado por Korn Ferry se presentó en la
reunión del 23 y 24 de enero de 2024 (acta 67). Allí se indicó que el señor Jorge
Andrés Carrillo Cardoso (quien se autopostuló) obtuvo 24 puntos en la matriz,
ubicándose en el puesto 20 de 22 de los calificados.

191. Con fundamento en ello, el comité decidió excluirlo de los
preseleccionados en esa misma sesión, al advertir que no contaba con las
mejores calificaciones dentro del grupo evaluado.

192. Posteriormente, tras modificarse la matriz (como se explicó previamente),
esta fue nuevamente aplicada a los integrantes de la lista larga, incluido el
demandado, así como a nuevos interesados que ingresaron al proceso. En esta
segunda evaluación, según lo registrado en la reunión del 9 de julio de 2024
(acta 82), el demandado obtuvo 28 puntos, ubicándose en el puesto 8 entre 21
evaluados.

193. En la sesión del 18 de julio siguiente (acta 83) se presentaron los
resultados de la evaluación 4D, lo que arrojó lo siguiente:

194. Luego, en la sesión del 22 de julio de 2024, Korn Ferry presentó a la junta
directiva 2 categorías de aspirantes: i) «Priorizados y recomendados», y ii)
«menos calificados», con base en los resultados integrados de la matriz, la
evaluación a profundidad y la evaluación 4D, a saber:

195. Frente al demandado se expuso por parte de Korn Ferry ante la junta
directiva, según se trascribió en el párrafo 132, que no debería ser considerado
para una posición de alta dirección en una empresa de infraestructura grande,
regional, pública y financieramente sofisticada como lo es ISA, por lo que las
características en su perfil lo hacen un candidato menos viable.

22

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02899-00
Accionantes: Jorge Andrés Carrillo Cardoso

196. Pese a lo anterior, el nombre del señor Jorge Carrillo Cardoso fue incluido
en los listados de 15, 10 y 5 finalistas.

197. Se recuerda que la contratación de la cazatalentos no es meramente
instrumental, de ella, como se advierte, deviene un amplio estudio del sector en
el que se encuentra ISA, ello con el fin de hacerla operativa y competitiva, si se
tiene en cuenta su naturaleza de ser una empresa de servicios públicos mixta
cuyo objeto social cobija la transmisión de energía eléctrica en Latinoamérica.
Es un emisor inscrito en el mercado público de valores, condición que requiere
un perfil específico que, para su consecución, las normas internas previeron que
debía ser con apoyo de un Headhunter.

198. A partir del análisis del material probatorio, se evidencia que la junta
directiva, sin que mediara concepto del comité de talento organizacional, se
apartó de manera injustificada de los insumos técnicos suministrados por la
firma especializada contratada para el proceso”24.

A partir de ello la Sección Quinta del Consejo de Estado concluyó que la junta
directiva incurrió en una irregularidad sustancial al permitir que el demandado
avanzara a las etapas finales del proceso de selección y fuera incluido entre los
candidatos finalistas, sin explicar las razones para apartarse de la evaluación
técnica que descartaba si idoneidad para dirigir ISA. Señaló que esa falta de
motivación desconoció los principios de transparencia, racionalidad, trazabilidad y
objetividad, pues la junta ignoró los criterios y recomendaciones especializadas que
debían orientar la valoración de los aspirantes y garantizar la imparcialidad y el rigor
del proceso de elección.

Por otra parte, en lo que hace a la evaluación de riesgos presentada por la firma
Kroll50, esta arrojó para el demandado un resultado global de «alerta alta»,
conforme al consolidado expuesto en el informe, así:

Adujo que, según ese reporte dicha alerta obedeció principalmente a información
adversa proveniente de fuentes abiertas, medios de comunicación, redes sociales
y fuentes humanas sobre su gestión como gerente de EPM. Asimismo, se indicó
que esas fuentes mencionaron dos investigaciones preliminares en la Fiscalía.

En cuanto al alcance del informe, la autoridad judicial manifestó que, en las sesiones
del Comité de Talento Organizacional del 18 de julio de 2024 (acta 83) y de la junta
directiva del día siguiente (acta 913), el representante de Kroll precisó que su labor
no constituía evaluación de capacidad, idoneidad o experiencia, ni emitía una
opinión favorable o desfavorable sobre la contratación; pues su propósito era
aportar elementos de análisis para apoyar la decisión. Aunado a esto expuso:

24
Ibid.
23

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02899-00
Accionantes: Jorge Andrés Carrillo Cardoso

“205. Asimismo, explicó que, de los 25 candidatos analizados, ninguno
registraba alertas restrictivas, pues no aparecían en listas internacionales de
cumplimiento ni presentaban antecedentes disciplinarios o fiscales.

206. Sobre este punto, en declaración extraprocesal, Sonia Margarita Abuchar
Alemán (secretaria de la junta directiva y vicepresidenta jurídica) indicó que los
dos aspectos objetivos del informe eran las listas restrictivas y los registros
públicos; al no existir hallazgos en ellos, la junta directiva ponderó y descartó
los elementos subjetivos, por lo cual tales resultados no excluían al demandado
como aspirante.

207. A su vez, Ricardo Roa Barragán (miembro de la junta directiva), en la
declaración extraprocesal manifestó que las alertas globales son
ponderaciones, que los elementos subjetivos (redes, política) no deben
prevalecer, y que, aunque Kroll reportó un proceso ejecutivo, no lo estimó una
gran alerta, dando primacía a la inexistencia de alertas restrictivas y al respeto
de la buena fe, sin fundar decisiones en percepciones subjetivas.

208. Para la sala, en efecto, la intervención de este experto no está prevista de
manera expresa en la normativa interna que regula específicamente la elección
del presidente de ISA; por tanto, no es vinculante. Además, como se expuso, el
demandado no presentaba «alertas restrictivas» (no estaba en listas
internacionales de cumplimiento ni registraba antecedentes disciplinarios como
servidor público), factores que, de existir, sí tendrían entidad para excluirlo del
proceso.

209. Distinto ocurre con las alertas altas en «medios/fuentes abiertas» y «redes
sociales», pues se refieren a contenidos mediáticos y digitales que, en lo
sustancial, cuestionan su gestión como gerente de EPM. Tal circunstancia no
constituye, por sí misma, causal de exclusión; y, para la sala, la sola mención
en medios o redes por presuntas conductas eventualmente reprochables no
desvirtúa la idoneidad, en garantía del principio de presunción de inocencia del
artículo 29 de la Constitución Política. Por ello, este argumento no prospera para
afectar la legalidad de la elección.

210. Con todo, tales advertencias debieron valorarse en conjunto con los demás
resultados técnicos del proceso, sin erigirse, por sí solas, en factor determinante
para continuar o excluir en la selección”25.

Por otra parte, en la decisión cuestionada se arriba a una conclusión frente a la
expedición irregular:

“2.5.1.4. Conclusión frente a la expedición irregular

211. En suma, la sala encuentra plenamente configurado este vicio y con
entidad suficiente para afectar la validez del acto acusado, toda vez que: i) se
introdujo una modificación sustancial a los criterios de evaluación cuando el
proceso de selección ya se encontraba avanzado, alteración que incidió de
manera determinante en la puntuación del demandado; ii) la junta directiva
asumió directamente funciones técnicas de evaluación y depuración que
correspondían al Comité de Talento Organizacional, desbordando su ámbito
competencial; y iii) se desatendieron, sin justificación expresa, objetiva y
trazable, los resultados de la calificación realizada por Korn Ferry respecto de
la postulación del señor Jorge Andrés Carrillo Cardoso como aspirante”26.

25
Ibid.
26
Ibid.
24

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02899-00
Accionantes: Jorge Andrés Carrillo Cardoso

En lo relativo al principio de moralidad administrativa, alegado como vulnerado por
parte del demandante en el proceso ordinario, la Sección Quinta, citó la
jurisprudencia sobre el particular y explicó que la actuación cuestionada
correspondía a la elección del presidente de ISA, empresa de servicios públicos
mixta en la que existe mayoría de participación estatal y es considerada una
tipología especial de entidad pública, circunstancia que, si bien implica que su
régimen jurídico ordinario sea el derecho privado, no la exonera del cumplimiento
de los principios constitucionales que rigen la función administrativa, entre ellos la
moralidad, conforme al artículo 209 de la Constitución Política. Por el contrario, la
naturaleza pública de los recursos comprometidos exige que sus órganos de
dirección actúen con integridad, objetividad y sujeción estricta al interés general.

Bajo este marco, advirtió que el principio de moralidad administrativa fue
desconocido, pues las decisiones adoptadas por la junta directiva se apartaron de
los estándares de transparencia y rectitud que deben orientar la gestión de una
entidad con participación mayoritaria del Estado. En particular, el Comité de Talento
Organizacional introdujo modificaciones sustanciales a los criterios de evaluación
cuando el procedimiento ya estaba avanzado; la junta directiva asumió directamente
funciones técnicas de valoración que correspondían al referido comité; y desatendió,
sin justificación suficiente, los resultados emitidos por la firma experta Korn Ferry
respecto del candidato finalmente favorecido.

Ahora bien, en el acápite 2.5.3 de la sentencia del 26 de febrero de 2026, la Sección
Quinta examinó el cargo relacionado con el presunto incumplimiento de las
calidades y requisitos exigidos para ocupar la Presidencia de ISA. En primer lugar,
precisó que, ante la ausencia de disposiciones constitucionales o legales que
regulen específicamente los requisitos para dicho cargo, resultaba procedente
acudir a los estatutos de la sociedad para verificar la legalidad de la elección.

A partir de ello, la autoridad judicial descartó el argumento según el cual Jorge
Andrés Carrillo no cumplía la experiencia mínima prevista para ser miembro de la
junta directiva, al considerar que tales exigencias estaban previstas exclusivamente
para quienes integran ese órgano y no para quien ejerce la presidencia de la
compañía, cargo que los propios estatutos regulan de manera diferenciada.

Asimismo, la Sección Quinta del Consejo de Estado concluyó que no se encontraba
acreditado que el demandado careciera de las condiciones de experiencia,
idoneidad o liderazgo requeridas para desempeñar la presidencia de ISA, por lo que
desestimó los cargos fundados en la causal de nulidad por incumplimiento de
requisitos de elegibilidad.

Finalmente, la decisión moduló los efectos de la decisión de la siguiente forma:

“251. Finalmente, la sala estima necesario modular los efectos de la presente
decisión, conforme los parámetros de la sentencia de unificación del 26 de mayo

25

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02899-00
Accionantes: Jorge Andrés Carrillo Cardoso

de 201627 y a lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU 138
de 2024, en el sentido de ordenar que el procedimiento sea retomado desde el
momento inmediatamente anterior a la modificación de la matriz de evaluación,
esto es, antes de la alteración sustancial de los criterios técnicos que afectó la
valoración de los aspirantes y que dio lugar al vicio descrito.

252. Esta modulación resulta procedente por cuanto el vicio identificado
comprometió de manera directa la etapa de evaluación y depuración de
candidatos y, en consecuencia, la decisión final de la junta directiva. En tal
medida, la nulidad del acto electoral no exige la anulación total del
procedimiento, sino únicamente la reconstrucción de la fase afectada, con el fin
de restablecer la legalidad y garantizar que la selección se adopte con base en
los parámetros técnicos originalmente definidos.

253. Ahora bien, se mantendrán incólumes las actuaciones que antecedieron a
la modificación irregular de la matriz. En particular, se conserva el listado
definido con los primeros 13 aspirantes seleccionados, en las sesiones del 23 y
24 de enero de 2024 (acta 67), por haber sido conformado antes de introducirse
el cambio sustancial en los criterios de evaluación; en consecuencia, no está
afectado por el vicio declarado.

254. Sin embargo, debe tenerse en cuenta la renuncia presentada por 6 de
dichos preseleccionados al proceso de selección, a saber: David Acosta, Ana
Milena López, Luciano Tommasi, Daniel Isaza, Michel Janna y Ricardo
Rodríguez Yee28.

255. En consecuencia, el procedimiento deberá retomarse con los siguientes
candidatos que permanecieron activos:

1. André Cangucú,
2. José Arosa,
3. Juan Ricardo Ortega,
4. Mónica Contreras,
5. Guillermo Fonseca,
6. Aurelio Bustilho,
7. Sandra Fonseca.

256. En ese orden, se ordenará rehacer el proceso de selección a la mayor
brevedad posible, pero a partir del anterior listado. Ello deberá realizarse
teniendo en cuenta, además, las reglas del protocolo aprobado por el Comité
de Talento Organizacional los días 5 y 11 de enero de 2024 (actas 65 y 66) y
respetando la distribución de funciones prevista en la normativa interna, sin
perjuicio de los cambios que se puedan dar entre los miembros del Comité de
Talento Organizacional. Con base en tales parámetros, el procedimiento deberá
continuar hasta la culminación de la evaluación, depuración y presentación final
de candidatos a la junta directiva para su elección.

257. La sala adopta esta medida porque tanto las reglas contenidas en el
protocolo inicial como el listado de 13 aspirantes definido con los resultados de
la primera matriz de evaluación constituyen actuaciones válidas y consolidadas
dentro del procedimiento, frente a las cuales no se ha identificado reproche
alguno. En consecuencia, dichos elementos sirven como insumo legítimo para

27
Consejo de Estado, Sección Quinta, CP: Carlos Enrique Moreno Rubio, Radicación Número: 11001-03-28-
000-2015-00029-00(SU) [cita textual].
28
En la reunión del 14 de marzo de 2024 (acta 72), la representante de la firma cazatalentos informó que el
señor Luciano Tomassi se había retirado del proceso de selección. Asimismo, en la sesión del 8 de mayo del
mismo año (acta 75), señaló que los señores Ricardo Rodríguez Yee y Michel Janna también habían decidido
retirarse por motivos personales. Finalmente, en la sesión del 9 de julio de 2024 (acta 82), se comunicó el retiro
de los aspirantes David Acosta, Ana Milena López y Daniel Isaza. [cita textual].
26

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02899-00
Accionantes: Jorge Andrés Carrillo Cardoso

que el órgano competente retome el trámite a partir de la etapa de depuración
de la lista larga de candidatos”29.

5.3. Se advierte entonces que la Sección Quinta del Consejo de Estado explicó de
manera suficiente los motivos por los cuales declaró la nulidad del nombramiento
de Jorge Andrés Carrillo Cardoso, pues concluyó que durante el procedimiento de
selección se presentaron irregularidades sustanciales consistentes en la
modificación de los criterios de evaluación cuando el proceso ya se encontraba
avanzado, la asunción por parte de la Junta Directiva de funciones técnicas que
correspondían al Comité de Talento Organizacional y el apartamiento injustificado
de los insumos y resultados técnicos elaborados por la firma especializada Korn
Ferry. A juicio de la corporación, tales actuaciones alteraron las reglas previamente
definidas para la selección, comprometieron la transparencia y objetividad del
procedimiento y vulneraron el principio de moralidad administrativa consagrado en
el artículo 209 de la Constitución, razones que condujeron a la declaratoria de
nulidad del acto de elección.

Pues bien, los elementos señalados en precedencia le permiten a la Sala inferir, con
claridad, que el debate planteado en este caso fue adecuadamente examinado por
el juez competente. Asimismo, no se aprecia que la decisión haya sido dictada de
forma arbitraria, sin respaldo o análisis de los hechos y fundamentos normativos, ni
que se hayan trasgredido los derechos fundamentales de la parte actora durante el
desarrollo del proceso ordinario.

5.4. Ahora bien, lo que sí se observa es que la parte accionante omitió estructurar
sus reparos constitucionales, esto es, a partir de la identificación concreta de los
defectos que habilitan la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Tal circunstancia evidencia que su inconformidad se
circunscribe a un debate de mera legalidad, sin que se haya desplegado un esfuerzo
argumentativo dirigido a demostrar la vulneración de derechos fundamentales.

Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y
explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a
través del amparo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de
manera clara que no basta la simple mención de la vulneración de los derechos al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, sino que, para entender
como acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
se requiere demostrar: i) su existencia; ii) su carácter desproporcionado; y iii) su
carácter arbitrario. Así, quien acude a la tutela debe aportar elementos suficientes
que permitan al juez constitucional advertir tal vulneración30.

Por lo tanto, es claro que no basta con realizar simples afirmaciones con la intención
de lograr que su tesis sea acogida, sino que lo que se requiere es que la parte actora

29
Índice 00140 del expediente de nulidad electoral con radicado 11001-03-28-000-2024-00194-00 en el
aplicativo SAMAI, certificado F7572D2F1EBAC5FE 5871CC4F95B31779 495DF65D86346710
CF256769E55A3EB7.
30
Sentencia SU215 de 2022.
27

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02899-00
Accionantes: Jorge Andrés Carrillo Cardoso

presente sus reparos de cara a los derechos fundamentales que considera
vulnerados y eleve su argumentación a rango constitucional.

5.5. A partir de lo anterior, para la Sala es claro que la parte actora pretende imponer
su interpretación sobre las consideraciones expuestas por la autoridad enjuiciada,
así como reiterar su discrepancia frente a la decisión adoptada y continuar con el
debate surtido en el trámite del proceso primigenio. Esto aunado a que, a pesar de
que el accionante sostuvo que la decisión incurrió en los defectos fáctico y
sustantivo, lo cierto es que ni siquiera desarrollo los cargos en función de los
mencionados defectos.

Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada está
encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite de nulidad electoral, toda
vez que reitera argumentos de índole legal y probatorio desarrollados en el marco
de esta, sin esbozar las razones concretas por las cuales el derecho fundamental
invocado fue vulnerado con la providencia atacada, lo que escapa de la órbita del
juez constitucional, toda vez que la decisión censurada se sustenta en el principio
de autonomía judicial.

5.6. En cuanto al defecto orgánico invocado por el actor sobre la falta de
competencia de la Sección Quinta para conocer la nulidad electoral, se pone de
presente que el acto procesal en el que realmente se produjo la definición de esa
competencia no fue en la sentencia del 26 de febrero de 2026, sino en los autos de
que resolvieron los recursos de súplica, tal y como se indicó en la decisión:

“2.1. Competencia

92. De conformidad con lo establecido en los autos del 28 de noviembre de
2024 y 8 de mayo de 2025, por medio de los cuales se resolvieron los recursos
de súplica, esta sección es competente para conocer en única instancia el
presente asunto conforme el numeral 5° del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011
y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, modificado por el artículo 1° del
Acuerdo 434 de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado”31.

En consecuencia, si el supuesto yerro se produjo cuando la Sala asumió
competencia, la verdadera decisión generadora de la vulneración sería la tomada
en las providencias que resolvieron los recursos de súplica y no en la que
posteriormente desarrolló la competencia ya definida, por lo tanto, lo que se observa
es una intención por parte de la parte actora en reabrir un debate que ya se
encontraba resuelto por parte del juez natural, con el debido respeto del debido
proceso.

Adicionalmente, el alegado yerro era conocido desde la decisión que resolvió la
súplica y atribuyó la competencia a la Sección Quinta del Consejo de Estado. Por
tanto, la inactividad del accionante, en gracia de discusión, impediría considerar
satisfecho el requisito de inmediatez.

31
Índice 00140 del expediente de nulidad electoral con radicado 11001-03-28-000-2024-00194-00 en el
aplicativo SAMAI, certificado F7572D2F1EBAC5FE 5871CC4F95B31779 495DF65D86346710
CF256769E55A3EB7.
28

0000
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02899-00
Accionantes: Jorge Andrés Carrillo Cardoso

5.7. En cuanto al cargo relativo a la presunta extralimitación de la Sección Quinta
del Consejo de Estado al modular los efectos de la sentencia de nulidad, la Sala
advierte que el mismo carece de relevancia constitucional suficiente para habilitar
el examen excepcional propio de la acción de tutela contra providencias judiciales.
En efecto, el accionante no plantea una vulneración autónoma de derechos
fundamentales derivada de una actuación manifiestamente arbitraria o carente de
competencia, sino que expresa su desacuerdo con la forma en que la autoridad
judicial interpretó y ejerció las facultades que estimó necesarias para hacer efectiva
la decisión de nulidad adoptada dentro del proceso electoral.

La controversia propuesta se circunscribe a determinar si el juez de la nulidad podía,
además de invalidar el acto de elección, precisar el alcance temporal y material de
los efectos de su decisión. Tal discusión corresponde al ámbito de interpretación y
aplicación de las normas que regulan los poderes del juez contencioso-
administrativo y el alcance de las sentencias de nulidad, cuestión eminentemente
legal que fue resuelta por el juez natural en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales.

5.8. Ahora bien, respecto al defecto fáctico alegado por la parte accionante a la luz
del requisito de relevancia constitucional, es preciso recordar que la Corte
Constitucional ha señalado que este se configura cuando “resulta evidente que el
apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es
absolutamente inadecuado (...)”32 o cuando “se hace manifiestamente irrazonable la
valoración probatoria hecha por el juez en su providencia”33.

En esa medida, la indebida valoración de las pruebas, ya sea desde su dimensión
positiva o negativa34, solo adquiere relevancia constitucional cuando el yerro es
ostensible, flagrante y manifiesto, y tiene la entidad suficiente para incidir en el
sentido de la decisión adoptada35. Por ello, para que se configure este defecto es
indispensable identificar la prueba que no fue valorada o que fue apreciada de
manera irrazonable, así como demostrar que tal irregularidad tenía la potencialidad
de modificar el resultado de la decisión judicial cuestionada.

32
Corte Constitucional, sentencia T-393 de 2017, T-567 de 1998, reiterada en sentencias como la T-555 de
1999, T-1100 de 2008, T-781 de 2011, entre otras.
33
Corte Constitucional, sentencia SU-399 de 2012.
34
Corte Constitucional, sentencia T-385 de 2018. “La Corte Constitucional ha identificado dos dimensiones en
las que se puede apreciar el defecto fáctico: 1.) La dimensión negativa del defecto fáctico, según aquella,
abarca supuestos como los siguientes: i) ignorar o no valorar, injustificadamente, medios de prueba
trascendentales frente a la decisión adoptada; ii) decidir al margen de las pruebas que le hubieren impedido la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la providencia; iii) no decretar pruebas de oficio en los
procedimientos en los que el juez se encuentre habilitado legalmente para hacerlo, y siempre que de las
circunstancias del caso se derive la obligación de hacerlo para esclarecer hechos oscuros o difusos. 2.) La
dimensión positiva del defecto fáctico puede abarcar supuestos tales como: i) valorar pruebas ilícitas, siempre
que las mismas hubieren sido determinantes del sentido de la decisión; ii) decidir con medios de prueba que,
por disposición legal, no conduzcan a demostrar los hechos en que se fundamenta la providencia judicial que
se cuestiona en tutela”.
35
Sentencias T-442 de1994 y T-456 de 2010.“(…) El error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal
entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión,
pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria
del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia, porque ello sería
contrario al principio de que la tutela es un medio alternativo de defensa judicial, aparte de que se invadiría la
órbita de la competencia y la autonomía de que son titulares las otras jurisdicciones.(…)”. (Resaltado de la Sala).
29

0000
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02899-00
Accionantes: Jorge Andrés Carrillo Cardoso

Bajo ese entendido, la Sala advierte que la parte actora sostuvo que la autoridad
judicial incurrió en un defecto fáctico por la falta de rigor en la valoración del contrato
laboral suscrito por el accionante; y, por la omisión en la valoración de los oficios
emitidos por la firma cazatalentos, en los que, según afirma, se indicaba la no
recomendación de candidato alguno. No obstante, el convocante no desarrolló
argumentos dirigidos a demostrar de qué manera el análisis realizado por la
autoridad judicial vulneraba sus garantías constitucionales, pues se limitó a exponer
su teoría del caso, en el sentido que apoyara sus pretensiones de éxito.

En ese orden, los argumentos relacionados con la configuración de un defecto
fáctico no exponen una irracionabilidad en la interpretación probatoria por parte del
Consejo de Estado-Sección Quinta, sino que pretenden, nuevamente, insistir en
mostrar una solución distinta al caso concreto de manera favorable a los intereses
del tutelante, pues no advierten reparos concretos, de carácter iusfundamental en
contra del análisis realizado por la autoridad judicial.

Lo expuesto resulta suficiente para que la Sala se releve del análisis de este cargo,
en la medida en que la solicitante no desarrolló sus argumentos en función del
defecto fáctico invocado, pues su reparo se circunscribió en señalar que existió un
yerro probatorio, pero omitió explicar con claridad en que cambiaría la decisión tal
circunstancia.

5.9. Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y
subsidiaria, por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de
los derechos fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una
posible agresión proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión
proferida por esta, sin que ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un
nuevo estudio del caso como si fuera una instancia adicional a lo ya surtido.

En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada36, lo que se opone a que use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o
de interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso
ordinario37.

En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia de la presente acción de tutela
por no superar el requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

36
Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.
37
Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.
30

0000
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02899-00
Accionantes: Jorge Andrés Carrillo Cardoso

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por
Jorge Andrés Carrillo Cardoso en contra de la Sección Quinta del Consejo de
Estado, por no superar el requisito de relevancia constitucional, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito, en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
Salva voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrada Magistrado
SABF

31

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