Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02900-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02900-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-02900-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
17 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02900-01
Accionante: Concesión Vial de los Llanos S.A.S.
Accionados: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Vinculados: Municipio de Acacías y otros
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos
generales de procedencia. Relevancia constitucional. Alcance.
CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide sobre la impugnación interpuesta por la Concesión Vial de los Llanos
S.A.S. en contra de la sentencia del siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
proferida por la Sección Primera de esta Corporación, mediante la cual se declaró
improcedente el amparo solicitado.
ANTECEDENTES
La Concesión Vial de los Llanos S.A.S. interpuso acción de tutela para la protección
de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia, los cuales estima vulnerados por las autoridades judiciales accionadas
con ocasión de las providencias proferidas el 3 de agosto de 2023 por el Tribunal
Administrativo del Meta y el 16 de octubre de 2025 por la Sección Tercera de esta
Corporación, mediante las cuales, respectivamente, se le declaró agente vulnerador
de derechos dentro de la acción popular identificada con el radicado 50001-33-31-
005-2010-00315-00/01 y se decidió no seleccionar dicho proceso para su revisión
eventual .
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que el señor Alirio Rojas Hernández, actuando en nombre propio, presentó acción
popular contra el Municipio de Acacías, con el fin de obtener la protección de los
derechos colectivos al goce del espacio público y utilización de los bienes de uso
público, la seguridad y salubridad pública el acceso a una infraestructura de
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servicios que garantice la salubridad pública y el derecho a la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente. Lo anterior en la medida que se
había registrado un alto índice de accidentalidad en los puentes vehiculares
ubicados sobre los ríos Acacías, Orotoy, Sardinata y el caño Cola de Pato, en la vía
Villavicencio–Granada debido a la inexistencia de infraestructura que permitiera un
tránsito seguro de los peatones, quienes debían cruzar por los puentes destinados
al tráfico vehicular.
Que el 9 de marzo de 2018, el Juzgado Noveno Administrativo de Villavicencio
vinculó como sujeto pasivo a la acción popular a la Concesión, por solicitud del
Instituto Nacional de Vías (en adelante INVÍAS).
El 3 de marzo de 2021, el Juzgado accedió parcialmente a las pretensiones y ordenó
a INVÍAS «(…) que en el término de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria
de la presente providencia, proceda a realizar los estudios técnicos pertinentes para
modificar los puentes ubicados sobre los ríos Acacías, Orotoy, Sardinata y caño
Cola de Pato que están sobre la vía Villavicencio – Granada, a fin de proteger la
vida de los transeúntes (…)».
Que INVÍAS apeló la decisión, al sostener que, desde el año 2015 le entregó la vía
a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la cual, a su vez, la concesionó
mediante el contrato n°. 004 del 5 de mayo de 2015 a la Concesión Vial de los
Llanos S.A.S. para desarrollar el proyecto «Malla Vía del Meta», donde se
encuentran los puentes ubicados sobre los mencionados ríos. En ese orden, afirmó
que no era la entidad responsable de la presunta vulneración de los derechos
colectivos invocados, pues correspondía a la concesionaria adelantar los estudios
y diseños de las obras requeridas.
Que el 3 de agosto de 2023, el Tribunal Administrativo del Meta confirmó
parcialmente la decisión, declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva del
Municipio de la Acacías e INVÍAS, declaró agente vulnerador de los derechos
alegados a la Concesión Vial de los Llanos S.A.S. y le ordenó realizar los estudios
técnicos pertinentes para modificar los puentes ubicados sobre los ríos Acacías,
Orotoy, Sardinata y Caño Cola de Pato que están sobre la vía Villavicencio –
Granada. También dispuso que, una vez vencido el plazo otorgado para la
elaboración de dichos estudios, el INVÍAS ejecutara, dentro del término de 1 año,
las obras de adecuación de dichos puentes.
Que el 16 de octubre de 2025, la Sección Tercera de esta Corporación resolvió no
seleccionar para revisión la acción popular, toda vez que no se plantearon asuntos
que ameritaran la expedición de una sentencia de unificación ni se enmarcaba en
los supuestos previstos en el artículo 273 del CPACA.
PRETENSIONES
La parte actora solicitó: (i) declarar que la sentencia proferida el 3 de agosto de 2023
por el Tribunal Administrativo del Meta y la providencia del 16 de octubre de 2025,
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mediante la cual esta Corporación decidió no seleccionar para revisión eventual la
acción popular, vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso
a la administración de justicia, al patrimonio, a la seguridad jurídica y la confianza
legítima; (ii) amparar los referidos derechos fundamentales; (iii) dejar sin efectos las
mencionadas providencias; (iv) ordenar al Tribunal Administrativo del Meta dictar
una nueva decisión con observancia del ordenamiento jurídico y de las garantías
fundamentales invocadas; y (v) disponer que se adopten las medidas necesarias
para asegurar la protección efectiva de tales derechos.
FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE AMPARO
La accionante considera que las providencias cuestionadas lesionaron sus
garantías fundamentales al imponerle una carga imprevisible y contraria al
ordenamiento jurídico, que, además, representa una afectación patrimonial grave
como efecto directo de la vulneración del debido proceso, al generarle obligaciones
ajenas al alcance legal y contractual de sus actuaciones como concesionario en el
contrato n.° 004 de 2015, que tampoco se encuentran reguladas por el régimen
normativo aplicable a las Asociaciones Público Privada (en adelante APP) de
iniciativa privada.
Que se desbordó el marco de la competencia propio de la acción popular y, por esa
vía, se redefinió el alcance contractual, pues se trasladó al concesionario la
ejecución de actividades «adicionales», bajo la supuesta posibilidad de una
compensación posterior, a pesar de que el ordenamiento jurídico prohíbe, en estos
esquemas negociales, modificar el contrato para incluir desembolsos públicos no
pactados, lo que alteró de forma imprevisible la distribución legal de cargas entre el
Estado y los particulares.
Que, además, la sentencia cuestionada transformó el alcance del contrato estatal
de concesión al asumir que las obligaciones contractuales apenas constituyen
«mínimos» susceptibles de ampliación judicial, lo cual vulnera los principios de
planeación, tipicidad contractual y equilibrio económico. Que se desconoció el
artículo 21 de la Ley 1508 de 2012 y, en consecuencia, se partió de una premisa
falsa, según la cual después de que la Concesión Vial de los Llanos asuma el valor
de los estudios, diseños y actividades adicionales, no contratadas, existen «canales
administrativos y legales para obtener el reembolso».
Que se configuró un defecto fáctico porque las pruebas no se valoraron
adecuadamente y las que sí se analizaron carecen de idoneidad, pues las
fotografías aportadas por el actor popular no daban cuenta de quién las tomó ni en
qué fecha ni los lugares exactos a los que correspondían. Que los documentos
carecían de mérito probatorio suficiente respecto del índice de accidentalidad o
acerca de que la construcción de puentes fuera la única forma de mitigar el alegado
riesgo. Que la providencia objeto de tutela dio por sentado lo alegado en la acción
popular y se limitó a interpretar el clausulado del contrato de concesión y, de forma
contradictoria, concluyó que de allí se derivaba una obligación a cargo del
concesionario, pese a lo cual en la misma decisión se reconoció que lo ordenado
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correspondía a obras adicionales, susceptibles de generar un desequilibrio
económico.
Que también se configuró un defecto sustantivo, pues el Tribunal desconoció las
reglas contractuales pactadas y el régimen legal aplicable a los contratos estatales
de concesión celebrados bajo la modalidad de APP de iniciativa privada y que en
consecuencia, en la providencia se asumió que el objeto contractual era abierto,
ilimitado e indeterminado y que en su alcance incluía obras nuevas, distintas y
adicionales, sin indicar el modo en que se remunerarían al contratista; lo que resulta
más gravoso si se tiene en cuenta que cuando las APP son de iniciativa privada, sin
aporte de recursos públicos, no existen mecanismos «legales y administrativos»
para incluir el pago de actividades adicionales ejecutadas por el contratista.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
El 29 de abril de 20261, se admitió la acción; se vinculó al señor Alirio Rojas
Hernández, al INVÍAS, a la ANI y al Municipio de Acacías, como terceros
interesados, y se ordenó notificar a las partes.
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
El Tribunal Administrativo del Meta2 expresó que el asunto no satisface el
requisito de inmediatez, ya que desde la fecha en la que se expidió la providencia
de segunda instancia hasta presentación de la acción de tutela, han transcurrido
casi 3 años y solo hasta ahora la accionante procuró el amparo de sus derechos
fundamentales, sin que exista una razón que justifique la demora en haber
interpuesto esta acción constitucional.
La Sección Tercera de esta Corporación3 adujo que la tutela no cumple el
presupuesto de la relevancia constitucional, porque los argumentos expuestos
están encaminados a cuestionar la decisión adoptada por el Tribunal y a explicar
las razones por las que estima que no es la llamada a acatar las ordenes impuestas,
lo que, da cuenta de la intención de insistir en los alegatos que fueron despachados
desfavorablemente en el trámite ordinario.
Sostuvo que la acción de tutela no cumple los requisitos de procedibilidad frente a
la providencia del 16 de octubre de 2025, pues la parte actora no expuso las razones
por las cuales dicha decisión habría vulnerado sus derechos fundamentales, sino
que dirigió toda su argumentación contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta el 3 de agosto de 2023.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
1 Véase índice 00010- SAMAI- Primera instancia.
2 Véase índice 00022 de SAMAI- Primera instancia.
3 Véase índice 00027 de SAMAI- Primera instancia.
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El Municipio de Acacías4 solicitó su desvinculación de la acción de tutela por falta
de legitimación en la causa por pasiva, porque la vía donde se encuentran ubicados
los puentes de los ríos Acacías, Orotoy, Sardinata y el Caño Cola de Pato, es
nacional y no está a cargo del ente territorial. En consecuencia, no es necesaria su
intervención en este trámite.
El INVÍAS5 solicitó negar el amparo al considerar que la acción de tutela no se dirigía
en su contra, sino contra las providencias proferidas por el Tribunal Administrativo
del Meta y esta Corporación. Sostuvo que las actuaciones judiciales cuestionadas
se adelantaron con plena observancia del debido proceso y con respeto por las
garantías de contradicción y defensa, de manera que la parte actora pretende
reabrir asuntos que ya fueron resueltos por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, sin que las decisiones censuradas vulneren los derechos
fundamentales invocados. Afirmó que la Concesión Vial de los Llanos S.A.S. ha
actuado de manera apresurada al desconocer las determinaciones adoptadas por
las autoridades judiciales competentes en el marco del debido proceso.
El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Villavicencio6 pidió su
desvinculación de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva
en la medida que no tuvo injerencia en las providencias judiciales cuestionadas.
El señor Alirio Rojas Hernández y la ANI guardaron silencio.
SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia del 7 de mayo de 20267, la Sección Primera de esta Corporación
declaró improcedente el amparo solicitado por no acreditarse los requisitos
generales para su procedencia.
En relación con la sentencia del 3 de agosto de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta, consideró que la acción de tutela carecía de relevancia
constitucional, pues la inconformidad de la accionante se dirigía a cuestionar la
interpretación efectuada por el juez natural respecto de las obligaciones asumidas
por la Concesión Vial de los Llanos S.A.S. en el contrato de concesión nro. 004 de
2015, con el propósito de obtener un nuevo pronunciamiento sobre un asunto ya
definido en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Encontró que el Tribunal analizó el marco normativo y jurisprudencial aplicable a la
protección de los derechos colectivos invocados, así como los contratos celebrados
entre el INVÍAS, la ANI y la concesionaria, para concluir que esta última asumió, con
ocasión de la suscripción del acta de entrega del 9 de junio de 2015, las obligaciones
relacionadas con los estudios, diseños, financiación, gestión ambiental, predial y
social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación, mantenimiento y
reversión de los puentes ubicados en la carretera Ye de Granada–Villavicencio
4 Véase índice 00019 de SAMAI- Primera instancia.
5 Véase índice 00021 de SAMAI- Primera instancia.
6 Véase índice 00023 de SAMAI- Primera instancia.
7 Véase índice 00028 de SAMAI- Primera instancia.
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(Ruta 6509), entre ellos los localizados sobre los ríos Acacías, Orotoy y Sardinata,
así como sobre el caño Cola de Pato.
En ese contexto, estimó que la decisión del Tribunal no era caprichosa o arbitraria,
sino que encontraba sustento en el material probatorio y en el régimen aplicable, de
manera que la acción únicamente evidenciaba la inconformidad con la decisión
adversa a sus intereses y pretendía convertir este mecanismo constitucional en una
instancia adicional del proceso ordinario.
Respecto de la providencia del 16 de octubre de 2025, mediante la cual la Sección
Tercera de esta Corporación decidió no seleccionar para revisión eventual la
sentencia del 3 de agosto de 2023, consideró que la acción resulta improcedente
por no satisfacer el requisito de subsidiariedad, porque la accionante contaba con
la solicitud de insistencia prevista en el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009,
mecanismo idóneo para la garantía del derecho de defensa y del principio de
contradicción en dicho trámite, el cual no fue ejercido.
Que, en consecuencia, la providencia a la cual la actora le atribuyó la afectación de
sus garantías fundamentales no puso fin al proceso cuestionado y, por ende, la
intervención del juez constitucional se encuentra vedada.
Denegó la solicitud de desvinculación del Juzgado por falta de legitimación en la
causa, al considerar que, en su condición de juez de primera instancia dentro de la
acción popular cuestionada, le asistía un interés directo en el resultado de la acción
constitucional. Por el contrario, accedió a la desvinculación del ente territorial, en
tanto se declaró su falta de legitimación en la causa por pasiva dentro de la acción
popular por no tener injerencia alguna en el asunto debatido.
IMPUGNACIÓN
La accionante8 alegó que el juez de primera instancia redujo de manera indebida el
caso a una controversia ordinaria sobre la interpretación del contrato de concesión
y del régimen legal aplicable; no obstante, el reproche constitucional era
«determinar si un juez de acción popular podía imponer a un concesionario privado
cargas públicas adicionales, no previstas en el contrato ni autorizadas por el
régimen jurídico de las APP de iniciativa privada, bajo la premisa de que
posteriormente existirían mecanismos de remuneración que el ordenamiento no
contempla».
Sostiene que la tutela satisface el presupuesto de la relevancia constitucional, ya
que el asunto no se limita a un debate de mera legalidad, sino que cuestiona el
hecho de que la orden judicial se apoyara en una premisa jurídica inexistente, como
lo es «que el concesionario puede asumir actividades adicionales no contratadas y
luego acudir a mecanismos administrativos o legales para obtener su
remuneración».
8 Véase índice 00033 de SAMAI- Primera instancia.
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Que, en esa medida, el juez popular no se limitó a proteger derechos colectivos
mediante órdenes dirigidas a las autoridades competentes, sino que trasladó a un
particular cargas propias de infraestructura pública sin título contractual suficiente y
sin mecanismo legal cierto de remuneración.
Insistió en que en la providencia del Tribunal se desconoció el contenido del artículo
21 de la Ley 1508 de 2012, conforme al cual en los proyectos de APP de iniciativa
privada que no requieren desembolsos públicos no se pueden incluir modificaciones
«que impliquen el desembolso de este tipo de recursos», por lo que, en suma, el
asunto es constitucionalmente relevante en la medida en que el juez de la acción
popular impuso una obligación con efectos económicos ciertos, pero remitió su
reconocimiento al contratista a una vía que jurídicamente no resulta procedente. De
manera que no se trata de una interpretación judicial distinta, sino de un error que
trasciende el plano contractual, compromete el derecho fundamental del accionante
a ser juzgada conforme al derecho vigente y aplicable y afecta la estructura misma
del Estado y la distribución de sus obligaciones, riesgos, remuneración y alcance.
Frente a la exigencia de agotar la insistencia respecto de la providencia del 16 de
octubre de 2025, adujo que dicho mecanismo no es idóneo, eficaz y obligatorio, en
la medida que no garantiza «(...) un pronunciamiento de fondo y no tiene por objeto
reparar vulneraciones de derechos fundamentales», ya que responde a una
finalidad institucional de unificación jurisprudencial.
Por lo anterior, pidió que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
se conceda el amparo solicitado.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Se deberá decidir sobre la solicitud de amparo constitucional, para lo cual esta
providencia comprenderá los siguientes aspectos: 1. generalidades de la acción
de tutela; y 2. las exigencias generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.
Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela para que toda
persona pueda reclamar ante las autoridades judiciales, en todo momento y lugar,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad. Se trata,
pues, de un mecanismo expedito que, según la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, se caracteriza por ser subsidiario, inmediato, sencillo, específico,
eficaz e informal9.
9 Al respecto, Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-483 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
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Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
Según la doctrina constitucional vigente, para aceptar la procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias, el juez debe verificar el cumplimiento de los
requisitos generales que se enuncian en la Sentencia C-590 de 200510, cuya
transcripción parcial se realiza a continuación:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. (…)
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (…)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. (…)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado
tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (…)».
Sobre los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
En atención a que la acción fue declarada improcedente respecto de cada
providencia con sustento en presupuestos de procedibilidad distintos, la Sala
analizará de manera independiente cada una de ellas.
Así, respecto de la sentencia proferida el 3 de agosto de 2023 por el Tribunal
Administrativo del Meta, el estudio se circunscribirá al requisito de relevancia
constitucional y, solo en encontrarse acreditado, se continuará con el análisis de
los demás requisitos.
En cuanto a la providencia proferida el 16 de octubre de 2026 por la Sección
Tercera de esta Corporación, el análisis se centrará en si se satisface el requisito
de subsidiariedad y, en caso afirmativo, se determinará si hay lugar a estudiar los
otros presupuestos establecidos para el efecto.
• Relevancia constitucional
Para determinar el cumplimiento de este requisito la Corte Constitucional ha
señalado que se debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal
o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
10 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales11.
(a) Providencia 3 de agosto de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo
del Meta
Mediante dicha decisión se modificó la sentencia proferida por el Juzgado Noveno
Administrativo de Villavicencio, para, en su lugar, declarar agente vulnerador de
los derechos colectivos invocados a la Concesión Vial de los Llanos S.A.S. En
consecuencia, se le ordenó que, en el término de 6 meses, contados a partir de la
ejecutoria de la providencia, realizara los estudios técnicos pertinentes para
modificar los puentes ubicados sobre los ríos Acacías, Orotoy, Sardinata y Caño
Cola de Pato, ubicados sobre la vía Villavicencio-Granada, a fin de proteger la vida
de los transeúntes y conforme a la guía indicatoria de utilización de diferentes tipos
de barandas señaladas en la Norma Técnica de Diseño de Puentes CCP14 y las
demás normas pertinentes allí contenidas.
En la sentencia impugnada, se determinó que el debate propuesto por la
accionante en torno a lo que contractualmente supone la orden anterior carecía de
relevancia constitucional, porque lo pretendido era cuestionar una decisión judicial
como si el mecanismo de amparo se tratara de una instancia adicional al proceso
ordinario.
Se precisó que los aspectos objetados por la accionante fueron resueltos de
manera admisible en las providencias atacadas y, en ese orden, el juez de tutela
no podía inmiscuirse en el asunto porque ello supondría invadir la competencia e
independencia de la autoridad ordinaria.
Para la Sala, la inconformidad de la Concesión Vial de los Llanos S.A.S. se dirige,
en esencia, a cuestionar la interpretación que el Tribunal efectuó respecto del
contenido de las obligaciones asumidas en el Contrato de Concesión n°. 004 de
2015 y en el acta de entrega de 9 de junio de 2015, particularmente en lo relativo
a si dichas obligaciones se circunscriben a lo pactado o si, por el contrario,
admitían, como lo plantea la actora, una interpretación «extensible» frente a la
protección de los derechos colectivos protegidos.
Se trata, entonces, de un debate sobre el alcance del contrato estatal y la
valoración del material probatorio efectuada por el Tribunal en el trámite de la
acción popular, es decir, una cuestión eminentemente legal, cuya resolución no
exige el análisis de una norma constitucional ni del alcance de un derecho
fundamental, sino la aplicación de reglas contractuales pactadas, labor que
corresponde al juez natural de la causa.
Además, la controversia tiene un componente económico evidente, en tanto, en el
fondo lo que persigue el accionante es evitar la asunción de unos costos derivados
de los estudios ordenados, para lo cual alega la inexistencia de mecanismos de
11 Véase, entre otras: Corte Constitucional, Sentencias T-859 de 2003; T-222 de 2004 y T-401 de 2004.
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reembolso y/o pago. Esta dimensión patrimonial, aunque fue alegada con un
lenguaje o ropaje constitucional, no deja de ser el motivo real de la controversia.
De manera que la sola invocación de los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia no resulta suficiente para dotar
de relevancia constitucional un asunto que, en definitiva, plantea una discrepancia
interpretativa en torno a lo debatido en el proceso ordinario.
Que el accionante discrepe de esa conclusión no equivale a que se haya
desconocido el contenido de un derecho fundamental, sino a una inconformidad
con el resultado adverso de la controversia, cuyas consecuencias económicas y
contractuales, en todo caso, pueden ser ventiladas a través de los mecanismos
previstos en el propio contrato de concesión para la solución de las controversias12,
la asunción y distribución de riesgos e imprevistos, el reconocimiento de los efectos
positivos o negativos derivados de estos, el manteamiento del equilibrio
contractual13 y el pago de obras menores no previstas, así como de aquellas obras
complementarias cuya ejecución sea requerida por las autoridades estatales14.
De manera que ni el descontento con la declaratoria de agente vulnerador ni los
reproches sobre la orden impartida satisfacen el presupuesto de relevancia
constitucional, por las siguientes razones:
Primero, porque pretende emplearse la acción de tutela como una instancia
adicional para reabrir un debate ya resuelto en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, el cual se fundó en una valoración razonable de las pruebas
oportunamente allegadas. En ese contexto, para la Sala es claro que el marco
interpretativo de los medios de prueba no está sometido a la exigencia de una
tarifa legal y, por ello, si en este ejercicio no se advierte una actuación que lesione
o ponga en riesgo garantías de orden constitucional, el juez de tutela debe
restringir su intervención.
Segundo, porque las razones que invoca la accionante para que se acceda al
amparo parten del desconocimiento de las cargas que le corresponden como
particular que colabora con la administración, de la ausencia de una lectura integral
del contrato de concesión y de una interpretación parcializada del régimen jurídico
aplicable al mecanismo de asociación empleado. En efecto, como se precisó
previamente, el contrato de concesión n°. 004 de 2015 brinda al destinatario de la
orden del juez popular las herramientas para que sea a través de los mecanismos
alternativos de solución de conflictos pactados por las partes que se lleven a cabo
las discusiones que se deriven de su ejecución; incluidas aquellas que se originen
en las órdenes emanadas de terceras autoridades.
12 Véase capítulo XV, numerales 15.1 y 15.2 del Contrato 0004 de 2015- Parte general. El enlace para su
descarga se encuentra en el acápite de pruebas del archivo digital denominado «4ED_Demanda(.pdf) NroActua
2», disponible en el índice 0002 del expediente electrónico.
13 Véase ccapítulo XIII numerales 13.1, 13.2 del Contrato 0004 de 2015- Parte general), ibid.
14 Véase capítulo XIX numerales 19.1 y 19.2 del Contrato 0004 de 2015- Parte general, ibid.
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Sumado a ello, en la impugnación se pretende que se otorgue relevancia
constitucional a la interpretación que la sociedad concesionaria realiza del artículo
21 de la Ley 1508 de 2018; disposición que, en todo caso, no fue objeto de análisis
en la sentencia del 3 de agosto de 2023, pues no se integró a su ratio decidendi,
en la medida en que se ocupa de un supuesto distinto del que fue analizado por el
Tribunal Administrativo del Meta.
La referida disposición proscribe la suscripción de modificaciones contractuales
que impliquen el desembolso de recursos públicos en aquellos contratos
celebrados bajo la modalidad de APP de iniciativa privada, en los que no se
hubiere pactado el desembolso de recursos del Presupuesto General de la Nación,
de las entidades territoriales o de otros fondos.
Se trata de una norma que la accionante considera aplicable con posterioridad al
trámite de la acción popular, con el propósito de cuestionar los efectos económicos
que se derivan del cumplimiento de la orden judicial. Esa circunstancia impide que,
en esta sede constitucional, pueda efectuarse estudio alguno sobre ese reproche.
En todo caso, como se dijo, el hecho de que la accionante deba ejecutar una
obligación específica no la despoja de acudir a los mecanismos de equilibrio
económico previstos en el propio contrato. En consecuencia, el argumento según
el cual el cumplimiento de la orden judicial la dejaría desprovista de cualquier
posibilidad de «compensación» y justificaría, por esa sola circunstancia, la
procedencia de la acción de tutela, carece de sustento.
En suma, se trata de una controversia de naturaleza eminentemente legal y con
trasfondo económico particular, que de ninguna forma está dirigida a definir el
contenido o alcance de un derecho fundamental, sino a cuestionar el criterio
interpretativo y probatorio del juez natural dentro del margen de su autonomía.
Por las anteriores razones, la sentencia impugnada se confirmará respecto de la
decisión de declarar improcedente la acción por falta de relevancia constitucional.
(b) Providencia proferida el 16 de octubre de 2025 por la Sección Tercera de
esta Corporación
En dicho auto, se resolvió no seleccionar para revisión la sentencia del 3 de agosto
de 2023, tras considerar que la solicitud elevada por la Concesionaria Vial de los
Llanos S.A.S. para que se unificara jurisprudencia en torno a «obras adicionales
originadas en sentencias judiciales en el contexto de los contratos estatales de
concesión originados en las APP de iniciativa privada sin aporte de recursos
públicos» no se enmarcaba en ninguno de los dos eventos que prevé el artículo
273 de la Ley 1437 de 2011, porque (i) no se evidenciaba la existencia de
posiciones contradictorias, divergentes o plurales en los tribunales administrativos
respecto de un mismo asunto; ni (ii) que la providencia que se solicitó revisar se
opusiera a alguna sentencia de unificación del Consejo de Estado o a su
jurisprudencia reiterada.
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La Sección Tercera encontró que la solicitud de revisión eventual se fundó en
cuestionar la interpretación que el Tribunal Administrativo del Meta efectuó sobre
las cláusulas del contrato de concesión nro. 004 de 2015, lo que representaba un
debate sobre el alcance de las obligaciones y responsabilidades de allí derivados
y la inconformidad de la concesionaria con la orden impartida por el juez popular.
En la sentencia impugnada se concluyó que la acción de tutela, respecto del auto
de no selección, no satisfacía el requisito de subsidiariedad, pues en contra de la
decisión del 16 de octubre de 2025 procedía la solicitud de insistencia prevista en
el artículo 11 de la Ley 1285 de 200915.
Sobre el particular, se advierte que la Corte Constitucional ha precisado que la
revisión eventual de las sentencias dictadas en acciones populares no constituye
un presupuesto de procedencia de la acción de tutela contra dichas providencias,
en tanto «se trata de un medio que solo procede para efectos de unificación
jurisprudencial» y, por consiguiente, no constituye «una vía judicial idónea que
pueda activarse de manera directa para obtener la protección de derechos
fundamentales, y que su consagración en la ley en modo alguno obstaculiza la
procedibilidad de la acción de tutela»16.
Si lo anterior es así respecto del mecanismo principal, con mayor razón no puede
exigirse la presentación de la solicitud de insistencia frente al auto que decidió no
seleccionar para revisión, pues esta constituye una actuación accesoria dentro del
mismo trámite y no un medio de defensa judicial autónomo e idóneo para la
protección de derechos fundamentales como lo afirmó la recurrente. Por tanto, la
falta de presentación de la insistencia no desvirtúa el cumplimiento del requisito de
subsidiariedad.
Superado dicho presupuesto, corresponde determinar si la solicitud satisface el
requisito de relevancia constitucional.
Para la Sala, aunque la accionante dirige formalmente la acción de tutela contra la
decisión que negó la selección para revisión eventual, sus reparos no recaen sobre
las razones que sustentaron esa determinación, ni explica de qué manera el análisis
efectuado por la Sección Tercera vulneró los derechos fundamentales cuya
protección reclama.
15 «Artículo 11. Apruébese como artículo nuevo de la Ley 270 de 1996, el artículo 36A, que formará parte del
Capítulo Relativo a la organización de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el cual tendrá el siguiente
texto: "Artículo 36A. Del mecanismo de revisión eventual en las acciones populares y de grupo y de la regulación
de los recursos extraordinarios. En su condición de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, a
petición de parte o del Ministerio Público, el Consejo de Estado, a través de sus Secciones, en los asuntos que
correspondan a las acciones populares o de grupo podrá seleccionar, para su eventual revisión, las sentencias
o las demás providencias que determinen la finalización o el archivo del respectivo proceso, proferidas por los
Tribunales Administrativos, con el fin de unificar la jurisprudencia. (...) Cuando se decida sobre la no escogencia
de una determinada providencia, cualquiera de las partes o el Ministerio Público podrán insistir acerca de su
selección para eventual revisión, dentro del término de cinco (5) días siguientes a la notificación de aquella.
(…)».
16 Corte Constitucional. Sentencia T-004 de 2019. M.P. Carlos Bernal Pulido.
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Por el contrario, el contenido de la tutela evidencia que la inconformidad se dirige
exclusivamente contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta,
pues se insiste en cuestionar las obligaciones impuestas a la concesionaria y la
interpretación efectuada por ese despacho sobre el alcance del contrato de
concesión. Es decir, la providencia del 16 de octubre de 2025 únicamente puso fin
al trámite de revisión eventual, más no se le atribuye una vulneración autónoma a
un derecho fundamental. En consecuencia, la tutela no plantea un asunto revestido
de relevancia constitucional, sino que pretende reabrir el debate resuelto por el juez
de la acción popular como antes se indicó, razón por la cual no se satisface este
requisito de procedencia.
Así, en lo que respecta a este punto se confirmará la sentencia del 7 de mayo de
2026, en el sentido de declarar improcedente la acción de tutela, pero por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el siete (7) de mayo de dos mil
veintiséis (2026) pero por las razones expuestas en esta providencia.
Segundo. NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Tercero. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
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