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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02902-00

Fecha
4 de junio de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02902-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado por Mónica Andrea Pinchao, Jairo Gonzalo Dávila Pérez y Yohn Mauricio Puerres Rodríguez, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02902-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

4 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02902-00
Demandantes: Mónica Andrea Pinchao López y otros
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Despacho 802
(602)

Temas: Tutela contra acción u omisión de autoridad pública. Mora
judicial.

Decisión: Niega solicitud de amparo.

La Sala decide la acción de tutela formulada por Mónica Andrea Pinchao, Jairo
Gonzalo Dávila Pérez y Yohn Mauricio Puerres Rodríguez contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca Despacho 802 (602)1 transitorio.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 16 de abril de 2026, Mónica Andrea Pinchao, Jairo Gonzalo Dávila Pérez
y Yohn Mauricio Puerres Rodríguez presentaron acción de tutela con el propósito
de obtener la protección de sus derechos fundamentales al acceso a la
administración de justicia, debido proceso y a la petición. Según lo expuesto en su
escrito, dicha garantía constitucional fue presuntamente vulnerada por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca Despacho 802 (602) transitorio.

2. A título de amparo, solicitó, (i) se tutelaran los derechos mencionados y, en
consecuencia, se ordenará a el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Despacho 802 (602) transitorio que proceda a adelantar el trámite pertinente dentro
del asunto objeto de esta acción constitucional y (ii) que se exhorte al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca Despacho 802 (602) transitorio para que en lo
sucesivo se abstenga de dilatar de manera injustificada el trámite dentro del proceso
judicial bajo su tutela.

3. Como fundamentos fácticos y de la vulneración, la parte actora
manifestó que el 15 de agosto de 2019 radicó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho2 en contra de la Nación – Rama Judicial – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, con la finalidad de que se les reconozca la
bonificación judicial percibida por los empleados de la rama judicial como factor

1 Despacho 802, antes denominado Despacho 602
2 Bajo radicado 520012333-000-2019-00431-00.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02902-00
Demandante: Mónica Andrea Pinchao López y otros

salarial y el reconocimiento y pago salarial de lo dejado de cancelar equivalente al
30% de la asignación mensual durante el tiempo laborado.

4. Precisó que, el 12 de marzo de 2025 según el registro de la plataforma
SAMAI se evidenció el registro de acta individual de reparto de la misma fecha, en
que le corresponde al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Despacho
transitorio con secuencia 62903; debido a la expedición del acuerdo No. PCSJA25-
12255 del 24 de enero de 2025 «Por el cual se adoptan unas medidas transitorias
en tribunales y juzgados administrativos a nivel nacional».

5. Señaló que, en el transcurso del año 2025 no hubo ningún tipo de actuación o
trámite dentro del proceso No. 520012333-000-2019-00431-00.

6. Ante la ausencia de actuación alguna, el 11 de noviembre de 2025, los
demandantes radicaron en el proceso judicial derecho de petición solicitando
información de la carencia de actuaciones dentro del asunto donde fungen como
demandantes.

7. El 9 de diciembre de 2025, ante la ausencia de respuesta a la petición
previamente radicada, la parte interesada presentó una nueva solicitud con el fin de
obtener información sobre el trámite correspondiente. No obstante, para la fecha de
presentación de la presente acción de tutela, no había recibido respuesta ni
pronunciamiento alguno respecto de ninguna de las peticiones formuladas.

8. Sostuvo que, el 12 de diciembre de 2025 se registró en la plataforma SAMAI
constancia secretarial «expediente pasa a secretaría de la corporación para su
custodia por finalización de la medida transitoria Acuerdo PCSJA25-12255 de 24 de
enero de 2025». Aclarando que dicha custodia se traslada por lo menos una semana
antes de terminar la medida transitoria.

9. El 30 de diciembre de 2025 se emite por el Consejo Superior de la Judicatura
el acuerdo PCSJA25-12377 «Por el cual se adoptan unas medidas transitorias en
tribunales y juzgados administrativos a nivel nacional y se dictan otras
disposiciones», creando entre otras la Sala transitoria 802.

10. Indicó que, en virtud de las reglas establecidas por el Consejo Superior de
la Judicatura para el funcionamiento de las Salas transitorias, los expedientes que
habían quedado en custodia de la secretaría al finalizar la vigencia anterior volvieron
a ser asignados al mismo magistrado ponente, al no mediar un nuevo reparto de los
asuntos.

11. Mencionó que el 12 de marzo de 2026 el expediente ordinario fue remitido
formalmente al Despacho 802, bajo la ponencia del mismo magistrado.

12. Expuso que ha transcurrió más de un año desde el reparto inicial sin que
registrara actuación procesal alguna, sumado a la falta de respuesta de las
peticiones y sus respectivas reiteraciones.

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13. Se aclaró que, dada la naturaleza de los despachos transitorios de
descongestión, la consulta de las actuaciones en la plataforma SAMAI debe
efectuarse bajo el registro de su corporación de origen, esto es, el Tribunal
Administrativo de Nariño.

Intervenciones3

14. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala Transitoria – Despacho
802 mediante informe allegado el 14 de abril de 2026, solicitó negar las pretensiones
de la acción de tutela, toda vez que, manifestó que el Despacho ha dado estricto
cumplimiento a las reglas de descongestión fijadas por el Consejo Superior de la
Judicatura a través de los acuerdos PCSJA25-12255 y PCSJA25-12377, los cuales
imponen la carga metodológica de gestionar los procesos de primera instancia
respetando el orden de antigüedad para salvaguardar el principio de igualdad entre
los usuarios de la justicia.

15. Precisó que el expediente había sido recibido en la secretaría del Despacho
4, el 13 de marzo de 2020 del Tribunal, para efectuar la notificación del auto
mediante el cual se declaró impedimento conjunto de los magistrados. Asimismo,
se registró la suspensión de términos judiciales con ocasión de la emergencia
sanitaria derivada del COVID-19, a partir del 16 de marzo del 2020 mediante los
acuerdos PCSJA-11517, PCSJA-11521, PCSJA20-11526, PCSJA20-11549,
PCSJA20-11556 y PCSJA20-11567 de 2020 emitidos por el Consejo Superior de la
Judicatura.

16. Indicó que, el 08 de julio de 2021, la Sección Segunda del Consejo de
Estado, decidió declarar fundado el impedimento manifestado por los magistrados
del Tribunal Administrativo de Nariño y, en consecuencia, ordenó el sorteo de
conjueces.

17. Explicó que, la Sala transitoria ha mantenido una gestión altamente
productiva, profiriendo 1.173 sentencias en la vigencia 2025, de las cuales 391
correspondieron a su Despacho, sumadas a 78 fallos en lo corrido del año 2026, lo
que desvirtúa cualquier inactividad o desidia judicial. Precisó que el proceso de la
referencia se encontraba en el turno número 54 de la lista global, precedido por 41
expedientes con radicaciones más antiguas. Asimismo, adujó que respecto de las
peticiones de noviembre y diciembre de 2025, el Despacho no recibió alertas
operativas en el correo institucional ni reportes de la secretaría del Tribunal debido
a fallas en los sistemas de comunicación. Sin embargo, afirmó que brindó respuesta
mediante correo electrónico el 24 de abril de 2026, en la cual respondió de fondo
las peticiones radicadas en los meses de noviembre y diciembre de 2025,
informando que, bajo los acuerdos de descongestión de la Sala Transitoria, los

3 Mediante Auto de 21 de abril de 2026, se admitió la acción de tutela de la referencia contra el Tribunal

Administrativo del Valle del Cauca despacho 602 y despacho 802 transitorio y se vinculó a Blanca Katherine
Ruiz Rodríguez, Carmen Amaparo Mera Bolaños, Elsa Lucia Quispe Fuertes, Hernan Francisco Meza Ortiz,
José Vicente Benavides Razza, Pilar Patricia Tovar Heredia, Fanny del Socorro Parra Eraso y a la Nación –
Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

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procesos de primera instancia se tramitan en estricto orden cronológico de
antigüedad, resaltando que el expediente avanzó del turno 101 en 2025 al turno 54
en 2026, por lo que no existía una mora judicial injustificada sino una aplicación
objetiva de la norma.

18. Finalmente, destacó como hecho relevante que mediante auto interlocutorio
N°123 del 24 de abril de 2026, el Despacho precedió a admitir la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, surtiendo de manera simultanea las
respectivas notificaciones electrónicas a las partes y entidades vinculadas, por lo
que solicitó el decaimiento del objeto del amparo.

19. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Sostuvo que, carece de
aptitud legal para ser la llamada a responder por la presunta vulneración de los
derechos fundamentales de los actores. Explicó que, de conformidad con el artículo
98 de la Ley 270 de 1996, esta entidad es un órgano de naturaleza estrictamente
técnica y administrativa encargado de la ejecución de las actividades de la rama
judicial, por lo que no posee ninguna injerencia ni competencia funcional sobre el
marco de las decisiones, impulsos o la observancia de términos procesales por
parte de los jueces y magistrados. En consecuencia, señaló que la responsabilidad
recae exclusivamente en el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, autoridad
que conoce del proceso ordinario. Además, citó jurisprudencia4 con el fin de
respaldar que la acción constitucional debe dirigirse contra el sujeto llamado a
responder por la vulneración, y ante dudas, es deber del juez integrar el
contradictorio de forma oficiosa en lugar de proferir un fallo inhibitorio.

20. Argumentó que la acción de tutela resulta improcedente por no cumplir con
el requisito de subsidiariedad conforme al numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591
de 1991. Afirmó que la tutela no puede ser utilizada como un mecanismo alterno o
preferente para desplazar los medios ordinarios de defensa, puesto que el
ordenamiento jurídico prevé otros canales e instrumentos idóneos para solicitar la
vigilancia administrativa ante la presunta mora judicial.

21. Indico que la parte actora no cumplió con la carga probatoria exigida por la
jurisprudencia constitucional para demostrar la ocurrencia o inminencia de un
perjuicio grave e irremediable que ameritara el otorgamiento del amparo, ni siquiera
como mecanismo transitorio, lo cual desvirtúa la urgencia y viabilidad de la vi tutelar.

22. Por todo lo anterior, solicitó que se negará el amparo constitucional
pretendido por la parte accionante en contra de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, toda vez que se configura una falta de legitimación material
en la causa por pasiva.

23. El Tribunal Administrativo de Nariño allegó informe mediante el cual
manifestó que el proceso con radicado: 52001-23-33-000-2019-00431-00, no

4 T-0155 de 2006

T-239 de 2021

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estaba actualmente a su cargo, debido a al desarrollo de las medidas transitorias
de descongestión adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura, por ello el
expediente fue remitido a la Sala transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca el 26 de febrero de 2026 como se evidencia en el índice Samai 00010.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

24. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
decreto 1069 de 2015, el Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Problema jurídico

25. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela, si el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca Despacho 802 (602) transitorio incurrió en mora judicial injustificada en
relación con el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
520012333-000-2019-00431-00.

Procedibilidad de la acción de tutela

26. La presente acción de tutela resulta procedente porque (i) se orientó a lograr
el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a la petición y al
acceso a la administración de justicia; (2) se tiene acreditada la legitimación, tanto
activa como pasiva, porque Mónica Andrea Pinchao, Jairo Gonzalo Dávila Pérez y
Yohn Mauricio Puerres Rodríguez son los titulares de las garantías constitucionales
que se invocan como violadas, en su calidad de parte demandante dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, y el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca Despacho 802 (602) transitorio es la autoridad judicial que conoce
el proceso No. 520012333-000-2019-00431-00; (3) no existe otro mecanismo
judicial que permita a la parte actora procurar la defensa de sus derechos
constitucionales; y (4) hubo un plazo razonable en la presentación de la acción de
tutela, si se tiene en cuenta que la presunta mora judicial es una situación actual.

Análisis de vulneración alegada

27. La Sala negará el amparo solicitado, por cuanto, si bien se advierte la
existencia de un lapso considerable entre la radicación de la demanda y la
expedición del auto admisorio, no se encuentra acreditado que la demora observada
en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho obedezca a una
actuación negligente, arbitraria o injustificada atribuible al Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca – Despacho 802 (602) transitorio.

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28. En relación con la mora judicial, la jurisprudencia constitucional ha
precisado que la sola existencia de una dilación procesal no comporta, por sí misma,
la vulneración de derechos fundamentales. Para que ello ocurra, es necesario
verificar que el retardo carezca de una justificación objetiva y razonable y que sea
atribuible a la conducta omisiva del funcionario judicial encargado del asunto. Por el
contrario, cuando la tardanza encuentra explicación en circunstancias estructurales,
institucionales o procesales ajenas a la voluntad del operador judicial y este
demuestra haber desplegado actuaciones encaminadas al impulso del proceso, no
se configura una mora judicial constitucionalmente reprochable.

29. En el asunto bajo examen, la Sala observa que el trámite del proceso ha
estado condicionado por diversas circunstancias procesales e institucionales que
permiten explicar razonablemente el tiempo transcurrido desde su radicación. En
efecto, el expediente fue inicialmente asignado al Tribunal Administrativo de Nariño;
sin embargo, el trámite se vio impactado por la manifestación de impedimento
conjunto formulada por los magistrados de esa corporación, circunstancia que dio
lugar a la intervención de esta Corporación para resolver dicha situación y ordenar
el correspondiente sorteo de conjueces. A ello se sumó la suspensión general de
términos judiciales decretada con ocasión de la emergencia sanitaria derivada de la
pandemia del COVID-19.

30. Posteriormente, en desarrollo de las medidas transitorias de descongestión
adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura mediante los Acuerdos
PCSJA25-12255 de 24 de enero de 2025 y PCSJA25-12377 de 30 de diciembre de
2025, el expediente fue asignado a la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, correspondiéndole su conocimiento al Despacho 602, hoy
Despacho 802.

31. Ahora bien, el informe rendido por la autoridad accionada evidencia que el
asunto no permaneció paralizado ni fue objeto de abandono institucional. Por el
contrario, el despacho explicó que los procesos asignados en virtud de las medidas
de descongestión se gestionan conforme a criterios objetivos de antigüedad y
estricto orden cronológico, con el fin de garantizar el principio de igualdad entre los
usuarios de la administración de justicia. Dentro de ese esquema, informó que el
expediente de la parte actora avanzó progresivamente dentro de la lista global de
asuntos a cargo del despacho, pasando del turno 101 durante el año 2025 al turno
54 para la vigencia 2026.

32. La Sala estima que dicha explicación resulta razonable y objetiva. En efecto,
el respeto del orden cronológico constituye una garantía de igualdad frente a los
demás usuarios de la administración de justicia, pues impide la alteración arbitraria
de turnos y asegura que los asuntos sean atendidos conforme a criterios
previamente definidos y verificables. En consecuencia, el hecho de que existan
procesos con una antigüedad superior pendientes de decisión constituye una
circunstancia que justifica que el despacho atienda los expedientes de manera
secuencial y no preferente.

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33. De igual forma, se advierte que la autoridad accionada acreditó una
actividad procesal concreta orientada a impulsar el trámite del asunto. En efecto, el
expediente fue nuevamente remitido al despacho el 12 de marzo de 2026 para
continuar el trámite bajo las nuevas medidas de descongestión y, posteriormente,
mediante Auto Interlocutorio No. 123 del 24 de abril de 2026, se admitió la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho. De manera simultánea se ordenaron y
practicaron las actuaciones consecuenciales correspondientes, entre ellas las
notificaciones a las partes y entidades vinculadas para la integración del
contradictorio.

34. Asimismo, aunque las solicitudes presentadas por los demandantes en
noviembre y diciembre de 2025 no fueron atendidas oportunamente, el despacho
explicó que dicha situación obedeció a fallas operativas asociadas al flujo de
comunicaciones de la plataforma SAMAI, las cuales impidieron la generación de las
alertas correspondientes en el correo institucional. No obstante, una vez advertida
dicha circunstancia, emitió respuesta de fondo, informó el estado actual del proceso,
explicó las razones de la demora y precisó la ubicación del expediente dentro de la
lista de turnos del despacho.

35. En ese orden, la Sala no encuentra elementos que permitan concluir que la
autoridad judicial accionada haya incurrido en una conducta negligente, caprichosa
o desidiosa en la gestión del proceso. Por el contrario, las pruebas allegadas
muestran que la demora observada obedece a circunstancias institucionales y
procesales objetivamente explicadas, relacionadas con la resolución de
impedimentos, la suspensión de términos judiciales derivada de la pandemia, la
implementación de medidas nacionales de descongestión y la necesidad de
respetar el orden cronológico de atención de los asuntos sometidos a conocimiento
del despacho.

36. Finalmente, tampoco se acreditó la existencia de una situación de urgencia
o de un perjuicio irremediable que justificara alterar el turno correspondiente al
expediente o imponer un tratamiento preferente frente a los demás procesos que
integran la carga laboral del despacho.

37. En consecuencia, la Sala concluye que, aunque existió una demora objetiva
en el trámite del proceso ordinario, esta se encuentra razonablemente justificada y
no constituye una mora judicial injustificada en los términos definidos por la
jurisprudencia constitucional. Además, la respuesta de fondo a las solicitudes
formuladas por la parte actora y la expedición del auto admisorio de la demanda
desvirtúan cualquier escenario de abandono o inactividad judicial atribuible a la
autoridad accionada. Por tal razón, no se advierte vulneración de los derechos
fundamentales invocados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02902-00
Demandante: Mónica Andrea Pinchao López y otros

III. FALLA

PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado por Mónica Andrea Pinchao, Jairo Gonzalo
Dávila Pérez y Yohn Mauricio Puerres Rodríguez, por las razones expuestas en esta
providencia.

SEGUNDO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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