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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02910-00

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02910-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la parte accionante. 2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2026-02910-00

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

25 de junio de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02910-00
Demandante: Jesús Ángel Coronado Brito

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02910-00
Demandante: Jesús Ángel Coronado Brito
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta
Temas: Tutela contra providencia judicial - acción de cumplimiento.
Falta de cumplimiento del requisito general de relevancia
constitucional

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela interpuesta, en nombre propio, por Jesús Ángel
Coronado Brito contra el Consejo de Estado, Sección Quinta, de conformidad con lo
establecido en el artículo 1° del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 16 de abril de 2026, la parte actora interpuso acción de tutela contra el Consejo de
Estado, Sección Quinta, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y a la seguridad
jurídica. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

«1. PRIMERA: Que se AMPAREN los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, al
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, a la IGUALDAD y a la SEGURIDAD
JURÍDICA de EL ACCIONANTE y, por extensión, de la colectividad afectada, los cuales
fueron vulnerados por la Sección Quinta del Consejo de Estado al proferir una providencia
que desconoce el imperio de la Constitución y la Ley.

SEGUNDA: Que se DECLARE LA NULIDAD Y SE DEJE SIN EFECTOS JURÍDICOS la
sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro de la acción de
cumplimiento con radicado [Insertar Radicado], por configurar una Vía de Hecho mediante
un defecto sustantivo y desconocimiento del precedente vinculante de la Corte
Constitucional (Sentencias C-038/20 y C-321/22) y del propio Consejo de Estado.

TERCERA: Que, como consecuencia de lo anterior, se ORDENE a la Sección Quinta del
Consejo de Estado que, en un término no mayor a quince (15) días, profiera una NUEVA
SENTENCIA DE FONDO. En dicho fallo, la corporación deberá acatar lo dispuesto en los
Artículos 10 y 102 del CPACA, reconociendo que la Superintendencia de Transporte,
según el Artículo 3 (Parágrafo 3) de la Ley 769 de 2002, tiene una obligación imperativa,
clara y exigible de vigilancia que no puede ser eludida bajo el pretexto de autonomía
territorial.

CUARTA: Que se ORDENE a la SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE dar
cumplimiento estricto y efectivo al Artículo 4 del Decreto 2409 de 2018 y al Artículo 3 de la
Ley 1843 de 2017, procediendo a inspeccionar y verificar la validez técnica de los sistemas
SAST en Valledupar. Se debe declarar que la entidad no ha cumplido con su función de
policía administrativa al permitir la operación de dispositivos móviles y "cruce de datos" sin
la debida señalización y validación humana.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02910-00
Demandante: Jesús Ángel Coronado Brito

QUINTA: Que se ORDENE a la Superintendencia de Transporte que, en ejercicio de su
facultad de autoridad de cierre y en cumplimiento del Artículo 158A del Código Nacional
de Tránsito (adicionado por Ley 2251 de 2022), disponga la REVOCATORIA OFICIOSA Y
MASIVA de la totalidad de los comparendos (aproximadamente 92.000) impuestos en
Valledupar mediante prácticas prohibidas (vehículos en movimiento y falta de plena
identificación del infractor).

SEXTA: Que se ORDENE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL E INMEDIATA de todos los
efectos administrativos, reportes en las plataformas SIMIT y RUNT, y procesos de cobro
coactivo derivados de estas fotomultas ilegales, hasta que la autoridad de tránsito de
Valledupar demuestre, caso por caso, que cumplió con la carga probatoria de identificar al
conductor infractor, conforme a la Sentencia de Unificación SU-011 de 2020.

SÉPTIMA: Que se DECLARE que la Sección Quinta del Consejo de Estado incurrió en un
Exceso Ritual Manifiesto y en una Cosa Juzgada Aparente, al pretender aplicar fallos
previos sobre situaciones fácticas nuevas y ante la aparición de normas de orden público
posteriores (como la Ley 2251 de 2022) que obligan a la administración a actuar de oficio
frente a la ilegalidad técnica.

OCTAVA: Que se COMPULSEN COPIAS con carácter urgente a la PROCURADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN y a la COMISIÓN DE ACUSACIONES (o autoridad
competente), para que se investigue la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios de
la Superintendencia de Transporte y se verifique si la actuación de los magistrados de la
Sección Quinta se apartó deliberadamente del bloque de constitucionalidad para favorecer
intereses de recaudo de un operador privado.

NOVENA: Que el Juez de Tutela, dada la gravedad de la omisión y el impacto masivo
sobre el patrimonio de los ciudadanos, mantenga la VIGILANCIA PERMANENTE sobre el
cumplimiento de este amparo mediante un incidente de seguimiento, asegurando que la
Superintendencia de Transporte no emita respuestas administrativas ambiguas o vacuas
que pretendan burlar la orden judicial. DÉCIMA: Que se ORDENE a la Secretaría de
Tránsito de Valledupar y a la Superintendencia de Transporte la devolución indexada de
los dineros recaudados bajo este esquema de Responsabilidad Objetiva, reconociendo
que el Estado no puede lucrarse de cobros fundamentados en procedimientos que han
perdido su fuerza ejecutoria por vía del Decaimiento (Art. 91 CPACA). (…)»

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El señor Jesús Ángel Coronado Brito consideró que la Secretaría de Tránsito de
Valledupar venía imponiendo comparendos mediante vehículos denominados «caza
infractores», los cuales, a su juicio, operaban como sistemas de fotodetección sin
contar con las autorizaciones y requisitos técnicos exigidos por la normativa vigente.
Sostuvo además que dichos vehículos funcionaban en movimiento y sin la
intervención directa de agentes de tránsito, lo que impedía la adecuada
individualización de los presuntos infractores.

Con fundamento en lo anterior, el 25 de septiembre de 2025 requirió a la
Superintendencia de Transporte y a la Secretaría de Tránsito de Valledupar para que
retiraran tales vehículos, cesaran la imposición de comparendos bajo esa modalidad,
anularan las sanciones impuestas y garantizaran la aplicación del procedimiento legal
correspondiente.

De la acción de cumplimiento (20001-23-33-000-2025-00609-00/01):

Ante la ausencia de respuesta a los requerimientos formulados, el señor Coronado
Brito promovió acción de cumplimiento contra la Superintendencia de Transporte y la
Secretaría de Tránsito de Valledupar, con el fin de obtener el acatamiento de lo

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Demandante: Jesús Ángel Coronado Brito

dispuesto en los artículos 1, 2, 129, 135 y 158A de la Ley 769 de 2002; 1 y 2 de la Ley
1843 de 2017; y 6 de la Resolución 20203040011245 de 2020.

Con fundamento en dichas disposiciones, solicitó: (i) anular todas las multas aplicadas
en el municipio de Valledupar mediante los vehículos que denominó «caza
infractores», durante el período en el cual no se contaba con la autorización del
Ministerio de Transporte para el uso de sistemas automáticos, semiautomáticos u
otros medios tecnológicos de detección de infracciones de tránsito; (ii) retirar los
vehículos utilizados para la imposición de comparendos, al considerar que su uso
contraviene la normativa vigente; y (iii) ordenar que la imposición de comparendos se
realice de manera presencial y se garantice la individualización del presunto infractor,
de modo que, en caso de estacionamiento en sitios prohibidos, se le otorgue un tiempo
prudencial para retirar el vehículo antes de proceder con la sanción correspondiente.

El 11 de diciembre de 2025, el Tribunal Administrativo del Cesar declaró
improcedente la acción de cumplimiento al considerar que las pretensiones del actor
estaban dirigidas, principalmente, a obtener la revocatoria o anulación de los
comparendos impuestos por la Secretaría de Tránsito de Valledupar mediante los
denominados vehículos «caza infractores», asunto que comporta una controversia de
carácter subjetivo y no el cumplimiento de un deber legal claro, imperativo e
inobjetable.

Señaló que el accionante contaba con otros mecanismos administrativos y judiciales
para controvertir la legalidad de dichas sanciones, pues debía formular sus
reclamaciones ante la administración y, en caso de obtener una decisión desfavorable,
acudir a los medios de control previstos ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo. En consecuencia, estimó que no se cumplía el requisito de
subsidiariedad exigido para la procedencia de la acción de cumplimiento.

Finalmente, advirtió que el actor no alegó ni acreditó la existencia de un perjuicio grave
e inminente que permitiera desplazar los mecanismos ordinarios de defensa judicial.
Por tal razón, concluyó que se configuraba la causal de improcedencia prevista en el
artículo 9 de la Ley 393 de 1997 y declaró improcedente la acción.

La parte actora apeló la decisión al considerar que el Tribunal Administrativo del Cesar
interpretó erróneamente la acción de cumplimiento al concluir que debía acudir al
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Sostuvo que su pretensión
no estaba dirigida a cuestionar comparendos individuales, sino a exigir el
cumplimiento de normas generales relacionadas con la legalidad de los sistemas de
fotodetección utilizados en Valledupar.

Asimismo, argumentó que la acción era procedente porque existía un incumplimiento
de los artículos 1, 129, 135 y 158A de la Ley 769 de 2002, así como del artículo 6 de
la Resolución 20203040011245 de 2020, normas que exigen la identificación plena
del infractor, la presencialidad en la imposición de comparendos y la revocatoria de
las sanciones impuestas mediante sistemas tecnológicos que no cuenten con
autorización legal.

De igual forma, indicó que existía un perjuicio grave e inminente derivado de la
expedición de más de 71.000 comparendos presuntamente ilegales, situación que
había dado lugar a embargos, mandamientos de pago y otras medidas coercitivas
contra los ciudadanos.

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Demandante: Jesús Ángel Coronado Brito

Por último, alegó que se configuró la renuencia administrativa frente a las autoridades
accionadas al no responder el requerimiento previo presentado el 25 de septiembre
de 2025.

El 19 de febrero de 2026, el Consejo de Estado, Sección Quinta, revocó la sentencia
de primera instancia. En primer lugar, concluyó que el actor sí había acreditado el
requisito de constitución en renuencia, pues previamente había solicitado a las
entidades accionadas el cumplimiento de las normas invocadas y existían elementos
suficientes para tener por demostrada la presentación de dicho requerimiento.

No obstante, la Sala advirtió que respecto de los artículos 129, 135 y 158A de la Ley
769 de 2002 y del artículo 6 de la Resolución 20203040011245 de 2020 operaba el
fenómeno de la cosa juzgada, debido a que esas mismas disposiciones, pretensiones
y fundamentos fácticos ya habían sido objeto de una decisión de fondo proferida por
el propio Consejo de Estado dentro de una acción de cumplimiento anterior promovida
por el mismo actor. Por tal razón, declaró la cosa juzgada frente a dichas
disposiciones.

Asimismo, señaló que las pretensiones encaminadas a obtener la anulación de los
comparendos y a cuestionar la forma en que estos eran impuestos no podían
tramitarse mediante la acción de cumplimiento, pues involucraban un debate sobre la
legalidad de actos administrativos sancionatorios que debía ser resuelto a través de
los mecanismos ordinarios previstos ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo. En consecuencia, declaró la improcedencia de dichas solicitudes por
incumplir el requisito de subsidiariedad.

Finalmente, frente a los artículos 1 y 2 de la Ley 1843 de 2017 y de la Ley 769 de
2002, concluyó que estas disposiciones no contenían mandatos imperativos, expresos
e inobjetables que pudieran ser exigidos mediante la acción de cumplimiento.
Además, recordó que no se demostró la existencia de sistemas SAST en
funcionamiento en Valledupar. Por ello, negó la pretensión dirigida a ordenar el retiro
de los denominados vehículos «caza infractores».

3. Argumentos de la acción de tutela

El accionante promovió acción de tutela contra la sentencia del 19 de febrero de 2026
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, al considerar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia,
a la igualdad y a la seguridad jurídica. En concreto, solicitó dejar sin efectos dicha
providencia y ordenar que se profiera una nueva decisión dentro de la acción de
cumplimiento.

Sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo al declarar
la cosa juzgada y la improcedencia de varias de sus pretensiones, pues omitió analizar
normas que imponían obligaciones claras a la Superintendencia de Transporte en
materia de inspección, vigilancia y control sobre los sistemas de detección de
infracciones de tránsito utilizados en Valledupar. Asimismo, afirmó que la Sección
Quinta desconoció la incidencia de disposiciones posteriores, como el artículo 158A
de la Ley 769 de 2002, adicionado por la Ley 2251 de 2022, que establecen medidas
frente al uso irregular de ayudas tecnológicas en materia de tránsito.

También alegó que la providencia cuestionada desconoció el precedente
constitucional fijado, principalmente, en las sentencias C-038 de 2020 y C-321 de
2022. Según indicó, dichas decisiones establecieron que en materia de fotomultas no
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es admisible la responsabilidad objetiva y que las autoridades deben garantizar la
plena identificación del infractor antes de imponer una sanción. En su criterio, la
Sección Quinta del Consejo de Estado omitió aplicar esas reglas al estudiar las
actuaciones relacionadas con los denominados vehículos «caza infractores» y los
sistemas de fotodetección utilizados en Valledupar.

Finalmente, afirmó que la decisión judicial avaló la inactividad de la Superintendencia
de Transporte frente a las presuntas irregularidades en la imposición de comparendos
y permitió la permanencia de sanciones y cobros que, a su juicio, fueron impuestos
sin el cumplimiento de los requisitos legales y constitucionales.

4. Trámite previo

El 15 de mayo de 2026, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela, ordenó
notificar a la parte accionante, a la autoridad accionada y vincular como terceros con
interés a la Superintendencia de Transporte, a la Secretaría de Tránsito del municipio
de Valledupar y al Tribunal Administrativo del Cesar.

5. Oposiciones

El Consejo de Estado, Sección Quinta solicitó que se declarara la improcedencia
de la acción de tutela o, en subsidio, se negara el amparo. Sostuvo que el accionante
pretende reabrir un debate que ya fue resuelto dentro de la acción de cumplimiento y
utilizar la tutela como una instancia adicional para controvertir la interpretación jurídica
realizada en esa oportunidad.

Señaló que la sentencia cuestionada no fue arbitraria ni caprichosa, pues analizó el
cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción, el agotamiento de la
renuencia, la existencia de cosa juzgada y el alcance de las normas cuyo cumplimiento
se reclamaba. En ese sentido, defendió que la conclusión sobre la existencia de cosa
juzgada respecto de algunas de las pretensiones obedeció a una valoración jurídica
razonable propia del juez natural.

Asimismo, indicó que las disposiciones invocadas por el actor no contenían un
mandato imperativo, expreso e inobjetable que permitiera ordenar el retiro de los
denominados vehículos «caza infractores» y que la acción de cumplimiento tampoco
era el mecanismo adecuado para anular comparendos, ordenar revocatorias masivas,
suspender cobros o resolver controversias sobre responsabilidades individuales en
materia de tránsito.

Finalmente, afirmó que no desconoció el precedente constitucional invocado por el
accionante, pues las sentencias C-038 de 2020 y C-321 de 2022 no autorizan al juez
de cumplimiento para sustituir los procedimientos administrativos o judiciales previstos
para controvertir comparendos específicos. Por ello, concluyó que la tutela
únicamente refleja una discrepancia del actor con el criterio jurídico adoptado en la
sentencia y no demuestra la configuración de una causal específica de procedibilidad
contra providencias judiciales.

6. Intervención de los terceros con interés

El Tribunal Administrativo del Cesar manifestó que no vulneró los derechos
fundamentales del accionante, toda vez que la decisión adoptada dentro de la acción
de cumplimiento se sustentó en la valoración de los hechos y las pruebas obrantes en

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el expediente. Asimismo, remitió el enlace del expediente digital correspondiente a la
acción de cumplimiento con radicado 20001-23-33-000-2025-00609-00.

La Superintendencia de Transporte y la Secretaría de Tránsito del municipio de
Valledupar guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Problema jurídico

A la Sala le corresponde determinar si resulta procedente la acción de tutela
interpuesta por la parte accionante, con el fin de dejar sin efectos la sentencia del 19
de febrero de 2026, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado mediante
la cual revocó la decisión de primera instancia para declarar la existencia de cosa
juzgada respecto de algunas de las pretensiones de la acción de cumplimiento,
declarar la improcedencia de otras y negar las restantes.

En síntesis, la parte actora sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en
defecto sustantivo y desconoció el precedente constitucional contenido en las
sentencias C-038 de 2020 y C-321 de 2022, al declarar la cosa juzgada respecto de
algunas de sus pretensiones y negar otras relacionadas con las funciones de
inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Transporte frente a los
denominados vehículos «caza infractores» y los sistemas de fotodetección utilizados
en Valledupar.

La Sala anticipa que declarará improcedente la presente acción de tutela, al constatar
que los argumentos planteados por el accionante constituyen una reiteración de los
mismos reproches formulados en la acción de cumplimiento, los cuales fueron
valorados y resueltos por el juez natural.

Para resolver este asunto, la Sala se referirá a los siguientes aspectos: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) sobre la
relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales; y (iii) el análisis del caso concreto.

(i) Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

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Demandante: Jesús Ángel Coronado Brito

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción de tutela contra
1
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
2 3
mediante el empleo de las causales generales y específicas de procedencia de la
acción de tutela.

(ii) Sobre la relevancia constitucional como requisito general para la
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, y (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20144, para que un
asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de
mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» 5.

1
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del
pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a la acción de tutela, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en
esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando
se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando
al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)
2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial

son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado
todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de
la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la
sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se
transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido

en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo;
(v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece
el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
4 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001

03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
5 Ibidem.

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Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera
que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse
a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos
para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de
controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en
el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
(se destaca)

(iii) Sobre la falta de relevancia constitucional en el caso concreto

Para resolver, la Sala reconstruye el trámite surtido en la acción de cumplimiento que
el accionante promovió contra la Superintendencia de Transporte y la Secretaría de
Tránsito del municipio de Valledupar, con el fin de que se ordenara el cumplimiento
de los artículos 1, 2, 129, 135 y 158A de la Ley 769 de 2002; 1 y 2 de la Ley 1843 de
2017; y 6 de la Resolución 20203040011245 de 2020.

En consecuencia, solicitó: (i) anular todas las multas aplicadas en el municipio de
Valledupar mediante los vehículos que denominó «caza infractores», durante el
período en el cual no se contaba con la autorización del Ministerio de Transporte para
el uso de sistemas automáticos, semiautomáticos u otros medios tecnológicos de
detección de infracciones de tránsito; (ii) retirar los vehículos utilizados para la
imposición de comparendos, al considerar que su uso contraviene la normativa
vigente; y (iii) ordenar que la imposición de comparendos se realice de manera
presencial y se garantice la individualización del presunto infractor, de modo que, en
caso de estacionamiento en sitios prohibidos, se le otorgue un tiempo prudencial para
retirar el vehículo antes de proceder con la sanción correspondiente.

El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia del 11 de diciembre de
2025, declaró improcedente la acción de cumplimiento al considerar que las
pretensiones formuladas por el actor estaban dirigidas, principalmente, a obtener la
anulación de los comparendos impuestos mediante los denominados vehículos «caza
infractores», asunto que no corresponde al objeto de dicho mecanismo judicial.

En ese sentido, explicó que lo pretendido no consistía en exigir el cumplimiento de un
deber jurídico claro, expreso e inobjetable a cargo de las entidades demandadas, sino
controvertir la legalidad de actuaciones administrativas concretas y obtener la
revocatoria de las sanciones impuestas. Por ello, concluyó que la controversia
involucraba situaciones de carácter subjetivo que debían ser debatidas a través de los
mecanismos administrativos y judiciales ordinarios previstos por el ordenamiento
jurídico.

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Asimismo, señaló que las disposiciones invocadas por el accionante no contenían
mandatos imperativos e inobjetables que permitieran ordenar, mediante acción de
cumplimiento, la anulación masiva de comparendos o el retiro de los vehículos
utilizados para su imposición, razón por la cual no se cumplían los presupuestos
necesarios para la prosperidad de la acción.

Finalmente, advirtió que no se acreditó la existencia de un perjuicio grave e inminente
que justificara desplazar los mecanismos ordinarios de defensa judicial, por lo que
concluyó que se configuraba la causal de improcedencia prevista en el artículo 9 de
la Ley 393 de 1997.

Contra esa decisión el actor interpuso recurso de apelación y sostuvo que el Tribunal
Administrativo del Cesar erró al declarar improcedente la acción de cumplimiento,
pues, a su juicio, no pretendía controvertir comparendos individuales, sino exigir el
cumplimiento de normas generales relacionadas con la legalidad de los sistemas de
fotodetección utilizados en el municipio de Valledupar. En particular, afirmó que
buscaba obtener la anulación de los comparendos impuestos mediante los
denominados vehículos «caza infractores», los cuales, según indicó, operaban sin
cumplir los requisitos legales y constitucionales exigidos para la detección de
infracciones de tránsito.

Asimismo, alegó que sí se configuró el requisito de constitución en renuencia y que
no contaba con otro mecanismo judicial idóneo para obtener el cumplimiento de las
disposiciones invocadas. En ese sentido, sostuvo que la acción de cumplimiento tenía
un alcance general y colectivo, pues no perseguía el reconocimiento de derechos
subjetivos ni la solución de controversias particulares, sino la observancia de normas
destinadas a garantizar la legalidad de los sistemas de fotodetección y la protección
del debido proceso de los ciudadanos.

De igual forma, insistió en que las actuaciones cuestionadas desconocían el
precedente constitucional contenido en las sentencias C-038 de 2020 y C-321 de
2022, relativas a la responsabilidad subjetiva en materia sancionatoria y a la
necesidad de garantizar la plena identificación del infractor. Con fundamento en ello,
reiteró que los comparendos debían imponerse de manera presencial y con
observancia de las garantías previstas en el Código Nacional de Tránsito.

Por último, sostuvo que las entidades demandadas incumplieron los artículos 129, 135
y 158A de la Ley 769 de 2002 y el artículo 6 de la Resolución 20203040011245 de
2020, al permitir la utilización de los denominados vehículos «caza infractores» para
la detección de infracciones de tránsito. Asimismo, afirmó que la Superintendencia de
Transporte debía ejercer sus funciones de inspección, vigilancia y control frente a
dichas actuaciones y adoptar las medidas necesarias para corregir las irregularidades
denunciadas.

Por su parte, en el escrito de tutela el actor sostuvo que la sentencia proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la seguridad
jurídica. En consecuencia, solicitó dejar sin efectos dicha providencia y ordenar la
emisión de una nueva decisión dentro de la acción de cumplimiento.

Para sustentar su solicitud, alegó la configuración de defecto sustantivo y el
desconocimiento del precedente constitucional. En concreto, afirmó que la autoridad
judicial accionada aplicó indebidamente las figuras de la cosa juzgada y la
improcedencia, lo que impidió un estudio de fondo sobre las funciones de inspección,
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vigilancia y control que, a su juicio, debía ejercer la Superintendencia de Transporte
frente a los denominados vehículos «caza infractores» y los sistemas de fotodetección
utilizados en Valledupar.

Asimismo, sostuvo que la providencia cuestionada desconoció el precedente fijado
por la Corte Constitucional, principalmente en las sentencias C-038 de 2020 y C-321
de 2022, al omitir que en materia de fotomultas debe garantizarse la responsabilidad
subjetiva y la plena identificación del infractor antes de imponer una sanción. En ese
sentido, insistió en que los comparendos cuestionados fueron impuestos en contravía
de dichas reglas jurisprudenciales.

De igual forma, señaló que la decisión judicial pasó por alto el alcance del artículo
158A de la Ley 769 de 2002, adicionado por la Ley 2251 de 2022, así como las
competencias de inspección, vigilancia y control atribuidas a la Superintendencia de
Transporte. Según indicó, la entidad accionada contaba con facultades para intervenir
frente a las irregularidades denunciadas y adoptar medidas respecto de los sistemas
de detección de infracciones utilizados en el municipio de Valledupar.

A partir de lo anterior, la Sala observa que el actor plantea nuevamente la misma
discusión jurídica que ya fue objeto de análisis en el proceso de acción de
cumplimiento, en el cual también actuó como demandante. En esta ocasión, reitera
los argumentos expuestos en el trámite de cumplimiento y los fundamenta en la
presunta configuración de los defectos invocados.

En efecto, de lo expuesto hasta aquí se evidencia que la discusión planteada por el
demandante fue resuelta por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en la sentencia
del 19 de febrero de 2026, que, en lo que interesa, consideró:

En primer lugar, frente al argumento según el cual la acción de cumplimiento era
procedente para obtener la anulación de los comparendos impuestos mediante los
denominados vehículos «caza infractores», la autoridad judicial concluyó que dicha
controversia excedía el ámbito propio de ese mecanismo constitucional. Al respecto,
señaló:

«Se advierte que la controversia escapa del ámbito de acción del juez de
cumplimiento, toda vez que encierra un debate jurídico sobre la validez de los
comparendos que han sido interpuestos por la Secretaría de Tránsito y Transporte de
Valledupar».

Asimismo, precisó que «lo cierto es que el fondo de la controversia plantea una
discusión de carácter subjetivo que debe ser conocida por el juez de lo contencioso
administrativo a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista
en el artículo 138 del CPACA contra los actos administrativos sancionatorios» y que
«las presuntas irregularidades en que incurre la autoridad de tránsito de Valledupar
en el trámite de imposición de comparendos bajo una modalidad no presencial, deben
ser analizadas en el estudio de legalidad que se haga del acto administrativo
sancionatorio». Finalmente, concluyó que «la improcedencia de esta acción en lo que
atañe a esta pretensión se justifica en que no se satisface el requisito de la
subsidiariedad».

En segundo lugar, respecto de la solicitud encaminada al retiro de los vehículos
utilizados para la detección de infracciones, la Sección Quinta examinó
específicamente dicha pretensión y consideró procedente la acción de cumplimiento
para estudiar de fondo ese punto. En tal sentido, indicó que «la Sala no advierte que
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la parte actora cuente con otro medio de defensa judicial para procurar por el
acatamiento de los preceptos que pide atender» y que «la acción de cumplimiento se
estima procedente en punto de estas pretensiones, sobre las cuales se proseguirá el
estudio del asunto, previo el análisis de si sobre ellos opera el fenómeno de cosa
juzgada».

Por otra parte, frente a los planteamientos relacionados con el incumplimiento de las
normas invocadas y la necesidad de ordenar el retiro de los denominados vehículos
«caza infractores», la Sección Quinta del Consejo de Estado examinó la existencia de
cosa juzgada y concluyó que tales asuntos ya habían sido objeto de pronunciamientos
judiciales previos. Para ello recordó que «el objeto de la cosa juzgada es que los
hechos y conductas que se han resuelto judicialmente no puedan ser debatidos
nuevamente en un proceso posterior» y que «lo decidido por el juez adquiere las
características de vinculante, obligatorio y, por tanto, de inmutable».

Con fundamento en lo anterior, advirtió que ya existían decisiones ejecutoriadas que
habían estudiado la pretensión de cumplimiento del artículo 6 de la Resolución
20203040011245 de 2020 y otras disposiciones relacionadas con el funcionamiento
de los denominados vehículos «caza infractores». Por ello, concluyó que «ya existe
una decisión de fondo y ejecutoriada en la que se resolvió si la Alcaldía de Valledupar
está incumplimiento o no, lo dispuesto en esta norma y si por ello, se le debía ordenar
que retire sus patrullas institucionales» y que «para la Sala es claro que hay una
decisión inmutable, vinculante y definitiva que resolvió una de las pretensiones
alegadas en el mecanismo constitucional de la referencia».

Asimismo, respecto de las demás disposiciones invocadas por el actor, precisó que
«la sentencia del 10 de abril de 2025 (...) estudió de fondo, si había lugar a exigir a
dichas entidades el cumplimiento de estas normas y, en consecuencia, ordenar a la
Secretaría de Tránsito de Valledupar el retiro de las patrullas “caza infractores” y la
observancia de los procedimientos legales en la interposición de sanciones». Por tal
razón, concluyó que se configuraba el fenómeno de la cosa juzgada respecto de esas
pretensiones.

Así las cosas, como se expuso, aunque en la presente solicitud de amparo se alega
que la providencia objeto de tutela habría vulnerado sus derechos fundamentales, lo
cierto es que la parte accionante pretende utilizar esta acción constitucional para
reiterar los mismos argumentos expuestos en la acción de cumplimiento, bajo la
presunta configuración de un defecto sustantivo y desconocimiento del precedente
constitucional.

Ahora bien, aunque la Sección Quinta del Consejo de Estado revocó la sentencia de
primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, la Sala advierte
que dicha circunstancia no desvirtúa la falta de relevancia constitucional.

Lo anterior, por cuanto la modificación introducida por el juez de segunda instancia no
obedeció a la aceptación de los argumentos del demandante, sino a que, tras un
estudio más amplio de las pretensiones formuladas, concluyó que respecto de algunas
de ellas procedía declarar la cosa juzgada, mientras que frente a otras correspondía
mantener la improcedencia o negar lo solicitado.

Así, la variación en la forma de resolver la pretensión por parte de la Sección Quinta
del Consejo de Estado no alteró el núcleo de la discusión jurídica, que fue objeto de
estudio y decisión en el trámite de cumplimiento. En consecuencia, los argumentos
expuestos en la acción de tutela reflejan la inconformidad del actor con las
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conclusiones alcanzadas por el juez natural, lo cual resulta insuficiente para habilitar
la intervención del juez de tutela.

Sumado a lo anterior, tal como lo ha reiterado esta Sala de Decisión, en los casos en
que la tutela se dirige contra una sentencia proferida por una Alta Corporación, la Corte
Constitucional6 ha establecido un requisito adicional de procedencia, en el sentido que
se constate la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la imperiosa
intervención del juez constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la parte accionante.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse en la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

6
Sentencias, SU-917 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, SU-050 de 2017, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y SU 573 de
2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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