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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02912-00

Fecha
7 de mayo de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02912-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA Primero. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela que interpuso el señor Carlos Andrés Barrios Salcedo, conforme a las consideraciones expuestas. Segundo. NEGAR la desvinculación de la Superintendencia de Puertos y Transporte. Tercero. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 9 Ra d ica do: 11 001 -03 -15 -00 0 -202 6 -0291 2 -00 Cuarto. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2026-02912-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

7 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02912-00
Accionante: Carlos Andrés Barrios Salcedo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta.

Tema: Derechos al debido proceso, acceso a la administración de justicia,
e igualdad. Acción de cumplimiento. Relevancia constitucional.
DECLARA IMPROCEDENTE.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Carlos Andrés Barrios
Salcedo, en nombre propio, en contra del Consejo de Estado, Sección Quinta.

ANTECEDENTES

El accionante pretende que se protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad, así como el
principio de seguridad jurídica, que considera vulnerados con la sentencia del 12 de
febrero de 2026, proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta, dentro de la
acción de cumplimiento con radicado 20001-23-33-000-2025-00607-00 [01].

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

El actor expuso que al presidente de la República le corresponde la vigilancia del
transporte, función que fue delegada a la Superintendencia de Puertos y Transporte
«mediante el Art. 3 (Par. 3) de la Ley 769 de 2002 y el Art. 4 del Decreto 2409 de
2018».

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Sostuvo que la Superintendencia ha ignorado la obligación que le asiste de vigilar
los organismos de tránsito, específicamente el del municipio de Valledupar
«omitiendo la aplicación de los Artículos 1 al 9 de la Ley 153 de 1887 y la doctrina
de la integración normativa desarrollada en las Sentencias C-047/21, C-428/20 y T-
284/25» y la «Ley 2251 de 2022 y el Decreto 2409 de 2018».

Que en la Sentencia C-038 de 2020 la Corte Constitucional estableció que el
propietario de un vehículo no puede ser sancionado automáticamente por
infracciones captadas por cámaras, a menos de que se demuestre su participación
personal; sin embargo, la Superintendencia de Puertos y Transporte «al validar los
reportes de multas sin la identificación plena del infractor, está incurriendo en un
desconocimiento directo del precedente constitucional vinculante».

Que el 12 de diciembre de 2025, el Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar
ordenó a la Alcaldía de esa municipalidad suspender el procedimiento de fotomultas
mediante patrullas móviles, por considerarlo irregular.

Que varios ciudadanos han instaurado múltiples acciones de cumplimiento y otras
actuaciones judiciales, al considerar que los procedimientos de «sistemas
automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de
infracciones, SAST» que utiliza la Secretaría de Tránsito de Valledupar, para
imponer comparendos, no cuenta con el permiso del Ministerio de Transporte y de
la Agencia de Seguridad Vial.

Que interpuso acción de cumplimiento contra la Superintendencia de Puertos y
Transporte y la Secretaría de Tránsito del municipio de Valledupar, para que se
acatara lo dispuesto en los artículos 135 y 158A de la Ley 769 de 2002; adicionado
por el artículo 18 de la Ley 2251 de 2022; el artículo 6 de la Resolución núm.
20203040011245 de 2020 y los artículos 1 y 2 de la Ley 1843 de 2017.

El 11 de diciembre de 2025, el Tribunal Administrativo del Cesar declaró
improcedente la acción de cumplimiento y el 12 de febrero de 2026, la Sección
Quinta del Consejo de Estado revocó la providencia de primera instancia y, en su
lugar, declaró la cosa juzgada respecto a los artículos 135 y 158A de la Ley 769 de
2002, adicionado por el artículo 18 de la Ley 2251 de 2022 y el artículo 6 de la
Resolución núm. 20203040011245 de 2020; negó las pretensiones en relación con
los artículos 1 y 2 de la Ley 1843 de 2017 y declaró improcedente la acción en lo
demás.

Considera que la autoridad judicial accionada incurrió en los siguientes defectos:

i) sustantivo, por «declarar la improcedencia sistemática de la acción de
cumplimiento bajo los argumentos de "temeridad" y "cosa juzgada" (…) cerrado (sic)
la única vía constitucional efectiva para obligar a las autoridades a acatar leyes de
orden público»; además, «ignoró que mientras la violación de la ley por parte de la
administración municipal de Valledupar y la omisión de la Superintendencia de

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Transporte continúen, el ciudadano tiene el derecho y el deber constitucional de
accionar, pues la cosa juzgada no puede amparar ilegalidades administrativas
permanentes»;

También por desconocer a) el artículo 3.°, parágrafo 3 de la Ley 769 de 2002, norma
rectora que establece de manera taxativa que la Superintendencia de Puertos y
Transporte es la autoridad que ejerce vigilancia y control de todos los organismos
de tránsito; b) el Decreto 2409 de 2018 que faculta a la Superintendencia para
inspeccionar, vigilar y controlar la aplicación de las normas de tránsito; c) el artículo
158A de la Ley 769 de 2002 (adicionado por Ley 2251 de 2022), el cual establece
sanciones para las autoridades de tránsito que utilicen ayudas tecnológicas sin
cumplir los criterios de seguridad vial; d) el artículo 3 de la Ley 1843 de 2017, el cual
define a la Superintendencia como la autoridad competente para verificar de oficio
o a petición de parte el cumplimiento de los criterios técnicos de fotodetección, y e)
falta de integración normativa de la Ley 153 de 1887 respecto de la Ley 2251 de
2022;

ii) orgánico, porque la autoridad ordenó compulsar copias ante el Consejo Superior
de la Judicatura contra el defensor y asesor técnico de la causa, situación «que
constituye un ataque directo al ejercicio legítimo de la defensa y la veeduría
ciudadana, utilizando la facultad sancionatoria como una herramienta de presión
para silenciar la denuncia técnica sobre la ilegalidad de los sistemas SAST en
Valledupar»;

iii) fáctico, por omitir valorar la renuencia de la Superintendencia de Puertos y
Transporte de iniciar las investigaciones ordenadas por la Ley 1843 de 2017;

iv) error inducido, la Superintendencia indujo a error al juez «al afirmar que ha
cumplido sus funciones de vigilancia mediante la emisión de conceptos genéricos,
cuando la ley le exige adelantar acciones tendientes a verificar criterios técnicos de
forma real y efectiva (Art. 3 Ley 1843 de 2017)»;

v) violación directa de la Constitución, por permitir que la Superintendencia actúe
sin responsabilidad frente a las omisiones de los organismos de tránsito locales,
hecho que, a su juicio, contraría los artículos 4 y 6 de la carta política;

vi) exceso ritual manifiesto, por aplicar de manera desproporcional la norma
procesal, lo cual «vacía de contenido la acción de cumplimiento y la convierte en un
ritualismo vacío que solo beneficia a la administración municipal incumplida y a la
autoridad nacional negligente, impidiendo la realización de la justicia material»; y

vii) desconocimiento del precedente contenido en las sentencias C-038 de 2020 y
C-321 de 2022 de la Corte Constitucional.

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PRETENSIONES

Solicitó que se amparen los derechos invocados; se deje sin efectos la sentencia
del 12 de febrero de 2026, proferida por la Sección Quinta de la corporación en la
acción de cumplimiento con radicado 20001-23-33-000-2025-00607-00 [01]; y, en
consecuencia, se ordene a la autoridad judicial accionada que dentro de los 15 días
emita una nueva decisión, donde reconozca que la Superintendencia de Puertos y
Transporte «tiene una obligación imperativa, clara y exigible de vigilancia que no
puede ser eludida bajo el pretexto de autonomía territorial».

Adicionalmente, se ordene a la Superintendencia de Puertos y Transporte que i)
inspeccione y verifique la validez técnica de los sistemas SAST en Valledupar y ii)
revoque de manera oficiosa la totalidad de los comparendos (aproximadamente
92.000) impuestos en Valledupar mediante prácticas prohibidas; y ordene a la
Secretaría de Tránsito de Valledupar y a la Superintendencia de Transporte la
devolución indexada de los dineros recaudados.

Compulse copias a la Procuraduría General de la Nación y a la Comisión de
Acusaciones, para que investigue la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios
de la Superintendencia de Puertos y Transporte y se verifique si la actuación de los
magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado se «apartó
deliberadamente del bloque de constitucionalidad para favorecer intereses de
recaudo de un operador privado».

TRÁMITE DEL PROCESO

El 21 de abril de 2026, se admitió la acción; se vinculó a la Superintendencia de
Puertos y Transporte y a la Secretaría de Tránsito del municipio de Valledupar,
como terceros con interés; se negó la medida provisional solicitada 1 y se ordenó
notificar a las partes y los vinculados.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Consejo de Estado, Sección Quinta explicó que en la sentencia cuestionada
concluyó que la pretensión de anulación de los comparendos era improcedente
porque se acreditó la configuración de la cosa juzgada o porque las normas no
contienen un mandato imperativo e inobjetable susceptible de ser ordenado por el
juez de cumplimiento.

1 La medida provisional solicitada se encaminó a suspender los actos administrativos, por medio de los cuales

la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Valledupar impuso comparendos, por fotodetección;
mientras que la acción de tutela se dirige en contra de la sentencia del 12 de febrero de 2026, mediante la cual
se resolvió una acción de cumplimiento en segunda instancia. La medida pedida fue negada, dado que la misma
no guardaba relación con la acción constitucional.

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Adujo que la acción de tutela no satisface el requisito de relevancia constitucional,
ya que los argumentos del actor demuestran una mera inconformidad con lo
resuelto, pero no explican de forma suficiente de qué manera se concreta la
vulneración de sus garantías constitucionales.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

La Superintendencia de Puertos y Transporte solicitó su desvinculación de la
acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva, bajo el entendido
que no es competente para conocer y/o vigilar los procedimientos sancionatorios
impartidos por los organismos de tránsito de los entes territoriales.

La Secretaría de Tránsito del municipio de Valledupar guardó silencio.

Se decidirá previo a las siguientes,

CONSIDERACIONES

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidad de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales y iii) análisis del caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales 2, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590 de
20053. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128
de 2021, se enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una

2 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
3 M.P. Jaime Córdoba Triviño

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clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. (…)

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (…)

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. (…)

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado
tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (…)»

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:

«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
(…)

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional. (…)

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

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i. Violación directa de la Constitución.»4

En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-0215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y la seguridad jurídica y expresó:

«(…) Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela
se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de
cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente
exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una argumentación
cualificada5.

[...] “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”6. Esto
implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los
argumentos propuestos por el accionante, [...]. Si el juez constata alguna
irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite la
intervención urgente del juez de tutela7.»

En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.

Análisis del caso concreto

En síntesis, el señor Carlos Andrés Barrios Salcedo considera que el Consejo de
Estado, Sección Quinta, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia y a la igualdad, con la sentencia del 12 de
febrero de 2026, proferida dentro de la acción de cumplimiento con radicado 20001-
23-33-000-2025-00607-00 [01], por lo cual se procederá al estudio de los requisitos
generales de procedencia, puntualmente de la relevancia constitucional.

Conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional 8, dicho requisito se
encuentra satisfecho cuando: i) el asunto tiene la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; ii) la controversia no se limita a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y iii)
se justifica razonablemente la existencia de una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales.

4 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
5 Sentencia SU-074 de 2022.
6 Sentencia SU-074 de 2022.
7 Sentencia SU-072 de 2018.
8 Corte Constitucional, SU-215 de 2022.

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Igualmente, el máximo tribunal constitucional 9 ha sostenido que dicha exigencia
tiene como finalidades mantener la independencia y autonomía judicial; evitar que
la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional y restringir el ejercicio de
la acción de tutela a debates relacionados con derechos fundamentales.

El actor alegó que la Sección Quinta del Consejo de Estado incurrió en el defecto
sustantivo por i) declarar la cosa juzgada en la acción de cumplimiento y ii)
inobservar el artículo 3.°, parágrafo 3 de la Ley 769 de 2002; el Decreto 2409 de
2018; el artículo 158A de la Ley 769 de 2002 (adicionado por la Ley 2251 de 2022);
el artículo 3 de la Ley 1843 de 2017; la Ley 153 de 1887 y la Ley 2251 de 2022.
También afirmó que incurrió en un exceso ritual manifiesto porque, en su criterio, la
declaratoria de la cosa juzgada es una aplicación desproporcionada de la norma
procesal que «vacía de contenido la acción de cumplimiento».

En la sentencia cuestionada, la autoridad judicial accionada declaró la cosa juzgada
respecto de los artículos 135 y 158A de la Ley 769 de 2002, adicionado por el
artículo 18 de la Ley 2251 de 2022, y el artículo 6 de la Resolución núm.
20203040011245 de 2020, por identidad de objeto y de partes con la acción de
cumplimiento con radicado 20001-23-33-000-2025-00029-01, la cual ya había sido
resuelta en sentencia del 10 de abril de 2025. Frente a los artículos 1 y 2 de la Ley
1843 de 2017 concluyó que no tienen un mandato imperativo e inobjetable, por lo
que negó la acción.

La Sala precisa que el estudio de la Sección Quinta de esta corporación se limitó a
analizar únicamente los artículos 135 y 158A de la Ley 769 de 2002, adicionado por
el artículo 18 de la Ley 2251 de 2022, el artículo 6 de la Resolución núm.
20203040011245 de 2020 y los artículos 1 y 2 de la Ley 1843 de 2017, pues el actor
en la acción de cumplimiento solo pidió que se acataran dichas disposiciones; de
ahí que los argumentos expuestos por el accionante en esta sede respecto a otras
normas evidencian que su intención es convertir este mecanismo en una instancia
adicional, finalidad para la que no está prevista esta acción, como quedó expuesto.

En cuanto a la declaratoria de la cosa juzgada, no se observa que el actor explique
por qué no procedía la misma; por el contrario, sus argumentos muestran su
inconformidad con la decisión adoptada, lo cual no permite establecer la presunta
violación de los derechos fundamentales invocados y tampoco resultan suficientes
para invalidar una decisión judicial.

En criterio del actor, se configura un defecto orgánico porque se ordenó compulsar
copias ante el Consejo Superior de la Judicatura contra el defensor y asesor técnico
de la causa, pero al revisar la sentencia objeto de controversia no se avizora dicha
situación. Adicionalmente, el argumento planteado por el accionante no encaja con
el error esgrimido, pues este se refiere a la falta de competencia de la autoridad

9 Sentencia T-352 de 2025.

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judicial o su extralimitación de funciones, circunstancia que no se presenta en el
asunto.

En cuanto a los argumentos del solicitante del amparo consistentes en que la Sala
accionada i) desconoció las sentencias C-038 de 2020 y C-321 de 2022 de la Corte
Constitucional que tratan sobre la imposición de comparendos y los requisitos que
se deben cumplir para ello; ii) omitió valorar la renuencia de la Superintendencia de
iniciar las investigaciones ordenadas por la Ley 1843 de 2017 y iii) la
Superintendencia indujo en error al juez, la Sala encuentra que lo planteado no se
encamina a discutir la sentencia del 12 de febrero de 2026.

En efecto, el actor no expuso de qué manera la decisión adoptada le vulnera sus
derechos fundamentales, sino que se limitó a alegar la supuesta omisión de la
autoridad en el estudio de ciertos temas, pasando por alto que dicho análisis no se
realizó, porque no se encontró que la acción de cumplimiento satisficiera los
presupuestos de procedencia que habilitaran un estudio de fondo.

Por último, no hay lugar a desvincular a la Superintendencia de Puertos y
Transporte, por falta de legitimación en la causa por pasiva, ya que su vinculación
se efectuó como tercero con interés, con el fin de garantizar su debido proceso y
defensa.

En consecuencia, se declarará improcedente la acción de tutela por no satisfacer el
requisito de la relevancia constitucional y se negará la desvinculación de la
Superintendencia de Puertos y Transporte.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela que interpuso el señor
Carlos Andrés Barrios Salcedo, conforme a las consideraciones expuestas.

Segundo. NEGAR la desvinculación de la Superintendencia de Puertos y
Transporte.

Tercero. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

9

Ra d ica do: 11 001 -03 -15 -00 0 -202 6 -0291 2 -00

Cuarto. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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