Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02916-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02916-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-02916-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
7 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., siete (7) de mayo dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02916-00
Accionante: Nelson Augusto Hernández Arteaga
Accionados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho
Decisión: Niega las pretensiones de la demanda
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela1 presentada por el señor Nelson Augusto Hernández Arteaga, actuando
en nombre propio, en contra de la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo
de Estado, por la presunta vulneración del derecho fundamental al debido
proceso, ocurrida con ocasión de la providencia del 23 de octubre de 2025, dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho seguido bajo el
radicado 25000-23-42-000-2022-00712-01 (3114-2024).
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. El 16 de septiembre de 2013, el señor Nelson Augusto Hernández Arteaga
ingresó a la Procuraduría General de la Nación2 en provisionalidad en el cargo de
sustanciador, código 4SU, grado 11, adscrito a la Procuraduría 79 Judicial I
Administrativa de Bogotá.
3. Con posterioridad fue trasladado a la Procuraduría 83 Judicial I Administrativa
de Bogotá, mediante Decreto 4129 del 16 de octubre de 2014. Sin embargo, el 16
de octubre de 2015, participó en la audiencia de conciliación extrajudicial dentro
del trámite identificado con el radicado 300724-254-2015.
4. Por lo anterior, la Veeduría de la PGN inició en su contra el proceso disciplinario
IUS 2015-395788 (IUC-D-2016-812-830310), al considerar que, en su calidad de
sustanciador, adelantó y direccionó la audiencia sin la presencia del procurador
titular y consignó en el acta afirmaciones contrarias a la verdad.
1 Acción de tutela presentada el 16 de abril de 2026.
2
En adelante PGN.
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Accionante: Nelson Augusto Hernández Arteaga
5. Así las cosas, la Veeduría mediante fallo del 24 de febrero de 2020, declaró
probada la falta imputada y lo sancionó con destitución e inhabilidad general por
el término de 10 años. Decisión que fue confirmada en segunda instancia por la
Viceprocuraduría General de la Nación, mediante providencia del 5 de marzo de
2021.
6. Con ocasión de lo anterior, el señor Hernández Arteaga en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho interpuso demanda con el
propósito de que se declarara la nulidad de los fallos por medio de los cuales fue
destituido e inhabilitado por 10 años.
7. El proceso correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B que, mediante sentencia del 13 de febrero de 2024,
resolvió acceder de manera parcial a las pretensiones de la demanda, al
considerar que la conducta desplegada por el accionante no cumplía con los
elementos del tipo disciplinario imputado.
8. En sede de apelación, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
a través de sentencia del 23 de octubre de 2025, revocó la anterior decisión. En
consecuencia, negó las pretensiones de la demanda, al encontrar acreditado que
la conducta desplegada por el señor Nelson Augusto Hernández Arteaga
constituía objetivamente el ilícito de falsedad ideológica en documento público, lo
que le permitió concluir que, incurrió en la falta gravísima que le fue endilgada, es
decir, la señalada en el numeral 1.° del artículo 48 del CDU, bajo la modalidad
dolosa.
2.2. Fundamento jurídico
9. La parte actora sostuvo que el Tribunal incurrió en un defecto fáctico por
indebida valoración probatoria, particularmente hizo referencia, al acta de
conciliación, al considerar que no se acreditó que su contenido hubiese sido
alterado ni que consignara hechos distintos a los efectivamente ocurridos durante
la diligencia.
10. Asimismo, afirmó que la decisión cuestionada adolece de un defecto
sustantivo por indebida interpretación de lo dispuesto en el artículo 286 del
Código Penal, en la medida en que dicha norma fue aplicada sin verificar de
manera integral sus elementos estructurales. En particular, reprochó la
interpretación del verbo rector «extender», el cual fue atribuido a un sujeto que
carecía de competencia funcional para producir efectos jurídicos mediante el
documento, lo que, a su juicio, vulneró el debido proceso.
11. Con fundamento en lo anterior, insistió en que el análisis del tipo penal de
falsedad ideológica en documento público exige una desagregación rigurosa de
sus elementos estructurales, particularmente cuando se pretende su aplicación en
el ámbito disciplinario, a través de la remisión prevista en el numeral 1.º del artículo
48 del Código Disciplinario Único.
2.3. Pretensiones
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12. Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«(…)
1. TUTELAR el derecho fundamental AL DEBIDO PROCESO habida cuenta
de que, la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado en el
trámite de la segunda instancia, mediante proveído de fecha 23 de octubre
de 2025 bajo ponencia de la Honorable Consejera ELIZABETH BECERRA
CORNEJO, incurrió en un defecto material o sustantivo y defecto fáctico.
2. En consecuencia, que se deje sin efectos la sentencia de segunda instancia
de fecha 23 de octubre de 2025 proferida por el Honorable Consejo de
Estado con ponencia de la Magistrada ELIZABETH BECERRA CORNEJO.
3. ORDENAR a la Sección Segunda del Honorable Consejo de Estado, que
dicte un nuevo fallo, en el cual se reconozca que la conducta del suscrito,
Nelson Augusto Hernández Arteaga, no se enmarca en el tipo disciplinario
endilgado previsto en el artículo 48 numeral 1 del Código Disciplinario
Único5 en línea con el delito de falsedad ideológica en documento público,
por cuanto no se acreditó la configuración objetiva y subjetiva en el ámbito
funcional del servidor público.
(…)»
2.4. Intervenciones
13. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 17 de abril
de 2026 en el que se ordenó notificar como accionado a la Subsección B de la
Sección Segunda, del Consejo de Estado y como terceros interesados en el
resultado del proceso a la Procuraduría General de la Nación y al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B.
14. La Subsección B de la Sección Segunda, del Consejo de Estado manifestó
que no incurrió en un defecto fáctico porque realizó un examen conjunto, razonado
y conforme a las reglas de la sana crítica del acervo probatorio, particularmente
del acta de conciliación y de las circunstancias en que se desarrolló la diligencia;
de modo que la discrepancia del accionante no radica en una omisión o error
manifiesto en la valoración probatoria, sino en una diferencia de criterio respecto
de las conclusiones a las que arribó la Sala, lo cual resultaba insuficiente para
estructurar el defecto alegado.
15. En cuanto al supuesto defecto sustantivo, señaló que tampoco se configura,
toda vez que no aplicó normas inexistentes, inaplicables o inconstitucionales, ni
incurrió en una contradicción entre sus fundamentos y la decisión, pues, por el
contrario, desarrolló una interpretación sistemática y razonada del numeral 1.° del
artículo 48 del Código Disciplinario Único.
16. En consecuencia, la interpretación adoptada en la providencia cuestionada a
través de la acción de tutela no desconoce los elementos del tipo penal, sino que
se inscribe dentro de una comprensión material y no puramente formal de la
falsedad ideológica en documento público, acorde con la doctrina y la
jurisprudencia penal vigentes, lo que descarta la configuración del defecto
sustantivo alegado.
17. Con fundamento en lo anterior, solicitó desestimar las pretensiones de la
demanda.
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18. La Procuraduría General de la Nación pidió que se declare improcedente la
acción de tutela, toda vez que no puede utilizarse como una tercera instancia, ni
como un mecanismo alternativo para controvertir decisiones judiciales
desfavorables, máxime cuando estas han sido proferidas por el juez natural, con
plena observancia del debido proceso.
19. Además, que la simple discrepancia del actor frente a la interpretación jurídica
adoptada por la autoridad judicial accionada no constituía, por sí misma, una
violación de derechos fundamentales, sino una inconformidad con el sentido del
fallo, lo cual escapaba al ámbito de protección del mecanismo constitucional.
20. No se rindieron más informes.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
21. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 20193 y demás normas
concordantes.
3.2. Problema jurídico
22. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si la Subsección B, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, al
proferir la sentencia del 23 de octubre de 2025, por presunta vulneración del
derecho fundamental al debido proceso, al incurrir en los defectos fáctico y
sustantivo.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
23. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de
2015. Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de
las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa
judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene
el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
24. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
3 Reglamento interno del Consejo de Estado.
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cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la carta le impone.
25. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito
garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la
autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de
asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
26. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la situación fáctica que
devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.
3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.
3.3.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la
vulneración de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente
individualizados.
3.3.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.
3.3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más
de 6 meses desde la ejecutoria de la providencia objeto de cuestionamiento, esto
es, el 19 de noviembre de 2025 y la interposición de la acción de tutela, es decir,
el 16 de abril de 2026.
3.3.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida
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que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental del derecho
fundamental al debido proceso, al incurrir en los defectos fáctico y sustantivo, los
cuales se encuentran razonadamente fundamentados.
27. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
3.5. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
28. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional4 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:
a. Una dimensión negativa5, que ocurre cuando el juez niega o valora la
prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, y sin razón valedera
da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge
clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende la indebida valoración
de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez.
b. Una dimensión positiva6, que se presenta generalmente cuando el
juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la
providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.
29. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez
de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de
carácter extremadamente reducido, toda vez que:
«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan
al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le
corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál
resulta más convincente después de un análisis individual y conjunto de los
elementos probatorios»7.
30. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se encamina
a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que
ordinariamente conoce de un asunto.
3.6. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
31. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo
de aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los
siguientes términos:
4 Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010,
T-567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
5 Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
6 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
7 Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.
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«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son evidentemente
aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación de la normatividad (sic) que
contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica y cuando omite la
aplicación de una regla definida por una sentencia con efecto erga omnes. En suma,
el defecto sustantivo se configura cuando la interpretación y aplicación de la
normatividad al caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad
y razonabilidad que orientan al sistema jurídico»8.
32. En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los
cuales se configura el defecto sustantivo como causal específica de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales:
«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia de
juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó, cuando la
autoridad judicial respectiva desconoce las normas de rango legal o infralegal aplicables
en un caso determinado, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su aplicación
indebida, por error grave en su interpretación o por el desconocimiento del alcance de
las sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se ubican en el
mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.
En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:
(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta
por el fallador.
(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a
las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de
una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial
para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y,
finalmente.
(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la
jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa
juzgada respectiva”.
Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien es cierto que los
jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con autonomía e
independencia judicial para interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha facultad no
es en ningún caso absoluta. Por tratarse de una atribución reglada, emanada de la
función pública de administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden
jurídico preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho».
«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo que
convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma el
juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse
en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i)
porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii)
porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación al caso concreto es
inconstitucional, (iv) porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte
Constitucional o, (v) porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa
a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo,
se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador»9.
33. Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se
8 Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente: Eduardo
Montealegre Lynett.
9 Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
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presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las normas
que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que contraría
los postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se desconoció la
normativa aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio decidendi de una
sentencia con efectos erga omnes.
3.7. Análisis de los presuntos defectos fáctico y sustantivo
34. La parte actora alega que la decisión cuestionada adolece de un defecto fáctico
por indebida valoración probatoria, particularmente hizo referencia, al acta de
conciliación, al considerar que no se acreditó que su contenido hubiese sido
alterado ni que consignara hechos distintos a los efectivamente ocurridos durante
la diligencia.
35. Afirma que la decisión cuestionada adolece de un defecto sustantivo por
indebida interpretación de lo dispuesto en el artículo 286 del Código Penal, en la
medida en que dicha norma fue aplicada sin verificar de manera integral sus
elementos estructurales.
36. Con fundamento en lo anterior, insiste en que el análisis del tipo penal de
falsedad ideológica en documento público exige una desagregación rigurosa de
sus elementos estructurales, particularmente cuando se pretende su aplicación en
el ámbito disciplinario, a través de la remisión prevista en el numeral 1.º del artículo
48 del Código Disciplinario Único.
37. Sobre el particular, se tiene que el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B en la providencia cuestionada consideró:
«82. En el caso del numeral 1 del artículo 48 del Código Disciplinario Único la
configuración del tipo está supeditada a los elementos constitutivos de la conducta
penal. Además, se complementó la adecuación típica para el cargo formulado, con
la conducta descrita en el artículo 286 del Código Penal, que señala: «Falsedad
ideológica en documento público. El servidor público que en ejercicio de sus
funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne
una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de sesenta
y cuatro (64) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses e inhabilitación para el ejercicio
de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento ochenta (180) meses».
83. Una revisión de los verbos rectores de la conducta allí descrita permite advertir
que corresponde al servidor público, en ejercicio de sus funciones, «extender»
documentos que puedan servir de prueba ajustados a la verdad y no «consignar»
hechos contrarios a ella ni «ocultar» total o parcialmente la realidad.
84. (…) De allí se desprende que el deber del servidor público consiste en elaborar
documentos que reflejen con fidelidad la realidad de los hechos, lo que excluye
consignar afirmaciones contrarias a la verdad u omitir, total o parcialmente, lo
acontecido.
(…)
86. Según el artículo 243 del Código General del Proceso, son tres elementos que
permiten atribuir la calidad de público a un documento: (i) que sea expedido por
funcionario público; (ii) en ejercicio de sus funciones y, (iii) con las formalidades
legales.
87. En cuanto a la descripción típica, la jurisprudencia ha entendido que en esta
modalidad de falsedad el contenido material del documento se altera al extenderlo,
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por lo que la comete el autor del mismo o quien interviene en su redacción, en
desarrollo del postulado editio falsi ya mencionado.
(…)
89. En ese orden de ideas, la falsedad se predica del acta de conciliación del 16 de
octubre de 2015, expedida dentro del radicado 300724-254-2015, la cual, como
quedó demostrado en grado de certeza, fue autoría de Hernández Arteaga, en
ejercicio de sus funciones como sustanciador, y fue suscrita por el procurador Iván
Mauricio Campos Pinzón, pese a que no estuvo en la audiencia.
90. Las disposiciones vigentes para la época de los hechos, prevén que el
funcionario habilitado para adelantar y suscribir los documentos dentro de una
conciliación administrativa y prejudicial es el agente del Ministerio Público, esto es,
en el presente asunto, los procuradores judiciales para asuntos administrativos.
93. Así las cosas, el acta tiene el carácter de documento público idóneo para
acreditar el agotamiento de un requisito de procedibilidad, en parte por haber sido
expedida y firmada por servidor público en ejercicio de sus funciones; y constituye
un medio de conocimiento de un hecho con relevancia en el ámbito del derecho y,
por ello, atentar contra él, falsificándolo, es atentar contra la verdad.
94.En consecuencia, conforme a las pruebas recaudadas dentro de la actuación,
en particular, la declaración de la abogada Marisol Viviana Usama Hernández, se
acredita que el sustanciador grado 11, Nelson Augusto Hernández Arteaga, ayudó
de manera decidida en la consignación de la falsedad en el acta levantada por él el
16 de octubre de 2015, sin la presencia del titular de la Procuraduría 83 Judicial I
Administrativa, para que finalmente fuera ratificada con la suscripción de la firma
plasmada por el doctor Iván Mauricio Campos Pinzón, quien debió dirigir y orientar
dicha diligencia, como titular de la Procuraduría 83 Judicial I Administrativo de
Bogotá.
(…)
96. En este caso quedó demostrado, en grado de certeza, que el disciplinado
Hernández Arteaga, voluntariamente, adelantó la diligencia y redactó el documento
en el que se afirmó, contrariando la verdad, que quien presidió la audiencia fue el
procurador judicial, a sabiendas de que no era cierto y que ese era un deber
funcional del agente del ministerio público; además infringió su propio deber
funcional, en la medida que inobservó sus competencias.
(…)
99.Por lo tanto, en ejercicio de sus funciones, pero abusando de su cargo, intervino
para producir e introducir al ámbito jurídico el acta que sirvió de prueba sobre el
agotamiento de un requisito preprocesal, aunque sabían que en su contenido tenía
afirmaciones sustanciales contrarias a la verdad.»
38. De las transcripciones relacionadas se desprende que la autoridad judicial
accionada realizó un análisis probatorio integral en consonancia con las reglas de
la sana critica, lo que le permitió concluir que en el presente asunto se debía
revocar la sentencia y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, al
encontrar demostrado que la conducta desplegada por el señor Nelson Augusto
Hernández Arteaga se adecuaba objetivamente al tipo de falsedad ideológica en
documento público y, en consecuencia, configuraba la falta gravísima que le fue
imputada, prevista en el numeral 1.º del artículo 48 del Código Disciplinario Único,
a título de dolo.
39. Al respecto, la Sala observa que la autoridad judicial accionada no se limitó a
valorar el acta de conciliación, sino que analizó de manera conjunta los medios
probatorios arribados al proceso, en particular, el testimonio de la abogada Marisol
Viviana Usama Hernández, así como también las circunstancias fácticas en la
elaboración y suscripción de dicho documento, lo que le permitió concluir en grado
de certeza que el disciplinado intervino en la elaboración de un acta que contenía
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Accionante: Nelson Augusto Hernández Arteaga
afirmaciones contrarias a la verdad.
40. En ese sentido, contrario a lo manifestado por el accionante la conclusión a la
que llegó la autoridad judicial relacionada con la falsedad ideológica del
documento público no se sustentó exclusivamente en la acreditación de una
alteración material del acta, sino en la verificación de que en su contenido se
consignaron hechos contrarios a la verdad, lo cual constituye precisamente el
núcleo de la conducta prevista en el artículo 286 del Código Penal.
41. En ese orden de ideas, para la Sala no se incurre en un defecto fáctico porque
la autoridad judicial accionada no ignoró el material probatorio relevante ni efectuó
una valoración arbitraria del mismo, pues, por el contrario, se observa que valoró
íntegramente los medios probatorios que reposaban en el proceso.
42. En ese sentido, para Sala la decisión cuestionada no se basó en la omisión o
exclusión injustificada de medios de prueba, sino en una ponderación
suficientemente razonada de los elementos obrantes en el expediente, incluidos
aquellos señalados por la parte actora como indebidamente valorados.
43. Ahora lo mismo ocurre respecto del defecto sustantivo, en la medida que la
Sala observa que la autoridad judicial accionada interpretó de manera razonada
lo preceptuado en el artículo 286 del Código Penal, en relación con los parámetros
del numeral 1.° del artículo 48 del Código Disciplinario Único, en atención a los
elementos estructurales del tipo penal de falsedad ideológica en documento
público.
44. En ese orden, la aplicación de la disposición normativa de tipo penal en sede
disciplinario no fue arbitraria ni irrazonable, en la medida que la decisión se
sustentó en la demostración de que el señor Hernández Arteaga actuando en
ejercicio de sus funciones intervino en la elaboración del acta de conciliación,
documento que era de carácter público, en el que se consignaron hechos que
contrariaban a la verdad.
45. En efecto, para la Sala, la autoridad judicial no incurrió en un defecto sustantivo
como lo alega la parte actora en la demanda de tutela, en la medida que efectuó
un análisis detallado de los elementos probatorios conforme a las disposiciones
normativas y precedente jurisprudencial vigente aplicable al asunto.
46. Por tal razón, no es posible considerar que la decisión adolece de algún
defecto, sino que la parte accionante se encuentra inconforme con la
interpretación efectuada por la autoridad judicial accionada, situación que, dada
la finalidad prevista para la tutela, sale de la órbita de competencia del juez
constitucional.
47. Es necesario recordar que el análisis que le corresponde realizar al juez
constitucional al estudiar la procedencia de tutela contra providencia judicial no es
de corrección sino de validez10, motivo por el cual solo habrá lugar a amparar los
10
Corte Constitucional, sentencia SU 128 de 6 de mayo de 2021, magistrado ponente: Cristina Pardo
Schlesinger.
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derechos fundamentales en los eventos en los que se advierta que el
razonamiento es arbitrario o caprichoso.
48. En suma, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante
con la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la
transgresión de derechos fundamentales, razón por la que la Sala procederá a
negar el amparo deprecado, por las consideraciones expuestas en la presente
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Negar la acción de tutela interpuesta por el señor Nelson Augusto
Hernández Arteaga en contra de la Subsección B, de la Sección Segunda, del
Consejo de Estado, conforme a las consideraciones plasmadas en esta
providencia.
Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Tercero: De no ser impugnada remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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