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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02922-00

Fecha
7 de mayo de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02922-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 18 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02922-00 Actora: YENNY ROCÍO MERCHÁN CUBIDES por el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y el CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOYACÁ Y CASANARE, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: DENEGAR la solicitud de amparo de la referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: INSTAR a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA para que, de manera prioritaria, adelante las gestiones administrativas a su alcance con miras a obtener los recursos presupuestales necesarios para la contratación del servicio de aseo requerido en las sedes judiciales a su cargo, con el fin de garantizar espacios de trabajo adecuados que permitan a los servidores judiciales desempeñar sus labores en un ambiente saludable. CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. QUINTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 19 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02922-00 Actora: YENNY ROCÍO MERCHÁN CUBIDES

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02922-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

7 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02922-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: YENNY ROCÍO MERCHÁN CUBIDES

TESIS: SE DENIEGA LA SOLICITUD DE AMPARO. SE INSTA A LA DIRECCIÓN
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, PARA
QUE, DE MANERA PRIORITARIA, ADELANTE LAS GESTIONES
ADMINISTRATIVAS A SU ALCANCE CON MIRAS A OBTENER LOS RECURSOS
PRESUPUESTALES NECESARIOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
ASEO REQUERIDO EN LAS SEDES JUDICIALES A SU CARGO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: TRABAJO, SEGURIDAD SOCIAL, VIDA Y SALUD.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por la actora contra

el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA1, el CONSEJO

SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOYACÁ Y CASANARE2 y la

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN

JUDICIAL DE TUNJA3.

I.- ANTECEDENTES

1
En adelante Consejo.
2
En adelante Consejo Seccional.
3
En adelante Dirección Seccional.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02922-00
Actora: YENNY ROCÍO MERCHÁN CUBIDES

I.1.- La solicitud

La señora YENNY ROCÍO MERCHÁN CUBIDES, actuando en

nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al trabajo, a la seguridad social, a la vida, a

la salud y al principio de igualdad, los cuales estima vulnerados por

el CONSEJO, el CONSEJO SECCIONAL y la DIRECCIÓN

SECCIONAL, por cuanto presuntamente en las instalaciones en las

que funciona el JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN LUIS

DE GACENO4, en el cual labora, no se presta el servicio de aseo

continuo y permanente que garantice condiciones aceptables de

higiene y salubridad.

I.2.- Hechos

Manifestó que labora al servicio de la Rama Judicial en el cargo de

escribiente del JUZGADO, nombrada en provisionalidad desde el 10

de julio de 2023.

Aseguró que se encuentra en estado de embarazo y que dicha

circunstancia la hace merecedora de una protección constitucional

reforzada.

4
En adelante en Juzgado.

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Mencionó que en la sede del JUZGADO no se presta el servicio de

aseo continuo y permanente que garantice condiciones de higiene y

salubridad, por lo que cada funcionario del despacho ha optado por

efectuar la limpieza de su área de trabajo y de los espacios comunes

de manera periódica, lo que en su caso resulta riesgoso dado su

estado de embarazo, pues en la actualidad se acumula polvo, tierra

y una proliferación de insectos y roedores transmisores de

enfermedades.

Aseguró que las entidades accionadas han garantizado el suministro

de los implementos de aseo, pero no han designado personal idóneo

para las labores de limpieza debido a la falta de recursos

presupuestales que impiden la contratación del servicio de aseo en

los despachos judiciales de los municipios de la jurisdicción. Por tal

razón, acudieron a la administración del MUNICIPIO DE SAN LUIS

DE GACENO (BOYACÁ)5 para solicitar el suministro de personal de

apoyo; sin embargo, la respuesta fue negativa, por cuanto dicha

función no le corresponde.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Manifestó que la situación descrita vulnera sus derechos

fundamentales al trabajo en condiciones dignas, a la salud, a la vida

5
En adelante Municipio.

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4

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y a la igualdad, en la medida en que la exposición al polvo, vectores

y la falta de aseo y desinfección de los baños y demás áreas de

trabajo representa un riesgo para su salud y para la de la criatura

por nacer.

Puso de presente que no cuenta con otro mecanismo de defensa

judicial eficaz e idóneo, que permita conjurar la vulneración de sus

derechos, por lo que la circunstancia requiere un tratamiento

urgente.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, la actora pretende lo siguiente:

“[…] PRIMERA: Solicito respetuosamente que se tutelen mis
derechos fundamentales al TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS,
A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA VIDA EN CONEXIDAD CON LA
SALUD Y AL PRINCIPIO DE IGUALDAD, consagrados en los
artículos 11, 13, 23, 25 y 43 de la Constitución Política, así como la
protección especial y reforzada que me corresponde como mujer en
estado de embarazo, conforme a lo establecido en el artículo 43
superior y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

SEGUNDA: Solicito que, como medida de protección constitucional,
se ORDENE a las entidades accionadas adelantar, sin más dilaciones,
las actividades administrativas y presupuestales necesarias para
GARANTIZAR LA CONDICIONES DE HIGIENE, SALUD Y
SEGURIDAD EN MI SITIO DE TRABAJO mediante la realización del
aseo o limpieza continuo y permanente en la sede del Juzgado
Promiscuo Municipal de San Luis de Gaceno, Boyacá.

TERCERA: Solicito que, dada mi condición de mujer embarazada
como sujeto de especial protección constitucional, se adopten
medidas adicionales orientadas a garantizar que mi entorno laboral
no represente ningún riesgo para mi salud y la de mi hija por nacer,
incluyendo la desinfección inmediata del despacho y la eliminación de
los vectores de enfermedades actualmente presentes en el lugar […]”.

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(Destacado pertenece al texto).

I.5.- Defensa

I.5.1.- El CONSEJO SECCIONAL manifestó que no goza de

legitimación en la causa por pasiva para atender las peticiones de la

actora, por cuanto la función de garantizar la prestación del servicio

de aseo e intervención de las condiciones locativas del JUZGADO le

corresponde a la DIRECCIÓN SECCIONAL, en atención a la

desconcentración de funciones.

I.5.2.- La DIRECCIÓN SECCIONAL manifestó que en virtud de lo

dispuesto en el artículo 103 de la Ley 270 de 1996, le corresponde

administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento

de la Rama Judicial, además de suscribir los contratos en nombre de

esta para tal fin.

Mencionó que respecto a las pretensiones y hechos formulados por

la actora, a la fecha no dispone de personal de planta para la

prestación de los servicios de aseo y mantenimiento de inmuebles,

pues se requiere adelantar el proceso de selección de una empresa

especializada en la materia. No obstante, aseguró que en la

actualidad no cuenta con el presupuesto para atender dicha

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asistencia en todas las sedes judiciales de los distritos de Tunja,

Santa Rosa de Viterbo y Yopal.

Aseguró que ha gestionado ante el nivel central la asignación del

presupuesto para atender la necesidad expuesta por la actora,

además ha realizado esfuerzos para designar personal de aseo

buscando una colaboración interinstitucional con el MUNICIPIO, sin

embargo, hasta la fecha no ha obtenido una respuesta al respecto.

Resaltó que ha actuado en el marco de sus competencias conforme

a los fines esenciales del Estado y ha acatado la regulación relativa a

la ley de presupuesto general de la nación, por lo que la ejecución de

los recursos por fuera de la designación específica depende de

factores que se escapan material y jurídicamente de sus facultades.

I.5.3.- El CONSEJO solicitó ser desvinculado del presente trámite

constitucional, al considerar que no es el llamado a responder o

acatar las órdenes que se profieran con el fin de amparar las

garantías constitucionales de la actora, pues, a su juicio, sería la

DIRECCIÓN SECCIONAL la responsable de dar cumplimiento a lo

aquí pretendido.

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I.5.4.- El MUNICIPIO pese a ser notificado en debida forma, guardó

silencio.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

La Sala advierte que el CONSEJO y el CONSEJO SECCIONAL

solicitaron ser desvinculados de la presente acción de tutela, por falta

de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

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“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]”. (Destacado de la Sala).

Ahora bien, comoquiera que dichas autoridades fueron vinculadas

como accionadas al presente trámite constitucional, en atención a

que la actora formuló pretensiones en su contra, la Sala denegará

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las solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa

por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

esta providencia.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 19916. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

Caso concreto

En el presente caso, la actora instauró acción de tutela con el fin de

obtener el amparo de sus derechos fundamentales al trabajo, a la

seguridad social, a la vida, a la salud y al principio de igualdad, los

cuales estima vulnerados por el CONSEJO, el CONSEJO

6
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".

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SECCIONAL y la DIRECCIÓN SECCIONAL, por cuanto

presuntamente en las instalaciones en las que funciona el JUZGADO

en el cual labora, no se presta el servicio de aseo continuo y

permanente que garantice condiciones aceptables de higiene y

salubridad.

Conforme con lo anterior, corresponde a la Sala determinar si la

acción de tutela de la referencia cumple con los requisitos de

procedibilidad y, de ser así, establecer si la omisión de la

DIRECCIÓN SECCIONAL en designar de manera permanente una

persona encargada de las labores de aseo en la sede judicial donde

la actora presta sus servicios, constituye una vulneración de sus

derechos fundamentales.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que la solicitud de amparo

fue promovida dentro de un término razonable, toda vez que la

presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados

deviene de la omisión en la prestación del servicio de aseo continuo

y permanente en la sede judicial donde labora actualmente.

Por otro lado, en lo que concierne a la subsidiariedad la Sala también

encuentra acreditado dicho requisito, comoquiera que, por una parte,

el objeto de la acción de tutela es lograr la protección inmediata de

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sus derechos fundamentales y, por otra, en razón a que la actora no

dispone de otro medio de defensa judicial idóneo que le permita

garantizar el mejoramiento de sus condiciones laborales.

Visto que la presente acción de tutela cumple con los requisitos de

procedibilidad, procede la Sala a abordar el estudio del fondo del

asunto.

Del derecho al trabajo

Respecto del derecho al trabajo el artículo 25 de la Constitución

Política establece:

“[…] Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social
y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del
Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones
dignas y justas […]”.

La Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha destacado los

elementos que integran el derecho fundamental al trabajo,

resaltándolo como una obligación social que goza de especial

protección estatal y que exige garantizar su ejercicio en condiciones

dignas y justas. Tales criterios fueron decantados por el alto tribunal

en sentencia T-791 de 20107, en la cual señaló:

7
Mp Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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“[…] Esta Corporación ha hecho énfasis en algunos de los
aspectos que integran la noción de trabajo como derecho y
obligación social en condiciones dignas y justas. La Sala
destaca los siguientes: (i) proporcionalidad entre la
remuneración y la cantidad y calidad de trabajo, (ii) pago
completo y oportuno de salarios, (iii) libertad de escoger
sistema prestacional, específicamente en cuanto al régimen de
cesantías, (iv) asignación de funciones e implementos de
trabajo, (v) no reducción del salario, (vi) aplicación del principio
según el cual, a trabajo igual, salario igual, (vii) ausencia de
persecución laboral y, (viii) ofrecimiento de un ambiente
adecuado para el desempeño de las tareas. (Resaltado
fuera de texto)

En relación con el derecho del trabajador a disfrutar de un
ambiente adecuado, propicio, libre de amenazas de orden físico
y moral, y la obligación correlativa del Estado de garantizarlo,
la Corte en la Sentencia T-584 de 1998 señaló lo siguiente:
El artículo 25 de la Constitución Política establece que el trabajo
es un derecho y una obligación social, cuyo ejercicio goza de
especial protección del Estado, en todas sus modalidades, lo
cual significa que, dicha garantía constitucional, cubre todas las
profesiones y oficios y a todos los empleados públicos y
servidores privados en sus distintos niveles. La especial
protección del derecho al trabajo comprende, a su vez,
la garantía misma de realizarlo en condiciones dignas y
justas, de manera que, permitan, a trabajadores y
empleados, desempeñarse en un ambiente que refleje el
debido respeto a su condición de ser humano, libre de
amenazas de orden físico y moral, así como de
circunstancias que perturben el normal desarrollo de las
tareas asignadas; así las cosas, en forma correlativa y
proporcional a ese derecho, aparece el deber de velar porque
el trabajo en tales condiciones sea una realidad, de manera
que se provean las instalaciones y espacios necesarios
para cumplir con los cometidos asignados y el
tratamiento respetuoso al empleado o trabajador en su
condición humana. La efectividad de esas condiciones
supone la posibilidad de conocimiento anticipado de las mismas
al momento de su vinculación, al igual que de las funciones que
deberán cumplirse, situación que en el ámbito de la función
pública, por disposición constitucional, debe contar con una
estipulación clara y previamente detallada en la Constitución,
ley o reglamento, a fin de que exista una seguridad para la
administración y la comunidad, además del mismo empleado,
acerca del marco de realización de los deberes del cargo o
empleo, para que el trabajo se ejecute dentro de los límites del
orden jurídico vigente. (Subrayado fuera de texto) […]

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De cualquier manera, no pueden perderse de vista
ciertos condicionamientos operativos y presupuestales
de la administración pública, como la ausencia de
vacantes o la carencia de recursos. En estos casos, a
menos que se demuestre fehacientemente la
impostergabilidad del traslado o la reubicación, la
medida consistirá en una orden de atención prioritaria a
la persona, una vez existan las posibilidades para tal
efecto […]” (Negrillas fuera del texto).

Lo precedente significa que todos los trabajadores tienen derecho a

desempeñar sus funciones en un ambiente laboral adecuado, propicio

y libre de amenazas. En consecuencia, el Estado tiene la obligación

de garantizar la satisfacción de este derecho en condiciones justas y

dignas, de manera que el empleado pueda desarrollar sus labores en

un entorno que asegure su bienestar.

No obstante, lo anterior, si bien el Estado debe garantizar la eficacia

de este derecho, la administración pública puede enfrentar

limitaciones operativas y presupuestales que dificultan su adecuada

observancia. En consecuencia, solo cuando se acredite que la medida

de protección reviste un carácter verdaderamente urgente podrá

ordenarse su cumplimiento inmediato; de lo contrario, la entidad

deberá brindar atención prioritaria al trabajador tan pronto cuente

con las condiciones materiales y presupuestales necesarias para

hacerlo.

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Ahora bien, descendiendo al caso concreto y conforme con los

elementos de juicio obrantes en el plenario, la Sala encuentra

acreditado, lo siguiente:

• La actora presta sus servicios a la Rama Judicial en el cargo de

escribiente del JUZGADO, desde el 10 de julio de 2023.

• Según el certificado médico expedido el 13 de diciembre de 2025,

la Sala constata que la actora se encuentra en estado de embarazo.

• Del material fotográfico allegado con los anexos de la demanda, la

Sala observa varias imágenes -sin indicación de fecha ni hora- en las

que se aprecian puestos de trabajo, anaqueles de archivo y la

presencia de un insecto.

• Igualmente, se observa que junto con el informe la DIRECCIÓN

SECCIONAL8 aportó:

i) Copia de la invitación pública DESAJTU-MC 005 de 2026, en la que

abrió la convocatoria para contratar los servicios de fumigación y

control de plagas en las sedes físicas en las que prestan servicio

despachos y corporaciones judiciales, en los distritos de Tunja, Santa

8
Anexos del informe de tutela, visible en el índice núm. 9 del aplicativo de consulta Samai.
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1100103150002026029
22001100103

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Rosa de Viterbo y Yopal, así como en aquellas en las que funcionan

las dependencias adscritas a la DIRECCIÓN SECCIONAL y al

CONSEJO SECCIONAL.

ii) Copia del Oficio núm. DESAJTUO26-1291 de 23 de abril de 2026,

dirigido al MUNICIPIO, mediante el cual le solicita la colaboración

en las jornadas de limpieza y desinfección, dado que no cuenta con

los recursos presupuestales suficientes para contratar la prestación

del servicio de aseo.

Precisado lo anterior, si bien la Sala no desconoce el estado de

embarazo de la accionante, también se advierte que la DIRECCION

SECCIONAL informó que actualmente no cuenta con los recursos

presupuestales necesarios para contratar un servicio permanente de

aseo en la sede judicial en la que labora la actora, y que ha

adelantado diversas actuaciones administrativas orientadas a

mejorar las condiciones físicas y de salubridad del lugar de trabajo,

pues ha realizado diferentes gestiones con el fin de obtener personal

de apoyo para la realización de jornadas de limpieza y desinfección

en las instalaciones judiciales.

Además, se resalta que en la actualidad la DIRECCIÓN SECCIONAL

se encuentra adelantando el proceso de selección para la

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contratación de los servicios de fumigación y control de plagas en las

sedes físicas donde prestan los servicios los despachos y

corporaciones judiciales a su cargo, dentro de los cuales se incluye

el despacho judicial donde labora la actora.

Así las cosas, teniendo en cuenta que la acción de tutela de la

referencia está encaminada a que la DIRECCIÓN SECCIONAL

designe de manera urgente personal de aseo en la sede judicial

mencionada, la Sala concluye que no hay lugar a conceder el

amparo solicitado.

Lo precedente, por cuanto la actuación desplegada por dicha

autoridad se ha ajustado al marco de sus competencias, adelantando

gestiones administrativas orientadas a atender las necesidades de

los servidores judiciales y a garantizar el adecuado funcionamiento

de las sedes, procurando alternativas para suplir dichas necesidades

aun frente a las limitaciones presupuestales alegadas, razón por la

que la intervención del juez constitucional se encuentra vedada, pues

no resultaría procedente impartir órdenes de amparo relacionadas

con las decisiones administrativas y presupuestales de la accionada,

máxime si la misma, se reitera, está realizando acciones para

atender la situación expuesta por la actora.

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Sin perjuicio de lo anterior, la Sala no desconoce que la ausencia de

la prestación continua y permanente del servicio de aseo puede

afectar el desarrollo de las funciones laborales en buenas

condiciones, razón por la que estima pertinente instar a la

DIRECCIÓN SECCIONAL para que, de manera prioritaria, adelante

las gestiones administrativas a su alcance con miras a obtener los

recursos presupuestales necesarios para la contratación del servicio

de aseo requerido en las sedes judiciales a su cargo, con el fin de

garantizar espacios de trabajo adecuados que permitan a los

servidores judiciales desempeñar sus labores en un ambiente

saludable, como se dispondrá en la parte resolutiva de la presente

providencia.

Por lo precedente, la Sala denegará el amparo solicitado, como en

efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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18

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02922-00
Actora: YENNY ROCÍO MERCHÁN CUBIDES

por el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y el CONSEJO

SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOYACÁ Y CASANARE, por

las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: DENEGAR la solicitud de amparo de la referencia, de

conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: INSTAR a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA para que, de manera

prioritaria, adelante las gestiones administrativas a su alcance con

miras a obtener los recursos presupuestales necesarios para la

contratación del servicio de aseo requerido en las sedes judiciales a

su cargo, con el fin de garantizar espacios de trabajo adecuados que

permitan a los servidores judiciales desempeñar sus labores en un

ambiente saludable.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

QUINTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

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19

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02922-00
Actora: YENNY ROCÍO MERCHÁN CUBIDES

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 7 de mayo de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Salva voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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