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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02924-00

Fecha
28 de mayo de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02924-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Superintendencia de Transporte, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DESVINCULAR del presente trámite constitucional al Ministerio de Transporte, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión. TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia. CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. QUINTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2026-02924-00

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

28 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Urias Morales Vargas.
Parte accionada: Consejo de Estado – Sección Quinta.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02924-00.
Asunto: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia por falta de
relevancia constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra la Sección Quinta del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES
1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. El señor Urias Morales Vargas en ejercicio del medio de control de
cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos
administrativos presentó demanda contra el Ministerio de Transporte, la
Superintendencia de Transporte, el Concejo de Valledupar y la
Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar, con el fin de obtener
el acatamiento de los artículos 1, 2, 129, 135 y 158A de la Ley 769 de
2002 adicionado por el artículo 18 de la Ley 2251 de 2022, el artículo 10
de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 6 de la Resolución 20203040011245
de 2020 (compilada en el artículo 7.8.1.2. de la Resolución
20223040045295 de 2022).

1.2. El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia de 4 de
diciembre de 2025, declaró improcedente el medio de control al

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02924-00

considerar que la finalidad última de la acción promovida por el
accionante es obtener la anulación o revocatoria de sanciones de tránsito
impuestas por una autoridad territorial, lo cual excede el ámbito propio de
la acción de cumplimiento.

1.3. Inconforme con la decisión anterior el accionante presentó recurso
de apelación.

1.4. La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante decisión de 19
de febrero de 2026, revocó parcialmente la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, i) rechazó la acción de cumplimiento respecto
del artículo 1 y 2 de la Ley 769 de 2002; ii) declaró la cosa juzgada en
relación con el cumplimiento de los artículos 129, 135 y 158A de la Ley
769 de 2002 y el artículo 6 de la Resolución 20203040011245 de 2020
expedida por el Ministerio de Transporte; y iii) declaró la improcedencia
de la acción frente a las demás pretensiones de la demanda.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que la autoridad accionada incurrió en defecto
sustantivo por cuanto inaplicó los artículos 4 y 6 de la Constitución Política, 3
-parágrafo 3- de la Ley 769 de 2002 y el artículo 3 de la Ley 1843 de 14 de
julio de 2017 sobre la competencia de la Superintendencia de Transporte como
autoridad de vigilancia y control de todos los organismos de tránsito al validar
la autonomía territorial como un obstáculo para la intervención de dicha
entidad. Asimismo, omitió la aplicación del artículo 158 de la misma ley que
genera una sanción para las autoridades de tránsito que utilicen ayudas
tecnológicas sin cumplir los criterios de seguridad vial.

Adicionalmente aseguró que la autoridad judicial incurrió en el anterior defecto
por aplicar de forma extensiva la cosa juzgada, dado que no podía existir
identidad de causa petendi respecto de hechos ocurridos entre 2024 y 2026,
que no pudieron ser objeto de sentencias previas. Igualmente, se desconoció
que el artículo 1 de la Ley 1843 de 2017 fue declarado inexequible mediante

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sentencia C-038 de 2020 proferida por la Corte Constitucional, por lo que se
configuraría el decaimiento de las sanciones que tenían como sustento dicha
norma.

Indicó que se incurrió en defecto orgánico al haberse ordenado la compulsa
de copias ante el Consejo Superior de la Judicatura contra el asesor jurídico
involucrado en el proceso.

Sostuvo que se configuró un defecto fáctico por la omisión en la valoración
probatoria sobre la renuencia de la Superintendencia de Transporte a iniciar
las investigaciones ordenadas por la Ley 1843 de 2017, pese a la existencia
de peticiones ciudadanas que advertían la operación irregular de equipos en
movimiento, las cuales no recibieron respuesta suficiente.

Afirmó que se desconoció el precedente constitucional contenido en las
sentencias C-038 de 2020 y C-321 de 2022 que establecieron que la
tecnología no releva al Estado de su carga probatoria de identificar plenamente
al infractor.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA: Que se AMPAREN los derechos fundamentales al
DEBIDO PROCESO, al ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, a la IGUALDAD y a la SEGURIDAD JURÍDICA de EL
ACCIONANTE y, por extensión, de la colectividad afectada, los cuales
fueron vulnerados por la Sección Quinta del Consejo de Estado al
proferir una providencia que desconoce el imperio de la Constitución y la
Ley.

SEGUNDA: Que se DECLARE LA NULIDAD Y SE DEJE SIN EFECTOS
JURÍDICOS la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo
de Estado dentro de la acción de cumplimiento con radicado [Insertar
Radicado], por configurar una Vía de Hecho mediante un defecto
sustantivo y desconocimiento del precedente vinculante de la Corte
Constitucional (Sentencias C-038/20 y C-321/22) y del propio Consejo de
Estado.

TERCERA: Que, como consecuencia de lo anterior, se ORDENE a la

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Sección Quinta del Consejo de Estado que, en un término no mayor a
quince (15) días, profiera una NUEVA SENTENCIA DE FONDO. En dicho
fallo, la corporación deberá acatar lo dispuesto en los Artículos 10 y 102
del CPACA, reconociendo que la Superintendencia de Transporte,
según el Artículo 3 (Parágrafo 3) de la Ley 769 de 2002, tiene una
obligación imperativa, clara y exigible de vigilancia que no puede ser
eludida bajo el pretexto de autonomía territorial.

CUARTA: Que se ORDENE a la SUPERINTENDENCIA DE
TRANSPORTE dar cumplimiento estricto y efectivo al Artículo 4 del
Decreto 2409 de 2018 y al Artículo 3 de la Ley 1843 de 2017,
procediendo a inspeccionar y verificar la validez técnica de los sistemas
SAST en Valledupar. Se debe declarar que la entidad no ha cumplido con
su función de policía administrativa al permitir la operación de dispositivos
móviles y "cruce de datos" sin la debida señalización y validación humana.

QUINTA: Que se ORDENE a la Superintendencia de Transporte que, en
ejercicio de su facultad de autoridad de cierre y en cumplimiento del
Artículo 158A del Código Nacional de Tránsito (adicionado por Ley
2251 de 2022), disponga la REVOCATORIA OFICIOSA Y MASIVA de
la totalidad de los comparendos (aproximadamente 92.000) impuestos en
Valledupar mediante prácticas prohibidas (vehículos en movimiento y falta
de plena identificación del infractor).

SEXTA: Que se ORDENE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL E
INMEDIATA de todos los efectos administrativos, reportes en las
plataformas SIMIT y RUNT, y procesos de cobro coactivo derivados de
estas fotomultas ilegales, hasta que la autoridad de tránsito de Valledupar
demuestre, caso por caso, que cumplió con la carga probatoria de
identificar al conductor infractor, conforme a la Sentencia de Unificación
SU-011 de 2020.

SÉPTIMA: Que se DECLARE que la Sección Quinta del Consejo de
Estado incurrió en un Exceso Ritual Manifiesto y en una Cosa Juzgada
Aparente, al pretender aplicar fallos previos sobre situaciones fácticas
nuevas y ante la aparición de normas de orden público posteriores (como
la Ley 2251 de 2022) que obligan a la administración a actuar de oficio
frente a la ilegalidad técnica.

OCTAVA: Que se COMPULSEN COPIAS con carácter urgente a la
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a la COMISIÓN DE
ACUSACIONES (o autoridad competente), para que se investigue la
responsabilidad disciplinaria de los funcionarios de la Superintendencia
de Transporte y se verifique si la actuación de los magistrados de la
Sección Quinta se apartó deliberadamente del bloque de
constitucionalidad para favorecer intereses de recaudo de un operador
privado.

NOVENA: Que el Juez de Tutela, dada la gravedad de la omisión y el
impacto masivo sobre el patrimonio de los ciudadanos, mantenga la
VIGILANCIA PERMANENTE sobre el cumplimiento de este amparo
mediante un incidente de seguimiento, asegurando que la
Superintendencia de Transporte no emita respuestas administrativas
ambiguas o vacuas que pretendan burlar la orden judicial.

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DÉCIMA: Que se ORDENE a la Secretaría de Tránsito de Valledupar y a
la Superintendencia de Transporte la devolución indexada de los dineros
recaudados bajo este esquema de Responsabilidad Objetiva,
reconociendo que el Estado no puede lucrarse de cobros fundamentados
en procedimientos que han perdido su fuerza ejecutoria por vía del
Decaimiento (Art. 91 CPACA) […]”. [sic en toda la cita]

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Mediante auto de 28 de abril de 2026, se admitió la presente acción de tutela
y se vinculó al Tribunal Administrativo del Cesar, al Ministerio del Transporte,
a la Superintendencia de Transporte, al Concejo de Valledupar y a la
Secretaría de Tránsito y Transporte del Municipio de Valledupar, en calidad de
terceros con interés directo en el resultado del proceso. En esa misma
providencia se negó la medida provisional solicitada por el actor.

III. INTERVENCIONES

1. El Ministerio de Transporte solicitó su desvinculación dado que los hechos
planteados en el escrito de tutela y las respectivas pretensiones no guardan
relación directa o indirecta con sus funciones.

2. El Tribunal Administrativo del Cesar manifestó que no vulneró los derechos
fundamentales de la actora, en razón a que “[…] la decisión cuestionada se
fundó en la valoración de los hechos y pruebas obrantes en dicho
procedimiento […]”.

3. La Superintendencia de Transporte manifestó que carece de legitimación en
la causa por pasiva en razón a que no es la responsable de la vulneración
alegada por el actor.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de

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conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.

2. Cuestión previa

La Sala advierte que tanto el Ministerio de Transporte como la
Superintendencia de Transporte solicitaron sus desvinculaciones de este
trámite por carecer de legitimación en la causa por pasiva para atender las
pretensiones de amparo.

La Sala considera que, comoquiera que la Superintendencia de Transporte
fungió como entidad demandada dentro del medio de control objeto de tutela
identificado con el radicado núm. 20001-23-33-000-2025-00650-01, le asiste
interés directo en la decisión de la acción constitucional de la referencia, razón
por la que se le negará la solicitud de desvinculación.

En cuanto a la solicitud de desvinculación elevada por el Ministerio de
Transporte, la Sala considera que resulta procedente su desvinculación dentro
del presente asunto, por cuanto dicha cartera ministerial no fue sujeto procesal
dentro del medio de control objeto de tutela identificado con el radicado núm.
20001-23-33-000-2025-00650-012, por lo que no le asiste interés en los
resultados de este mecanismo de amparo.

3. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política”.
2 Al respecto, debe resaltarse que, aunque la demanda de acción de cumplimiento se dirigió

contra el Ministerio de Transporte, mediante auto de 14 de noviembre de 2025 el Tribunal
Administrativo del Cesar dispuso no tenerla como demandada por no haberse agotado el
requisito del artículo 8 de la Ley 393 de 1997.

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A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
si ello es así, se deberá:

B) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.

4. Caso concreto

4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela

La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional3 como del Consejo
de Estado4 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de unos
requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de alguno de
los requisitos especiales para dicha procedencia.

Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

El requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales atinente a la relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando
se acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce

3 Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
4 Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ)

y 2012-02201-01, respectivamente. Entre otras.

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de algún derecho fundamental5 y se descarta el uso del mecanismo de amparo
como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces6.

En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional precisó que la sola
mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha
afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por
acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.

En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de
identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por qué se
configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición
a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la “[…] entidad
de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]»; (ii) que el alcance de la controversia
“[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”, y (iii) que se “[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.

En este contexto, resulta claro que la relevancia constitucional como requisito
genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
tiene como propósito; (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la
competencia y la independencia del juez ordinario.

Respecto de lo anterior, esta Sala advierte que la argumentación que esgrimió
la parte actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos

5 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428,

Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño.
6 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto

Antonio Sierra Porto). En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-
18.

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fundamentales en que incurrió la autoridad accionada no devela que el
presente asunto gire en torno al alcance de algún derecho fundamental, sino,
únicamente, frente a la mera inconformidad con la decisión adoptada el 19 de
febrero de 2026 en el marco del medio de control de cumplimiento de normas
con fuerza material de ley o de actos administrativos con radicación núm.
20001-23-33-000-2025-00650-01.

Lo anterior teniendo en cuenta que el extremo accionante en ningún momento
está poniendo de relieve que la autoridad judicial haya incurrido en una
arbitrariedad judicial, ni tampoco hace una exposición a partir de la cual se
evidencie que su caso tiene la “[…] entidad de interpretar, aplicar, desarrollar
la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
[…]” y mucho menos justifica “[…] razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales […]”.

Cabe destacar que la argumentación planteada por la parte actora está asociada
a que la autoridad accionada debió ordenarle a la Superintendencia de
Transporte y a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar cumplir
con los artículos 1, 2, 129, 135 y 158A de la Ley 769 de 2002 adicionado por
el artículo 18 de la Ley 2251 de 2022, 10 de la Ley 1437 de 2011 y 6 de la
Resolución 20203040011245 de 2020 (compilada en el artículo 7.8.1.2. de la
Resolución 20223040045295 de 2022), y a partir de ello disponer la anulación
de las multas de tránsito y retirar los vehículos utilizados para la imposición de
comparendos.

De ahí que la Sala advierte que lo pretendido por la parte actora es que se realice
un nuevo análisis del asunto puesto a consideración del juez natural, como si
este mecanismo constitucional se tratara de una instancia adicional del medio de
control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos
administrativos.

Por tanto, se considera que los argumentos de la parte actora más que develar
la existencia de una cuestión que sea de “verdadera relevancia constitucional”
que conlleve la presunta transgresión de derechos fundamentales, demuestra

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una inconformidad con la decisión adoptada por la autoridad accionada como
si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, por lo cual el
juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la
acción de tutela un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso
invadir la competencia y la independencia del juez natural.

De otra parte, en cuanto al argumento de la parte actora asociado con el
defecto orgánico se advierte que no tiene vocación de prosperidad, en la
medida en que no se observa que la Sección Quinta del Consejo de Estado al
proferir la providencia aquí acusada haya compulsado copias en su contra, así
como tampoco que haya declarado un actuar temerario, de tal forma que la
Sala se relevará de dicho análisis7.

Respecto de las pretensiones relacionadas con la Superintendencia de
Transporte, el Municipio de Valledupar y las que tienen como objeto que se dé
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 4 del Decreto 2409 de 2018, 3 de
la Ley 1843 y 158A del Código Nacional de Tránsito, y se ordene la suspensión
de los efectos administrativos de los procesos de cobro coactivo derivados del
sistema de foto-detección y la devolución de los dineros recaudados, la Sala
advierte que no tienen vocación de prosperidad, en la medida en que
precisamente dichos aspectos fueron el objeto del medio de control que ahora
se controvierte, en el que, además, se le señaló a la parte actora que frente a
estos últimos reparos los interesados contaban con el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, de tal forma que este no es el
escenario idóneo para debatirlos nuevamente8.

Finalmente, frente las pretensiones del actor tendientes a que se compulsen
copias a la Procuraduría General de la Nación y a la Comisión de Investigación
y Acusación de la Cámara de Representantes, con el fin de que se investigue
la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios de la Superintendencia de
Transporte y se verifique la actuación de los magistrados de la Sección Quinta

7 En este mismo sentido se pronunció esta Sección en sentencia de 30 de abril de 2026 dentro

del expediente 11001-03-15-000-2026-02894-00.
8 Ibidem.

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del Consejo de Estado, se resalta que la acción de tutela no está instituida
para analizar y resolver tales asuntos, además que tales situaciones deben ser
ventiladas por el accionante directamente ante las autoridades competentes9.

Bajo los anteriores argumentos, la Sala declarará improcedente la acción de
tutela, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la
Superintendencia de Transporte, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: DESVINCULAR del presente trámite constitucional al Ministerio
de Transporte, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte
motiva de esta decisión.

TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la
referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta
sentencia.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

QUINTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

9 Ibidem.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02924-00

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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