Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02927-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02927-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-02927-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
3 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Tres (3) de Agosto de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2026-02927-011
Accionante : José María Barreto Barrero
Accionado : Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F
Vinculados : Juzgado Segundo (2°) Administrativo de Girardot y Nación -
Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional
Acción : Tutela (impugnación)
Tema : Tutela contra providencia judicial, reconocimiento de pensión
de sobreviviente
Decisión : Sentencia de segunda instancia
Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por el accionante contra el fallo
de Veintiocho (28) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026), emitido por el Consejo de
Estado, Sección Primera2, que declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico
1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por el actor frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo
relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que
corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela
2. El señor José María Barreto Barrero, quien actúa a través de apoderado, interpuso
el presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, mínimo vital y seguridad social, presuntamente
vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F.
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Expediente digital disponible en Samai.
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C. P. Carlos Fernando Mantilla Navarro.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02927-01
Accionante: José María Barreto Barrero
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F
3. Por consiguiente, solicitó dejar sin efectos la sentencia de Veintidós (22) de Abril
de Dos Mil Veinticinco (2025), por medio de la cual, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F revocó la providencia de Diez (10)
de Agosto de Dos Mil Veintitrés (2023), en la que, el Juzgado Segundo (2º)
Administrativo de Girardot accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho promovida contra la Nación - Ministerio de Defensa
Nacional - Ejército Nacional (expediente 25307-33-33-002-2022-00116-01), para
negarlas. En su lugar, pidió que se ordene a la autoridad accionada emitir una nueva
decisión «[…] valorando integralmente el material probatorio conforme a la sana crítica y la
jurisprudencia constitucional vigente».
1.3 Hechos3.
4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por el
accionante se puede evidenciar que, el Veintitrés (23) de Mayo de Dos Mil Veintidós
(2022) promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional (expediente 25307-33-
33-002-2022-00116-01), encaminada a que se dejaran sin efectos los actos
administrativos a través de los cuales, le fue negado el reconocimiento de la pensión
de sobrevivientes, con ocasión del fallecimiento de su esposa, la señora Margarita
Cárdenas de Barreto.
5. De ese asunto conoció el Juzgado Segundo (2º) Administrativo de Girardot que,
el (10) de Agosto de Dos Mil Veintitrés (2023) accedió a las pretensiones
formuladas, al considerar que, «[…] es claro […] que […] le asistiría derecho al reconocimiento
y pago de la sustitución pensional con ocasión del fallecimiento de su esposa […], pues así se
estimare aplicables las disposiciones de las Leyes 100 y 797, (i) su convivencia se extendió durante
más de cinco años y (ii) el vínculo matrimonial no se disolvió».
6. Inconforme con esa decisión, la entidad accionada interpuso recurso de
apelación, desatado el Veintidós (22) de Abril de Dos Mil Veinticinco (2025) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, en el
sentido de revocarla, al estimar que, «[…] además, de no encontrarse demostrada una
convivencia superior a los cinco años, tampoco se puede desconocer, que, en todo caso, de acuerdo
con lo dispuesto recientemente por la H. Corte Suprema de Justicia en sentencia SC3085-2024 del
3
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital de primera instancia en SAMAI, índice 00002.
2
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02927-01
Accionante: José María Barreto Barrero
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F
18 de diciembre de 2024, […] “[L]a simple separación de cuerpos -de hecho- por un lapso superior
a dos años, disuelve la sociedad conyugal. Incluso sin que medie declaración judicial -o de las partes
ante autoridad competente”» y, en este asunto, «[…] está claro que la separación de hecho [con]
la causante se prolongó aproximadamente por un término superior a los 30 años; luego, siguiendo
el precedente antes descrito, se entiende que […], pese a que la pareja nunca se divorció, la
sociedad conyugal entre ellos ya se disolvió y, en ese sentido, […] debió demostrar apoyo mutuo,
convivencia efectiva y/o vida en común durante los últimos cinco años […] de la pensionada».
7. Sobre la precedente situación, el tutelante sostiene que, la providencia censurada
incurre en (i) defecto fáctico, «[…] por omitir la valoración adecuada de la[s] prueba[s]
determinantes como lo son: [l]os testimoniales que acreditan convivencia, los registros civiles y
declaraciones […] extra juicio»; y (ii) defecto sustantivo, porque no tuvo en cuenta que,
«[l]a Jurisprudencia (Corte Suprema y Constitucional) ha reiterado que los 5 años de convivencia no
tienen que ser obligatoriamente […] inmediatamente anteriores al fallecimiento. Pueden ser en
cualquier época, siempre que exista una unión estable y una causa justificada si hubo separación al
momento de la muerte».
8. Adujo que, «[…] es una persona de la tercera edad, sin ingresos, cuya subsistencia depende
del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes ».
1.2 Contestaciones de la acción.
9. 1.2.1 El Juzgado Segundo (2º) Administrativo de Girardot4 remitió el enlace
digital del expediente ordinario con radicado 25307-33-33-002-2022-00116-01,
pero, no emitió pronunciamiento alguno frente a los hechos y pretensiones
expuestos en la presente acción de tutela.
10. 1.2.2 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F5 se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la acción de tutela
de la referencia, comoquiera que, la providencia cuestionada fue adoptada con
plena observancia de las garantías procesales y en el marco de la autonomía
judicial, a partir de un análisis integral del material probatorio y de las normas
aplicables al caso concreto.
11. Agregó que, «[…] la inconformidad del accionante no se dirige a evidenciar una actuación
arbitraria o caprichosa por parte del juez natural, sino a cuestionar la valoración probatoria realizada,
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Índice 00011 del expediente de Samai de primera instancia.
5
Índice 00014 del expediente de Samai de primera instancia.
3
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Accionante: José María Barreto Barrero
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F
lo cual resulta ajeno al ámbito de la acción de tutela, en tanto esta no constituye una instancia
adicional para reabrir debates ya definidos en sede ordinaria ».
12. 1.2.3 La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional guardó
silencio en la oportunidad prevista para el efecto.
1.3 Providencia impugnada6
13. Mediante sentencia de Veintiocho (28) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026), el
Consejo de Estado, Sección Primera declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia, porque, a su juicio, no se satisfizo el presupuesto de la inmediatez, dado
que, «[…] la providencia [reprochada] fue notificada el 30 de abril de 2025 y la presente acción de
tutela fue radicada el 16 de abril de 2026, […] [es decir], luego de transcurridos más de seis meses »,
sin que el accionante justificara su inactividad en la interposición en un término
prudencial, pues, aunque cuenta con una avanzada edad (74 años), « […] ello no
implica automáticamente la acreditación de […] vulnerabilidad o debilidad manifiesta que justifique
la flexibilización del requisito de inmediatez» y, «[…] si bien en el escrito de tutela […] alegó que no
puede satisfacer sus necesidades de alimentación y vivienda, no demostró, ni acreditó tal situación ».
1.4 La impugnación7
14. Inconforme con esa determinación, el tutelante la impugnó, para cuyo propósito
reiteró los argumentos expuestos en la solicitud de amparo y, adicionó que, a pesar
de no contar «[…] con una certificación formal de discapacidad o pertenencia a un grupo
minoritario, su situación de vulnerabilidad extrema es un hecho notorio que se desprende de los
hechos de la acción de tutela».
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
15. En virtud de los artículos 328 del Decreto ley 2591 de 19919 y 2510 del Acuerdo
80 del 12 de marzo de 201911 expedido por la sala plena del Consejo de Estado,
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Índice 00016 del expediente de Samai de primera instancia.
7
Índice 00020 del expediente de Samai de primera instancia.
8
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
9
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
10
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
11
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
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esta Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.
2.2 La acción
16. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
2.3 Problema jurídico
17. Se contrae a determinar si la acción de tutela de la referencia satisface los
requisitos de procedibilidad, especialmente el de la inmediatez y, de ser así,
establecer si la sentencia de Veintidós (22) de Abril de Dos Mil Veinticinco (2025),
por medio de la cual, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F revocó la providencia de primera instancia y negó las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, adolece de
defectos fáctico y sustantivo y, por consiguiente, vulnera los derechos
fundamentales al debido proceso, mínimo vital y seguridad social invocados por el
accionante.
2.4 La acción de tutela contra providencias judiciales
18. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 12 y de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado13, es posible acudir
a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
12 Sentencia C-590 de 2005.
13 sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth
García González.
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satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.
19. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
20. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales;
(vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica
del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado;
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y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial
supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se
está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.
2.5 Requisito general de la inmediatez
21. Para determinar la procedencia de esta acción constitucional, se debe precisar
que la jurisprudencia constitucional14 ha establecido para tal propósito varios
requisitos generales, entre los que se encuentra la inmediatez.
22. Adicionalmente, es necesario precisar que, el Consejo de Estado, mediante
sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-0115,
en cuanto al presupuesto de la inmediatez, precisó como término razonable para
ejercer la acción de tutela contra providencias judiciales dictadas por la jurisdicción
contencioso-administrativa, seis (6) meses contados a partir de su notificación o
ejecutoria.
23. Para arribar a la anterior conclusión, el Consejo de Estado sostuvo que, aunque
el presupuesto de inmediatez es exigible para todas las acciones de tutela, lo cierto
es que, cuando se trata de un recurso de amparo contra providencias judiciales, el
lapso de seis (6) meses se justifica como resultado de la garantía de los principios
de cosa juzgada y seguridad jurídica, sin contar que, con ello se pueden vulnerar
derechos de terceros.
24. Sin perjuicio de lo expuesto, en dicha providencia se advirtió que resulta
indispensable analizar la situación concreta sometida al juez de tutela, en particular,
«(i) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada
vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un
nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales del
interesado;16 (iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación
violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha
de interposición17.18».
14
Corte Constitucional, SU-128 de 2021, M. P. Cristina Pardo Schlesinger.
15
Demandante: Alpina Productos Alimenticios S. A., Accionada: Sección Primera, Consejo de Estado, C. P. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
16
Sentencia SU-961/99.
17
Sentencia T-814/05. Ver también, Sentencia T-728/02.
18
Corte Constitucional. Sentencia T-189 de 2009.
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25. De igual modo, se aceptó que, conforme a la jurisprudencia constitucional 19,
existen dos excepciones a la aplicación del requisito de inmediatez, estas son:
«(i) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho
que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación
es continua y actual. Y (ii) cuando la especial situación de aquella persona a quien se le han
vulnerado sus derechos fundamentales, hace desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de
acudir a un juez; por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad,
incapacidad física, entre otros». Situaciones que deberán ser analizadas en cada caso,
en el evento en que se acuda a la tutela en un término superior al mencionado (6
meses).
2.6 Solución al caso concreto
26. En el asunto sub judice la Sala observa que, la acción de tutela de la referencia
no colma la exigencia de procedibilidad de la inmediatez, en la medida en que, se
evidencia que la providencia atacada quedó ejecutoriada el Seis (6) de Mayo de Dos
Mil Veinticinco (2025)20 y la solicitud de amparo se instauró el Dieciséis (16) de Abril
de Dos Mil Veintiséis (2026), es decir, luego de once (11) meses y diez (10) días.
27. En ese orden de ideas, pese a que el lapso de seis (6) meses dentro de los cuales
se debe incoar la tutela contra providencias dictadas en el marco de las acciones o
medios de control que se tramitan en la jurisdicción contencioso-administrativa
comporta una regla jurisprudencial, en el sub lite el tutelante no justificó
debidamente su omisión de instaurarla en ese término, motivo por el cual, al igual
que en la sentencia de primera instancia, la Sala encuentra que el requisito de
inmediatez no se satisface.
28. Cabe precisar que, aunque el accionante afirma que padece de condiciones de
vulnerabilidad manifiesta, en razón a su avanzada edad, su estado de salud y su
precaria situación económica, lo cierto es que, para flexibilizar dicho presupuesto,
es necesario que esas circunstancias sean acreditadas, lo que no sucedió en este
caso.
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Sentencia T-584 de 2011.
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Notificada por estado electrónico el 30 de abril de 2025.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02927-01
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III. DECISIÓN
29. Por las razones señaladas, la Sala confirmará el fallo impugnado, que declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de Veintiocho (28) de Mayo de Dos Mil
Veintiséis (2026), emitida por el Consejo de Estado, Sección Primera, que declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia, conforme a parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. COMUNICAR la presente decisión a la Sección Primera de esta
Corporación y remitir copia.
CUARTO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
9
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