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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02933-00

Fecha
7 de mayo de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02933-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. NEGAR la solicitud de desvinculación del Ministerio de Educación Nacional. Segundo. DECLARAR improcedente la acción, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Tercero. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Cuarto. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-02933-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

7 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02933-00
Accionante: Rosa María González Vargas
Accionado: Municipio de Neiva-Secretaría de Educación, y otros

Tema: Derecho de petición. Falta de respuesta a solicitud de
reconocimiento pensional, ordenado en sentencia de nulidad y
restablecimiento del derecho. DECLARA IMPROCEDENTE.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Rosa María González
Vargas, en contra del Municipio de Neiva - Secretaría de Educación, de la Nación -
Ministerio de Educación Nacional - Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG) y de la Fiduprevisora S.A.

ANTECEDENTES

La accionante solicita que se ampare su derecho fundamental de petición, el cual
considera vulnerado por las entidades accionadas, por la falta de respuesta a la
solicitud elevada el 19 de noviembre de 2025, radicada bajo el número
NEIVA20251204F5050054104.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

La accionante narró que el 19 de noviembre de 2025 presentó, ante el Municipio de
Neiva-Secretaría de Educación, de la Nación – Ministerio de Educación Nacional –
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y de la Fiduprevisora S.A.,
solicitud de cumplimiento de la sentencia del 10 de mayo de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo de Huila dentro del proceso de nulidad y restablecimiento

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02933-00

de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
• Archivo Central.
del derecho con radicado número 41-001-23-33-000-2020-00822-00, la cual fue
confirmada el 20 de febrero de 2025 por la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, en la cual se reconoció y ordenó el pago de una pensión de
vejez, de conformidad con la Ley 100 de 1993.

Que desde la fecha de radicación de la solicitud hasta la interposición de la acción
de tutela han pasado más de cuatro meses, a pesar de lo previsto en el artículo
2.4.4.2.3.2.7 del Decreto 1272 de 2018, y las entidades accionadas no han dado
respuesta de fondo, clara y oportuna a la solicitud sobre el reconocimiento de su
pensión de vejez, según lo ordenado en la sentencia del 10 de mayo de 2022.

PRETENSIONES

La accionante solicitó que se ampare su derecho fundamental de petición y se le
ordene a las entidades accionadas que «resuelva de fondo la petición sobre la
respectiva pensión de jubilación a que tengo derecho por laborar más de veinte (20)
años a los servicios educativos y al haber cumplido más de cincuenta y cinco (55)
años de edad y de conformidad con la orden judicial debidamente ejecutoriada.»

TRÁMITE DEL PROCESO

El 21 de abril de 2026, se admitió la acción de tutela y se ordenó notificar a las
autoridades accionadas.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Municipio de Neiva expuso que trasladó oportunamente la acción a las
dependencias competentes del ente territorial para su atención.

La Secretaría de Educación del Municipio de Neiva señaló que la solicitud de
cumplimiento de la sentencia fue radicada el 4 de diciembre de 2025 en el sistema
Humano en Línea bajo el número NEIVA20251204F5050054104, por lo que elaboró
el proyecto de acto administrativo y el 18 de diciembre de 2025 lo remitió a la
Fiduprevisora S.A., en su calidad de administradora del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, para la aprobación previa exigida por la
normativa vigente.

Que atendió las observaciones formuladas por dicha entidad, gestionó la aprobación
de la cuota parte pensional ante la Gobernación del Huila y el 6 de abril de 2026
remitió nuevamente el proyecto ajustado, sin que a la fecha exista pronunciamiento
definitivo por parte de la fiduciaria, razón por la cual afirmó que carece de
competencia para continuar con el trámite.

Que conforme a los decretos 1274 de 2018 y 942 de 2022, la Secretaría no puede
expedir el acto administrativo definitivo sin aprobación previa de la Fiduprevisora

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• Archivo Central.
S.A., entidad que debe aprobar o no el proyecto.

El Ministerio de Educación Nacional expresó que carece de legitimación en la
causa por pasiva, pues no ejerce funciones de reconocimiento, liquidación ni pago
de prestaciones sociales del magisterio, las cuales se encuentran a cargo del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, administrado por la Fiduprevisora
S.A.; en consecuencia, solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

A la Sala le corresponde decidir sobre la tutela solicitada, para lo cual se abordarán
los siguientes temas: I) generalidades de la acción de tutela; II) requisito de
subsidiariedad y III) análisis del caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

Requisito de subsidiariedad

Conforme la jurisprudencia desarrollada y reiterada de la Corte Constitucional, esta
acción es eminentemente subsidiaria, de ahí que, en virtud de esta característica,
los conflictos jurídicos relacionados con los derechos fundamentales deben ser, en
principio, resueltos por las vías ordinarias y sólo ante la ausencia de dichas vías o
cuando las mismas no resultan idóneas y eficaces para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a la acción de amparo
constitucional.

La existencia de otro mecanismo ha sostenido la Corte, per se, no constituye una
razón suficiente para declarar la improcedencia de la acción, en la medida que el
mismo debe ser idóneo, lo que significa que debe ser materialmente apropiado
para generar el efecto protector de los derechos fundamentales; además, debe ser
un medio eficaz, esto es, estar diseñado de forma tal que brinde oportunamente
una protección al derecho.

Ahora bien, a pesar de la existencia de otro mecanismo, debe verificarse si se está
ante la probable configuración de un perjuicio irremediable que haga procedente
la acción; en torno a la necesidad de examinar la irremediabilidad del perjuicio, en

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• Archivo Central.
uno de sus tantos pronunciamientos, la Corte indicó:

«(…) Para determinar la irremediabilidad del perjuicio hay que tener en cuenta
la presencia concurrente de varios elementos que configuran su estructura,
como la inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el
sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los
hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo
necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales
fundamentales»1.

En este entendido, la procedencia de la acción de tutela, respecto al requisito de
subsidiariedad, debe verificarse según las particularidades de cada caso; la
idoneidad y eficacia del recurso ordinario y la presencia o no de un perjuicio
irremediable.

Análisis del caso concreto

La señora Rosa María González Vargas consideró vulnerado su derecho
fundamental de petición, debido a la falta de respuesta a la solicitud presentada el
19 de noviembre de 2025, mediante la cual pidió el cumplimiento de la sentencia de
nulidad y restablecimiento del derecho que ordenó el reconocimiento y pago de su
pensión de vejez.

Al respecto, se advierte que aunque la accionante alega la vulneración del derecho
fundamental de petición, lo cierto es que su pretensión realmente se dirige a que las
entidades accionadas den cumplimiento a la sentencia del 10 de mayo de 2022
proferida por el Tribunal Administrativo de Huila dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado número 41-001-23-33-000-2020-00822-
00, la cual fue confirmada el 20 de febrero de 2025 por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado.

En efecto, con la petición presentada no se busca que se informe el estado actual
del procedimiento interno para acatar la orden judicial, sino que se trata de una
solicitud encaminada a que se expida el acto administrativo de reconocimiento
pensional y el consecuente pago, esto es, el acatamiento de la decisión proferida
por el Tribunal y confirmada por la Subsección mencionada.

En esa medida, se considera que la acción no cumple con el requisito de
subsidiariedad, pues la actora puede instaurar proceso ejecutivo para lograr dicho
cometido, pese a lo cual no se observa que haya acudido a dicho mecanismo, el
cual resulta idóneo y eficaz para ese efecto.

Además, la solicitante del amparo no alegó una transgresión a su mínimo vital ni
alguna condición de vulnerabilidad que habilite un estudio de fondo, sumado a que
no se observa que tenga la condición de sujeto de especial protección

1 Sentencia T-570 de 2007, MP Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.

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constitucional, que permita flexibilizar dicho requisito. En consecuencia, se
declarará improcedente la acción.

Por último, se precisa que se negará la solicitud de desvinculación del Ministerio de
Educación Nacional, teniendo en cuenta que la tutela fue dirigida en su contra por
la falta de respuesta a la petición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. NEGAR la solicitud de desvinculación del Ministerio de Educación
Nacional.

Segundo. DECLARAR improcedente la acción, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

Tercero. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cuarto. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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