RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-02935-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02935-01

Fecha
7 de julio de 2026
Consejero ponente
Zoranny Castillo Otálora

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02935-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 14 de mayo de 2026, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2026-02935-01

Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora

7 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Bogotá, D.C., siete (7) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02935-01
Accionante: MARÍA DOLORES FLÓREZ ACEVEDO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Confirma improcedente por falta de
relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN

1. Se confirmará la sentencia proferida el 14 de mayo de 2026 por la Sección Quinta
de esta Corporación, que declaró improcedente la tutela. La accionante pretende reabrir
el debate sobre la valoración probatoria en que se basó la declaratoria de hecho de la
víctima.

II. ANTECEDENTES
La demanda

2. El 16 de abril de 2026, la señora María Dolores Flórez Acevedo, en nombre propio
y en representación de su hija M.R.F., interpuso tutela para proteger sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad
y de prevalencia interés superior del menor1, vulnerados por la sentencia del 6 de
octubre de 20252, proferida por la Sala Quinta de Oralidad del Tribunal Administrativo
de Antioquia en el proceso de reparación directa con radicado 05001-33-33-002-2015-
01421-01.

Hechos relevantes

3. En ejercicio del medio de control de reparación directa, la señora María Dolores
Flórez y su núcleo familiar demandaron al municipio de Argelia (Antioquia) y a la
Asociación de Municipios del Norte Antioqueño (en adelante AMUNORTE) 3 por las
lesiones que padeció la menor M.R.F. al caer en un hueco que las demandantes dejaron
sin señalización, durante la ejecución de una obra pública. Como consecuencia del
accidente la víctima perdió capacidad funcional en un 21.3%.

4. En sentencia del 15 de mayo de 2020, el Juzgado Segundo Administrativo de
Medellín accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. El daño se produjo
por una concurrencia de culpas entre la omisión de supervisión de los padres y el riesgo
creado por una obra pública sin medidas de seguridad suficientes para prevenir el hecho.

1
También estimó desconocidos el principio de reparación integral.
2
En el escrito de la demanda se indica que la sentencia es del 6 de septiembre de 2025, sin embargo corresponde
al 6 de octubre de 2025.
3
Al proceso también se vinculó a Seguros Generales Suramericana S.A. como llamada en garantía.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02935-01
Accionante: María Dolores Flórez Acevedo

5. Las partes interpusieron recurso de apelación. La demandante alegó que la causa
exclusiva y determinante del daño fue la ausencia de señalización. El municipio de
Argelia sostuvo que el accidente se produjo por el descuido de la madre de la menor y
no se acreditó la causación de perjuicios inmateriales. La Asociación de Municipios del
Norte Antioqueño también alegó que el daño provino de la falta del deber de cuidado de
los padres de la víctima y que no se configuró daño especial.

6. El 6 de septiembre de 2025, la Sala Quinta de Oralidad del Tribunal Administrativo
de Antioquia revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó las súplicas
de la demanda. Descartó la falla en el servicio por omisión en el deber se señalización,
pues las demandadas cumplieron con el deber de cerrar provisionalmente la zona
intervenida. El daño no se produjo como consecuencia de la ruptura del principio de
igualdad frente a cargas públicas, sino por la omisión de vigilancia de los padres de la
menor, quien para el momento de los hechos tenía 3 años.

Pretensiones
7. La accionante solicitó amparar sus derechos fundamentales, dejar sin efectos la
sentencia del 6 de septiembre de 2025 y que se ordene al Tribunal Administrativo de
Antioquia dictar una providencia de reemplazo en la que se valoren adecuadamente las
pruebas para garantizar la reparación integral de la menor.

Fundamentos

8. La sentencia del 6 de septiembre de 2025 adolece de defecto sustantivo, por
indebida aplicación del artículo 2347 del Código Civil. La causal eximente de
responsabilidad exige exclusividad, exterioridad, imprevisibilidad e irresistibilidad, sin
embargo, en este caso, el riesgo no fue creado por la madre de la niña, sino por una obra
pública «peligrosa». La jurisprudencia de esta Corporación señala que el daño no es
atribuible de forma exclusiva a la víctima cuando el riesgo es creado por la
administración. Citó las sentencias del 26 de mayo de 2010 y del 11 de agosto de 2011,
dictadas en los procesos con radicados 19031 y 21801, respectivamente.

9. La decisión desconoce la jurisprudencia sobre la procedencia del régimen
objetivo de responsabilidad por actividad peligrosa, en el que basta acreditar el daño y el
nexo causal. Se refirió a las sentencias del 19 de abril de 2012 y del 28 de agosto de
2014, proferidas en los procesos con radicados 21515 y 31172.

10. La providencia adolece de defecto fáctico, por valoración irrazonable y
fragmentada de las pruebas. La conclusión del Tribunal que consideró que el
«cerramiento precario» de la obra fue una medida de seguridad suficiente, desconoce
que existían excavaciones profundas y varillas expuestas en un lugar concurrido por
niños y no se acompasa con el principio de la sana crítica.

11. La sentencia también desconoce el precedente que sostiene que el Estado
responde por los daños que se causen en obras públicas, que la culpa de los padres no
exonera automáticamente esa responsabilidad y que en casos de menores la protección
es reforzada. Además, la decisión traslada injustificadamente el riesgo a la familia, en
detrimento de la condición de sujeto de especial protección constitucional de la menor.

Trámite impartido

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02935-01
Accionante: María Dolores Flórez Acevedo

12. El 20 de abril de 2026, el despacho sustanciador admitió la tutela contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia y vinculó a los terceros con interés.

13. Solicitó a las autoridades judiciales accionadas remitir el expediente del proceso
de reparación directa con radicado 05001-33-33-002-2015-01421-00/01.

Intervenciones

14. El Tribunal Administrativo de Antioquia4 alegó que la tutela se presentó fuera
del término que la Corte Constitucional considera razonable —6 meses—. Con todo, la
accionante pretende reabrir el debate probatorio ya definido en el proceso ordinario,
utilizando la acción de tutela como una tercera instancia.

15. Seguros Generales Suramericana S.A.5 también consideró que la tutela no
satisface los requisitos generales de inmediatez y relevancia constitucional.

16. AMUNORTE6 solicitó declarar improcedente la acción de tutela, porque no tiene
relevancia constitucional. La accionante pretende convertirla en una tercera instancia del
proceso ordinario para cuestionar la valoración probatoria del Tribunal accionado.

17. El Juzgado Segundo Administrativo de Medellín7 remitió copia del expediente
(híbrido por digitalizar) del proceso de reparación directa objeto de esta controversia.

18. María Cristina Ocampo Flórez, Jhon Darío Ocampo Flórez, Leidy Jhohana
Ocampo Flórez, Laura Milena Flórez Acevedo y María Dolores Flórez Acevedo, en
representación de su hijo menor J.E.A.F.8 presentaron sendas solicitudes de
coadyuvancia a la parte accionante.

Sentencia de primera instancia

19. En sentencia del 14 de mayo de 2026, la Sección Quinta del Consejo de Estado
aceptó la solicitud de coadyuvancia a la parte actora y declaró improcedente la acción
de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

20. La accionante intenta convertir la acción de tutela en una tercera instancia del
proceso para reabrir el debate probatorio, simplemente porque no comparte las
conclusiones del Tribunal en relación con la suficiencia de la medida de seguridad que
se implementó en la zona intervenida.

Impugnación

21. La accionante impugnó. El juez de primera instancia interpretó restrictivamente
los requisitos de procedencia de la tutela contra providencias judiciales e incurrió en
motivación insuficiente, contradicción interna y desconocimiento del precedente.

22. No pretende expresar una simple inconformidad, sino cuestionar la validez
constitucional de la conclusión que traslada injustificadamente al núcleo familiar la

4
Samai, índice 14. Expediente de tutela de primera instancia.
5
Samai, índices 15 y 19. Ibidem
6
Samai, índice 18. Ibidem
7
Samai, índice 13. Ibidem
8
Samai, índices 29 a 38. Ibidem

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02935-01
Accionante: María Dolores Flórez Acevedo

responsabilidad por el riesgo creado por la administración en una obra pública peligrosa,
con excavaciones abiertas, varillas expuestas y un cerramiento «insuficiente en un
espacio de acceso comunitario».

23. Requirió la aplicación de un enfoque constitucional reforzado y un examen «más
garantista del asunto», en consideración a los principios de interés superior y de
favorabilidad del menor.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

24. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado es competente para resolver la impugnación, conforme a los
artículos 86 de la Constitución y 32 del Decreto 2591 de 1991, concordantes con el
Acuerdo 080 de 2019, por el cual se expidió el reglamento interno de esta corporación.

Problema Jurídico y metodología de la decisión

25. La Sala determinará si confirma, modifica o revoca la sentencia del 14 de mayo
de 2026, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la solicitud de amparo.

26. Para ello, verificará si la acción cumple con los requisitos de procedibilidad, en
particular, el de relevancia constitucional. Si se cumplen, resolverá si la autoridad judicial
accionada incurrió en los defectos que la accionante invocó.

Análisis del caso concreto

27. Se cumple el requisito de legitimación en la causa, tanto por activa como por
pasiva, pues la accionante es la titular de los derechos fundamentales cuya protección
reclama y la Sala Quinta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia es la
presunta causante de su vulneración, por lo que es la llamada a responder por ella si se
comprueba.

28. También se satisface el requisito de subsidiariedad, en tanto se agotó el
mecanismo de defensa judicial ordinario procedente, es decir, la apelación, y los
reproches del demandante no corresponden a ninguna de las causales de procedencia
del recurso extraordinario de revisión. Además, se identificó claramente la causa de la
lesión de derechos fundamentales alegada, no se planteó una irregularidad procesal y la
sentencia controvertida no es de tutela ni fue proferida por el Consejo de Estado, ni por
la Corte Constitucional ni por la JEP.

29. Sin embargo, la tutela carece de relevancia constitucional. En consecuencia, la
Sala confirmará la sentencia del 14 de mayo de 2026, que declaró improcedente la
solicitud de amparo.

30. La acción de tutela no es una instancia adicional para discutir aspectos
económicos, de mera legalidad o la interpretación legítima de los jueces naturales9. Este

9
En la sentencia T-352 de 2025, la Corte Constitucional determinó que el requisito de relevancia constitucional tiene
tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de las autoridades judiciales de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por lo tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera
legalidad, (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a disputas vinculadas con la afectación de los derechos
fundamentales e (iii) impedir que esta acción se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02935-01
Accionante: María Dolores Flórez Acevedo

mecanismo solo procede cuando afloran serias dudas sobre la arbitrariedad, capricho o
irracionalidad de una decisión judicial.

31. Se descarta la trascendencia constitucional del asunto por el solo hecho de que
la víctima del perjuicio que se reclamó es una menor de edad. La Sala no desconoce que
los niños, niñas y adolescentes son sujetos de especial protección constitucional ni las
lesiones de la menor M.R.F. No obstante, en este caso, se estudia la procedencia de una
tutela contra una providencia judicial, que, según la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, está dada por el hecho de que la cuestión trascienda un debate de
naturaleza legal o económica y no sea una reiteración que se sustente en una simple
inconformidad con la decisión de los jueces naturales10.

32. Además, la jurisprudencia de la Corte Constitucional sostiene que la intervención
del juez de tutela es indispensable en los eventos en que la situación de
vulnerabilidad está asociada al debate que debe resolver11. Sin embargo, en este caso,
la edad y las circunstancias particulares de la menor M.R.F. no tienen conexidad con la
controversia que plantea.

33. El debate que la accionante propone carece de relevancia constitucional, porque
es una reiteración del que ya se surtió en el proceso de reparación directa. En particular,
es una insistencia en los argumentos que incluyó en el recurso de apelación y que fueron
resueltos razonablemente por la autoridad judicial accionada.

34. Tanto en la apelación como en la tutela, la accionante aseguró que la omisión en
el deber de cuidado y protección de los padres de la menor no tuvo incidencia en el
resultado dañoso. Considera que la causa exclusiva y determinante del accidente fue la
ausencia de señalización y de elementos de seguridad que impidieron prever el riesgo y
su posterior concreción.

35. Dichos argumentos fueron razonablemente descartados por el Tribunal
Administrativo de Antioquia en la sentencia que se cuestiona, que consideró que, pese
a que no se demostraron con precisión las circunstancias de tiempo, modo y lugar en
que ocurrió el accidente, no se configuró falla en el servicio, porque las demandadas
cumplieron los deberes de seguridad derivados del contrato de obra y del pliego de
condiciones.

36. El daño tampoco se produjo por la ruptura del principio de igualdad ante las cargas
públicas, sino por la omisión en el deber de vigilancia que le asistía a los padres, en virtud
de la posición de garante que tenían frente su hija. Las pruebas —incluyendo la
declaración de parte— dieron cuenta de que la menor tenía 3 años cuando ocurrieron
los hechos y, pese a ello, sus cuidadores permitieron que jugara sin supervisión en la
zona riesgosa.

37. Para la Sala, el análisis anterior, lejos de ser caprichoso o arbitrario, es razonable
y congruente con el debate propuesto por las partes. Contrario a lo que la accionante
considera, el estudio del asunto se abordó de forma integral —desde los regímenes
subjetivo y objetivo—.

38. Aunque la accionante insiste en que la decisión trasladó injustificadamente un
riesgo creado por la administración a los padres de la víctima, su inconformidad está

10
Sentencia T-350 de 2025. M.P. Miguel Polo Rosero.
11
Sentencia T-035 de 2025, M.P. Juan Carlos Cortés González.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02935-01
Accionante: María Dolores Flórez Acevedo

relacionada con la tesis del Tribunal y la valoración probatoria que lo condujo a concluir
que existió una ruptura del nexo de causalidad que impide atribuir responsabilidad a las
demandadas.

39. Incluso cuando un asunto se estudia bajo un régimen objetivo, la responsabilidad
del Estado no es automática, como parece entenderlo la accionante. El juicio de
atribución exige analizar si concurren causas que rompan el nexo de causalidad.

40. Por otro lado, la Sala observa que, más allá de enunciar las providencias
supuestamente desconocidas y mencionar que el régimen de responsabilidad que se
debe aplicar al caso concreto es el objetivo o que sí se configuró la falla en el servicio, la
parte actora no expone un desarrollo argumentativo que demuestre que el precedente
invocado es vinculante por ser fáctica y jurídicamente análogo a los supuestos del caso
concreto.

41. Con todo, la Sala revisó las providencias que la parte actora citó y ninguna de
ellas tiene relación fáctica con la controversia que el Tribunal resolvió en la providencia
que se cuestiona. En dichas decisiones se resolvieron, entre otros, asuntos de
responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, actos terroristas y lesiones
personales de conscriptos.

42. En todo caso, al igual que el juez de tutela de primera instancia, se advierte que
lo alegado por la parte actora pretende convertir este mecanismo constitucional en una
instancia adicional de la reparación directa. En conclusión, la Sala confirmará la
sentencia de primera instancia que declaró improcedente porque no se acreditó el
cumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 14 de mayo de 2026, proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Magistrada

Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Magistrado

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Magistrado
VF

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02935-01
Accionante: María Dolores Flórez Acevedo

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.