República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2026-02938-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
19 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02938-00 (4544)
Accionante: María Eugenia Uribe Morales
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: acción de cumplimiento.
Subtema 2: defectos sustantivo, fáctico, procedimental y desconocimiento del
precedente judicial.
Sentencia de primera instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por María Eugenia Uribe Morales contra la
Sección Quinta del Consejo de Estado.
1. Síntesis del caso
La señora María Eugenia Uribe Morales presentó escrito de tutela con la pretensión
de amparo de sus derechos fundamentales al debido, a la igualdad y al acceso a la
administración de justicia, así como el principio de seguridad jurídica que consideró
vulnerados por la Sección Quinta del Consejo de Estado, con ocasión de la
sentencia del 19 de febrero de 2026 que resolvió la acción de cumplimiento
identificada con el radicado núm. 20001-23-33-000-2025-00720-01.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las
partes al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
1 Samai, índice 2.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02938-00 (4544)
Accionante: María Eugenia Uribe Morales
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado y otros
2. La señora María Eugenia Uribe Morales ejerció acción de cumplimiento contra
el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Puertos y Transporte, el
municipio de Valledupar, la Secretaría de Tránsito y Transporte y el Concejo de
Valledupar, con el objeto de obtener el cumplimiento del artículo 6 de la Resolución
20203040011245 de 2020, compilada en la Resolución 2022 3040045295 de 2022;
de los artículos 1 (incisos 4 y5), 2 (numeral 7), 129 (parágrafos 1 y 2), 135 (inciso 1)
y 158 A (adicionado por el artículo 18 de la Ley 2251 de 2022); y del artículo 10 de
la Ley 1437 de 2011.
3. En consecuencia, solicitó que se anularan todas las multas impuestas
mediante los denominados vehículos «caza infractores», incluidas aquellas que le
fueron impuestas durante el periodo en que el municipio de Valledupar no contaba
con la autorización del Ministerio de Transporte para el uso de sistemas
automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos de detección de
infracciones de tránsito. Asimismo, pidió que se ordenara el retiro de los tres
vehículos empleados para ese fin y que la Secretaría de Tránsito realizara la
imposición de comparendos de manera presencial, garantizando la debida
individualización del presunto infractor.
4. El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia del 11 de diciembre
de 2025 declaró improcedente la acción de cumplimiento frente a la
Superintendencia de Transporte, la Secretaría de Tránsito de Valledupar y el
Concejo Municipal de Valledupar y rechazó la demanda respecto del Ministerio de
Transporte, por cuanto la accionante no acreditó el requisito de renuencia previsto
en el numeral 5 del artículo 10 de la Ley 393 de 1997. A juicio del Tribunal, las
pretensiones de la actora no se dirigían a obtener la ejecución de un deber jurídico
claro, expreso e inobjetable, sino a controvertir la legalidad de los comparendos
impuestos por el municipio de Valledupar con el fin de lograr su anulación, discusión
que involucraba derechos de carácter subjetivo cuya definición correspondía a los
mecanismos ordinarios pertinentes.
5. La actora impugnó la anterior decisión y la Sección Quinta del Consejo de
Estado, mediante sentencia del 19 de febrero de 2026, la revocó parcialmente, y en
su lugar, dispuso lo siguiente:
1. RECHAZAR la acción de cumplimiento respecto del artículo 1. (inciso 4 y.5), 2
(numeral 7), de la Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito, por cuanto no se
acreditó la exigencia de cumplimiento en el requerimiento enviado a las accionadas.
2. DECLARAR la improcedencia de la acción de cumplimiento de la referencia
respecto de la pretensión de anular las multas interpuestas por la Secretaría de
Tránsito y Transporte de Valledupar haciendo uso de las patrullas institucionales.
3. DECLARAR la cosa juzgada en relación con el cumplimiento de la Resolución
20203040011245 de 2020 (artículo 6), compilada en la Resolución 20223040045295
de 2022, artículos 129 (parágrafo 1 y 2) y 135 (inciso 1), 158 A (adicionado por el
artículo 18 de la Ley 2251 de 2022) del Código Nacional de Tránsito -Ley 769 de
2002., por parte del municipio de Valledupar - Secretaría de Tránsito y Transporte de
Valledupar y la Superintendencia de Puertos y Transporte.
4. DECLARAR la improcedencia de la acción de cumplimiento de la referencia
respecto el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011.
2
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Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado y otros
6. La accionante expuso que existían múltiples acciones de cumplimiento y otras
actuaciones judiciales interpuestas por los ciudadanos que se han visto afectados
por el procedimiento para la imposición de comparendos.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
7. La parte actora solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:
1. DEJE SIN EFECTO Y SIN VALOR JURÍDICO la providencia de fecha 26 de febrero
de 2026, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual se
resolvió revocar parcialmente la sentencia de primera instancia del 15 de enero de
2026.
2. ORDENE dar trámite y prosperidad a la Acción de Cumplimiento, al evidenciarse
una clara Vía de Hecho por interpretación errónea de la ley y violación flagrante del
precedente de unificación.
3. ORDENE a la Superintendencia de Transporte, en cumplimiento de los Artículos 3
de la Ley 769 de 2002, Artículo 3 de la Ley 1843 de 2017, Artículo 4 del Decreto 2409
de 2018 y el Artículo 189 (numeral 22) de la C.P., ejercer sus funciones de inspección
y vigilancia sobre la ilegalidad masiva en Valledupar2.
8. Como fundamento de sus pretensiones, la señora María Eugenia Uribe
Morales consideró que la Sección Quinta de esta corporación, con la providencia
cuestionada, vulneró el derecho al debido proceso, por cuanto validó decisiones
que, en su criterio, han ignorado la ilegalidad técnica proveniente de la utilización
de dispositivos tecnológicos que han permitido sancionar a los ciudadanos con
fundamento en evidencias viciadas.
9. Asimismo, sostuvo que la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta que,
como consecuencia de la declaratoria de inexequibilidad del artículo 1.º de la Ley
1843 de 2017 mediante la sentencia C-038 de 2020, operó el decaimiento de los
actos administrativos sancionatorios. En consecuencia, afirmó que los
comparendos y las resoluciones expedidos en su contra perdieron fuerza ejecutoria
al desaparecer su fundamento jurídico. Por ende, la persistencia en el cobro
coactivo resultaba abiertamente contraria a las garantías constitucionales, de
manera que era posible concluir que respecto de tales asuntos se había configurado
el fenómeno de la cosa juzgada.
10. Adujo que la Sección Quinta del Consejo de Estado al declarar la
improcedencia de la acción de cumplimiento, desconoció que el «cruce de datos»
masivo del SIMIT y el RUNT para imponer multas por ausencia de SOAT o de
revisión técnico-mecánica, sin identificar al conductor, constituía una práctica
contraria a los principios constitucionales que rigen el derecho sancionador.
11. Manifestó que la providencia cuestionada incurrió en desconocimiento del
precedente constitucional al no evitar que la administración de Valledupar
continuara imponiendo sanciones bajo un esquema que, a su juicio, invierte la carga
de la prueba en perjuicio de los ciudadanos.
2 Se transcribe incluso con errores de texto.
3
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12. Sostuvo que la autoridad judicial accionada erró al no reconocer que la
Superintendencia de Transporte incurrió en una omisión ilícita al no adelantar las
investigaciones de oficio previstas en artículo 3 de la Ley 1843 de 2017 y limitarse
a actuar como un simple espectador mientras se afectaba el patrimonio de los
ciudadanos. Indicó que igualmente ignoró el objeto y alcance del Decreto 2409 de
2018, que faculta a dicha superintendencia para inspeccionar, vigilar y controlar la
aplicación de las normas de tránsito como delegataria del presidente de la
República. En ese sentido, a su juicio, se configuró un defecto fáctico porque se
ignoraron pruebas determinantes frente a la negligencia y operación irregular de la
entidad.
13. Afirmó también que se configuró un defecto procedimental absoluto, pues la
autoridad judicial accionada negó el cumplimiento del artículo 158A de la Ley 769
de 2002 (adicionado por la Ley 2251 de 2022), disposición que, en su criterio,
impone la revocatoria oficiosa de las multas impuestas sin observancia de los
criterios de seguridad vial. Consideró que ello permitió que una autoridad
administrativa desatendiera una norma dirigida a evitar abusos en la utilización de
las denominadas foto multas móviles.
14. Adicionalmente, destacó que la Sección Quinta de esta corporación incurrió en
desconocimiento del precedente constitucional al apartarse de las sentencias C-038
de 2020 y C-321 de 2022. Agregó que la decisión objeto de tutela transmitía un
mensaje de impunidad administrativa que la afectaba, toda vez que los vehículos
de su propiedad identificados con las placas BEQ501 y KJH727 permanecían
bloqueados por obligaciones que carecían de sustento jurídico como consecuencia
del decaimiento de los actos administrativos y de la declaratoria de inexequibilidad
antes mencionada.
15. Finalmente, argumentó que se desconoció una sentencia de unificación
proferida en julio por el Consejo de Estado (no la identificó), en la que, según afirmó,
se declaró contraria al ordenamiento jurídico la utilización de «vehículos caza-
infractores» para la detección de presuntas infracciones mediante captura de placas
vehiculares y su contraste con las bases de datos del SOAT.
2.3. Trámite procesal
16. El despacho ponente, mediante auto del 22 de abril de 20263, admitió la
solicitud de amparo, negó la medida provisional y ordenó notificar a la parte
accionada, esto es, a la Sección Quinta del Consejo de Estado; vinculó al trámite
como terceros con interés al Tribunal Administrativo del Cesar, al Ministerio de
Transporte, la Superintendencia de Puertos y Transporte, al municipio de
Valledupar, la Secretaría de Tránsito y Transporte y al Concejo Municipal de
Valledupar; requirió el expediente constitucional objeto de controversia; tuvo como
pruebas los documentos aportados con la demanda; y ordenó las notificaciones de
rigor.
3 Samai, índice 4.
4
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Accionante: María Eugenia Uribe Morales
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado y otros
2.4. Intervenciones
17. El Ministerio de Transporte4 solicitó la desvinculación por falta de legitimación
en la causa por pasiva, al considerar que los hechos y pretensiones de la acción de
tutela no guardaban relación directa ni indirecta con esa entidad, teniendo en cuenta
que las transgresiones se predicaban respecto de la Sección Quinta del Consejo de
Estado. Adicionalmente, estimó que la solicitud de amparo era improcedente para
dirimir conflictos que involucran derechos de rango legal.
18. El Tribunal Administrativo del Cesar se limitó a remitir el expediente digital del
proceso que adelantó con ocasión de la acción de cumplimiento, pero no se
pronunció sobre los hechos que motivaron la interposición de la acción de tutela.
19. Los demás vinculados guardaron silencio.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
20. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por la señora María Eugenia Uribe Morales
contra la Sección Quinta del Consejo de Estado.
3.2. Legitimación en la causa
21. La legitimación en la causa por activa de María Eugenia Uribe Morales está
acreditada porque fue la parte demandante en el proceso de acción de cumplimiento
en el que fue expedido el fallo que, a su juicio, desconoció sus derechos
fundamentales.
22. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Sección
Quinta del Consejo de Estado, debido a que fue la autoridad que profirió la sentencia
objeto de tutela del 19 de febrero de 2026 dentro del expediente identificado con el
radicado núm. 20001-23-33-000-2025-00720-01.
23. Por otro lado, se advierte que el Ministerio de Transporte solicitó su
desvinculación, al considerar que las pretensiones de la acción de tutela no se
dirigen en su contra.
24. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad
de tercero con interés, en aras de garantizar sus derechos de defensa y
contradicción, dado que integró la parte demandada en el proceso que dio lugar a
la providencia objeto de tutela. Por los motivos expuestos, no se accede a su
desvinculación.
4
Samai, índice 13, certificado núm. 719D19D7D91927A6 A8D1941822E608D5 B3DD50DC29F0AEFE
64F8CE0DACC054FC.
5
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Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado y otros
3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
25. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado5 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional6.
26. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
27. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la
acción de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales7 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
28. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución8.
3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
29. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional9 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado
núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
6 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
7 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
8 Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
9 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
6
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el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.
30. Así pues, la Corte Constitucional10 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:
i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal
y/o económico» lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental»;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga
únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute
la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la
controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta
incidencia para los particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima
que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial
incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.
31. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la
decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico
que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.
32. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro de la acción de cumplimiento en el que se profirió la decisión objeto de tutela.
33. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la
sentencia objeto de reparos, proferida el 19 de febrero de 2026 por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, fue notificada el 23 de febrero siguiente11 y, por su
parte, la demanda de tutela se presentó el 16 de abril de 202612, esto es, dentro del
plazo de seis meses previsto por la jurisprudencia constitucional13 y del Consejo de
Estado14 como razonable.
34. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del
10 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
11 Samai, proceso núm. 20001-23-33-000-2025-00720-01, índice 9.
12 Samai, índice 1.
13 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
14Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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proceso objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido
en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.
35. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de acción de cumplimiento.
36. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con los defectos sustantivo, fáctico,
procedimental y desconocimiento del precedente judicial. En ese orden, continuará
con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte actora.
3.4. Problema jurídico
37. En los términos de la acción de tutela le corresponde a la Sala determinar si
¿La Sección Quinta del Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, al proferir
la sentencia del 19 de febrero de 2026, mediante la cual revocó parcialmente la
sentencia de primera instancia y declaró el rechazo, la improcedencia y la cosa
juzgada respecto de las pretensiones formuladas en la acción de cumplimiento?
38. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados;
y ii) el caso concreto.
3.4.1. El defecto sustantivo
39. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado15.
40. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta
que la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,
la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.
41. La Corte Constitucional se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:
[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales
en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de
las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e
independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores,
15 Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
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principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de
los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para
determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar
el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones
de la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los
contenidos, postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación
[…]16.
42. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía
de los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación
de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.
43. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la
garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).17
3.4.2. El defecto fáctico
44. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»18. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia
directa en la decisión19» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos
dimensiones: una positiva y otra negativa.
45. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…]
aprecia y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados
o, efectúa una valoración por “completo equivocada”»20. Por su parte, la dimensión
negativa se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no
valoran los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan
la solución del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas
suficientes que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de
oficio en aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo
determinan»21.
46. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:
16 Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
17 Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
18 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
19 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
20 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
21 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
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Accionante: María Eugenia Uribe Morales
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(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio
el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se
abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en
la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se
adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico
claro; (iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente
inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en un proceso
ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad sino
porque se trata de elementos probatorios que no guardaban relación con el asunto
debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de conocimiento da por probados hechos
que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso22.
47. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial23, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma
concreta, las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez
que este «no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las
reglas generales de competencia»24.
48. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera
genérica, por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar
si la decisión judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar
las pruebas en cada caso:
50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta
–siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios. […]
51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.
52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]25.
3.4.3. Defecto procedimental
53. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 29 y 228 de la Constitución Política,
los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y el
principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal constituyen
prerrogativas de connotación ius fundamental para el adecuado funcionamiento de
la actividad judicial.
22 Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
23 Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
24 Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010, criterio reiterado en sentencia SU-048 de 2022.
25 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
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54.En este sentido, las circunstancias que puedan perturbar el correcto desarrollo
de los procesos judiciales y que terminan afectando los derechos fundamentales
de las partes, constituyen una causal específica de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, que la jurisprudencia constitucional denominó defecto
procedimental.
55. Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en forma reiterada, que el
defecto procedimental puede ocurrir bajo dos modalidades: «(i) el absoluto, que se
presenta cuando la autoridad judicial desconoce o se aparta del procedimiento
legalmente establecido, y (ii) el exceso ritual manifiesto, el cual tiene lugar cuando
el goce efectivo de los derechos de los individuos se obstaculiza por un extremo
rigor en la aplicación de las normas procesales»26.
56. Frente al defecto procedimental absoluto, la Corte ha dicho que se puede
configurar porque el funcionario judicial: «(i) sigue un trámite totalmente ajeno al
asunto sometido a su competencia; (ii) pretermite etapas sustanciales del
procedimiento establecido o (iii) no realiza el debate probatorio»27.
57. De esta manera, le compete a quien acude en ejercicio de la acción de tutela
demostrar que el juez, ante quien tramitó el proceso ordinario de su interés, actuó
completamente por fuera del procedimiento establecido en la ley, y que ello, generó
una vulneración grave a su derecho al debido proceso, pues le impidió el ejercicio
adecuado y oportuno a la defensa y a la contradicción.
58. En este contexto, la Corte ha considerado que la procedibilidad de la acción de
tutela en los asuntos en los que se discute la existencia de un defecto procedimental
exige verificar que la solicitud de amparo cumple con los siguientes
presupuestos:«(i) que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna
otra vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela, salvo que se
advierta la ocurrencia de un perjuicio irremediable; (ii) que el defecto procesal sea
manifiesto y tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulnerador
de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada en el
proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las
especificidades del caso concreto; (iv) que la situación irregular no sea atribuible al
afectado; y (v) como consecuencia de lo anterior, se presente una vulneración a los
derechos fundamentales»28.
3.4.4. El desconocimiento del precedente judicial
49. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la
República tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales
vinculantes y relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la
efectividad de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza
legítima, y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas29.
26
Corte Constitucional, Sentencias T-388 de 2015, T-025 de 2018, T-367 de 2018 y T-008 de 2019.
27
Corte Constitucional, Sentencia T-166 de 2022.
28
Corte Constitucional, Sentencia SU-418 de 2019.
29 Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023:
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50. Al respecto, la Corte Constitucional30 ha considerado que el precedente se
define como aquella sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con
anterioridad a un caso determinado que, por su semejanza en los hechos analizados
y en los problemas jurídicos resueltos, debe ser necesariamente considerado por
las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo posterior. Frente a la
obligatoriedad del precedente, la Corte ha dicho:
90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino
obligatorio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad del
precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto
de la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al
imperio de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia
para fallar, pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley.
Particularmente, el concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la
Corte desde un sentido amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el
legislador, sino además comprende todas las fuentes del derecho incluidas las
sentencias que interpretan la Constitución como norma de normas, el bloque de
constitucionalidad y la jurisprudencia de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
91. La segunda razón se desprende de los derechos a la igualdad, el debido proceso
y el principio de buena fe. El precedente es una figura que tiene como objetivo
principal garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los
principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el
ordenamiento constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un
principio relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad en la
aplicación de la ley y por otras prescripciones constitucionales31.
51. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas por
autoridades judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo
funcionario; y ii) vertical, concerniente a las decisiones adoptadas por el superior
jerárquico o la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia32.
52. En ese orden, el precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano
que los jueces, sean individuales o colegiados, adopten fallos «sin determinar si él
mismo o el tribunal del cual hace parte ha establecido una regla de decisión en
relación con casos similares o si existen reglas interpretativas fijadas por
autoridades judiciales funcionalmente superiores, encargadas de la unificación de
la jurisprudencia»33.
«La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante, el
ordenamiento constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a “asegurar”
la vigencia de un orden justo, lo cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2). Con fundamento
en estos principios, una autoridad judicial tiene entonces “el deber de tratar explícitamente casos iguales de la
misma manera, y los casos diferentes de manera distinta”. El juez cuenta, desde luego, con autonomía para
valorar si un asunto es igual en lo relevante a otro resuelto anteriormente y, en caso de que lo sea, de apartarse
de la ratio decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo con razones suficientes o de lo contrario desconoce el
precedente horizontal».
30 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.
31 Se transcribe incluso con errores.
32 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
33 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
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53. Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de
manera razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del
principio de autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente,
pues la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así, en
caso de que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una
violación a los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración
de justicia y al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de
tutela34.
54. Cabe precisar que la Corte Constitucional explicó que, aún en casos en que
las decisiones judiciales sean emitidas por salas de decisión diferentes al interior
de un tribunal administrativo, se debe garantizar el derecho a la igualdad en el
marco de la función judicial, pues se trata de una sola corporación35.
55. Finalmente, resulta oportuno precisar que la competencia del juez de tutela
ante la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial, le permite «analizar si, en la providencia que se acusa como transgresora
de este derecho [igualdad], se exponen las razones que justifican el cambio de
criterio» de manera suficiente y razonable, de manera que se salvaguarde las
exigencias de la autonomía judicial.
3.5. Caso concreto
56. En el caso bajo estudio, la señora María Eugenia Uribe Morales promovió
acción de cumplimiento, con el fin de obtener el cumplimiento del artículo 6 de la
Resolución 20203040011245 de 2020, compilada en la Resolución 2022
3040045295 de 2022; de los artículos 1 (incisos 4 y5), 2 (numeral 7), 129
(parágrafos 1 y 2), 135 (inciso 1) y 158 A (adicionado por el artículo 18 de la Ley
2251 de 2022); y del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011. En consecuencia, solicitó
que se anularan las multas impuestas mediante los denominados «vehículos caza
infractores», incluidas aquellas registradas a su nombre, que se retiraran los
vehículos utilizados para ese fin y que la imposición de comparendos se realizara
de manera presencial, con individualización del posible infractor.
57. El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia del 11 de diciembre
de 2025, declaró improcedente la acción de cumplimiento respecto de la
Superintendencia de Transporte, la Secretaría de Tránsito y Transporte de
Valledupar y el Concejo Municipal de Valledupar, y rechazó la demanda frente al
Ministerio de Transporte por falta de acreditación del requisito de renuencia.
34 Ibidem: «En efecto, tal como lo ha sostenido esta Corte, los jueces pueden apartarse válidamente del
precedente horizontal o vertical, siempre y cuando, al hacerlo, observen los deberes de transparencia y
suficiencia. El primero exige que el juez enuncie las reglas conforme a las cuales se han resuelto casos similares
(es decir, que reconozca expresamente el precedente), pues “solo puede admitirse una revisión de un
precedente si se es consciente de su existencia”. El segundo requiere exponer razones suficientes y válidas a
la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del nuevo caso que justifiquen el cambio jurisprudencial
o una decisión diferente, lo cual implica demostrar que el precedente no es válido, correcto o suficiente para
resolver el asunto sometido a examen judicial. Cumplidos estos requisitos, se entienden garantizados tanto el
derecho a la igualdad de trato ante las autoridades como la autonomía e independencia de los operadores
judiciales.»
35 Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2023.
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Impugnada la anterior decisión, la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 19 de febrero de 2026, la revocó parcialmente.
58. En su lugar, rechazó la acción respecto de algunas normas frente a las cuales
no se acreditó la exigencia previa de cumplimiento, declaró improcedente la solicitud
de anulación de las multas impuestas por la Secretaría de Tránsito y Transporte de
Valledupar, la existencia de cosa juzgada respecto de varias disposiciones
invocadas y, finalmente, improcedente la acción frente al artículo 10 de la Ley 1437
de 2011.
59. En la presente acción de tutela, la parte accionante argumentó que la Sección
Quinta incurrió en defectos sustantivo, fáctico, procedimental absoluto y de
desconocimiento del precedente constitucional, al no atender los efectos de la
sentencia C-038 de 2020, la supuesta pérdida de fuerza ejecutoria de los
comparendos impuestos en su contra, la presunta omisión de la Superintendencia
de Transporte en el ejercicio de sus funciones de vigilancia y control, y la
jurisprudencia relacionada con la utilización de los denominados «vehículos caza
infractores».
60. Pues bien, en la sentencia del 19 de febrero de 2026, la autoridad judicial
accionada verificó el cumplimiento del requisito de renuencia y concluyó que este
se encontraba acreditado respecto del artículo 6 de la Resolución 20203040011245
de 2020, compilada en la Resolución 20223040045295 de 2022, los artículos 129,
135 y 158A de la Ley 769 de 2002 y el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011. Por el
contrario, consideró que no se acreditó dicho presupuesto frente a los artículos 1.º
y 2.º de la Ley 769 de 2002, razón por la cual rechazó la acción respecto de esas
disposiciones.
61. En cuanto a las pretensiones orientadas a obtener la anulación de las multas
impuestas por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar y a que la
imposición de comparendos se realizara de manera presencial, la Sección Quinta
concluyó que la solicitud resultaba improcedente por falta del requisito de
subsidiariedad. Explicó que tales solicitudes involucraban un debate sobre la
legalidad de los comparendos y del procedimiento sancionatorio adelantado por la
administración, asunto que debía dilucidarse a través del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho y no mediante la acción de cumplimiento.
62. Respecto de la pretensión relacionada con el retiro de los vehículos utilizados
para la imposición de comparendos, la autoridad judicial accionada estimó que, en
principio, la acción de cumplimiento resultaba procedente. No obstante, antes de
abordar el estudio de fondo, examinó la configuración del fenómeno de la cosa
juzgada.
63. Sobre el particular, la Sección Quinta advirtió que en el expediente 20001-33-
33-009-2024-00283-01, el Tribunal Administrativo del Cesar ya había resuelto una
acción cumplimiento encaminada a obtener el cumplimiento del artículo 6 de la
Resolución 20203040011245 de 2020 y, como consecuencia de ello, el retiro de los
denominados «vehículos caza infractores» del municipio de Valledupar. Destacó
que en ese proceso existía una decisión de fondo, ejecutoriada y vinculante
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respecto de dicha pretensión, motivo por el cual declaró la existencia de cosa
juzgada.
64. Asimismo, la autoridad judicial accionada tuvo en cuenta la sentencia proferida
el 10 de abril de 2025 dentro del expediente 20001-23-33-000-2025-00029-01, en
el cual se había solicitado el cumplimiento de los artículos 18 de la Ley 2251 de
2022, 3, y 13 de la Ley 1843 de 2017, 127, 129 y 135 al 137 de la Ley 769 de 2002,
y los literales a, d, g, i, m del artículo 3 y 5 al 8 de la Resolución 20203040011245
de 2020 expedida por el Ministerio de Transporte. Con fundamento en esa decisión,
concluyó que también existía cosa juzgada respecto de las pretensiones dirigidas a
obtener el cumplimiento de dichas normas. De manera textual refirió:
En vista de esta segunda decisión judicial, es posible establecer la configuración de
la cosa juzgada sobre la pretensión de cumplimiento dirigida a la Secretaría de
Tránsito y Transporte de Valledupar y la Superintendencia accionada, del artículo 18
de la Ley 2251 de 2022, artículos 3, y 13 de la Ley 1843 de 2017, artículos 127, 129
y 135 de la Ley 769 de 2002, y los literales a, d, g, i, m del artículo 3 y los artículos 5
al 8 de la Resolución 20203040011245 de 2020 expedida por el Ministerio de
Transporte. Lo expuesto, ya que, en la sentencia del 10 de abril de 2025, esta Sala
estudió de fondo, si había lugar a exigir a dichas entidades el cumplimiento de estas
normas y, en consecuencia, ordenar a la Secretaría de Tránsito de Valledupar el retiro
de las patrullas «caza infractores» y la observancia de los procedimientos legales en
la interposición de sanciones.
65. Finalmente, analizó el contenido de la solicitud de cumplimiento del artículo 10
de la Ley 1437 de 2011 y concluyó que era improcedente. Explicó que la acción de
cumplimiento fue concebida para exigir la observancia de normas con fuerza
material de ley o de actos administrativos, mas no para obtener el acatamiento o
aplicación de providencias judiciales, razón por la cual dicha pretensión no satisfacía
los presupuestos previstos en la Ley 393 de 1997.
66. En ese contexto, la Sala observa que los reproches formulados por la
accionante no desvirtúan las razones de la providencia cuestionada. En efecto, la
Sección Quinta no negó la acción por considerar ajustadas a derecho las multas
impuestas mediante vehículos institucionales ni por avalar el uso de dispositivos
tecnológicos de infracciones de tránsito. Lo que concluyó fue que la pretensión de
anular multas individuales debía discutirse a través del medio de control
correspondiente, que algunas solicitudes ya habían sido resueltas en procesos
anteriores y que la acción de cumplimiento no era procedente para exigir la
aplicación de providencias judiciales.
67. Así, el defecto sustantivo alegado no se configura, pues la autoridad judicial
accionada fundó su decisión en las reglas propias de procedencia de la acción de
cumplimiento, particularmente en la necesidad de acreditar la renuencia, la
subsidiariedad del mecanismo y la existencia de un mandato legal o administrativo
claro, expreso e inobjetable. La accionante, en cambio, pretende trasladar al
escenario constitucional un debate relacionado con la legalidad de comparendos
concretos y el supuesto decaimiento de actos administrativos sancionatorios,
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aspectos que no fueron resueltos de fondo por la Sección Quinta por exceder el
objeto de la acción de cumplimiento.
68. La Sala tampoco advierte la configuración de los defectos procedimental
absoluto o fáctico. La providencia cuestionada no se profirió al margen del
procedimiento previsto para la acción de cumplimiento ni desconoció pruebas
determinantes, sino que, se insiste, examinó los presupuestos de procedencia del
citado mecanismo.
69. Justamente por lo anterior, el argumento del presunto desconocimiento del
precedente constitucional C-038 de 2020 y C-321 de 2022 invocado respecto del
procedimiento que la actora estimó irregular por parte de las autoridades de tránsito,
tampoco tiene vocación de prosperidad, en tanto la providencia acusada no decidió
de fondo el asunto, esto es, sobre la constitucionalidad o legalidad de los
comparendos que le fueron impuestos, ni sobre el decaimiento de los actos
administrativos sancionatorios. Se insiste, la razón de la decisión fue procesal: la
acción de cumplimiento no era el mecanismo idóneo para obtener la anulación de
multas ni para reabrir discusiones ya definidas en procesos anteriores.
70. En este punto resulta necesario precisar que, aunque la accionante también
alegó el desconocimiento de una sentencia de unificación proferida por esta
corporación, omitió identificarla, por lo cual esta Sala carece de elementos
suficientes para verificar la regla jurisprudencial y adelantar el análisis
correspondiente.
71. Por lo expuesto, la Sala concluye que la providencia cuestionada no incurrió
en los defectos alegados, por el contrario, se advierte que la autoridad accionada,
en ejercicio de los principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica,
efectuó una interpretación coherente. Por estas razones, si bien la providencia
objeto de tutela no resultó favorable a la parte tutelante, esto no significa que se
hayan desconocido sus garantías constitucionales.
4. Conclusión
72. La providencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado no
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, al a igualdad y de acceso a
la administración de justicia por la parte actora, por cuanto no se evidenció en su
contenido un análisis arbitrario, o caprichoso, ajeno a preceptos jurídicos de orden
constitucional y legal, que constituya irregularidad por los defectos fáctico,
sustantivo, desconocimiento del precedente judicial, defecto procedimental, que
exija la intervención del juez de tutela. Por tal motivo, se negará la solicitud de
amparo invocada por la accionante.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Accionante: María Eugenia Uribe Morales
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Falla:
Primero: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por el Ministerio de
Transporte, conforme a lo expuesto en esta providencia.
Segundo: Negar el amparo de tutela solicitado por María Eugenia Uribe Morales
contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
Tercero: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si
no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace.
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