Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02945-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02945-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2026-02945-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
11 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., once (11) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02945-00
Demandante: Cesarina Luz Arias Villazón
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta
Temas: Tutela contra providencia judicial / Acción de Cumplimiento /
Defectos sustantivo, procedimental y desconocimiento del
precedente judicial
Decisión: Negar la solicitud de amparo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la solicitud formulada por el Cesarina Luz Arias Villazón, en ejercicio
de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y
desarrollada en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud
1. Cesarina Luz Arias Villazón promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad y a la seguridad jurídica, los cuales consideró
vulnerados con ocasión de la providencia proferida el 19 de febrero de 2026 por el
Consejo de Estado, Sección Quinta en el proceso de solicitud de cumplimiento
identificado con el radicado 20001-23-33-000-2025-00603-00/01.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
2.1. En ejercicio de la solicitud de cumplimiento presentó demanda en contra de la
Superintendencia de Transportes y Secretaría de Tránsito del municipio de
Valledupar, con la finalidad de controvertir el presunto incumplimiento de sus deberes
legales. En consecuencia, solicitó la revocatoria de las multas impuestas durante el
período en que no se contaba con la autorización correspondiente, el retiro de los
dispositivos de foto multa y que la imposición de los comparendos se efectuara de
manera personal. En síntesis, requirió el cumplimiento de las siguientes disposiciones
legales:
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02945-00
Demandante: Cesarina Luz Arias Villazón
«[…]
[...]» [sic]1.
2.2. El Tribunal Administrativo del Cesar en providencia del 4 de diciembre de 2025
declaró improcedente la demanda, ya que consideró que no estaba dirigida a hacer
efectivos mandatos legales claros e inobjetables, sino a controvertir la legalidad de
los comparendos, por lo que no se acudió a los mecanismos ordinarios previstos para
tal efecto, pues «[…] es evidente que la demanda presentada lleva consigo la discusión de
un asunto de carácter subjetivo que no es propio de esta acción constitucional atendiendo a
que su característica esencial es la de hacer cumplir un deber imperativo e inobjetable.[…]».
2.3. El Consejo de Estado, Sección Quinta en providencia del 19 de febrero de
2026 revocó parcialmente la sentencia de primera instancia, así:
«[…] PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia del 4 de diciembre de 2025
del Tribunal Administrativo Cesar y, en su lugar:
1. RECHAZAR la acción de cumplimiento respecto del artículo 1. (inciso 4 y.5), 2 (numeral
7), de la Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito, por cuanto no se acreditó la
exigencia de cumplimiento en el requerimiento enviado a las accionadas.
2. DECLARAR la improcedencia de la acción de cumplimiento de la referencia respecto
de la pretensión de anular las multas interpuestas por la Secretaría de Tránsito y
Transporte de Valledupar haciendo uso de las patrullas institucionales.
3. DECLARAR la cosa juzgada en relación con el cumplimiento de la Resolución
20203040011245 de 2020 (artículo 6), compilada en la Resolución 20223040045295 de
2022, artículos 129 (parágrafo 1 y 2) y 135 (inciso 1), 158 A (adicionado por el artículo 18
de la Ley 2251 de 2022) del Código Nacional de Tránsito -Ley 769 de 2002, por parte del
municipio de Valledupar - Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar y la
Superintendencia de Transporte.
4. NEGAR la pretensión de cumplimiento de los artículos 1 y 2 Ley 1843 de 2017 y 109
del Decreto Ley 2106 de 2019. […]» [sic].
2.4. La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al
incurrir en defecto sustantivo, por cuanto interpretó indebidamente los artículos 1 y 2
de la Ley 1843 de 2017; 129, 135 y 158A de la Ley 769 de 2002; 109 del Decreto Ley
2106 de 2019 y 91 de la Ley 1437 de 2011, al concluir, según el caso, que algunas
de dichas disposiciones no contenían mandatos claros, expresos e inobjetables
exigibles mediante el mecanismo de cumplimiento y que otras pretensiones
1 Tomado de la sentencia de segunda instancia del Consejo de Estado, Sección Quinta con el radicado
20001-23-33-000-2025-00603-01.
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resultaban improcedentes o se encontraban cobijadas por la figura de la cosa
juzgada.
2.5. En desconocimiento del precedente judicial de la Corte Constitucional2 que
estableció la existencia de una prohibición de responsabilidad objetiva en materia de
foto comparendos, el deber de identificación del infractor y las garantías del debido
proceso en sanciones de tránsito.
2.6. En defecto procedimental por aplicar indebidamente la figura de la cosa
juzgada respecto del artículo 158A de la Ley 769 de 2022 [adicionado por la ley 2251
de 2022], el cual estableció obligaciones relacionados con la revocatoria oficiosa de
multas impuestas mediante sistema de foto detección.
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] 1. DEJE SIN EFECTO Y SIN VALOR JURÍDICO la providencia de fecha 26 de
febrero de 2026, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual
se resolvió revocar parcialmente la sentencia de primera instancia del 15 de enero de
2026.
2. ORDENE dar trámite y prosperidad a la Acción de Cumplimiento, al evidenciarse una
clara Vía de Hecho por interpretación errónea de la ley y violación flagrante del precedente
de unificación.
3.ORDENE a la Superintendencia de Transporte, en cumplimiento de los Artículo 3 de la
Ley 769 de 2002, Artículo 3 de la Ley 1843 de 2017, Artículo 4 del Decreto 2409 de 2018
y el Artículo 189 (numeral 22) de la C.P., ejercer sus funciones de inspección y vigilancia
sobre la ilegalidad masiva en Valledupar. […]» [sic].
1.1.1. Informes rendidos en el proceso
4. El Tribunal Administrativo del Cesar3 reiteró los fundamentos de orden
constitucional, legal y jurisprudencial expuestos en la providencia enjuiciada.
4.1. La Federación Colombiana de Municipios, SIMIT4 solicitó su desvinculación
por falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no tuvo injerencia en las
decisiones tomadas por las autoridades de tránsito, así como tampoco estuvo
facultada para actualizar, modificar o corregir la información que estas reportaron.
4.2. Los demás terceros con interés y la parte demandada guardaron silencio.
2 Al respecto citó: i) sentencia C-038 de 2020, del 6 de febrero de 2020, con expediente D-12329. MP:
Alejandro Linares Cantillo; ii) sentencia de tutela T-206 de 2024, con expediente T-9.458.830.MP:
Vladimir Fernández Andrade; iii) sentencia de constitucionalidad C-321 de 2022, con expediente D-14.626. MP:
Jorge Enrique Ibañez Najar.
3 Ver Samai índice 13 del expediente de primera instancia. Archivo denominado:
10RECIBEPRUEBAS_MemorialesSecGeneral(.pdf) NroActua13.
4 Ver índice 14 del expediente de primera instancia. Archivo denominado:
15_MemorialWeb_ContestaciónDemanda-.pdf CONTESTACIONTUTELA (.pdf) NroActua14.
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Demandante: Cesarina Luz Arias Villazón
2. Consideraciones
5. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y de las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa – falta de legitimación
en la causa por pasiva; iii) procedencia de la tutela contra providencia judicial; iv)
determinación del problema jurídico; y v) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
6. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política
y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el 1°. del Decreto 333 del 6 de
abril de 20215 la Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo contra
el Consejo de Estado, Sección Quinta.
2.2. Falta de legitimación en la causa por pasiva
7. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene
derecho a presentar solicitud de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma o
por quién actúe en su nombre, la protección de sus derechos constitucionales
fundamentales cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, tal como lo
señala el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991:
Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se dirigirá
contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o
amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la
acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De
ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el
superior.
8. La Corte Constitucional6 en relación con la legitimación en la causa por pasiva
en los trámites de solicitudes de tutela ha considerado:
«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por
la vulneración o amenaza del derecho fundamental7. En la medida que refleja la calidad
subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso” 8, la misma, en principio, no se predica del funcionario que comparece o es
citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será la llamada a
responder por la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya lugar a ello.
Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por
los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “debe
dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o
dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples
5 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela.
6 Sentencia T-1015/2006. MP. Álvaro Tafur Galvis.
7 Sentencia T-025 de 1995. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
8 Sentencia T-416 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
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condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta Fundamental”9
Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente formales (oficiosidad) y a
interpretar la demanda de una forma tal que se favorezca la protección del derecho
fundamental, sin perjuicio de las garantías procesales de quien es demandado. […]».
9. La Federación Colombiana de Municipios, SIMIT solicitó su desvinculación del
presente trámite constitucional, al indicar que no tiene competencia para acceder a
lo pretendido.
10. Respecto de lo anterior, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto
fue en calidad de tercera con interés por solicitud expresa de la demandante con la
finalidad de que certificara «el origen técnico (si fue por validación humana o cruce de
datos) de las multas que suman $9.812.049 a nombre de Melkis Kammerer», en aras de
garantizarles su derecho de defensa y contradicción, por lo que se negará su
solicitud.
2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
11. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo
del Consejo de Estado10 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema11. Al respecto señaló lo
siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».
12. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
13. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo12, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
9 Sentencia T-379 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01,
M.P. María Elizabeth García González.
11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.
12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.:
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios.
Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.
14. Ahora bien, la Corte Constitucional13 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez;
y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
15. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos14,
el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de
la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de
los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea
de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales15.
Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que
incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate
que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.4. Problema jurídico
16. De acuerdo con el escrito de tutela, la Sala deberá definir: ¿si el Consejo de
Estado, Sección Quinta vulneró los derechos fundamentales de Cesarina Luz Arias
Villazón con ocasión de la providencia del 19 de febrero de 2026, con lo que incurrió
presuntamente, en los defectos procedimental, sustantivo y desconocimiento del
precedente judicial?
2.5. Análisis de la Sala
2.5.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
17. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela, y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio de fondo del asunto planteado
13 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de
2005.
14 Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2015, MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
15 Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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2.5.2 Defecto sustantivo
18. En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte
Constitucional16 ha señalado que este se presenta cuando el juez adopta una
decisión que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto. En su jurisprudencia, la corporación ha
resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces
gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar normas
jurídicas, esta no es una facultad absoluta, para lo cual precisó que los límites se
encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado social de derecho
19. El alto tribunal de lo constitucional ha identificado una serie de situaciones en
las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta en
una norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación
o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad,
es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses legítimos de las
partes o es manifiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta sentencias que hayan
definido el alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición aplicada se toma regresiva
o contraria a la Constitución; (v) no se efectúa una interpretación sistemática de la
norma y (vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso.
20. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación
en que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal
entidad debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.
Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión
proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
fundamentales de los sujetos procesales.
2.5.3 Desconocimiento del precedente judicial
21. En este punto, en cuanto al desconocimiento del precedente alegado se
recuerda que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política
permite afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes
relevantes como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para
promover la seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la
predictibilidad de las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las
normas jurídicas. Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo
adecuado de estos, como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones
judiciales, presupuesto esencial del Estado social de derecho.
22. La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión
previa adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes
jurisdicciones que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o
16 Corte Constitucional, Sentencia T-118 a de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo.
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semejantes desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el
juez, debe ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad.
El adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el
curso de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas,
salvo si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan
modificarlo.
23. Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de
la modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las toma en injustas o incorrectas en el orden de cosas
actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.
24. En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia,
identificando los precedentes relevantes; de suficiencia dando a conocer las razones
que en su concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué
esa modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello
reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad
que se derivada de la desobediencia al precedente.
2.5.4 Defecto Procedimental
25. Tal como se afirma de los defectos sustantivo, fáctico y orgánico, el defecto
procedimental fue definido por la Corte Constitucional desde la sentencia T-231 de
1994 como causal de vía de hecho en una providencia judicial. Desde entonces, el
defecto procedimental absoluto es entendido como aquél en el que el juez ordinario
adelanta el asunto bajo una cuerda procesal equivocada u omite el curso de una
etapa del trámite, en perjuicio del derecho al debido proceso.
26. A partir de la Sentencia T-1306 de 200117, empero, la Corte Constitucional
consideró que este defecto no solo podía ser absoluto, sino presentarse por exceso
ritual manifiesto18, producto de una indebida preferencia por las formas procesales
en perjuicio del derecho al acceso a la administración de justicia, a la prevalencia del
derecho sustancial y a la pretensión de corrección de las decisiones judiciales, en la
consecución de la justicia material y la garantía de los derechos fundamentales19.
17 Línea que ha venido consolidándose, entre otras, a través de las sentencias T-974 de 2003, T-973 de 2004,
T-264 de 2009, T-599 de 2009, T-950 de 2011 y T-213 de 2012.
18 Desde esta concepción del defecto es clara la tensión entre los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, tensión que debe abordarse desde la concepción de dichos bienes como mandatos
de optimización, lo que permite su ponderación en cada caso en concreto para la satisfacción de los derechos
fundamentales involucrados en cada caso en concreto.
19 En esta decisión, el defecto se definió como: “[…] aquel que se deriva de un fallo en el cual haya una
renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de
las normas procesales convirtiéndose así en una inaplicación de la justicia material […]”.
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27. La procedencia de este defecto, en todo caso, exige que el afectado haya
alegado el yerro a través de la instancia ordinaria, de haber estado en la posibilidad
de hacerlo; que la violación tenga una entidad suficiente para afectar la decisión que
lesione bienes ius fundamentales20.
2.5.5. Sobre el caso concreto
28. Cesarina Luz Arias Villazón acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la
sentencia proferida el 19 de febrero de 2026 por el Consejo de Estado, Sección
Quinta, mediante la cual se revocó parcialmente la decisión de primera instancia21.
29. Lo anterior, al considerar que se incurrió en defecto sustantivo por la errónea
interpretación de los artículos 1 y 2 de la Ley 1843 de 2017, el artículo 109 del
Decreto-Ley 2106 de 2019, los artículos 129,135, 158A de la Ley 769 de 2002 y el
artículo 91 de la ley 1437, al concluir que dichas disposiciones no contenían
mandatos imperativos, inobjetables y expresos exigibles mediante el mecanismo de
cumplimiento.
30. En defecto procedimental por la indebida aplicación de la figura de la cosa
juzgada frente a las distintas pretensiones formuladas en la solicitud de cumplimiento,
especialmente respecto del artículo 158ª de la Ley 769 de 2022, adicionado por la
Ley 2251 de 2022, al considerar que dicha disposición introdujo una obligación nueva,
clara, expresa y exigible, en este caso, la revocatoria oficiosa de las multas impuestas
sin el cumplimiento de los criterios de seguridad vial.
31. Para mayor claridad del asunto, la Sala recuerda el análisis efectuado por el
Consejo de Estado, Sección Quinta, en la sentencia enjuiciada, para concluir: (i) el
rechazo respecto de los artículos 1 y 2 del Código Nacional de Tránsito, por cuanto
no se acreditó la constitución en renuencia; (ii) la declaración de la improcedencia en
relación con la pretensión de anular las multas interpuestas mediante las patrullas
institucionales; (iii) la configuración de la cosa juzgada respecto del cumplimiento de
la Resolución 20203040011245 de 2020, artículos 129, 135, 158A del Código
20 Al respecto, en la Sentencia T-213 de 2012, reiterando para el efecto la línea jurisprudencial
consolidada sobre este aspecto, sostuvo que la prosperidad del defecto se sujetaba a: “[…]“(i) (Q)ue
no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter
subsidiario de la acción de tutela; (ii) que el defecto procesal tenga una incidencia directa en el fallo
que se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido
alegada al interior del proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las
circunstancias del caso específico; y (iv) que como consecuencia de lo anterior se presente una
vulneración a los derechos fundamentales. […]”.
21 Resolvió: (i) rechazar la solicitud de cumplimiento respecto del artículo 1 y 2 de la ley 796 de 2002,
por falta de acreditación del requisito de renuencia; (ii) declarar la improcedencia frente a las
pretensiones dirigidas a anular las multas impuestas por mediante patrullas institucionales; (iii) reiterar
la existencia de cosa juzgada en relación con el cumplimiento del artículo 6 de la 20203040011245 de
2020, así como de los artículos 129, 135, y 158A del Código Nacional de Tránsito, este último
adicionado por el artículo 18 de la Ley 2251 de 2022; y (iv) negar la pretensión de cumplimiento de los
artículos 1 y 2 de la Ley 1843 de 2017 y 109 del Decreto Ley 2106 de 2019, al considerar que no
contenían un mandato claro e inobjetable susceptible de ser exigido mediante acción de cumplimiento.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02945-00
Demandante: Cesarina Luz Arias Villazón
Nacional de Tránsito; y (iv) la de negar las pretensiones de cumplimiento de los
artículos 1 y 2 de la ley 1843 de 2017 y 109 del decreto ley 2106 de 2019:
«[…] 2.4. De la renuencia
El inciso segundo del artículo 8° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el numeral
5° del artículo 10 ibídem, estableció como requisito de procedibilidad de esta acción
constitucional que con la demanda el accionante aporte la prueba de haber pedido a la
entidad accionada en forma directa y con anterioridad al ejercicio de la acción, el
acatamiento del deber legal o administrativo presuntamente desatendido por aquélla y,
que la autoridad requerida se ratifique en el incumplimiento o guarde silencio frente a la
solicitud. De esta manera quedará acreditada la renuencia de la respectiva autoridad
administrativa y el actor podrá ejercer la acción de cumplimiento.
Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga de probar que
constituyó en renuencia a la Superintendencia de Transporte, el Municipio de Valledupar
– Secretaría de Tránsito y Transporte y el Concejo de Valledupar antes de instaurar la
demanda.
La señora Arias Villazón adjuntó copia del escrito radicado el 24 de septiembre de 2025,
en el cual solicitó a las entidades accionadas el cumplimiento de:
[…]
Conforme con lo anterior, la Sala entiende agotado el requisito de constitución en
renuencia, según lo dispuesto en el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997, Resolución
20203040011245 de 2020 (artículo 6), compilada en la Resolución 20223040045295 de
202217, artículos 129 (parágrafo 1 y 2) y 135 (inciso 1), 158 A (adicionado por el artículo
18 de la Ley 2251 de 2022) del Código Nacional de Tránsito -Ley 769 de 2002, artículo
109 del Decreto Ley 2106 de 2019 y los artículos 1,2, 3, 13 y 14 de la Ley 1843 de 2017.
En ese orden, no hay duda de que previo a acudir al ejercicio de la presente acción de
cumplimiento, la actora agotó en debida forma el requisito de renuencia respecto de los
apartados normativos ya identificados con relación a los cuales se limitará el análisis
subsiguiente.
De la anulación de las multas de tránsito y la presencialidad del trámite de
imposición de aquellas.
Se advierte que la controversia escampa del ámbito de acción del juez de cumplimiento,
toda vez que encierra un debate jurídico sobre la validez de los comparendos que han
sido interpuestos por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar. Al respecto,
se recuerda que esta acción no es de carácter declarativo sino de ejecución de deberes
imperativos e inobjetables, es decir, que no admitan ningún tipo de discusión.
Lo anterior da cuenta que, aun cuando en este escenario se solicita el cumplimiento de
las normas descritas, lo cierto es que el fondo de la controversia plantea una discusión de
carácter subjetivo que debe ser conocida por el juez de lo contencioso administrativo a
través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 138
del CPACA contra los actos administrativos sancionatorio
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02945-00
Demandante: Cesarina Luz Arias Villazón
[…] De la cosa juzgada
Descendiendo al asunto que nos ocupa, la Sala observa que en el expediente 20001-33-
33-009-2024-00283-01, el Tribunal Administrativo del Cesar resolvió en segunda instancia
una demanda presentada en contra de la Alcaldía de Valledupar, para que se le ordenara
acatar lo dispuesto en el artículo 6 de la Resolución 20203040011245 de 2020 y el artículo
2.º, numeral 1, de la ley 1843 del 2017 y, en consecuencia, se dispusiera el retiro de los
vehículos «caza infractores» por las calles de Valledupar.
[…]
Por otro lado, en lo que tiene que ver con las disposiciones normativas restantes y demás
entidades accionadas, esta Sección profirió sentencia el 10 de abril de 202522 en la cual
resolvió acción de cumplimiento al interior de la que se solicitó el acatamiento del artículo
18 de la Ley 2251 de 2022 [que adicionó el artículo 158A de la Ley 769 de 2002], artículos
3, y 13 de la Ley 1843 de 2017, artículos 127, 129 y 135 al 137 de la Ley 769 de 2002, y
los literales a, d, g, i, m del artículo 3 y los artículos 5 al 8 de la Resolución
20203040011245 de 2020 expedida por el Ministerio de Transporte.
[…]
Esta Sala concluye la existencia de cosa juzgada en lo que atañe a las pretensiones del
retiro de las patrullas «caza infractores» y la observancia de los procedimientos legales
en la interposición de sanciones. Lo anterior, con fundamento en el cumplimiento de la
resolución 20203040011245 de 2020 (artículo 6), compilada en la Resolución
20223040045295 de 202226, artículos 129 (parágrafo 1 y 2) y 135 (inciso 1), 158 A
(adicionado por el artículo 18 de la Ley 2251 de 2022) del Código Nacional de Tránsito -
Ley 769 de 2002.
Del cumplimiento de los artículos 1 y 2 Ley 1843 de 2017 y 109 del Decreto Ley 2106
de 2019, que estipulan lo siguiente:
[…] No obstante, a través de esta acción no es posible ordenar ejecutar toda clase de
disposiciones, sino aquellas que contienen prescripciones que se caracterizan como
«deberes». Los deberes legales o administrativos que pueden ser cumplidos a través de
las órdenes del juez constitucional: mandatos imperativos, expresos e inobjetables
[…]
Así las cosas, de los referidos artículos 1 y 2 Ley 1843 de 2017 y 109 del Decreto Ley
2106 de 2019 no es posible extraer un mandato imperativo e inobjetable en los términos
formulados por el accionante en sus pretensiones de la demanda, dado que las
disposiciones en comento regulan lo atinente a regula la instalación y puesta en marcha
de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección
de infracciones. […]» [sic].
32. En relación con el asunto a decidir conviene recordar lo dicho por el máximo
órgano constitucional respecto al defecto sustantivo, que expone lo siguiente:
«[…] Es preciso señalar que una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo
cuando la autoridad jurisdiccional […] a pesar del amplio margen hermenéutico que la
Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, realiza una interpretación
contraevidente o claramente irrazonable o desproporcionada» [sic]23.
33. Bajo este entendimiento, la Sala concluye que, en el caso concreto, no se
configuró el defecto alegado, pues la interpretación adoptada por la autoridad judicial
demandada no resultó contraevidente, irrazonable o desproporcionada. Por el
contrario, se sustentó en los elementos normativos y jurisprudenciales del
22 En el marco de la acción de cumplimiento 20001-23-33-000-2025-00029-01.
23 Corte Constitucional. Sentencia T-021 de 2018. Bogotá, D.C., del 5 de febrero del 2018. MP: José Fernando
Reyes Cuartas.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02945-00
Demandante: Cesarina Luz Arias Villazón
ordenamiento jurídico de cara a un análisis razonable de la normativa aplicable
respecto a la improcedencia de la solicitud de cumplimiento.
34. Lo anterior por cuanto, la Sala observa que las disposiciones invocadas dentro
de la solicitud de cumplimiento no contenían órdenes concretas, claras e inobjetables.
En esencia, los artículos 1 y 2 de la Ley 1843 de 2017 y el artículo 109 del Decreto
Ley 2106 de 2019, comprenden disposiciones generales relacionadas con la
regulación, implementación y operación de los sistemas automáticos y
semiautomáticos para la detección de infracciones de tránsito. Ahora bien, de tales
disposiciones no es posible extraer un deber específico orientado a retirar las
patrullas instituciones, anular comparendos o suspender los registros sancionatorios
en las plataformas SIMIT y RUNT, como se pretendió en la solicitud de cumplimiento.
35. En ese contexto, para la Sala, la autoridad judicial demandada no realizó una
interpretación arbitraria o irrazonable, por el contrario, fue ajustada a derecho, en
tanto luego de hacer el análisis correspondiente concluyó que dichas normas no
contenían mandatos exigibles e inobjetables por medio de la acción de cumplimiento.
36. De otra parte, se reitera que el mecanismo constitucional invocado cuenta con
unos requisitos de procedencia, estos son:
«(i) Que el deber jurídico cuya observancia se exige esté consignado en normas con
fuerza de ley o en actos administrativos; (ii) Que el mandato, la orden, el deber, la
obligatoriedad o la imposición esté contemplada en la norma o en el acto
administrativo de una manera precisa, clara y actual; (iii) Que la autoridad o el
particular en ejercicio de funciones públicas sea renuente a cumplir; (iv) Que tal renuencia
se acredite por el demandante de la manera como lo exige la ley. Este requisito puede
exceptuarse cuando se pueda producir un perjuicio grave e inminente para el que ejerce
la acción y, (v) Que, tratándose de actos administrativos de carácter particular, no haya
otro instrumento judicial para lograr el cumplimiento» [sic]24.
37. En este marco normativo, la Sala encuentra que la autoridad judicial
demandada sí tuvo en cuenta dichos requisitos para determinar, en primer lugar, el
rechazo de la solicitud en relación con los artículos 1 y 2 del Código Nacional de
Tránsito, al no acreditar el de renuencia. En efecto, la providencia cuestionada
concluyó que el requerimiento previo dirigido a las entidades no contenía una
exigencia concreta orientada al cumplimiento de dichas normas, pues el escrito que
fue enviado a los canales de atención al ciudadano dispuestos por la Secretaría de
Tránsito y Transporte de Valledupar, la Superintendencia de Puertos y Trasporte y
Concejo de Valledupar no hacía referencia a las mismas.
38. Asimismo, se declaró improcedente la acción de cumplimiento frente a la
pretensión orientada a dejar sin efectos las multas impuestas mediante patrullas
institucionales, por cuanto el ordenamiento jurídico prevé mecanismos judiciales
idóneos para controvertir los actos administrativos sancionatorios, como la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho.
24 Consejo de Estado. Sentencia del 05 de febrero del 2015. Radicado: 25000-23-41-000-2014-01193-01. Bogotá,
D.C., MP: Susana Buitrago Valencia.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02945-00
Demandante: Cesarina Luz Arias Villazón
39. Finalmente, para negar la pretensión de cumplimiento de los artículos 1 y 2 de
la Ley 1843 de 2017 y 108 del Decreto-Ley 2106 de 2019, al considerar que no
contenían mandados precisos, claros e inobjetables, atacables por el mecanismo en
cuestión. En ese escenario, es claro que no hay una interpretación errónea del
ordenamiento jurídico en la decisión.
40. Ahora bien, acerca del defecto procedimental alegado por la supuesta indebida
aplicación de la figura de la cosa juzgada, la Sala advierte que tampoco se configuró,
pues la autoridad judicial demandada fundamentó su decisión a partir de la existencia
de decisiones judiciales previas, sobre las mismas controversias y normas
planteadas en la solicitud de cumplimiento. En ese sentido, la aplicación de la figura
jurídica no fue producto de un ejercicio arbitrario, sino sustentado en providencias
que se habían referido al alcance de las normas que se pretenden hacer cumplir.
41. En relación con lo anterior, para la Sala resulta pertinente precisar que, la
autoridad judicial demandada basó su decisión con fundamento en lo previsto por el
Consejo de Estado. Al respecto, precisó25:
«Esta Sección ha manifestado que el objeto de la cosa juzgada es que los hechos y
conductas que se han resuelto judicialmente no puedan ser debatidos nuevamente en un
proceso posterior. Lo anterior, por cuanto lo decidido por el juez adquiere las
características de vinculante, obligatorio y, por tanto, de inmutable.» [sic].
42. Asimismo, citó lo indicado por la Corte Constitucional26:
«Ahora bien, la Sala ha establecido que, para estar en presencia del fenómeno de la cosa
juzgada en las acciones de cumplimiento, en principio, no es necesaria la identidad de
partes; en específico, del extremo accionante, dado el carácter público de la acción, lo
cual implica que puede instaurarse por cualquier persona. Tratándose de la identidad de
objeto, se verifica la identidad del bien jurídico que se encuentra en disputa. Finalmente,
en relación con la identidad de causa se determina la razón por la cual se acude a esta
instancia.» [sic].
43. Con base a lo anterior, la Sala observa que la autoridad judicial demandada sí
analizo el alcance de la cosa juzgada y del precedente jurisprudencial aplicable. En
particular, encontró que: (i) respecto del artículo 6 de la Resolución 20203040011245
de 2020 y el artículo 2 de la Ley 1843 de 2017, la sentencia del Tribunal Administrativo
del Cesar27 había resuelto que no existía prueba de que el vehículo caza infractores
correspondieran a sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios
tecnológicos para la detección de infracciones (SAST) ni que las cámaras para
detectar las presuntas infracciones de tránsito estuvieren en funcionamiento y; (ii)
frente a las disposiciones normativas restantes, también existe decisión judicial en
firme, pues en sentencia del 10 de abril del 2025 del Consejo de Estado28, se resolvió
una petición de cumplimiento en la que se solicitaba el acatamiento del artículo 18 de
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 30
de enero de 2025. Radicado: 54001 23 33 000 2024 00229 01. C.P. Omar Joaquín Barreto Suárez.
26 Corte Constitucional, sentencia C-100 de 2019.
27 Ver expediente: 20001-33-33-009-2024-00283-01.
28 Consejo de Estado, sentencia del 10 de abril del 2025. Radicado: 20001-23-33-000-2025-00029-01.
Bogotá, D.C., MP: Gloria María Gómez Montoya.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02945-00
Demandante: Cesarina Luz Arias Villazón
la Ley 2251 de 2022 [que adicionó el artículo 158A de la Ley 769 de 2002], artículos
3, y 13 de la Ley 1843 de 2017, artículos 127,129 y 135 al 137 de la Ley 769 de 2022,
del articulo 3 y 5 al 8 de la Resolución 20203040011245 de 2020, en donde se
concluyó que no existía un mandato exigible a la Secretaría de Tránsito de Valledupar
debido a que no se ha implementado el SAST dentro de la facultad sancionatoria,
razón que llevo a la negativa de las pretensiones.
44. En consecuencia, la Sala encuentra que no se configuran los defectos
alegados, toda vez que la autoridad judicial demandada realizó una interpretación
razonable y sistemática del orden jurídico vigente, aplicable al caso concreto. Pues,
verificó el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la medida de
cumplimiento y aplicó adecuadamente la figura de la cosa juzgada frente a
controversias previamente resueltas mediante decisiones judiciales en firme. Por
tanto, no se advierte actuación arbitraria.
45. Por otra parte, el demandante consideró que se incurrió en desconocimiento
del precedente judicial de la Corte Constitucional29 en relación con la prohibición de
responsabilidad objetiva en materia sancionatoria y las condiciones para la
imposición de foto comparendos.
46. Al respecto, la Sala advierte que los precedentes fijados por la Corte
Constitucional en las sentencias C-038 de 2020, T-206 de 2024 y C-321 de 2022,
están relacionadas con las garantías al debido proceso en materia sancionatoria, la
prohibición de responsabilidad objetiva frente a infracciones detectadas mediante
sistemas tecnológicos y la necesidad de identificar a la persona que realizó la
conducta infractora y no solo al dueño del vehículo. En particular, han señalado que
las sanciones derivadas del sistema de foto detección no pueden imponerse
automáticamente al propietario del vehículo sin que exista prueba personal de la
infracción. Asimismo, se reitera la exigencia de garantizar el debido proceso dentro
de los procedimientos administrativos sancionatorios de tránsito.
47. En ese orden de ideas, la Sala precisa que la providencia judicial cuestionada
no desconoció las decisiones invocadas, toda vez que el problema jurídico resuelto
por la autoridad demandada se circunscribió a exponer las razones por las cuales la
acción de cumplimiento no satisfacía los requisitos legales de procedencia.
Asimismo, consideró que las normas invocadas no contenían mandatos claros,
expresos e inobjetables susceptibles de ser exigidos a través de dicho mecanismo y
analizó si, respecto de determinadas pretensiones, operaba el fenómeno de la cosa
juzgada.
48. En consecuencia, la decisión no se encaminó a establecer responsabilidades
derivadas de infracciones de tránsito ni a validar esquemas de responsabilidad
objetiva. Por el contrario, la autoridad judicial limitó su análisis a verificar la viabilidad
29 Al respecto citó: i) sentencia de constitucionalidad C-038 de 2020, del 6 de febrero de 2020, con
expediente D-12329. MP: Alejandro Linares Cantillo; ii) sentencia de tutela T-206 de 2024, con
expediente T-9.458.830.MP: Vladimir Fernández Andrade; iii) sentencia de constitucionalidad C-321
de 2022, con expediente D-14.626. MP: Jorge Enrique Ibañez Najar.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02945-00
Demandante: Cesarina Luz Arias Villazón
de la acción de cumplimiento y el alcance de las pretensiones formuladas, conforme
al marco normativo y jurisprudencial aplicable.
49. En este punto, la Sala constató que no existió un desconocimiento arbitrario o
injustificado del precedente constitucional invocado, toda vez que se trataban de
problemas jurídicos distintos, razón por la cual no se configura una vulneración del
precedente constitucional.
50. En esas condiciones, lo que existe es una inconformidad con el resultado de
la valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, lo cual impone negar
la solicitud de amparo constitucional, pues, se reitera, este mecanismo no puede
convertirse en una tercera instancia.
51. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración de
derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró́ probado.
3. Conclusión
52. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que
la parte demandante centró sus esfuerzos, de forma en que la Sala negará el amparo
los derechos fundamentales invocados por Cesarina Luz Arias Villazón en la solicitud
de tutela presentada contra el Consejo de Estado, Sección Quinta.
53. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Negar la solicitud de desvinculación de La Federación Colombiana de
Municipios, SIMIT.
Segundo. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Cesarina Luz Arias
Villazón en la solicitud de tutela presentada contra el Consejo de Estado, Sección
Quinta.
Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
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Demandante: Cesarina Luz Arias Villazón
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CJE/LVLQ
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
16
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