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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02946-00

Fecha
28 de julio de 2026
Consejero ponente
José Roberto Sáchica Méndez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02946-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte. 8 Radicación: 11001-03-15-000-2026-02946-00 Accionante: Jhon Jairo Úsuga Mindiola Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia) SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2026-02946-00

Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez

28 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A – SALA DE CONJUECES

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02946-00
Accionante: Jhon Jairo Úsuga Mindiola
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA / Improcedente – Relevancia Constitucional.

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del recurso de amparo constitucional.

I. A N T E C E D E N T E S

A. La demanda y sus fundamentos

1. El 16 de abril de 2026, el señor Jhon Jairo Úsuga Mindiola instauró acción de
tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado para obtener la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia e igualdad, así como el principio de seguridad jurídica.

2. Consideró que dichas prerrogativas fueron lesionadas con el fallo de 19 de febrero
de 20262, proferido en el proceso de acción de cumplimiento3 que adelantó en contra
de la Superintendencia de Transporte, el Ministerio de Transporte y la Secretaría de
Tránsito del municipio de Valledupar; cuyo propósito era el acatamiento de lo
dispuesto en los artículos 1, 2, 129, 135 y 158A de la Ley 769 de 2002, el 10 de la
Ley 1437 de 2011 y 6 de la Resolución 20203040011245 de 2020. A partir de ello,
pretendía obtener la anulación de todas las multas aplicadas en el municipio de
Valledupar mediante los denominados vehículos “caza infractores” y el retiro de
aquellos, así como que la imposición de comparendos se realizara de manera
presencial.

3. En sentencia del 4 de diciembre de 2025, el Tribunal Administrativo del Cesar
rechazó la acción de cumplimiento respecto del Ministerio de Transporte, por no
encontrar acreditado el requisito de renuencia. En cuanto a las otras demandadas,
la declaró improcedente porque la pretensión material del actor no era la ejecución
1
Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de
2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
2
Notificado el 23 de febrero de 2026.
3
Proceso con radicación: 20001-23-33-000-2025-00692-01.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02946-00
Accionante: Jhon Jairo Úsuga Mindiola
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

de un deber claro, expreso e inobjetable, sino la controversia de comparendos y
actuaciones sancionatorias. Solo estudió de fondo, y negó, lo relativo al supuesto
incumplimiento de los artículos 1 y 2 de la Ley 769 de 2002, respecto de los cuales
estimó que no contemplan un mandato imperativo e inobjetable, que se pueda
efectivizar a través de esta acción.

4. El Consejo de Estado – Sección Quinta en decisión de 19 de febrero de 2026
revocó parcialmente la decisión de primera instancia. Respecto del requisito de
renuencia, encontró probado el mismo frente al ente territorial y la Superintendencia
accionada, pero no respecto del Ministerio de Transporte. En consecuencia, revocó
parcialmente el rechazo que determinó la primera instancia. Indicó que el 10 de abril
de 2025, esa Sala de decisión profirió un fallo de segunda instancia en el expediente
con radicado 20001-23-33-000-2024-00029-01, la cual guardaba identidad de objeto,
causa y partes con el analizado. Concluyó que se configuraba cosa juzgada en
cuanto a la pretensión asociada al cumplimiento de los artículos 129, 135 y 158A de
la Ley 769 de 2002, adicionado por el artículo 18 de la Ley 2251 de 2022 y el artículo
6 de la Resolución 20203040011245 de 2020. Por otra parte, sostuvo que la primera
de las pretensiones era improcedente por no satisfacer el requisito de subsidiariedad,
debido a que la controversia escapaba del ámbito de acción del juez de
cumplimiento, ya que encerraba un debate jurídico sobre la validez de los
comparendos interpuestos por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar.
Finalmente, manifestó que las únicas disposiciones normativas que superaron el
requisito de renuencia y cosa juzgada eran los artículos 1 y 2 de la Ley 769 de 2002;
sin embargo, de aquellas no era posible extraer algún mandato imperativo e
inobjetable, pues la finalidad de esos apartados era definir el ámbito de aplicación de
esa Ley, sus principios, y algunos componentes propios del sector transporte, de los
cuales no se desprendían deberes cuyo acatamiento pudieran ser exigidos.

5.La parte accionante afirmó que la decisión acusada incurrió en los siguientes
defectos:

6. Desconocimiento del precedente, por desatender las sentencias C-038 de 2020
y C-321 de 2022, las cuales proscriben la responsabilidad objetiva en materia de
fotomultas, y establecieron que la tecnología no releva al Estado de su carga
probatoria de identificar plenamente al infractor, conforme a los artículos 1, 129, 131
y 135 de la Ley 769 de 2002. Indicó que, al validar un sistema de recaudo masivo en
Valledupar que sanciona al propietario por el simple cruce de datos, la autoridad
judicial accionada permitió la vulneración del núcleo esencial de la presunción de
inocencia.

7. Defecto sustantivo, pues el artículo 1 de la Ley 1843 de 2017, que desarrollaba
la responsabilidad solidaria, fue declarado inexequible por la sentencia C-038 de
2020, lo cual generó la pérdida de fuerza ejecutoria de todos los actos administrativos
derivados de dicha norma. En virtud de ello, la accionada incurre en una violación
directa al principio de legalidad administrativa y seguridad jurídica, al no reconocer
que las multas impuestas al accionante bajo ese modelo carecen de título jurídico
vigente.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02946-00
Accionante: Jhon Jairo Úsuga Mindiola
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

8. También sostiene que, al declarar la temeridad y cosa juzgada, la autoridad
judicial ignoró que mientras continúe la violación de la ley por parte de la
administración municipal de Valledupar y la Superintendencia de Transporte, el
ciudadano tiene el derecho y el deber constitucional de accionar, pues la cosa
juzgada no puede amparar ilegalidades administrativas permanentes.

9. Expuso que la Sección Quinta del Consejo de Estado igualmente desconoció el
artículo 3, parágrafo 3 de la Ley 769 de 2002, el Decreto 2409 de 2018 y el artículo
158A de la Ley 769 de 2002 (adicionado por Ley 2251 de 2022), relacionados con el
control de ayudas tecnológicas para criterios de seguridad vial, al declarar la cosa
juzgada. Indicó que la declaratoria de improcedencia con sustento en procesos
antiguos, supone una suerte de "inmunidad judicial" a la administración municipal de
Valledupar y a la Superintendencia de Transporte, permitiendo que persistan en la
ilegalidad bajo el amparo de una formalidad procesal. Además, que ese último
artículo creó una obligación nueva, clara, expresa y exigible, la cual es la revocatoria
oficiosa de las multas impuestas sin el cumplimiento de los criterios de seguridad
vial, mandato legal que es posterior a los procesos que la Sección Quinta pretende
hacer valer como cosa juzgada. Adicionó que no analizaron de fondo los argumentos
sobre la falta de integración normativa de la Ley 153 de 1887 respecto de la Ley 2251
de 2022.

10. Defecto orgánico, por ordenar la remisión de copias a la autoridad disciplinaria

contra el defensor y asesor técnico de la causa, lo que constituye un ataque directo
al ejercicio legítimo de la defensa y la veeduría ciudadana, utilizando la facultad
sancionatoria como una herramienta de presión para silenciar la denuncia técnica
sobre la ilegalidad de los sistemas SAST (Sistema Automático o Semiautomático de
Tránsito) en Valledupar.

11. Defecto fáctico, por la omisión en la valoración probatoria de la renuencia de la

Superintendencia de Transporte en iniciar las investigaciones ordenadas por la Ley
1843 de 2017. En el expediente constan las peticiones ciudadanas en las que se
advierte sobre la operación irregular de equipos en movimiento en Valledupar, ante
las cuales la entidad nacional ha respondido con evasivas y la Sección Quinta cerró
el caso ignorando la negligencia de la entidad.

12. Error inducido, al sustentar su decisión en la presunta suficiencia de las
respuestas administrativas de la Superintendencia de Transporte, y no percatarse de
esta falta de correspondencia entre el mandato legal y la actuación administrativa.

13. Violación directa de la Constitución, concretamente de los artículos 4 y 6
constitucionales, al permitir que la Superintendencia de Transporte actúe sin
responsabilidad frente a las omisiones de los organismos de tránsito locales.

14. Exceso ritual manifiesto, al preferir la rigidez procesal sobre la necesidad de

proteger el ordenamiento jurídico y el derecho sustancial; pues al cerrar el proceso
bajo el argumento de que ya hubo otros, se olvidó que cada día de operación ilegal

3

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02946-00
Accionante: Jhon Jairo Úsuga Mindiola
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

genera nuevos hechos vulneradores que no pueden ser cubiertos por sentencias
previas.

15. Manifestó que se vulneró el derecho a la igualdad y el acceso a la administración

de justicia al negar la aplicación de la extensión de la jurisprudencia de unificación
en favor de los ciudadanos de Valledupar. Pues si el máximo tribunal administrativo
ya ha determinado en otros fallos que el recaudo por cruce de datos y sin validación
humana es ilegal, la negativa a extender estos efectos al actor constituye una
discriminación arbitraria.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

16. Mediante auto de 10 de junio de 2026 4 se avocó el conocimiento de la presente

acción5, se ordenó notificar de su presentación a la autoridad judicial accionada, se
negó la medida provisional solicitada y se vinculó a la Superintendencia de
Transporte, al municipio de Valledupar y al Ministerio de Transporte como terceros
con interés. También se requirió al Tribunal Administrativo del Cesar para que
remitiera copia digital del expediente con radicado número 20001-23-33-000-2025-
00692-00/01.

17. Por último, se ordenó sortear 2 conjueces entre los magistrados que integran las

Subsecciones B y C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a efectos de
conformar el quórum requerido, ante los impedimentos presentados y aceptados de
los consejeros Zoranny Castillo Otálora y Fernando Alexei Pardo Flórez.

18. En diligencia del 19 de junio de 2026, fueron designados como conjueces los

consejeros de Estado Fredy Hernando Ibarra Martínez y Alberto Montaña Plata.

(i) Consejo de Estado – Sección Quinta6

19.
Consideró que la solicitud de amparo se debe declarar improcedente en la medida
en que lo pretendido es reabrir un debate propio del proceso de cumplimiento, que
ya fue resuelto por el juez natural de la causa.
20.
Indicó que la providencia cuestionada no fue arbitraria, y que en aquella se analizó
el agotamiento de la renuencia, la existencia de cosa juzgada, la procedencia del
medio de control y el alcance de las normas cuyo cumplimiento se reclamaba.

21.
Adujo que la sola cita de precedentes constitucionales, como las sentencias C-
038 de 2020, C-321 de 2022, SU-150 de 2021, C-083 de 1995, T-206 de 2024 o las
demás que menciona la tutela, no satisface la carga argumentativa exigida para

4
Notificado el 19 de junio de 2026. Esta decisión se corrigió, a través de providencia del 10 de julio de 2026, para precisar en
la parte resolutiva que el impedimento también fue aceptado al consejero Fernando Pardo Flórez.
5
Si bien se presentó el 16 de abril de 2026, el magistrado Fernando Pardo Flórez -encargado del despacho al que se asignó
el asunto inicialmente- manifestó estar impedido. Por auto del 30 de abril de 2026, el proceso se devolvió, en tanto la consejera
Zoranny Castillo Otálora se había posesionado como nueva titular de ese despacho. El 21 de mayo de 2026, dicha magistrada
manifestó su impedimento. En el referido auto de 10 de junio de 2026, el consejero José Roberto Sáchica Méndez, tras aceptar
los impedimentos de los otros 2 integrantes de la Sección Tercera – Subsección A del Consejo de Estado, avocó el
conocimiento del caso.
6
Contestación enviada al correo electrónico, consta de 4 folios.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02946-00
Accionante: Jhon Jairo Úsuga Mindiola
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

demostrar una causal específica de procedibilidad contra providencia judicial. Afirmó
que la solicitud de excepción de inconstitucionalidad tampoco estaba llamada a
prosperar, porque el actor no identificó una incompatibilidad manifiesta, directa y
evidente entre una norma aplicada y la Constitución.

22.
En el mismo sentido, los argumentos relativos al supuesto decaimiento de actos
administrativos, la pérdida de fuerza ejecutoria de comparendos, la inexistencia de
título ejecutivo válido, la devolución de dineros y la depuración de bases de datos no
guardan correspondencia con el objeto de la tutela contra providencia judicial ni con
el ámbito de la acción de cumplimiento. Finalmente, precisó que no es cierto que en
la providencia cuestionada o en el trámite de la acción de cumplimiento se hubiese
ordenado la remisión de copias a las autoridades disciplinarias.

(ii) Ministerio de Transporte7

23.
Manifestó que carecía de legitimación en la causa por pasiva, en la medida en que
los hechos planteados en el escrito de tutela y las respectivas pretensiones no tienen
relación directa o indirecta con esa cartera ministerial, además de que no ha
participado ni contribuido a que se den las situaciones planteadas por la parte
accionante; ni entre sus competencias está la revisión de providencias judiciales. En
razón a ello, solicitó su desvinculación del asunto.

24.
Adicionó que la acción de tutela debe ser declarada improcedente, ya que el
accionante no demostró la afectación a los derechos fundamentales alegados,
puesto que se limitó a emitir manifestaciones subjetivas respecto de una presunta
vulneración al debido proceso, dentro del trámite de una acción de cumplimiento, sin
aportar prueba que permitiera constatar que sus derechos propios estuvieran en un
riesgo cierto, grave e inminente, por lo que debía interponer una acción popular.

25.
Sostuvo que la acción de tutela no procede contra actos administrativos, por lo
que se debe acudir a los mecanismos ordinarios para controvertirlos, motivo por el
cual no se superaba el requisito general de subsidiaridad.

(iii) Superintendencia de Transporte8

26.
Expuso que carecía de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no es
competente para conocer y/o vigilar los procesos de trámite e imposición de las
sanciones instituidas por los entes territoriales por la infracción a las normas de
tránsito, el conocimiento de las faltas ocurridas en su respectiva Jurisdicción
Territorial, así como el desarrollo del trámite sancionatorio y su proceso de cobro
coactivo; por tal motivo, solicitó su desvinculación. Adicionó que la tutela no procede
para proteger derechos colectivos, y que aquello es lo que busca el actor con la
presente acción.

7
Contestación enviada al correo electrónico, consta de 11 folios.
8
Contestación enviada al correo electrónico, consta de 19 folios.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02946-00
Accionante: Jhon Jairo Úsuga Mindiola
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

27.
Del mismo modo, adujo que la acción constitucional no procede contra actos
administrativos, pues el sistema jurídico colombiano establece varios mecanismos
ordinarios a fin de que los ciudadanos puedan controvertir esas decisiones.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. Cuestión previa

28.
Se negarán las solicitudes de desvinculación presentadas por el Ministerio de
Transporte y la Superintendencia de Transporte, toda vez que les asiste un interés
legítimo para intervenir en el presente asunto, en la medida que ostentaron la calidad
de parte demandada dentro del proceso en el cual se profirió la providencia que
pretende dejarse sin efectos.

D. Análisis del caso concreto

29. La Sala declarará improcedente la solicitud de amparo, por falta de relevancia

constitucional, en la medida en que su ejercicio se orienta a instituir una suerte de
instancia adicional al litigio tramitado por el juez natural.

30.
Los argumentos traídos a colación son una insistencia de los esgrimidos dentro
de la acción de cumplimiento, con lo cual sólo se advierte que el actor pretende
discutir de nuevo la aplicación de las normas de tránsito invocadas, las
competencias que en dicha materia tienen los accionados de la mencionada acción,
y la legalidad de los comparendos impuestos en Valledupar. Reparos que fueron
estudiados de manera suficiente, motivada y razonable por la Sección Quinta del
Consejo de Estado en la providencia cuestionada.

31.
En dicho proveído, la autoridad judicial accionada después de hacer el estudio
sobre la renuencia como requisito de procedibilidad, halló que sólo se agotó
respecto de la Secretaría de Tránsito del municipio de Valledupar y la
Superintendencia de Transporte, pero no frente al Ministerio de Transporte. En
consecuencia, revocó parcialmente el rechazo dispuesto por el a quo en lo
concerniente con los artículos 1 y 2 de la Ley 769 de 2002, cuyo cumplimiento fue
solicitado a las dos primeras entidades.

32.
Posteriormente, realizó un análisis de la cosa juzgada en torno a los reproches
asociados a los artículos 129, 135 y 158A de la Ley 769 de 2002, adicionado por el
artículo 18 de la Ley 2251 de 2022 y el artículo 6 de la Resolución 20203040011245
de 2020, y concluyó que en decisión de 10 de abril de 2025 se resolvió un litigio en
el que se verificaba identidad de objeto, causa y partes (sujeto pasivo).

33.
Análisis que esta Sala encuentra razonable, pues a pesar de que se han
presentado nuevas acciones de cumplimiento, del estudio realizado por la autoridad
competente (triple identidad), no se avizora una situación nueva que haga concluir
de manera forzosa que el requisito de cosa juzgada se encuentre superado. En la
presente tutela el actor tampoco presentó un razonamiento orientado a denotar una
afectación de entidad constitucional, que pueda derivarse de lo plasmado en el fallo

6

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02946-00
Accionante: Jhon Jairo Úsuga Mindiola
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

censurado respecto a ese presupuesto. El argumento de que la alegada
vulneración es permanente no habilita la posibilidad de acudir en forma recurrente
a realizar cuestionamientos ya evaluados por la autoridad judicial, cuando no se
acreditan cambios sustantivos o fácticos relevantes y pertinentes. Ello evidencia la
falta de relevancia constitucional del alegado defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto.

34.
Luego de verificar la cosa juzgada, la accionada entró a comprobar si las demás
pretensiones superaban los requisitos de procedencia. Frente a la primera, relativa
a que se ordenara a la Secretaría de Tránsito del municipio de Valledupar la
anulación de todas las multas aplicadas mediante los denominados vehículos “caza
infractores”, consideró que era una discusión de carácter subjetivo que debía ser
conocida por el juez de lo contencioso-administrativo a través de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, contra los actos administrativos
sancionatorios. En ese sentido, concluyó que no correspondía al fallador
constitucional adelantar un estudio sobre la legalidad del procedimiento
sancionatorio, en tanto no se superaba el requisito de subsidiariedad.

35.
En cuanto al acatamiento del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011, sostuvo que,
aunque se invocó una disposición legal, lo cierto era que lo pretendido era el
cumplimiento de decisiones judiciales, asunto que escapaba al objeto de esa acción
y, por ende, conllevaba su improcedencia.

36.
Respecto del anterior estudio, la Sala no encuentra que el razonamiento de la
autoridad judicial se pueda calificar como caprichoso, pues evidencia que el
accionante más allá de pretender el acatamiento de una norma, lo que intentaba
con la acción de cumplimiento era que se anularan varias decisiones
administrativas que le resultaban adversas, frente a los cuales se ha establecido
otro medio de control. Además, desde la óptica constitucional, no merece reproche
la consideración de que las acciones públicas que se adelantan ante la jurisdicción
contencioso-administrativa no están orientadas a resolver conflictos en torno al
reconocimiento de derechos subjetivos.

37.
Por último, la Sección Quinta destacó que si bien las pretensiones asociadas al
cumplimiento de los artículos 1 y 2 de la Ley 769 de 2002 superaban los requisitos
de constitución de renuencia y cosa juzgada, lo cierto es que de tales disposiciones
no se desprendía ningún mandato cuyo acatamiento pudiera ser exigido a la
Superintendencia de Transporte y a la Secretaría de Tránsito del municipio de
Valledupar en cuanto al retiro de vehículos “caza infractores”, debido a que la
finalidad de estos apartados normativos era la de definir el ámbito de aplicación de
esa ley, sus principios, así como algunos componentes propios del sector
transporte.

38.
Conclusión respecto de la cual no se avizora un yerro interpretativo de entidad
constitucional, pues más allá de la discrepancia hermenéutica que presenta el
accionante, no avizora que lo expuesto por la autoridad judicial exceda los límites
de la razonabilidad jurídica, en tanto las referidas disposiciones hacen referencia al

7

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02946-00
Accionante: Jhon Jairo Úsuga Mindiola
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

ámbito de aplicación, principios y definiciones del Código Nacional de Tránsito
Terrestre.
39.
En ese contexto, la acción de tutela en lo que se refiere a los defectos sustantivo,
desconocimiento del precedente (sentencias C-038 de 2020 y C-321 de 2022) y
exceso ritual manifiesto- se ejerce con el propósito de que se acoja la interpretación
normativa que la parte accionante considera adecuada, y se acceda a la totalidad de
lo solicitado, sin que realmente del análisis realizado por el Consejo de Estado –
Sección Quinta se advierta un ejercicio hermeneútico arbitrario.

40. Por otra parte, en cuanto al reparo relacionado con que se ordenó la remisión de

copias a la autoridad disciplinaria -que se presentó como defecto orgánico-, es una
situación que no se avizora en el fallo ni en el trámite de la acción, razón por la cual
no se emitirá ningún pronunciamiento, en tanto el argumento no encuentra sustento
en la realidad procesal.

41.
También se declarará la improcedencia de la acción, por falta de relevancia
constitucional, en cuanto a los yerros esgrimidos para sustentar los defectos de error
inducido, fáctico, violación directa de la Constitución y vulneración de los derechos
a la igualdad y acceso a la administración de justicia. Aquellos carecen de carga
argumentativa, pues el accionante se limitó a presentar reparos generales que
hacen imposible un análisis de fondo. Esto, por cuanto no explicó ni indicó cuál era
la incidencia de las pruebas presuntamente no analizadas para cambiar o modificar
el sentido de la decisión; por qué era un desacierto presumir la suficiencia de las
respuestas administrativas de la Superintendencia de Transporte -lo cual ni siquiera
se analizó en el asunto-; la razón para considerar que los artículos 4 y 6
Constitucionales fueron realmente lesionados con la decisión acusada; ni cuál era
la jurisprudencia de unificación que se debía extender al asunto analizado.

42.
En términos generales, la discrepancia del accionante recae exclusivamente
sobre la interpretación de las normas aplicables al caso concreto y la valoración
jurídica efectuada por el juez natural, aspectos que permanecen en el ámbito de la
legalidad y resultan insuficientes para habilitar la intervención del juez constitucional;
razón por la cual no se satisface el requisito de relevancia constitucional exigido para
la procedencia de la tutela contra providencias judiciales. En consecuencia, la
presente acción carece de relevancia constitucional, circunstancia que impone
declarar improcedente la solicitud de amparo.

43. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el Ministerio
de Transporte y la Superintendencia de Transporte.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02946-00
Accionante: Jhon Jairo Úsuga Mindiola
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional solicitado, por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE9
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados
tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

9
VF

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