Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02948-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-02948-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02948-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-02948-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
22 de mayo de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02948-00
Accionante: Paola Andrea Garzón Agudelo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02948-00
Accionante: Paola Andrea Garzón Agudelo
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y Juzgado
Veinticuatro Administrativo del Circuito de Bogotá
Referencia: Acción de tutela
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos de Procedibilidad. -
Subsidiariedad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela formulada por Paola Andrea Garzón Agudelo en
contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Veinticuatro
Administrativo del Circuito de Bogotá.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Paola Andrea Garzón Agudelo, por conducto de apoderado judicial, interpuso acción
de tutela con el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad material; y al
principio de prevalencia del derecho sustancial, los cuales estimó vulnerados por el
Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito de Bogotá y la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
La alegada vulneración se atribuye a las decisiones adoptadas dentro de la acción
popular identificada con el radicado núm. 11001-33-35-024-2026-00069-00/01, en
particular, al auto del 25 de febrero de 2026, mediante el cual el Juzgado Veinticuatro
Administrativo del Circuito de Bogotá rechazó la demanda, y al auto del 10 de abril de
2026 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que rechazó de plano,
por improcedente, el recurso de apelación interpuesto contra la referida providencia.
2. Hechos
El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica1:
1
Índice 00002 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado 8E2232D2BEA3F445
3B44DAF5E03D0206 A21574C6306B3FD7 E47E79C0CD33636C.
1 Ibidem.
0000
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02948-00
Accionante: Paola Andrea Garzón Agudelo
2.1. El 17 de febrero de 2026 la señora Paola Andrea Garzón Agudelo promovió
acción popular con el propósito de obtener la protección de los derechos colectivos al
goce de un ambiente sano; a la seguridad y salubridad pública; a la prevención de
desastres previsibles técnicamente; a la moralidad administrativa; a la defensa del
patrimonio público; de acceso a infraestructura vial adecuada; a la protección del
recurso hídrico; y al equilibrio ecológico. Como fundamento de la demanda, señaló el
presunto deterioro estructural y la ausencia de mantenimiento preventivo de la vía
terciaria que comunica los municipios de Restrepo y Cumaral, en el departamento del
Meta, respecto de la cual advirtió pérdida de banca, socavación lateral e inestabilidad
de taludes.
2.2. El asunto correspondió por reparto al Juzgado Veinticuatro Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá bajo el radicado núm. 11001-33-35-024-2026-00069-
00/01, autoridad que, mediante auto del 18 de febrero de 2026, inadmitió la demanda
al advertir el incumplimiento de requisitos de procedibilidad y admisibilidad previstos
en la Ley 472 de 1998 y el CPACA. En consecuencia, requirió a la parte actora para
que precisara las entidades presuntamente responsables y acreditara el cumplimiento
del requisito de reclamación previa frente a cada una de las autoridades que pretendía
vincular.
2.3. El 19 de febrero de 2026 la parte actora allegó escrito con el propósito de
subsanar las deficiencias advertidas en el auto inadmisorio.
2.4. Mediante auto del 25 de febrero de 2026 el Juzgado Veinticuatro Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá rechazó la demanda, al considerar que las
inconsistencias señaladas en la providencia del 18 de febrero de 2026 no fueron
corregidas en debida forma.
2.5. Contra dicha decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación.
Mediante auto del 5 de marzo de 2026 el Juzgado Veinticuatro Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá D.C. concedió el recurso ante el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
2.6. Posteriormente, mediante auto del 10 de abril de 2026, la Subsección C de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó de plano, por
improcedente, el recurso de apelación formulado contra el auto del 25 de febrero de
2026.
3. Pretensiones y argumentos de la solicitud
3.1. La parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad material; y al principio
de prevalencia del derecho sustancial, que estimó vulnerados por el Juzgado
Veinticuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con ocasión de las decisiones adoptadas
2
0000
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02948-00
Accionante: Paola Andrea Garzón Agudelo
dentro de la acción popular identificada con el radicado núm. 11001-33-35-024-2026-
00069-00/01.
En consecuencia, solicitó dejar sin efectos las providencias mediante las cuales se
rechazó la demanda y se adoptaron las decisiones posteriores, así como ordenar la
admisión de la acción popular, continuar con el trámite correspondiente y efectuar una
valoración integral del material probatorio allegado al expediente.
3.2. Asimismo, sostuvo que las providencias cuestionadas desconocieron la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones judiciales, al incurrir
en un exceso ritual manifiesto y en una indebida prevalencia de las formas procesales
sobre el derecho sustancial. Al respecto, afirmó que las autoridades judiciales
exigieron de manera rígida el requisito de procedibilidad relacionado con la
reclamación previa, sin valorar su cumplimiento material ni las actuaciones
administrativas adelantadas frente a las entidades presuntamente responsables.
En ese sentido, manifestó que las decisiones acusadas privilegiaron un análisis
estrictamente formal que impidió el estudio de fondo de la acción popular y restringió
injustificadamente el acceso a la administración de justicia. Precisó que, en su criterio,
la interpretación adoptada desconoció el carácter garantista y no formalista de la
acción popular, así como los principios de prevalencia del derecho sustancial y pro
actione, conforme a la jurisprudencia constitucional y contencioso-administrativa.
3.3. Afirmó que las autoridades judiciales incurrieron en defectos procedimental por
exceso ritual manifiesto y por desconocimiento del derecho sustancial, así como en la
vulneración del acceso a la administración de justicia, al omitir el análisis material de
la controversia y cerrar el mecanismo judicial que, en su criterio, resultaba idóneo para
la protección de los derechos colectivos invocados.
4. Trámite de tutela e intervenciones
Mediante auto del 24 de abril de 20262, el despacho de la magistrada ponente admitió
la acción de tutela; dispuso la vinculación, en calidad de terceros con interés, a los
Municipios de Restrepo y Cumaral del Departamento de Meta; al municipio de Medina
del Departamento de Cundinamarca; a la Gobernación de Cundinamarca; a la
Gobernación del Meta; a la Corporación Autónoma Regional del Guavio; a la
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena;
a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres; al Instituto de
Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca; al Instituto Nacional de Vías; y a la
Empresa Ejecutora del Acueducto del Municipio de Cumaral, Meta; ordenó oficiar a
las autoridades accionadas para que remitieran el expediente objeto de la solicitud de
amparo; así como notificar a las partes y suspender los términos.
Surtidas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:
2 Índice 00004 en el aplicativo SAMAI, certificado 94D8EF1562DFADA4 6B592A5EA0BFEAA1
CACB9A781E6275DC 767D310A2E8899A6.
3
0000
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02948-00
Accionante: Paola Andrea Garzón Agudelo
4.1. La Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO3 solicitó su
desvinculación de la presente acción constitucional, al considerar que carece de
legitimación en la causa por pasiva y que no es la entidad llamada a satisfacer las
pretensiones formuladas por la parte actora.
Indicó que en el asunto objeto de estudio se pretende dejar sin efectos las decisiones
adoptadas por las autoridades judiciales accionadas, mediante las cuales se rechazó
una demanda. En ese contexto, sostuvo que CORPOGUAVIO no tuvo intervención en
las actuaciones cuestionadas ni ostenta competencia respecto de las decisiones cuya
legalidad se controvierte.
Manifestó que, en su condición de tercero con interés en las resultas del proceso,
acatará las decisiones que adopte el juez constitucional. En consecuencia, señaló que
no emitiría pronunciamiento adicional sobre el fondo del asunto, por considerar que la
controversia planteada no corresponde al ámbito funcional de la entidad.
4.2. En atención a lo ordenado en auto admisorio del 24 de abril de 2026, el abogado
Óscar Albey Gómez Vanegas4 remitió un memorial.
4.3. La Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca5 indicó que, mediante auto del 10 de abril de 2026, resolvió rechazar
por improcedente el recurso de apelación interpuesto contra el auto del 25 de febrero
de 2026 proferido por el Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, que rechazó la demanda de acción popular.
Sostuvo que dicha decisión se fundamentó en las disposiciones previstas en la Ley
472 de 1998 y en la jurisprudencia del Consejo de Estado, conforme a las cuales el
recurso de apelación en materia de acciones populares únicamente procede contra
las providencias que resuelven medidas cautelares y contra la sentencia.
Asimismo, manifestó que las razones fácticas y jurídicas que sustentaron la decisión
adoptada no pueden ser controvertidas por vía de tutela, por cuanto este mecanismo
no constituye una instancia adicional o paralela al trámite propio de la acción popular.
Finalmente, advirtió que la parte actora pretende dejar sin efectos decisiones
adoptadas dentro de otro proceso judicial, circunstancia que, en su criterio, resulta
improcedente conforme a la jurisprudencia constitucional y contencioso-
administrativa.
3 Índice 00010 en el aplicativo SAMAI, certificado 5299562093812C03 694BCC0AB9BE4522 94AE0961E097B684
943A81641C25444B.
4 Índice 00011 en el aplicativo SAMAI, certificado 52C554C7A5A20549 A7777D8B69AF09FF A5F7791D88A86893
FB903A88F9DC97D4.
5 Índice 00012 en el aplicativo SAMAI, certificado F6EE815FB591F873 4C9D1C881AEBA042
CCB80A7C398D501E 2BB49A99D25D4984.
4
0000
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02948-00
Accionante: Paola Andrea Garzón Agudelo
4.4. La Gobernación de Cundinamarca6 peticionó su desvinculación del presente
trámite constitucional, al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva.
Indicó que los hechos expuestos en la demanda de tutela se relacionan con las
decisiones adoptadas dentro de la acción popular, particularmente con el auto del 25
de febrero de 2026, mediante el cual el Juzgado Veinticuatro Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá rechazó la demanda, y con la decisión posterior del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca que rechazó por improcedente el recurso de
apelación interpuesto contra dicha providencia, por improcedente.
En ese contexto, sostuvo que la presunta afectación de los derechos fundamentales
fue atribuida exclusivamente a las autoridades judiciales accionadas y no al
Departamento de Cundinamarca. Afirmó que no existe vínculo entre los hechos
descritos en la acción constitucional y las competencias funcionales de la entidad
territorial.
Finalmente, manifestó que su intervención en el presente trámite se limita a aspectos
estrictamente procesales, dado que no participó en las actuaciones cuestionadas ni
tiene competencia para resolver las pretensiones formuladas por la accionante.
Concluyó que no puede atribuírsele responsabilidad respecto de la presunta
vulneración alegada.
4.5. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD7
solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional, al considerar que carece
de legitimación en la causa por pasiva y que no le es atribuible la presunta vulneración
de los derechos fundamentales invocados por la parte accionante.
Sostuvo que no es la entidad llamada a responder por las actuaciones cuestionadas,
ni tiene competencia frente a las decisiones cuya legalidad se controvierten. Precisó
que sus funciones se circunscriben a la dirección, coordinación, formulación y
articulación de la política pública en materia de gestión del riesgo de desastres, sin
ejercer funciones de superioridad o control respecto de otras autoridades nacionales
o territoriales.
Indicó que no existe conducta activa u omisiva atribuible a la entidad que permita
establecer una posible afectación de los derechos fundamentales invocados ni impartir
órdenes orientadas a su protección.
4.6. El Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá8 se
opuso a las pretensiones de amparo y solicitó declarar improcedente la acción de
tutela. Asimismo, pidió su desvinculación de cualquier responsabilidad frente a la
presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados.
6 Índice 00013 en el aplicativo SAMAI, certificado F39D15B829B569CE E5ED6D95E289B5B1
D86FCB17875F09CC 73CDD077B8D2ED89.
7 Índice 00014 en el aplicativo SAMAI, certificado 84A1ACCA7EAAEFBC 487DFD93767B6E5F
C3597163527B0CDC 51903DBE29208E18.
8 Índice 00015 en el aplicativo SAMAI, certificado 3C38F587951A4F0C 73273DFF5B59C4FC 8C6839419221F0D4
61B9110005B0C4A2.
5
0000
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02948-00
Accionante: Paola Andrea Garzón Agudelo
Sostuvo que a la accionante se le garantizaron plenamente las oportunidades
procesales previstas en el ordenamiento jurídico, en especial, el término concedido
para subsanar las falencias advertidas en el auto inadmisorio. Afirmó que la
providencia cuestionada no incurrió en defecto procedimental ni en exceso ritual
manifiesto, en tanto el trámite adelantado se ajustó a las disposiciones previstas en la
Ley 472 de 1998 y en el CPACA.
Advirtió que el documento allegado por la parte actora correspondía a una solicitud de
información y de copias contractuales con fines probatorios y no a una reclamación
previa encaminada a requerir a las entidades accionadas para que adoptaran medidas
concretas de protección de los derechos e intereses colectivos invocados. En
consecuencia, precisó que el rechazo de la demanda obedeció al incumplimiento de
un requisito legal de procedibilidad y no a una interpretación formalista que
desconociera el derecho sustancial.
Finalmente, concluyó que la exigencia prevista en el artículo 144 del CPACA no
desconoce el principio de prevalencia del derecho sustancial, pues su finalidad
consiste en permitir que las autoridades conozcan previamente la situación planteada
y adopten, de resultar procedente, las medidas orientadas a la protección de los
derechos e intereses colectivos.
4.7. El Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca-ICCU9 adujo que
no vulneró derecho fundamental alguno de la parte accionante. Asimismo, solicitó su
desvinculación del trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva y, de manera
subsidiaria, negar cualquier pretensión formulada en su contra.
Indicó que las pretensiones del escrito de tutela se dirigen a dejar sin efectos las
decisiones adoptadas dentro de la acción popular, particularmente aquellas mediante
las cuales se rechazó la demanda y se resolvieron las actuaciones posteriores, así
como ordenar al Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
admitir el trámite y efectuar una valoración integral del material probatorio allegado.
En ese contexto, sostuvo que tales actuaciones corresponden exclusivamente a las
autoridades judiciales accionadas y no al ámbito competencial del ICCU.
En ese sentido, manifestó que no existe relación fáctica o jurídica entre las
actuaciones desplegadas por la entidad y la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte actora. Por ello, afirmó que no es la entidad
llamada a controvertir las pretensiones formuladas ni a soportar las eventuales
órdenes que puedan adoptarse dentro del presente trámite constitucional.
Finalmente, concluyó que se configura la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva, dado que el ICCU carece de competencia frente a las pretensiones
principales de la acción y no tuvo intervención en las actuaciones judiciales
cuestionadas.
9 Índice 00016 en el aplicativo SAMAI, certificado AC8ACA286662E6FE A397D308AD7323C2
0EA38FDB44AEA011 BF0486354AFAAF00.
6
0000
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02948-00
Accionante: Paola Andrea Garzón Agudelo
4.8. El Departamento del Meta10 solicitó su desvinculación del presente trámite
constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que no es
la entidad responsable de los hechos que sustentan la presunta vulneración de los
derechos fundamentales invocados.
Indicó que las inconformidades planteadas se originan en las actuaciones y decisiones
adoptadas dentro de la acción popular, particularmente en las providencias proferidas
por el Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C. y el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En ese sentido, sostuvo que dichas
actuaciones fueron emitidas por autoridades judiciales en ejercicio de su autonomía e
independencia funcional, razón por la cual no puede atribuírsele responsabilidad
alguna respecto de la presunta afectación de los derechos fundamentales alegados.
Manifestó que las decisiones cuestionadas se ajustaron al ordenamiento jurídico y a
la jurisprudencia vigente sobre la procedencia del recurso de apelación en el trámite
de las acciones populares. Al respecto, señaló que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, mediante providencia del 26 de junio de 2019,
definió que dicho recurso solo procede en los eventos expresamente previstos en la
Ley 472 de 1998, criterio posteriormente reiterado por la Sección Primera de esta
corporación.
Con fundamento en ello, concluyó que la decisión mediante la cual se rechazó por
improcedente el recurso de apelación se encontraba ajustada al precedente aplicable
y, no se evidencia vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados.
Por ello, reiteró la configuración de la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva respecto del Departamento del Meta.
4.9. La Empresa de Servicios Públicos del Meta- EDESA S.A. E.S.P.11 pidió ser
desvinculada del presente trámite, por carecer de legitimación en la causa por pasiva.
Además, señaló que no le es atribuible la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.
Indicó que no fue vinculada ni notificada dentro de la acción, razón por la cual
manifestó desconocer el trámite procesal adelantado y las actuaciones surtidas dentro
de dicho asunto. En ese sentido, sostuvo que no ha tenido participación en los hechos
que dieron origen a la controversia ni intervención alguna en las decisiones
cuestionadas mediante la presente acción constitucional.
Asimismo, manifestó que del análisis del escrito de tutela y de sus anexos no se
evidencia que la parte actora hubiera atribuido a EDESA S.A. E.S.P. conducta alguna
relacionada con la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados.
Precisó que los hechos y pretensiones se dirigen exclusivamente contra otras
autoridades y entidades vinculadas al trámite de la acción popular.
10 Índice 00017 en el aplicativo SAMAI, certificado F1B8DFD3D7F4B1FF E27A16CA3FF5DA18
B83A40DFBE19B95F 76FA98749232C7D5.
11 Índice 00018 en el aplicativo SAMAI, certificado CF33688ED332B131 DA27DFCA39FAAE6A
CD14C99EAC3DF0A4 818A1ABF82B6FC24.
7
0000
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02948-00
Accionante: Paola Andrea Garzón Agudelo
En consecuencia, afirmó que no existe relación fáctica o jurídica entre las actuaciones
de la entidad y los derechos fundamentales cuya protección se solicita. Por ello,
concluyó que se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva y que no
puede atribuírsele responsabilidad alguna frente a la controversia planteada.
4.10. La Alcaldía de Restrepo, Meta12 solicitó su desvinculación del presente trámite
constitucional, con fundamento en las excepciones propuestas y en los argumentos
expuestos en la contestación de la demanda.
Sostuvo que la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados por la
parte actora no tuvo origen en una acción u omisión atribuible al municipio de Restrepo
– Meta y, por tanto, dicha entidad no es la llamada a responder por las pretensiones
formuladas en la presente acción constitucional. En ese sentido, manifestó que las
inconformidades planteadas se dirigen contra actuaciones y decisiones ajenas a su
ámbito funcional.
Asimismo, indicó que no fue identificada por la accionante como la autoridad
presuntamente responsable de la afectación alegada y precisó que, de los hechos
expuestos, no se advierte conducta alguna atribuible al municipio que permita
establecer una vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados.
Finalmente, señaló que las actuaciones adelantadas por la administración municipal
se han circunscrito al ejercicio de las competencias legalmente asignadas y al trámite
de las solicitudes presentadas conforme a su naturaleza.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, toda vez
que la señora Paola Andrea Garzón Agudelo es la titular es la titular de los derechos
fundamentales que estima vulnerados, en su condición de demandante dentro de la
acción popular identificada con el radicado núm. 11001-33-35-024-2026-00069-00/01.
Asimismo, se advierte que la solicitud de amparo fue suscrita tanto por la actora como
por el abogado Gómez Vanegas, circunstancia que permite reconocer la legitimación
de la primera para promover directamente la presente acción de tutela.
12 Índice 00021 en el aplicativo SAMAI, certificado 9AD6124135617FDB E328536CA8A59C1B
99C45F9CF1394E09 FF47DD70A5311DB1.
8
0000
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02948-00
Accionante: Paola Andrea Garzón Agudelo
No obstante, el abogado Gómez Vanegas allegó el mismo poder que le fue conferido
para representar a la señora Garzón Agudelo dentro del referido proceso de acción
popular. En consecuencia, el despacho lo requirió para que aportara el mandato que
lo facultara de manera expresa para actuar en el presente trámite constitucional.
En atención a dicho requerimiento, el profesional del derecho remitió nuevamente el
documento inicialmente allegado. Al respecto, la Sala advierte que el referido poder
fue otorgado exclusivamente para intervenir en la acción popular y no contiene
autorización expresa para promover la presente acción de tutela. Incluso, se observa
una anotación manuscrita orientada a modificar el destinatario del documento,
circunstancia que no altera su contenido, alcance ni finalidad jurídica.
En consecuencia, si bien la señora Paola Andrea Garzón Agudelo se encuentra
legitimada para promover el presente amparo, en el expediente no obra prueba que
acredite la representación judicial invocada por el abogado Gómez Vanegas. Por
tanto, no hay lugar a reconocerle personería para actuar como apoderado judicial
dentro de este trámite constitucional.
2.2. También se encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva, toda
vez que el Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito de Bogotá y la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirieron las providencias que,
según la accionante, vulneraron sus derechos fundamentales.
3. Problema jurídico.
Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte accionante.
4. Procedibilidad de la acción.
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales13.
13 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se
concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en
una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el
amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de
competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del
procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de
prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina
en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en
contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión;
9
0000
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02948-00
Accionante: Paola Andrea Garzón Agudelo
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues ello
desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los jueces
naturales, así como su autonomía funcional”14.
4.1. Relevancia constitucional.
Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las
decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto
exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el
asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una
clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez
constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez
que garantiza la autonomía e independencia judicial.
Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de
relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir
que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces”15.
En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate
en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii)
que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el
reparo formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un
defecto.
Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.
De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales,
el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo
a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece
el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación
de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que
antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.
14 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
15 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
10
0000
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02948-00
Accionante: Paola Andrea Garzón Agudelo
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;
ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez constitucional se
establezca, exclusivamente, ante graves defectos constitucionales.
Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte
de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención
del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o
repercusión en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el
interés público, ya que el asunto debe trascender el interés particular de las partes y
generar un efecto más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y
fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.
Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir
con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha
hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa
ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos
definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control
constitucional concreto16.
4.2. Subsidiariedad.
El carácter subsidiario de la acción de tutela está definido expresamente en el artículo
86 Superior como presupuesto general de procedencia de la misma, al establecer que
“solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable”. A su vez, dicho presupuesto se desarrolló en el artículo 6º numeral 1º
del Decreto 2591 de 1991.
Estas disposiciones son claras al establecer que la acción de tutela no es un
mecanismo principal de defensa de los derechos fundamentales, por lo tanto, se debe
acudir a los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa que resulten idóneos
y eficaces para su amparo, con el fin de: i) prevenir la intromisión indebida de una
autoridad distinta a la que adelanta el proceso ordinario; ii) que no se alteren o
sustituyan de manera fraudulenta los mecanismos de defensa diseñados por el
Legislador; y iii) que los ciudadanos observen un mínimo de diligencia en la gestión
de sus asuntos, pues no es esta la forma de enmendar deficiencias, errores o
descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al interior de un proceso judicial17.
16 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
17 Ver sentencia de la Corte Constitucional T-017 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa.
11
0000
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02948-00
Accionante: Paola Andrea Garzón Agudelo
Sobre el particular, en la sentencia T – 053 de 2020, la Corte Constitucional precisó
los siguientes tres eventos que hacen improcedente la tutela contra providencia
judicial por no superar el requisito de subsidiariedad:
“[...] (i) cuando el asunto está en trámite; (ii) en el evento en que no se han agotado los
medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios; y (iii) si se usa para revivir
etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el
ordenamiento jurídico” (La Sala subraya).
Por lo anterior, la Corte Constitucional precisa que la tutela no se puede emplear para
“obtener un pronunciamiento más rápido sin el agotamiento de las instancias
ordinarias de la respectiva jurisdicción”18, los tutelantes no pueden pretender que el
juez constitucional invada las competencias del juez ordinario para resolver el
conflicto.
En atención al carácter exceptivo de la acción de tutela, la Corte Constitucional en
Sentencia T-396 de 2014, advierte que el amparo constitucional resulta improcedente
cuando se pretende emplear para reabrir un asunto litigioso que, por negligencia,
descuido o distracción de las partes, se encuentra debidamente resuelto. En tal
sentido, desde los primeros pronunciamientos de la Corporación Constitucional, se ha
indicado:
“Si existiendo el medio judicial, el interesado deja de acudir a él y, además, pudiendo
evitarlo, permite que su acción caduque, no podrá más tarde apelar a la acción de tutela
para exigir el reconocimiento o respeto de un derecho suyo. En este caso, tampoco la
acción de tutela podría hacerse valer como mecanismo transitorio, pues esta modalidad
procesal se subordina a un medio judicial ordinario que sirva de cauce para resolver de
manera definitiva el agravio o lesión constitucional.” 19
Con fundamento en lo anterior, se reitera la posición de la Corte Constitucional, pues
la acción de tutela no puede usarse como un mecanismo accesorio para reabrir
términos de caducidad vencidos, pues con esto se vulneraría la seguridad jurídica y
desvirtuaría su propósito. Quien alegue la vulneración de sus derechos fundamentales
debe haber agotado previamente los mecanismos de defensa previstos en la ley. Esto
responde al principio de subsidiariedad, que impide que la tutela se convierta en una
instancia adicional del proceso judicial o en un medio para corregir omisiones y errores
de las partes.
5. Caso concreto
La Sala anuncia que la presente acción de tutela no satisface los requisitos de
relevancia constitucional y subsidiariedad, por las razones que se exponen a
continuación:
18 Corte Constitucional, Sentencia SU-599 de 1999, reiterada en la Sentencia T-610 de 2015.
19 sentencia SU-111 de 1997, reiterado, entre otras, en las sentencias T-1588 de 2000, T-983 de 2001,
T-1217 de 2003, T-1140 de 2005, T-1009 de 2006, T-373 de 2007, T-472 de 2008, T-175 de 2011 y T-
882 de 2009.
12
0000
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02948-00
Accionante: Paola Andrea Garzón Agudelo
5.1. La parte accionante cuestionó las decisiones proferidas por el Juzgado
Veinticuatro Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, al considerar que incurrieron en un defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto. En su criterio, dichas autoridades judiciales exigieron de manera
excesivamente rígida el cumplimiento del requisito de procedibilidad consistente en la
reclamación previa, sin valorar su observancia material ni las actuaciones
desplegadas por las entidades involucradas. A su juicio, ello condujo a privilegiar un
análisis estrictamente formal, en desconocimiento de los principios de prevalencia del
derecho sustancial y pro actione, con la consecuente afectación de su derecho de
acceso a la administración de justicia.
5.2. En el presente asunto, la controversia se circunscribe al auto del 25 de febrero de
2026, mediante el cual el Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito de Bogotá
rechazó la demanda, así como a la providencia del 10 de abril de 2026, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual rechazó de plano, por
improcedente, el recurso de apelación interpuesto contra dicha decisión.
5.3. Precisado lo anterior, la Sala abordará el análisis de las consideraciones
expuestas en el auto del 25 de febrero de 2026, proferido por el Juzgado Veinticuatro
Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante el cual resolvió:
“Teniendo en cuenta el escrito de subsanación y sus anexos, se colige que, a la
fecha, no se allegó dentro del plenario medio de prueba que acredite que la actora
haya solicitado a las entidades accionadas la adopción de las medidas necesarias
para la protección del derecho o interés colectivo amenazado o vulnerado, conforme
lo pretende a través de la presente acción.
Por lo anterior, no resulta posible realizar una interpretación de forma amplia ni
desconocer el objeto con el que el legislador constituyó la renuencia como requisito
previo a la demanda popular, ya que la primacía del derecho sustancial (principio
cuya aplicación se estaría pidiendo), no implica en modo alguno un relevo de las
cargas impuestas por la ley a las partes, pues lo que este principio dicta, conforme
lo ha precisado el H. Consejo de Estado1 , “…es que el juez administrativo deba
interpretar las demandas que no ofrezcan la claridad suficiente para poner en
marcha el proceso, lo cual es consecuente con el deber de administrar justicia
consagrado en la Constitución y con el principio de prevalencia del derecho
sustancial sobre lo meramente adjetivo, como también es correlativo al derecho de
los particulares de acceder a la administración de justicia.”.
Así las cosas, el Despacho se debe ratificar en el hecho de que la parte accionante
no dio cumplimiento a la carga procesal y probatoria frente al requisito de
procedibilidad consagrado en el artículo 144 del CPACA, por lo que se debe tener
como no subsanada la demanda.
Por otra parte, no se advierte que se hubiere configurado la excepción relativa a
prescindir de la renuencia, cuando exista inminente peligro de ocurrir un perjuicio
irremediable en contra de los derechos e intereses colectivos, toda vez que en la
demanda no se narró, menos se sustentó de manera clara el presunto perjuicio.
Y es que aun con los argumentos dados en el escrito de subsanación, tampoco
resulta suficiente declarar dicha excepción, pues no se demostró así sea
sumariamente y con fervor que lo relatado pueda ocurrir, como presunta
materialización de un inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en contra
de los derechos e intereses colectivos incoados como vulnerados.
13
0000
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02948-00
Accionante: Paola Andrea Garzón Agudelo
En consecuencia, y como se anticipó, la demanda no se subsanó en los términos en
que se requirió, por lo que, en virtud de la ley, el Despacho procederá a su
rechazo.”20
Asimismo, del análisis de las consideraciones expuestas por la Subsección C de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se advierte que, en la
providencia del 10 de abril de 2026, dicha autoridad judicial arribó a las siguientes
conclusiones:
“En 2021 la alta Corporación reiteró3:
23.Teniendo en cuenta lo anterior, esta Sección ha acogido el criterio
jurisprudencial referido supra en los procesos del medio de control de protección
de derechos e intereses colectivos, brindando prevalencia a la normativa de
carácter especial que reglamenta ese mecanismo de acceso a la administración de
justicia.
24. A su turno, esta Sección, en las providencias proferidas el 27 de enero de 2020,
30 de junio de 2020 y 10 de febrero de 2021 señaló que las únicas decisiones
susceptibles del recurso de apelación en los procesos del medio de control de
protección de derechos e intereses colectivos son el auto que decreta una medida
cautelar y la sentencia proferida, en primera instancia.
25. En tal escenario, de conformidad con los artículos 26, 36 y 37 de la Ley 472,
que prevén los eventos en que proceden los recursos de apelación y reposición en
los procesos del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos;
y en consideración al criterio jurisprudencial fijado por la Sala Plena de esta
Corporación en auto de 26 de junio de 2019 que cobró firmeza vencido el término
para la interposición del recurso de reposición: esta Sala, mediante autos de 28 de
agosto de 2020 y 18 y 19 de marzo de 2021, precisó que esa decisión produce
efectos a partir de la fecha de su ejecutoria y, en esa medida, los recursos que se
interpongan con posterioridad a la misma, dentro de los procesos del medio de
control de protección de derechos e intereses colectivos, deben someterse a las
reglas previstas en la normativa referida supra de la Ley 472. (Negrillas fuera del
texto original).
En providencia de 29 de septiembre de 2023 se reiteró la postura4 .
En el presente caso se interpuso el recurso de apelación contra el auto de 25 de
febrero de 2026 proferido por el Juzgado 24 Administrativo de Bogotá, que rechazó
la demanda.
Conforme el precedente uniforme del órgano de cierre, contra el auto que rechaza
la demanda en el medio de control de protección de derechos e intereses colectivos
no procede el recurso de apelación. Lo anterior, según la jurisprudencia, porque
corresponde al legislador establecer la procedencia de los mecanismos de
impugnación de las decisiones judiciales y en este caso, contra el rechazo de la
demanda en la acción popular, el legislador no contempló expresamente la
apelación.”21
20 Índice 00026 en el aplicativo SAMAI de la acción popular en primera instancia, identificado con radicado núm.
11001333502420260006901, certificado A2157BA5433F3C7F 6CB86B65125560B0 74111CC0C8D39370
37DD94EDF7A24792.
21 Índice 00026 en el aplicativo SAMAI de la acción popular en segunda instancia, identificado con radicado núm.
11001333502420260006901, certificado 593C3C5010C26ED0 EFD7D981AE533AC0 0DA87B60007207C1
BD4E0E56537505D6.
14
0000
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02948-00
Accionante: Paola Andrea Garzón Agudelo
Del análisis de las providencias proferidas por el Juzgado Veinticuatro Administrativo
del Circuito de Bogotá y por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, la Sala advierte que ambas autoridades judiciales
examinaron los planteamientos formulados por la demandante y sustentaron las
decisiones adoptadas con fundamento en las disposiciones legales y en el
jurisprudencial aplicable.
5.4. En efecto, la Sala observa que el Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito
de Bogotá y la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca expusieron de manera suficiente las razones que sustentaron el
rechazo de la demanda y la declaratoria de improcedencia del recurso de apelación.
Para ello, concluyeron que: i) la parte actora no acreditó el requisito de procedibilidad
consistente en la constitución en renuencia ni demostró la configuración de la
excepción prevista en el artículo 144 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo; ii), en consecuencia, la demanda no fue subsanada
en los términos exigidos por la ley, razón por la cual procedía su rechazo; y iii) de
conformidad con lo previsto en la Ley 472 de 1998, el auto que rechaza la demanda
dentro del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos no
es susceptible del recurso de apelación.
Los anteriores elementos permiten inferir, con claridad, que las decisiones
cuestionadas examinaron de manera suficiente los aspectos planteados por la parte
actora y sustentaron su determinación en las normas aplicables y en el precedente
jurisprudencial vigente. Asimismo, no se advierte que las providencias controvertidas
hubieran sido proferidas de manera arbitraria, caprichosa o desprovista de sustento
fáctico y jurídico, ni que durante el trámite del proceso se hubieran vulnerado los
derechos fundamentales invocados por la parte actora.
5.5. Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y
explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a
través del amparo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de
manera clara que no basta la simple mención de la vulneración de los derechos al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, sino que, para entender
como acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional, se
requiere demostrar: i) su existencia; ii) su carácter desproporcionado; y iii) su carácter
arbitrario. Así, quien acude a la tutela debe aportar elementos suficientes que permitan
al juez constitucional advertir tal vulneración22.
Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la presente acción de tutela está
encaminada a reabrir el debate procesal suscitado dentro del trámite ordinario, en
tanto reitera argumentos de naturaleza legal y probatoria que podían ser planteados
a través de los mecanismos procesales previstos para ello, sin exponer razones
concretas que permitan evidenciar la vulneración de los derechos fundamentales
invocados con ocasión de las providencias cuestionadas. Tal propósito desborda el
ámbito de competencia del juez constitucional y desconoce el principio de autonomía
22 Sentencia SU215 de 2022.
15
0000
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02948-00
Accionante: Paola Andrea Garzón Agudelo
e independencia judicial que ampara las decisiones adoptadas por los jueces de la
República.
5.6. Asimismo, del examen de las actuaciones que integran el expediente de la acción
popular, la Sala advierte que la parte accionante disponía de la posibilidad de
interponer el recurso de reposición, de conformidad con lo previsto en el artículo 36
de la Ley 472 de 1998. No obstante, del análisis del expediente se evidencia que la
actora no hizo uso de ese mecanismo de defensa judicial dentro de la oportunidad
procesal prevista para ello.
En ese contexto, la parte accionante omitió ejercer el medio de defensa judicial del
que disponía para procurar la protección de los derechos que ahora invoca en sede
constitucional y, en particular, para cuestionar la supuesta incongruencia de la
decisión judicial. En consecuencia, los argumentos formulados en la presente solicitud
de amparo, relacionados con los defectos que atribuye a las providencias censuradas,
pretenden suplir una oportunidad procesal que no fue oportunamente ejercida. Tal
circunstancia impide al juez constitucional pronunciarse de fondo sobre tales
cuestionamientos, pues ello implicaría invadir la órbita competencial del juez natural y
desconocer el escenario procesal previsto por el legislador para debatir esas
inconformidades.
5.7. En ese orden, la Sala concluye que la parte accionante incumplió el requisito de
subsidiariedad, toda vez que disponía de un mecanismo judicial idóneo para
controvertir la decisión adoptada, consistente en la interposición del recurso de
reposición previsto en el artículo 36 de la Ley 472 de 1998, el cual no fue ejercido. En
consecuencia, no es posible acudir a la acción de tutela para subsanar la omisión en
el empleo de los mecanismos ordinarios de defensa judicial. En efecto, este
mecanismo constitucional no puede utilizarse como un instrumento sustitutivo de los
recursos ordinarios o extraordinarios previstos por el ordenamiento jurídico, salvo que
se demuestre que estos carecen de idoneidad o eficacia para la protección de los
derechos fundamentales, circunstancia que no se acredita en el presente asunto.
En consecuencia, la Subsección considera que la presente acción de tutela resulta
improcedente, pues admitir lo contrario implicaría sustituir los mecanismos ordinarios
de defensa judicial previstos por el legislador para la protección de los derechos y
suplir la inactividad procesal de la parte accionante, quien no hizo uso de ellos en la
oportunidad correspondiente. En efecto, la acción de tutela tiene un carácter residual
y subsidiario, razón por la cual no puede emplearse como un mecanismo alternativo
o paralelo a los medios de defensa judicial previstos por el ordenamiento jurídico, los
cuales constituyen los escenarios naturales para debatir y resolver las controversias
derivadas de las actuaciones y decisiones de la administración.
5.8. Por otra parte, la solicitud de amparo tampoco resulta procedente como
mecanismo transitorio de protección, toda vez que la parte actora no acreditó la
existencia de un perjuicio irremediable que justificara la flexibilización del requisito de
subsidiariedad. En efecto, no basta con alegar la configuración de dicho perjuicio; es
16
0000
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02948-00
Accionante: Paola Andrea Garzón Agudelo
indispensable demostrarlo, circunstancia que no se encuentra acreditada en el
presente asunto.
De igual manera, la sola inconformidad con la decisión adoptada en la providencia
cuestionada no habilita al juez constitucional para reexaminar los argumentos, las
pruebas o las valoraciones efectuadas por la autoridad judicial accionada al resolver
el litigio. En ese contexto, corresponde a la parte accionante demostrar, en los
términos fijados por la jurisprudencia constitucional, que la actuación judicial
cuestionada vulneró su derecho fundamental al debido proceso.
En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia de la presente acción de tutela
por no superar los requisitos de relevancia y subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Paola
Andrea Garzón Agudelo contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el
Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito de Bogotá, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito,
en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado
ECG
17
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.