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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02949-00

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02949-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA 1. Denegar la solicitud de desvinculación del Ministerio de Transporte, de conformidad con la parte motiva de esta decisión. 2. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas. 3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2026-02949-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

25 de junio de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02949-00
Demandante: Oseas Tomás Arias Martínez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D.C., 25 de junio de 2026

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02949-00
Demandante: OSEAS TOMÁS ARIAS MARTÍNEZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial dictada en acción de
cumplimiento. Improcedencia de la acción de tutela. Falta de
relevancia constitucional

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Oseas Tomás Arias Martínez, contra el
Consejo de Estado, Sección Quinta.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 16 de abril de 2026, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, el señor
Oseas Tomás Arias Martínez. Pidió la protección de los derechos fundamentales a la
igualdad, acceso a la administración de justicia y debido proceso.

A juicio del tutelante, la vulneración se presenta con ocasión de la providencia 19 de
febrero de 2026, dictada por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que revocó
parcialmente el fallo que declaró improcedente la acción de cumplimiento con radicado
20001-23-33-000-2025-00682-01.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

Interpongo esta ACCIÓN DE TUTELA como mecanismo definitivo y excepcional para que el Juez
Constitucional, en ejercicio de la facultad otorgada por el Artículo 4 de la Constitución Política y el
Artículo 9 de la Ley 153 de 1887, aplique la EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD y, en
consecuencia:

1. DEJE SIN EFECTO Y SIN VALOR JURÍDICO la providencia de fecha 26 de febrero (sic) de 2026,
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual se resolvió revocar
parcialmente la sentencia de primera instancia del 15 de enero de 2026.

2. ORDENE dar trámite y prosperidad a la Acción de Cumplimiento, al evidenciarse una clara Vía de
Hecho por interpretación errónea de la ley y violación flagrante del precedente de unificación.

3. ORDENE a la Superintendencia de Transporte, en cumplimiento de los Artículos 3 de la Ley 769
de 2002, Artículo 3 de la Ley 1843 de 2017, Artículo 4 del Decreto 2409 de 2018 y el Artículo 189
(numeral 22) de la C.P., ejercer sus funciones de inspección y vigilancia sobre la ilegalidad masiva
en Valledupar.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

La Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar opera varios vehículos
institucionales en los cuales se movilizan sus funcionarios, los cuales están revestidos de

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competencia para imponer sanciones por contravenciones viales. Igualmente, en el
municipio se instalaron múltiples señales de tránsito que indican “prohibido parquear
detención electrónica”.

El 25 de septiembre de 2025, la parte actora remitió correo electrónico en el que solicitó
al Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Puertos y Transporte y al Concejo
Municipal de Valledupar, el cumplimiento de las siguientes disposiciones:

• Artículo 6 de la Resolución 20203040011245 de 2020, 7.8.1.2, numeral de la
Resolución 20223040045295 de 2002.

• Artículo 1º incisos 4 y5, 2º (numeral 7, 129 parágrafos 1 y 2 y 135 inciso 1º; y 158 A
(adicionado por el artículo 18 de la Ley 2251 de 2022) del Código Nacional de
Tránsito.

• Artículo 10 del CPACA.

Lo expuesto, en el sentido de (i) retirar los vehículos de foto multa dispuestos en
Valledupar; (ii) abstenerse de seguir imponiendo multas haciendo uso de los anteriores;
(iii) anular todos los comparendos interpuestos durante su operación; y (iv) agotar el
debido procedimiento administrativo al momento de retirar vehículos mal estacionados o
abandonados en espacio público. No obstante, el actor no recibió respuesta a sus
solicitudes.

En consecuencia, el accionante interpuso acción de cumplimiento con el propósito de que
las autoridades requeridas cumplieran las normas objeto de la solicitud elevada y que
como consecuencia de ello (i) se anularan todas las multas aplicadas mediante los
vehículos «caza infractores», incluyendo la que a él se le impuso, durante el período en
el cual no se contaba con la autorización del Ministerio de Transporte para el uso de
sistemas automáticos, semiautomáticos u otros medios tecnológicos de detección de
infracciones de tránsito, (ii) se dispusiera el retiro de los tres vehículos utilizados para la
imposición de comparendos, y (iii) la Secretaría de Tránsito ordenara que la imposición
de comparendos se realice de manera presencial, garantizando la individualización del
presunto infractor.

La acción correspondió al Tribunal Administrativo del Cesar con el radicado 20-001-23-
33-000-2025-00682-00, proceso en el que se profirió fallo de 10 de diciembre de 2025 en
el sentido de declarar improcedente la acción por cuanto las normas cuyo cumplimiento
se solicitó no contienen un mandato concreto, claro y exigible en cabeza de la
Superintendencia de Transporte, que pueda hacerse efectivo mediante la acción de
cumplimiento, pues la facultad para imponer, tramitar y revocar comparendos
corresponde directamente a los organismos de tránsito territoriales y no al ente de
vigilancia.

En cuanto a la Secretaría de Tránsito de Valledupar, sostuvo que dicha autoridad
manifestó que en el municipio no se encuentran instalados ni operando dispositivos
SAST, y que las actividades desarrolladas corresponden únicamente a control en vía
apoyado en dispositivos electrónicos operados manualmente por agentes, procedimiento
autorizado por la normativa vigente y que no exige autorización previa, de manera que
no se encontró demostrado que efectivamente operara el SAST o se hubieran impuesto
comparendos automáticos.

Frente al Concejo Municipal de Valledupar, indicó que no se solicitó el cumplimiento de
una norma o acto administrativo específico cuya ejecución pueda exigirse mediante la
acción de cumplimiento.

Resaltó que el escrito constitutivo de renuencia radicado por el actor ante las autoridades
accionadas presentaba escasa claridad respecto del contenido y alcance de la solicitud
formulada, lo que dificultó establecer con precisión si correspondía verdaderamente a un
requerimiento dirigido a exigir el cumplimiento de un deber legal atribuible a esa entidad;

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sin embargo, la inexistencia de un deber concreto radicado en cabeza de las entidades
impidió que ese requisito produjera efectos materiales dentro del análisis de procedencia.

Finalmente, precisó que las irregularidades señaladas por la parte demandante en torno
a la imposición masiva de comparendos a través de vehículos de foto detección se
dirigen, en esencia, contra actuaciones administrativas de la Secretaría de Tránsito y
Transporte de Valledupar, cuya validez y legalidad corresponde analizar a través de los
medios de control ante la jurisdicción contencioso-administrativa y no mediante la acción
de cumplimiento.

Inconforme, el demandante interpuso recurso de apelación en el que reiteró los
argumentos de la demanda y principalmente alegó que (I) la acción de cumplimiento sí
es procedente para discutir la ilegalidad de órdenes de comparendo, (ii) que la acción era
procedente para evitar un perjuicio grave e inminente derivado de la expedición de más
de 71.000 comparendos ilegales en Valledupar, (iii) que la Superintendencia de
Transporte y el Ministerio de Transporte tienen el deber legal de vigilar este tipo de
actuaciones irregulares como el incumplimiento de criterios de seguridad vial para la
instalación y operación de ayudas tecnológicas e imposición de comparendos sin el lleno
de requisitos exigidos para el efecto.

El Consejo de Estado Sección Quinta conoció el proceso en segunda instancia y,
mediante sentencia de 19 de febrero de 20261, revocó parcialmente la orden de primera
instancia para en su lugar disponer:

1. RECHAZAR la acción de cumplimiento respecto del artículo 1. (incisos 4 y.5), 2 (numeral 7), de
la Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito, por cuanto no se acreditó la exigencia de
cumplimiento en el requerimiento enviado a las accionadas.

2. DECLARAR la improcedencia de la acción de cumplimiento de la referencia respecto de la
pretensión de anular las multas interpuestas por la Secretaría de Tránsito y Transporte de
Valledupar haciendo uso de las patrullas institucionales.

3. DECLARAR la cosa juzgada en relación con el cumplimiento de la Resolución 20203040011245
de 2020 (artículo 6), compilada en la Resolución 20223040045295 de 2022, artículos 129
(parágrafos 1 y 2) y 135 (inciso 1), 158 A (adicionado por el artículo 18 de la Ley 2251 de 2022)
del Código Nacional de Tránsito -Ley 769 de 2002, por parte del municipio de Valledupar -
Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar y la Superintendencia de Puertos y
Transporte.

4. DECLARAR la improcedencia de la acción de cumplimiento de la referencia respecto del artículo
10 de la Ley 1437 de 2011.

Para llegar a la anterior conclusión el Consejo de Estado hizo las siguientes precisiones:

(i) No fue clara la exigencia de cumplimiento y por tanto no se agotó el requisito de
renuencia frente al artículo 1º (incisos 4 y5), 2 (numeral 7) de la Ley 769 de 2002, Código
Nacional de Tránsito.

(ii) La acción se consideró improcedente frente al cumplimiento de a las irregularidades
en la interposición de las multas o comparendos por las autoridades de tránsito, pues
estas deben ser analizadas en el estudio de legalidad que se haga del acto administrativo
sancionatorio en el proceso contencioso administrativo y por tanto, no corresponde al
fallador constitucional sustituir el control del juez ordinario frente al procedimiento
sancionatorio adelantado por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar.

(iii) Operó la cosa juzgada frente a la solicitud de cumplimiento de la Resolución
20223040045295 de 2022, artículos 129 (parágrafo 1 y 2) y 135 (inciso 1) y 158 A
(adicionado por el artículo 18 de la Ley 2251 de 2022) del Código Nacional de Tránsito -
Ley 769 de 2002 que sustentaron la pretensión de retiro de los vehículos utilizados para
la imposición de comparendos, pues en la sentencia del 10 de abril de 2025, la Sección
Quinta del Consejo de Estado estudió de fondo si había lugar a exigir a dichas entidades
el cumplimiento de estas normas y, en consecuencia, ordenar a la Secretaría de Tránsito
1 Notificada por correo electrónico el 23 de febrero de 2026

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de Valledupar el retiro de las patrullas “caza infractores” así como la observancia de los
procedimientos legales en la interposición de sanciones y negó las pretensiones de la
acción.

(iv) El artículo 10 de la Ley 1437, del cual pretende el actor la aplicación vía cumplimiento
de las decisiones proferidas al interior de procesos, tampoco satisfizo el requisito de
procedencia de que trata el artículo 1.° de la Ley 393 de 1997, dado que el mecanismo
constitucional solo fue consagrado para lograr el obedecimiento de la ley o de actos
administrativos, más no de decisiones judiciales

4. Fundamentos de la acción de tutela

La parte actora aduce que la acción cumple con los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, en particular, el de subsidiariedad.

Manifestó que el Consejo de Estado, Sección Quinta, vulneró el derecho fundamental al
debido proceso y acceso a la administración de justicia, por lo siguiente:

Que hubo defecto sustantivo, dado que se redujo un mecanismo de participación
ciudadana y control social a una figura retórica carente de eficacia jurídica, con lo que se
sacrificó el derecho sustancial por un formalismo procesal restrictivo que asfixia el acceso
a la administración de justicia. Agregó que se ignoró que, mientras la violación de la ley
por parte de la administración municipal de Valledupar y la omisión de la
Superintendencia de Transporte continúen, el ciudadano tiene el derecho y el deber
constitucional de accionar, pues la cosa juzgada no puede amparar ilegalidades
administrativas permanentes.

Consideró que la providencia judicial atacada omitió la integración del artículo 3,
Parágrafo 3 de la Ley 769 de 2002, que establece de manera taxativa que la
Superintendencia de Transporte es la autoridad de vigilancia y control de todos los
organismos de tránsito, con lo que permitió que dicha entidad eluda su responsabilidad
de vigilar a la Secretaría de Tránsito de Valledupar y validar el argumento de la
"autonomía territorial" como una barrera para la intervención de la Supertransporte.

Alegó que el Consejo de Estado inaplicó el artículo 158A de la Ley 769 de 2002
(adicionado por Ley 2251 de 2022), el cual establece sanciones para las autoridades de
tránsito que utilicen ayudas tecnológicas sin cumplir los criterios de seguridad vial. Dicha
norma impone una multa equivalente al doble del valor recaudado ilegalmente y obliga a
la Superintendencia de Transporte a proferir decisiones que sirvan de base para la
revocatoria oficiosa de las multas. En consecuencia, indicó que al cerrar el proceso bajo
el argumento de "cosa juzgada" con base en fallos anteriores a 2022, la autoridad judicial
ignoró que este artículo crea una obligación clara, expresa y exigible que no existía
anteriormente.

Resaltó que no puede existir identidad de causa petendi cuando lo que se denuncia es el
incumplimiento de funciones de vigilancia técnica sobre hechos ocurridos entre 2024 y
2026, los cuales no fueron ni pudieron ser objeto de debate en sentencias previas, por lo
que, al declarar la improcedencia basándose en procesos antiguos, la autoridad judicial
accionada le otorgó una suerte de "inmunidad judicial" a la administración municipal de
Valledupar y a la Supertransporte, permitiendo que persistan en la ilegalidad bajo el
amparo de una formalidad procesal.

Alegó que no reconocer que las multas impuestas al accionante carecen de título jurídico
vigente se traduce en mantener estos cobros en el SIMIT y representa una extralimitación
de funciones y una violación directa al principio de legalidad administrativa y seguridad
jurídica.

Advirtió que el Consejo de Estado desconoció las sentencias C-038 de 2020 y C-321 de
2022, al negarse a ordenar que la Superintendencia “vigile la identificación del infractor
en Valledupar” sin tener en cuenta que en estas sentencias se señaló que está proscrita

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la responsabilidad objetiva en materia de foto multas.

Indebida motivación al no analizar de fondo los argumentos sobre la falta de integración
normativa de la Ley 153 de 1887 respecto de la Ley 2251 de 2022. Señaló que la Sección
Quinta se limitó a citar fallos previos, pero omitió explicar por qué una ley posterior de
orden público que ordena revocatorias oficiosas no genera una nueva obligación de
cumplimiento.

Defecto fáctico por omisión en la valoración probatoria de la renuencia de la
Superintendencia de Transporte a iniciar las investigaciones ordenadas por la Ley 1843
de 2017. En el expediente constan las peticiones ciudadanas donde se advierte sobre la
operación irregular de equipos en movimiento en Valledupar, ante las cuales la entidad
nacional ha respondido con evasivas.

Defecto orgánico al ordenar la compulsa de copias ante el Consejo Superior de la
Judicatura contra el defensor y asesor técnico de la causa, lo que constituye un ataque
directo al ejercicio legítimo de la defensa y la veeduría ciudadana.

Defecto procedimental absoluto al negar el cumplimiento de la Ley 2251 de 2022, como
quiera que la Superintendencia de Transporte sí tiene la orden directa de la ley de proferir
decisiones que obliguen a los organismos de tránsito a limpiar las bases de datos de
multas ilegales; luego, negar esta realidad procesal es permitir que una autoridad
administrativa desatienda una ley de la República diseñada específicamente para frenar
el abuso de las foto-multas móviles.

5. Trámite

Por auto del 24 de abril de 2026, el Despacho Sustanciador admitió la acción, negó la
medida provisional solicitada y dispuso notificar, en calidad de demandados, a los
magistrados del Consejo de Estado, Sección Quinta y en calidad de terceros con interés
a los magistrados del Tribunal Administrativo del Cesar, al superintendente de Puertos y
Transporte, al ministro de Transporte, el secretario de tránsito de Valledupar y el
presidente del concejo de Valledupar.

La Secretaría General del Consejo de Estado realizó las notificaciones ordenadas en el
auto admisorio, mediante correos electrónicos del 29 de abril de 2026.

6. Intervenciones

El Coordinador del Grupo de Defensa Judicial de la Oficina Asesora Jurídica del
Ministerio de Transporte solicitó que se declarara improcedente la acción constitucional
por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

Sostuvo que carece de legitimación en la causa por pasiva, pues lo pretendido por el
accionante no guarda ninguna relación con las competencias legales y constitucionales
del ministerio, al cual no le corresponde la revisión de providencias judiciales o la
evaluación de su validez, máxime cuando lo que se tramita es una tutela contra
providencia judicial y cuya pretensión es que se reabra un debate probatorio y/o que se
revoque una sentencia.

Agregó que esa cartera no ha contribuido en modo alguno a las presuntas vulneraciones
mencionadas por la parte demandante, pues su ámbito de actuación y competencia no
abarca las cuestiones señaladas.

Informó que existen múltiples pronunciamientos que ya han dirimido la controversia
planteada por el accionante.

Los magistrados del Consejo de Estado, Sección Quinta, los magistrados del Tribunal
Administrativo del Cesar, el superintendente de Puertos y Transporte, el ministro
de Transporte, el secretario de tránsito de Valledupar, y el presidente del concejo de

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Valledupar, guardaron silencio pese a haber sido debidamente notificados de la presente
acción.

II. CONSIDERACIONES

1. Análisis previo- Sobre la legitimación en la causa

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1.º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).

La Corte Constitucional4 ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede
de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción
de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, cuando esta resulte demostrada.

En el presente asunto, la demandante discute la providencia 19 de febrero de 2026,
dictada por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que revocó parcialmente el fallo que
declaró improcedente la acción de cumplimiento con radicado 20001-23-33-000-2025-
00682-01
En la contestación de la tutela, el Ministerio del Transporte adujo que carecía de
legitimación en la causa por pasiva, ya que no tuvo injerencia en la providencia
cuestionada.

Sobre el particular se advierte que la referida entidad solo se vinculó al trámite como
tercero con interés y no como demandada, de suerte que no se considera procedente su
solicitud, la cual será negada.

2. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela interpuesta por Oseas
Tomás Arias Martínez contra la providencia del 19 de febrero de 2026, dictada por el
Consejo de Estado, Sección Quinta, que revocó parcialmente el fallo del Tribunal
Administrativo del Cesar que declaró improcedente la acción de cumplimiento con
radicado 20001-23-33-000-2025-00682-01.

La Sala anticipa que declarará improcedente la solicitud de amparo, por cuanto no
satisface el requisito de relevancia constitucional, dado que la parte actora no cumplió
con la carga mínima de argumentación respecto a las razones por las que la discusión
que plantea reviste una clara, marcada e indiscutible relevancia constitucional.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, (iii) el análisis del
caso concreto

3. De la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales2 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos3 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

2 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y
que no se cuestione un fallo de tutela.
3 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.

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4. La relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-004, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.

El segundo criterio (carga argumentativa) está previsto para restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos
fundamentales.

En lo que aquí interesa, el Decreto 2591 de 1991 no exige que, cuando la solicitud de
amparo se dirija contra providencias judiciales, se deba identificar y sustentar alguna de
las causales específicas de procedencia de la acción de tutela que ha desarrollado la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y que han sido acogidas por el Consejo de
Estado, cuando actúa como juez de tutela. Lo que sí se exige es que el interesado
exponga de manera clara las razones por las que considere que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

La propia Corte Constitucional, en sentencia C-590 de 2005, estableció que el interesado
tiene el deber de identificar los hechos de la amenaza o vulneración y que tal exigencia
«es comprensible, pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias
formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el
actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos».

Posteriormente, en sentencia C-483 de 2008, la Corte Constitucional insistió en que el
interesado en ejercer la acción de tutela debe cumplir con la carga mínima «de diligencia
que se traduce en la presentación de los elementos básicos de la situación de hecho que motivó
la solicitud de protección».

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante sentencia del 5 de
agosto de 2014, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), determinó que «es
importante que el actor cumpla con la carga de identificar razonablemente los hechos
que dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales y de argumentar por
qué el asunto reviste relevancia constitucional».

Lo anterior no implica limitar el ejercicio de la acción de tutela. Todo lo contrario, se trata
simplemente de que el interesado cumpla el deber mínimo de argumentación para ilustrar
al juez de tutela sobre los hechos que motivan la solicitud de amparo y así poder tomar
decisiones de fondo que protejan los derechos fundamentales vulnerados.

5. Análisis del caso concreto

En el presente caso, el accionante sustenta los defectos de indebida motivación, fáctico,
orgánico y procedimental absoluto, en la medida en que la providencia cuestionada no
estudió de fondo la acción y no consideró que existían deberes incumplidos por las
autoridades demandadas en la acción de cumplimiento, aspectos que fueron discutidos
en la impugnación y que fueron analizados y negados por el Consejo de Estado Sección
Quinta al evaluar la improcedencia de las pretensiones relacionadas con la pretensión de
anular las multas interpuestas por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar
haciendo uso de las patrullas institucionales.

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Ahora bien, el accionante justifica el defecto sustantivo en que se declaró la cosa juzgada
en torno a la petición de cumplimiento de la Resolución 20203040011245 de 2020
(artículo 6), compilada en la Resolución 20223040045295 de 2022, artículos 129
(parágrafo 1 y 2) y 135 (inciso 1), 158 A (adicionado por el artículo 18 de la Ley 2251 de
2022) del Código Nacional de Tránsito -Ley 769 de 2002 con lo cual (i) se redujo un
mecanismo de participación ciudadana y control social como es la acción de
cumplimiento a una figura retórica carente de eficacia jurídica como la cosa juzgada, con
lo que se sacrificó el derecho sustancial por un formalismo procesal restrictivo que asfixia
el acceso a la administración de justicia y (ii) al cerrar el proceso bajo el argumento de
"cosa juzgada" con base en fallos anteriores a 2022, la autoridad judicial ignoró que este
artículo crea una obligación clara, expresa y exigible que no existía anteriormente.

Sin embargo, para la Sala, el asunto se circunscribe a una discusión que no gira en torno
a un asunto constitucional o a la defensa de derechos fundamentales; por el contrario, se
trata de un debate de naturaleza económica y eminentemente legal.

Sobre este punto, la Corte Constitucional5 ha señalado que <<las discusiones de orden
legales o aquellas relativas exclusivamente a un derecho económico deben ser resueltas
mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, toda vez que “le está prohibido
al juez de tutela inmiscuirse en materia de carácter netamente legal o reglamentario que han de
ser definidos por las jurisdicciones correspondientes>>4

Incluso, ha manifestado que un asunto carece de relevancia constitucional7 cuando: <<(i)
la discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de un derecho, como, por
ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma procesal, salvo que de ésta se
desprendan claramente violaciones de derechos fundamentales; o (iii) sea evidente su naturaleza
o contenido económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas, que no representen un interés general>>.

Para la Sala, la discusión que propone la parte actora, se itera, es de carácter económico
y con connotaciones legales y particulares, que no representan un interés general ni
evidencia, prima facie, la transgresión de los derechos fundamentales de la señora
Sandra María García Páez.

Para la Sala, la actora tampoco cumplió con la carga argumentativa de explicar por qué
su solicitud de amparo reviste una clara, marcada e indiscutible relevancia constitucional
y por qué trasciende las inconformidades que percibe de la decisión adoptada por el
Consejo de Estado, Sección Quinta, pues no presentó motivos suficientes dirigidos a
evidenciar que la providencia cuestionada afecta de manera grave sus derechos
fundamentales.

El simple alegato de la vulneración de los derechos fundamentales no es suficiente para
tener por satisfecho el requisito de relevancia constitucional, puesto que es necesario, se
itera, que se ponga en evidencia la afectación desproporcionada de los derechos
fundamentales alegados, pues «la acreditación de esta exigencia, más allá de la mera
adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales,
supone justificar razonablemente la existencia de una restricción prima facie desproporcionada a
un derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel»5.

Si bien, la parte actora alega la configuración de defectos de indebida motivación,
sustantivo, fáctico, orgánico y procedimental absoluto, lo cierto es que con ellos tampoco
cuestiona de manera directa las razones de la decisión que ahora controvierte, máxime
si se tiene en cuenta que del extenso escrito de tutela no se advierte con claridad que
exponga razones objetivas con las cuales justifique que no se configuró la cosa juzgada
y por el contrario, insista en señalar que la acción es procedente y pretenda imponer su
criterio sobre la manera como debe definirse la controversia.

En consecuencia, las anteriores razones son suficientes para declarar improcedente la
solicitud de amparo, por incumplir el requisito de relevancia constitucional. Con mayor

4 Sentencia T-136 de 2015, reiterada en sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
5 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02949-00
Demandante: Oseas Tomás Arias Martínez

razón, si se tiene en cuenta que quien dictó la sentencia cuestionada fue el órgano de
cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, evento en el que los requisitos
de procedibilidad son más estrictos. Así lo explicó la propia Corte Constitucional, en la
sentencia T-398 de 2017.

Cuando se trata de una acción de tutela contra una providencia de la Corte Suprema de Justicia o del
Consejo de Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara en manifestar que los requisitos
de procedibilidad son más estrictos, pues se trata de decisiones judiciales de los órganos de cierre de
la jurisdicción ordinaria y contenciosa administrativa, quienes se encargan de unificar jurisprudencia.
Por ello, “la tutela contra providencias judiciales de las Altas Corporaciones es más restrictiva, en la
medida en que solo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es
definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el
alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa
intervención del juez constitucional. En los demás eventos, los principios de autonomía e independencia
judicial, y especialmente la condición de órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones,
exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aun cuando el juez de tutela pudiera tener
una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

III. FALLA

1. Denegar la solicitud de desvinculación del Ministerio de Transporte, de conformidad
con la parte motiva de esta decisión.

2. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, por las razones
expuestas.

3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Aclaro voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador6

6 Con el propósito de asegurar la calidad lingüística y técnico-formal de la presente providencia, el despacho ponente,
a través de su grupo de sustanciación, como herramienta de apoyo a la gestión administrativa y judicial, empleó un
sistema de apoyo de inteligencia artificial Microsoft 365 Copilot (modelo GPT-4, desarrollado por OpenAI), con el único
propósito de efectuar una revisión ortográfica, gramatical y léxica del texto previamente elaborado por el funcionario
judicial. Para tal efecto se utilizó un prompt estructurado en el que se asignó a la herramienta el rol de revisor lingüístico
y técnico-formal, con la instrucción precisa de identificar exclusivamente errores verificables de ortografía (tildes,
mayúsculas y puntuación), gramática (concordancia, régimen preposicional y sintaxis) y léxico (uso impropio de
palabras, ambigüedad semántica y términos fuera de contexto jurídico), tomando como referencia las reglas de la Real
Academia Española y los estándares de redacción judicial de las altas cortes colombianas. El prompt incluyó
restricciones expresas dirigidas a impedir que la herramienta formulara sugerencias de estilo, propusiera redacciones
alternativas, reescribiera párrafos, sugiriera versiones "mejoradas" del texto o emitiera valoración alguna sobre el fondo
jurídico, probatorio o argumentativo de la providencia, así como instrucciones sobre el formato de salida, consistente

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Demandante: Oseas Tomás Arias Martínez

en una tabla que individualizara cada hallazgo (página, párrafo, fragmento, tipo de error y explicación técnica). En todo
caso, se precisa que los hallazgos reportados por la herramienta fueron objeto de revisión, verificación y validación por
parte del funcionario judicial, quien determinó autónomamente la procedencia o improcedencia de cada ajuste, sin que
se hayan realizado transcripciones literales del contenido generado por la herramienta, ni se hayan incorporado al texto
reformulaciones de contenido, modificaciones argumentativas o reescrituras de pasajes, en tanto que el sistema se
utilizó exclusivamente como instrumento de control de calidad lingüística sobre un texto cuya redacción, estructura
argumentativa, valoración fáctica, análisis probatorio y motivación jurídica fueron elaborados íntegramente por el
funcionario judicial. Asimismo, se deja constancia de que no se introdujeron en la herramienta datos personales,
información sensible ni elementos de carácter reservado o confidencial de las partes o del proceso. Esta actuación se
realizó en cumplimiento de los principios jurídicos de debido proceso, transparencia, igualdad ante la ley y supervisión
judicial. Finalmente, el uso de dicha herramienta se enmarca en las finalidades autorizadas en los literales (a) del
numeral 4.1.; y (q) del numeral 4.2 del artículo 4 del Acuerdo PCSJA24-12243 del 16 de diciembre de 2024, "por el
cual se adoptan lineamientos para el uso y aprovechamiento respetuoso, responsable, seguro y ético de la inteligencia
artificial en la Rama Judicial".

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