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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02950-00

Fecha
11 de mayo de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02950-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Negar la solicitud de desvinculación de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Segundo. Declarar improcedente, por no superar el requisito de subsidiariedad, la solicitud de tutela presentada por Miguel Ángel Cárdenas Trujillo en contra del del Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva y Tribunal Administrativo del Huila. Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. 11 Radicado: 11001-03-15-000-2026-02950-00 Demandante: Miguel Ángel Cárdenas Trujillo

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02950-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

11 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., once (11) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02950-00
Demandante: Miguel Ángel Cárdenas Trujillo
Demandados: Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial / Vinculación a trámite
constitucional / Subsidiariedad
Decisión: Declarar improcedente

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la solicitud formulada por Miguel Ángel Cárdenas Trujillo, en ejercicio
de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y
desarrollada en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

1. Miguel Ángel Cárdenas Trujillo promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, al acceso a cargos públicos y a la igualdad, los cuales
consideró vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 27 de marzo de 2026
por el Tribunal Administrativo del Huila en medio de la solicitud de tutela con el
radicado 41001-33 -33-007-2026-00036-00/01.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

2.1. Luis Orlando Oyola Trujillo en ejercicio del mecanismo de tutela presentó
demanda en contra de la Superintendencia de Servicios Públicos y Domiciliarios2,
con la finalidad de que se amparan sus derechos fundamentales al debido proceso y
al acceso a cargos públicos por concurso de mérito, y, en consecuencia, se dejara
sin efectos la Resolución No. SSPD – 20251000695205 del 12 de diciembre de 2025,
por medio de la cual abstuvo su nombramiento en periodo de prueba en el empleo
denominado «Profesional Especializado», en el marco del Proceso de Selección No.

1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «8ED_Demanda(.pdf) NroActua 2.pdf».
2 En adelante Superservicios.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02950-00
Demandante: Miguel Ángel Cárdenas Trujillo

2504 de 2023, en modalidad abierto, por no haber cumplido con los requisitos de
experiencia relacionada.

2.2. El Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva en sentencia del 16 de febrero de
2026 declaró improcedente la solicitud de amparo por no haberse cumplido el
requisito de subsidiariedad, pues no se agotaron todos los mecanismos idóneos para
la protección de los derechos invocados, por cuanto el procedimiento administrativo
seguía en curso, pues aún no se había resuelto el recurso de reposición en contra de
la resolución demandada. Sumado a ello, no se acreditó un perjuicio irremediable ni
condición particular de vulnerabilidad socioeconómica.

2.3. El Tribunal Administrativo del Huila en sentencia del 31 de marzo de 2026 revocó
la decisión del a quo, y en su lugar, amparó los derechos fundamentales del
demandante, pues a su criterio la solicitud de amparo cumplía con el requisito de
subsidiariedad al haber existido un riesgo real de que la lista de elegibles expirara.
Así, de acuerdo con las normas y la jurisprudencia aplicables, la facultad de
abstenerse del nombramiento solo podía ejercerse en el proceso de selección, más
no cuando la lista de elegibles ya había adquirido firmeza, por lo que la decisión de
la Superservicios no era válida.

2.4. Las autoridades judiciales demandadas vulneraron sus derechos fundamentales
al incurrir en defecto procedimental absoluto, pues profirieron una decisión de fondo
con la indebida integración del contradictorio. Lo anterior, porque a pesar de que
hacía parte de la lista de elegibles no fue vinculado al proceso como tercero con
interés.

2.5. En defecto orgánico porque desconoció la competencia de la entidad nominadora
para la verificación de requisitos y llevar el trámite administrativo al nombrar a Luis
Orlando Oyola Trujillo en el cargo de Profesional Especializado.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] PRIMERO: Amparar mis derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, igualdad y acceso a cargos públicos por mérito, los cuales han
sido vulnerados con ocasión de las decisiones adoptadas dentro del trámite de la acción
de tutela radicada bajo el No. 41001 33 33 007 2026 00036 01.

SEGUNDO: Dejar sin efectos el fallo de tutela proferido en segunda instancia por el
Tribunal Contencioso Administrativo del Huila dentro del radicado No. 41001 33 33 007
2026 00036 01, por haberse proferido con vulneración del debido proceso, en particular
por la indebida integración del contradictorio. Página 8 de 9

TERCERO: Ordenar al Tribunal Contencioso Administrativo del Huila rehacer la actuación
correspondiente a la segunda instancia dentro del trámite de tutela, garantizando la debida
vinculación de todos los terceros con interés directo, incluido quien suscribe, y el pleno
ejercicio del derecho de defensa y contradicción.

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Demandante: Miguel Ángel Cárdenas Trujillo

CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, ordenar la suspensión de cualquier
actuación administrativa o efecto derivado del fallo cuestionado, en especial aquellas
relacionadas con el nombramiento en período de prueba del señor Luis Orlando Oyola
Trujillo y las actuaciones tendientes a la exclusión de los elegibles de la lista
correspondiente a la OPEC 199043.

QUINTO: Ordenar a las autoridades accionadas abstenerse de ejecutar decisiones que
afecten la lista de elegibles sin que previamente se garantice la participación de todos los
interesados, conforme a los principios del debido proceso y el mérito. […]» [sic].

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. Luis Orlando Oyola Trujillo3 solicitó que se negaran las pretensiones del
demandante pues los miembros de la lista de elegibles de la Resolución No 5687 de
2025 si fueron vinculados al proceso por medio del auto del 16 de febrero de 2026.
Además, lo anterior quedó publicado en la respectiva página web de la Comisión
Nacional de Servicio Civil para que Miguel Ángel Cárdenas Trujillo y los integrantes
de la lista de elegibles pudieran intervenir en el proceso.

5. La Superservicios4 solicitó que ampararan los derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a cargos públicos y carrera administrativa vulnerados por el Tribunal,
al considerar que existió una extralimitación de funciones, pues era competencia de
la entidad nominadora ordenar la exclusión de la lista de elegibles5. En este sentido,
la decisión cuestionada es arbitraria porque incurrió: i) en defecto orgánico por
desconocer la competencia legal de la entidad nominadora; ii) en defecto
procedimental absoluto, por no vincular a terceros con interés; y iii) en defecto
sustantivo por ordenar la exclusión de la lista de elegibles sin sustento normativo.

6. La Comisión Nacional del Servicio Civil6 solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva.

7. Los demás interesados en el proceso guardaron silencio.

2. Consideraciones

8. En atención a los argumentos expuestos en el escrito tutela y a las pruebas que obran
en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden:
i) competencia para decidir; ii) cuestión previa; iii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iv) determinación del problema jurídico; y v) análisis de la Sala.

3 Ver índice 16 de Samai. Archivo denominado «23_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
ContestacionTutela(.pdf) NroActua 16.pdf».
4 Ver índice 15 de Samai. Archivo denominado «22_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-

CONTESTACIONUNIFICA(.pdf) NroActua 15.pdf».
5 Decreto 1083 de 2015.
6 Ver índice 20 de Samai. Archivo denominado «MemorialWeb_Respuesta-
RESPUESTAMIGUEL(.pdf)20NroActua.pdf».

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Demandante: Miguel Ángel Cárdenas Trujillo

2.1. Competencia

9. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 37
del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el 1° del Decreto 333 del 6 de abril
de 20217 la Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo contra del
Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva y el Tribunal Administrativo del Huila.

2.2. Cuestión previa

10. Si bien se evidencia que el demandante8 reiteró su solicitud de medida cautelar,
lo cierto es que para la Sala no resulta necesario hacer un pronunciamiento adicional,
por cuanto en el auto admisorio del 20 de abril de 2026, se le indicó que «se considera
que la medida provisional solicitada no tiene vocación de prosperar, pues, cualquier decisión
que se llegare a tomar requiere revisar los argumentos que puedan ofrecer la autoridad
judicial demandada y los terceros con interés, como garantía del derecho al debido proceso».

2.3. Falta de legitimación en la causa por pasiva

11. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho
a presentar solicitud de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma o por quién
actúe en su nombre, la protección de sus derechos constitucionales fundamentales
cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión
de cualquier autoridad pública o de los particulares, tal como lo señala el artículo 13
del Decreto 2591 de 1991:

Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se dirigirá
contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o
amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la
acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De
ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el
superior.

12. La Corte Constitucional9 en relación con la legitimación en la causa por pasiva en
los trámites de solicitudes de tutela ha considerado:

«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por
la vulneración o amenaza del derecho fundamental10. En la medida que refleja la calidad
subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso” 11, la misma, en principio, no se predica del funcionario que comparece o es
citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será la llamada a
responder por la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya lugar a ello.

7 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
8 Ver índice 14 de Samai. Actuación denominada 18_MemorialWeb_PeticiOn-
ReiteracionMedidaCau(.pdf) NroActua 14.
9 Sentencia T-1015/2006. MP. Álvaro Tafur Galvis.
10 Sentencia T-025 de 1995. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
11 Sentencia T-416 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell.

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Demandante: Miguel Ángel Cárdenas Trujillo

Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por
los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “debe
dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o
dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples
condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta Fundamental”12
Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente formales (oficiosidad) y a
interpretar la demanda de una forma tal que se favorezca la protección del derecho
fundamental, sin perjuicio de las garantías procesales de quien es demandado. […]»

13. La Comisión Nacional del Servicio Civil solicitó su desvinculación del presente
trámite constitucional, al indicar que no tiene competencia para acceder a lo
pretendido.

14. Respecto de lo anterior, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue
en calidad de tercera con interés al haber sido vinculado dentro del trámite
constitucional en cuestión, en aras de garantizarles su derecho de defensa y
contradicción, por lo que se negará su solicitud.

2.4. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

15. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado13 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema14. Al respecto señaló lo
siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto
los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».

16. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

12 Sentencia T-379 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
14 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.

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17. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo15, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.

18. Ahora bien, la Corte Constitucional16 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante
constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya
presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y
iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

19. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos 17, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de
la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de
los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea
de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales18.

20. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.5. Problema jurídico

21. De acuerdo con el escrito de tutela, la Sala deberá definir: ¿si la solicitud de tutela
presentada por Miguel Ángel Cárdenas Trujillo satisface el requisito de procedencia
general de la subsidiariedad?

15 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
16 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.
17 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
18 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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2.6. Análisis de la Sala

2.6.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva- de la subsidiariedad

22. El artículo 86 constitucional señala que: «[e]sta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991 dispone, entre otras, como causal de improcedencia de la
solicitud de amparo:

«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]».

23. Para que se configure el perjuicio irremediable la jurisprudencia constitucional 19 ha
establecido que debe existir:

«[…](i) la inminencia del perjuicio, es decir, que el daño “está por suceder en un tiempo
cercano”; (ii) la urgencia de las medidas para evitar la afectación de los derechos
fundamentales; (iii) la gravedad del perjuicio; y (iv) el carácter impostergable de las
órdenes por proferir […]».

24. Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha
definido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, es decir, no es un
mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios
ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco
constituye un último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de
un derecho, pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos
fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

2.6.2. Sobre el caso concreto

25. Miguel Ángel Cárdenas Trujillo acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la
sentencia proferida el 27 de marzo de 2026 por el Tribunal Administrativo del Huila,
ante su indebida integración en el contradictorio.

26. Para mayor claridad del asunto, la Sala recuerda las actuaciones adelantadas en
la referida solicitud de amparo según consta en Samai20, así:

26.1. El 9 de febrero de 2026, Luis Orlando Oyola presentó solicitud de amparo en
contra de la Superservicios al considerar vulnerados sus derechos fundamentales
con ocasión de la Resolución 20261000112745 del 12 de diciembre de 2025, por
medio de la cual la entidad se abstuvo de nombrarlo en el cargo de Profesional

19 Corte Constitucional, sentencia T- 300 de 2025, M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
20 Ver solicitud de tutela identificada con el radicados 41 001 33 33 007 2026 0003 601.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02950-00
Demandante: Miguel Ángel Cárdenas Trujillo

Especializado, a pesar de que la lista de elegibles ya estaba en firme.

26.2. El Juzgado Séptimo administrativo de Neiva en providencia del 9 de febrero de
2026 admitió la solicitud de amparo en los siguientes términos:

«[…] SEGUNDO: ADMITIR la acción pública de tutela presentada por LUIS ORLANDO
OYOLA TRUJILLO contra la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS, COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL y UNIVERSIDAD LIBRE;
estos últimos, a quienes se dispone VINCULAR, de oficio, atendiendo lo expuesto en el
escrito de tutela.

TERCERO: VINCULAR a la presente acción de tutela a las personas que integran la lista
de elegibles para el empleo denominado PROFESIONAL ESPECIALIZADO, Código 2028,
Grado 13, identificado con el No. OPEC 199043, perteneciente a la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios -ABIERTO-, en el marco del Proceso de Selección No.
2504 de 2023; conformada a través de Resolución 4587 del 30 de mayo de 2025. […]»
[sic].

26.3. El Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva en providencia del 16 de febrero de
2026 declaró improcedente la solicitud de amparo por no haberse agotado los
recursos administrativos existentes para controvertir la mencionada resolución, así:

«[…]PRIMERO: DECLARAR la improcedencia del presente mecanismo constitucional, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes mediante mensaje de datos dirigido al buzón
electrónico oficial que incluya el texto íntegro de esta decisión o por el medio más expedito.

TERCERO: Si el presente fallo no fuere impugnado, envíese el presente expediente por
vía electrónica a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, en los
términos establecidos en el Acuerdo PCSJA20 11594 del 13 de julio del 2020.

CUARTO: ADVERTIR que, la presente decisión puede ser impugnada dentro de los tres
días siguientes a su notificación (Decreto 2591 de 1991, artículo 31). En caso de presentar
impugnación deberá radicarse en la ventanilla virtual del aplicativo SAMAI, a través del
siguiente link: https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/. […]» [sic].

26.4. El Tribunal Administrativo del Huila en providencia del 26 de febrero de 2026
admitió la impugnación presentada en contra de la sentencia de primera instancia.

26.5. El Tribunal en providencia del 27 de marzo de 2026 revocó la sentencia de
primera instancia y, en su lugar, amparó los derechos fundamentales del
demandante:

«[…] Primero: Revocar la sentencia adiada 16 de febrero de 2026, proferida por el
Juzgado Sétimo Administrativo de Neiva, que resolvió declarar improcedente el amparo
constitucional.

Segundo: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a cargos
públicos por concurso de méritos, frente a la solicitud de amparo instaurada por el señor
Luis Orlando Oyala Trujillo, por las razones expuestas en precedencia.

Segundo: Dejar sin efectos las resoluciones No. SSPD-20251000695205 del 12 de
diciembre 2025 y la No. SSPD-20261000112745 del 24 de febrero de 2026 suscritas por
el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios por medio de las cuales se

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02950-00
Demandante: Miguel Ángel Cárdenas Trujillo

abstuvo de nombrar al accionante en período de prueba al cargo como Profesional
Especializado, Código 2028, Grado 13, OPEC 199043.

Tercero: ordenar al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios que dentro del
término de dos (2) días, siguientes a la notificación de esta sentencia, adelante los
trámites administrativos de rigor para nombrar en período de prueba al accionante en el
cargo de Profesional Especializado, Código 2028, Grado 13, OPEC 199043, de la
Dirección Territorial.

Cuarto: Ordenar al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios para que dentro
del término de cinco (05) días, siguientes a la notificación de esta sentencia, adelante
ante la Comisión Nacional de Servicio Civil las actuaciones administrativas pertinentes
para el proceso de exclusión de los elegibles que conforman la lista, de conformidad con
el artículo 14 de la Ley 760 de 2005.

Quinto: Notifíquese a las partes en la forma indicada en el artículo 5° del Decreto 306 de
1992. Sexto: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del presente fallo
envíese la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Séptimo:
Envíese copia de la presente decisión al juzgado de origen. […]» [sic].

26.6. El 15 de abril de 2026, Miguel Ángel Cárdenas Trujillo presentó incidente de
nulidad en contra de la decisión en segunda instancia, por vulneración de su derecho
a la defensa, bajo las siguientes pretensiones:

26.7. La anterior solicitud fue reiterada los días 20, 21 y 22 de abril de 2026, en los
siguientes términos:

26.8. El Tribunal Administrativo del Huila en providencia del 29 de abril de 2026 negó
la solicitud de nulidad presentada por el tercero interviniente Miguel Ángel Cárdenas
Trujillo, bajo las siguientes consideraciones:

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02950-00
Demandante: Miguel Ángel Cárdenas Trujillo

«[…] Ahora, bien frente al análisis de la solicitud de nulidad alegada por el señor Miguel
Ángel Cárdenas Trujillo (cuarto en la lista de elegibles), en la cual en síntesis manifiesta
no haber tenido conocimiento del trámite de tutela, señalando que la publicación de un
aviso en la página web de la CNSC no garantiza el conocimiento efectivo del proceso
por parte de los terceros interesados, por lo que considera vulnerado su derecho al
debido proceso y solicitó la nulidad de lo actuado.

Al respecto, precisa la Sala que los participantes de un concurso de méritos tienen el
deber legal de consultar de manera permanente los canales oficiales dispuestos por la
Comisión Nacional del Servicio Civil y el sistema SIMO, carga que implica una diligencia
mínima orientada al conocimiento de las actuaciones relacionadas con su proceso de
selección.

Asimismo, la sentencia de segunda instancia no solo orientó la protección de los
derechos fundamentales del actor, sino también a garantizar que la entidad accionada
adelante en debida forma el procedimiento de exclusión, no únicamente respecto al
accionante, sino de las demás personas que integran la lista de elegibles, con el
propósito de salvaguardar el principio de mérito y prevenir eventuales actuaciones
arbitrarias por parte de la entidad.

Se observa, además que el aviso publicado por la Comisión Nacional del Servicio Civil,
identificó claramente al juez de conocimiento, el proceso de tutela y la finalidad de la
publicación, esto es, permitir que los terceros interesados ejercieran su derecho de
defensa y contradicción.

Por lo expuesto, la Sala concluye que el a quo garantizó adecuadamente el principio de
publicidad, cumpliendo lo previsto en el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991 y 5º del
Decreto 306 de 1992, motivo por el cual se negará la solicitud de nulidad presentada por
el señor Miguel Ángel Cárdenas Trujillo. […]» [sic].

27. Al respecto, para la Sala resulta importante aclarar la presente solicitud de amparo
fue presentada por Miguel Ángel Cárdenas Trujillo el 16 de abril de 202621; es decir,
de manera paralela presentó incidente de nulidad y petición de amparo con los
mismos argumentos, esto es, su indebida vinculación al referido trámite
constitucional. Dicho lo anterior, sea lo primero indicar que se busca evitar que la
solicitud de amparo suplante los mecanismos ordinarios establecidos en nuestro
ordenamiento jurídico.

28. En ese mismo sentido, la Sala observa que, tal y como quedó acreditado, el
Tribunal Administrativo del Huila en providencia del 29 de abril de 2026 negó el
incidente de nulidad, lo cual ocurrió en el transcurso del amparo, razón por la cual, la
Sala se abstendrá de emitir algún pronunciamiento al respecto ya que se trataría de
argumentos nuevos que no fueron expuestos en el escrito de tutela, pues, si bien el
demandante cuestionó su falta de vinculación al trámite constitucional, lo cierto es
que no ofreció argumentos frente a las razones por las cuales se le negó su solicitud,
en la medida que, se insiste, ello ocurrió durante el presente trámite.

29. Lo anterior, porque la solicitud de amparo se promovió antes de que el juez natural
profiriera la decisión correspondiente, de manera que la parte demandante acudió de
manera anticipada al mecanismo constitucional. En consecuencia, sus

21 Ver índice 1 de Samai.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02950-00
Demandante: Miguel Ángel Cárdenas Trujillo

planteamientos no estuvieron encaminados a controvertir las determinaciones
adoptadas dentro de ese trámite. Por ello, no resulta procedente emitir un
pronunciamiento sobre aspectos ajenos a la controversia inicialmente propuesta,
pues tal actuación desconocería el derecho al debido proceso y de defensa de la
contraparte.

30. Expuesto lo anterior, se recuerda que para que el juez constitucional pueda
pronunciarse sobre el fondo del asunto planteado, la solicitud debe superar los
requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales. En
ese orden, el amparo de la referencia resulta improcedente por desconocimiento del
principio de subsidiariedad, toda vez que fue presentado sin haber agotado
previamente todos los mecanismos ordinarios de defensa disponibles, pues, de
manera paralela presentó incidente de nulidad y petición de amparo, cuando la
primera no había sido decidida por el juez competente y en ese sentido no es posible
emitir un pronunciamiento de fondo respecto a la decisión que resolvió el incidente,
comoquiera que el mismo no fue cuestionado.

3. Conclusión

31. En este orden de ideas, la Sala declarará improcedente, por no superar el requisito
de la subsidiariedad, la solicitud de tutela presentada por Miguel Ángel Cárdenas
Trujillo contra del Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva y Tribunal Administrativo
del Huila.

32. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Negar la solicitud de desvinculación de la Comisión Nacional del Servicio
Civil.

Segundo. Declarar improcedente, por no superar el requisito de subsidiariedad, la
solicitud de tutela presentada por Miguel Ángel Cárdenas Trujillo en contra del del
Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva y Tribunal Administrativo del Huila.

Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02950-00
Demandante: Miguel Ángel Cárdenas Trujillo

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

SSR/LVLQ

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante
el aplicativo Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida
la integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

12

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