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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02954-00

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02954-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar la solicitud de desvinculación de la acción presentada por la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, por las razones expuestas en el numeral 3.2.1. de la presente providencia. Segundo: Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por la Concesionaria Vial de los Andes S.A.S - Coviandes S.A.S. por conducto de apoderado, de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-02954-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

14 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02954-00
Accionante: Concesionaria Vial de los Andes SAS1
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera
Subsección B

Tema: Tutela contra providencia judicial

Decisión: Negar las pretensiones de la demanda. No se configuran los
defectos alegados.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
acción de tutela presentada por la Concesionaria Vial de los Andes S.A.S., en
adelante Coviandes S.A.S., actuando por conducto de apoderado judicial, en
contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia, con ocasión de la
sentencia del 30 de enero de 20262, que revocó la providencia del 2 diciembre
de 2024 proferida por el Juzgado Sesenta Administrativo de Bogotá3 dentro del
medio de control de reparación directa seguido bajo el radicado 11001-33-43-
060-2020-00182-00/01.

II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos

2. Del escrito de tutela4 y del expediente se colige que el señor John Fredy
Montes Martínez y otros instauraron en el año 2020 una demanda en ejercicio

1 Coviandes S.A.S.
2
Índice 10 del aplicativo SAMAI, exp. 11001-33-43-060-2020-00182-01
3
Índice 148 del aplicativo SAMAI, exp. 11001-33-43-060-2020-00182-00.- La primera instancia resolvió negar las
pretensiones de las demandas acumuladas promovidas por John Fredy Montes Martínez y otros contra el INVIAS, la ANI
y COVIANDES S.A.S., orientadas a obtener la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado por el deslizamiento
ocurrido el 22 de junio de 2018 en el kilómetro 46+650 de la vía Bogotá–Villavicencio, en el que fallecieron cuatro
integrantes de una misma familia. Como fundamento de su decisión, el despacho concluyó que el daño obedeció a un
fenómeno natural asociado al incremento extraordinario e inusual de precipitaciones registrado durante mayo de 2018,
circunstancia que produjo la sobresaturación del subsuelo y la pérdida de estabilidad del talud. En ese sentido, estimó
que no se acreditó que las entidades demandadas conocieran un riesgo específico que hiciera exigible la adopción de
medidas adicionales de mitigación o prevención frente al evento finalmente ocurrido. Asimismo, el a quo consideró que
las pruebas técnicas y periciales recaudadas permitían establecer que, luego de la activación de inestabilidad generada
por el sismo de 2008, la ANI adelantó actuaciones tendientes a mitigar el riesgo en el sector, para lo cual se contrataron
estudios especializados que recomendaron la construcción de túneles falsos y sistemas de contención en la ladera del
PR 46 de la vía Bogotá–Villavicencio, medidas que posteriormente fueron implementadas. Finalmente, la autoridad judicial
concluyó que no se estructuró una falla del servicio atribuible a las entidades demandadas, al no demostrarse la existencia
de una omisión concreta en las labores de prevención, mantenimiento o estabilización del talud, ni un nexo causal entre
la actuación estatal y el deslizamiento. En consecuencia, determinó que el hecho dañoso correspondió a un evento natural
imprevisible e irresistible que excluía la imputación de responsabilidad administrativa.
4
Presentado el 16 de abril de 2026

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del medio de control de reparación directa contra la Agencia Nacional de
Infraestructura - ANI, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y Coviandes S.A.S.,
con ocasión del deslizamiento ocurrido el 22 de junio de 2018 en el kilómetro
46+650 de la vía Bogotá–Villavicencio, sector de los túneles falsos, jurisdicción
del Municipio de Quetame (Cundinamarca), evento en el que fallecieron cuatro
integrantes de una misma familia que se movilizaban en un vehículo particular.

3. Los demandantes en reparación directa atribuyeron la producción del daño
a la omisión de las entidades referidas en el mantenimiento, monitoreo,
estabilización y mitigación del riesgo geotécnico existente en el sector, al
considerar que el deslizamiento no obedeció a un hecho imprevisible de la
naturaleza, sino a la utilización de medidas técnicas insuficientes e inadecuadas
para la contención de la ladera, particularmente en relación con el sistema de
malla eslabonada, pernos pasivos y guayas de retención instalado en el talud.

4. En sustento de sus pretensiones, aportaron, entre otros elementos de
prueba, el memorando técnico núm. GEOT-IBV-108 del 27 de junio de 20185, en
el cual se indicó que el tipo de tratamiento implementado en el talud no debía
emplearse en terrenos con tales singularidades geotécnicas, que no se
observaron medios de subdrenaje para minimizar la acción del agua intersticial y
que las medidas instaladas resultaban inocuas frente a movimientos masivos de
tierra.

5. Mediante sentencia del 2 de diciembre de 2024, el Juzgado Sesenta
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá negó las pretensiones de la
demanda, al concluir que el daño tuvo origen en un fenómeno natural asociado
al incremento extraordinario e inusual de las precipitaciones registrado en mayo
de 2018, sin que se acreditara que las entidades demandadas conocieran un
riesgo específico que hiciera exigible la adopción de medidas adicionales de
mitigación o estabilización.

6. Inconforme con dicha decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación, en el que sostuvo que el juzgado omitió valorar adecuadamente los
dictámenes técnicos y demás elementos probatorios que, en su criterio,
demostraban la previsibilidad del riesgo, la insuficiencia de las medidas
implementadas y la existencia de una falla del servicio atribuible a las entidades
demandadas por incumplimiento de sus deberes de mantenimiento,
conservación y gestión del riesgo vial.

7. El recurso fue controvertido por Coviandes S.A.S., quien solicitó confirmar
la decisión de primera instancia al considerar que el deslizamiento obedeció a un
hecho de la naturaleza derivado del incremento imprevisible de las
precipitaciones y de las condiciones geológicas del macizo rocoso. Sostuvo,
además, que las obras de estabilización ejecutadas correspondieron a soluciones
técnicas definidas por la ANI y que las obligaciones contractuales de la
concesionaria se limitaban a la operación y mantenimiento ordinario del corredor
vial.

5
Elaborado por el ingeniero Carlos Arturo Bello Bonilla por instrucción de la Interventoría Concesión Bogotá–Villavicencio.

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8. Finalmente, mediante sentencia del 30 de enero de 20266, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, revocó la
decisión apelada y declaró patrimonialmente responsable a Coviandes S.A.S., al
concluir que el riesgo de deslizamiento en el sector era previsible y que las
medidas implementadas resultaron insuficientes para mitigar adecuadamente la
inestabilidad geotécnica del talud.

2.2. Fundamento jurídico

9. La sociedad tutelante consideró vulnerados sus derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, al estimar que la
sentencia proferida el 30 de enero de 2026 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, estructuró la imputación de
responsabilidad con fundamento en una valoración probatoria que, desde la
perspectiva de la parte actora, desconoció el régimen contractual y de
distribución de riesgos previsto en el Contrato de Concesión núm. 444 de 1994 y
su Adicional núm. 1 de 2010.

10. Alegó la configuración de un defecto sustantivo, al considerar que la
autoridad judicial accionada fundamentó la imputación de responsabilidad en la
previsibilidad del riesgo geotécnico y en el deber general de mantenimiento del
corredor vial, sin establecer adecuadamente el alcance obligacional de
Coviandes S.A.S. ni la distribución contractual de competencias respecto de las
obras de estabilización y mitigación del sector.

11. En ese contexto, invocó como desconocido un precedente de esta
corporación7 y citó adicionalmente otras providencias relacionadas con la
responsabilidad estatal por deslizamientos y mantenimiento vial; no obstante, la
parte accionante no identificó con precisión la regla jurisprudencial
presuntamente desconocida ni explicó de manera concreta la identidad fáctica y
jurídica entre los asuntos comparados.

12. Igualmente, cuestionó que el Tribunal hubiera otorgado valor determinante
a conceptos técnicos y documentos que, en el sentir de Coviandes S.A.S.,
carecían de aptitud para modificar la matriz contractual de riesgos o ampliar las

6
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Subsección B, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia del 2 de diciembre de 2024 proferida por el Juzgado 60 Administrativo de Bogotá, abordó
la responsabilidad estatal derivada del deslizamiento ocurrido el 22 de junio de 2018 en el kilómetro 46+650 de la vía
Bogotá–Villavicencio, en el que fallecieron Niny Johana Osorio Silva y el menor J.D.M G, junto con otros ocupantes del
vehículo sepultado por el derrumbe. La Sala concluyó que el evento dañoso no podía analizarse exclusivamente
como un hecho irresistible de la naturaleza, pues las pruebas técnicas acreditaban la existencia previa de
condiciones de inestabilidad en el sector, así como riesgos previsibles asociados al comportamiento del talud.
Señaló que el punto había sido identificado como crítico y que las medidas implementadas resultaban insuficientes frente
a las singularidades geotécnicas del terreno. El ad quem otorgó especial relevancia al Memorando Técnico GEOT-IBV-
108 del 27 de junio de 2018 y a los demás elementos probatorios obrantes en el expediente, de los cuales infirió que los
sistemas de contención instalados, esto es, la malla eslabonada, los pernos pasivos y las guayas de retención, eran
inocuos frente a movimientos masivos de tierra y que no existían mecanismos adecuados de subdrenaje para controlar
la acción del agua intersticial, configurándose una falla del servicio por omisión en la mitigación del riesgo. Con
fundamento en lo anterior, la corporación accionada revocó la sentencia de primera instancia y declaró
administrativamente responsable a la Concesionaria Vial de los Andes S.A.S. – COVIANDES S.A.S. por los daños
ocasionados. En consecuencia, condenó a la sociedad tutelante al pago de perjuicios morales a favor de los
demandantes, negó las demás pretensiones y la condenó en costas de segunda instancia, al considerar acreditado el
nexo causal entre la omisión en la gestión del riesgo y el daño antijurídico producido.
7
Contenido en la sentencia del 17 de febrero de 2023 con radicado núm. 25000-23-26-000-2011-00591-01, MP José
Roberto Sáchica Méndez.

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obligaciones originalmente asumidas por la concesionaria dentro del esquema
negocial aplicable al caso.

13. Finalmente, alegó la configuración de un defecto fáctico por una supuesta
valoración parcial y desarticulada del material probatorio obrante en el proceso,
al considerar que la autoridad judicial accionada no integró adecuadamente los
dictámenes técnicos, documentos contractuales y demás medios de convicción
relacionados con el origen geológico del fenómeno, las medidas de mitigación
implementadas y la distribución funcional de competencias entre la ANI y la
concesionaria frente al manejo del riesgo geotécnico del corredor vial.

2.3. Pretensiones

14. Con fundamento en lo anterior, el actor solicitó:

«PRIMERA (PRINCIPAL): AMPARAR los derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la
CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A.S., vulnerados con ocasión
de la sentencia proferida el 30 de enero de 2026 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera, Subsección B, dentro
del medio de control de reparación directa referido en los hechos de la
presente acción.

SEGUNDA: Como consecuencia del amparo solicitado, DEJAR SIN
VALOR Y EFECTOS JURÍDICOS la sentencia proferida el 30 de enero de
2026 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera,
Subsección B, dentro del medio de control de reparación directa referido en
los hechos de la presente acción.

TERCERA: ORDENAR que se profiera una nueva providencia de
reemplazo, en la cual se adopte una decisión con observancia de los
parámetros constitucionales aplicables, particularmente en lo relacionado
con la estructuración de la imputación jurídica de la responsabilidad.

CUARTA: ORDENAR que, para efectos de la nueva decisión, la autoridad
judicial realice un análisis integral y expreso de los siguientes aspectos:

• La valoración conjunta y no fragmentada de los elementos probatorios
relevantes para determinar el origen del riesgo y el contexto técnico de las
intervenciones ejecutadas.

• El régimen contractual aplicable al Contrato de Concesión No. 444 de
1994 y su Adicional No. 1 de 2010, en particular en lo relativo a la
delimitación de las obligaciones del concesionario.

• La matriz de asignación de riesgos pactada entre las partes, incluyendo la
distinción entre riesgos de operación y mantenimiento y aquellos derivados
de eventos extraordinarios.

• Los criterios de imputabilidad necesarios para atribuir responsabilidad en
el marco de contratos de concesión.

• El precedente jurisprudencial relevante aplicable a la imputación de daños
derivados de fenómenos naturales en el mismo corredor vial y respecto de
la misma concesionaria, en particular la sentencia del Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, de 17 de febrero de 2023, Radicación
25000 23-26-000-2011-00591-01 (53.304), en cuanto al análisis de la
imputabilidad, el alcance obligacional del concesionario y la incidencia de
eventos naturales en el kilómetro 46+600 de la vía Bogotá – Villavicencio.

QUINTA: ORDENAR que la nueva providencia se profiera evitando incurrir
en los defectos identificados en la presente acción, garantizando el respeto

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por los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia.» (Sic)

2.4. Intervenciones

15. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 17 de
abril de 20268, a través del cual se ordenó notificar a la Subsección B de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca como accionado y
a los terceros interesados en el resultado del proceso9. Asimismo, se reconoció
personería al abogado de la parte actora y se notificó a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado para lo de su competencia.

2.4.1. El Instituto Nacional de Vías - INVIAS10 indicó que su vinculación al
trámite de tutela obedeció exclusivamente a su condición de tercero con interés,
dado que la acción se dirigió contra una providencia judicial y no contra
actuaciones atribuibles a esa entidad. Adicionalmente, adujo acerca del carácter
excepcional de la tutela contra providencias judiciales, indicando que esta no
puede convertirse en una instancia adicional ni en un mecanismo para reabrir
debates probatorios o jurídicos ya definidos por el juez natural.

16. Asimismo, sostuvo que la providencia cuestionada realizó una valoración
integral y razonada del material probatorio, sin que se configuraran los defectos
alegados por la parte actora. Finalmente, precisó que no existe imputación
jurídica ni funcional al INVIAS, por cuanto el tramo vial estaba concesionado y
fuera de su ámbito de competencia, ni se evidenció una afectación directa de
derechos fundamentales atribuible a dicha entidad.

2.4.2. La Agencia Nacional de Infraestructura - ANI11 señaló que la acción de
tutela era improcedente, por cuanto se dirigía contra una providencia judicial de
segunda instancia y pretendía reabrir un debate ya decidido por el juez natural,
desconociendo el carácter excepcional, subsidiario y residual de este
mecanismo.

17. Adicionalmente, la agencia expuso que no estaba legitimada en la causa
por pasiva, pues indicó que carece de competencia para intervenir en decisiones
judiciales ya que su función se limita a la administración de contratos de
concesión. En consecuencia, solicitó expresamente su desvinculación del
trámite, al aducir que no es sujeto activo de la presunta vulneración de derechos
fundamentales invocada por la parte accionante.

2.4.3. El Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá12
remitió el vínculo de acceso al expediente, pero no realizó ningún

8
Índice 4 del aplicativo SAMAI
9
El Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito de Bogotá, la Agencia Nacional de Infraestructura, el Instituto Nacional
de Vías, la sociedad La Previsora S.A Compañía de Seguros, la sociedad Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A,
la Sociedad AXA Colpatria Seguros S,A, a los señores Jhon Fredy Montes Martínez, Eneldo Osorio Carrillo, Concepción
Silva Pinzón, Ferney Osorio Silva, Adriana María Pinzón, Luz Mery Silva Pinzón, Eulalia Osorio Carrillo, Luis Felipe Silva
Pinzón, José Capolicán Pinzón, Epimaco Osorio Carrillo, Marco Antonio Osorio Carrillo, Yenny Carolina Guarín
Rodríguez, Luis Eduardo Montes Martínez, B.C.V.G, D.A.M.G, Manuel Antonio Montes Pulgarín, Rafael Ernesto Guarín
Mora, Ligia Elena Rodríguez Rodríguez, John Fredy Montes Martínez, Rafael Ernesto Guarín Rodríguez y a todos los
demás vinculados al proceso de reparación directa.
10
Índice 14 del aplicativo SAMAI.
11
Índice 16 del aplicativo SAMAI.
12
Índice 15 del aplicativo SAMAI.

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pronunciamiento adicional.

2.4.4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B guardó silencio.

2.4.5. No se presentaron más informes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

18. La Sala de Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado
es competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 201913 y demás normas
concordantes.

3.2. Cuestión previa

3.2.1. De la solicitud de desvinculación

19. La Agencia Nacional de Infraestructura - ANI solicitó ser desvinculada de
la acción aduciendo que no se encuentra legitimada en la causa por pasiva. No
obstante, dicha solicitud no se aceptará, en consideración a que fue vinculada a
la presente acción en calidad de tercero interesado, toda vez que fue una de las
entidades demandadas en el proceso de reparación directa y se hace necesario
garantizar su derecho de defensa.

3.2.2. De la delimitación del estudio de los defectos alegados

20. La Sala advierte que los cargos formulados por la sociedad accionante
respecto de la presunta configuración de los defectos sustantivo y fáctico
convergen, en realidad, en un mismo eje problemático, consistente en la
imputación de responsabilidad efectuada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca a partir de la valoración del material probatorio relacionado con la
previsibilidad del riesgo geotécnico, las medidas de mitigación implementadas en
el sector del PR 46+650 de la vía Bogotá–Villavicencio y el alcance de las
obligaciones asumidas por Coviandes S.A.S. dentro del Contrato de Concesión
núm. 444 de 1994 y su Adicional núm. 1 de 2010.

21. En ese entendido, aunque la sociedad accionante planteó formalmente la
existencia de un defecto sustantivo por una supuesta indebida aplicación del
régimen contractual y de imputación aplicable a las concesiones viales, así como
por un presunto desconocimiento del precedente judicial, lo cierto es que la
sustentación de dichos reproches se edificó esencialmente sobre el
cuestionamiento de las conclusiones probatorias alcanzadas por la autoridad
judicial accionada en torno a la previsibilidad del riesgo, la suficiencia de las
medidas adoptadas y la distribución funcional de competencias entre la ANI y

13
Reglamento interno del Consejo de Estado.

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Coviandes S.A.S.

22. Desde esa perspectiva, la controversia propuesta no se dirigió realmente
a demostrar la existencia de una interpretación ostensiblemente arbitraria,
irrazonable o caprichosa del régimen contractual aplicable, sino a controvertir el
juicio valorativo adelantado por el juez natural respecto de los dictámenes
técnicos, conceptos especializados, documentos contractuales y demás
elementos de convicción obrantes en el proceso de reparación directa, así como
las inferencias jurídicas construidas a partir de ellos.

23. Por otra parte, si bien la parte accionante invocó el desconocimiento del
precedente contenido en la sentencia proferida por esta corporación el 17 de
febrero de 2023, con radicado 25000-23-26-000-2011-00591-01 con ponencia
del magistrado José Roberto Sáchica Méndez, y citó adicionalmente otras
providencias relacionadas con la responsabilidad estatal derivada de
deslizamientos y mantenimiento vial, la Sala advierte que dicho reproche no fue
desarrollado suficientemente, pues no identificó con precisión la regla
jurisprudencial presuntamente desconocida ni explicó de manera concreta
la identidad fáctica y jurídica entre los asuntos comparados.

24. Así las cosas, esta Subsección considera que los cargos formulados no
exigen un estudio autónomo y separado de cada uno de los defectos invocados,
pues el núcleo de la controversia constitucional gravita esencialmente sobre el
ejercicio de valoración probatoria adelantado por el Tribunal accionado y sobre
la manera en que, a partir de dicha apreciación, estructuró la imputación de
responsabilidad atribuida a la concesionaria demandante. En consecuencia, el
análisis de los reproches formulados se abordará de manera conjunta, bajo la
óptica del defecto fáctico alegado.

3.3. Problema jurídico

25. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe en
establecer si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B, al proferir la sentencia del 30 de enero de 202614, presuntamente
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de la sociedad accionante, al incurrir en un defecto
fáctico.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

26. La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, así como por
los Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000, compilados en el Decreto 1069 de
2015, protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados o
amenazados, actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros
medios judiciales, salvo cuando se requiera utilizar como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.

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Notificada en la misma fecha

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27. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente,
es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.

28. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de estos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso.

29. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica,
la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad
de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

30. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela
y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como
son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.

3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, que habilitan su interposición.

3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la
vulneración de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente
individualizados.

3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

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3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues, no habían transcurrido
más de 6 meses desde que se profirió la decisión cuestionada en sede de tutela
y esta fue notificada, lo cual ocurrió el 30 de enero de 2026 y la presentación de
la acción de tutela realizada el 16 de abril de esta anualidad.

3.4.1.4. El asunto sometido a consideración reviste relevancia constitucional, en
la medida en que se orienta a establecer una posible vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la
parte actora, derivados de un presunto defecto fáctico en la providencia de
reproche, el cual se encuentra fundamentado razonablemente.

31. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

3.5. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

32. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional15 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa16, que ocurre cuando el juez niega o valora la
prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa y sin razón valedera
da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge
clara y objetivamente.

b. Una dimensión positiva17, que se presenta generalmente cuando el
juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la
providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.

33. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del
juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser,
de carácter extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al
juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le
corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta
más convincente después de un análisis individual y conjunto de los elementos
probatorios»18.

34. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se
encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por
el juez que ordinariamente conoce de un asunto.

15
Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567 de
1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
16
Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
17
Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
18
Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.

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3.5.1. Análisis de la presunta configuración del defecto fáctico en el asunto
bajo examen

35. La Sala considera que no se configuró el defecto fáctico alegado toda vez
que la providencia cuestionada realizó una valoración probatoria integral,
razonada y acorde con las reglas de la sana crítica, sin que se advierta omisión
ostensible, arbitraria o caprichosa en el examen del material allegado al proceso.

36. Así las cosas, esta Subsección advierte que, contrario a lo planteado por
la parte actora, el análisis realizado por el ad quem se encuentra edificado sobre
una reconstrucción probatoria suficiente y coherente, orientada a verificar,
conforme al artículo 90 constitucional, la existencia del daño antijurídico y su
imputación por omisión a quien tenía el deber funcional de evitarlo.

37. En ese entendido, en desarrollo del artículo precitado, el Tribunal centró
su análisis en establecer si el daño derivó de una conducta omisiva jurídicamente
relevante, para lo cual examinó el conocimiento previo del riesgo geotécnico
existente en el PR 46+650 de la vía Bogotá–Villavicencio19.

38. En consecuencia, ese juicio de imputación no se construyó sobre una
prueba aislada, sino sobre la valoración conjunta y sistemática de dictámenes
periciales, memorandos técnicos, conceptos de interventoría y documentación
institucional, todos incorporados válidamente al proceso y controvertidos o
defendidos por las partes en la etapa correspondiente, sin que se advierta en
manera alguna una trasgresión ius fundamental al respecto.

39. No obstante, visto en conjunto el acervo probatorio, la autoridad judicial
accionada, en ejercicio de su autonomía, dio una especial relevancia al
memorando técnico No. GEOT-IBV-108 de 27 de junio de 201820 y a un informe
de un geólogo experto, como un insumo especializado relevante para el juicio de
imputación, al evidenciar la ineficacia técnica de las medidas adoptadas frente a
un riesgo conocido.

40. A partir de esta valoración probatoria, el Tribunal descartó la tesis del
hecho imprevisible de la naturaleza y concluyó que el daño se inscribía en un
riesgo previamente identificado21 y de quién era el responsable de

19
Providencia del Tribunal del 30 de enero de 2026. - “Vistas las pruebas, se tiene que el riesgo de derrumbe y/o falla
del talud en el Km 46+650, era previsible ya que las demandadas tenían conocimiento previo de la inestabilidad
del terreno, y la existencia del riesgo, por lo menos a partir de los movimientos sísmicos presentados en el 2008, lo
que conllevó a que intervinieran el sector con el fin de mitigar los riesgos de conformidad con las condiciones geotécnicas
que presentaba el terreno para la fecha de sus estudios”. Negrillas y subrayas de esta Sala.
20
Ibidem - “Aunado a lo anterior, como se indicó en el memorando técnico No. GEOT IBV-108 del 27 de junio de
2018, el tratamiento estructural con malla eslabonada, fijada con pernos pasivos y guayas de sujeción, resultó
inocuo para prevenir el deslizamiento de terreno, y refirió la necesidad de monitorear el talud con mayor énfasis,
haciendo necesario realizar un tratamiento posterior distinto al mencionado por su efecto inocuo ante un
movimiento masivo de tierra. (…) Así pues, considera la Sala que el deslizamiento de la magnitud del 22 de junio
de 2018 resultaba predecible, dado que existía conocimiento previo de la inestabilidad y criticidad de la zona, sobre todo
en época de lluvias como la presentada en los meses previos al incidente, y pese a ello se omitió la obligación de
garantizar el sostenimiento idóneo de la red vial y de esta forma interrumpir la causalidad entre el daño y la omisión en la
intervención y mantenimiento de la vía.”. Negrillas y subrayas de esta Sala.
21
Providencia del Tribunal del 30 de enero de 2026. - “5. Mediante oficio20 No. AMQ-233 – 19 del 11 de abril de 2019.
La Alcaldía Municipal de Quetame -Cundinamarca dio respuesta a petición radicada por los demandantes, en el
sentido de indicar principalmente que el Km 46+650 sector túnel falso, era identificado como punto crítico en la
vía Bogotá – Villavicencio. En cuanto al número de personas fallecidas por deslizamientos, únicamente hizo
referencia a las 4 personas que fallecieron en los hechos del 22 de junio de 2018 que son materia de litigio.”.
Negrillas y subrayas de esta Sala.

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asumirlo22, lo que resulta determinante desde la óptica del artículo 90 para
estructurar la responsabilidad por omisión.

41. Ahora bien, la providencia explicó que la imputación no recaía en la
inexistencia absoluta de actuaciones, sino en su insuficiencia técnica, conclusión
que surgió del contraste entre los estudios previos23 y las condiciones reales del
talud al momento del evento.

42. En ese escenario fáctico y probatorio, el ad quem encontró acreditada la
falla del servicio por omisión, en cuanto la sociedad accionante no logró
demostrar la adopción de medidas de mantenimiento24, monitoreo o intervención
eficaces frente a un riesgo conocido, lo cual activa el mandato del artículo 90
Constitucional.

43. En ese orden de ideas, de manera congruente con la teoría constitucional
de la imputación por omisión, el Tribunal explicó que la conducta reprochable
consistió en no interrumpir la producción del daño25, pese a contar con el deber
jurídico y la posibilidad de hacerlo.

44. Por otro lado, frente a las precipitaciones extraordinarias26, la autoridad
judicial accionada no desconoció su incidencia fáctica, pero determinó que estas
no excluían la responsabilidad de la sociedad tutelante, sino que reforzaban su
deber de intervención ante un riesgo previamente identificado toda vez que
estas constituyeron una alerta que no había lugar a desatender. 22
Al respecto, la autoridad judicial accionada expuso en el análisis de la providencia la cláusula relativa a la asunción de
los riesgos, la cual resulta determinante para establecer la responsabilidad y a quien correspondía asumirla: CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: RIESGOS., LAS PARTES aceptan, y reconocen que él tema de la identificación,
asignación y estimación de los riesgos se manejará de conformidad con lo establecido en la matriz anexa al presente
Adicional (Anexo No. 13), la cual fue, elaborada por el INCO y EL CONCESIONARIO y revisada y avalada por el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, (…) (…) RIESGO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: Es aquel riesgo que se genera
por (i) la inobservancia de los parámetros de desempeño especificados; (li) resultar los costos de operación y
mantenimiento mayores a los inicialmente proyectados; (iii) alteraciones en la disponibilidad y costos de los insumos; .y
(iv) la interrupción de la operación por acto u omisión del operador, entre otros eventos. Los mayores costos que se
generen en la operación y mantenimiento de la vía a superficie, así como los que se produzcan en el curso de la
operación regular de los túneles, serán asumidos por EL CONCESIONARIO. Los mayores costos de operación,
reparación y/o reconstrucción de obra civil y equipos que resulte necesario adelantar, como consecuencia de la
ocurrencia de eventos extraordinarios y/o accidentes que se produzcan en la carretera, sólo serán asumidos por
EL CONCESIONARIO, si la causa del evento le resulta imputable. Las Partes reconocen y aceptan, que por las
condiciones geológicas del sector El Tablón - Caño Seco, relacionados con el tramo cinco de la concesión, no
resulta viable la obtención de la póliza de vehículos peajados, por lo anterior, EL CONCESIONARIO asume el
riesgo con cargo a los costos de operación.” Negrillas y subrayas de esta Sala. 23
Providencia del Tribunal del 30 de enero de 2026. - “En igual sentido, el dictamen pericial rendido por el geólogo Néstor
Geovanni Agamez Verjan, manifiesta que existen contrastes entre el modelo geológico rendido en los estudios
previos que dieron como resultado la construcción de los túneles falsos y lo reportado en el memorando del 27
de junio de 2018, por lo que consideró que la medida de los túneles no cumplió su propósito.”. Negrillas y subrayas
de esta Sala. 24
Ibidem - “No obstante, pese al conocimiento previo de la inestabilidad de la zona y la posibilidad de presentarse
afectaciones significativas en la vía, no se dio cuenta en el expediente que más allá de la intervención realizada en
el año 2010, con la construcción de los denominados “túneles falsos” se hubiera realizado mantenimiento
periódico y/o algún tipo de intervención que pudiera prevenir el movimiento de masa que se presentó el 22 de
junio de 2018. Más aun teniendo en cuenta, que para el año 2018 hubo un aumento significativo de las
precipitaciones, en relación con los años previos, según lo indicado el dictamen presentado por Geotecnia &
Cimentaciones, de conformidad con los registro del IDEAM, situación que considera la Sala significó una alerta clara para
que la entidad encargada realizara una intervención en la zona, teniendo conocimiento de su inestabilidad especialmente
en época de lluvia como la presentada en el mes de mayo de 2018, es decir un mes antes del accidente.” Negrillas y
subrayas de esta Sala.

25
Ibidem - “Así pues, considera la Sala que el deslizamiento de la magnitud del 22 de junio de 2018 resultaba predecible,
dado que existía conocimiento previo de la inestabilidad y criticidad de la zona, sobre todo en época de lluvias como la
presentada en los meses previos al incidente, y pese a ello se omitió la obligación de garantizar el sostenimiento
idóneo de la red vial y de esta forma interrumpir la causalidad entre el daño y la omisión en la intervención y
mantenimiento de la vía.” Negrillas y subrayas de esta Sala. 26
Ibidem - “Más aun teniendo en cuenta, que para el año 2018 hubo un aumento significativo de las precipitaciones, en
relación con los años previos, según lo indicado el dictamen presentado por Geotecnia & Cimentaciones, de conformidad
con los registro del IDEAM, situación que considera la Sala significó una alerta clara para que la entidad encargada
realizara una intervención en la zona, teniendo conocimiento de su inestabilidad especialmente en época de lluvia
como la presentada en el mes de mayo de 2018, es decir un mes antes del accidente.

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45. Aunado a lo anterior, el análisis probatorio se articuló con el examen del
deber funcional derivado del contrato de concesión27, precisando que la
concesionaria tenía la obligación constitucional y legal de mitigar riesgos
previsibles para los usuarios de la vía.

46. Visto lo anterior, lo planteado por el accionante no supera el umbral estricto
del defecto fáctico, pues la sentencia reprochada valoró el acervo probatorio de
manera expresa y motivada.

47. En ese contexto, se recuerda que el defecto fáctico se configura
únicamente en los eventos en los que se advierta que la valoración de la prueba
fue arbitraria o irracional, y en el caso concreto la argumentación de la
providencia es razonable.

48. Por tal razón, no es posible considerar que se presentó un defecto
fáctico, sino que la parte accionante se encuentra inconforme con la
interpretación efectuada por la autoridad judicial accionada, situación que, dada
la finalidad prevista para la tutela, sale de la órbita de competencia del juez
constitucional.

49. Al respecto, la Corte Constitucional ha recordado que la autonomía con
que cuenta el juez para valorar la prueba dentro de cierto grado de
discrecionalidad, cuando sus conclusiones están fundadas en una crítica objetiva
fundada en la lógica y en los principios de racionalidad jurídica que deben guiar
los pronunciamientos de la justicia, descarta la posibilidad de calificar su decisión
como violatoria de derechos fundamentales o constitutiva de algún defecto
puesto que se trata, simplemente, de la actividad ejercida de manera razonable
al amparo de los principios constitucionales de autonomía e independencia
judicial28.

50. Finalmente, es necesario recordar que el análisis que le corresponde
realizar al juez constitucional al estudiar la procedencia de tutela contra
providencia judicial no es de corrección sino de validez29, motivo por el cual solo
habrá lugar a amparar los derechos fundamentales en los eventos en los que se
advierta que el razonamiento es arbitrario o caprichoso.

51. En suma, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte
accionante con la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada para
revocar la decisión de primera instancia y en consecuencia negar las
pretensiones de la demanda, circunstancia que para la Sala no conlleva la
transgresión de derechos fundamentales.

27
Ibidem - “Así las cosas, si bien la Agencia Nacional de Infraestructura es la encargada de las concesiones publico
privadas, en cuanto al diseño, construcción y mantenimiento de vías nacionales28, lo cierto es que Coviandes S.A.S,
en calidad de concesionaria del tramo vial donde se presentó el incidente, de conformidad con el contrato de
concesión No. 444 del 2 de agosto de 1994 y sus adicciones y modificaciones, tenía el deber funcional de
mantenimiento y realizar las obras de mitigación de riesgos presentados en la vía.” Negrillas y subrayas de esta
Sala.
28
Sentencia T-106 de 2000.
29
Corte Constitucional, sentencia SU 128 de 6 de mayo de 2021, magistrado ponente: Cristina Pardo Schlesinger.

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52. Por lo tanto, al no hallarse estructurada la causal específica de
procedencia estudiada, la Sala procederá a negar las pretensiones del amparo
solicitado mediante la acción de tutela presentada por Coviandes S.A.S. en
contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Negar la solicitud de desvinculación de la acción presentada por la
Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, por las razones expuestas en el
numeral 3.2.1. de la presente providencia.

Segundo: Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por la
Concesionaria Vial de los Andes S.A.S - Coviandes S.A.S. por conducto de
apoderado, de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte motiva de la
presente providencia.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Cuarto: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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