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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02966-01

Fecha
3 de agosto de 2026
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02966-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 4 de junio de 2026, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-02966-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

3 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., tres (03) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02966-01
Accionante: Salud Total EPS-S S.A.S.
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Asunto: Acción de tutela – Segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada en contra del fallo de tutela proferido el 4 de
junio de 20261 por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo constitucional

El 16 de abril de 2026, Salud Total EPS-S S.A.S., por conducto de apoderada judicial2,
interpuso acción de tutela en procura de la protección de sus derechos fundamentales a
la salud, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la
seguridad jurídica y a la prevalencia del interés general, que estima vulnerados por las
decisiones adoptadas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado No. 11001333400420220054200/01. Específicamente, cuestionó los autos de
24 de abril, 12 de junio y 8 de octubre de 2025, mediante los cuales se rechazó la
demanda, se negó el recurso de reposición formulado contra esa decisión y se confirmó
el rechazo de la demanda, proferidos, respectivamente, por el Juzgado Cuarto
Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C.

1 Obra en el certificado 992F268CDAE7B2C7 104FC96FE9EDEA90 52EF7BD2FD47FEA2 2995C2A557617931,
índice 23.
2 Obra en el certificado 7F6539915715266C 3764A288925DA2F6 0E973E5361F820AF 665CD50FC42659D9, índice

2.

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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2026-02966-01
Accionante: Salud Total EPS-S S.A.S
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y Otro

1.2. Hechos

1.2.1. El 27 de septiembre de 2022 3 , Salud Total EPS-S S.A. presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra las
comunicaciones UTF2014-OPE-14520 de 6 de octubre de 2016, UTF2014-OPE-28089
de 19 de enero de 2018 y UTF2014-OPE-28207 de 24 de enero de 2018, expedidas por
el FOSYGA, con el propósito de obtener la nulidad parcial de dichos actos y el
consecuente reconocimiento y pago de las sumas asumidas por concepto de recobros
de tecnologías en salud no incluidas en el Plan Obligatorio de Salud (NO POS).

1.2.2. La demanda fue repartida inicialmente al Juzgado Cuarenta y Uno Administrativo
de Bogotá, que mediante auto de 28 de octubre de 20224 declaró su falta de competencia
al considerar que el asunto no versaba sobre aportes parafiscales, tributos,
contribuciones, tasas ni sobre un proceso de cobro coactivo. En consecuencia, ordenó
remitir el expediente a los Juzgados Administrativos de Bogotá, Sección Primera.

1.2.3. Efectuado un nuevo reparto, el conocimiento del proceso correspondió al Juzgado
Cuarto Administrativo de Bogotá, el cual, mediante auto de 23 de febrero de 2023, requirió
a la ADRES para que aportara las constancias de notificación de los actos administrativos
demandados. Dicha orden fue reiterada mediante proveído de 27 de julio de 2023, siendo
atendida posteriormente por esa entidad.

1.2.4. Mediante auto de 1 de agosto de 20245, el Juzgado inadmitió la demanda y requirió
a la parte demandante para que aportara las pruebas que pretendía hacer valer,
requerimiento que fue atendido oportunamente.

1.2.5. No obstante, mediante auto de 24 de abril de 2025 6 , el Juzgado Cuarto
Administrativo de Bogotá rechazó la demanda al concluir que la acción había sido
presentada por fuera del término de prescripción. Para ello, consideró aplicables las

3 Obra en el archivo 01 pdf 005 del certificado B21667D0DFC0B53A 1952F5E848384BA3 7ACCF39E629764F2
D3A4EE300AB43720, índice 21.
4 Obra en el archivo 01 pdf 008 del certificado B21667D0DFC0B53A 1952F5E848384BA3 7ACCF39E629764F2

D3A4EE300AB43720, índice 21 Ibid.
5 Obra en el archivo 01 pdf 019 del certificado B21667D0DFC0B53A 1952F5E848384BA3 7ACCF39E629764F2

D3A4EE300AB43720, índice 21 Ibid.
6 Obra en el archivo 01 pdf 030 del certificado B21667D0DFC0B53A 1952F5E848384BA3 7ACCF39E629764F2

D3A4EE300AB43720, índice 21 Ibid.

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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2026-02966-01
Accionante: Salud Total EPS-S S.A.S
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y Otro

reglas de transición fijadas por el Auto 1942 de 2023, particularmente la relativa al término
prescriptivo de tres (3) años previsto en el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo.

1.2.6. Mediante auto de 12 de junio de 20257, el Juzgado Cuarto Administrativo de Bogotá
resolvió el recurso de reposición, confirmando el rechazo de la demanda.

1.2.7. Posteriormente, mediante auto de 8 de octubre de 20258, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión adoptada en
primera instancia.

1.3. Fundamentos de la acción de tutela

1.3.1. La accionante sostuvo que las providencias cuestionadas vulneraron sus
prerrogativas constitucionales, al rechazar la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho promovida contra la ADRES por considerar prescrita la acción. A su juicio, las
autoridades judiciales interpretaron de manera errónea las reglas de transición fijadas por
la Corte Constitucional para los procesos de recobro de tecnologías en salud no
financiadas con cargo a la UPC, lo que condujo a concluir, equivocadamente, que la
demanda había sido presentada de forma extemporánea.

1.3.2. En ese sentido, alegó la configuración de un defecto sustantivo y el
desconocimiento del precedente constitucional, por cuanto estimó que el Juzgado Cuarto
Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aplicaron
indebidamente el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo y las reglas sobre
prescripción de las acciones de recobro, al contabilizar el término desde la última
comunicación de glosa y apartarse de los lineamientos fijados por la Corte Constitucional
en los Autos 389 de 2021 y 1942 de 2023.

1.3.3. Finalmente, afirmó que esa interpretación desconoció la prevalencia del derecho
sustancial sobre las formas, impidió el estudio de fondo de la controversia y vulneró sus
derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la

7 Obraen el archivo 01 pdf 035 del certificado B21667D0DFC0B53A 1952F5E848384BA3 7ACCF39E629764F2
D3A4EE300AB43720, índice 21 Ibid.
8 Obra en el archivo 05 del certificado B21667D0DFC0B53A 1952F5E848384BA3 7ACCF39E629764F2

D3A4EE300AB43720, índice 21 Ibid.

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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2026-02966-01
Accionante: Salud Total EPS-S S.A.S
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y Otro

seguridad jurídica, pues, en su criterio, las reglas de transición fueron adoptadas
precisamente para garantizar el acceso efectivo a la jurisdicción en los procesos de
recobro promovidos por las EPS.

1.4. Pretensiones de la acción de tutela

La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:

“PRIMERA: Que se amparen los derechos fundamentales indicados y que fueron
conculcados por EL JUZGADO 04 ADMINISTRATIVO TRANSITORIO DE BOGOTÁ
y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO - SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN C –
BOGOTÁ dentro del proceso 11001333400420220054200/01 como consecuencia de
haber proferido las siguientes decisiones auto del 20 de junio de 2025 por medio del
cual se rechazan la demanda, auto del 24 de abril de 2025, auto del 12 de junio 2025
y auto del 08 de octubre de 2025 que vulneraron los derechos al debido proceso,
Derecho a la salud, acceso a la administración de justicia de Salud Total EPS S -
S.A.

SEGUNDA: que como consecuencia del amparo solicitado se deje sin efectos las
providencias judiciales cuestionadas proferidas por EL JUZGADO 04
ADMINISTRATIVO TRANSITORIO DE BOGOTÁ y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO -
SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN C- ORAL – BOGOTÁ notificada el mes de
octubre del mismo año, bajo radicado 11001333400420220054200/01 y se ordene la
emisión de una nueva decisión que respete las garantías fundamentales invocadas
en la presente acción de tutela.

TERCERA: Que se adopten medidas necesarias para evitar que en el futuro para
evitar que en el futuro se repitan las vulneraciones a los derechos mencionados en
la presente acción de tutela”9.

2. Trámite de la acción de tutela en primera instancia

2.1. Mediante auto de 23 de abril de 202610, la Sección Quinta del Consejo de Estado
inadmitió la presente acción de tutela para que la accionante aportara el poder especial
debidamente conferido y corrigiera el escrito de tutela, precisando las providencias
judiciales cuestionadas y las autoridades contra las cuales dirigía el amparo.

9 Folio 28 del certificado 153FC5BBE3DB416B CAB39C6EE4AC7B2D 629ECE6AAE11C6B2 364B664E02A73C27,

índice 2.
10 Obra en el certificado EB0AD15B110B4D43 912081F96950687E 315ABD77560016CD 63D15E94F05D4DFB,

índice 5.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-02966-01
Accionante: Salud Total EPS-S S.A.S
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y Otro

2.2. Subsanados los defectos advertidos, mediante auto de 8 de mayo de 2026 11, la
Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar, en
calidad de demandadas, a la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá12.

2.3. El Juzgado Cuarto Administrativo de Bogotá 13 solicitó denegar el amparo, al
considerar que no incurrió en acción u omisión vulneradora de los derechos
fundamentales invocados. Señaló que el rechazo de la demanda obedeció a la
configuración de la caducidad del medio de control, de conformidad con las reglas de
transición fijadas por la Corte Constitucional en Auto 1942 de 2023, decisión que fue
confirmada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en segunda instancia.

2.4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera, Subsección C 14,
señaló que en la providencia cuestionada se aplicaron las reglas de transición previstas
por la Corte Constitucional en el Auto 1942 de 2023 para los asuntos de recobro, en
particular, aquella según la cual la oportunidad para presentar la demanda debía
determinarse conforme al término de prescripción de tres años previsto en el artículo 488
del Código Sustantivo del Trabajo, contado desde que la obligación se hizo exigible.

Asimismo, indicó que no resultaban aplicables las reglas de interrupción de la
prescripción consagradas en el artículo 489 ibidem y en el artículo 151 del Código
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, por cuanto el hito inicial correspondía a la
comunicación de las glosas y la controversia no se refería a una reclamación formulada
por un trabajador. Añadió que el término para demandar venció los días 7 de octubre de
2019 y 21 y 25 de enero de 2021, sin que incidiera la suspensión de términos judiciales
decretada con ocasión de la pandemia, y concluyó que la acción de tutela se utilizó como
una tercera instancia para controvertir aspectos procesales y jurídicos ya resueltos dentro
del proceso ordinario.

11 Obra en el certificado F5DAAB63922BAAAA 916554F193A54C81 A43C5536D28A5BD3 21B9BD6061AA4B32,
índice 11.
12 Los soportes de notificación obran en el índice 16.
13 Obra en el certificado 043814A09D2C6995 178DE457C4A0B7F0 F048B92CAF852EE6 0E547BA4DB8CCA7C,

índice 20.
14 Obra en el certificado 3177C39446DE579E D655CCEFFAA702B5 65ABC3F4C3FB0B1C 0034D7CEE8AF1105,

índice 21.

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3. Fallo de tutela de primera instancia

La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 4 de junio de 202615,
declaró la improcedencia de la solicitud de amparo.

El a quo constitucional concluyó que no se acreditó el requisito de relevancia
constitucional, toda vez que la controversia planteada se limitó a cuestionar la
interpretación efectuada por el juez natural respecto del término de prescripción aplicable
a la acción, sin evidenciar una vulneración de derechos fundamentales. En consecuencia,
estimó que la solicitud de amparo pretendía reabrir un debate jurídico ya resuelto dentro
del proceso ordinario, utilizando la acción de tutela como una instancia adicional.

4. Razones de la impugnación

4.1. En contra de la providencia referida, la parte accionante presentó impugnación 16, al
considerar que el a quo erró al concluir que la acción carecía de relevancia constitucional,
pues el asunto trasciende un simple debate de legalidad, al involucrar el debido proceso,
el acceso a la administración de justicia y la adecuada protección de los recursos públicos
del Sistema General de Seguridad Social en Salud. En ese sentido, afirmó que las
pretensiones de recobro recaen sobre recursos parafiscales destinados a la financiación
del sistema de salud, de manera que la controversia tiene una evidente dimensión
constitucional.

4.2. Reiteró que las providencias cuestionadas incurrieron en un defecto sustantivo, por
cuanto efectuaron una interpretación restrictiva de las reglas de transición fijadas por la
Corte Constitucional en los Autos 389 de 2021 y 1942 de 2023, desconociendo la finalidad
garantista de dichas decisiones y afectando el derecho de acceso a la administración de
justicia de las EPS frente a los procesos de recobro. A su juicio, el juez de tutela no podía
descartar los argumentos jurídicos expuestos en el proceso ordinario, pues precisamente
de ellos se desprendían los defectos constitucionales alegados.

15 Obra en el certificado 992F268CDAE7B2C7 104FC96FE9EDEA90 52EF7BD2FD47FEA2 2995C2A557617931,
índice 23.
16 El 16 de junio de 2026. Obra en el certificado 7D828BC552BA0716 E83F67D9D276C134 A2FD810EB77A3747

0EBEEC07F83874CE, índice 28.

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4.3. Finalmente, insistió en que el fallo impugnado pasó por alto que, conforme a un
reciente pronunciamiento del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el término de seis
meses previsto en el Auto 1942 de 2023 debe contabilizarse a partir de la certificación
expedida por el Consejo Superior de la Judicatura y no desde la publicación de dicho
auto, interpretación bajo la cual la demanda presentada por Salud Total fue oportuna.

De esta manera, textualmente se solicitó:

“Se REVOQUE la decisión proferida por los MAGISTRADOS DE SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA, dentro de la acción de
tutela 11001-03-15-000-2026 02966-00 al no existir mérito y desconocerse la
relevancia constitucional del asunto en concreto y el precedente de la misma
jurisdicción en la materia, y, en consecuencia, emitir decisión de fondo en el sentido
de tutelar los derechos fundamentales invocados.”17

5. Trámite de la acción de tutela en segunda instancia

Mediante auto del 24 de junio de 202618 el a quo concedió la impugnación.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada en contra del fallo
de tutela proferido el 4 de junio de 2026 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, de
conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 32 del Decreto 2591
de 1991 y 25 del Acuerdo No. 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Problema jurídico

En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos alegados.

17 Folio 17, ibid.
18 Obra en el certificado 43CBE8A39FDF7122 59383E15DB2C7B1F 55E0BEABD1E406BC 994E7071CF2FC863,
índice 31.

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3. La acción de tutela en contra de providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 reconoció que la acción de tutela
en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos requisitos
de procedibilidad19 y de procedencia20 con el fin de determinar si se vulneraron o no los
derechos de orden superior.

4. Verificación de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto

4.1. Sobre el requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional ha señalado
que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones”21.

En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario examinar
dos elementos, a saber 22 : (i) que el actor cumpla su carga argumentativa, justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales,
ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que la acción de tutela
no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la
providencia acusada, puesto que este mecanismo especial constitucional está constituido
para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor
tenga frente a la decisión judicial.

Por su parte, la Corte Constitucional en la SU-215 de 202223, al pronunciarse sobre el
requisito sub judice, advirtió que era necesario verificar:

19 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento

de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
20 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto

fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por
desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
21 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
22 Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.
23 Sentencia del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.

4.2. Así mismo, resaltó que en caso de que una acción de tutela fuere incoada en contra
de una providencia judicial emitida por una Alta Corte, resultaba mandatorio advertir,
además de los anteriores requisitos, “una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales”.

4.3. Para la Sala resulta evidente que el amparo impetrado no satisface el requisito de
relevancia constitucional, en la medida en que los reparos formulados por la accionante
corresponden a la misma controversia jurídica que fue objeto de decisión dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 11001-33-34-004-
2022-00542-00/01, circunstancia que evidencia que la tutela se orienta a cuestionar el
criterio jurídico adoptado por el juez natural, como se expondrá a continuación.

En el caso concreto, la parte actora sostiene que las providencias cuestionadas
incurrieron en defecto sustantivo, al interpretar de manera restrictiva las reglas de
transición previstas por la Corte Constitucional en los Autos 389 de 2021 y 1942 de 2023,
pues, a su juicio, las autoridades judiciales accionadas debieron aplicar integralmente las
disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo sobre el término e interrupción de la
prescripción y considerar la suspensión de términos judiciales derivada de la emergencia
sanitaria por COVID-19, circunstancias que habrían permitido concluir que la demanda
fue presentada oportunamente.

Además, sostiene que la controversia sí reviste relevancia constitucional, por cuanto
trasciende un simple debate de legalidad al involucrar la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, así como la
adecuada destinación y protección de los recursos públicos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, cuya naturaleza parafiscal impone su especial salvaguarda
constitucional.

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4.4. Al respecto, se observa que los planteamientos que ahora se reiteran en sede de
tutela fueron formulados y resueltos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al
decidir el recurso de apelación, en los siguientes términos:

“La Sala concluye que el litigio planteado se encuentra inmerso dentro del universo
de asuntos a los que resultan aplicables las reglas de transición dispuestas por la
Corte Constitucional, específicamente la subregla c) del auto 1942 del 23 de agosto
de 2023 para aplicar las reglas de transición, porque la demanda se radicó ante la
jurisdicción contencioso-administrativa con posterioridad a la expedición del auto 389
de 2021 y fue inadmitida.

Con la apelación la parte actora argumenta que la prescripción no se declara de oficio
y que el término de tres años dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo se
interrumpió con la reclamación presentada el 27 de septiembre de 2019, así como
con la suspensión de términos producto de la pandemia.

Al respecto se precisa que el decreto de la prescripción de oficio se hace en el
marco de las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional en los autos
389/21 y 1942/23 como presupuesto procesal.

De otra parte, en cuanto al cómputo de la prescripción, la Sala realizará el análisis de
oportunidad a partir de la verificación del término de prescripción que debió tener en
cuenta el Juez Laboral y de la Seguridad Social, como ordenó la Corte Constitucional
en las reglas de transición.

En ese marco se advierte que el análisis debe realizarse a partir de las
previsiones del Auto 1942/23 y del Código Sustantivo del Trabajo sin las
modificaciones introducidas por la Ley 2466 de 2025, pues la formulación de la
demanda fue anterior a su expedición.

Así, el artículo 488 del referido estatuto disponía que, "Las acciones correspondientes
a los derechos regulados en este código prescriben en tres (3) años, que se cuentan
desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de
prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el
presente estatuto"

El artículo 489 ibidem previó la posibilidad de interrumpir el referido término de
prescripción así:

"El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el empleador, acerca de un
derecho debidamente determinado, interrumpe la prescripción por una sola vez,
la cual principia a contarse de nuevo a partir del reclamo y por un lapso igual al
señalado para la prescripción correspondiente." (Destacado)

A su turno, el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social
impone que:

"Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se
contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple
reclamo escrito del trabajador, recibido por el empleador, sobre un derecho o

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prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero sólo por
un lapso igual.”24

Con fundamento en las anteriores consideraciones, concluyó que, en el caso concreto,
había operado la prescripción respecto de la totalidad de los actos administrativos
demandados, para lo cual expuso lo siguiente:

• “Las comunicaciones UTF-2014-OPE-14520 de 6 de octubre de 2016, UTF-2014
OPE-28207 de 24 de enero de 2018 y UTF-2014-OPE-28089 de 20 de enero de
2018, actos administrativos demandados, se notificaron el 6 de octubre de 2016, el
20 de enero de 2018 y el 24 de enero de 2018, por lo tanto, el término de tres (3)
años contemplado en el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo vencieron el
7 de octubre de 2019 y el 21 y 25 de enero de 2021.

• Si bien la parte actora presentó una reclamación el 27 de septiembre de 2019 ella
no tiene la virtualidad de interrumpir la prescripción.

• La demanda fue radicada ante el juez administrativo el 27 de septiembre de 2022.

• La suspensión de términos judiciales por la pandemia, desde el 16 de marzo de
2020 hasta el 1º de julio de 2020, no tiene incidencia en este proceso porque el
término para demandar venció desde el 7 de octubre de 2019; y el 21 y 25 de enero
de 2021.”25

4.5. En ese orden, la Sala advierte que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca -
Sección Primera-Subsección C sostuvo que el asunto debía resolverse conforme a las
reglas de transición fijadas por la Corte Constitucional en el Auto 1942 de 2023, por
tratarse de una demanda radicada con posterioridad al Auto 389 de 2021 e inadmitida
por la jurisdicción contencioso-administrativa. En ese contexto, analizó los argumentos
de la apelación relacionados con la improcedencia de declarar de oficio la prescripción,
la interrupción del término por la reclamación presentada el 27 de septiembre de 2019 y
la incidencia de la suspensión de términos judiciales decretada durante la pandemia.

Asimismo, explicó que el análisis de la oportunidad de la demanda debía efectuarse con
fundamento en el término de prescripción de tres (3) años previsto en el artículo 488 del
Código Sustantivo del Trabajo, sin las modificaciones introducidas por la Ley 2466 de
2025, y precisó que las reglas de interrupción previstas en los artículos 489 del Código

24 Folio 8-9 del archivo 05 del certificado B21667D0DFC0B53A 1952F5E848384BA3 7ACCF39E629764F2
D3A4EE300AB43720, índice 21.
25 Folio 9 y 10 Ibíd.

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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2026-02966-01
Accionante: Salud Total EPS-S S.A.S
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y Otro

Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social no
resultaban aplicables al caso.

Con base en ese análisis, el Tribunal accionado concluyó que, respecto de la totalidad
de los actos administrativos demandados, había operado la prescripción, por cuanto el
término de tres (3) años previsto en el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo
había transcurrido sin que la reclamación presentada por la actora tuviera la virtualidad
de interrumpirlo y sin que la suspensión de términos judiciales decretada con ocasión de
la pandemia modificara dicho cómputo, razón por la cual confirmó el rechazo de la
demanda.

En ese contexto, la Sala observa que la controversia sometida a consideración en sede
de tutela ya había sido resuelta por el juez ordinario, quien examinó los argumentos de
la apelación y explicó las razones por las cuales estimó aplicables las reglas de transición
fijadas por la Corte Constitucional, así como el término de prescripción previsto en el
artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo. Por ello, la solicitud de amparo refleja, en
esencia, una discrepancia frente al criterio jurídico adoptado en la providencia censurada.

4.6. Resulta claro que la parte actora pretende utilizar la acción de tutela como si se
tratara de una instancia adicional, pues, como se vio, las críticas contenidas en el escrito
tuitivo buscan reabrir la controversia que tuvo lugar en el trámite ordinario, con el fin de
que prevalezca la interpretación del tutelante sobre la del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

4.7. Ahora bien, aunque en la impugnación la accionante insiste en que el asunto reviste
relevancia constitucional por la presunta vulneración de los derechos al debido proceso
y al acceso a la administración de justicia, así como por la incidencia de la controversia
en los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, tales afirmaciones no
son suficientes para tener por acreditado dicho requisito.

Ello, por cuanto la Corte Constitucional ha precisado que la relevancia constitucional,
“más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con
derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo que una

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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2026-02966-01
Accionante: Salud Total EPS-S S.A.S
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y Otro

simple relación con aquel. Así, por ejemplo, no es suficiente con que la parte actora
alegue la violación del derecho fundamental al debido proceso para entender acreditado
el requisito general de procedencia de relevancia constitucional”26.

En el presente asunto, la parte accionante no cumplió con esa carga argumentativa, pues,
aunque invocó la vulneración de derechos fundamentales, su inconformidad se limitó a
cuestionar la interpretación efectuada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
respecto de las reglas de transición fijadas por la Corte Constitucional, el cómputo del
término de prescripción y la improcedencia de su interrupción. Así, no explicó por qué
tales aspectos comportaban una restricción desproporcionada de los derechos invocados
que justificara la intervención excepcional del juez constitucional, sino que insistió en que
debía prevalecer una interpretación distinta de las normas y precedentes aplicables, lo
que corresponde a un debate propio de la jurisdicción ordinaria.

En este orden de ideas y en atención a la autonomía judicial y al carácter
excepcionalísimo que reviste la tutela, se debe acotar que no basta con manifestar
inconformidades respecto a las decisiones judiciales objeto de censura o alegar la
configuración de los requisitos especiales de procedencia, ya que, de esa forma, la
discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que no trascienden al plano
constitucional.

4.8. Al respecto, se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra de
decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer la
autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica,
en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un “juicio de
corrección” de la decisión cuestionada27, lo que se opone a que se use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatorio o de
interpretación del derecho que se resolvieron previamente por el juez de la causa28.

26 Corte Constitucional. Sentencia SU-573 de 2019.
27 Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
28 Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.

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5. En consecuencia, se observa que ninguno de los cargos formulados en la solicitud de
amparo supera los requisitos generales de procedibilidad ya estudiados, razón por la cual,
se confirmará el fallo impugnado.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 4 de junio de 2026, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados
por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Consejero de Estado

ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado

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