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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02970-00

Fecha
30 de julio de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02970-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-02970-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

30 de julio de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02970-00
Demandante: Ministerio de Relaciones Exteriores

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D.C., 30 de julio de 2026

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02970-00
Demandante: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
TERCERA, SUBSECCIÓN A

Temas: Tutela en contra providencia que accedió a las pretensiones en
medio de control de reparación directa. Falta de relevancia y
subsidiariedad

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el Ministerio de Relaciones Exteriores,
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 17 de abril de 2026, en ejercicio de la acción de tutela y a través de apoderado, el
Ministerio de Relaciones Exteriores pidió la protección de sus derechos fundamentales
al debido proceso y acceso a la administración de justicia.

A juicio del tutelante, la vulneración se presenta con ocasión de las providencias del 14
de octubre de 2021 y 27 de marzo de 2025, dictadas por el Juzgado 59 Administrativo
del Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, que accedieron a las pretensiones de la demanda en el proceso de
reparación directa 11001334305920170001700/03.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERA: Dejar sin valor ni efecto las siguientes sentencias:

a) Sentencia de primera instancia de fecha 14 de octubre de 2021 proferida por el Juzgado 59
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá- Sección Tercera.

b) Sentencia de segunda instancia de fecha 27 de marzo de 2025 (con fecha de ejecutoria del 1
de diciembre de 2025) del Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Tercera- Subsección
A, y el rechazo de la aclaración de la citada sentencia de fecha 25 de noviembre de 2025, proferida
dentro del proceso de reparación directa distinguida con el radicado No 11001-33-43-059-2017-
00017-03- demandante Germán Castiblanco Gualtero, mediante las cuales se declaró patrimonial
y extracontractualmente responsable a la Nación Ministerio de Relaciones Exteriores.

SEGUNDA: Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Tercera- Subsección A,
proferir una nueva sentencia dentro del proceso de reparación directa distinguida con el radicado

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Demandante: Ministerio de Relaciones Exteriores

No 11001-33-43-059-2017-00017-03 demandante Germán Castiblanco Gualtero, de acuerdo con
lo ordenado en el fallo de tutela que se proferirá en la presente acción de tutela.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

3.1. Actuación previa

El señor Germán Castiblanco Gualtero prestó sus servicios en la Embajada de Japón
en Colombia en el cargo de conductor de vehículo diplomático, con contrato verbal a
partir del 1 de abril de 1983. El 1.° de marzo de 1984, el señor y la embajada suscribieron
contrato laboral para que ocupara el cargo denominado Empleado Administrativo.

A partir del mes de julio del año 1994, la Embajada de Japón comenzó a efectuar las
cotizaciones a pensión del accionante hasta junio de 1997 en el Fondo de Pensiones
Santander. Posteriormente, las cotizaciones fueron administradas por Cesantías y
Pensiones Colmena y, para el año 2017, la administración de las cotizaciones estaba a
cargo del Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.

El 8 de febrero de 2008, el referido servidor solicitó copia de su historia laboral en el
sistema general de pensiones y cesantías, oportunidad en la que advirtió que faltaban
las cotizaciones a pensión por parte de la Embajada de Japón en Colombia, para el
periodo comprendido entre abril de 1983 y junio de 1994.

Como consecuencia de lo anterior, el 16 de marzo de 2009, el señor Castiblanco
Gualtero solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores requerir a la Embajada de Japón
para que, mediante el mecanismo de la conciliación, efectuara cotizaciones a pensión,
solicitud que fue negada por esa entidad que le indicó que había prescrito cualquier
proceso judicial.

El señor Castiblanco Gualtero interpuso acción de tutela el 23 de junio de 2009, ante el
Juzgado 13 Civil del Circuito de Bogotá y luego fue remitida por competencia al Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Bogotá mediante auto de 25 de junio de 2009.

El 6 de julio de 2009, el Tribunal declaró improcedente la acción de tutela por existir otro
mecanismo de defensa judicial. El 9 del mismo mes y año, el señor Castiblanco Gualtero
solicitó al Ministerio de la Protección Social que citara al representante de la Embajada
de Japón, a lo cual procedió el Ministerio; sin embargo, recibió respuesta por parte del
Ministerio de Relaciones Exteriores en la que se informó que las Delegaciones
Diplomáticas acreditadas en Colombia no pueden ser requeridas directamente en
atención a lo dispuesto en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, y
cualquier comunicación susceptible de ser enviada a una delegación diplomática, debía
ser tramitada por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El 7 de abril de 2014, el señor Castiblanco Gualtero radicó demanda ordinaria laboral
contra la Embajada de Japón en Colombia que, por reparto, correspondió al Juzgado
Segundo Laboral del Circuito, con radicación número 110013105002201400216-01. El
proceso fue remitido en esa misma fecha a la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia.

Mediante auto de 12 de noviembre de 2014, la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia “rechaza In Limine por falta de jurisdicción y competencia” la demanda laboral,
para lo cual se invocó la inmunidad de la embajada acordada en la Convención de Viena
de 1961. La providencia contó con salvamentos de voto de las magistradas Elsy del

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Demandante: Ministerio de Relaciones Exteriores

Pilar Cuello Calderón y Clara Cecilia Dueñas Quevedo, quienes manifestaron que la
controversia debía resolverse por supremacía de la salvaguarda del derecho al trabajo.

3.2. Proceso de reparación directa

El 31 de enero de 2017, señor Germán Castiblanco, radicó demanda de reparación
directa en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de obtener la
declaratoria de responsabilidad de la entidad y la consecuente indemnización por
perjuicios materiales correspondientes a la omisión en el pago de los aportes a pensión
no efectuados por la Embajada de Japón, del periodo comprendido entre abril de 1983
a junio de 1994 “por imposibilidad del accionante a efectuar la reclamación laboral por
inmunidad del Cuerpo Diplomático”.

El proceso se adelantó bajo el radicado 11001334305920170001700 y el conocimiento
del proceso correspondió al Juzgado 59 Administrativo de Bogotá, que, mediante
sentencia de 14 de octubre de 2021, accedió a las pretensiones.

Consideró que estaba acreditado el daño antijurídico, dado que una actividad legítima
de la administración, como son las relaciones exteriores y el respeto por la soberanía
de los demás Estados, significó para el señor Castiblanco Gualtero una carga excesiva
que no está en el deber de soportar.

Sobre la imputación del daño, consideró que la responsabilidad por la inmunidad
diplomática de que es titular la embajada del Japón y que permitió que se hiciera
imposible para el señor Germán Castiblanco Gualtero reclamar el pago de sus
cotizaciones a seguridad social en pensión, era un daño atribuible a la Nación
representada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, debido a los cometidos
institucionales de dicha cartera ministerial y a que es a través de la aceptación de un
acuerdo internacional que se materializó la imposibilidad para el actor de reclamar las
acreencias laborales que dejó de pagar su empleador.

El demandante apeló para discutir el monto que fue reconocido por concepto de
perjuicios. Por su parte, la demandada también apeló la decisión y discutió que (i) no
existió nexo de causalidad, (ii) el ministerio no estaba legitimado en la causa por pasiva
para ser condenado, (iii) no se valoraron los salvamentos de voto expuestos en el
trámite judicial por las magistradas de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
(iv) la razón expuesta en el auto que rechazó la demanda ordinaria laboral no fue cierta
en la medida en que para esa época ya existían tesis jurisprudenciales que permitían
acudir a la vía judicial a solicitar el reconocimiento de sus derechos siendo demandada
una embajada o cuerpo diplomático acreditado en Colombia, lo que generó
responsabilidad de los jueces que conocieron del caso por error judicial y no del
ministerio.

El proceso correspondió en segunda instancia a la magistrada Beatriz Galvis Bustos,
quien admitió el recurso de apelación mediante auto de 14 de julio de 2023.

El 22 de agosto de 2024, el apoderado del Ministerio de Relaciones Exteriores allegó
escrito en que señaló a manera informativa que, mediante correo electrónico de 21 de
agosto de 2024, la Embajada de Japón dio cuenta sobre el pago de cálculo actuarial a
favor del señor Germán Castiblanco Gualtero, por la suma de $354.741.400, y manifestó
que se trataba de una prueba sobreviniente.

Mediante auto de 13 de diciembre de 2024, el despacho sustanciador del proceso
remitió el expediente al magistrado Juan Carlos Garzón Martínez, por cuanto el proyecto
de sentencia fue derrotado.

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Demandante: Ministerio de Relaciones Exteriores

El 27 de marzo de 2025, el magistrado Garzón Martínez profirió sentencia en la que
modificó la sentencia apelada en los siguientes términos:

“PRIMERO: DECLARAR patrimonial y extracontractualmente responsable a la Nación -Ministerio
de Relaciones Exteriores por los perjuicios causados al señor Germán Castiblanco Gualtero.

SEGUNDO: CONDENAR a la Nación-Ministerio de Relaciones Exteriores a reconocer y pagar a
favor del señor Germán Castiblanco Gualtero, a título de indemnización por perjuicio moral, el
equivalente a 10 SMLMV.

TERCERO: CONDENAR a la Nación-Ministerio de Relaciones Exteriores a reconocer y pagar a
favor del señor Germán Castiblanco Gualtero a título de indemnización por lucro cesante la suma
de ciento veinte millones trescientos noventa y seis mil diecisiete pesos con doce centavos
moneda corriente ($120.396.017.12), los cuales deben ser consignados por la demandada
directamente en el fondo de pensiones al que se encuentra afiliado el actor.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda (…)”

Señaló que el hecho que haya sido la Corte Suprema de Justicia quien rechazó la
demanda laboral presentada por el demandante, no implicaba que se rompiera el nexo
de causalidad, por cuanto la decisión proferida se fundamentó en las leyes laborales
vigentes. Resaltó que lo que se reprochó en el caso estudiado fue la imposibilidad del
demandante de acudir a la jurisdicción laboral y, en consecuencia, la vulneración a su
derecho a la administración de justicia.

Desestimó el argumento según el cual la Rama Judicial rechazó una demanda laboral
al haber aplicado indebidamente la Convención de Viena de 1961, por cuanto la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en autos proferidos entre 1987 y 2006,
permitía llegar a esta conclusión.

Agregó que el salvamento de voto se presenta cuando un magistrado se encuentra en
desacuerdo con la decisión tomada por la sala, pero que dicha situación no invalida lo
decidido por la mayoría, ni podía respaldar la afirmación de la demandada, según la
cual, con lo dicho en los salvamentos se acreditó que el hecho generador del daño fue
la actuación de la Corte Suprema de Justicia.

Concluyó que no era de recibo el argumento de la entidad demandada, según el cual,
se debía declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto “sin
desconocer la tesis actual de inexistencia de inmunidad, lo cierto es que había otra
posición cuando el aquí demandante presentó demanda laboral”.

En cuanto a los argumentos de apelación del demandante, revocó la negativa de
conceder perjuicios morales por considerar que en ese caso se evidenció un hecho
notorio que conllevaba a tener acreditada la causación del perjuicio moral y resaltó que
desde el año 2009, el demandante realizó actuaciones tendientes al reconocimiento de
sus prestaciones, sin embargo, en noviembre de 2014, se rechazó su demanda.

Consideró improcedente el argumento del demandante, relacionado con reconocerle
una suma de dinero por concepto de rendimientos financieros, pues consideró que el
daño en ese asunto no fue la falta de reconocimiento y pago de los aportes a pensión
adeudadas por la Embajada de Japón en Colombia, sino que el mismo se concretó en
la vulneración del derecho de acceso a la administración de justicia, debido a la decisión
de la Corte Suprema de Justicia de rechazar la demanda laboral.

El fallo contó con salvamento de la doctora Beatriz Galvis, quien señaló que de
conformidad con la actual jurisprudencia, la responsabilidad por el daño causado en

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casos como el del demandante, recae en la Rama Judicial y no en el Ministerio de
Relaciones Exteriores.

El apoderado del Ministerio de Relaciones Exteriores radicó escrito de 3 de abril de 2025
en el que solicitó la adición de la sentencia para que se hiciera un pronunciamiento
sobre el pago de $354.741.400, realizado por parte de la Embajada de la República del
Japón como consecuencia del cálculo actuarial de aportes pensionales durante el
periodo comprendido entre abril de 1983 a junio de 1994, lo cual fue puesto en
conocimiento el 1º de octubre de 2024 y sobre “su pertinencia y conducencia frente a lo
ordenado en el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia de segunda
instancia”.

El apoderado de la parte actora se opuso a la solicitud de adición, en razón de que el
pago que catalogó como voluntario por parte de la Embajada de Japón no tuvo su origen
en el cumplimiento de una decisión judicial, sino que su pago se realizó respecto de una
obligación laboral.

La solicitud fue negada por medio de auto de 20 de noviembre de 2025, en el que se
señaló que, conforme a las reglas generales de la carga de la prueba y al principio de
justicia rogada que rige el proceso contencioso administrativo, es deber del apoderado
de la parte interesada solicitar oportunamente al despacho judicial la práctica e
incorporación de los medios de prueba que pretende hacer valer en juicio, sin que
corresponda al juez suplir de oficio esa iniciativa ni convertir simples manifestaciones
fácticas en verdaderas solicitudes probatorias.

Señaló que de la lectura detallada del memorial aportado por la demandada no se
desprendía solicitud probatoria alguna en los términos de los artículos 165 y siguientes
del Código General del Proceso, sino la simple comunicación de una circunstancia
fáctica, insuficiente para exigir de la Sala un pronunciamiento adicional en sede de
adición de sentencia.

4. Fundamentos de la acción de tutela

La parte actora adujo que la acción cumple con los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales.

En cuanto al fondo del asunto, señaló que la providencia dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A incurrió en:

Defecto fáctico, por falta de valoración de la prueba representada en el pago del cálculo
actuarial y consignación de los aportes a la cuenta pensional del demandante, lo que
configura un enriquecimiento sin causa.

Expuso que el 22 de agosto de 2024, el apoderado del Ministerio de Relaciones
Exteriores informó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca del pago del cálculo
actuarial realizado por la Embajada del Japón, allegando las piezas probatorias que
demuestran su materialización (correo electrónico de fecha 21 de agosto de 2024,
planilla pagada y resumen de transacción).

Discutió que, a pesar de ser allegada una prueba fundamental en la decisión de segunda
instancia, que demuestra el pago de los aportes pensionales dejados de percibir en el
fondo de pensiones al cual se encontraba vinculado el señor Castiblanco Gualtero, el
ad quem, profirió sentencia condenatoria en donde se resolvió el pago de la suma de
$120.396.017.12, esto es, las sumas de los aportes pensionales dejados de percibir por
el demandante.

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Consideró que, como consecuencia de lo anterior, el señor Germán Castiblanco
Gualtero recibirá dos pagos por un mismo concepto materializado en las sumas dejadas
de percibir por los aportes pensionales representados en $354.741.400, del cálculo
actuarial, y $120.396.017.12, para un total de $475.137.417.

Defecto sustantivo por desconocimiento de la sentencia C-788 de 2011, en la cual la
Corte Constitucional indicó que los organismos internacionales tienen inmunidad
restringida en materia laboral.

Desconocimiento del precedente en donde se establece una inmunidad relativa y no
absoluta frente a reclamaciones laborales de ciudadanos colombianos que laboraron en
las embajadas y/o organizaciones internacionales acreditadas en Colombia.

Para justificar la configuración de este defecto, citó las siguientes providencias:

• Sentencia T-2879569 de 2012 M.P. María Victoria Calle Correa, donde se señaló que,
por interpretación restrictiva de los tratados, los agentes diplomáticos de las misiones o
delegaciones acreditadas en un país extranjero no gozan de inmunidad de jurisdicción
laboral.

• Sentencia T-667 de 2011, en la que se precisó que el derecho internacional ha
reconocido que los Estados y los organismos internacionales tienen inmunidad
restringida en materia laboral, es decir, ha aceptado que las misiones diplomáticas y los
organismos supranacionales pueden ser llamados a juicio por tribunales locales cuando
se encuentran comprometidos derechos laborales y prestacionales de connacionales y
residentes permanentes del territorio nacional.

• Sentencia T-932 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, donde se explicó que
cuando un Estado extranjero celebra un contrato laboral con un nacional colombiano,
debe someterse irrestrictamente a las normas laborales internas, razón por la que un
Estado acreditante no puede alegar inmunidad por reclamos derivados del contrato de
trabajo o de la ejecución de relaciones laborales.

• Sentencia del 8 de septiembre de 2021, proferida por el Consejo de Estado-Sala de
lo Contencioso Administrativo- Sección Tercera- Subsección B- C.P. Martín Bermúdez
Muñoz, dentro del proceso de reparación directa distinguido con el radicado 25000-23-
26-000-2003- 01880-01 (42198), demandante Susana Hermoso de Villate, donde se
declaró responsable a la rama judicial en procesos como el aquí analizado.

• Sentencia del 22 de noviembre de 2021, proferida por el Consejo de Estado- Sala de
lo Contencioso Administrativo- Sección Tercera- Subsección A C.P. José Roberto
Sáchica Méndez, dentro del proceso 25000232600020040245801 (52.522),
demandante Mario Alfonso Cárdenas Rodríguez, que declaró la falta de legitimación en
la causa por pasiva del Ministerio de Relaciones Exteriores en un caso análogo.

5. Trámite

Por auto del 29 de abril de 2026, el Despacho Sustanciador negó la medida provisional
que fue solicitada por el demandante y admitió la acción, para lo cual dispuso la
notificación, en calidad de demandados, al Juez 59 Administrativo de Bogotá y a los
magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A.

Como tercero se ordenó la notificación del señor Germán Castiblanco Gualtero, quien
integró la parte demandante dentro del medio de control de reparación directa.

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La Secretaría General del Consejo de Estado realizó las notificaciones ordenadas en el
auto admisorio, mediante correos electrónicos del 5, 19 y 21 de mayo de 2026.

6. Intervenciones

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, a
través de la magistrada sustanciadora del proceso de reparación directa, señaló que la
acción de tutela resulta improcedente, en la medida en que no satisface los requisitos
constitucionales y jurisprudenciales exigidos para la procedencia excepcional de la
tutela contra providencias judiciales, y, por el contrario, se evidencia que el actor
pretende reabrir un debate jurídico ya resuelto en sede ordinaria, convirtiendo el
mecanismo constitucional en una tercera instancia, finalidad expresamente proscrita por
la Corte Constitucional.

Agregó que la entidad accionante reproduce, en esencia, los mismos planteamientos
formulados en el curso del proceso de reparación directa, particularmente los
relacionados con la supuesta falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio
de Relaciones Exteriores, solo que ahora los robustece a partir del salvamento de voto
presentado frente a la sentencia cuestionada, discrepancia que no habilita la
intervención del juez constitucional, pues la tesis sobre la falta de legitimación fue
expresamente analizada y descartada por la sala mayoritaria del tribunal, que encontró
razonable atribuir responsabilidad al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Expuso que el hecho de que hubiera existido una ponencia inicial derrotada o un
salvamento de voto no desvirtúa los fundamentos de la decisión mayoritaria. Por el
contrario, evidencia que el asunto fue objeto de deliberación judicial y que la Sala
mayoritaria optó por una de las interpretaciones posibles, apoyada en decisiones que
admitían la responsabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores en este tipo de
controversias.

Señaló que, de manera subsidiaria, sobre el fondo del asunto no existió el defecto fáctico
alegado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, primero porque la entidad accionante
pretende estructurar una irregularidad probatoria a partir de un documento que no fue
oportunamente solicitado, decretado ni incorporado como prueba en los términos del
artículo 212 del CPACA. En efecto, si la Cancillería estimaba que el presunto pago
efectuado por la Embajada de Japón tenía incidencia directa en la decisión que debía
adoptarse, le correspondía desplegar la carga procesal necesaria para que dicho
elemento fuera valorado formalmente dentro del proceso.

Explicó que en la sentencia cuestionada se advirtió precisamente que no existía un
precedente pacífico, uniforme y obligatorio que excluyera, en todos los casos, la
participación del Ministerio de Relaciones Exteriores en este tipo de controversias. Por
esa razón, la Sala mayoritaria acudió a la línea jurisprudencial que ha reconocido que
dicha entidad puede tener incidencia en la configuración del daño cuando su actuación
institucional se relaciona con la interpretación, trámite, aplicación o alcance interno de
los instrumentos internacionales que regulan la inmunidad diplomática, en especial
cuando esa comprensión termina incidiendo en la imposibilidad material de acceder a
una decisión judicial de fondo en reclamaciones laborales.

Finalmente, precisó que la Sala mayoritaria no desconoció los precedentes invocados
por la parte actora, sino que explicó por qué el caso admitía una solución distinta. La
decisión no partió de atribuirle al Ministerio de Relaciones Exteriores la autoría formal
del auto que rechazó la demanda laboral, sino de analizar si, en el marco de sus
competencias constitucionales, legales e institucionales en materia de relaciones

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exteriores, misiones diplomáticas y tratados internacionales, su conducta u omisión
podía tener relevancia jurídica frente al daño alegado por el entonces demandante.

El Juez 59 Administrativo de Bogotá y el señor Germán Castiblanco Gualtero,
guardaron silencio pese a haber sido debidamente notificados.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela interpuesta por el
Ministerio de Relaciones Exteriores contra las providencias del 14 de octubre de 2021 y
27 de marzo de 2025, dictadas por el Juzgado 59 Administrativo del Circuito de Bogotá
y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, que
accedieron a las pretensiones de la demanda en el proceso de reparación directa
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La Sala anticipa que la tutela no cumple los requisitos generales de subsidiariedad y
relevancia constitucional, por cuanto (i) se discute una omisión de valoración probatoria
que no fue debidamente solicitada en el transcurso del proceso y (ii) la demanda de
tutela reitera argumentos que fueron expuestos y decididos en el proceso de reparación
directa. En consecuencia, se declarará improcedente la acción de tutela promovida por
el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la subsidiariedad, (iii) la relevancia
constitucional y (iv) el análisis del caso concreto.

2. De la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales1 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y, por el otro lado, los requisitos
específicos2 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando
se han superado los requisitos generales.

3. De la subsidiariedad

El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela <<solo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable>>. Eso quiere decir
que la subsidiariedad es un pilar fundamental que busca preservar la naturaleza
excepcional de este mecanismo de protección de derechos fundamentales. La acción
de tutela debe ser el último recurso, no el primero.

1 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y
que no se cuestione un fallo de tutela.
2 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.

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Demandante: Ministerio de Relaciones Exteriores

La subsidiariedad de la acción de tutela tiene como objetivo principal resguardar la
eficacia y efectividad de esta herramienta en situaciones en las cuales no exista otro
recurso judicial disponible o, incluso en presencia de otros medios, se demuestre la
existencia de un perjuicio irremediable. Este requisito busca, en última instancia,
asegurar que la acción de tutela sea un mecanismo ágil y eficaz para la protección de
derechos fundamentales en circunstancias excepcionales.

4. La relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-004, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre
la amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente
de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se
acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan
nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción
de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue
proferida la providencia acusada.

En cuanto al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una
instancia adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que, por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales,
el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.

Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.

5. Caso concreto

5.1. Sobre la subsidiariedad

La parte accionante discute que el tribunal accionado incurrió en un defecto fáctico por
no haber valorado la prueba aportada mediante memorial de 22 de agosto de 2024 con
la que se acreditó el pago del cálculo actuarial realizado por la Embajada del Japón a
favor del señor Germán Castiblanco Gualtero.

Sobre el particular, se advierte que el contenido integral del memorial radicado por el
Ministerio de Relaciones Exteriores es del siguiente tenor:

JORGE ENRIQUE BARRIOS SUÁREZ, identificado con cédula de ciudadanía No 79.745.092 de
la ciudad de Bogotá y T.P. No 168.177 del C.S.J. actuando en calidad de apoderado del Ministerio
de Relaciones Exteriores dentro del proceso objeto de la referencia, de manera respetuosa, me
permito aportar a título de información el correo electrónico de fecha 21 de agosto de 2024,
mediante el cual la Embajada del Japón acreditada en Colombia, nos informa el pago
correspondiente al Cálculo actuarial a favor del demandante Germán Castiblanco Gualtero, el cual
ascendió a la suma de $354.741.400, lo anterior teniendo en cuenta que se trata de una prueba
sobreviniente, lo que demuestra la no configuración de un daño antijurídico.

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Acorde a lo anterior, se allegan: 1) Correo electrónico de fecha 21 de agosto de 2024, 2) cálculo
actuarial, 3) Planilla pagada y 4) resumen de la transacción.

En efecto, como se advierte en la sentencia cuestionada, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, no hizo ningún tipo de manifestación
en torno al anterior memorial y su contenido.

Ahora bien, en la solicitud de adición de la sentencia, el ministerio demandado alegó:

Primero: solicitó adicionar la sentencia frente a la valoración probatoria respecto al pago de
$354.741.400, realizado por parte de la Embajada de la República del Japón como consecuencia
del cálculo actuarial de aportes pensionales durante el periodo comprendido entre abril de 1983 a
junio de 1994, realizado a la cuenta del demandante, señor Germán Castiblanco Gualtero, al Fondo
de Pensiones Porvenir, el cual fue allegado al despacho judicial el día 1 de octubre de 2024 y su
pertinencia y conducencia frente a lo ordenado en el numeral tercero de la parte resolutiva de la
sentencia de segunda instancia de fecha 27 de marzo de 2025, proferida por parte del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca- Sección Tercera- Subsección A , mediante el cual se ordenó:

“TERCERO: CONDENAR a la Nación-Ministerio de Relaciones Exteriores a reconocer y pagar a
favor del señor Germán Castiblanco Gualtero a título de indemnización por lucro cesante la
suma de ciento veinte millones trescientos noventa y seis mil diecisiete pesos con doce centavos
moneda corriente ($120.396.017.12), los cuales deben ser consignados por la demandada
directamente en el fondo de pensiones al que se encuentra afiliado el actor”

El Tribunal negó la solicitud de adición mediante auto de 20 de noviembre de 2025, en
el que hizo las siguientes precisiones:

Que no procedía la solicitud de adición por cuanto este no constituyó un punto omitido
en la sentencia que deba ser objeto de pronunciamiento adicional según lo previsto en
el artículo 286 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA pues, el pago
al que aludió el memorialista fue puesto en conocimiento del despacho judicial dentro
de los alegatos de conclusión de segunda instancia, sin que en ese momento procesal
se hubiera solicitado su incorporación formal como medio de prueba ni se promoviera
solicitud probatoria alguna tendiente a su valoración conforme a las reglas de los
artículos 165 y siguientes del Código General del Proceso.

Que no podía pretenderse, en sede de adición, que la Sala se pronunciara sobre un
elemento que nunca adquirió la calidad de prueba dentro del proceso ni fue objeto de
debate contradictorio entre las partes.

Que el supuesto pago al que alude el memorialista fue únicamente mencionado como
un hecho sobreviniente y acompañado de algunos documentos, a título meramente
informativo, pero la parte no asumió en ese momento la carga mínima de formular una
petición clara, concreta y expresa para que dicho pago se decretara, se incorporara
formalmente al proceso y se valorara como medio de prueba, ni tampoco solicitó que se
tuviera como hecho relevante para disminuir o afectar la condena impuesta.

Que en ningún aparte del escrito se emplearon fórmulas propias de una solicitud
probatoria como pedir que “se decrete como prueba”, que “se incorpore al expediente”
o que “se valore en la decisión”—, de manera que no es posible reconstruir, por vía de
interpretación extensiva, una petición que sencillamente no fue planteada.

Que conforme a las reglas generales de la carga de la prueba y al principio de justicia
rogada que rige el proceso contencioso administrativo, era deber del apoderado de la
parte interesada solicitar oportunamente al despacho judicial la práctica e incorporación
de los medios de prueba que pretendía hacer valer en juicio, sin que correspondiera al

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juez suplir de oficio esa iniciativa ni convertir simples manifestaciones fácticas en
verdaderas solicitudes probatorias.

Que tampoco se observaron las oportunidades probatorias previstas en el artículo 212
de la Ley 1437 de 2011 para la segunda instancia. En efecto, si bien el numeral 3 de la
norma de base normativa invocada contempla, de manera excepcional, la posibilidad
de solicitar pruebas en el grado de apelación “cuando versen sobre hechos acaecidos
después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero
solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos”, lo cierto es que dicha habilitación
no operaba de pleno derecho, ni convertía automáticamente en prueba cualquier hecho
sobreviniente que la parte mencionara en sus escritos.

Que, aun tratándose de hechos posteriores, era carga procesal de la entidad
demandada formular una solicitud expresa y oportuna para que en segunda instancia
se decretara la prueba correspondiente, indicando el medio probatorio, su finalidad y la
relación con el hecho nuevo que se pretendía acreditar, de conformidad con el esquema
del artículo 212 antes mencionado.

La Sala considera acordes las extensas razones esbozadas por la autoridad accionada
para concluir que el Ministerio de Relaciones Exteriores no agotó de manera oportuna
y en debida forma las herramientas procesales procedentes para solicitar que se tuviera
como prueba el escrito de 22 de agosto de 2024 y sus anexos, pues en efecto, del
escrito presentado se advierte que (i) solo se aportó de manera informativa, (ii) no
contiene una solicitud expresa de incorporación probatoria, (iii) no invocó norma alguna
que le permitiera al tribunal establecer que estaba solicitando la incorporación al
expediente de una prueba aportada en segunda instancia, ya fuera en los términos de
los artículos 212 o 213 del CPACA, y (iv) en el escrito no se advirtió que los documentos
se allegaran con el fin de ser tenidos en cuenta para efectos de evitar dobles pagos sino
que se insinuó que estos demostraban “la no configuración de un daño antijurídico”.

En este orden de ideas, pese a que en la acción de tutela se alega la configuración de
un defecto fáctico, se advierte que en realidad la entidad pretende desconocer su
incumplimiento del deber de observar las formas procesales propias de las solicitudes
probatorias y endilgar a la autoridad accionada una omisión que no se configuró ante la
falta de claridad al momento de allegar la documentación que acompañó con el
memorial de 22 de agosto de 2024, máxime si se tiene en cuenta que ni siquiera alegó
en esa oportunidad las razones de necesidad de valoración de la documentación
allegada y la finalidad que verdaderamente buscaba al aportarla, esto es que el pago
realizado se descontara del monto reconocido por concepto de indemnización por
perjuicios.

Ahora bien, no se desconoce que, al momento de solicitar la adición del fallo de segunda
instancia, la entidad accionante intentó discutir la presunta omisión; sin embargo, como
explicó el tribunal accionado, esta no era la oportunidad procesal pertinente para
explicar las razones por las cuales se aportaron los documentos ni pretender que se les
hubiera dado valor probatorio alguno y, en tal medida, no se considera superado el
requisito de subsidiariedad en la medida en que este exige que las partes hayan agotado
todos los medios a su disposición para controvertir las decisiones judiciales en las
oportunidades procesales pertinentes.

5.2. Sobre la relevancia constitucional

Si bien la parte actora adujo que la providencia cuestionada incurrió en defecto
sustantivo y desconocimiento del precedente, al confirmar el fallo que accedió a las
pretensiones en el proceso de reparación directa instaurado para debatir la privación

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injusta de su libertad, lo cierto es que sustenta la demanda de tutela en argumentos
expuestos y decididos en el proceso ordinario, toda vez que insiste en discutir que
existen tesis jurisprudenciales que desvirtúan la teoría del daño y la falta de
responsabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores en casos como el analizado por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A. Veamos.

En el recurso de apelación formulado por la parte actora contra la sentencia
del 14 de octubre de 2021, dictado por el Juzgado 59 Administrativo de Bogotá, señaló
lo siguiente:

C. EN LO QUE RESPECTA AL ARGUMENTO DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
SEGÚN EL CUAL AL MOMENTO DE SER OBJETO DE RECHAZO LA DEMANDA MEDIANTE AUTO
DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2014, LA TESIS IMPERANTE ERA LA INMUNIDAD ABSOLUTA
DE LAS EMBAJADAS O CUERPOS DIPLOMÁTICOS ACREDITADOS EN COLOMBIA-
PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL.

Consideró el A Quo, en la sentencia de fecha 14 de octubre de 2021, como uno de los argumentos
para acceder a las pretensiones de la demanda, el hecho según el cual, para el 12 de noviembre
de 2014, la tesis de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la tesis imperante en la Alta
Corte, era la de establecer una inmunidad absoluta en materia laboral frente a las Embajadas o
Cuerpos Diplomáticos acreditados en Colombia.

Así las cosas, yerra el Juez 59 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, toda vez que
desconoce al no valorar los argumentos presentados por este Ministerio en el escrito de
contestación de la demanda, frente al precedente constitucional, en el cual el Alto Tribunal, ha sido
constante en las sentencias que se expondrán en el presente acápite, las cuales son unísonas en
establecer la inexistencia de una inmunidad absoluta de las embajadas o cuerpos diplomáticos
acreditados en Colombia, y frente a las cuales en entrar en conflicto frente a otras posturas
establecidas por las otras Altas Cortes, tendrá prevalencia las proferidas por la Corte Constitucional
al ser la guardiana de los derechos fundamentales establecidos en la Carta Política de 1991.

Ahora bien, desde el punto de vista del precedente constitucional, el Alto Tribunal ha proferido las
siguientes sentencias, las cuales son unísonas en determinar la inmunidad relativa en materia
laboral y la obligación de acudir las embajadas y cuerpos diplomáticos al desarrollo de un proceso
ordinario laboral:

• Sentencia T-2879569 de 2012 M.P. María Victoria Calle Correa. (…)
• Sentencia C-788 de 2011, en la cual la H. Corte Constitucional, estableció lo siguiente: (…)
• Sentencia T 667 de 2011 (…)
• Sentencia T-932 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva (…)

En lo que respecta a la Corte Suprema de Justicia mediante auto de fecha 13 de diciembre de
2007, modificó el criterio de inmunidad absoluta laboral frente a la imposibilidad de que ciudadanos
colombianos pudieran acudir vía judicial a solicitar el reconocimiento de sus derechos siendo
demandada una embajada o cuerpo diplomático acreditado en Colombia, así las cosas, en el citado
pronunciamiento judicial, la Corte Suprema de Justicia, avocó el conocimiento respecto a acciones
de naturaleza laboral siendo demandadas las Embajadas acreditadas en Colombia, al considerar:
que: “la misma Convención de Viena de 1961, aprobada por el Estado Colombiano por la Ley 6ª
de 1972, no se ocupó de la inmunidad de jurisdicción de los Estados en materia laboral, dada la
autonomía de esta rama del derecho adquirida desde comienzos del siglo pasado”.
(…)

Acorde a lo anterior y al encontrarse demostrados pronunciamientos realizados por parte tanto de
la Corte Constitucional como órgano superior de la Rama Judicial, así como de la Corte Suprema
de Justicia Sala Laboral, en donde se determina la igualdad de trato jurídico frente al caso que nos
ocupa respecto a una ausencia de inmunidad laboral absoluta, respetuosamente solicito revocar la
sentencia de fecha 14 de octubre del año en curso.

En el mismo sentido, la demanda de tutela indica lo siguiente:

3. VULNERACIÓN DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL PROFERIDO POR LA CORTE
CONSTITUCIONAL EN DONDE SE ESTABLECE UNA INMUNIDAD RELATIVA Y NO
ABSOLUTA FRENTE A RECLAMACIONES LABORALES DE CIUDADANOS

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COLOMBIANOS QUE LABORARON EN LAS EMBAJADAS Y/O ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES ACREDITADAS EN COLOMBIA.

Consideraron las sentencias objeto de análisis ante la jurisdicción constitucional, como uno de
los argumentos para acceder a las pretensiones de la demanda, el hecho según el cual para el
12 de noviembre de 2014 (fecha en la cual se rechazo la demanda), la tesis de la Sala Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, la tesis imperante en la Alta Corte, era el de establecer una
inmunidad absoluta en materia laboral frente a las Embajadas o Cuerpos Diplomáticos
acreditados en Colombia.

Así las cosas, yerran las citadas instancias, toda vez que desconoce los argumentos
presentados por este Ministerio en el escrito de contestación de la demanda, frente al
precedente proferido por la Corte Constitucional, en el cual, desde mucho antes del año 2014,
estableció la inexistencia de una inmunidad absoluta de las embajadas o cuerpos diplomáticos
acreditados en Colombia, y frente a las cuales, al entrar en conflicto frente a otras posturas
establecidas por las otras Altas Cortes, tendrá prevalencia las proferidas por la Corte
Constitucional al ser la guardiana de los derechos fundamentales establecidos en la Carta
Política de 1991.

Ahora bien, desde el punto de vista del precedente constitucional, el Alto Tribunal ha proferido las
siguientes sentencias, las cuales son unísonas en determinar la inmunidad relativa en materia
laboral y la obligación de acudir las embajadas y cuerpos diplomáticos al desarrollo de un proceso
ordinario laboral:

• Sentencia T-2879569 de 2012 M.P. María Victoria Calle Correa. (…)
• Sentencia C-788 de 2011, en la cual la H. Corte Constitucional, estableció lo siguiente: (…)
• Sentencia T 667 de 2011 (…)
• Sentencia T-932 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva (…)

En lo que respecta a la Corte Suprema de Justicia mediante auto de fecha 13 de diciembre de
2007, modificó el criterio de inmunidad absoluta laboral frente a la imposibilidad de que ciudadanos
colombianos pudieran acudir via judicial a solicitar el reconocimiento de sus derechos siendo
demandada una embajada o cuerpo diplomático acreditado en Colombia, así las cosas, en el citado
pronunciamiento judicial, la Corte Suprema de Justicia, avocó el conocimiento respecto a acciones
de naturaleza laboral siendo demandadas las Embajadas acreditadas en Colombia, al considerar:
que: “la misma Convención de Viena de 1961, aprobada por el Estado Colombiano por la Ley 6ª
de 1972, no se ocupó de la inmunidad de jurisdicción de los Estados en materia laboral, dada la
autonomía de esta rama del derecho adquirida desde comienzos del siglo pasado”.
(…)

Acorde a lo anterior y al encontrarse demostrados pronunciamientos realizados por parte tanto de
la Corte Constitucional como órgano superior de la Rama Judicial, así como de la Corte Suprema
de Justicia Sala Laboral, en donde se determina la inmunidad restringida y no absoluta en materia
laboral, solicito acceder a las pretensiones de la accion de tutela al materializarse un
desconocimiento del precedente jurisprudencial.

Sin embargo, esos argumentos ya fueron resueltos en la providencia cuestionada, así:

a) Si bien la jurisprudencia de la Sala Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, después
de abril de 2016, admite la posibilidad de dirigir demandas de carácter laboral en contra
de los agentes o cuerpos diplomáticos, lo cierto es que cuando se dieron los hechos del
presente litigio, es decir en el momento que el señor GERMAN CASTIBLANCO
GUALTERO pretendió acceder a la jurisdicción, la jurisprudencia vigente era que dicho
acceso no era factible, tal como se manifestó en el auto del 12 de noviembre de 2014, por
medio del cual se rechazó de plano la demanda laboral presentada por el accionante en
reparación (posición jurisprudencial que se mantuvo hasta el 20 de abril de 2016).

b) En efecto, como se indicó, en criterio jurisprudencial mayoritario, de la H. Corte
Suprema de Justicia en providencia de 21 de marzo de 2012, se rectificó la postura que
regía desde el 13 de diciembre de 2007, y se sostuvo que los agentes diplomáticos, las
embajadas de países extranjeros y los organismos internacionales debidamente
acreditados en Colombia, estaban exentos del control jurisdiccional interno respecto de
los actos y hechos de naturaleza contractual laboral que comprometan a nacionales
colombianos.

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c) Así las cosas, el daño es imputable a la Nación -Ministerio de Relaciones Exteriores
puesto que junto con el Congreso de la República (Entidad que no fue vinculada en el
presente asunto), fueron las encargadas del trámite, aprobación y ratificación de la
Convención de Viena que consagra la inmunidad de jurisdicción de los sujetos de derecho
internacional en los Estados receptores, y el demandante no tiene el deber jurídico de
soportar la imposibilidad de demandar a su empleador bajo las leyes colombianas, que
regían su relación laboral, y su juez natural.

3.19 En este orden de ideas, el hecho que haya sido la H. Corte Suprema de Justicia quien
rechazó la demanda laboral presentada por el hoy demandante, no implica que se rompa
el nexo de causalidad, como lo sostiene el apoderado de la Entidad demandada, por
cuanto la decisión proferida se fundamentó en las leyes laborales vigentes.

3.20 Se recuerda que en el presente asunto lo que se reprocha es la imposibilidad del
demandante de acudir a la jurisdicción laboral y en consecuencia, la vulneración a su
derecho a la administración de justicia.

3.21 No es de recibo que la Entidad demandada en su recurso de apelación manifieste
que la Rama judicial rechazó una demanda laboral al haber aplicado indebidamente la
Convención de Viena de 1961, porque dicha inmunidad no aplica para temas laborales,
por cuanto como se expuso con anterioridad, la H. Corte Suprema de Justicia e autos
proferidos entre 1987 y el 2006, era del criterio que: “a pesar de que la “inmunidad de
jurisdicción laboral”, no está contemplada expresamente en la convención, en su
contenido se hace referencia a temas de derecho de trabajo y la seguridad social, por lo
que no se podían excluir los conflictos jurídicos relacionados con estos aspectos o asumir
que los mismos no se tuvieron en cuenta dentro de la exención dispuesta para los agentes
diplomáticos, sino que se debía interpretar que se englobaron dentro del concepto general
de los asuntos civiles”.

Ahora bien, en relación con el argumento según el cual, se debe tener en cuenta una
sentencia proferida en septiembre de 2021, por la Subsección A del H. Consejo de Estado
que declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación-Ministerio de
Relaciones Exteriores y condenó a la Nación- Rama Judicial, debe precisarse que: (i) debe
primar la independencia de cada Juez, siempre y cuando su decisión esté debidamente
motivada y se ajuste a derecho y (ii) en el presente asunto no es parte demandada la
Nación- Rama judicial, si bien en audiencia inicial se presentó recurso de apelación contra
la decisión de haber negado la excepción de no comprender la demanda a todos los
litisconsorcios necesarios, lo cierto es que este Tribunal (con ponencia del Magistrado
Alfonso Sarmiento Castro), resolvió confirmar el auto de primera instancia (…)

3.23 Aunado a lo anterior, no se puede pasar por alto que la misma Subsección A del H.
Consejo de Estado en noviembre de 2017, tenía una tesis diferente a la planteada en el
2021 (que fue invocada por el apelante), en esa oportunidad declaró la responsabilidad
de la Nación -Ministerio de Relaciones Exteriores y del Senado de la República, con
ocasión de la pérdida de oportunidad por la imposibilidad que una persona accediera a la
administración de justicia (…).

3.27 De manera que, no se evidencia una línea jurisprudencial clara, ni menos un
precedente de la Sección Tercera del H. Consejo de Estado, que implique obligatoriedad
para este Tribunal, más aún cuando no se hizo referencia a una providencia de
unificación relacionada con la cuestión debatida y objeto de controversia en la presente
causa procesal.

Como se ve, la parte actora formuló en la acción de tutela inconformidades que
coinciden con las que expuso en el proceso ordinario. En efecto, la parte actora reabre
los temas sobre las tesis jurisprudenciales existentes en materia de responsabilidad en
casos análogos. Por consiguiente, resulta evidente que la tutela busca revivir la
discusión propuesta en el proceso de reparación directa. En suma, el demandante
pretende imponer su criterio en cuanto al régimen de responsabilidad aplicable y la
consecuente falta de configuración del daño por parte del Ministerio de Relaciones
Exteriores.

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Siendo así, como se expuso, aunque el demandante alega que la providencia objeto de
tutela vulneró derechos fundamentales e incurrió en defecto sustantivo y
desconocimiento del precedente, lo cierto es que, en últimas, lo que pretende es que se
reabra el debate respecto de la aplicación del régimen de responsabilidad en casos de
reclamos laborales realizados por empleados de las embajadas y demás entidades
sometidas a Convenciones Internacionales.

Lo anterior es suficiente para declarar improcedente la acción de tutela, por no estar
cumplidos los requisitos de subsidiariedad y relevancia constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

III. FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, por las razones
expuestas.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador3

3 Con el propósito de asegurar la calidad lingüística y técnico-formal de la presente providencia, el despacho ponente,
a través de su grupo de sustanciación, como herramienta de apoyo a la gestión administrativa y judicial, empleó un
sistema de apoyo de inteligencia artificial Microsoft 365 Copilot (modelo GPT-4, desarrollado por OpenAI), con el
único propósito de efectuar una revisión ortográfica, gramatical y léxica del texto previamente elaborado por el
funcionario judicial. Para tal efecto se utilizó un prompt estructurado en el que se asignó a la herramienta el rol de
revisor lingüístico y técnico-formal, con la instrucción precisa de identificar exclusivamente errores verificables de
ortografía (tildes, mayúsculas y puntuación), gramática (concordancia, régimen preposicional y sintaxis) y léxico (uso
impropio de palabras, ambigüedad semántica y términos fuera de contexto jurídico), tomando como referencia las
reglas de la Real Academia Española y los estándares de redacción judicial de las altas cortes colombianas. El prompt
incluyó restricciones expresas dirigidas a impedir que la herramienta formulara sugerencias de estilo, propusiera
redacciones alternativas, reescribiera párrafos, sugiriera versiones "mejoradas" del texto o emitiera valoración alguna
sobre el fondo jurídico, probatorio o argumentativo de la providencia, así como instrucciones sobre el formato de
salida, consistente en una tabla que individualizara cada hallazgo (página, párrafo, fragmento, tipo de error y
explicación técnica). En todo caso, se precisa que los hallazgos reportados por la herramienta fueron objeto de
revisión, verificación y validación por parte del funcionario judicial, quien determinó autónomamente la procedencia o
improcedencia de cada ajuste, sin que se hayan realizado transcripciones literales del contenido generado por la
herramienta, ni se hayan incorporado al texto reformulaciones de contenido, modificaciones argumentativas o
reescrituras de pasajes, en tanto que el sistema se utilizó exclusivamente como instrumento de control de calidad

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lingüística sobre un texto cuya redacción, estructura argumentativa, valoración fáctica, análisis probatorio y
motivación jurídica fueron elaborados íntegramente por el funcionario judicial. Asimismo, se deja constancia de que
no se introdujeron en la herramienta datos personales, información sensible ni elementos de carácter reservado o
confidencial de las partes o del proceso. Esta actuación se realizó en cumplimiento de los principios jurídicos de
debido proceso, transparencia, igualdad ante la ley y supervisión judicial. Finalmente, el uso de dicha herramienta se
enmarca en las finalidades autorizadas en los literales (a) del numeral 4.1.; y (q) del numeral 4.2 del artículo 4 del
Acuerdo PCSJA24-12243 del 16 de diciembre de 2024, "por el cual se adoptan lineamientos para el uso y
aprovechamiento respetuoso, responsable, seguro y ético de la inteligencia artificial en la Rama Judicial".

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