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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02973-00

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02973-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la solicitud de amparo formulada por la parte actora. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación de CASUR. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02973-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

14 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D. C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02973-00
Accionante: DELLANIRA DEL CARMEN AYOLA RAMOS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

Temas: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia de la acción
por no superar el requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra del Tribunal Administrativo de Bolívar.
Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos 333 de
2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.

Por auto del 22 de abril de 20262, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia y se negó la medida provisional solicitada.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. Dellanira del Carmen Ayola Ramos, a través de apoderada judicial,
interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Bolívar. Con la
solicitud de amparo pretende que se le protejan los derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, «de
defensa», al mínimo vital y a la seguridad social.

2. Le atribuyó la transgresión de las garantías constitucionales mencionadas
a la sentencia proferida el 31 de octubre de 2025, por la autoridad judicial
tutelada, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con
el radicado 13001-33-33-009-2022-00080-01.

1
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2
Índice 4 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como accionado al
Tribunal Administrativo de Bolívar. Asimismo, se vinculó al Juzgado Noveno Administrativo del
Circuito de Cartagena, a Celedonia González de la Peña, a la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional (CASUR) y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Accionante: Dellanira del Carmen Ayola Ramos
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02973-00

3. En concreto, la parte tutelante solicitó lo siguiente:

PRIMERA: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la
seguridad social, a la igualdad, al mínimo vital y a la dignidad humana de la señora
DELLANIRA DEL CARMEN AYOLA RAMOS, identificada con Cédula de
Ciudadanía No. 45.463.131, en su condición de mujer adulta mayor y sujeto de
especial protección constitucional.

SEGUNDA: En consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia
proferida el 31 de octubre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, dentro
del proceso con radicado 13001-33-33-009-2022 00080-01, por incurrir en los
defectos específicos de procedibilidad expuestos en el acápite X de este escrito.

TERCERA: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Bolívar que, en el término
perentorio siguiente a la notificación de la presente providencia, profiera una nueva
sentencia que:
a) Incorpore un enfoque de género e interseccional en la valoración del caso,
reconociendo la especial vulnerabilidad de la accionante como mujer adulta mayor.
b) Valore el acervo probatorio conforme a los principios de flexibilidad probatoria y
realidad sustancial, tal como lo ha establecido la jurisprudencia constitucional,
incluyendo la Sentencia T 455 de 2025 [36], y tenga en cuenta la doctrina de la
separación forzada por justa causa (enfermedad catastrófica del causante).
c) Reconozca el derecho de la señora DELLANIRA DEL CARMEN AYOLA
RAMOS a la cuota parte pensional correspondiente al 45.33% de la pensión de
sobrevivientes, de acuerdo con el tiempo de convivencia acreditado con el
causante, en aplicación de la jurisprudencia de unificación sobre convivencia
simultánea (Sentencias SU-149 de 2021 y SU-444 de 2023).

CUARTA (MEDIDA CAUTELAR): De conformidad con el artículo 7 del Decreto
2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional sobre la protección del mínimo vital
de sujetos de especial protección, se solicita al Honorable Juez de Tutela
ORDENAR a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR) el pago
inmediato de las mesadas pensionales suspendidas a la señora DELLANIRA DEL
CARMEN AYOLA RAMOS desde el 20 de noviembre de 2020, así como las que
se causen en el futuro, a título de medida cautelar provisional. Esta medida es
indispensable para garantizar el mínimo vital de la accionante y evitar la
consumación de un perjuicio irremediable mientras se surte el trámite de la
presente acción de tutela3.

1.2. Hechos

4. Mediante Resolución 4056 del 23 de junio de 2021, la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional (CASUR) reconoció una sustitución pensional en
porcentaje del 54,67% para Celedonia González De la Peña, en calidad de
cónyuge de Alfredo De la Peña Torres, y 45,33% para Dellanira del Carmen Ayola
Ramos, como compañera permanente del mismo.

5. Contra la anterior decisión, la señora Celedonia González De la Peña
presentó el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que
solicitó el reconocimiento pensional sobre el 100%.

6. De la demanda conoció en primera instancia el Juzgado Noveno

3
Transcripción del texto original, con posibles errores.

2
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Administrativo del Circuito de Cartagena que, en sentencia del 21 de abril de
2025, accedió a las pretensiones. Al respecto, consideró que la compañera
permanente no acreditó la convivencia con el causante durante los 5 años
inmediatamente anteriores a su fallecimiento, lo cual confirmó con dos
testimonios4.

7. La anterior decisión fue apelada por la señora Ayola Ramos. Reprochó
una valoración inadecuada de las declaraciones extrajuicio de Hernando Enrique
Chico Díaz y Germán Theran Torres, las cuales daban cuenta de la relación de
cercanía entre ella y el causante y, en especial, la vida marital de ambos entre el
15 de diciembre de 1986 y el 27 de diciembre de 2020. Además, solicitó el decreto
de dos testimonios, con los que pretendió probar la convivencia con el causante.

8. El Tribunal Administrativo de Bolívar, en sentencia del 25 de octubre de
2025, confirmó el fallo de primer grado5. Explicó que, si bien el a quo no se refirió
a las mencionadas declaraciones extrajuicio, lo cierto es que estas «no
proporcionan información sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar en
que se habría desarrollado la supuesta convivencia durante el periodo legalmente
exigido (…) de 5 años inmediatamente anteriores al fallecimiento del pensionado,
conforme los numerales 3.7 y 3.8 de la Ley 923 de 2004 y artículo 11 del Decreto
4433 de 2004».

9. Aclaró que, aunque se tuviera en cuenta el extremo temporal de
convivencia que aducen los testigos, entre el 15 de diciembre de 1986 y el 27 de
abril de 2020, «tendría acreditado a lo sumo, 4 años y 6 meses», inmediatamente
anteriores a la fecha del fallecimiento del señor De la Peña Torres. Frente a la
flexibilización del término, expuso que las referidas declaraciones «no ofrecen
mayores elementos de juicio para precisar una verdadera convivencia fraguada
en vínculos de afecto, respeto, comprensión, protección y dependencia
económica destinadas a un proyecto de vida».

10. Destacó que el Consejo de Estado ha precisado que «se excluyen los
encuentros esporádicos o casuales, e incluso las relaciones que, a pesar de ser
largas, no envuelven las circunstancias necesarias de una comunidad de vida»6.

1.3. Sustento de la vulneración

11. La accionante sostuvo que la decisión reprochada adolece de defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto al negar el decreto de los
testimonios que pidió, al tiempo que realizó una «interpretación excesivamente
formalista» del artículo 220 del Código General del Proceso (CGP), lo cual le

4
Rendidos por las señoras María Toscano Turizo e Irene Sánchez Marzán, vecinas de Celedonia
González.
5
Además, negó la solicitud probatoria de la apelación porque fueron negados en primera instancia
y contra dicha decisión la señora González no propuso ningún recurso y, en todo caso, no se
cumplen los requisitos de los numerales 2 y 4 del artículo 212 de la Ley 1437 de 2011.
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A, sentencia de 20 de
marzo de 2025, radicación: 25000 23 42 000 2015 00621 01 (0425-2022).

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impidió controvertir el fallo de primer grado, ya que con estos testimonios que le
fueron negados tenía como fin, probar la existencia de la unión marital de hecho.

12. Refirió la configuración de un defecto fáctico por indebida valoración
probatoria de las declaraciones extrajuicio que daban cuenta de la convivencia
que tuvo con el señor De la Peña de 1986 a 2020; y de un defecto sustantivo
por desconocimiento del precedente zanjado en la sentencia SU-149 de 2021
de la Corte Constitucional, tesis en la que se flexibilizó el requisito de convivencia
de mínimo 5 años inmediatamente anteriores al fallecimiento del pensionado,
«especialmente cuando existen circunstancias que impiden la cohabitación
continua, como lo son las enfermedades graves o las necesidades de cuidado»,
pues su convivencia con él se vio afectada por el padecimiento de salud que lo
aquejó de 2017 a 2020.

13. Sobre la misma decisión judicial precisó que, ante la existencia de cónyuge
y compañera permanente la prestación pensional debe distribuirse.

14. Señaló que, en la sentencia SC-2081 de 2025 de la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia, se «declaró la nulidad de un fallo que había
excluido la existencia de una unión marital probada indiciariamente, basándose
en una interpretación restrictiva de los requisitos de convivencia». Además, se
ordenó la distribución proporcional de la sociedad patrimonial a partir de
reconocer que la solidaridad y el acompañamiento en momentos de
vulnerabilidad «como una enfermedad causante de una amputación, son
manifestaciones inequívocas de un proyecto de vida en común y de la voluntad
de conformar una familia».

15. Añadió que la suspensión del pago de la mesada pensional, a su avanzada
edad, le ha causado un perjuicio irremediable que amerita la intervención del juez
de tutela, toda vez que de allí derivaba su mínimo vital, derecho fundamental
clave para la subsistencia, de conformidad con lo dicho por la Corte
Constitucional en el fallo T-426 de 1992.

16. Solicitó que se aplique a su caso el enfoque diferencial en atención a su
edad, circunstancia que la hace sujeto de especial protección constitucional, y
que por ello se flexibilicen los requisitos procesales de la sustitución pensional.

17. Explicó que la interrupción de la convivencia entre ella y el causante
ocurrió por la grave enfermedad que lo aquejó entre 2017 y 2020, que culminó
con la amputación de una de sus extremidades inferiores, y la necesidad de
cuidados especiales para él. Con base en ello, pidió que se flexibilice el requisito
de cohabitación por la imposibilidad física de compartir el mismo espacio. Expuso
que la «comunidad de vida se define por la persistencia de lazos afectivos, el
auxilio mutuo, la solidaridad, el apoyo espiritual y económico, y la voluntad de
conformar una familia, elementos que trascienden la mera presencia física en un
mismo domicilio».

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18. Afirmó que durante el periodo de enfermedad del señor De la Peña lo
asistió solidariamente mediante la gestión de medicamentos, apoyo emocional y
acompañamiento espiritual, elementos que son definidos por la jurisprudencia
como el núcleo esencial de la convivencia pensional. Al respecto, indicó que en
la sentencia T-290 de 2025 se consideró que «la comunidad de vida se mantiene
vigente a través de los lazos afectivos, sentimentales y de apoyo mutuo, incluso
cuando la cohabitación se ve interrumpida por circunstancias justificadas como
la enfermedad».

19. Finalmente relacionó las sentencias SU-169 de 20247, T-334 de 20248, T-
455 de 20259, T-251 de 2025 y T-516 de 202310 de la Corte Constitucional.

1.4. Intervenciones

20. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR) señaló
que no cumple con el presupuesto de legitimación en la causa por pasiva, por lo
que solicitó que se le desvincule. Subsidiariamente pidió que se declare
improcedente el mecanismo de amparo porque no se vulneraron los derechos
fundamentales de la parte actora.

21. El Tribunal Administrativo de Bolívar resaltó que su actuar fue
respetuoso del debido proceso y con garantía de los derechos de contradicción
y defensa. Frente a los requisitos de procedibilidad, consideró que el asunto no
es relevante desde el punto de vista constitucional, por lo que solicitó que se
niegue el amparo ante la ausencia de violación iusfundamental.

II. CONSIDERACIONES

22. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo porque el
asunto no tiene relevancia constitucional. En tal sentido, se demostrará que en el
asunto no se supera el referido requisito de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial.

7
Manifestó que establece «la doctrina de la "separación forzada" por motivos de salud,
reconociendo que la cohabitación física es un elemento accidental de la convivencia y que la
comunidad de vida se mantiene por los lazos afectivos y el auxilio mutuo, incluso ante la distancia
física justificada».
8
Mencionó que esta «reitera el carácter fundamental por conexidad de la pensión de
sobrevivientes para adultos mayores, y la importancia del mínimo vital cualitativo para garantizar
su dignidad humana».
9
«Desarrolla la flexibilidad probatoria en casos de sujetos de especial protección, el valor de las
declaraciones extrajuicio y la presunción de afectación al mínimo vital, lo que obliga a los jueces
a proferir órdenes de protección inmediata».
10
Enfatizan el deber de los operadores judiciales de aplicar un enfoque de género e
interseccionalidad, reconociendo la especial vulnerabilidad de las mujeres adultas mayores y
evitando la violencia institucional derivada de interpretaciones legales que perpetúan la
discriminación.

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2.1. Caso concreto

2.1.1. La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales

23. El Consejo de Estado11 y la Corte Constitucional12, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales13 y a la configuración de algún
defecto especial14 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.

24. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.

25. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.

26. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).

27. La Sala advierte que Dellanira del Carmen Ayola Ramos está legitimada
en la causa por activa, por haber hecho parte del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que se dictó la sentencia cuestionada, en
calidad de tercera vinculada.

11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
12
Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;
SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
13
(i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii) subsidiariedad; (iv) inmediatez;
(v) efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
14
(i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.

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28. Por su parte, la Sala evidencia que el Tribunal Administrativo de Bolívar se
encuentra legitimado en la causa por pasiva al ser la autoridad judicial que profirió
la decisión controvertida.

29. De otro lado, CASUR pidió ser desvinculada del trámite con fundamento
en que carece de legitimación en la causa por pasiva. Sin embargo, su solicitud
será negada porque su vinculación se ordenó en calidad de tercero por el
eventual interés que le asiste al haber sido parte demandada del proceso cuya
sentencia de segunda instancia se debate en esta oportunidad.

30. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.

31. En el sub judice, debe recordarse que la parte tutelante centró la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales en la configuración de los defectos
fáctico, sustantivo, procedimental y de desconocimiento del precedente. Al
respecto, reprochó que se valoraran «indebidamente» algunas declaraciones
extrajuicio, la negativa de decreto de testimonios en segunda instancia y que no
se flexibilizara el término de los 5 años inmediatamente anteriores al fallecimiento
del señor De la Peña a efectos de reconocerle un porcentaje de la sustitución
pensional, por las circunstancias especiales de su caso y su avanzada edad.

32. Cabe destacar que el Tribunal explicó en la sentencia del 25 de octubre
de 2025 que no accedería al decreto de testimonios en segunda instancia porque
frente a la providencia que los negó en primera, no se presentó recurso alguno,
aunado a que no se reunieron los requisitos legales para acceder a esas pruebas
en esa etapa procesal.

33. Ahora bien, frente a las declaraciones extrajuicio, consideró que «no
proporcionan información sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar en
que se habría desarrollado la supuesta convivencia durante el periodo legalmente
exigido» y que, pese a que indican que hubo «mutua comprensión, apoyo
espiritual y físico», lo certifican entre el 15 de diciembre de 1986 y el 27 de abril
de 2020.

34. En ese sentido, expuso que, de acuerdo con la fecha de fallecimiento del
señor De la Peña, «tendría acreditado a lo sumo, 4 años y 6 meses, sin
sobrepasar los 5 años inmediatamente anteriores al deceso que exige la norma»,

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porque se separó del causante 6 meses antes de su fallecimiento, lo que
desvirtuó la exigencia de convivir por lo menos cinco años inmediatamente
anteriores al fallecimiento.

35. Adicionalmente, indicó que no advertía cercanía entre Dellanira Ayola
Ramos y el señor De la Peña «pues analizando indicios, el causante relacionaba
en las historias clínicas como lugar de domicilio la dirección de la cónyuge en
Campestre y no la de la compañera permanente en el barrio República del Líbano
como las demás pruebas testimoniales dan cuenta de la convivencia pacífica e
ininterrumpida anterior al fallecimiento del causante con Celedonia González», ni
encontró que figurara como acompañante dentro de la historia clínica.

36. Así las cosas, el debate constitucional que propone la accionante carece
de relevancia constitucional en la medida en que sus argumentos recaen en una
inconformidad frente a lo decidido por el operador judicial, toda vez que pretende
que se flexibilicen los requisitos de tiempo para el reconocimiento de la
sustitución pensional contemplados en la Ley 923 de 2004 y el Decreto 4433 de
2004, de tal forma que se consideren menos de cinco años de convivencia
inmediatamente anteriores al deceso del señor De la Peña para que se reconozca
un porcentaje de la prestación social a su favor.

37. Entonces, su planteamiento se ciñe a un desacuerdo sin enfoque
constitucional que permita acceder a las pretensiones del proceso ordinario, o se
convierta la acción de tutela en una instancia adicional en la que se reconozcan
sus súplicas, bajo el argumento de que tiene especial protección constitucional
porque pertenece a la tercera edad.

38. Cabe destacar que, si bien los adultos de la tercera edad gozan de
especial protección constitucional en la salud, el mínimo vital, la autonomía e
independencia y en el cuidado del que deben gozar, lo cierto es que la accionante
no manifestó de qué forma resultan vulnerados o amenazados dichos derechos
fundamentales, y frente a la vulneración de su derecho al mínimo vital se limitó a
realizar tal afirmación sin sustento alguno. Se aclara que, si bien solicitó el
reconocimiento de la sustitución pensional, lo cierto es que el juez de tutela no
puede desplazar al juez ordinario que le corresponde analizar el cumplimiento de
los requisitos, e incumplirlos no conlleva que, por su edad, deba reconocérsele
el derecho sin que acredite tenerlo.

39. Se precisa, además, que, aunque la Corte Constitucional ha aceptado que
los elementos de la convivencia no se limitan a la cohabitación, sí ha exigido
circunstancias como apoyo mutuo, cuidado, prueba de la dependencia
económica, entre otros aspectos que para el Tribunal no constató la accionante
dentro del proceso ordinario. En ese sentido, no basta con mencionar sentencias
que han analizado casos de reconocimiento de sustitución pensional en los que
sí se han cumplido los requisitos, para que se satisfaga la carga argumentativa
que avale la intervención del juez de tutela a estudiar una decisión judicial
ordinaria ejecutoriada.

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40. Adicionalmente, se aclara que, para que se supere el requisito de
relevancia constitucional con relación al cargo por desconocimiento del
precedente y proceda el estudio, le corresponde a quien lo propone indicar la
ratio decidendi o regla de derecho de dicha decisión desatendida, y precisar la
identidad fáctica y jurídica entre el caso que invoca y el suyo. En ese sentido, no
basta con enunciar someramente un párrafo o apartes de la sentencia como lo
hizo la parte actora.

41. Se reitera que en materia de tutelas contra providencias judiciales le está
vedado al juez constitucional inmiscuirse en cuestiones de la órbita de los jueces
naturales de la causa. Por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en
los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por los actores dentro del
trámite de tutela, toda vez que, si se analizaran todos los reparos por decisiones
judiciales desfavorables, sin el contraste de un indebido e irracional estudio por
parte de la autoridad judicial, se atentaría contra el principio de autonomía judicial
y así, en últimas se convertiría el mecanismo constitucional en una tercera
instancia15.

42. Por esto, la Sala declarara la improcedencia de la solicitud de amparo, al
no encontrar acreditado el presupuesto de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la solicitud de amparo
formulada por la parte actora.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación de CASUR.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15
de diciembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-04612-01.

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Accionante: Dellanira del Carmen Ayola Ramos
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02973-00

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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