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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02976-00

Fecha
22 de mayo de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02976-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR carencia actual de objeto por hecho superado dentro de la acción de tutela presentada por la señora Zoraida Santamaria Ovalle, en calidad de agente oficioso de la señora María Antonia Ovalle de Santamaria, de conformidad con las consideraciones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada, REMITIR el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02976-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

22 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02976-00
Accionante: Zoraida Santamaria Ovalle1
Accionados: Nueva EPS

Tema: Acción de tutela por la presunta vulneración de los derechos
fundamentales de salud y petición

Decisión: Declarar carencia actual de objeto por hecho superado

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela presentada por la señora Zoraida Santamaría Ovalle, en calidad de agente
oficioso de la paciente oncológica María Antonia Ovalle de Santamaría, contra la
Nueva E.P.S. S.A., por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la
salud y petición, con ocasión de una solicitud radicada el 24 de marzo de 2026.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. La señora Zoraida Santamaria Ovalle presentó petición de portabilidad el 24 de
marzo de 2026, ante la Nueva E.P.S. S.A., con la finalidad de que se autorizara el
cambio de red de atención de la señora María Antonia Ovalle de Santamaria de la
ciudad de Tunja a Bogotá, para el manejo oncológico requerido, en virtud de las
múltiples dificultades de acceso al tratamiento.

3. Sin embargo, indicó que, a la fecha de presentación de la acción de tutela, habían
transcurrido 15 días hábiles sin que la entidad accionada emitiera respuesta.

2.2. Fundamento jurídico

4. La parte accionante considera que la Nueva E.P.S. S.A. vulneró los derechos
fundamentales de petición y salud de la señora María Antonia Ovalle Santamaria,
pues, a la fecha de presentación de la acción de tutela de la referencia, no había
emitido respuesta a la solicitud elevada el 24 de marzo de 2026, pese al estado de
salud de la paciente.

1 En representación de la señora María Antonia Ovalle de Santamaria.

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Accionante: Zoraida Santamaria Ovalle

2.3. Pretensiones

5. La parte accionante solicitó:

«1. Que se amparen los derechos fundamentales invocados.
2. Que se ordene a NUEVA EPS dar respuesta inmediata y de fondo al derecho
de petición radicado bajo el número 2251184.

3. Que se ordene a NUEVA EPS autorizar el cambio de red de atención para el
manejo oncológico hacia la ciudad de Bogotá, garantizando acceso oportuno,
integral y continuo.

4. Que se ordene garantizar la valoración por especialistas y acceso a alternativas
terapéuticas adecuadas, incluyendo la posibilidad de una segunda opinión
médica». (Sic en toda la cita)

2.4. Intervenciones

6. Por medio del auto del 20 de abril de 2026, se admitió la acción de tutela de la
referencia y se ordenó notificar a la Nueva E.P.S. S.A. y al señor Jorge Iván Ospina,
en calidad de interventor, como accionados.

7. Sin embargo, no se rindieron informes, pese a que se constató la notificación de la
admisión de la acción de tutela.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

8. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 20192 y demás normas concordantes.

3.2. Problema jurídico

9. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe en determinar
si la Nueva E.P.S. S.A. y el señor Jorge Iván Ospina, en calidad de interventor,
incurrieron en la vulneración de los derechos fundamentales de petición y salud de la
señora Zoraida Santamaría Ovalle, quien actúa como agente oficioso de la paciente
oncológica María Antonia Ovalle de Santamaría.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

10. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial

2 Reglamento interno del Consejo de Estado.

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Accionante: Zoraida Santamaria Ovalle

para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el
carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

11. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a
los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es
susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.

3.4. Del derecho fundamental de petición

12. El derecho fundamental de petición previsto en el artículo 23 de la Constitución
Política y regulado por la Ley 1755 de 2015, faculta a toda persona para presentar
solicitudes respetuosas ante las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener una respuesta pronta, clara, de fondo y debidamente
motivada.

3
13. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha señalado que una petición se
entiende resuelta de fondo cuando la respuesta es i) clara, es decir, inteligible y con
argumentos de fácil comprensión; ii) precisa, de manera que atienda directamente
lo solicitado sin incluir información impertinente ni recurrir a fórmulas evasivas; iii)
congruente, en cuanto aborde la materia objeto de la petición y sea acorde con lo
pedido; y iv) consecuente con el trámite surtido, de modo que, si la solicitud se
formula dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad, la respuesta no se
limite a tratarla como una petición aislada, sino que dé cuenta del estado del trámite
y de las razones por las cuales resulta o no procedente.

3.5. De la carencia actual de objeto por hecho superado

14. En este sentido, se ha pronunciado la Corte Constitucional en los siguientes
términos:

«Esta Corporación, al interpretar el contenido y alcance del artículo 86 de
la Constitución Política, en forma reiterada ha señalado que el objetivo de
la acción de tutela se circunscribe a la protección inmediata y actual de
los derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los
particulares en los casos expresamente consagrados en la ley.

Así las cosas, se tiene que el propósito de la tutela, como lo establece el
mencionado artículo, es que el Juez Constitucional, de manera expedita,
administre justicia en el caso concreto, profiriendo las órdenes que
considere pertinentes a la autoridad pública o al particular que con sus

3 Corte Constitucional, sentencias T-066 de 2024, T-329 de 2021, T-206 de 2018, entre otros.

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acciones han amenazado o vulnerado derechos fundamentales y
procurar así la defensa actual y cierta de los mismos.

No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta
amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra
superada, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo
más apropiado y expedito de protección judicial, por cuanto a que la
decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso concreto resultaría
a todas luces inocua, y por consiguiente contraria al objetivo
constitucionalmente previsto para esta acción»4

15. Así las cosas, se tiene que el fenómeno de carencia actual de objeto por hecho
superado opera cuando entre el momento de interposición de la acción de tutela y
al momento de proferir la decisión judicial, desaparece la situación que genera la
presunta conculcación de los derechos fundamentales invocados, situación que le
impide al juez de tutela adoptar cualquier medida dirigida a proteger las garantías
constitucionales del accionante, pues nada contrariaría más la lógica, que proferir
una orden frente a una circunstancia que en la actualidad se torna en inexistente, o
contravenir la decisión que al respecto se haya proferido en instancias diferentes a
la del juez constitucional.

16. Sin embargo, aunque las pruebas aportadas al proceso de tutela demuestren que,
en apariencia, el hecho generador de la acción ha sido superado, resulta imperativo
que el juez de tutela examine si en el fondo persisten circunstancias que ocasionen
la vulneración de los derechos fundamentales, de acuerdo con la interpretación en
derecho del caso concreto y su posible superación.

3.6. Análisis del caso concreto

17. La parte accionante considera que la Nueva E.P.S. S.A., vulneró los derechos
fundamentales de petición y salud de la señora María Antonia Ovalle Santamaria,
pues, a la fecha de presentación de la acción de tutela de la referencia, no había
emitido respuesta de la solicitud elevada el 24 de marzo de 2026, pese al estado de
salud de la paciente.

18. Si bien se le notificó en debida forma a la Nueva E.P.S. S.A. y al señor Jorge Iván
Ospina, en calidad de interventor, la admisión de la acción de tutela de la referencia
con la finalidad de que rindieran el respectivo informe, guardaron silencio.

19. En consecuencia, resultó necesario realizar una llamada telefónica al número
dispuesto por la señora Zoraida Santamaria Ovalle, con el objetivo de establecer si
la entidad accionada emitió respuesta tras la presentación de la acción de tutela.

20. Al respecto, la parte accionante confirmó que la Nueva E.P.S. S.A., contestó la
petición de portabilidad elevada el 24 de marzo del año en curso y, con posterioridad,
efectuó el traslado de la señora María Antonia Ovalle Santamaria de la ciudad de
Tunja a Bogotá.

21. En atención a lo anterior, se tiene que entre el momento de la presentación de la

4 Corte Constitucional, sentencia T-919 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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Accionante: Zoraida Santamaria Ovalle

acción de tutela de la referencia y el momento en que se analiza el caso concreto
para proferir una decisión judicial, se satisfizo la pretensión de la señora María
Antonia Ovalle Santamaria. Por ende, cualquier medida que adopte el juez
constitucional resultaría inane5.

22. Aunado a lo anterior, no se observa que persistan circunstancias que ocasionen
la vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante. En
consecuencia, la Sala advierte que se declarará la carencia actual de objeto por
hecho superado.

23. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

I. FALLA

PRIMERO: DECLARAR carencia actual de objeto por hecho superado dentro de la
acción de tutela presentada por la señora Zoraida Santamaria Ovalle, en calidad de
agente oficioso de la señora María Antonia Ovalle de Santamaria, de conformidad
con las consideraciones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada, REMITIR el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

5
Corte Constitucional, Sentencia T-358 de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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