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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02985-01

Fecha
28 de julio de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02985-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1°) Confírmase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02985-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

28 de julio de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veintiocho (28) de julio de dos mil veintiséis (2026).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-02985-01
Demandante: JOSÉ ALFREDO RODIÑO MONTES
Demandado: SALA TERCERA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA Y OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
RETIRO DE POLICÍA.

Síntesis del caso: la parte demandante consideró que se configuró una vulneración de sus
derechos fundamentales, con ocasión de la providencia que confirmó la decisión que negó las
pretensiones de la demanda, pues, a su juicio, incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial. La Sala confirmará la decisión que declaró
improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional
porque el interés de la parte actora es emplear la acción de tutela como una instancia adicional.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante en contra de la
sentencia del 11 de junio de 2026 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado
mediante la cual se dispuso:

“1. Declarar improcedente la acción de tutela ejercida por el señor José
Alfredo Rodiño Montes, contra el Tribunal Administrativo de Córdoba – Sala
Tercera de Decisión.”. (archivo disponible en SAMAI, índice 17, primera
instancia- negrillas y mayúsculas del original).

ANTECEDENTES
1. La demanda

El 17 de abril de 20261, el señor José Alfredo Rodiño Montes promovió proceso de acción
de tutela en contra de la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba
y el Juzgado Sexto Administrativo de Monteria, con el fin de que se protegieran sus
derechos constitucionales fundamentales del debido proceso, estabilidad laboral

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-02985-01
Demandante: José Alfredo Rodiño Montes
Acción de tutela – Impugnación fallo

reforzada, vida digna, trabajo, igualdad, seguridad social y acceso a la administración de
justicia y, por tanto, se accediera a las siguientes súplicas:

“Pretendo que esta alta dignidad por la Tutela conceda el Amparo Constitucional
al tutelante por violarle las autoridades administrativas y Judiciales 1.- El debido
proceso, 2.- La Estabilidad Laboral Reforzada. 3.- la Vida Digna, 4.- El Derecho
Al Trabajo 5.- Acceso A La Administración De Justicia, 6.- La Igualdad frente a
los fallos de unificación y de Tutela, 7.- Mínimo Vital y 8.- La Seguridad Social

Determinando por sus señorías como consecuencia del Amparo Constitucional
revocar las siguientes decisiones 1.- el Acta de Tribunal Médico legal ( TML 14
06-32 MDSNSG-TML-41.1 Del 6 de febrero de 2025 ) 2.- Revocar la Resolución
de Retiro 01908 de 6 de mayo de 2015 3 .- Revocar el Fallo del Juzgado 6
Administrativo Oral De Montería Radicación # 23-001-33-33-006-2015-00402-
00 de Junio 16 de 2020 que negó las pretensiones y la Revocatoria del fallo del
Tribunal Administrativo de Córdoba Sala III de decisión el 24 de febrero de 2026
Radicación # 23-001-33-33-006-2015-00402-01, que confirmó el fallo de la
primera instancia.

Como consecuencia de esas decisiones ruego disponga la reubicación laboral
del tutelante, la prestación de los servicios de salud y el pago de los haberes
dejados de percibir indexados desde su retiro hasta su reintegro y reubicación.”.
(archivo disponible en SAMAI, índice 2, primera instancia).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) Se desempeñó como patrullero de la Policía Nacional durante 10 años, 9 meses y 15
días, no obstante, con ocasión de un accidente sufrido en servicio, su capacidad laboral
quedó disminuida en un 8.50%, porcentaje calificado por la Junta Médico Laboral en el
Acta no. 422 del 28 de junio de 2013.

2) El 8 de mayo de 2014, presentó una solicitud para la convocatoria del Tribunal Médico
Laboral de Revisión Militar y de Policía con el fin de que le subieran el índice de
discapacidad de un punto.

3) El porcentaje de disminución fue modificado por el Tribunal Médico Laboral de
Revisión Militar y de Policía el 6 de febrero de 2015, para lo cual estableció una pérdida
de capacidad laboral del 12% y dictaminó no procedente su reubicación laboral.

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Demandante: José Alfredo Rodiño Montes
Acción de tutela – Impugnación fallo

5) Presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho a fin de que se declarara
la nulidad de la Resolución no. 01908 del 6 de mayo de 2015 y del Acta no. TML 14-0632
MDSNSG-TML-41.1 del 6 de febrero de 2015 por falsa motivación, ilegalidad y quebranto
del orden jurídico superior, y a título de restablecimiento del derecho solicitó el reintegro
al cargo del que fue retirado, junto con el pago de los salarios y demás emolumentos
dejados de percibir desde el retiro hasta su reincorporación.

6) Mediante sentencia de 16 de julio de 2020, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Co
dic
Judicial de Montería negó las pretensiones de la demanda tras considerar que el Decreto
Co
1791 de 2000 contempla una causal de retiro denominada la “disminución de la capacidad SA

psicofísica”, motivo por el cual su retiro fue conforme a derecho.

7) Presentó recurso de apelación en el que solicitó revocar la decisión y acceder a las
pretensiones, frente a lo cual adujo que se incurrió en deficiente motivación y falta de
valoración probatoria, se omitió la jurisprudencia constitucional sobre la exequibilidad
condicionada del retiro y que el dictamen se sustentó en exámenes médicos vencidos,
sin valorar sus capacidades residuales, pese a que continuó laborando cerca de cinco
años tras la lesión.

8) En sentencia de 24 de febrero de 2026, la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Córdoba confirmó el fallo en su integridad toda vez que la Resolución
no. 01908 de 2015 se ajustó a derecho, pues se sustentó en el Acta TML 14-0632, emitida
por el Tribunal Médico Laboral de Revisión como organismo competente y conforme a
los parámetros de los Decretos 094 de 1989 y 1796 de 2000.

3. El fundamento de la vulneración

La parte demandante señaló que la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos
constitucionales fundamentales con ocasión de la providencia proferida el 24 de febrero
de 2026, por cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y
desconocimiento del precedente.

En cuanto al defecto sustantivo, adujo que el tribunal aplicó de manera errónea y arbitraria

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-02985-01
Demandante: José Alfredo Rodiño Montes
Acción de tutela – Impugnación fallo

adecuaron a las reglas de la Corte Constitucional sobre las prohibiciones de retiro frente
a la estabilidad laboral reforzada de los miembros de la Fuerza Pública.

Frente al defecto fáctico aseguró que la autoridad judicial accionada no valoró en debida
forma el trámite que siguió el tribunal médico con ocasión de la solicitud de revisión
elevada por el demandante, respecto del dictamen elaborado por la junta médico laboral.

Se configuró un defecto orgánico en el trámite administrativo toda vez que, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 29 del Decreto 094 de 1989, el plazo para solicitar al Tribunal
Médico Laboral la revisión del dictamen médico primigenio de la Junta era de tres (3)
meses, de modo que la modificación realizada el 6 de febrero de 2015 resultó ilegal al
proferirse vencido el término de cuatro meses y al constituir una decisión extra petita.

Las decisiones no fueron debidamente motivadas en tanto optaron por declarar la
legalidad de los actos sin explicar de manera clara y detallada las razones de su decisión,
y sin analizar la estabilidad laboral reforzada de la que gozaba.

Las autoridades médicas y los jueces de instancia desconocieron las sentencias SU
061/23, SU 428 /2023, C-270/23, SU-388 de 2021, T-168/25, SU-418/19, SU-573/17, T-
055 de 1997, T- 459/12, T 440 de 2017, T-0698 de 2018, T-286 de 2019, T-319/21, T-
328 de 2022 y T-368 de 2024 de la Corte Constitucional, precedentes en los que se ha
concedido el amparo constitucional a la estabilidad laboral reforzada de miembros de la
Fuerza Pública.

Finalmente, aclaró que la acción de tutela es procedente y reviste de relevancia
constitucional de conformidad con las sentencias SU-128 de 2021 y T-1092 de 2007.

4. Actuación de primer grado

Mediante auto de 8 de mayo de 20262, la Sección Cuarta de esta Corporación admitió el Co
se
proceso de acción de tutela y ordenó la notificación del presidente y los magistrados pri

integrantes del Tribunal Administrativo de Córdoba, así como, del titular del Juzgado Co
se
Sexto Administrativo de Montería, al Ministerio de Defensa y al director general de la se

Policía Nacional, con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-02985-01
Demandante: José Alfredo Rodiño Montes
Acción de tutela – Impugnación fallo

5. Sentencia de primera instancia

La Sección Cuarta de esta Corporación, mediante sentencia de 11 de junio de 20263,
declaró improcedente el amparo invocado por el incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional, en la medida que los fundamentos de la demanda se reducían
a un desacuerdo con la valoración probatoria y con la interpretación normativa efectuada
por el juez natural del proceso ordinario.

La misma apreciación se evidenció respecto del reproche del desconocimiento del
precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, pues, el tribunal accionado analizó
las sentencias C-381 de 2005, T-503 de 2010, T-081 de 2011, T-910 de 2011, T-1048 de
2012 y T-928 de 2014 de la Corte Constitucional y las sentencias del Consejo de Estado
en la materia para determinar la competencia del de las juntas médico-laborales y del
tribunal médico laboral para determinar la posibilidad de reubicación.

Finalmente, advirtió que el actor planteó los mismos argumentos en el proceso ordinario
de nulidad y restablecimiento del derecho, lo que demuestra su intención de convertir la
acción de tutela en una instancia adicional para reiterar una discusión ya superada.

6. Impugnación

La parte demandante presentó impugnación contra el fallo de primera instancia,
concedida en auto del 25 de junio de 20264.

Sí se cumple el requisito de relevancia constitucional, puesto que no pretende reabrir el
debate propio del proceso ordinario, sino cuestionar que el tribunal se apartó del
precedente reciente y vinculante del Consejo de Estado sin ofrecer una justificación
suficiente.

La providencia le dio valor a un concepto legal del Tribunal Médico Laboral que fue
emitido sin cumplir con los requisitos establecidos y sin evaluar que la Corte
Constitucional ha emitido numerosas providencias en las que ha sostenido la protección
especial de los miembros de la fuerza pública con disminución de la capacidad

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-02985-01
Demandante: José Alfredo Rodiño Montes
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rehabilitación e integración social, y de prestarles la atención especializada que
requieran.

El acto de retiro cercenó la sentencia C-381/2005 al únicamente analizar el acápite
referente a que los miembros de la policía nacional se encuentren en condiciones de
aptitud para desempeñar las funciones, sin considerar la totalidad de la sentencia y sus
condiciones particulares.

El a quo no realizó un control efectivo sobre los fallos acusados pues no analizó la grave
vulneración de las sentencias de la Corte Constitucional, entre ellas, la C-389/2005 en
cuyo caso se discutió la aplicación del artículo 29 del Decreto 094 de 1989, donde se
impugnó el Acta de la Junta médico laboral ante el Tribunal Médico Laboral de Revisión
Militar y se hizo fuera del término de los 3 meses previstos.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o
acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista

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Demandante: José Alfredo Rodiño Montes
Acción de tutela – Impugnación fallo

2. Caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo de Córdoba y al Juzgado Sexto Administrativo de Montería con el fin de
que se protejan sus derechos fundamentales antes mencionados, presuntamente
vulnerados con ocasión de las providencias del 24 de febrero de 2026 y 16 de julio de
2020, respectivamente, por cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos sustantivo, fáctico
y desconocimiento del precedente judicial.

En la sentencia de primera instancia, la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró
improcedente el amparo invocado por el incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional.

En el escrito de impugnación la parte demandante insistió en que se cumple con el
requisito de relevancia.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia, la Sala confirmará la sentencia
de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela, por el incumplimiento
del requisito de relevancia constitucional, por las razones que procederán a exponerse:

2.1 La relevancia constitucional en la acción de tutela contra providencias
judiciales

Cuando una acción de tutela se promueve en contra de una providencia judicial su
procedencia está sometida a una serie de requisitos generales, sin los cuales el juez
constitucional no puede entrar a realizar un análisis de fondo.

En efecto, tales presupuestos generales se instituyeron con la finalidad de que no todos
los asuntos puedan ser decididos en sede de tutela, so pena de vaciar la competencia de
los jueces ordinarios y desconocer principios de raigambre constitucional como la
seguridad jurídica y la autonomía e independencia judicial.

Con ese norte, la jurisprudencia, específicamente en la sentencia C-590 de 2005 de la
Corte Constitucional, que constituye el fallo hito en la materia, estableció un modelo de
requisitos generales de procedencia y defectos o causales específicas, orientados a

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Demandante: José Alfredo Rodiño Montes
Acción de tutela – Impugnación fallo

En la sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que
el cumplimiento de este requisito está orientado a la consecución de tres finalidades
concatenadas: i) preservar la competencia e independencia de los jueces ordinarios,
impidiendo que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; ii)
restringir el amparo a cuestiones que comprometen la vigencia efectiva de derechos
fundamentales, evitando que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones; e iii) impedir que este mecanismo se
convierta en una instancia o recurso adicional frente a decisiones judiciales ejecutoriadas.

En similares términos, en jurisprudencia de unificación reciente5, la Corte ha reiterado
que la acción de tutela contra providencias judiciales no puede desnaturalizarse en un
medio para revisar la “correcta” aplicación del ordenamiento, sustituir el criterio del juez
natural o reabrir debates probatorios ya concluidos, e insistió en que el juez constitucional
sólo puede intervenir cuando la controversia planteada trasciende el ámbito de la
legalidad y se proyecta como un problema genuinamente constitucional que afecte
derechos fundamentales de las partes involucradas.

De acuerdo con esta línea, en primer lugar, la Sala Plena de la Corte Constitucional
enfatizó que el asunto sometido a acción de tutela debe involucrar un problema de índole
constitucional claro y marcado, relacionado con el contenido, alcance o goce de un
derecho fundamental, sin que pueda reducirse a la simple inconformidad frente a la
interpretación de normas legales o a divergencias sobre la valoración probatoria, de
manera que las controversias que “se limitan a la mera determinación de aspectos legales
de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma
procesal6”, carecen, en principio, de relevancia constitucional, salvo que se acredite de
manera específica una afectación grave y desproporcionada de derechos fundamentales.

En efecto, en la referida sentencia SU-103 de 2022, que ratificó el criterio que ya se había
planteado en la sentencia SU-128 de 2021, la Corte indicó que no cumplen este
presupuesto aquellos casos en los que “la controversia no versa sobre un asunto
constitucional, sino uno meramente legal y/o económico” o cuando la parte actora “busca
una instancia adicional para reabrir debates meramente legales ya concluidos con la
intención de revivir los términos procesales”.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-02985-01
Demandante: José Alfredo Rodiño Montes
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En segundo lugar, la propia Corte estableció que la relevancia constitucional entraña una
exigente carga argumentativa para la parte actora ya que no es suficiente con invocar,
en abstracto, la vulneración de derechos fundamentales, por cuanto le asiste la carga de
explicar, de forma concreta y razonada, por qué la decisión cuestionada comporta una
restricción constitucionalmente inaceptable, postulado que fue reiterado por el Consejo
de Estado en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 en la que se dispuso
que “no basta con (…) aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir
este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales 7”, enfatizando
en que corresponde al demandante justificar por qué su pretensión tiene tal entidad, so
pena de rechazo o improcedencia.

En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido un entendimiento más
exigente sobre la carga argumentativa asociada con dicho requisito. Así, las
mencionadas sentencias SU-215 de 2022 y la SU-103 de 2022 de la Corte Constitucional
fueron específicas en destacar que la relevancia constitucional no se presume por la sola
invocación de vocabulario constitucional, ni por la sola mención de un derecho
fundamental, en tanto corresponde a la parte actora exponer un problema jurídico de
naturaleza constitucional e identificar con claridad los defectos que se pretenden atribuir
a la providencia objeto de censura, con una explicación clara sobre el por qué estos
desbordan el margen de interpretación y conducen a la vulneración concreta de un
derecho fundamental, de ahí que se ha reiterado que la acreditación del requisito “más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con
derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción desproporcionada” de tales derechos:

“Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el
asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.”.8

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Acción de tutela – Impugnación fallo

En tercer lugar, la relevancia constitucional está destinada a impedir que la acción de
tutela se utilice como tercera instancia o mecanismo para reiterar desacuerdos o simples
desavenencias con el criterio del juez natural, punto sobre el cual, tanto la Corte
Constitucional como el Consejo de Estado han sido enfáticos en que la acción de tutela
no puede erigirse en un escenario para revisar, en abstracto, la corrección jurídica de la
decisión, sustituir la apreciación probatoria del fallador ordinario ni reabrir litigios
legalmente concluidos.

Al respecto, la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia T-022 de 2019, determinó
que la acción de tutela constituye un juicio de validez y no de corrección de las decisiones
de los jueces, motivo por el cual en aquellos casos en los que resulta diáfano que la
intención de las partes es instrumentalizar este mecanismo con el único fin de cuestionar
la interpretación, el criterio o la posición del juez natural, simplemente por encontrarse en
desacuerdo con la decisión desfavorable a sus intereses, dicho mecanismo carece de
una verdadera trascendencia desde la óptica constitucional.

El Consejo de Estado ha destacado que, si de la acción se desprende que el objetivo del
actor es convertir la tutela en una instancia adicional a las del proceso ordinario con miras
a evidenciar las inconformidades con la providencia objeto de censura, específicamente,
con su interpretación normativa o sus conclusiones probatorias, la consecuencia lógica
es que es que el amparo así deprecado se torna a todas luces improcedente pues en esa
hipótesis se está ante un debate infraconstitucional que no compromete directamente
mandatos superiores y cuya resolución compete únicamente a los jueces ordinarios,
quienes fueron investidos por el legislador de precisas facultades para ello.

El juez de tutela no es ni puede actuar como superior funcional de los jueces ordinarios,
de modo que su análisis debe contraerse a aquellos debates que comporten una genuina
y marcada importancia desde el punto de vista de los derechos fundamentales, en orden
a evitar inmiscuirse en discusiones que no son de su resorte, so pena de vaciar de
contenido las competencias asignadas a cada jurisdicción. El rol del juez de tutela no
puede ni debe confundirse con el de una instancia revisora de las providencias proferidas
por los jueces naturales en su ejercicio de tal y cualquier intento dirigido a reemplazar o
arrogarse competencias de juez ordinario, desde luego, debe ser contenido.

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trascender la mera legalidad y tener la virtualidad de incidir en la interpretación, aplicación
o eficacia de la Constitución o de un derecho fundamental; ii) la controversia no puede
limitarse a un asunto estrictamente patrimonial o privado carente de proyección
constitucional; iii) el escrito de acción de tutela debe mostrar una afectación grave,
concreta y desproporcionada de derechos fundamentales atribuible a una decisión
judicial arbitraria o irrazonable, y iv) no es constitucionalmente relevante una pretensión
dirigida a replantear discusiones que ya fueron propuestas, analizadas y resueltas en el
proceso ordinario, mediante los recursos propios de la jurisdicción competente.

Tales criterios, además, son aún más rigurosos cuando se pretenda emplear la acción
para cuestionar una decisión de una Alta Corte, pues, de conformidad con lo establecido
por la propia Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019, esta hipótesis
comporta un escrutinio aún más estricto, en el que se “exige valorar, prima facie, si la
decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial,
violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita de acción tanto
de los jueces constitucionales, como de las demás jurisdicciones’ en estricto respeto a la
independencia de los jueces ordinarios9” (negrillas adicionales).

En conclusión, la relevancia constitucional opera como un filtro material y obligatorio que
condiciona el estudio de fondo de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
en tanto exige que la parte actora demuestre, con una argumentación clara y específica,
que la providencia cuestionada desborda el margen de interpretación razonable y
comporta una afectación grave e injustificada de derechos fundamentales.

En esa medida, el análisis de este presupuesto de procedibilidad de la acción obliga al
juez de tutela a declarar improcedente el amparo cuando se advierta que se pretende
emplearlo para expresar desacuerdos con la decisión, replantear discusiones probatorias
o jurídicas ya zanjadas, o perseguir fines meramente económicos o privados; únicamente
cuando se supera este umbral es legítimo avanzar al examen de los defectos alegados
en el caso concreto.

2.2. El análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto

1) La parte demandante afirmó que el tribunal interpretó y aplicó de manera errónea las

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que generó una vulneración de los artículos 13, 25, 47, 48, 53 y 93 de la Constitución;
que los jueces de instancia no aplicaron las reglas de la Corte Constitucional referentes
a las prohibiciones de retiro frente a la estabilidad laboral reforzada de los miembros de
la Fuerza Pública; no valoraron en debida forma el trámite que siguió el tribunal médico
con ocasión de la solicitud de revisión elevada por el demandante; y se apartaron
injustificadamente de la jurisprudencia reciente y reiterada de la Corte Constitucional en
los que se ha concedido el amparo constitucional a la estabilidad laboral reforzada de
miembros de la Fuerza Pública.

2) No obstante, para la Sala es claro que los fundamentos que soportan la interposición
de la acción de tutela se dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos que fueron
debidamente debatidos, analizados y resueltos en el trámite del recurso de apelación,
oportunidad en la cual la parte demandante indicó, en los mismos términos que ahora
pretende, que goza de una estabilidad laboral reforzada en su condición de miembro de
la Fuerza Pública, se desconoció el precedente de la Corte Constitucional y que el acto
de retiro fue expedido con falsa motivación, así:

“El artículo 13 Superior consagra el derecho fundamental a la igualdad y no
discriminación, dentro del que se establece la obligación estatal de promover
condiciones de igualdad real y efectiva, medidas en favor de grupos
discriminados y protección especial a personas que por su económica, física o
mental circunstancia de debilidad manifiesta. Sobre este particular, la Corte
Constitucional en sentencia C-458 de 2015 señala que:

Específicamente, en tratándose de la estabilidad laboral reforzada en casos
relacionados con desvinculación de miembros de la Fuerza Pública, en la
sentencia T-076 de 2016, la Corte Constitucional explicó que las personas en
situación de discapacidad, en razón de una disminución física, sensorial o
psicológica, se encuentran en un estado de debilidad manifiesta, que impone al
Estado la obligación de ampararlos para garantizarles su derecho a la igualdad,
resaltando que, de cara con lo normado en el artículo 47 Superior, el Estado
debe adelantar las políticas de previsión, rehabilitación e integración social
destinadas a quienes sufren una disminución de sus capacidades, lo que
incluye la estabilidad laboral, de conformidad con los artículos 53 a 54 idem

(…)

En relación con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
regulado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, la nulidad procede por las
mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo 137 ibidem,
entre las que se destaca aquella referida a que el acto administrativo objeto de
anulabilidad, haya sido expedido con infracción de las normas en las que
debería fundarse, o nulidad por violación de una norma superior, como se
conoce genéricamente a esta causal de nulidad, la cual ha sido analizada por

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El Consejo de Estado, en cuanto la expedición irregular por falta de motivación
y la falsa motivación como vicios invalidantes de los actos administrativos, en
reciente sentencia concluyó que:

(…)

Ahora bien, se pretende en esta causa judicial determinar la procedencia o no
de declarar la nulidad del Acta del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar
y de Policía No. TML14-0632 MDSNSG-TML-41.1de fecha 6 de febrero de
2015, mediante la cual no se recomendó la reubicación laboral del Patrullero
JOSÉ ALFREDO RODIÑO MONTES, y de la Resolución No. 01908 del 6 de
mayo de 2015, con la cual s e retiró del servicio activo de la Policía Nacional al
Patrullero RODIÑO MONTES, todo, con los reconocimientos consecuenciales
que a título de restablecimiento del derecho se deriven de la nulidad deprecada.

(…)

Visto lo anterior, ha lugar a concluir que los conceptos mediante los cuales las
autoridades médico laborales (Junta Médico Laboral y Tribunal Médico Laboral
de Revisión Militar y de Policía) califican la aptitud sicofísica - concepto de
capacidad sicofísica- de los miembros de la Fuerza Pública, alumnos de las
escuelas de formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, deben
encontrarse vigentes al momento de la expedición del acto de retiro del servicio
que en ellos se funde, toda vez que, en los términos normativos expuestos,
pasados 3 meses de la extensión de los predichos conceptos, se recupera la
aptitud para la prestación del servicio.”

3) Tales planteamientos fueron abordados y resueltos en la providencia enjuiciada, en la
cual la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba confirmó el fallo
en su integridad, toda vez que la Resolución no. 01908 de 2015 se ajustó a derecho, pues
se sustentó en el Acta TML 14-0632, emitida por el Tribunal Médico Laboral de Revisión
como organismo competente y conforme a los parámetros de los Decretos 094 de 1989
y 1796 de 2000.

“El Decreto 1791 de 2000 consagra la facultad discrecional del retiro del
servicio, definiendo, tipificando y estableciendo el retiro por disminución de la
capacidad psicofísica, en los artículos 54, 55.3 y 59, al tiempo que precisa la
posibilidad de mantener en servicio activo a quienes han obtenido concepto
favorable de la Junta Médico Laboral sobre reubicación, y sus capacidades
puedan ser aprovechadas en actividades administrativas, docentes o de
instrucción.

Por su parte, los artículos 211 y 312 del Decreto 1796 de 2000, por el cual se
regula la evaluación de la capacidad psicofísica y de la disminución de la
capacidad laboral, entre otros aspectos, establecen la noción de capacidad
psicofísica como el conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes y
potencialidades de orden físico y psicológico que debe reunir la persona para
ingresar y permanecer en el servicio, en consideración a su cargo, empleo o
funciones; las cuales son valoradas con criterios laborales y de salud
ocupacional por las autoridades médicos laborales de la fuerza pública, y

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-02985-01
Demandante: José Alfredo Rodiño Montes
Acción de tutela – Impugnación fallo

Revisado el material probatorio aportado al expediente, se encuentra, que el
acto administrativo acusado Resolución No. 01908 del 06 de mayo de 2015 ,
por medio del cual se retiró del servicio activo al demandante, se fundamenta
en lo establecido en los artículos 54 y 55 del Decreto Ley 1791 de 2000, normas
que autorizan el retiro del personal de la Policía Nacional por disminución de
capacidad y aptitud psicofísica

Del contenido del acto administrativo de retiro, se evidencia que la Policía
Nacional sustentó su decisión en el concepto emitido por el Tribunal Médico
Laboral de Revisión Militar y de Policía No. TML 14-0632 del 06 de febrero de
2015, en la que modificó los resultados de la Junta Médico Laboral realizada en
7 de julio de 2016, en el sentido de señalar que el señor PT Rodiño Montes José
Alfredo presenta incapacidad permanente parcial que le genera una
disminución de la capacidad laboral del 12.00%, lo cual lo hace NO APTO para
la actividad policial; igualmente, no recomendó la reubicación laboral del mismo.

Ahora bien, se observa que el acta del Tribunal Médico Laboral de Revisión
Militar y de Policía No. TML14-0632 MDSNSG-TML-41.1 modificó los resultados
de la junta médico laboral No. 422 del 28 de junio de 2013, y decidió:

(…).

En relación con la convocatoria e integración del Tribunal Médico-Laboral y de
Revisión, del análisis del contenido del acta TML 14-0632, la Sala evidencia lo
siguiente:

(…).

Lo anterior permite a la Sala colegir que la resolución No. 01908 del 06 de mayo
de 2015 se encuentra ajustada a derecho, en la medida que, en la misma se
dispuso retirar del servicio activo de la Policía Nacional al patrullero José Alfredo
Rodiño Montes por disminución de la capacidad laboral del 12.00%, con
fundamento el acta emitida por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y
de Policía, en la que se lo calificó con Incapacidad Permanente Parcial - No
Apto – No recomienda reubicación laboral.”. (archivo disponible SAMAI, índice
11).

4) Ahora, para sustentar la vulneración de los derechos invocados en el mecanismo
constitucional el demandante expuso similares planteamientos a los expuestos en el
recurso de apelación dirigidos de manera exclusiva a que se reconociera que no era
procedente su retiro porque cuenta con una disminución de la capacidad psicofísica y
que se ha desempeñado en la entidad sin ningún problema por más de 10 años.

5) Adicionalmente, si bien en la acción de tutela se mencionaron las sentencias SU
061/23, SU 428 /2023, C-270/23, SU-388 de 2021, T-168/25, SU-418/19, SU-573/17, T-
055 de 1997, T- 459/12, T 440 de 2017, T-0698 de 2018, T-286 de 2019, T-319/21, T-
328 de 2022 y T-368 de 2024 de la Corte Constitucional, lo cierto es que la parte
demandante se limitó a enunciarlas y a afirmar que contenían un precedente aplicable,

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-02985-01
Demandante: José Alfredo Rodiño Montes
Acción de tutela – Impugnación fallo

6) Ahora bien, en el proceso ordinario, el tribunal si bien no analizó la totalidad de las
sentencias, si estudió a detalle la sentencia C – 381 de 2005 de la Corte Constitucional
para concluir que era procedente el retiro del servicio de la Policía Nacional por
disminución en la capacidad psicofísica, siempre que se concluya que la persona no tiene
capacidad alguna aprovechable, de la siguiente manera:

“Ahora bien, en relación con la causal de retiro que ocupa el asunto bajo estudio
-disminución de la capacidad psicofísica-, la cual está dispuesta en el numeral
3º del artículo 55 del decreto 1791 del año 2000, el artículo 59 de dicha
codificación señala que se podrán mantener en servicio activo aquellos
policiales que habiendo sufrido disminución de la capacidad psicofísica y
obtenido concepto favorable de la junta médico laboral sobre reubicación, sus
capacidades puedan ser aprovechadas en actividades administrativas,
docentes o de instrucción.

Al respecto, la Corte Constitucional mediante sentencia C-381/05, al efectuar el
estudio de constitucionalidad de los artículos 55, numeral 3º, 58 y 59 del decreto
1791 del año 2000, indicó que era procedente el retiro del servicio de la Policía
Nacional por disminución en la capacidad psicofísica, siempre que se concluya
que la persona no tenía capacidad alguna aprovechable, concluyendo que no
podrá ser retirada “si se demuestra que se encuentra en condiciones de realizar
alguna labor administrativa, de docencia o de instrucción”, en ese orden, solo
después de realizada la valoración correspondiente y siempre que se concluya
que la persona no tiene capacidad alguna aprovechable para tales tareas, podrá
ser retirado de la Policía Nacional

El Alto Tribunal Constitucional en diferentes oportunidades10 se ha pronunciado
sobre los derechos al trabajo y a la igualdad de los militares y policías cuando
se ordena su retiro en razón a la pérdida de capacidad psicofísica. En dichos
pronunciamientos, ha analizado la competencia de las juntas médico-laborales
y del tribunal médico laboral para determinar la posibilidad de reubicación,
indicando que deberán tenerse en cuenta los elementos subjetivo y objetivo
para determinar la procedencia de la reubicación, referido a la capacitación para
otras tareas y la existencia y disponibilidad de un cargo que corresponda a la
preparación y capacitación del sujeto.

A la par, el Consejo de Estado ha emitido numerosas providencias en las que
ha sostenido respecto a la protección especial de los miembros de la fuerza
pública con disminución de la capacidad psicofísica que puede dar lugar al retiro
del uniformado, el deber de la autoridad de exponer las razones por las cuales
no es posible la reubicación.”

7) De esta forma, el reproche tampoco plantea un problema constitucional autónomo,
sino un desacuerdo con la valoración y el alcance que el juez natural atribuyó a las
decisiones invocadas.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-02985-01
Demandante: José Alfredo Rodiño Montes
Acción de tutela – Impugnación fallo

8) Así pues, aunque la parte demandante pretende otorgar a esta circunstancia la
connotación de defecto sustantivo y desconocimiento del precedente judicial, lo cierto es
que los fundamentos de la acción de tutela corresponden, en esencia, a una reiteración
de los argumentos jurídicos que fueron formulados y decididos en el proceso ordinario,
particularmente en la sentencia de segunda instancia proferida el 24 de febrero de 2026.

9) Para la Sala resulta claro que, de manera expresa, la autoridad judicial demandada en
la providencia objeto de tutela, concluyó que el trámite administrativo que culminó con el
retiro del servicio del actor por disminución de la capacidad psicofísica y la Resolución
no. 01908 de 2015 se ajustó a derecho, pues se sustentó en el Acta TML 14-0632, emitida
por el Tribunal Médico Laboral de Revisión, la legislación pertinente y el precedente
constitucional en la materia.

10) Por consiguiente, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la referencia
no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es reabrir un debate
meramente legal y probatorio sobre su retiro y las circunstancias particulares en que
ocurrió, el cual era propio del trámite del proceso ordinario y al juez constitucional le está
vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su competencia.

11) En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela, por las razones hasta aquí expuestas.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1°) Confírmase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de
tutela, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-02985-01
Demandante: José Alfredo Rodiño Montes
Acción de tutela – Impugnación fallo

4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Presidente de la Subsección Magistrado

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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