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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02986-00

Derecho: reliquidación pensional con la inclusión de todos los factores salariales

Fecha
15 de mayo de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02986-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

R E S U E L V E PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el señor Humberto Mariano Vélez Coronado, por conducto de apoderado, contra el Tribunal Administrativo de Sucre, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: De no ser impugnada, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02986-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

15 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., quince (15) de mayo de dos mil veintiséis (2026).

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02986-00
Accionante: HUMBERTO MARIANO VÉLEZ CORONADO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA – Derechos fundamentales al acceso a la administración de
justicia y a la pensión / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO – Reliquidación pensional con la inclusión de todos los factores salariales
devengados en el último año de servicios / REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD – No se han
agotado todos los medios idóneos de defensa

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela1 instaurada
por el señor Humberto Mariano Vélez Coronado, por conducto de apoderado, de
conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política, en el
artículo 29 del Decreto 2591 de 1991 y en el Decreto 333 de 2021.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 17 de abril de 2026, la parte accionante presentó acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Sucre2, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al acceso a la administración de justicia y a la pensión.

Hechos relevantes

2. El señor Humberto Mariano Vélez Coronado presentó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP, con el fin de obtener la reliquidación de su pensión de
jubilación, con la aplicación del 75% sobre el salario promedio devengado en el
último año de servicio.

3. El asunto fue radicado bajo el número 70001-23-33-000-2016-00286-00 y su
conocimiento correspondió al Tribunal Administrativo de Sucre que, por medio de
sentencia del 14 de julio de 2023, negó las pretensiones de la demanda.

1 Que ingresó al despacho para fallo el 7 de mayo de 2026.
2 Se advierte que la decisión se profirió en Sala de Conjueces.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02986-00
Accionante: Humberto Mariano Vélez Coronado
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

4. Como fundamento de su decisión, el a quo señaló que la pensión de jubilación
del demandante fue reconocida en cumplimiento de las disposiciones legales que
regulan la materia, es decir, los artículos 1.° de la Ley 33 de 1985 y 36 de la Ley
100 de 1993. En ese sentido, indicó que la determinación administrativa de la UGPP
se ajustó a lo consagrado en el ordenamiento jurídico vigente, según el cual, en lo
que tiene que ver con el IBL para el caso de régimen de transición, procede lo
dispuesto en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, proferida por el
Consejo de Estado.

5. La decisión antes referida fue notificada el 6 de febrero de 20263, sin que contra
ella se interpusiera recurso alguno.

Pretensiones

6. En el presente proceso de tutela, la parte accionante solicita lo siguiente (se
transcribe textualmente):

“1. Declarar que la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Sucre
vulneró los derechos fundamentales constitucionales al acceso a la
administración de justicia y a la pensión del señor Humberto Vélez por
incurrir en las causales de defecto sustantivo y violación directa de la
Constitución por medio de la sentencia de referencia 70-001-23-33-000-
2016-00286-01.

2. Ordenar a la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Sucre, por
el hecho de encontrarse vulnerados los derechos constitucionales
fundamentales al acceso a la administración de justicia y a la pensión del
señor Humberto Vélez por defecto sustantivo y violación directa a la
Constitución, dejar sin efectos la sentencia de referencia 70-001-23-33-000-
2016-00286-01.

3. Ordenar a la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Sucre
proferir la sentencia que en derecho corresponda, en protección de los
derechos constitucionales fundamentales al acceso a la administración de
justicia y la pensión del señor Humberto Vélez, así como a su condición de
adulto mayor sujeto de especial protección constitucional, sostenidos en los
principios de la condición más beneficiosa, la inviolabilidad de los derechos
adquiridos, la inescindibilidad de las normas, la progresividad y no
regresividad de los derechos sociales fundamentales, la irrenunciabilidad a
la seguridad social y la igualdad, de lo cual se desprende:

3.1. Declarar la nulidad parcial de la Resolución No. 19797 del 3 de
octubre de 2003 de la antigua CAJANAL y las Resoluciones de la UGPP
No. 031157 del 25 de agosto de 2016 y No. 0323389 del 31 de agosto
de 2016.

3.2. Reliquidar la pensión de jubilación aplicando en su integridad el
régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, liquidando la pensión de jubilación sobre el 75% del salario
devengado el último año de servicio, incluyendo los factores salariales
devengados el mismo año, así como el pago del retroactivo pensional
existente y el reconocimiento y pago de intereses.

3 Certificado A9BC406B5936D1F6 F9C7757A92BB8982 141C42858EB23A65
1CF971B0F0FA4E33. Índice 27 de SAMAI del proceso ordinario radicado núm. 70001-23-33-000-
2016-00286-00.

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02986-00
Accionante: Humberto Mariano Vélez Coronado
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

4. Ordenar a la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Sucre
proferir la sentencia que en derecho corresponda, toda vez que, en el trámite
judicial del proceso de referencia, la UGPP, tanto en la contestación de la
demanda como en la intervención en la audiencia, no presentó argumentos
fácticos y jurídicos que desvirtuaran las pretensiones planteadas en la
demanda, ni tampoco los correspondientes fundamentos jurídicos”4.

Fundamentos de la demanda de tutela

7. La parte accionante sostiene que el Tribunal Administrativo de Sucre, con la
expedición de la sentencia del 14 de julio de 2023, incurrió en un defecto
sustantivo por cuanto otorgó al inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
un alcance distinto al previsto por el legislador y por la Constitución Política, al
escindir los componentes del régimen de transición pensional entre, de un lado, los
requisitos de edad, tiempo de servicios y tasa de reemplazo y, de otro, el ingreso
base de liquidación y los factores salariales. En criterio del actor, dicha
interpretación desconoce una lectura sistemática del ordenamiento constitucional
en materia pensional y conduce a la inaplicación integral del régimen especial
contenido en las Leyes 33 y 62 de 1985.

8. En ese sentido, manifiesta que la providencia cuestionada desconoció el principio
de condición más beneficiosa derivado del artículo 53 de la Constitución Política, al
impedir la aplicación del régimen pensional más favorable al accionante. Asimismo,
aduce que se vulneraron los principios de inviolabilidad de los derechos adquiridos
y confianza legítima, dado que la sentencia demandada desconoció normas
orientadas a garantizar situaciones jurídicas consolidadas bajo el régimen anterior.

9. De igual manera, indica que la autoridad judicial accionada omitió efectuar una
interpretación sistemática de las disposiciones constitucionales y legales aplicables
al caso concreto, particularmente aquellas relacionadas con la protección reforzada
de los adultos mayores y la garantía efectiva del derecho fundamental a la seguridad
social. Según expone, la sentencia acusada se limitó a reiterar consideraciones
jurisprudenciales sobre la obligatoriedad del precedente, sin desarrollar un análisis
sustancial respecto de los principios constitucionales involucrados.

10. Finalmente, manifiesta que la providencia enjuiciada incurrió en una violación
directa de la Constitución, al contrariar de manera expresa los principios de
favorabilidad, igualdad, progresividad, irrenunciabilidad de la seguridad social e
inescindibilidad normativa. Añade que la sentencia no aplicó el precedente judicial
y el principio de cosa juzgada, pues se apartó de la providencia de unificación
proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 4 de agosto de 2010,
sin satisfacer las cargas de transparencia y argumentación exigidas para apartarse
válidamente del precedente jurisprudencial.

4 Folios 4 y 5 del escrito de tutela.

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02986-00
Accionante: Humberto Mariano Vélez Coronado
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Trámite procesal

11. Por medio de auto del 21 de abril de 20265, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Tribunal Administrativo de
Sucre, como accionado, y a la UGPP, a la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, al Ministerio Público y a los demás intervinientes dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm. 70001-23-33-000-
2016-00286-00/01, como terceros con interés, para que ejercieran su derecho de
defensa. De igual modo, se ordenó la vinculación de la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.

Intervenciones

12. La UGPP solicitó que se declare improcedente la presente acción, por
considerar que la parte actora pretende usar este mecanismo constitucional como
una tercera instancia para revisar las decisiones adoptadas por el juez natural de la
causa, pese a que ya se agotó el procedimiento establecido en la ley para tal efecto.

13. Refirió que no se acredita una vulneración de derechos fundamentales, toda vez
que “no se incurrió en defecto sustantivo en la decisión adoptada por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SUCRE, sino que, por el contrario, en las providencias, el
ad quem efectúo un debido análisis de la normatividad aplicable y realizó un debido
análisis probatorio de las pruebas obrantes en el expediente”6.

14. Pese a ser notificadas en debida forma, las demás partes guardaron silencio.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

15. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto ley 2591 de 1991,
en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

16. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder: ¿si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos de procedibilidad, en particular el de subsidiariedad, al
disponer la parte accionante de otros medios de defensa dentro del ordenamiento
jurídico?

17. De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá ¿si el Tribunal
Administrativo de Sucre, con la expedición de la sentencia del 14 de julio de 2023,
incurrió en un defecto sustantivo y una violación directa de la Constitución y, por

5 Véase índice 5 de SAMAI.
6 Folio 14. Archivo “011_MemorialWeb_Otro-RTAAVOCO202602986”.

4

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02986-00
Accionante: Humberto Mariano Vélez Coronado
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

consiguiente, en la vulneración de los derechos fundamentales al acceso a la
administración justicia y a la pensión de la parte accionante?

18. Para responder los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i) los
requisitos generales de procedibilidad y (ii) el caso concreto.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

19. Conforme el precedente constitucional fijado en la Sentencia C-590 de 20057,
reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor
satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis
causales genéricas de procedencia, y al menos una específica.

20. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar8: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela9, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional10 o el Consejo de Estado11,
ni una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-12; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que se identifique de forma clara,
detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos
fundamentales en cuestión; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad,
esto es que el interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a
su alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable13
o los medios de defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo;
(vi) que la cuestión planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige
que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente legal o
económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga
un efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada.

Caso concreto

21. La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el
presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito general de procedibilidad
de subsidiariedad. Sobre el particular, el inciso tercero del artículo 86 de la

7 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
8 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
9 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
10 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
11 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
12 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
13 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.

5

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02986-00
Accionante: Humberto Mariano Vélez Coronado
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Constitución Política14, así como el artículo 6 del Decreto 2591 de 199115 precisan
el carácter subsidiario de la acción de tutela, puesto que ésta sólo es procedente
cuando no se dispone de otro medio de defensa judicial.

22. En el caso bajo estudio, la parte accionante solicita la protección de sus
derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y a la pensión, con
ocasión de la expedición de la sentencia del 14 de julio de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Sucre, que resolvió la primera instancia del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho presentado por el señor Humberto
Mariano Vélez Coronado contra la UGPP.

23. No obstante, de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, se
advierte que la parte actora no interpuso recurso de apelación contra la providencia
cuestionada, pese a que el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho se tramita en dos instancias. Al respecto, dicho mecanismo, contemplado
en el artículo 24316 de la Ley 1437 de 2011, constituye un medio idóneo y efectivo
de defensa, a través del cual el accionante puede plantear ante el juez de lo
contencioso administrativo los argumentos que ahora presenta en sede
constitucional.

24. Frente a ello, si bien la jurisprudencia constitucional contempla excepciones al
principio de subsidiariedad en casos en los que se presente un perjuicio
irremediable, la parte accionante no expone argumento alguno que justifique la
procedencia de la acción de tutela. Además, en este asunto no confluyen los
presupuestos que acrediten la ocurrencia o inminencia de un daño, de tal manera
que se requiera la adopción de una decisión urgente a través de este mecanismo
constitucional.

25. Al respecto, de conformidad con los argumentos señalados en el escrito de
tutela, se advierte que el actor afirma que no presentó recurso de apelación contra
la sentencia del 14 de julio de 2023 “por la falta de idoneidad y eficacia del
procedimiento ordinario”17, debido a que “[l]a demanda presentada con la finalidad
de obtener la reliquidación pensional es del año 2016 y sólo hasta el 6 de febrero
de 2026, cerca de diez (10) años después, se notificó la sentencia” 18. En razón de

14 “Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera
que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública. “(…).
“Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable” (se destaca).
15 “ARTÍCULO 6 Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
“1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios
será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentra el solicitante” (se destaca).
16 “[…] Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos
en la misma instancia […]”.
17 Folio 7 del escrito de tutela.
18 Ibid.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02986-00
Accionante: Humberto Mariano Vélez Coronado
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

lo anterior, aduce que no puede esperar muchos años más a que se resuelva el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

26. Sin embargo, en caso de que la parte demandante considere que los efectos
del acto administrativo que negó la reliquidación pensional deban suspenderse de
manera inmediata, puede solicitar ante el juez de lo contencioso administrativo las
medidas cautelares de urgencia que dispone el artículo 23419 del CPACA para los
eventos en los cuales no es posible agotar el trámite regular del medio de control, a
fin de procurar la tutela judicial efectiva. Al respecto, la Corte Constitucional ha
señalado:

“15.- Ahora bien, recientemente, mediante la sentencia SU-691 de 2017, la
Sala Plena tuvo la posibilidad de pronunciarse nuevamente respecto de la
eficacia de los medios de defensa previstos en el ordenamiento jurídico ante
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y de las medidas cautelares
que pueden ser decretadas por el juez. En esa providencia, esta Corte
consideró que estas nuevas herramientas permiten garantizar la protección
de los derechos de forma igual o, incluso superior a la acción de tutela en
los juicios administrativos, pero ello no significa la improcedencia automática
y absoluta de la acción de tutela como mecanismo de protección subsidiario
de los derechos fundamentales, ya que los jueces constitucionales tienen la
obligación de realizar, de conformidad con el artículo 6 del Decreto 2591 de
1991, un juicio de idoneidad en abstracto y otro de eficacia en concreto de
los medios de defensa alternos y, en ese sentido, están obligados a
considerar: ‘(i) el contenido de la pretensión y (ii) las condiciones de los
sujetos involucrados’”.20

27. Así las cosas, es necesario resaltar que la causal de improcedencia de la acción
consistente en la existencia de otros medios de defensa tiene el propósito de
respetar la división de competencias que la Constitución Política ha delineado y el
principio de especialidad de la jurisdicción; por tanto, invadir la órbita de
competencia del juez natural de la causa implica desconocer el encargo
constitucional de poner fin a las controversias en una jurisdicción determinada,
función para la cual fueron revestidos de autonomía e independencia.

28. De esta manera, por no cumplir los requisitos de procedibilidad y al no haberse
demostrado la existencia o inminencia de un perjuicio irremediable, se declarará
improcedente la acción de tutela de la referencia, de acuerdo con los argumentos
previamente expuestos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

19 Art. 234. Medidas Cautelares de Urgencia. Desde la presentación de la solicitud y sin previa
notificación a la otra parte, el Juez o Magistrado Ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando
cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que, por su urgencia, no es posible agotar
el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya
lugar.
La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la constitución de
la caución señalada en el auto que la decrete.
20 T-059 de 2019.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02986-00
Accionante: Humberto Mariano Vélez Coronado
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

III. R E S U E L V E

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
señor Humberto Mariano Vélez Coronado, por conducto de apoderado, contra el
Tribunal Administrativo de Sucre, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

TERCERO: De no ser impugnada, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF

8

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