Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02999-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02999-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02999-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
1 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., primero (1°) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2026-02999-001
Accionante : Deyanira Palencia Molina
Accionado : Tribunal Administrativo del Cesar, Despacho 06
Vinculados : Juzgado Octavo (8°) Administrativo de Valledupar y Nación –
Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, auto que negó liquidación de
perjuicios en incidente por condena en abstracto
Decisión : Sentencia de primera instancia
1. Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de la acción de
tutela incoada por la señora Deyanira Palencia Molina contra el Tribunal
Administrativo del Cesar, Despacho 06, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia
y a la reparación integral.
I. ANTECEDENTES
1.1. Contexto fáctico
2. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por la parte actora frente a la providencia judicial objeto de censura; luego, revisará
lo relativo a la procedencia de la acción de tutela; y, finalmente, resolverá lo
pertinente en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
La demanda de tutela
3. La señora Deyanira Palencia Molina, actuando en nombre propio, interpuso el
presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
reparación integral, presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo del
Cesar, Despacho 06.
4. Por consiguiente, la actora solicitó:
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Expediente electrónico disponible en SAMAI.
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02999-00
Accionante: Deyanira Palencia Molina
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar, Despacho 06
SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTO JURÍDICO el auto del 12 de agosto de 2025
proferido por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Valledupar y el
auto del 26 de febrero de 2026 dictado por el Tribunal Administrativo del Cesar –
Despacho 06, dentro del incidente de liquidación de perjuicios del proceso radicado
No. 20-001-33-40-008-2015-00039-04, por haber incurrido en defecto fáctico omisivo,
exceso ritual manifiesto y defecto sustantivo, conforme a los criterios establecidos en
la sentencia C-590 de 2005 y acogidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado.
TERCERA: ORDENAR al Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de
Valledupar que, en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas contadas a
partir de la notificación del fallo de tutela, rehaga el incidente de liquidación de
perjuicios. Al hacerlo, deberá ejercer plenamente sus facultades probatorias oficiosas,
aplicar los criterios de reparación integral y, de manera insoslayable, acatar la figura
de la cosa juzgada frente a la existencia probada de la casa de habitación, tal como
lo constató el Tribunal Administrativo del Cesar en la providencia del 15 de agosto de
2024.
CUARTA: ORDENAR que, en ejercicio ineludible de sus FACULTADES OFICIOSAS
(Art. 171 del CGP y 213 del CPACA) y en aras de remediar el defecto fáctico por
omisión y el exceso ritual manifiesto, la autoridad judicial accionada proceda a:
• Como pretensión principal: Decretar la práctica de un nuevo dictamen pericial de
oficio, designando a un auxiliar de la justicia idóneo e inscrito en la lista oficial, con el
fin de que tase de forma técnica, objetiva y justa el valor integral de los perjuicios
materiales sufridos. Este nuevo dictamen deberá: (i) establecer el valor comercial de
la extensión de terreno del predio "Bella Corina" a la fecha del remate (febrero de
2011), armonizando la realidad material topográfica frente a la realidad documental;
y (ii) tasar ineludiblemente el valor de la casa de habitación para la misma época,
aplicando la indexación correspondiente hasta el momento del pago. Todo lo anterior
deberá realizarse acatando estrictamente la orden del superior jerárquico y sin que le
sea permitido al nuevo experto ni al juzgado reabrir el debate probatorio sobre la
existencia física de la vivienda, por tratarse de un hecho amparado bajo la figura de
la cosa juzgada mediante sentencia del 15 de agosto de 2024.
• Como pretensión subsidiaria: Requerir al perito que rindió el dictamen inicial dentro
del trámite incidental para que lo aclare, complemente y ajuste a los parámetros
dictados en el fallo de fondo. En dicho requerimiento se le deberá ordenar que concilie
la cabida física real del predio medida con GPS (28 hectáreas) frente a la documental,
ajustando los precios al mercado de febrero de 2011 con su debida indexación; o en
su defecto, liquide la indemnización garantizando el pago, como mínimo, sobre el área
documentalmente registrada (19 hectáreas). Igualmente, se le deberá exigir la
tasación de la casa de habitación partiendo de la premisa inamovible de su existencia,
impidiendo así que la liquidación culmine en una decisión denegatoria y revictimizante
con una indemnización de cero pesos ($0).
QUINTA: ORDENAR que, en caso de persistir dudas técnicas menores que no
afecten la certeza del daño ya reconocido en sentencia, el Juez haga uso del
ARBITRIO IUDICIS y los principios de equidad para tasar el monto de la
indemnización, evitando que la carga de la prueba se convierta en una barrera
infranqueable para una persona de especial protección constitucional.
Hechos2
5. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por la
accionante, se puede evidenciar que, la señora Deyanira Palencia Molina era
propietaria del bien inmueble rural denominado «Bella Corina», ubicado en el
municipio de La Paz (Cesar), que era explotado económicamente para el
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Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 2, archivo 4.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02999-00
Accionante: Deyanira Palencia Molina
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar, Despacho 06
sostenimiento de su familia. Sin embargo, la familia abandonó el inmueble tras
recibir amenazas de un grupo armado al margen de la ley.
6. Con el ánimo de recuperar el terreno y derivar de él lo requerido para su
sostenimiento, la señora Palencia Molina solicitó un préstamo para el cultivo de
tierras por valor de $10.000.000, que le fue asignado por el Banco Agrario de
Colombia el 16 de junio de 2000. No obstante, revivieron las amenazas que
habían generado el primer desplazamiento, y la actora tuvo que huir y abandonar
los cultivos.
7. Pese a que estos hechos fueron puestos en conocimiento del Banco Agrario, la
entidad financiera promovió proceso ejecutivo hipotecario contra la ahora
accionante. El asunto correspondió al Juzgado Segundo (2°) Civil del Circuito de
Valledupar que profirió mandamiento de pago contra ella, ordenando hacer
efectivo el pagaré. El proceso llegó hasta etapa de embargo, secuestro y remate
del bien inmueble por valor de $17.500.000, el cual fue adjudicado al señor Néstor
Hinojosa Alarza.
8. La señora Palencia Molina solo tuvo conocimiento del remate por información
suministrada por la secuestre al momento de formalizar la entrega del predio al
nuevo propietario, por lo que se declaró la nulidad del proceso a partir de la
notificación del mandamiento de pago, decisión confirmada en segunda instancia
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar.
9. El adjudicatario del remate promovió acción de tutela, conocida por la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, que, si bien declaró la nulidad de lo
actuado respecto de la señora Palencia Molina, también ordenó reconocerle
validez al remate y, con ello, que el señor Hinojosa Alarza conservara el bien como
propio. De este modo, la demandante y su núcleo familiar fueron privados del
único bien que integraba su patrimonio.
10. La señora Palencia Molina y otros promovieron demanda en ejercicio del medio
de control de reparación directa contra la Nación - Rama Judicial - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ) y el Banco Agrario de Colombia, «por
la falla en el servicio con ocasión del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia,
que conllevó la pérdida en el patrimonio de los demandantes del bien inmueble ».
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02999-00
Accionante: Deyanira Palencia Molina
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar, Despacho 06
11. El conocimiento del asunto correspondió, en primera instancia, al Juzgado
Octavo (8°) Administrativo de Valledupar (proceso con radicado núm. 20-001-33-
40-008-2015-00039-00), que, mediante sentencia del 26 de febrero de 2018,
declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación - Rama Judicial
por la pérdida del derecho de dominio sobre el inmueble y la condenó, en
abstracto, al pago de los perjuicios materiales en la modalidad de daño
emergente.
12. De acuerdo con la sentencia, el monto debía establecerse mediante incidente
de liquidación con arreglo a las pautas allí fijadas, entre ellas, que el dictamen
estableciera la cantidad de terreno comprendida dentro de los linderos descritos
en la providencia y el valor comercial del predio para febrero de 2011 (fecha de
aprobación del remate), «sin tener en cuenta las construcciones, edificaciones y/o cultivos
con que el bien cuente en la actualidad» . Además, concluyó que «No se probó la existencia
de una casa de habitación al interior del predio Bella Corina para la fecha 2 de febrero de 2011»
porque «no está ubicada dentro del predio rural denominado Finca “Bella Corina”» .
13. El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia del 15 de agosto de
2024, modificó el fallo del a quo, en particular, los parámetros fijados para el
trámite del incidente de regulación de perjuicios «ordenando que se incluya en el nuevo
dictamen pericial la casa de habitación existente al interior del predio Bella Corina, para lo cual se
deberá determinar fecha aproximada de la construcción, distancia existente entre el portón de
acceso a la finca y la construcción a la cual se ha hecho referencia, metros cuadrados de la
vivienda, número de habitaciones y servicios, los cuales solo podrán tenerse en cuenta para la
determinación del daño emergente de comprobarse que estos ya existían a 2 de febrero de 2011,
fecha de realización del remate de la propiedad».
14. La señora Palencia Molina promovió el incidente, para lo cual allegó un avalúo
del predio rural «Bella Corina» y otro de la casa, suscritos por el perito Juan
Sebastián Barrantes Osorio. El predio fue avaluado en $1.342.483,092, sobre la
base de un área de 28 hectáreas con 1.800 m² determinada mediante
levantamiento topográfico, y la vivienda en $11.707.000. La demandada objetó el
dictamen por incurrir en «errores graves» que «imposibilitan el efectivo cumplimiento del
objeto del presente incidente» , y que se referían a que:
Respecto a las instrucciones impartidas por el Despacho, se observa que el dictamen
pericial aportado por la parte actora NO cumple a cabalidad con lo ordenado, puesto
que de lo requerido únicamente se precisan los metros cuadrados de la vivienda y el
número de habitaciones, lo cual imposibilita que el mencionado dictamen pericial
cumpla con su objeto, es decir, con la información allí contenida no podría
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02999-00
Accionante: Deyanira Palencia Molina
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar, Despacho 06
determinarse si se configuro o no daño emergente dentro del asunto de la referencia.
2. Se estima que el dictamen pericial aportado por la parte actora incurre en error
grave al no haber precisado si la edificación de la cual que se pretende obtener el
reconocimiento como daño emergente existía o no para el 02 de febrero de 2011,
esto, teniendo en cuenta que tal como se viene anunciando desde la sentencia de
primera instancia, NO obra en el plenario ningún medio de prueba que acredite la
existencia de alguna edificación sobre el mencionado predio para la época en que
suscribió el acta de la diligencia de entrega del bien inmueble identificado con
matrícula inmobiliaria No. 190-29636 denominado “Bella Corina”.
15. Después de practicada la audiencia de contradicción del dictamen, el Juzgado,
mediante auto del 12 de agosto de 2025, negó la liquidación de perjuicios, porque
encontró que el dictamen no se ajustó a las reglas fijadas en las sentencias del
18 de diciembre de 2020 y el 15 de agosto de 2024. Esto por cuanto (i) el área de
terreno establecida en el avalúo (28 hectáreas) no coincidía con la registrada en
el certificado de libertad y tradición (19 hectáreas con 8.812 m²); (ii) el valor
comercial del inmueble no correspondía al de febrero de 2011 (fecha de
aprobación del remate), sino al de la fecha de elaboración del avalúo, y en él se
incluyeron anexidades y mejoras actuales que, conforme a lo ordenado en la
sentencia, no debían tenerse en cuenta; y (iii) no se probó la existencia de una
casa de habitación al interior del predio para la fecha del remate, pues, conforme
a lo manifestado por el propio perito, la vivienda avaluada se encontraba por fuera
del polígono medido.
16. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra el auto del 12 de
agosto de 2025, en el que sostuvo que el juez de primera instancia pretendió reabrir
un debate acerca de la existencia de la casa de habitación reconocida por el
Tribunal en la sentencia del 15 de agosto de 2024. En efecto, la única objeción
recayó en el avalúo de la casa, mas no en su existencia. Además, la diferencia de
áreas obedecía a que la medición del predio reposaba sobre datos del extinto
INCODER de 1965, obsoletos frente al levantamiento topográfico realizado con
tecnología GPS conforme lo ordenado en las providencias de instancia.
17. El Tribunal Administrativo del Cesar, Despacho 006, mediante auto del 26 de
febrero de 2026, confirmó la decisión de primera instancia. Para ello, reiteró que
el incidente de liquidación se restringe a concretar la indemnización ya decretada,
y que, en este caso, constató que el dictamen no se ajustó a las reglas fijadas en
las sentencias, por cuanto no atendió la extensión consignada en el folio de
matrícula inmobiliaria, no determinó el valor comercial del predio para febrero de
2011 e incluyó mejoras actuales, y no acreditó la fecha de construcción ni la
ubicación de la casa de habitación al interior del predio.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02999-00
Accionante: Deyanira Palencia Molina
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar, Despacho 06
18. En su escrito de tutela, la señora Deyanira Palencia Molina expuso que el
Tribunal incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y procedimental. En primer
lugar, el Tribunal erró al descalificar el dictamen pericial aportado, bajo el
argumento de que el área medida (28 hectáreas) no coincidía con la del certificado
de libertad y tradición (19 hectáreas), pese a que las sentencias no ordenaron que
se tasara un área preestablecida en un certificado, sino que dispusieron que el
perito la estableciera a partir de la medición física de unos linderos específicos.
Por el contrario, la omisión fue de la autoridad judicial que, «lejos de desplegar las
actuaciones necesarias para esclarecer la realidad material del daño, ya declarada en sentencia
en firme, optó por centrar su decisión exclusivamente en las falencias técnicas de un dictamen
pericial, renunciando de manera injustificada a su deber constitucional y legal de búsqueda de la
verdad y de realización efectiva del derecho sustancial»
19. En segundo lugar, alegó la configuración de un defecto sustantivo y
procedimental, en tanto, el Tribunal reabrió en sede incidental el debate sobre la
existencia de la casa de habitación, asunto que ya había sido zanjado
probatoriamente por el Tribunal en la sentencia del 15 de agosto de 2024, con
base en las fotografías y testimonios allí valorados. Sobre ese debate ya se había
configurado entonces la cosa juzgada que impedía al juez del incidente, en su rol
de liquidador de la condena, cuestionar la existencia de los perjuicios ya
reconocidos, más aún cuando se basó en errores interpretativos del auxiliar de
justicia que se confundió respecto del polígono y determinó que se encontraba en
una anexidad exterior.
20. Finalmente, reprochó que la decisión adoptada no superara el test de
proporcionalidad y que resultara constitucionalmente inadmisible una
indemnización en cero pesos, en tanto traslada a la víctima las consecuencias de
las falencias técnicas atribuibles a un auxiliar de la justicia, y vacía de contenido
la sentencia que reconoció la responsabilidad del Estado.
II. TRÁMITE PROCESAL
21. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto del 23
de abril de 2026, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión, (i) ordenó
notificar al Tribunal Administrativo del Cesar, Despacho 06, como parte accionada;
y (ii) dispuso vincular al Juzgado Octavo (8°) Administrativo de Valledupar y a la
Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en los
términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02999-00
Accionante: Deyanira Palencia Molina
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar, Despacho 06
2.1. Contestaciones de la acción
22. 2.1.1. El Juzgado Octavo (8°) Administrativo de Valledupar3 remitió copia del
expediente electrónico e hizo un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso
de reparación directa. Frente a lo alegado por la accionante en su escrito, expuso
que:
[…] este operador judicial si decretó pruebas de oficio e intervino activamente en la
práctica de la prueba pericial decretada a instancia de la parte demandante dentro
del trámite incidental, formulando múltiples preguntas al perito en audiencia, en
búsqueda del esclarecimiento de la verdad; e incluso se concedió un término adicional
para que el perito allegara documentación complementaria que fue puesta también a
disposición de las partes mediante proveído que data del 24 de abril de 2025 a fin de
que pudieran ser objeto de contradicción.
Sin embargo, no se debe perder de vista que, de conformidad con la normatividad
procesal Colombiana, “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.
Conforme a lo anterior, la parte demandante debía demostrar los perjuicios materiales
que le fueron reconocidos para que se produjera el efecto pretendido. […]
Ahora bien, como se argumentó en el auto que resolvió el incidente, para la liquidación
de los perjuicios materiales reconocidos en la modalidad de daño emergente a favor
de la demandante DEYANIRA PALENCIA MOLINA, se debían tener en cuenta las
pautas previamente establecidas en la sentencia de primera instancia proferida el 18
de diciembre de 2020 (Fl.2-23).
Así mismo, en la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar se ordenó que se incluyera en el nuevo dictamen pericial la
casa de habitación existente al interior del predio Bella Corina para la determinación
del daño emergente, siempre y cuando se comprobara que esta ya existía para la
fecha de realización del remate de la propiedad.
No obstante, después de realizar la respectiva valoración probatoria se pudo
establecer que no se cumplieron las reglas establecidas en la sentencia para la
liquidación de perjuicios.
Además, se evidenciaron importantes diferencias e incongruencias entre lo que
estaba consignado en los informes periciales y la situación real del predio.
Aunado a lo anterior, no solo NO se comprobó la existencia de la casa de habitación
al interior del predio, sino que además la parte demandante pretendió incluir en el
dictamen una casa de habitación diferente de la alegada. […]
Finalmente, respecto a la afirmación de la accionante de que “la decisión resulta
abiertamente desproporcionada, en tanto traslada a la víctima las consecuencias de
las falencias técnicas atribuibles a un tercero, como lo es el perito”, se debe indicar
que, el perito al que hace referencia la parte actora fue contratado por ella para tal
efecto, y dentro del trámite incidental su apoderado judicial tuvo la oportunidad de
interrogarlo, o hacer las solicitudes probatorias que considerara pertinentes para
probar el monto de los perjuicios. Por lo tanto, no se puede hablar de vulneración al
debido proceso.
3
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índices 11 y 12.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02999-00
Accionante: Deyanira Palencia Molina
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar, Despacho 06
23. 2.1.2. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Valledupar4 solicitó su desvinculación del proceso, comoquiera que carece de
legitimación en la causa por pasiva, al no ser responsable de la presunta conducta
vulneradora alegada.
24. 2.1.3. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ) 5 también
pidió ser desvinculada del presente trámite constitucional, toda vez que se configura
una falta de legitimación en la causa por pasiva.
25. 2.1.4. El Tribunal Administrativo del Cesar6 expuso que en el presente asunto
no se configuró vulneración alguna de derechos fundamentales, y los argumentos
plasmados en el escrito de tutela se refieren en realidad a desacuerdos con la
decisión. Adicionalmente, compartió el link del expediente del proceso.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
26. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en
virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de
2017 y 333 de 2021.
3.2. La acción
27. La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada
por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, como
mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos fundamentales,
permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando
quiera que, resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
3.3. Falta de legitimación en la causa por pasiva
4
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 14, archivo 23.
5
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 15.
6
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 16, archivo 26.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02999-00
Accionante: Deyanira Palencia Molina
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28. El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 dispone que la acción de tutela «[…]se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó
el derecho fundamental […]». En ese sentido, la Corte Constitucional9 ha considerado
que, «[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la
vulneración o amenaza del derecho fundamental […]».
29. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar y la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en sus escritos de contestación,
solicitaron su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva. Al
respecto, la Sala advierte que su vinculación en el presente asunto fue en calidad
de terceros con interés, por haber integrado el extremo pasivo dentro del proceso
contencioso en cuestión; esto es, en aras de garantizar su derecho a la defensa y
contradicción. Por lo tanto, se negará su solicitud.
3.4. Problema jurídico
30. Se contrae a determinar si es dable, a través de la acción de tutela, examinar el
eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el auto del
26 de febrero de 2026, mediante el cual el Tribunal Administrativo del Cesar
confirmó la providencia del 12 de agosto de 2025 del Juzgado Octavo (8°)
Administrativo de Valledupar en la que negó la liquidación de perjuicios presentada
por la parte demandante en el proceso de reparación directa con radicado núm. 20-
001-33-40-008-2015-00039-00/04; y en caso afirmativo, si se han vulnerado las
garantías superiores al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y
a la reparación integral.
3.5. La acción de tutela contra providencias judiciales
31. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 7 y de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado8, es posible acudir
a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
7
Sentencia C-590 de 2005.
8
Sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02999-00
Accionante: Deyanira Palencia Molina
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satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.
32. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
33. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos
fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02999-00
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cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en
eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se
trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.
3.6. Caso concreto
34. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, en la medida en que recae, a juicio de la actora,
en los defectos fáctico, sustantivo y procedimental que, de comprobarse,
conllevaría a la vulneración de sus derechos fundamentales; (ii) contra la decisión
objeto de censura no procede recurso alguno, por tratarse de un auto de segunda
instancia que se encuentra ejecutoriado; (iii) se establecieron los hechos que
originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el
requisito de inmediatez se satisface, teniendo en cuenta que la providencia quedó
en firme el 5 de marzo de 20269 y la solicitud de amparo se presentó el 17 de abril
de 2026, es decir, dentro de los seis meses siguientes; y (v) el fallo acusado no
obedece a uno de tutela.
35. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo
del asunto bajo la causal específica denominada defecto fáctico, alegada por la
parte actora. Por el contrario, se descarta el estudio del defecto sustantivo, porque
la accionante no precisó en qué normas inexistentes o inaplicables al caso se basó
el Tribunal, o cuáles omitió. Es claro que su descontento se centra en la valoración
probatoria hecha por la autoridad judicial, y no en la aplicación normativa.
Adicionalmente, tampoco explicó por qué estima que se actuó completamente al
margen del procedimiento jurídico establecido, ya sea por un desvío del cause
procesal, la pretermisión de etapas sustanciales del procedimiento o el
desconocimiento de las garantías mínimas del proceso.
3.6.1. Defecto fáctico
36. Sea lo primero anotar que una providencia judicial se encuentra viciada por
defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin
contar con supuestos ciertos, esto es, «[…] surge cuando carece del apoyo probatorio que
9
Visible en el expediente electrónico del proceso 20-001-33-40-008-2015-00039-04 en SAMAI, índice 6, según el cual se
notificó por aviso el 27 de febrero de 2026. Por esa razón, la decisión se entiende notificada al día hábil siguiente, el 2 de
marzo de 2026.
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Accionante: Deyanira Palencia Molina
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar, Despacho 06
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión» 10. Así mismo, este
defecto se da cuando «[…] el error en el juicio valorativo de la prueba [es] de tal entidad que
sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo [tenga] una incidencia directa en la decisión» 11.
37. Así, la Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos
aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no
apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión (negativa) ocurre en el evento
en que el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa
u omite su valoración y, sin una razón válida, da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente12. Se exige que el error
en la valoración probatoria sea ostensible, flagrante y manifiesto, es decir, que
tenga la capacidad de impactar de manera definitiva la decisión de fondo y, por lo
tanto, que afecte directamente los derechos del accionante.
38. En el sub lite, la accionante argumenta que se configuró un defecto fáctico, en
su modalidad negativa, porque
[…] descalific[ó] de tajo el dictamen pericial aportado bajo el argumento de que el área
medida (28 hectáreas) no coincidía con la del Certificado de Libertad y Tradición (19
hectáreas), renunciando de manera injustificada a su deber constitucional de buscar
la verdad material y rebelándose contra los parámetros ya fijados por el juez del
proceso principal.
[…] Como se observa sin asomo de duda, la orden fue diáfana: instruir al perito para
que estableciera la cantidad de terreno verificando físicamente el polígono encerrado
por los linderos allí descritos. Si el juez principal hubiera pretendido atar la
indemnización estrictamente al documento registral, habría ordenado expresamente
"tasar las 19 hectáreas y 8.812 m2 que indica el certificado". Pero al ordenar que se
estableciera la cabida a partir de las colindancias y metros lineales, el fallo de fondo
reconoció que la realidad topográfica debía prevalecer.
El perito cumplió con la orden de la sentencia: acudió al terreno, ubicó exactamente
los linderos ordenados, y empleando tecnología moderna (GPS punto a punto),
demostró técnicamente que el polígono que encierran esos linderos mide 28
hectáreas.
Al rechazar el dictamen bajo la excusa de que la medida física de los linderos difiere
de la anotación desactualizada del certificado de libertad (información que reposa
sobre adjudicaciones del extinto INCODER de la década de 1960), el juez del
incidente […] desobedeció flagrantemente la pauta de liquidación fijada en la
sentencia de fondo, erigiendo una barrera documental contra una orden judicial que
exigía una comprobación material.
Frente a esta discrepancia, el debido proceso imponía a los operadores judiciales el
deber de buscar la verdad material. Si el Juez del incidente consideraba que,
jurídicamente, no podía indemnizar 28 hectáreas porque mi título solo amparaba 19,
10
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
11
Corte Constitucional, sentencia T-567 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
12
Corte Constitucional, sentencias T-239 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-567 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz; T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
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su deber constitucional era liquidar la indemnización al menos sobre las 19 hectáreas
probadas legalmente, o decretar una prueba de oficio (Art. 171 del CGP) para
esclarecer la situación. En lugar de ello, convirtió las formas procesales en una
trampa, prefiriendo utilizar el dictamen como excusa para desestimar el avalúo
completo y fijar mi reparación en cero pesos ($0). […]
[E]l Tribunal, al advertir inconsistencias en el dictamen pericial, particularmente en lo
relativo al área del predio y a la fecha de valoración, estaba llamado a adoptar
medidas tendientes a subsanar tales deficiencias, tales como ordenar su aclaración,
complementación o la práctica de un nuevo peritaje. Sin embargo, en abierta
contradicción con los estándares constitucionales, optó por negar la liquidación de
perjuicios, trasladando a mi como a la víctima, las consecuencias de las falencias
técnicas de un auxiliar de la justicia.
Esta omisión resulta particularmente grave si se tiene en cuenta que la prueba pericial
era determinante para la cuantificación del daño, y que su insuficiencia no obedecía
a la inexistencia del perjuicio, sino a aspectos meramente técnicos susceptibles de
corrección.
La jurisprudencia ha establecido, además, que cuando existen inconsistencias o
contradicciones en los dictámenes periciales, el juez tiene el deber de ordenar
pruebas adicionales que permitan disipar las dudas y adoptar una decisión ajustada
a la realidad fáctica. […]
39. Para establecer si le asiste razón a la parte accionante, es menester hacer un
recuento de lo ordenado por el Juzgado Octavo (8°) Administrativo de Valledupar y
el Tribunal Administrativo del Cesar para efectos de liquidar la condena en abstracto
impuesta a la Nación - Rama Ejecutiva, Dirección Ejecutiva de la Administración
Judicial (DEAJ) por los perjuicios materiales ocasionados en la modalidad de daño
emergente a la demandante.
40. El 18 de diciembre de 2020, el Juzgado profirió sentencia de primera instancia
en la que condenó en abstracto a la demandada a pagar, por concepto de perjuicios
morales en la modalidad de daño emergente, «la suma que se establezca mediante la
liquidación incidental, en la forma y términos previstos en los artículos 193 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 129 del Código General del
Proceso, teniendo en cuenta las pautas descritas en la parte motiva de la presente providencia».
Aquellas se refirieron a:
[…] nombrar auxiliar de la justicia, de la especialidad que se requiera, a efectos de
establecer los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente sufridos por
la demandante, el cual deberá realizarse siguiendo los procedimientos previstos en
el Decreto 1420 de 1998, la Resolución I.G.A.C. 620 de 2008, las disposiciones
normativas que los modifiquen o adicionen, y teniendo en cuenta lo siguiente: 1.- El
incidente debe ser promovido dentro de la oportunidad dispuesta por el artículo 193
del CPAСА. 2.- el dictamen deberá establecer la cantidad de terreno, en metros
о hectáreas, según sea el caso, que conforman el predio denominado Bella
Corina, identificado con la matricula inmobiliaria No. 190-29636 de la Oficina de
Instrumentos Públicos de Valledupar, comprendido dentro de los siguientes
linderos: Punto de Partida: Se tomó como tal el punto No. 32 localizado sobre el
carreteable Valledupar – San José, en la concurrencia de las colindancias de
CHIQUINQUIRÁ DE AMAYA, ORIENTE: En 246.16 metros con CHIQUINQUIRÁ DE
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AMAYA puntos 32 al 37; SUR: en 404.17 metros con BENECIO PRADO, puntos 37
al 1-56 en 437.01 metros, con CRUZ TRUJILLO, puntos 1-56 al 13. Parte con
RIECITO de por medio; OESTE: En 216.78 metros con carreteable Valledupar punto
13 al 15; NORTE: En 997.77 metros con carreteable Valledupar - San José puntos 15
al 32 y encierra; 3.- El dictamen deberá establecer el valor comercial del metro
cuadrado o hectárea, según sea el caso, del predio rural bella corina para
febrero de 2011 (fecha de aprobación del remate), sin tener en cuenta las
construcciones, edificaciones y/o cultivos con que el bien cuente en la
actualidad. 4.- Concluido lo anterior, se deberá multiplicar el valor comercial del
metro cuadrado o hectárea del inmueble para febrero de 2011 por el área que se haya
determinado que lo comprenda y el resultado se actualizará a la fecha en que se
profiera el auto que decida el incidente de regulación de perjuicios, el valor total
corresponderá a la condena por concepto de perjuicio material en la modalidad de
daño emergente. (Énfasis de la Sala)
41. En atención al recurso de apelación interpuesto contra esa sentencia, por la parte
demandante, el Tribunal Administrativo del Cesar, en fallo del 15 de agosto de
2024, consideró, frente a la cuantificación del daño emergente, que:
Atendiendo el contenido de esta sustentación de dictamen y las fotografías de la
casa de habitación que reposan a folios 432 a 435 del cuaderno 2 de primera
instancia, la Sala acogerá el cuestionamiento realizado por el apelante y en
consecuencia modificará los parámetros dados para el trámite del incidente de
regulación de perjuicios que se deberá promover una vez quede ejecutoriada
esta providencia, ordenando que se incluya en el nuevo dictamen pericial la casa
de habitación existente al interior del predio Bella Corina, para lo cual se deberá
determinar fecha aproximada de la construcción, distancia existente entre
el portón de acceso a la finca y la construcción a la cual se ha hecho
referencia, metros cuadrados de la vivienda, número de habitaciones y
servicios, los cuales solo podrán tenerse en cuenta para la determinación
del daño emergente de comprobarse que estos ya existían a[l] 2 de febrero
de 2011, fecha de realización del remate de la propiedad. (Énfasis propio)
42. En consecuencia, el ad quem modificó parcialmente la cuarta orden del a quo,
así:
CUARTO.- Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR en abstracto a la NACIÓN
RAMA JUDICIAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, a pagar
a la demandante DEYANIRA PALENCIA MOLINA, por concepto perjuicios materiales en
la modalidad de daño emergente, la suma que se establezca mediante la liquidación
incidental, en la forma y términos previstos en los artículos 193 del Código de
Procedimiento Administrativo y de Contencioso Administrativo y 129 del Código General
del Proceso, teniendo en cuenta las pautas descritas en la parte motiva de la
presente providencia, dentro del cual deberá incluirse el terreno de la finca Bella
Corina y la casa edificada dentro de ella. [. . .]” (Énfasis de la Sala)
43. Mediante memorial radicado el 18 de noviembre de 2024, el apoderado de la
parte demandante presentó incidente de liquidación de perjuicios, para lo cual
aportó los informes del avalúo del predio rural «Bella Corina» y de la casa, ambos
suscritos por el perito Juan Sebastián Barrantes Osorio. En el término del traslado,
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la vocera de la parte demandada indicó que en el dictamen se incurrieron en
errores graves; y, el 31 de marzo de 2025, se llevó a cabo la audiencia del artículo
129 del CGP, en la que se resolvió conceder el término de tres días para que el
perito allegara el levantamiento topográfico con sus anexos.
44. Una vez se corrió traslado de dicha prueba, en auto del 12 de agosto de 2025,
el Juzgado acudió a la presunción de legalidad y al principio de legitimación
registral, conforme a los cuales el derecho inscrito basta para probar la propiedad
y los asientos registrales gozan de presunción de veracidad y exactitud mientras
no se demuestre lo contrario. Sobre esa base, concluyó que, como el certificado
de libertad y tradición especifica que el predio «Bella Corina» tiene un área de 19
hectáreas con 8.812 m², dentro de los linderos ahí descritos, esa debía ser el área
a tener en cuenta para liquidar el daño emergente, y no las 28 hectáreas
establecidas en el avalúo hecho por el perito.
45. Respecto del valor comercial del predio, el Juzgado constató que, en la
audiencia de contradicción del 21 de marzo de 2025, con la comparecencia del
perito Juan Sebastián Barrantes Osorio, se pudo establecer que el método
comparativo de mercado empleado no fijó el valor del predio para febrero de 2011
(fecha de aprobación del remate), como lo ordenaban las sentencias antes
relacionadas, sino que el valor actual a la fecha de elaboración del avalúo.
Además, encontró por el mismo medio que incluyó anexidades y mejoras con las
que el predio cuenta actualmente, en desconocimiento de lo expresamente
ordenado, que disponía no tener en cuenta construcciones, edificaciones o
cultivos actuales.
46. En cuanto a la casa de habitación, el Juzgado valoró las respuestas del perito
en audiencia del 31 de marzo de 2025, con las que reconoció que la vivienda
avaluada no se encontraba dentro del polígono medido, por petición expresa de
quien lo contrató. Así, concluyó que el avalúo correspondí a una casa que no
estaba ubicada dentro del predio «Bella Corina», por lo que no se acreditó la
existencia de la edificación en su interior para el 2 de febrero de 2011 y su valor
no podía comprenderse en el daño emergente.
47. Luego de que la parte actora apelara la anterior decisión, el Tribunal, en auto del
26 de febrero de 2026 (aquí atacado), confirmó la negativa de aprobar la liquidación
de perjuicios, tras constatar, también, que el dictamen no se ajustó a las reglas
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fijadas en las sentencias de primera y segunda instancia. Para ello, sistematizó las
pautas que debía cumplir la experticia, a la luz de las sentencias del 18 de diciembre
de 2020 y 15 de agosto de 2024, así:
i) Establecer la cantidad de terreno, en metros о hectáreas, que conforman el predio
denominado Bella Corina, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 190-29636 de
la Oficina de Instrumentos Públicos de Valledupar;
ii) Establecer el valor comercial del metro cuadrado o hectárea, según sea el caso,
del predio rural Bella Corina para febrero de 2011 (fecha de aprobación del remate),
sin tener en cuenta las construcciones, edificaciones y/o cultivos con que el bien
cuente en la actualidad;
iii) Multiplicar el valor comercial del metro cuadrado o hectárea del inmueble para
febrero de 2011 por el área que se haya determinado que lo comprenda y actualizar
el resultado a la fecha en que se profiera el auto que decida el incidente de regulación
de perjuicios y,
iv) Determinar fecha aproximada de la construcción de la casa existente al interior del
predio Bella Corina, distancia existente entre el portón de acceso a la finca y la
construcción de la casa, metros cuadrados de la vivienda, número de habitaciones y
servicios con los que cuenta la casa, los cuales solo podrán tenerse en cuenta para
la determinación del daño emergente de comprobarse que estos ya existían al 2 de
febrero de 2011.
48. Confrontado el dictamen con esas reglas, el Tribunal concluyó que el perito no
atendió ninguna de ellas. Primero, «no tuvo en cuenta la extensión consignada en el folio de
matrícula inmobiliaria No. 190-29636 que identifica al inmueble; información que, se resalta, no ha
sido objeto de modificación y refleja la situación jurídica del predio; razón por la que su contenido,
al ser un acto público, constituye el marco de referencia para que el auxiliar de la justicia determinara
el valor comercial de las hectáreas descritas en el mentado documento». Segundo, el valor
comercial «fue determinado a la fecha del 21 de octubre de 2024 cuando debió hacerse a febrero
de 2011; además, dentro del valor adoptado por hectárea, de acuerdo a lo anotado en el ítem de la
experticia denominado ACLARATORIA, tomó conceptos como amenidades, anexidades o mejoras
(sic) que no debieron tenerse en cuenta al momento de establecer el valor comercial del metro
cuadrado o hectárea, por así indicarse en la decisión de primera instancia».
49. En cuanto al cuarto requisito, «no se determinó en el dictamen pericial la fecha de
construcción de la casa de habitación existente al interior del predio Bella Corina […] como tampoco
la distancia existente entre el portón de acceso a la finca y la casa, los metros cuadrados de la
vivienda, el número de habitaciones y los servicios, ya que, como lo afirmó el perito que rindió el
dictamen y su contradicción, ante el Juez de primera instancia, la vivienda objeto de avalúo no se
encuentra al interior del predio sino que es una “anexidad”».
50. Finalmente, el Tribunal destacó las conclusiones del perito sobre que la vivienda
«no está dentro del polígono que a mí me muestran», y que la antigüedad de la edificación
fue inicialmente en unos 30 años «a ojo», y luego ajustada a cerca de 60 años a
partir del certificado de libertad y tradición del predio «Bella Corina II».
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51. De lo anterior se desprende que, si bien es cierto que las sentencias de
instancia ordenaron establecer la cantidad de terreno del predio rural, y no
simplemente transcribir la anotación registral, el reparo de la actora no tiene la
entidad para configurar un defecto fáctico. Primero, porque la diferencia entre las
áreas del registro y el avalúo no fue el único fundamento para concluir que no se
cumplieron los parámetros fijados en las órdenes, pues tampoco se tomó el valor
comercial al mes de febrero de 2011, sino que, a octubre de 2024, ni se allegó la
información solicitada frente a la casa habitacional, cuya ubicación en el predio
no se acreditó.
52. Segundo, más allá de la facultad oficiosa del juez para decretar pruebas de
oficio, existe la carga probatoria del artículo 167 del CGP, en cabeza de quien
promueve el incidente y persigue el reconocimiento de un monto indemnizatorio,
que no puede ser sustituida por el operador judicial. Además, en todo caso, el
Tribunal interrogó al perito en audiencia de contradicción y le concedió un término
adicional de tres días para que aportara el levantamiento topográfico con sus
anexos. De esa forma, el apoderado de la ahora accionante tuvo la oportunidad
de subsanar las deficiencias del dictamen que fueron advertidas, pero no lo hizo.
53. Entonces es claro que, el Tribunal no tenía la obligación de suplir, mediante un
nuevo peritaje oficioso, la inactividad probatoria de quien promovió el incidente,
máxime, cuando las deficiencias no se redujeron únicamente a la discrepancia en
el área medida, en atención al primer parámetro de liquidación fijado. El resultado
adverso no se derivó de una actuación arbitraria de las autoridades judiciales, sino
del incumplimiento de la carga procesal de la parte demandante.
54. Cabe agregar que, la decisión no cerró de manera definitiva e irreversible la
posibilidad de obtener la reparación (pues, el incidente se negó por no haberse
probado el monto, no por la inexistencia del daño ya reconocido), de modo que no
puede atribuirse a la providencia censurada la vulneración del derecho sustancial.
55. En conclusión, la Sala no encuentra que se hubiera probado la configuración de
un defecto fáctico, pues, la autoridad judicial accionada hizo una valoración integral
de las pruebas aportadas en el marco del incidente de liquidación, sin desconocer
el derecho al debido proceso de la actora. Por último, esta Sala reitera su criterio
en cuanto a que, el razonamiento que efectúa el juez natural, al construir la decisión
judicial, forma parte de su autonomía e independencia, ámbito que debe ser
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respetado por el de tutela cuando no observa vulneración de derechos
fundamentales que haga necesaria su intervención.
IV. DECISIÓN
56. Por las razones expuestas, la Sala considera que, comoquiera que, en la acción
de tutela de la referencia, la actora no demostró que la providencia del 26 de febrero
de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, Despacho 06, adolezca
de los defectos alegados, es menester negar el amparo solicitado.
57. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Valledupar y la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, conforme a la motivación.
SEGUNDO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso,
al acceso a la administración de justicia y a la reparación integral invocados por
Deyanira Palencia Molina, conforme a la motivación de esta providencia.
TERCERO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito,
en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
CUARTO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR
el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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