Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-03006-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-03006-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2026-03006-01
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
30 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C., treinta (30) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03006-01
Accionante: LUISA VERÓNICA ESQUIVEL MARTÍNEZ Y OTRO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR, SALA DE
DECISIÓN No. 7 Y JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO DE CARTAGENA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso de reparación directa en el
que se declaró la caducidad del término para presentar la demanda
por accidente en institución educativa. Requisito de la relevancia
constitucional
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la accionante, quien actúa por conducto de apoderada judicial,
contra la sentencia de 21 de mayo de 2026 proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 17 de abril de 2026, la señora Luisa Verónica Esquivel Martínez, quien actúa en
nombre propio y en representación de su hijo menor de edad1, a través de
apoderado judicial, interpuso acción de tutela en la que solicitó al juez constitucional
la protección de su derecho fundamental de acceso a la administración de justicia,
supuestamente vulnerado por las autoridades judiciales accionadas.
En el escrito de tutela se formulan las siguientes:
“1.- Se tuteles los derechos fundamentales del menor W. A. M. E.
2.- Se disponga la revocatoria de las decisiones judiciales de instancia”.
2. Hechos
El accionante afirmó que el menor WAME el día 28 de abril de 2022, mientras
permanecía como alumno en las instalaciones de la Institución Educativa San Lucas
de la ciudad de Cartagena, sufrió una caída desde su propia altura a una cuneta, la
cual le generó lesiones en su cuerpo.
1 W.A.M.E., según su Registro civil aportado al expediente, nació el 1 de noviembre de 2010, para la fecha
presentación de la acción de tutela contaba con 15 años, 5 meses y 16 días.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03006-01
Accionante: Luisa Verónica Esquivel Martínez y otro
Adujo que el 25 de octubre de 2024 se radicó solicitud de audiencia de conciliación
extrajudicial ante la Procuraduría 66 Judicial I para Asuntos Administrativos, la cual
se llevó a cabo el 16 de diciembre de la misma anualidad en la que se declaró fallida
y se expidió la respectiva certificación el 18 de diciembre de 2024.
Indicó que el día 4 de febrero de 2025,la accionante junto a Wilmar Antonio Márquez
Atencia, Luisa Verónica Esquivel, Orlando Junior Rangel Esquivel y Jesús Enrique
Villadiego Esquivel, presentaron demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa contra el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, la
Secretaría de Educación Distrital de Cartagena y la Institución Educativa San Lucas,
por las lesiones padecidas por el menor WAME, con el fin de obtener el
reconocimiento y pago de los perjuicios soportados.
Refirió que la demanda correspondió por reparto al Juzgado Séptimo Administrativo
del Circuito de Cartagena, que por auto de 25 de marzo de 2024 rechazó la
demanda tras considerar que había operado el fenómeno de la caducidad, porque
el término preclusivo debía contarse desde el 30 de abril de 2022, esto es, al día
siguiente del diagnóstico e intervención quirúrgica del citado menor de edad.
Para terminar, afirmó que contra la anterior decisión interpuso recurso de apelación
que fue desatado por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No. 7,
mediante auto de 8 de agosto de 2025, notificado por estado del 11 de diciembre
de 2025, a través del cual confirmó la decisión que rechazó la demanda. A su juicio,
el conteo debía realizarse a partir del día siguiente al que la parte actora tuvo
conocimiento del daño, esto es, el 30 de abril de 2022 y teniendo en cuenta que el
28 de abril de 2022 ocurrió la caída del menor y el 29 de abril del mismo año se le
diagnosticó la -fractura basicervical de cadera izquierda-, la demanda de reparación
directa radicada el 19 de febrero de 20252 , había operado el fenómeno jurídico de
la caducidad de la acción.
3. Fundamentos de la acción
La parte accionante no citó la ocurrencia de algún defecto, sin embargo, el
argumento relativo al desconocimiento de la prueba documental que aportaba
información sobre la última cirugía realizada al menor WAM.E, y que solo desde allí
se pudo conocer la lesión definitiva luego de un año de evolución, se adecúa a un
defecto fáctico.
Señaló que se vulneró el derecho fundamental de acceso a administración de
justicia al menor que sufrió la lesión, a lo que agregó que el conocimiento sobre el
daño recibido no fue inmediato ya que su diagnóstico inicial fue el 29 de abril de
2022, pero el definitivo se obtuvo con la segunda cirugía de 18 de agosto de 2023,
por lo que, a su juicio, el término de caducidad debe contabilizarse desde esta última
fecha.
Por último, resaltó que en el presente caso se cumplieron los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, en particular, el
requisito de la inmediatez.
2 Según verificación en el sistema Samai, del proceso de reparación directa núm. 13001-33-33-007-2025-00034-
00
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Accionante: Luisa Verónica Esquivel Martínez y otro
4. Oposición
4.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No. 7
Esta autoridad se opuso a la prosperidad del amparo constitucional, para lo cual
indicó que no se vulneró el derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia, ya que en el proceso ordinario se encontró configurada la caducidad de la
acción de reparación directa, ante una demanda presentada tardíamente.
Para el efecto señaló que contrario a lo expuesto por el accionante, el término
procesal de dos años se contó desde el día siguiente a aquel en que se conoció el
daño, lo que sucedió el 29 de abril de 2022, y la solicitud de conciliación presentada
el 25 de octubre de 2024 no tuvo incidencia alguna en interrumpir los términos por
cuanto la caducidad operó desde el día 29 de abril de 2024, mientras que la
demanda fue radicada el 19 de febrero de 2025.
4.2. Respuesta del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cartagena
El despacho judicial remitió el enlace del expediente digital del expediente ordinario
y guardó silencio sobre el amparo solicitado.
4.3. Respuesta del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y la
Secretaría de Educación Distrital
Estas entidades refirieron que no encontraron vulnerado el derecho constitucional
invocado y solicitaron su desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva y, subsidiariamente, que se declare la improcedencia del amparo solicitado
en atención a que no advirtieron la existencia de una acción u omisión atribuible a
las mismas.
4.4. Los señores Wilmar Antonio Márquez Atencia, Orlando Junior Rangel Esquivel
y Jesús Enrique Villadiego Esquivel, a través de apoderado, manifestaron que
coadyuvan la solicitud de tutela.
5. Sentencia de tutela impugnada
La Sección Quinta del Consejo de Estado en sentencia de 21 de mayo de 2026,
resolvió:
“PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación que radicó el Distrito Turístico y
Cultural de Cartagena de Indias.
SEGUNDO: ACEPTAR como coadyuvantes a los señores Wilmar Antonio Márquez
Atencia, Jesús Enrique Villadiego Esquivel y Orlando Junior Rangel Esquivel.
TERCERO: DECLARAR la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada por la
señora Luisa Verónica Esquivel Martínez y otro.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30
del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación,
REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión”.
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Consideró que el amparo solicitado en el que se argumentó una indebida valoración
probatoria sobre la fecha o momento del conocimiento del daño no contó con la
carga argumentativa para recibir un estudio de fondo, en la medida en que no se
controvirtieron las razones por las cuales la autoridad judicial accionada confirmó la
caducidad de la acción de reparación directa, sino que en su lugar se limitó a mostrar
su descontento con la forma en que el tribunal computó el término preclusivo.
Agregó que no se desvirtuó el argumento relativo a que el conocimiento del daño
ocurrió el 29 de abril de 2022 con el diagnóstico de la fractura y su correspondiente
cirugía y no con los posteriores pronunciamientos médicos sobre las secuelas de la
lesión.
En ese contexto, concluyó que no se advertía la existencia de una cuestión que
fuere de “verdadera relevancia constitucional” que conllevara la presunta
transgresión de los derechos fundamentales de la parte actora, sino una divergencia
dirigida a cuestionar una decisión judicial como si este mecanismo se tratara de un
recurso o instancia adicional, en relación con aspectos que fueron resueltos de
forma admisible por la autoridad accionada.
Así las cosas, precisó que el juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho asunto
so pena de otorgar a la acción de tutela un carácter que no es propio de su
naturaleza, lo que supondría invadir la competencia y la independencia del juez
ordinario.
6. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
actora impugnó la sentencia de primera instancia, solicitó su revocatoria y que se
conceda el amparo solicitado.
Mencionó que solo con la información relacionada con nuevas intervenciones
médicas como la realizada el 18 de agosto de 2023, el actor conoció cuál fue el
daño definitivo y sus secuelas permanentes. Agregó que en virtud del principio -pro
damnato- se permite realizar un examen menos riguroso del término de caducidad
para no limitar el acceso a la justicia.
Para terminar, trajo a consideración -sin mencionar fallo alguno-, que el Consejo de
Estado en diferentes pronunciamientos ha indicado que cuando existan dudas sobre
el cumplimiento de los presupuestos de la demanda, puede admitirse la misma sin
perjuicio que en un momento procesal posterior y previo al análisis del material
probatorio vuelva sobre el punto y se adopte la decisión que corresponda.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
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2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si
se debe revocar la sentencia de 21 de mayo de 2026 de la Sección Quinta del
Consejo de Estado que declaró la improcedencia por falta de relevancia
constitucional, y de encontrarse configurados los restantes presupuestos generales
de procedencia, si debe acceder al amparo de su derecho fundamental de acceso
a la administración de justicia y si incurrió en un defecto fáctico.
3. El presupuesto de la relevancia constitucional
Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que
el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones3.
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a
definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20054, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que
se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente
a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia
de la tutela.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional5.
Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio
de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de
procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de
amparo se convierta en una instancia adicional.
Esta Sala6, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear
situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera
legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
3 Sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
4 Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria
Calle Correa.
5 Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-
02201-01.
6 Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es
necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que
la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a
las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
el sentido de la propia decisión cuestionada.
iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado
está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar
las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos
reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las
decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario.
Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso
ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en
últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.
4. Estudio y solución del caso concreto
La Sección Quinta del Consejo de Estado mediante sentencia del 21 de mayo de
2026 declaró improcedente la acción de tutela porque no cumplió el requisito
general de relevancia constitucional, al considerar que adolece de carga mínima y
se utiliza como una instancia adicional en relación con aspectos que fueron
resueltos de forma admisible por las autoridades judiciales accionadas.
La parte accionante impugnó la decisión bajo el argumento de que su solicitud
supera el precitado requisito y que, en su criterio, el término de caducidad de la
acción de reparación directa debió contarse desde el 18 de agosto de 2023 -
segunda cirugía-, y en aplicación del principio pro damnato, con lo que validaría un
examen menos riguroso de ese presupuesto procesal.
De manera previa, la Sala precisa que si bien la decisión impugnada consideró que
en el escrito de tutela la parte accionante no alegó la ocurrencia de algún defecto,
lo cierto es que el argumento relativo a que se desconoció la prueba documental
que aportaba información sobre la última cirugía realizada al menor WAME, y que
solo con ésta se pudo conocer la lesión definitiva luego de un año de evolución, se
enmarcaría en un defecto fáctico.
Así las cosas, la Sala confirmará la decisión impugnada que declaró improcedente
la acción de tutela porque no supera el requisito de la relevancia constitucional, al
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acudirse a la vía constitucional a modo de tercera instancia, como pasa a
exponerse.
La señora Luisa Verónica Esquivel Martínez, en representación de su hijo WAME,
a través de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Bolívar y el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de
Cartagena, al considerar que el auto 8 de agosto de 2025 notificado por estado del
11 de diciembre de 2025 y que confirmó el de 25 de marzo de 2024, que a su vez
declaró la caducidad una demanda de reparación directa, se vulneró el derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia.
Del análisis de los argumentos que soportan la solicitud, la Sala observa que son,
en esencia, los mismos en los que se sustentó el recurso de apelación que el actor
formuló contra el auto de 25 de marzo de 2024 mediante el cual el Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito de Cartagena declaró que había operado el fenómeno de
la caducidad de la acción, por lo que se está utilizando con el fin de reabrir el debate
que ya fue zanjado por el juez natural del asunto en dos instancias.
Del expediente ordinario allegado como prueba, la Sala observa que luego de que
el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cartagena rechazara la demanda
por configurarse la caducidad de la acción, tras argumentar que la parte actora tuvo
conocimiento de las lesiones sufridas por el menor de edad desde el 29 de abril de
2022, interpuso recurso de apelación en el que sostuvo los mismos argumentos que
soportan la presente acción, esto es, que el término de caducidad debía contarse
desde el 18 de agosto de 2023, fecha de la segunda y última cirugía de lo cual da
cuenta la decisión de segunda instancia emanada del Tribunal Administrativo de
Bolívar, así:
“…el hecho dañoso no produjo un daño inmediato, como cuando se sufre una amputación o la
muerte, que en el sub examine, fue una lesión en la cadera y el fémur con una intervención inicial
(29 de abril de 2022) y una segunda intervención quirúrgica (18 de agosto de 2023), por lo que
asegura que de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de estado, el término de
caducidad inicia a correr a partir del momento en que el demandante tiene conocimiento de la
existencia de la lesión al bien jurídico tutelado, por cuanto es a partir de ese momento que tiene
un interés legítimo para acudir a la Jurisdicción.
Frente a lo anterior, resalta que fue a partir del 18 de agosto de 2023 en la que con certeza se
tuvo pleno conocimiento del daño que el accidente le produjo al menor WAME, al realizarle una
cirugía reconstructiva para mejorar movilidad y pronóstico de cadera, aplicación de injerto bmp
estimulador de osteogenesis en orificios de tornillos y desempactación de labrum acetabular.”
(Negrilla por fuera del texto original)
Aunado a lo anterior, del expediente ordinario se observa que frente a dichos
reparos el Tribunal Administrativo de Bolívar en auto de 8 de agosto de 2025,
confirmó la decisión que rechazó la demanda de reparación directa por no haberse
presentado oportunamente. Sobre este particular, sostuvo:
“Sobre la inadmisión y rechazo de la demanda, la Corte Constitucional en Sentencia C- 833 de
2002 señaló:
“la demanda debe ajustarse a determinados requisitos establecidos (…) La exigencia de estos
requisitos encuentra su razón de ser, al considerarse que la demanda es un acto de postulación,
a través del cual la persona que la impetra, ejercita un derecho frente al Estado, pone en
funcionamiento el aparato judicial y propicia, la iniciación de una relación procesal. En
consecuencia, si la demanda cumple con las formalidades que la ley establece, deberá ser
aceptada, de lo contrario tendrá que ser rechazada.
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Sin embargo, este procedimiento no es tan rígido, pues el legislador contempla la figura de la
inadmisión dando la oportunidad procesal al demandante, para que, dentro del término señalado,
corrija los defectos que soporte la presentación de su demanda, una vez el juez se los indique”.
(…)
Precisa la Sala que, para efectos de contabilizar el término de caducidad en el medio de control
de reparación directa, es necesario identificar cual es la fuente generadora del daño alegado por
el demandante, a efectos de contabilizar establece si los dos años de que trata el artículo 164
numeral 2 literal i) del CPACA, cuentan; i. a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción
u omisión causante del daño, o ii. desde cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento
de este si fuera en fecha posterior y siempre que se pruebe la imposibilidad de haberlo conocido
en la fecha de su ocurrencia.
En ese orden; se advierte que de acuerdo con las pretensiones de la demanda, la fuente del daño
se concretó en la caída que sufrió el menor el día 28 de abril de 2022 en una cuneta al interior de
la Institución Educativa donde cursaba el año escolar; por lo que el 29 de abril de 2022, fue
sometido a cirugía de REDUCCION ABIERTA Y FIJACION INTERNA DE FRACTURA
BASCERVICAL CADERA IZQUIERDA CON TORNILLOS CANULADOS, y el 18 de agosto de
2023 se le practicó una cirugía reconstructiva para mejorar movilidad y pronóstico de cadera,
aplicación de injerto bmp estimulador de osteogénesis en orificios de tornillos y desempactación
de labrum acetabular.
En este contexto, tal como se estableció en el marco normativo y jurisprudencial, en casos de
lesiones personales la contabilización inicia, por regla general, desde que el actor tiene
conocimiento de la lesión, en tanto debe diferenciarse dicha situación con la magnitud del daño y
las lesiones definitivas –secuelas– causadas con el hecho generador del mismo, pues solamente
en caso de que su existencia -distinto a la gravedad- se conozca de forma certera y concreta con
el discurrir del tiempo y con posterioridad al hecho generador es que resulta viable computarlo con
posterioridad a su ocurrencia, pero bajo la misma premisa de su conocimiento.
Así las cosas, concuerda la Sala con el A quo cuando afirma que la caducidad debe contabilizarse
a partir del día siguiente al que la parte la actora tuvo conocimiento del daño, esto es, el 30 de abril
de 2022, teniendo en cuenta que el 29 de abril de la misma anualidad, al menor se le diagnosticó
una FRACTURA BASCERVICAL CADERA IZQUIERDA, por lo que se le realizó la cirugía de
REDUCCION ABIERTA Y FIJACION INTERNA DE FRACTURA BASCERVICAL CADERA
IZQUIERDA CON TORNILLOS CANULADOS, de tal manera que en dicha fecha, la parte actora
conoció claramente en que consistió la lesión del menor, y no con los posteriores pronunciamientos
médicos, los cuales se relacionan con las secuelas de la lesión y no con la configuración de la
misma.
En consecuencia, la parte actora tuvo conocimiento de las lesiones, al menos desde el 29 de abril
de 2022, por lo que de conformidad con el artículo 164 del CPACA, el término para presentar la
demanda caducó el 30 de abril de 2024; y si bien se presentó solicitud de conciliación extrajudicial
el 25 de octubre de 2024 ante la PROCURADURÍA 66 JUDICIAL I PARA ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS, dicha solicitud no tuvo la virtualidad de suspender la caducidad de
conformidad con lo señalado en el artículo 90 numeral 3 de la ley 2220 de 2022, en armonía con
el artículo 96 de dicha ley; toda vez que la misma ya había operado, y la demanda fue radicada el
19 de febrero de 2025, cuando había fenecido el término para ejercer la acción ”.
Conforme con lo anterior, la Sala observa que con los argumentos planteados por
la parte accionante se pretende continuar el debate jurídico que se propuso en el
trámite de la demanda de reparación directa que originó la controversia, esto es, la
inconformidad respecto al conteo del término de caducidad, frente al que insisten
en que se la parte accionante conoció el daño al realizarse la segunda cirugía.
En este sentido, si bien el actor alega la ocurrencia de una indebida valoración
probatoria porque se debe tener como parámetro la segunda cirugía que se practicó
al menor el 18 de agosto de 2023, lo cierto es que se invoca con el propósito de
insistir en los argumentos que fueron expuestos en el recurso de apelación que
fueron resueltos con suficiencia por el Tribunal Administrativo de Bolívar.
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En todo caso, la Sala observa que el pronunciamiento en el que el accionante funda
la indebida valoración probatoria fue tenido en cuenta en el auto de segunda
instancia objetado, en donde se analizó y concluyó que el conocimiento del daño
ocurrió el 29 de abril de 2002 y no el 18 de agosto de 2023, y arribó a la conclusión
razonable de que era procedente tomar como punto de partida para el cómputo del
término de caducidad la primera data, en tanto fue a partir de ese momento que se
tuvo conocimiento del daño al recibir el diagnóstico de fractura y realizarse la
primera cirugía al menor.
Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia proferida el 21 de mayo
de 2026 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia
de la acción de tutela.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
Primero.- Confirmar la sentencia de 21 de mayo de 2026 dictada por la Sección
Quinta del Consejo de Estado.
Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
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