Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03007-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-03007-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03007-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03007-00
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
16 de julio de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03007-00
Demandante: Asociación de Usuarios de los Servicios Públicos, Alcantarillado y
Aseo del Corregimiento de Tutunendo – Aguas de Tutunendo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03007-00
Demandante: Asociación de Usuarios de los Servicios Públicos, Alcantarillado y
Aseo del Corregimiento de Tutunendo – Aguas de Tutunendo
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó
Tema: Tutela contra providencia judicial, improbó acuerdo conciliatorio.
Desconocimiento de precedente y defecto fáctico
Sentencia primera instancia
La Sala decide la acción de tutela interpuesta, mediante apoderada judicial, por la
Asociación de Usuarios de los Servicios Públicos, Alcantarillado y Aseo del
Corregimiento de Tutunendo – Aguas de Tutunendo contra el Tribunal Administrativo
del Chocó, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 20 de abril de 2026, la Asociación de Usuarios de los Servicios Públicos
Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Corregimiento de Tutunendo (en
adelante Aguas de Tutunendo) instauró acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Chocó, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad. En
consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERA: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia e igualdad de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
ASEO DEL CORREGIMIENTO DE TUTUNENDO – AGUAS DE TUTUNENDO,
vulnerados por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó con la
expedición del Auto Interlocutorio N.° 68 del 20 de marzo de 2026.
SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS el Auto
Interlocutorio N.° 68 del 20 de marzo de 2026 proferido por la Sala Tercera de Decisión
del Tribunal Administrativo del Chocó, en cuanto confirmó el Auto Interlocutorio N.° 354
del 30 de abril de 2025 proferido por el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito
de Quibdó.
TERCERA: ORDENAR a la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del
Chocó que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo
de tutela, profiera una nueva providencia en la que, aplicando la Sentencia de Unificación
2025CE-SUJ-3-001 del 31 de julio de 2025 del Consejo de Estado y la jurisprudencia sobre
enriquecimiento sin justa causa, así como realizando una valoración integral del material
probatorio obrante en el expediente, proceda a resolver de fondo el recurso de apelación
interpuesto contra el Auto Interlocutorio N.° 354 del 30 de abril de 2025.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03007-00
Demandante: Asociación de Usuarios de los Servicios Públicos, Alcantarillado y
Aseo del Corregimiento de Tutunendo – Aguas de Tutunendo
CUARTA: PREVENIR al Tribunal Administrativo del Chocó Sala Tercera de decisión para
que no vuelva a incurrir en las acciones y omisiones que dieron lugar a la presente solicitud
de tutela».
2. Hechos
De la lectura del expediente de tutela, se advierten como hechos relevantes los
siguientes:
La relación contractual
Aguas de Tutunendo ha sido, desde septiembre 2018, la entidad encargada de prestar
de manera continua y con el consentimiento de la administración municipal los
servicios de agua potable, alcantarillado y aseo en dicho corregimiento y en otros
sectores rurales circunvecinos del municipio de Quibdó, como La Troje, Ichó,
Guadalupe y San Francisco.
El 26 de agosto de 2024, las partes suscribieron el contrato CPS‑443 de 2024,
celebrado entre el municipio de Quibdó (contratante) y la Asociación de Usuarios de
los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del
Corregimiento de Tutunendo (contratista), cuyo objeto consistió en «PRESTAR LOS
SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE
LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CORREGIMIENTO DE TUTUNENDO DEL
MUNICIPIO DE QUIBDÓ», ejecutándose el objeto, según su cláusula sexta, en los
corregimientos de Guadalupe, La Troje, San Francisco de Icho y Tutunendo.
El plazo de ejecución se pactó en 4 meses y 2 días, sin exceder del 31 de diciembre
de esa anualidad, por un valor de $110.662.262. Conforme a su cláusula décima
novena, al contrato se entendían incorporadas las «cláusulas excepcionales» o
exorbitantes (esto es, la interpretación, modificación y terminación unilaterales
previstas en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993), además de la caducidad,
como prerrogativas de la entidad estatal contratante dirigidas a asegurar la
continuidad y adecuada prestación del servicio público.
El contrato se sometió al régimen de la contratación estatal, pues, desde su
encabezado se señaló que su objeto y estipulaciones «se regirán en forma general
por las normas legales para los contratos estatales». En consonancia con ello, en la
cláusula décima novena «TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN
UNILATERALES» dispuso que «al presente contrato se entienden incorporadas las
cláusulas excepcionales a que se refieren los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de
1993», es decir, las potestades exorbitantes de interpretación, modificación y
terminación unilaterales.
A lo anterior se añadió la cláusula décima sexta, que facultó a la administración para
declarar la caducidad «cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecución
del presente Contrato», y el parágrafo único de la cláusula quinta, conforme al cual el
contrato «se podrá adicionar de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993 y
demás normas que rigen la materia».
Según la tutelante la Asociación Aguas de Tutunendo prestó de manera ininterrumpida
los servicios públicos domiciliarios entre enero y agosto de 2024 sin un contrato estatal
formalizado por escrito, actuación que obedeció a la buena fe, a la naturaleza esencial
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03007-00
Demandante: Asociación de Usuarios de los Servicios Públicos, Alcantarillado y
Aseo del Corregimiento de Tutunendo – Aguas de Tutunendo
de dichos servicios y a la aceptación tácita de la administración municipal, la cual
permitió y requirió su continuidad para evitar afectaciones a la salubridad pública;
durante ese periodo. Aseguró que la Asociación no recibió contraprestación alguna,
generándose un empobrecimiento injustificado de la entidad operadora y un
correlativo enriquecimiento del municipio de Quibdó por un valor de $169.807.588.
Solicitud de conciliación y providencias cuestionadas
Aguas de Tutunendo presentó solicitud de conciliación extrajudicial, ante la
Procuraduría 77 Judicial I para Asuntos Administrativos, mediante la cual convocó al
municipio de Quibdó, en el que manifestó que interpondría medio de control de
reparación directa con la finalidad de obtener el pago de los meses adeudados (de
enero a agosto) por la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado y aseo del corregimiento de Tutunendo, Guadalupe, San Francisco de
Icho y la Troje, con fundamento en lo previsto en el artículo 5.3 de la Ley 142 de 1994
en concordancia con el Acuerdo 008 de 30 de mayo de 2017, aprobado por el Concejo
Municipal de Quibdó.
Con anterioridad a la audiencia, la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación del
municipio de Quibdó expidió certificación en la que dejó constancia de que dicho
Comité, en sesión del 25 de febrero de 2025, sometió a estudio el caso identificado
como «CASO 8 AGUAS DE TUTUNENDO – PRESTACIÓN DE SERVICIO AAA EN
TUTUNENDO Y OTROS», bajo el rótulo «Medio de Control: reparación directa,
Cuantía: $169.807.588».
En esa certificación, el municipio expuso los fundamentos fácticos y normativos de la
propuesta conciliatoria: que, según el informe radicado por la Asociación (radicado
AQD2024ER007709), esta «viene prestando de manera continua e ininterrumpida,
desde el (...) 01 de enero al 31 de agosto de 2024 (...) los servicios (...) públicos
domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y recolección de residuos sólidos» en los
corregimientos de Tutunendo, San Francisco de Ichó, La Troje, San Antonio y
Guadalupe; que «desde el 2018 esta asociación viene p[r]estando el servicio en los
corregimientos ya descritos»; y que se habían presentado cuentas de cobro por los
meses de enero a agosto de 2024, a razón de $22.937.451 mensuales, para un total
de $169.807.588.
Sobre esa base, el propio ente territorial sostuvo que «el no reconocimiento del
servicio prestado sería un enriquecimiento sin justa causa», por tratarse de
servicios públicos domiciliarios que «por expresa disposición constitucional y legal
atañen al municipio de Quibdó» y atienden necesidades básicas de la comunidad,
planteamiento que asoció al medio de control de reparación directa.
El 31 de marzo de 2025, ante la Procuraduría 77 Judicial I para Asuntos
Administrativos, las partes alcanzaron un acuerdo conciliatorio sobre la pretensión que
la Asociación había anunciado promover por vía del medio de control de reparación
directa, esto es, el pago de los servicios públicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado y aseo efectivamente prestados, sin contrato escrito, entre enero y
agosto de 2024. El acuerdo recogió lo decidido por el Comité de Conciliación del
municipio de Quibdó, que en sesión del 25 de febrero de 2025 «sometió a estudio el
presente caso y decidió conciliar por el valor de ($169.807.588) (...) correspondiente
al pago de prestación de los servicios de agua, alcantarillado y aseo en Tutunendo y
aseo en La Troje, Ichó y Guadalupe».
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03007-00
Demandante: Asociación de Usuarios de los Servicios Públicos, Alcantarillado y
Aseo del Corregimiento de Tutunendo – Aguas de Tutunendo
El anterior acuerdo conciliatorio fue remitido a los Juzgados Administrativos, a efectos
de obtener la aprobación de la conciliación prejudicial, en el marco del control de
legalidad que corresponde ejercer al juez administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 24 de la Ley 640 de 2001.
El Juzgado Noveno Administrativo de Quibdó, mediante auto del 30 de abril de 2025,
improbó el acuerdo conciliatorio, porque, de las pruebas allegadas al expediente, «no
se puede deducir, con claridad, la existencia de la obligación que es objeto de
conciliación a cargo del ente público». En consecuencia, resolvió improbar el acuerdo
«dado que no concurren los requisitos relacionados, a fin de verificar que lo acordado
entre las partes esté debidamente respaldado, con las pruebas sobre la existencia de
la obligación», por lo cual advirtió que aprobarlo sin ese respaldo «puede ser lesivo
para los intereses de la Administración».
Las partes interpusieron recurso de apelación contra la anterior decisión, así:
• La Asociación Aguas de Tutunendo sostuvo que la administración y el operador
contrataron los servicios públicos domiciliarios «desde hace varios años de
manera continua y consensuada», y que estaba demostrada la existencia del
contrato CPS‑443 de 2024. Con base en ello afirmó que del contrato «se
desprende que le debe al prestador los meses de enero, febrero, marzo, abril,
mayo, junio, julio y agosto de 2024 que fueron los sometidos a la audiencia de
conciliación», pues solo se pagaron «los meses de: septiembre, octubre,
noviembre y diciembre» por valor de $110.662.262, quedando pendientes los
ocho primeros meses. Para acreditarlo, anexó las facturas electrónicas de la
DIAN y las cuentas de cobro de los valores adeudados, así como pruebas de la
prestación efectiva del servicio. Por lo anterior concluyó que, subsanadas las
observaciones del despacho, la conciliación «está llamada [a] ser aprobada en
esta instancia».
• El municipio de Quibdó argumentó que, aunque la normatividad sobre
formalidades contractuales está vigente, «excepcionalmente la jurisprudencia ha
señalado casos específicos en los cuales incluso con la inexistencia de contrato
o negocio jurídico, se puede[n] realizar reconocimientos de obligaciones que no
se encuentran escritas», y que ello procede «tratándose de conciliación pero con
el medio a deprecar de reparación directa».
En ese sentido invocó que el Consejo de Estado ha señalado que
«excepcionalmente, pueden hacerse reconocimientos de suministros y
prestaciones recibidas sin contrato, en donde hace alusión al enriquecimiento
sin justa causa o la actio [in] rem verso», para lo cual citó la «sentencia [de]
unificad[ación] de radicado 73001-23-31-000-2000-03075-01 (24897) [de la]
Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado (...) del 19 de noviembre
de 2012».
Sostuvo que, acreditada la prestación del servicio entre el 1 de enero y el 31 de
agosto de 2024 mediante facturación individualizada y registros fotográficos, y
dado el interés general del servicio, la actividad «se llevó a cabo sin contrato
aparente, pero motivad[a] por el principio de la buena fe, de la supremacía del
bienestar general sobre el particular», por la conexión del servicio con «la vida,
la salud y la dignidad humana» y porque su suspensión habría conllevado
«proliferación de vectores, roedores (...) un daño en lo relacionado a la
salubridad pública».
Reconoció, además, que el ente territorial «debió suscribir contrato con la
entidad que venía prestando el servicio» y que se observaba «la aquiescencia y
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03007-00
Demandante: Asociación de Usuarios de los Servicios Públicos, Alcantarillado y
Aseo del Corregimiento de Tutunendo – Aguas de Tutunendo
en cierto grado el constreñimiento generado», pues, en ejercicio de su autoridad,
«se permitió la continuidad de la prestación del servicio incluso sin contrato».
Finalmente, en cuanto a la objeción presupuestal, planteó que «la emisión de
CDP en las propuestas conciliatorias no se encuentra regulado, es decir, no es
de obligatorio cumplimiento; lo que sí es de obligatorio es la certificación emitida
por la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación; como regula la Ley 2220
de 2022», y que dicha certificación demuestra la capacidad presupuestal porque
la decisión «no es sustentada en una persona, sino en un cuerpo colegiado que
incluye [el] componente de quien ordena el pago, de quien dispone el dinero y
quien revisa la capacidad jurídica de la decisión».
El Tribunal Administrativo del Chocó, mediante providencia de 20 de marzo de
2026, confirmó la decisión de primera instancia, al considerar que no existe prueba
idónea que acredite la existencia de un contrato entre las partes para el periodo
reclamado (enero a agosto de 2024), requisito indispensable para validar la obligación
que se pretendía conciliar; el único contrato aportado -CPS-443 de 2024- solo cubre
los meses de septiembre a diciembre de ese año, por lo que no respalda el acuerdo
conciliatorio ni demuestra la prestación del servicio en el lapso discutido.
Recordó que, en materia de lo contencioso administrativo, «tanto la conciliación como
su posterior aprobación deben estar respaldadas con elementos probatorios idóneos
y suficientes respecto del derecho objeto de conflicto», y concluyó que, al no obrar
«prueba idónea, pertinente y conducente que demuestre la existencia del vínculo
contractual y del servicio efectivamente prestado durante el periodo objeto de
reclamación», la decisión de improbar la conciliación resultaba ajustada a derecho.
3. Argumentos de la acción de tutela
Según la parte tutelante, la autoridad judicial accionada al improbar el acuerdo
conciliatorio incurrió en defectos sustantivo y por desconocimiento del
precedente judicial del Consejo de Estado sobre enriquecimiento sin justa causa,
concretamente la sentencia de unificación de la Sección Tercera 2025CE-SUJ-3-001
del 31 de julio de 2025 (núm. 57.464), que reconoció de manera excepcional la
procedencia de la compensación por enriquecimiento sin justa causa en aquellos
eventos en los que se ejecutan actividades sin el respaldo de un contrato estatal
formalizado, incluidos los supuestos relacionados con la prestación de servicios
públicos esenciales estrechamente vinculados con los derechos a la salud, la vida y
la dignidad humana.
Aseguró que, la autoridad judicial desconoció el principio de iura novit curia, pues se
abstuvo de calificar adecuadamente la relación jurídica y las pretensiones de las
partes. Que las partes reconocieron expresamente en el recurso de apelación que los
servicios fueron prestados sin contrato durante los primeros ocho meses de 2024, que
dicha situación obedeció a razones de interés público y buena fe, y que la
administración municipal generó confianza legítima en la prestadora al aceptar la
continuidad de los servicios, con lo que se evidencia el enriquecimiento sin causa que
debió analizar el Tribunal.
Adujo que se configuró un defecto fáctico, porque el tribunal se limitó a constatar la
ausencia de un contrato estatal formal, sin valorar el acervo probatorio que
demostraba la configuración plena del enriquecimiento sin justa causa, porque: (i) el
municipio obtuvo una ventaja patrimonial reconocida oficialmente por su Comité de
Conciliación, que admitió la prestación del servicio y la existencia de una deuda de
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03007-00
Demandante: Asociación de Usuarios de los Servicios Públicos, Alcantarillado y
Aseo del Corregimiento de Tutunendo – Aguas de Tutunendo
$169.807.588; (ii) la Asociación sufrió un empobrecimiento correlativo acreditado
mediante las cuentas de cobro pendientes y la certificación municipal; (iii) el
desequilibrio patrimonial carecía de causa jurídica, pues el ente territorial no podía
beneficiarse del servicio sin contraprestación; (iv) no existía otro medio de control
idóneo distinto a la reparación directa; y (v) la pretensión se limitaba estrictamente a
la restitución del valor equivalente al enriquecimiento, sin intereses ni perjuicios,
conforme a la naturaleza de la actio in rem verso.
4. Trámite previo
El 24 de abril de 2026, el despacho de la ponente admitió la acción de tutela y ordenó
notificar a la demandante y al Tribunal Administrativo del Chocó, en calidad de
demandado y al municipio de Quibdó y al Juzgado Noveno Administrativo de Quibdó
en condición de terceros con interés.
5. Oposición
El Tribunal Administrativo del Chocó pidió que se declarara improcedente la acción
de tutela de la referencia, porque no ha vulnerado ningún derecho fundamental de la
parte actora y las pretensiones están orientadas a constituir una tercera instancia del
proceso cuestionado.
Adujo que, al proferir la decisión cuestionada analizó la situación en particular, en el
cual evidenció que, «(…) si bien el asunto se relaciona con la prestación de servicios
públicos domiciliarios en una región, resulta imperativo salvaguardar el patrimonio
público, el cual constituye uno de los principios rectores de la función administrativa,
conforme al ordenamiento constitucional y legal vigente».
Aseguró que, como en el expediente no se aportó el contrato, título ejecutivo o
documento idóneo con el que se probara la existencia de la obligación clara, expresa
y exigible entre las partes, no era jurídicamente viable aprobar el acuerdo conciliatorio,
porque ello implicaría un detrimento injustificado del erario.
Señaló que la decisión estuvo debidamente sustentada, ajustada a criterios objetivos
y razonables, sin que se evidencie la vulneración de algún derecho fundamental.
6. Intervenciones de los terceros vinculados
El Juzgado Noveno Administrativo de Quibdó remitió copia digital del expediente
con radicado 27001-33-33-009-2025-00035 00/01, en el cual se profirió la providencia
cuestionada, sin pronunciarse sobre los hechos que dieron origen al recurso de
amparo.
El municipio de Quibdó coadyuvó la prosperidad de la acción de tutela, pues
considera que la autoridad judicial incurrió en desconocimiento del precedente
jurisprudencial, para lo cual trajo a colación extractos de la sentencia de unificación
2025CE-SUJ-3-001 de 31 de julio de 2025, proferida por la Sala Plena de la Sección
Tercera del Consejo de Estado.
Afirmó que, aunque no se cumplió la formalidad contractual exigida por el Estatuto
General de Contratación, existe un conjunto sólido y coherente de pruebas que
demuestra la necesidad y efectiva prestación del servicio público esencial entre enero
y agosto de 2024, así como el reconocimiento expreso del municipio sobre la deuda y
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03007-00
Demandante: Asociación de Usuarios de los Servicios Públicos, Alcantarillado y
Aseo del Corregimiento de Tutunendo – Aguas de Tutunendo
la existencia de la acreencia insoluta; que la continuidad del servicio obedeció a la
buena fe del operador y a la aceptación de la administración, que requirió su
prestación para proteger la salubridad pública.
Por lo anterior, consideró que la decisión de negar el pago implica un enriquecimiento
sin causa a favor del municipio y un empobrecimiento correlativo del prestador,
situación contraria a la equidad, al interés general y a los principios constitucionales
de buena fe y primacía de lo sustancial sobre lo formal, razón por la cual el ente
territorial se adhiere a la prosperidad de las pretensiones y al reconocimiento de lo
debido.
7. Sorteo de conjueces
En razón a que la providencia presentada en Sala, en sesión del 4 de junio de 2026,
no obtuvo la votación suficiente para ser aprobada, mediante auto de 5 de junio
siguiente se dispuso a sortear un conjuez para integrar el cuórum decisorio. En
cumplimiento de la providencia, el 16 de junio de 2026 se realizó la diligencia de sorteo
de conjuez, en la cual fue designado el conjuez Julio Roberto Piza Rodríguez.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: « Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción de la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional1, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
1
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03007-00
Demandante: Asociación de Usuarios de los Servicios Públicos, Alcantarillado y
Aseo del Corregimiento de Tutunendo – Aguas de Tutunendo
mediante el empleo de las causales generales2 y específicas3 de procedencia de la
acción de tutela.
Problema jurídico
Corresponde determinar si el Tribunal Administrativo del Chocó incurrió en los
defectos sustantivo, por desconocimiento del precedente o fáctico, al improbar el
acuerdo conciliatorio suscrito el 31 de marzo de 2025, entre la Asociación de Usuarios
de los Servicios Públicos, Alcantarillado y Aseo del Corregimiento de Tutunendo –
Aguas de Tutunendo con el municipio de Quibdó, ante la Procuraduría 77 Judicial I
para Asuntos Administrativos.
La Sala anticipa que, en el presente caso, se accederá a las pretensiones de la acción
de tutela, al advertirse la configuración de los defectos por desconocimiento del
precedente judicial y fáctico.
Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela en el presente caso
(i) Requisito general de relevancia constitucional
La Sala anota que la acción de tutela cumple con el referido requisito general porque
la actora invoca la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia y a la igualdad, se sustentan con suficiencia las
razones por las que la decisión judicial cuestionada afecta dichos derechos, no se
trata de un asunto de mera legalidad o económico y los cuestionamientos tienen que
ver con la ratio decidendi.
Tampoco puede entenderse la acción de tutela como una instancia adicional, pues si
bien en primera y segunda instancia se improbó el acuerdo conciliatorio suscrito entre
las partes, lo cierto es que la irregularidad alegada revela una vulneración manifiesta
del derecho fundamental al debido proceso, circunstancia que habilita
excepcionalmente la intervención del juez constitucional. En efecto, cuando la decisión
judicial desconoce garantías esenciales, se aparta de los estándares fijados por la
jurisprudencia o produce efectos abiertamente contrarios a la Constitución, la tutela
se erige como el mecanismo idóneo para restablecer el orden jurídico vulnerado y
evitar la consumación de un perjuicio constitucionalmente relevante.
Además, en caso de que se configure alguno de los requisitos especiales de tutela
contra providencia judicial, se afectarían los derechos fundamentales de la parte
actora, en la medida que se trata del pago de una obligación derivada de la prestación
de servicios domiciliarios por parte de la accionante, lo que generó un enriquecimiento
sin causa para el municipio de Quibdó.
2
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03007-00
Demandante: Asociación de Usuarios de los Servicios Públicos, Alcantarillado y
Aseo del Corregimiento de Tutunendo – Aguas de Tutunendo
Se cumple con el (ii) Requisito general de subsidiariedad, porque los argumentos
invocados no se enmarcan en las causales del recurso extraordinario de revisión o de
algún otro medio de defensa idóneo para la defensa de los derechos que invoca
vulnerados. En igual sentido, el (iii) Requisito general de inmediatez se satisface,
pues, el ejercicio de la presente acción de tutela resulta oportuno, toda vez que la
decisión de segunda instancia fue proferida el 20 de marzo de 2026, y el ejercicio de
la acción de tutela tuvo lugar el 20 de abril de 2026.
En lo demás, la Sala encuentra que están satisfechos los requisitos generales de
procedencia, si se tiene en cuenta que la accionante alega una (iv) irregularidad que
genera un efecto determinante y afecta los derechos fundamentales de la accionante;
(v) la parte actora identificó de manera razonable los hechos que generaron la
vulneración y, (vi) no se están cuestionando sentencias de tutela.
Por lo que la Sala pasa a analizar si se configuran los defectos invocados.
De los defecto por desconocimiento del precedente judicial4 y defecto fáctico5
en el caso concreto
Aguas de Tutunendo promovió la presente acción de tutela para que se deje sin
efectos la providencia del 20 de marzo de 2026, mediante la cual el Tribunal
Administrativo del Chocó confirmó la decisión de primera instancia que improbó el
acuerdo conciliatorio suscrito el 31 de marzo de 2025 entre la actora y el municipio de
Quibdó ante la Procuraduría 77 Judicial I para Asuntos Administrativos, por un valor
de $169.807.588, correspondiente a los servicios prestados entre enero y agosto de
2024.
Lo anterior, porque considera que la autoridad judicial accionada incurrió en defectos
sustantivo y por desconocimiento del precedente, pues no se tuvo en cuenta el criterio
desarrollado por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la
sentencia de unificación 2025CE-SUJ-3-001 del 31 de julio de 2025 (núm. 57.464),
que reconoció de manera excepcional la procedencia de la compensación por
enriquecimiento sin justa causa en aquellos eventos en los que se ejecutan
actividades sin el respaldo de un contrato estatal formalizado.
Alegó igualmente la existencia de un defecto fáctico por indebida valoración
probatoria, pues, a su juicio, el material obrante en el expediente demostraba la
necesidad y efectiva prestación del servicio público esencial, así como el
reconocimiento expreso del municipio sobre la deuda, circunstancias que evidencian
4
Cuando se hace referencia al precedente judicial se alude a la forma en que un caso similar ya ha sido resuelto en el pasado
y que sirve como referente para que se decidan otros conflictos semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser
considerado por el juez al momento de decidir el nuevo caso. El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye
las decisiones que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está conformado por las decisiones de los
jueces de superior jerarquía, en especial, las decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
Dicho de otro modo: las situaciones fácticas iguales deben decidirse conforme con la misma solución jurídica que ha previsto el
órgano de cierre de cada jurisdicción, a menos que el juez competente exprese razones serias y suficientes para apartarse del
precedente. Cuando un juez no aplica la misma razón de derecho ni llega a la misma conclusión jurídica al analizar los mismos
supuestos de hecho, incurre en la violación al derecho a la igualdad. No obstante, la importancia de la regla de vinculación del
precedente judicial, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que esa sujeción no es absoluta, pues no se puede
desconocer la libertad de interpretación que rige la actividad judicial. Simplemente se busca armonizar y salvaguardar los
principios de igualdad y seguridad jurídica para que asuntos idénticos se decidan de la misma forma y, por esa razón, se ha
advertido que el funcionario judicial puede apartarse de su propio precedente o del precedente fijado por el superior jerárquico,
siempre que explique de manera expresa, amplia y suficiente las razones por las que modifica su posición, de ahí que al juez
corresponde la carga argumentativa de la separación del caso resuelto con anterioridad.
5
Respecto del defecto fáctico, la Corte Constitucional en la sentencia T-015 de 2012 señaló que se produce cuando de la
actividad probatoria ejercida por el juez se desprende, -en una dimensión negativa-, que se omitió
la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. Esta situación ocurre
cuando se produce la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, cuando el juez simplemente la ignora
u omite, o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03007-00
Demandante: Asociación de Usuarios de los Servicios Públicos, Alcantarillado y
Aseo del Corregimiento de Tutunendo – Aguas de Tutunendo
un enriquecimiento sin causa a favor de la entidad territorial y el correlativo
empobrecimiento de la actora.
La Sala advierte, según los antecedentes que obran en el expediente, en la solicitud
de conciliación se señaló que desde el año 2018 la Asociación Aguas de Tutunendo
prestó de manera continua los servicios públicos domiciliarios en varios
corregimientos de Quibdó; que para la anualidad 2024 se suscribió el contrato
CPS‑443, cuya ejecución abarcó los meses de septiembre a diciembre de ese año,
mediante el cual la Asociación asumió directamente la operación de los servicios 6; y
que, al estar pendientes de pago los meses de enero a agosto de 2024, la Asociación
promovió conciliación prejudicial ante la Procuraduría 77 Judicial I para Asuntos
Administrativos, anunciada para tramitarse por vía del medio de control de
reparación directa.
En el curso de ese trámite se invocaron expresamente la figura del enriquecimiento
sin justa causa y la actio in rem verso, frente a lo cual el municipio, por medio de su
Secretaría Técnica del Comité de Conciliación, sostuvo que «el no reconocimiento del
servicio prestado sería un enriquecimiento sin justa causa», y se llegó a un acuerdo
conciliatorio que recogió la decisión adoptada por el Comité de Conciliación del
municipio de Quibdó en sesión del 25 de febrero de 2025, por valor de $169.807.588.
Además, está acreditado que la autoridad judicial accionada improbó el acuerdo
conciliatorio celebrado entre las partes, con fundamento en la ausencia de prueba
idónea que acreditara la existencia de un contrato que amparara la prestación del
servicio durante el periodo reclamado (enero a agosto de 2024), presupuesto
indispensable para verificar la validez y exigibilidad de la obligación objeto de
conciliación, en los siguientes términos:
«En efecto, con el fin de respaldar la solicitud de aprobación de la conciliación celebrada
ante la Procuraduría 77 Judicial I para Asuntos Administrativos, las partes allegaron al
expediente el contrato N.º CPS -443 de 2024, cuya duración era de cuatro (4) meses y
correspondía a los últimos meses comprendidos entre septiembre y diciembre de 2024.
No obstante, en el expediente no obra prueba que acredite la existencia de un contrato
suscrito entre las partes para el periodo objeto de reclamación.
Sobre este aspecto, resulta pertinente recordar la jurisprudencia del Consejo de Estado
en relación con la solemnidad de los contratos estatales, según el cual estos deben constar
siempre por escrito, en atención a las formalidades que rigen la contratación con entidades
públicas.
En ese sentido, se advierte que las partes se limitaron a afirmar que la Asociación de
Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del
corregimiento de Tutunendo prestó sus servicios durante el periodo comprendido entre
enero y agosto de 2024. No obstante, la administración municipal no ofreció explicación
alguna sobre las razones por las cuales no se suscribió un contrato para dicho lapso.
6
Si bien, por regla general, los contratos que celebran las entidades estatales que prestan servicios públicos domiciliarios se
rigen por el derecho privado y no por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (artículo 31, inciso 1.º, de
la Ley 142 de 1994, modificado por el art. 3 de la Ley 689 de 2001), el parágrafo de esa misma norma consagra una regla distinta
para el supuesto que aquí concurre. Conforme a dicho parágrafo, «los contratos que celebren los entes territoriales con las
empresas de servicios públicos con el objeto de que estas últimas asuman la prestación de uno o de varios servicios públicos
domiciliarios (...) se regirán para todos sus efectos por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en todo
caso la selección siempre deberá realizarse previa licitación pública, de conformidad con la Ley 80 de 1993». En el presente
caso, el contrato CPS‑443 de 2024 fue celebrado por un ente territorial (el municipio de Quibdó) con la Asociación, en su condición
de empresa prestadora, precisamente para que esta asumiera la operación, mantenimiento y administración de los servicios
públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico. De ahí que, este contrato se rija, «para todos sus efectos», por el
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, lo que explica que se le hayan incorporado las cláusulas
excepcionales de los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993 y que las controversias derivadas de él, incluida la relativa a la
prestación del servicio sin contrato escrito durante enero a agosto de 2024, correspondan a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03007-00
Demandante: Asociación de Usuarios de los Servicios Públicos, Alcantarillado y
Aseo del Corregimiento de Tutunendo – Aguas de Tutunendo
Por el contrario, el único documento que obra en el expediente correspondiente a la
vigencia 2024 es un contrato celebrado por un término de cuatro (4) meses y dos (2) días,
con ejecución desde septiembre hasta el 31 de diciembre de esa anualidad, el cual no
cubre el periodo objeto de reclamación ni el que sirvió de fundamento para el acuerdo
conciliatorio.
De lo anterior se concluye que dicho contrato no cubre el periodo reclamado ni el objeto
de la conciliación extrajudicial, por lo que las pruebas allegadas al expediente resultan
insuficientes para soportar las bases fácticas y jurídicas del acuerdo conciliatorio.
En ese sentido, sin necesidad de mayores consideraciones, resulta evidente que el
acuerdo alcanzado por las partes podría resultar lesivo para los intereses de la
administración pública, pues de las pruebas aportadas al expediente no es posible deducir
con claridad la existencia de la obligación que se pretende conciliar a cargo del ente
territorial.»
Sin embargo, la Sala advierte que en la sentencia de unificación 2025CE-SUJ-3-001
de 31 de julio de 2025 (núm. 57.464), la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo
de Estado rectificó el criterio desarrollado en la sentencia de 19 de noviembre del
2012, expediente 24897, en los siguientes términos:
«(…) 79. En ese sentido, la Sala rectifica la postura jurisprudencial plasmada en la
sentencia de unificación del 19 de noviembre del 2012, para dejar sentado que aquellos
eventos en los que la entidad pública (o particular en ejercicio de funciones administrativas)
coaccione, constriña o imponga a un particular (o a un servidor público) la prestación de
un servicio o la entrega de un bien, o -en general- la ejecución de una actividad, la eventual
indemnización de los perjuicios causados por dicha situación debe estudiarse como un
evento de falla del servicio y no de enriquecimiento sin justa causa. En tal sentido, la
reparación llamada a ser reconocida no se limita a la compensación propia del último
instituto señalado, sino que habilita la indemnización plena e integral de los perjuicios
generados por la conducta irregular. (...)»
Aunado a lo anterior, la providencia citada unificó la jurisprudencia respecto de la
configuración y procedencia del enriquecimiento sin causa en aquellos eventos en los
que se ejecutan actividades sin el soporte de un contrato estatal, particularmente
cuando se trata de entidades que, en el ejercicio de sus funciones, están sometidas
al Estatuto General de Contratación Pública, así:
«80. Al amparo de las anteriores consideraciones, la Sala unificará su jurisprudencia en
torno a la configuración y procedencia del enriquecimiento sin justa causa cuando se han
ejecutado actividades sin el respaldo de un contrato, en favor de entidades que -en su
gestión- deben aplicar el Estatuto General de Contratación Pública (EGCAP), bajo las
siguientes reglas:
81. Comoquiera que el instituto analizado no tiene lugar en escenarios contractuales, la
pretensión debe formularse cumpliendo los presupuestos procesales de la reparación
directa, bien sea ante la inexistencia de contrato -sea porque se reclama una actividad
producto de un acuerdo verbal o porque no existe pacto en absoluto- o ante el desarrollo
de actividades con posterioridad al agotamiento del objeto de un contrato celebrado
previamente. Si lo que se reclama tiene fuente y respaldo en actividades propias del objeto
de un acuerdo de voluntades, aunque se extienda en el tiempo, que se consumaron luego
del periodo de ejecución, corresponderá a un juicio de controversias contractuales.
Además de excluir la existencia de una relación negocial que dé sustento a la reclamación,
se debe verificar que la fuente del menoscabo no sea una conducta constitutiva de
responsabilidad extracontractual del Estado (como un constreñimiento o falla del servicio),
dada la subsidiariedad del enriquecimiento sin justa causa. En ese sentido, como
metodología para determinar la procedencia de este mandato, por su carácter
subsidiario, se debe verificar: (i) que no exista un acuerdo de voluntades que
fundamente la merma patrimonial que se atribuye (responsabilidad contractual); y
(ii) que ese menoscabo no haya ocurrido en virtud de un hecho u omisión doloso o
culposo causante de un daño antijurídico (responsabilidad extracontractual).
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03007-00
Demandante: Asociación de Usuarios de los Servicios Públicos, Alcantarillado y
Aseo del Corregimiento de Tutunendo – Aguas de Tutunendo
82. La indicación formal de un medio de control diferente al de reparación directa, o la
ausencia de mención del mismo, no puede ser empleado como un aspecto que impida dar
trámite al conocimiento de la pretensión, de reunirse la totalidad de los presupuestos
procesales para ello. En estos requisitos, no se circunscribe que previamente se haya
provocado una decisión por parte de la administración contenida en un acto administrativo.
Por este motivo, como garantía del derecho de acceso a la administración de justicia, el
juzgador de este tipo de controversias, en relación con las demandas presentadas antes
de la ejecutoria de esta providencia, la resolverá de fondo, aunque no se haya mencionado
formalmente el medio de control correspondiente, en el marco del régimen jurídico
aplicable a este tipo de litigios.
83. Las pretensiones de reconocimiento del enriquecimiento sin justa causa, y su
consecuente compensación, presuponen la ausencia de una fuente de obligación que las
amparen. Por esta razón, su procedencia es absolutamente excepcional y depende de la
demostración por parte del interesado del acaecimiento de una circunstancia
extraordinaria, sustentada en razones de interés general que exigiesen la entrega del bien
o la prestación del servicio, y que ameriten valorarla en favor del ejecutor para reconocer
la actividad desarrollada al margen de dicho instrumento. Esta excepcionalidad estará
presente únicamente en aquellas situaciones en la cuales (sic) resulte probado que
no era posible acudir a los mecanismos que la ley regula para escoger un contratista
y celebrar un contrato, incluidas las hipótesis de urgencia manifiesta. Dicha
valoración deberá soportarse en el comportamiento de las partes, dando
prevalencia a la conducta de buena fe de cara a la actividad ejecutada y la confianza
que pueda haber generado la administración sobre el interesado, así como la
gravedad y urgencia en la continuación de la prestación de un servicio, el grado de
conexidad que la actividad haya tenido con un contrato entre las partes y la
necesidad de ello.
84. Ese reconocimiento, además, está supeditado a que se reúnan los siguientes
elementos: (i) la existencia de una ventaja patrimonial en beneficio de la entidad
demandada; (ii) un empobrecimiento correlativo sufrido por el demandante, el cual pueda
atribuirse al acrecimiento mencionado; (iii) la ausencia de causa jurídica en el desequilibrio
producido, en cuanto a que no haya sido generada por un hecho o un acto jurídico, como
tampoco por una disposición expresa de la ley; (iv) que el demandante carezca de
cualquier otro mecanismo para reclamar la compensación, lo que pone en evidencia su
subsidiariedad; y (v) la compensación no procede cuando con ella se pretende soslayar
una disposición imperativa de la ley.
85. El objeto es el de corregir un traslado patrimonial injustificado, pero no el de indemnizar
un daño, de manera que, sobre la base del empobrecimiento sufrido por el demandante,
no se puede condenar sino hasta la porción en que efectivamente se enriqueció el
demandado.
86. La compensación del enriquecimiento no depende de que se subsuman los hechos
alegados en una lista de hipótesis fácticas previa y taxativamente definida, sino que
corresponde al juez, en virtud de los elementos sustantivos mencionados y la evaluación
de la conducta de las partes, determinar la viabilidad de ordenar que se corrija el traslado
patrimonial injustificado. Ello se encuentra supeditado a que la parte interesada demuestre
plenamente la concurrencia de los presupuestos enunciados, incluyendo la prueba de la
actividad, junto con la circunstancia excepcional que se invoca. Esta interpretación deberá
ser aplicada a partir de la ejecutoria de la presente providencia, en todo proceso en el que
se ventilen pretensiones de compensación por enriquecimiento sin causa, de forma que
no se podrá dejar de conceder lo pedido por el solo hecho de que el caso no se enmarque
en los eventos ejemplificativos indicados en la sentencia del 19 de noviembre de 2012
(Rad. 73001-23-31-000-2000-03075-01(24.897).
87. Cuando se acredite que la ejecución de una actividad (como la prestación de un
servicio, la entrega de un bien o la construcción de una obra), sin que medie contrato,
obedeció a un constreñimiento o imposición, como acto de supremacía, autoridad o
imperio, que no esté determinado por la necesidad de atender imperativamente una
necesidad pública sin que sea posible acudir a los mecanismos determinados por la ley
para su contratación, dicha circunstancia deberá ser analizada bajo la lógica de la
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03007-00
Demandante: Asociación de Usuarios de los Servicios Públicos, Alcantarillado y
Aseo del Corregimiento de Tutunendo – Aguas de Tutunendo
responsabilidad extracontractual del Estado, y no como un evento de enriquecimiento sin
justa causa.»
Conforme con lo expuesto, se advierte que, la jurisprudencia de la Sección Tercera
de la Corporación refiere que en los eventos en los que se pretenda obtener la
compensación por la prestación de un servicio, la existencia de un contrato no
constituye un requisito sine qua non. En esas circunstancias, el juez debe valorar las
particulares del caso para determinar si se configura un enriquecimiento sin justa
causa y, por ende, si procede su compensación. Sin embargo, esta figura, de carácter
excepcional, exige que el interesado demuestre la ocurrencia de una situación
extraordinaria, fundada en razones de interés general que hayan hecho necesaria la
entrega del bien o la prestación del servicio.
No obstante, se evidencia que la autoridad judicial accionada improbó el acuerdo
conciliatorio con fundamento en la ausencia de un contrato que respaldara la
prestación del servicio entre las partes, pese a que en el expediente reposaban
diversos elementos documentales que debían ser objeto de valoración integral. Dichas
pruebas, sin prejuzgar sobre su alcance demostrativo, constituían insumos relevantes
que el despacho estaba obligado a examinar antes de concluir sobre la procedencia
o improcedencia del acuerdo conciliatorio.
En particular, se allegaron los siguientes documentos:
• Copia de la petición de los recursos adeudados correspondientes a los meses
de enero a julio de 2024, presentada por el representante legal de la Asociación
de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo del corregimiento de Tutunendo, de fecha 12 de agosto de 2024.
• Copia de la petición con la cuenta de cobro de los recursos adeudados por los
meses de enero a julio de 2024, presentada por el representante legal de la
Asociación de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo del corregimiento de Tutunendo, de fecha 9 de septiembre
de 2024.
• Copia de la solicitud elevada ante el comité de conciliación por parte del
representante legal de la Asociación de Usuarios de los Servicios Públicos
Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del corregimiento de
Tutunendo, de fecha 25 de octubre de 2024.
• Contrato CPS-443 de 2024, suscrito entre la alcaldía de Quibdó y la Asociación
de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo del corregimiento de Tutunendo, con una duración de cuatro (4) meses.
• Certificado de existencia y representación legal de la Asociación de Usuarios de
los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del
corregimiento de Tutunendo.
• Copia del acta del comité de conciliación de la oficina jurídica de la alcaldía de
Quibdó, de fecha 25 de febrero de 2025.
Para la Sala, el análisis realizado por el Tribunal condujo a la configuración de los
defectos por desconocimiento del precedente judicial y fáctico, en la medida en que
omitió valorar pruebas relevantes que obraban en el expediente y que resultaban
determinantes para establecer si era procedente o no la aprobación del acuerdo
conciliatorio celebrado entre la Asociación de Usuarios de los Servicios Públicos
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03007-00
Demandante: Asociación de Usuarios de los Servicios Públicos, Alcantarillado y
Aseo del Corregimiento de Tutunendo – Aguas de Tutunendo
Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del corregimiento de Tutunendo y
el municipio de Quibdó, relativo a la prestación de los servicios correspondientes a los
meses de enero a agosto de 2024.
Tal omisión es determinante en el presente caso, porque la autoridad judicial
demandada tenía el deber de efectuar una valoración integral, conjunta y razonada de
todos los elementos probatorios allegados, conforme al criterio jurisprudencial
unificado por la Corporación sobre la procedencia excepcional del reconocimiento de
obligaciones derivadas de actividades ejecutadas sin contrato y, en particular, sobre
la configuración del enriquecimiento sin justa causa. Solo a partir de ese examen
completo podía determinarse si el acuerdo conciliatorio se ajustaba a derecho y si
existían fundamentos suficientes para convalidar la obligación objeto de conciliación.
Por ello, esta Sala amparará el derecho fundamental al debido proceso de las
accionantes al encontrar que se configuraron los defectos por desconocimiento del
precedente y fáctico. En consecuencia, dejará sin efectos la providencia proferida el
20 de marzo de 2026 por el Tribunal Administrativo del Chocó y se le ordenará a dicha
autoridad judicial que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de esta
decisión, dicte la providencia de reemplazo, en la que tenga en cuenta las
consideraciones expresadas anteriormente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Amparar el derecho al debido proceso de las accionantes. En consecuencia:
2. Dejar sin efecto la providencia de 20 de marzo de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo del Chocó, dentro del expediente 27001333300920250003501.
3. Ordenar al Tribunal Administrativo del Chocó que, dentro de los veinte (20) días
siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, profiera decisión de reemplazo
de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de este fallo.
4. Se acepta la renuncia de poder presentada por la abogada Yofari Palacios Rentería
como apoderada de la parte actora, conforme con el memorial obrante en el índice 20
de SAMAI.
5. Reconocer personería al abogado Ronald Hassan Palacios Ramírez, como
apoderado de la parte accionante, conforme al poder allegado.
6. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
7. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
8. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Presidente
Salva el voto
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03007-00
Demandante: Asociación de Usuarios de los Servicios Públicos, Alcantarillado y
Aseo del Corregimiento de Tutunendo – Aguas de Tutunendo
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Salva el voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Conjuez
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.