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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03017-00

Fecha
7 de mayo de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03017-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero. NEGAR el amparo solicitado por los señores Jorge Hernán Mesa Botero, Gloria Estela Zuluaga Ramírez, Juan Diego Mesa Zuluaga y Laura Daniela Mesa Zuluaga, en relación con el defecto del desconocimiento del precedente, y la petición de desvinculación. Segundo. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción respecto a las pruebas señaladas como omitidas, acorde con la parte motiva. Tercero. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 11 Ra d ica do: 11 001 -03 -15 -00 0 -202 6 -0301 7 -00 Cuarto. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-03017-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

7 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03017-00
Accionantes: Jorge Hernán Mesa Botero y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A.

Tema: Derechos al debido proceso, igualdad, acceso a la administración
de justicia y reparación integral. Reparación directa. Privación
injusta de la libertad. NIEGA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por los señores Jorge Hernán Mesa
Botero, Gloria Estela Zuluaga Ramírez, Juan Diego Mesa Zuluaga y Laura Daniela
Mesa Zuluaga, en nombre propio, en contra del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.

ANTECEDENTES

Los accionantes pretenden que se protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, a la reparación integral y al acceso a la administración de
justicia, que consideran vulnerados con la sentencia del 6 de noviembre de 2025,
proferida dentro del expediente de reparación directa con radicado 11001-33-36-
038-2020-00058-00/01.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

Los accionantes narraron que los hechos que originaron el proceso penal en contra
del señor Jorge Hernán Mesa Botero, y que luego dio lugar a la demanda de
reparación directa, se relacionan con los proyectos de vivienda de interés social
Altos de Santa Ana, Portón del Guamo y San Sebastián, ejecutados en el municipio

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de Manizales, cuando el señor previamente señalado, se desempeñaba como
gerente general de la Caja de la Vivienda Popular, en el año 2005.

Que la Fiscalía General de la Nación basó su hipótesis «en un supuesto peculado
por apropiación en favor de terceros (en favor de la firma constructora), derivado de
un mayor valor pagado, generado por el cambio del proyecto inicialmente viabilizado
(desde apartamentos a viviendas unifamiliares)».

Que el 5 de septiembre de 2012, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia 1 le
impuso al señor Jorge Hernán Mesa Botero medida de aseguramiento con
detención preventiva intramural.

Que el 26 de agosto de 2013, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Manizales 2
sustituyó la medida de aseguramiento de detención privativa por la domiciliaria, y el
5 de septiembre de ese año, el Juzgado le concedió la libertad, por vencimiento de
términos.

El 20 de mayo de 2015, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Manizales absolvió
al señor Mesa, porque no se acreditó el peculado por apropiación a favor de terceros
ni la apropiación de recursos públicos. El 24 de abril de 2017, el Tribunal Superior
de Manizales confirmó la decisión de primera instancia.

Que instauraron demanda de reparación directa en contra de la Nación – Rama
Judicial, y la Nación – Fiscalía General de la Nación, por privación injusta de la
libertad; que el 29 de mayo de 2024, el Juzgado Treinta y Ocho Administrativo del
Circuito de Bogotá profirió sentencia, en la que negó las pretensiones de la
demanda, y el 6 de noviembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A, confirmó la sentencia.

Considera que el Tribunal incurrió en los siguientes defectos:

i) Fáctico, porque omitió valorar pruebas determinantes que, a su juicio,
demostraban «que el valor de las viviendas promovidas bajo la gerencia de Jorge
Hernán Mesa, se encontraban dentro de los parámetros normales del mercado, y
que el cambio de viviendas fue ajustado a la normatividad vigente».

Que el Tribunal se limitó a señalar que la absolución penal no generaba
automáticamente la responsabilidad estatal; sin embargo, no realizó el análisis
probatorio exigido por el Consejo de Estado, pues no tuvo en cuenta:

«(…) La debilidad técnica base de la medida de aseguramiento,
• La convergencia de estudios técnicos que desvirtuaban la hipótesis de
peculado, emitidas por entidades y profesionales técnicos e idóneos,
concretamente: i) Informes técnicos del CTI de la Fiscalía, ii) Avalúo de la Lonja
de Caldas, y iii) Informe pericial de la Sociedad Colombiana de Ingenieros;

1 En el año 2010 el investigado era congresista.
2 El señor Jorge Mesa renunció a su curul como congresista.

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• Las razones por las cuales la jurisdicción penal absolvió a Jorge Hernán Mesa
Botero (sentencias de primera y segunda instancia).
• Las conclusiones del proceso fiscal adelantado por la Contraloría General de
la República, que derivaron en el archivo del proceso de responsabilidad fiscal»;

ii) desconocimiento del precedente, porque no se tuvo en cuenta los parámetros
que establece el Consejo de Estado para determinar si la privación de la libertad es
injusta, dentro de los cuales citó «i) La calidad del sustento probatorio de la medida,
ii) La evolución del acervo probatorio, iii) Las razones de la absolución penal, y iv)
La determinación del deber jurídico de soportar el daño», en línea con el criterio de
la sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018.

iii) «deficiencias estructurales» en la motivación de la sentencia, pues el Tribunal
redujo el juicio de responsabilidad estatal a un análisis de legalidad formal de la
medida de aseguramiento, desnaturalizando el alcance de la absolución en el
proceso penal y restringiendo indebidamente el análisis judicial.

Además, indicó que el Tribunal delimitó indebidamente el litigio porque no estudió
la incidencia que tuvo la absolución penal, para determinar el daño antijurídico.

PRETENSIONES

Solicitó que se amparen los derechos invocados; se deje sin efectos la sentencia
del 6 de noviembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, dentro del medio de control de
reparación directa con radicado 11001-33-36-038-2020-00058-00/01; y, en
consecuencia, se ordene a la autoridad judicial accionada que aplique el precedente
de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado en relación con la privación
injusta de la libertad, realice un análisis integral del material probatorio y valore la
incidencia que tuvo la absolución penal en la determinación del daño antijurídico.

TRÁMITE PROCESAL

El 21 de abril de 2026, se admitió la acción; se vinculó a la Nación-Rama Judicial y
Fiscalía General de la Nación, como terceros con interés; se negó la prueba
solicitada por el accionante y se ordenó notificar a las partes y los vinculados.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A
adujo que la acción de tutela no satisface el requisito de relevancia constitucional,
pues no se fundamenta en la vulneración de los derechos fundamentales invocados;
por el contrario, se dirige a controvertir la valoración probatoria y la argumentación
desarrollada por la Sala, pretendiendo convertir el mecanismo constitucional en una
tercera instancia del proceso contencioso administrativo.

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Por otro lado, indicó que en la sentencia cuestionada se analizaron «los aspectos
correspondientes a la legalidad de la imposición de la medida de aseguramiento,
situación que era de su competencia, luego no puede pretender el demandante que
la Sala desbordara dicha facultad y llevara a cabo un nuevo juicio penal en el caso
en estudio».

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

La Fiscalía General de la Nación solicitó su desvinculación de la acción de tutela
por falta de legitimación en la causa por pasiva, pues de ella no se predica la
presunta vulneración de los derechos invocados, no ha actuado u omitido algún
deber y no puede hacer nada para que cese la supuesta violación o se refuerce la
protección requerida por la parte accionante.

Además, señaló que la acción de tutela no satisface el requisito de la relevancia
constitucional y no se evidencia que la decisión se haya adoptado de manera
arbitraria o que se vulneren los derechos fundamentales; que, en cambio, sí se
vislumbra que se pretende utilizar este mecanismo, para reabrir un debate legal ya
definido en el proceso ordinario.

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial manifestó que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca planteó los problemas jurídicos a resolver con
técnica y precisión y que no se observa vulneración a derecho fundamental alguno,
por lo cual pide que se considere infundado y/o improcedente el amparo solicitado.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidad de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales y iii) análisis del caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra

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providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales 3, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C-590 de
20054. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU-
128 de 2021, se enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. (…)

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (…)

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. (…)

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado
tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (…)»

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:

«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
(…)

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

3 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
4 M.P. Jaime Córdoba Triviño

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g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional. (…)

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución.»5

En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-0215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y la seguridad jurídica y expresó:

«(…) Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela
se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de
cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente
exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una argumentación
cualificada6.

[...] “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”7. Esto
implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los
argumentos propuestos por el accionante, [...]. Si el juez constata alguna
irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite la
intervención urgente del juez de tutela8.»

En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.

Análisis del caso concreto

En síntesis, la parte accionante considera que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la reparación integral y al acceso
a la administración de justicia, con la sentencia del 6 de noviembre de 2025,
proferida dentro del expediente de reparación directa con radicado 11001-33-36-
038-2020-00058-00/01, porque incurrió en los defectos i) fáctico, por omitir pruebas
determinantes que demostraban que el valor de las viviendas promovidas bajo la

5 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
6 Sentencia SU-074 de 2022.
7 Sentencia SU-074 de 2022.
8 Sentencia SU-072 de 2018.

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gerencia del señor Jorge Hernán Mesa se encontraban dentro de los parámetros
normales del mercado y que el cambio de viviendas fue ajustado a la normativa
vigente; ii) desconocimiento del precedente, por no aplicar los criterios que
establece el Consejo de Estado para determinar si la privación de la libertad es
injusta, según la sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018 y iii)
«deficiencias estructurales» en la motivación, pues se redujo el juicio de
responsabilidad estatal a un análisis de legalidad formal de la medida de
aseguramiento.

La Sala observa que la acción de tutela contra la providencia del 6 de noviembre de
2025 cumple con los requisitos de procedencia, ya que: a) tiene relevancia
constitucional, en la medida en que se alega la presunta vulneración de los derechos
fundamentales por incurrir en los defectos citados y los accionantes argumentaron
suficientemente la solicitud; b) los actores no cuentan con otro medio de defensa
para discutir lo aquí expuesto; c) se cumple con el requisito de inmediatez, pues la
acción se instauró el 20 de abril de 2026, esto es, dentro de los seis meses
siguientes a la notificación de la sentencia, efectuada mediante mensaje de datos
enviado el 10 de noviembre de 2025; d) se está alegando una irregularidad procesal
y e) la tutela no se dirige contra un fallo de la misma naturaleza.

Sin embargo, en relación con el argumento de que el Tribunal omitió valorar la
prueba pericial de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, los avalúos de procesos
ejecutivos del Banco Agrario y el concepto que emitió Findeter, la Sala advierte que
la acción de tutela resulta improcedente, por no cumplir con el requisito de
subsidiariedad, ya que el actor cuenta con el recurso extraordinario de revisión, bajo
la causal establecida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, donde podrá
plantear dicha inconformidad.

En la sentencia cuestionada en esta sede, el Tribunal señaló que la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Penal, mediante auto del 5 de septiembre de 2012
definió la situación jurídica del señor Jorge Hernán Mesa Botero y le impuso medida
de aseguramiento de detención preventiva, sin beneficio de excarcelación, como
presunto autor del delito de peculado por apropiación, con fundamento en los
siguientes indicios:

• Mientras que el demandante fue gerente de la Caja de Vivienda Popular de
Manizales, gestionó y logró, entre otros, el desarrollo de los proyectos de vivienda
de Altos de Santa Ana y Portón del Guamo.

• Los medios probatorios recaudados permitían inferir que el señor Mesa:

«(…) a través de la cesión de las promesas de compraventa firmadas con los
destinatarios de los subsidios para viviendas de interés social de los proyectos
antes mencionados, los cuales se construyeron en su mayor parte con dineros
gubernamentales, y su posterior cesión a la Constructora MIV S.A, permitió que
ésta (sic) persona jurídica recibiera un mayor pago por las obras, con lo cual se
configuraría el delito de peculado por apropiación en favor de terceros».

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• El demandante firmó los contratos de promesa de compraventa con los
adquirientes de la vivienda de interés social, en los que se estableció de manera
específica el área vendida y el precio acordado, «sin que se pactara cláusula alguna
que facultara la modificación del proyecto, cambio de las especificaciones técnicas
o merma en el metraje de construcción»; por el contrario, se consagró una cláusula
de incumplimiento, consistente en multa de un millón de pesos ($1.000.000).

• El demandante permitió que la Fiduciaria Central, encargada de la escogencia del
constructor, divulgara el pliego de condiciones y términos para su selección con dos
figuras que no estaban pactadas en el acuerdo de voluntades: i) el constructor
recibiría la cesión de los contratos y sustituiría en sus derechos y obligaciones a la
Caja de Vivienda Popular de Manizales, y ii) la posibilidad de que el constructor
seleccionado pudiera optar por una construcción diferente a la inicialmente
programada; y así se escogió a la constructora MIV S.A.

• La cesión de los contratos se dio mediante un acuerdo privado entre el señor Jorge
Hernán Mesa Botero y el representante de la constructora MIV firmado en mayo de
2005, y que esta última, en el mes de julio de 2005, modificó el proyecto adicionando
cada una de las promesas de compraventa, modificando el metraje de los
apartamentos en 12,74 metros cuadrados y mantuvo el valor inicial.

• El director del programa especiales de Findeter en un oficio destacó que «otorgada
la elegibilidad por FINDETER, mal podría el Gerente (sic) de la Caja Popular
auspiciar modificaciones a las condiciones técnicas de los proyectos Altos de Santa
Ana y Portón del Guamo, mucho menos podía estipular en la cesión de promesa de
compraventa que el constructor podía presentar una propuesta completamente
diferente».

• Los compradores de los proyectos de vivienda iniciaron una acción de grupo,
donde se sancionó a la Caja de Vivienda Popular de Manizales y a la Constructora
MIV S.A, por afectación de intereses públicos, y se ordenó la devolución de la suma
de $414.444.112 a los compradores.

• Los señores Claudia Patricia Durán Sánchez y José Celstino (sic) Avendaño
declararon que se quejaron por el cambio de los apartamentos y que se «vieron
forzados a suscribir el nuevo contrato para no perder el subsidio y, además, por
cuanto o (sic) tenían otra opción para solucionar su déficit habitacional».

En ese entendido, se advierte que el Tribunal analizó los argumentos de la Corte
Suprema de Justicia para decretar la medida de detención preventiva y concluyó
que su imposición no resultaba caprichosa, sino que estuvo debidamente justificada
con los documentos que se aportaron al proceso, las declaraciones de algunos de
los beneficiarios del programa de vivienda, la respuesta de Findeter y otras pruebas
que le permitieron inferir de manera razonable la presunta responsabilidad del señor

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Mesa en el delito imputado. Además, estimó que la Corte justificó la necesidad de
la medida.

Igualmente, la autoridad judicial examinó la solicitud del demandante tendiente a
que se aplicara el régimen de responsabilidad objetivo por la presunta privación
injusta de la libertad, porque se le absolvió por atipicidad de la conducta; sin
embargo, advirtió que al señor Mesa se le absolvió en el proceso penal por no obrar
prueba en el expediente que probara con certeza el verbo rector del tipo penal, esto
es, apropiarse, motivo por el cual no era procedente un análisis de responsabilidad
objetivo.

Por otro lado, el Tribunal examinó el argumento del demandante consistente en que
la ausencia de pruebas constituyó el «eje principal de las sentencias absolutorias
proferidas en favor del demandante», por lo que debía «admitirse que los supuestos
fácticos y jurídicos de la detención preventiva padecida (…) se encuentran
afectados de ilegalidad y, por consiguiente, la privación de la libertad de la que fue
sujeto, resulta ser (…) antijurídica»; no obstante, consideró que dicho
cuestionamiento no fue planteado en la demanda, de manera que tampoco podía
ser alegado en el recurso de apelación.

Además, precisó que la imposición de una medida de aseguramiento no incidía en
la presunción de inocencia de la persona y no generaba per se la responsabilidad
extracontractual del Estado, pues el ordenamiento jurídico colombiano, permitía
que, siempre y cuando se cumplieran unos requisitos legales, una persona podía
ser privada de su libertad, mediante la imposición de medidas preventivas de
aseguramiento, mientras se adelantaba el proceso penal.

Recordó que para determinar sí una privación de la libertad es injusta o no se debe
analizar «(i) el apego al ordenamiento jurídico de la orden de detención o privación;
(ii) si la medida era necesaria, razonable y proporcional; y (iii) si la conducta de quien
padeció el daño influyó en la causación del mismo» y aclaró que en el medio de
control de reparación directa no se realizaba un nuevo juicio de responsabilidad
penal, sino que se analizaba la situación fáctica y probatoria surtida en dicha
jurisdicción penal, a efectos de determinar su incidencia o no en la responsabilidad
extracontractual del Estado, por privación injusta de la libertad.

De lo expuesto, el Tribunal concluyó que el demandante no acreditó que las
demandadas hubieran incurrido en una responsabilidad y esto diera origen a una
privación injusta de la libertad; contrario a ello, se demostró que la restricción de la
libertad del demandante tuvo por finalidad asegurar el cumplimiento de las
decisiones adoptadas dentro del proceso, la comparecencia del sindicado y
proporcionar seguridad jurídica a la sociedad, y que el sindicado respondería
penalmente por sus actos delictivos, en el evento de ser hallado culpable.

Por lo anterior, el Tribunal confirmó la sentencia del 29 de mayo de 2024, proferida
por el Juzgado Treinta y Ocho Administrativo de Bogotá, que negó las pretensiones.

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A través de esta acción, los accionantes alegaron que el Tribunal no valoró las
pruebas que eran determinantes para demostrar que no había una pérdida de
recursos públicos y, por lo tanto, no se configuraba el delito imputado y no había
lugar a imponer la medida de aseguramiento intramural; además, no tuvo en cuenta
la absolución del sindicado en el proceso penal.

Sobre el particular, la Sala evidencia que la autoridad judicial accionada valoró de
manera íntegra y conforme a las normas de la sana crítica y la experiencia todas las
pruebas que obran en el expediente, lo cual le permitió concluir que la imposición
de la medida de aseguramiento por parte de la Corte Suprema de Justicia no fue
arbitraria o caprichosa, sino que se fundó en indicios, de los cuales se podía inferir
de manera razonable la presunta responsabilidad del señor Mesa en el delito de
peculado por apropiación.

Valga recordar que para la imposición de la medida de aseguramiento no se
requiere tener certeza sobre la comisión de la conducta punible, sino que basta que
del material probatorio se infiera de manera razonable la autoría o participación del
procesado en el delito.

Además, se advierte que el Tribunal no se pronunció sobre el cuarto problema
jurídico planteado en la sentencia cuestionada, consistente en que «¿[e]n el
presente asunto, el hecho de que se hubiese absuelto al demandante en el proceso
penal por falta de pruebas implica que la medida impuesta resulta ser injusta o
antijurídica?» porque dicho argumento no fue expuesto en la demanda de
reparación directa y, por ello, no podía ser resuelto en segunda instancia, a fin de
garantizar el derecho al debido proceso y de defensa de las partes, lo cual no puede
calificarse como constitutivo de un yerro.

Los accionantes manifiestan, de otra parte, que el Tribunal no analizó el material
probatorio a efectos de establecer si en el asunto la privación de la libertad del señor
Mesa fue injusta, conforme a los criterios que se han reiterado desde la sentencia
de unificación del 15 de agosto de 2018.

La Sala advierte que la sentencia señalada (rad. 2011-00235-01), fue dejada sin
efectos a través de la providencia del 15 de noviembre de 2019 proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la tutela con radicado
11001-03-15-000-2019-00169-01.

Así las cosas, no se encuentra que se configure el desconocimiento del precedente,
ya que el Tribunal indicó los criterios que el juez debe analizar para establecer si la
privación de la libertad de una persona es atribuible al Estado o no, acorde con la
postura actual sobre la materia. Ahora, si bien no analizó las razones de la
absolución y la incidencia que ello tenía en la imposición de la medida, fue por lo ya
dicho, esto es, que dicha inconformidad no fue formulada en la demanda.

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Tampoco se avizora que el análisis del Tribunal en segunda instancia se hubiera
reducido al estudio formal de la medida de aseguramiento; por el contrario, se
observa que resolvió el asunto con una valoración probatoria plausible y conforme
a la jurisprudencia y la normativa vigente.

En todo caso, debe aclararse que los accionantes pretenden que en esta sede se
efectúe un estudio en relación con la ausencia de sobrecostos en los proyectos de
vivienda investigados, pues los valores cobrados correspondían a los del mercado
para la época de los hechos, por lo que, a su juicio, no había lugar a la imposición
de la medida de aseguramiento.

Al respecto, resulta necesario recordar que el estudio que se realiza a través de este
mecanismo recae sobre el análisis que adelantó el Tribunal para resolver el asunto,
esto es, la responsabilidad estatal por la privación de la libertad, a la luz de los
defectos definidos jurisprudencialmente para discutir providencias judiciales
mediante la acción de tutela, por lo que no resulta procedente efectuar un examen
sobre la existencia o no de sobrecostos en dichos proyectos, como lo pretende el
actor.

Por último, no hay lugar a desvincular a la Fiscalía General de la Nación, por falta
de legitimación en la causa por pasiva, ya que su vinculación fue como tercero con
interés, a fin de garantizar su debido proceso.

En consecuencia, se negará el amparo solicitado en relación con el defecto del
desconocimiento del precedente y la solicitud de desvinculación, y se declarará
improcedente frente al defecto fáctico por la omisión en la valoración de las pruebas
señaladas previamente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. NEGAR el amparo solicitado por los señores Jorge Hernán Mesa Botero,
Gloria Estela Zuluaga Ramírez, Juan Diego Mesa Zuluaga y Laura Daniela Mesa
Zuluaga, en relación con el defecto del desconocimiento del precedente, y
la petición de desvinculación.

Segundo. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción respecto a las pruebas
señaladas como omitidas, acorde con la parte motiva.

Tercero. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

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Ra d ica do: 11 001 -03 -15 -00 0 -202 6 -0301 7 -00

Cuarto. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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