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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03019-01

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03019-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRMERO: CONFIRMAR la sentencia del 21 de mayo de 2026, proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03019-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03019-01
Demandante: CÉSAR AUGUSTO CASTELLANOS GÓMEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Temas: Tutela contra providencia judicial. Confirma decisión de primera
instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación formulada por la parte accionante, contra
la sentencia del 21 de mayo de 2026, por medio de la cual el Consejo de Estado,
Sección Primera declaró la improcedencia de la acción de tutela, por cuanto el asunto
planteado no gozaba de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo1

Con escrito radicado el 20 de abril de 2026, el señor César Augusto Castellanos
Gómez, actuando en nombre propio, entabló acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Santander por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y «de acceso a cargos públicos
conforme al mérito».

En criterio del actor, la transgresión de las citadas garantías constitucionales se
produjo con ocasión de la providencia del 4 de marzo de 2026, proferida por la
autoridad judicial accionada dentro del proceso de nulidad electoral con radicado
68001-23-33-000-2025-00739-00, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda.

1 Índice 2 de Samai. Cuaderno de primera instancia.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: César Augusto Castellanos Gómez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Rad: 11001-03-15-000-2026-03019-01

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en ese entendido, pidió:

[…]

2. Que en consecuencia se revoque la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
de Santander, dentro del proceso de Nulidad Electoral con radicado 680012333000-
2025-00739-00 que denegó las pretensiones de la demanda y en su lugar se declare
la nulidad de la Resolución 842 del 11 de julio de 2025, y se ordene a la Defensoría
del Pueblo provisionar la vacante definitiva del cargo agotando previamente el
procedimiento de encargo2.

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

La Defensoría del Pueblo expidió la Resolución No. 0842 del 11 de julio de 2025,
mediante la cual nombró, en provisionalidad, a la señora Marly Johanna Villamizar
Rueda en el cargo de Técnico Administrativo, Código 3020, Grado 15, adscrito a la
Defensoría Regional Santander. Dicho acto administrativo fue publicado el 6 de
octubre de 2025.

Al considerar que ese nombramiento desconocía el principio del mérito y el régimen
de carrera administrativa, en particular lo dispuesto en las Leyes 201 de 1995 y 909
de 2004, por cuanto la entidad presuntamente omitió priorizar el encargo de servidores
inscritos en carrera antes de acudir al nombramiento en provisionalidad, el actor
promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral contra la
Defensoría del Pueblo, con el propósito de obtener la declaratoria de nulidad de la
citada resolución de nombramiento.

El asunto le correspondió en única instancia al Tribunal Administrativo de Santander,
que, mediante providencia del 4 de marzo de 2026, negó las pretensiones, al concluir
que la Defensoría del Pueblo, al optar por la provisionalidad para proveer la vacancia,
no desconoció el régimen especial aplicable ni incurrió, por ese solo hecho, en
infracción de normas superiores o falsa motivación. Ello, por cuanto, de conformidad
con el precedente horizontal de esa misma corporación, el artículo 138 de la Ley 201
de 1995 no establece una prelación obligatoria del encargo ni reconoce un derecho
preferente automático a favor de quienes ostentan derechos de carrera, sino que
faculta a la administración para optar entre el encargo y el nombramiento en
provisionalidad, sometida al control judicial de no arbitrariedad, sin que resulte
procedente integrar las reglas del régimen general cuando el régimen especial regula
expresamente la materia.

2 Cita textual del original con posibles errores.

2
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Demandante: César Augusto Castellanos Gómez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Rad: 11001-03-15-000-2026-03019-01

El anterior fallo, fue notificado el 6 de marzo de 2026 a las partes e intervinientes de
forma personal mediante correo electrónico3.

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

El actor sostuvo que la providencia cuestionada incurrió en defecto sustantivo, al
interpretar el artículo 138 de la Ley 201 de 1995 de manera aislada y literal, al atribuir
al nominador de la Defensoría del Pueblo una facultad discrecional para optar entre el
encargo y el nombramiento en provisionalidad en la provisión transitoria de empleos
de carrera. A su juicio, dicha interpretación desconoció el artículo 125 de la
Constitución Política y el principio del mérito, en tanto el nombramiento en
provisionalidad solo procede de manera subsidiaria, cuando no existan servidores de
carrera que puedan ser encargados.

En ese sentido, afirmó que se omitió realizar una interpretación sistemática y conforme
a la Constitución, pues se entendió el término «podrá» como una habilitación de
discrecionalidad absoluta, cuando, en su criterio, realmente constituye, es una
potestad condicionada por el deber de garantizar la prevalencia del mérito en la
provisión de los empleos públicos. Agregó que esta interpretación encuentra respaldo
en la sentencia C-319 de 2010 de la Corte Constitucional, en la que se precisó que
dicha expresión no confiere una facultad discrecional irrestricta al nominador, sino que
debe aplicarse de conformidad con los principios constitucionales que rigen la carrera
administrativa.

Igualmente, aseveró que la autoridad judicial accionada incurrió en violación directa
de la Constitución, al validar una forma de provisión de cargos de carrera que
prescinde de la prioridad del encargo y permite el acceso al empleo público sin atender
criterios objetivos de mérito, igualdad e imparcialidad, con lo cual vacía de contenido
el artículo 125 superior y los principios que rigen la carrera administrativa.

Finalmente, alegó el desconocimiento del precedente jurisprudencial, por cuanto el
Tribunal Administrativo de Santander habría privilegiado su precedente horizontal
sobre la jurisprudencia vinculante de la Corte Constitucional en la sentencia C-319 de
2010, y la línea constitucional adoptada por el Consejo de Estado4, según las cuales
el nombramiento en provisionalidad tiene carácter residual y solo procede una vez se
verifique la inexistencia de servidores de carrera que puedan ser encargados.

3 Índice 43 de Samai. Radicado 68001-23-33-000-2025-00739-00.
4 En apoyo de este cargo, incorporó una tabla en la que relacionó las sentencias de tutela con radicados

11001-03-15-000-2021-04945-01, 11001-03-15-000-2021-06661-00 y 11001-03-15-000-2019-05250-
00, junto con sus datos de identificación.

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1.5. Trámite de la acción de tutela

Por auto del 24 de abril de 20265 el a quo avocó el conocimiento de la solicitud de
amparo, ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Santander6, y vinculó como
tercero con interés en el resultado del proceso a la Defensoría del Pueblo, Regional
Santander7 y a la señora Marly Johana Villamizar Rueda8 por ser la parte demandada
en el proceso de nulidad electoral con radicado 68001-23-33-000-2025-00739-00.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Defensoría del Pueblo9

Sostuvo que la acción de tutela era improcedente, por cuanto el accionante buscaba
que el juez constitucional reexamine un asunto decidido por el juez natural y
sustituyera la interpretación acogida por el Tribunal Administrativo de Santander
respecto del artículo 138 de la Ley 201 de 1995, desconociendo la autonomía judicial
y el precedente horizontal aplicado en la providencia cuestionada.

Indicó que el tribunal fundamentó su decisión en una línea jurisprudencial uniforme de
esa corporación, conforme a la cual, la Defensoría del Pueblo se rige por un régimen
especial de carrera administrativa, en el que, el artículo 138 de la Ley 201 de 1995 no
establecía una preferencia obligatoria por el encargo, sino que reconocía al nominador
la facultad de optar entre dicha figura y el nombramiento en provisionalidad, sin
desconocer el principio constitucional del mérito.

Afirmó que el accionante no acreditó la configuración de los defectos invocados, ni
desvirtuó la valoración efectuada por el Tribunal Administrativo de Santander, por lo
que la tutela no podía convertirse en una tercera instancia para reabrir el debate
jurídico ni probatorio.

1.6.2. Tribunal Administrativo de Santander10

El magistrado ponente de la decisión cuestionada, manifestó que el mecanismo
constitucional no superaba el requisito general de relevancia constitucional, toda vez
que el accionante pretendía que se debatiera de nuevo una controversia de carácter
estrictamente legal relacionada con el alcance del artículo 138 de la Ley 201 de 1995,
sin plantear un verdadero problema de naturaleza constitucional.

5 Índice 4 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
6 Índice 8 de Samai. Cuaderno de primera instancia. Notificación realizada mediante oficio No. 78930

del 28 de abril de 2026 a los correos electrónicos: sectribadm@cendoj.ramajudicial.gov.co,
sgtadminstd@notificacionesrj.gov.co, y sg02tadminstd@notificacionesrj.gov.co.
7 Índice 8 de Samai. Cuaderno de primera instancia. Notificación realizada mediante oficio No. 78931

del 28 de abril de 2026 a los correos electrónicos: santander@defensoria.gov.co y
juridica@defensoria.gov.co.
8 Índice 13 de Samai. Cuaderno de primera instancia. Notificación realizada mediante oficio No. 84158

del 6 de mayo de 2026 a los correos electrónicos: marlyvillamizar@hotmail.com y
osmorb@hotmail.com.
9 Índice 11 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
10 Índice 12 de Samai. Cuaderno de primera instancia.

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Explicó que la sentencia objeto de reproche distinguió el régimen especial de carrera
administrativa de la Defensoría del Pueblo del régimen general previsto en la Ley 909
de 2004 y, con fundamento en el precedente horizontal de esa corporación, concluyó
que el artículo 138 de la Ley 201 de 1995 no consagra un derecho preferente al
encargo ni impone acudir a esta figura antes del nombramiento en provisionalidad,
sino que reconoce al nominador una potestad discrecional compatible con el artículo
125 de la Constitución Política.

Agregó que dicha interpretación no desconoce precedente vertical alguno de
obligatorio acatamiento y que, por el contrario, garantizaba los principios de igualdad,
seguridad jurídica y coherencia judicial.

En consecuencia, arguyó que la providencia cuestionada no incurrió en los defectos
alegados por el accionante, razón por la cual solicitó declarar improcedente la acción
de tutela o, en caso dado, negar el amparo invocado.

1.6.3. Marly Johanna Villamizar Rueda11

Adujo que no se cumplía con el requisito de relevancia constitucional, por cuanto el
actor pretendía reabrir el debate jurídico resuelto por el Tribunal Administrativo de
Santander en el proceso de nulidad electoral.

Agregó que la providencia cuestionada fue proferida por el juez competente, con
observancia del procedimiento legal y con suficiente motivación, razón por la cual no
vulneró los derechos al debido proceso ni de acceso a la administración de justicia.
Asimismo, recalcó que el artículo 138 de la Ley 201 de 1995, en concordancia con la
Resolución 1250 de 2021, modificada por la Resolución 348 de 2023, faculta al
Defensor del Pueblo para proveer las vacantes mediante encargo o nombramiento en
provisionalidad, y que el Tribunal Administrativo de Santander resolvió el asunto con
fundamento en el precedente horizontal fijado por esa corporación sobre la materia.

Señaló que el actor carece de legitimación para alegar la vulneración del derecho de
acceso a cargos públicos conforme al mérito, en la medida en que no es servidor de
carrera de la Defensoría del Pueblo y, por ende, no podía ser destinatario de un
eventual encargo en el empleo objeto de controversia.

1.7. Sentencia de primera instancia12

Mediante sentencia del 21 de mayo de 2026, la Sección Primera del Consejo de
Estado declaró improcedente la acción de tutela, al considerar que no se cumplía el
requisito general de relevancia constitucional. Lo anterior, por cuanto estimó que el
accionante no formuló un problema de naturaleza constitucional ni acreditó una
afectación autónoma de sus derechos fundamentales, sino que reiteró los argumentos
expuestos en el proceso de nulidad electoral, con el propósito de controvertir la

11 Índice 14 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
12 Índice 17 de Samai. Cuaderno de primera instancia.

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interpretación efectuada por el Tribunal Administrativo de Santander respecto del
artículo 138 de la Ley 201 de 1995. En ese sentido, concluyó que la controversia
correspondía a una discusión de estricta legalidad, ya resuelta por el juez natural
mediante una providencia motivada, por lo que la acción de tutela no podía utilizarse
como una instancia adicional para reabrir el debate jurídico.

1.8. Impugnación13

La actora sostuvo que la Sección Primera del Consejo de Estado interpretó de manera
equivocada el requisito de relevancia constitucional, pues, a su juicio, la controversia
planteada no se limitaba a una discrepancia sobre el alcance del artículo 138 de la
Ley 201 de 1995, sino que involucraba la compatibilidad de la interpretación acogida
por el Tribunal Administrativo de Santander con el artículo 125 de la Constitución
Política y el principio del mérito como eje estructural de la función pública.

Asimismo, señaló que la acción de tutela no fue promovida como una instancia
adicional para reabrir el debate de legalidad, sino para controvertir una providencia
judicial que, en su criterio, incurrió en defecto sustantivo, violación directa de la
Constitución y desconocimiento del precedente.

Reiteró que el Tribunal Administrativo de Santander desconoció el precedente
constitucional y la jurisprudencia del Consejo de Estado al privilegiar su línea
jurisprudencial sobre la interpretación que, en su criterio, ha fijado la Corte
Constitucional respecto del artículo 138 de la Ley 201 de 1995 y de la prevalencia del
principio del mérito en la provisión transitoria de empleos de carrera.

En consecuencia, solicitó revocar la sentencia de primera instancia, declarar
procedente la acción de tutela y efectuar el estudio de fondo de los defectos
invocados.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para resolver la impugnación formulada por la parte
accionante, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el numeral 5º
del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, y el Acuerdo 080 de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

13 Índice 22

de Samai. Cuaderno de primera instancia. La sentencia se notificó el 29 de mayo de 2026 a través de
correo electrónico, mientas que el escrito contentivo de la impugnación fue radicado el 3 de junio del
mismo año. En ese sentido, se tiene que fue oportuna la interposición del recurso.

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2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la sentencia del 21
de mayo de 2026 dictada por el Consejo de Estado, Sección Primera a efectos de lo
anterior, se deben resolver los siguientes problemas jurídicos:

• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?

En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:

• ¿El Tribunal Administrativo de Santander transgredió las garantías
invocadas por la parte actora, con ocasión de la sentencia proferida el 4 de
marzo de 2026 al interior del proceso de nulidad electoral con radicado
68001-23-33-000-2025-00739-00?

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:

(i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; (ii) relevancia constitucional y, (iv) el caso concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 14
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema15 y declaró su procedencia.16

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se
dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice
el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de
los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la

14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth

García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
15 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
16 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias

judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».

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que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido
de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4 Relevancia constitucional

Sobre este punto, es necesario traer a colación las reglas establecidas por la Corte
Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202217.

En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que, cuando
se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más
restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no
solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son
fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor
jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de igualdad.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de
las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como un eje fundamental
para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así se
previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y se
garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad
de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia
adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal18 (Énfasis de la Sala).

17 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
18 Sentencia SU-573 de 2019.

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De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto reviste
relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente
a un asunto meramente legal y/o económico19; es decir, la cuestión “debe revestir una
“clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional20.

[…]

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

[…]

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de
relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no
a problemas de carácter legal21”. En este orden, se reitera que el examen de relevancia
constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con
las decisiones adoptadas por los jueces naturales22”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental.

[…]

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto23, lo que implica verificar que en efecto
se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los
derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal24. (Resaltado de la
Sala).

2.5. Caso concreto

El señor César Augusto Castellanos Gómez sostuvo que la providencia del 4 de marzo
de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y «de acceso a cargos públicos
conforme al mérito».

En sustento de lo anterior, alegó que la autoridad judicial accionada incurrió en: i)
defecto sustantivo, al interpretar el artículo 138 de la Ley 201 de 1995 de manera
incompatible con el artículo 125 de la Constitución Política, al reconocer al nominador
de la Defensoría del Pueblo una facultad discrecional para optar entre el encargo y el

19 Sentencia SU-103 de 2022.
20 Sentencia SU-103 de 2022.
21 Sentencia SU-103 de 2022.
22 Sentencia SU-128 de 2021.
23 Sentencia SU-573 de 2019.
24 Ibid.

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nombramiento en provisionalidad; y ii) violación directa de la Constitución, por
desconocer el alcance del principio del mérito como eje rector de la función pública y
del sistema de carrera administrativa.

Frente a los argumentos formulados por el accionante, la Sala advierte que, si bien
fueron planteados bajo una perspectiva constitucional, en realidad evidencian su
inconformidad con el razonamiento jurídico contenido en la providencia cuestionada.
Ello, por cuanto, como lo indicó el a quo, los reproches expuestos en esencia; se
orientan a cuestionar la interpretación que el Tribunal Administrativo de Santander
efectuó del artículo 138 de la Ley 201 de 1995 y las conclusiones a las que arribó para
determinar que el acto administrativo de nombramiento demandado no se encontraba
viciado de nulidad, particularmente al considerar que dicha disposición no establecía
una regla de prelación obligatoria del encargo sobre el nombramiento en
provisionalidad y que, por tanto, el nominador podía optar entre ambas figuras para la
provisión transitoria del empleo.

Adicionalmente, se observó que la corporación judicial accionada tuvo en cuenta y
analizó la normatividad aplicable al caso como las orientaciones jurisprudenciales,
para resolver el problema jurídico y adoptar la decisión que consideró pertinente en el
caso concreto. Por ello, se encuentra, a prima facie, que los argumentos y análisis
realizados por el Tribunal Administrativo de Santander parten de un fundamento
jurídico y fáctico que no se muestra caprichoso, por lo que resulta claro que la solicitud
de amparo de la referencia carece de suficiencia argumentativa desde la perspectiva
constitucional y se limita a reiterar los planteamientos ya debatidos y resueltos dentro
del proceso ordinario.

Así mismo, se avizoró que el Tribunal Administrativo de Santander explicó que el
alcance del artículo 138 de la Ley 201 de 1995 ya había sido definido por esa autoridad
judicial al resolver asuntos con identidad fáctica y jurídica, por lo que, en consonancia
con lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU-113 de 2018, consideró
que debía aplicar el precedente horizontal previamente fijado, en garantía de los
principios de igualdad, seguridad jurídica y consistencia judicial, pues no existían
razones que lo justificara para apartarse de la regla de decisión previamente
establecida, ni se satisfacía la carga argumentativa reforzada exigida para ello.

Por consiguiente, es evidente que la controversia planteada por el accionante no
satisface el requisito de relevancia constitucional, debido a que la discusión se
circunscribe a aspectos legales, y lo que busca es imponer su criterio, el cual estima
más acertado, sobre el del operador judicial, lo que denota un desconcierto respecto
al sentido de la providencia. En este orden de ideas, se precisa que la administración
de justicia garantiza que los funcionarios judiciales gocen de autonomía e
independencia en sus decisiones, circunstancia por la que, en principio, no es
procedente reprochar sus decisiones por la vía de la acción de tutela.

De otro lado, respecto del precedente constitucional que, según la actora, fue
desconocido por el tribunal accionado y que fue reseñado en el sustento de la

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Demandante: César Augusto Castellanos Gómez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Rad: 11001-03-15-000-2026-03019-01

presunta vulneración; se indica que dicho cargo tampoco supera el requisito de
relevancia constitucional, por cuanto los fallos citados corresponden a acciones de
tutela, cuyos efectos son inter partes y que, por consiguiente, no constituyen
precedente para el tribunal accionado.

Por tanto, se resalta que el juez de tutela no puede realizar nuevamente el análisis
que respaldó la providencia proferida por otra autoridad judicial, máxime si se tiene en
cuenta que los jueces están amparados por los principios de autonomía e
independencia judicial que imponen el respeto por la cosa juzgada.

Se precisa que los cargos, al enmarcarse en tutela contra providencia judicial, exige
con mayor énfasis que se ejecute una exposición que sin lugar a duda demuestre de
forma coherente, el engranaje entre la orden objeto de reproche y la inescindible
afectación de las garantías fundamentales en su núcleo esencial.

Por las razones expuestas, se confirmará la declaratoria de improcedencia de la
acción de tutela porque no se encontró satisfecho el requisito general de la relevancia
constitucional, toda vez que la parte actora pretende que en esta sede se realice
nuevamente el estudio zanjado en el proceso ordinario, contrario a proponer la
vulneración de los derechos fundamentales sobre los que invocó su protección.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRMERO: CONFIRMAR la sentencia del 21 de mayo de 2026, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Primera.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión,
en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

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Demandante: César Augusto Castellanos Gómez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Rad: 11001-03-15-000-2026-03019-01

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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