Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-03028-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-03028-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-03028-00
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
10 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03028-00
Accionante: MARÍA CLEMENCIA VELÁSQUEZ GÓMEZ
Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. INMEDIATEZ-Su
desconocimiento desvirtúa el carácter urgente del amparo.
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por María Clemencia Velásquez Gómez
contra la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales–UGPP, el Consejo de Estado y
contra las sentencias proferidas el 5 de diciembre de 2016 por el Juzgado Dieciocho
Administrativo Oral del Circuito de Cali y el 7 de diciembre de 2017 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado No. 76001-33-33-018-2015-00103-01, mediante las cuales se negó el
reconocimiento y pago de la pensión gracia solicitada por la accionante.
ANTECEDENTES
1. Acción de tutela
María Clemencia Velásquez Gómez, en nombre propio, formuló acción de tutela con el
fin de obtener la protección de su derecho fundamental a la igualdad, que considera
vulnerado por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales–UGPP, el Consejo de
Estado y las sentencias proferidas el 5 de diciembre de 2016 por el Juzgado Dieciocho
Administrativo Oral del Circuito de Cali y el 7 de diciembre de 2017 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
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Accionante: María Clemencia Velásquez Gómez
Acción de tutela–Primera instancia
derecho1 promovido contra la UGPP, mediante las cuales se negó el reconocimiento y
pago de la pensión gracia que, a su juicio, le corresponde por haberse desempeñado
como docente de carácter nacionalizado.
En virtud de la acción de tutela, la accionante solicitó textualmente:
«Bueno Señor Juez el pedido de amparo es sobre el derecho fundamental a la
igualdad Y SE DECLARE QUE:
• No hay diferencia entre un docente nacional y un docente territorial
nacionalizado
Trato igualitario que declara nuestra constitución en su artículo 13 y según la
sentencia T-406/92 la constitución es norma de normas y debe ser aplicada de
inmediato y que según la sentencia C-084 de 1999 no hay diferencia entre un
docente nacional y un docente territorial nacionalizado o sea que sí no hay
diferencia es que son iguales.
• Aplicando el derecho fundamental a la igualdad, ordenar a la U.G.PP, y al
Consejo de Estado proceder de acuerdo con las Leyes 114/1913, 116/1928,
37/1933 y 91 de 1969 respecto a mi derecho adquirido a la pensión Gracia
Aplicando el derecho fundamental a la igualdad, ordenar a la U.G.P.P. y al
Consejo de Estado proceder de acuerdo con las Leyes 114/1913, 116/1928,
37/1933 y 91 de 1989 respecto a mi derecho adquirido a la pensión gracia.
Por lo tanto, solicito a Usted el favor, aplicando el derecho fundamental a la
igualdad, ordenar a la U.G.P.P. y al Consejo de Estado proceder de acuerdo con
las Leyes 114/1913, 116/1928, 37/1933 y 91 de 1989 respecto a mi derecho
adquirido a la pensión gracia, leyes que por su no aplicación en las solicitudes
incoadas los convierten en sujetos que violan el artículo 413 del código penal o
sea son funcionarios que han prevaricado.»
2. Hechos relevantes
La accionante afirmó cumplir con los requisitos que exigen las Leyes 114 de 1993, 116
de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989, consistentes en haber prestado servicios durante
veinte años como docente oficial, tener más de cincuenta años de edad, haber observado
buena conducta, haberse vinculado al magisterio antes de 1981 y no pertenecer al grupo
que taxativamente fue excluido del reconocimiento de la pensión gracia.
Según se observa en la prueba aportada con el escrito de la acción constitucional, la
demandante presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho2 contra la UGPP,
con el fin de que se declarara la nulidad de las resoluciones mediante las cuales se le
1 Procedo identificado con radicado: 76001-33-33-018-2015-00103-01.
2 Procedo identificado con radicado: 76001-33-33-018-2015-00103-01.
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Accionante: María Clemencia Velásquez Gómez
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negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia. En sentencia del 5 de diciembre de
2016, el Juzgado Dieciocho Administrativo Oral del Circuito de Cali negó las pretensiones.
La parte demandante apeló esa decisión. En consecuencia, el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca profirió sentencia de segunda instancia el 7 de diciembre de 2017,
mediante la cual confirmó la decisión del juzgado y negó las pretensiones de la demanda,
en los siguientes términos:
«Entiende entonces la Sala, que no hay lugar al reconocimiento de la pensión
gracia a favor de la docente María Clemencia Velásquez Gómez, al no acreditar
los 20 años de servicio docente oficial nacionalizado o territorial, pues queda más
que soportado que la Resolución No. 2151 de 1993 proferida por la Gobernación
del Departamento del Valle del Cauca no cambió la calidad de docente nacional
que la demandante ostentaba, sino que se limitó en virtud de la delegación de
que legalmente fue objeto y como administrador y responsable del servicio
educativo en su jurisdicción, a suscribir un acto de traslado.
Así las cosas, se encuentra acertado concluir que el tiempo laborado por la
actora en calidad de docente nacionalizada, no es suficiente para constituir el
requisito que le permita acceder a la pensión gracia y por ello se debe confirmar
la providencia primigenia que negó las pretensiones de la demanda.»
3. Fundamentos de la acción
La parte accionante sostuvo que las autoridades judiciales vulneraron su derecho
fundamental a la igualdad al negar el reconocimiento y pago de la pensión gracia a la que
considera tener derecho por haberse desempeñado como docente de carácter
nacionalizado.
Señaló que adquirió el derecho al reconocimiento de la pensión gracia, por cuanto
cumplió los requisitos legales exigidos y no existe disposición que impida a los docentes
nacionales nombrados antes de 1981 acceder a dicha prestación, ni norma que excluya
el tiempo de servicio prestado en instituciones educativas de carácter nacional. En ese
sentido, sostuvo que las disposiciones que regulan la pensión gracia reconocen el
beneficio a los docentes que hayan prestado sus servicios a la Nación.
Asimismo, afirmó que las providencias judiciales cuestionadas aplicaron indebidamente
la sentencia de unificación S-699 de 1997 del Consejo de Estado, la cual, a su juicio,
resulta contraria a la Constitución y desconoce el alcance de las sentencias SU-014 de
2020 y C-489 de 2000 de la Corte Constitucional.
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Accionante: María Clemencia Velásquez Gómez
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La accionante sostuvo, además, que la sentencia C-489 de 2000 extendió el
reconocimiento de la pensión gracia a todos los docentes y que los docentes nacionales
y nacionalizados constituyen categorías equivalentes, conforme a lo señalado por la
Corte Constitucional en la sentencia C-084 de 1999. Igualmente, adujo que la Ley 91 de
1989 fue expedida contemplando dichas categorías de docentes.
Finalmente, manifestó que las autoridades judiciales desconocieron que la pensión gracia
es compatible con la pensión ordinaria, con fundamento en el artículo 15, numeral 2,
literal a), de la Ley 91 de 1989 y en la sentencia C-820 de 2006.
4. Trámite procesal
El 27 de abril de 2026, se admitió la acción de tutela 3 y se ordenó su notificación a la
accionante, a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales–UGPP, al Consejo de
Estado, al Juzgado Dieciocho Administrativo Oral del Circuito de Cali y al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, como autoridades accionadas y a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado. Igualmente, se ordenó tener como prueba el documento
aportado con la solicitud de tutela.
En su escrito de contestación 4, la UGPP solicitó desestimar la acción de tutela. Señaló
que el expediente que reposa en la entidad en relación con la accionante revela que,
mediante Resolución 4270 de 1999, CAJANAL le negó la pensión gracia, decisión que
fue confirmada mediante Resolución 9916 de 1999 y la Resolución 101 de 2000. Lo
mismo ocurrió con la Resolución RDP 29035 de 2014, que nuevamente le negó la
pensión gracia, decisión confirmada mediante Resolución RDP 39413 de 2014.
Asimismo, mediante Resolución RDP 1957 de 2019 se le negó la solicitud de extensión
de jurisprudencia. Luego, mediante Resolución RDP 21312 del 25 de agosto de 2023,
nuevamente se le negó el reconocimiento de la pensión, decisión confirmada mediante
Resolución RDP 26106 del 27 de octubre de 2023.
La entidad accionada manifestó que la tutela es improcedente, pues la UGPP no ha
vulnerado los derechos fundamentales de la accionante. Señaló que este no es el
3 SAMAI, índice 4.
4 SAMAI, índice 9.
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Accionante: María Clemencia Velásquez Gómez
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mecanismo para omitir el procedimiento administrativo ni para revocar los actos
proferidos por la entidad, ni para obtener el reconocimiento pensional, por lo cual se
vulnera el principio de subsidiariedad. Aseguró que los actos administrativos referidos se
encuentran en firme y no han sido objeto de cuestionamiento judicial. Agregó que la
acción de tutela tampoco es el medio idóneo para reclamar prestaciones económicas y
que la accionante no demostró un perjuicio irremediable que haga procedente la acción
constitucional.
Posteriormente, el 15 de julio de 2026 5, se profirió auto mediante el cual se ordenó
notificar la acción de tutela, en calidad de accionados, al Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca y al Juzgado Dieciocho Administrativo Oral del Circuito de Cali, al advertirse
que no se había integrado debidamente el contradictorio. Asimismo, se les concedió el
término de un día para rendir informe y se solicitó al referido juzgado la remisión de copia
digital del expediente ordinario.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca contestó la acción de tutela 6 y señaló que
los hechos expuestos no le constaban, por ser ajenos a esa dependencia judicial. Explicó
que inicialmente conoció del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por la accionante contra la UGPP, pero declaró su falta de competencia por
razón de la cuantía y remitió el expediente a los juzgados administrativos del circuito de
Cali.
Agregó que, al resolver en segunda instancia el recurso de apelación, confirmó la
sentencia que negó las pretensiones, luego de valorar las pruebas y aplicar la normativa
vigente, por lo que consideró que garantizó el debido proceso y el derecho de defensa.
Finalmente, sostuvo que la tutela no puede utilizarse como una instancia adicional, que
no se cumplió el requisito de inmediatez y solicitó su desvinculación, al estimar que no
vulneró los derechos fundamentales de la accionante ni tiene competencia para
reconocer la prestación reclamada.
Finalmente, el Juzgado Dieciocho Administrativo Oral del Circuito de Cali 7, remitió copia
digital del expediente, pero guardó silencio frente a los hechos de la tutela.
5 Cfr. SAMAI, índice 13.
6 Cfr. SAMAI, índice 23.
7 Cfr. SAMAI, índice 22.
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Accionante: María Clemencia Velásquez Gómez
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CONSIDERACIONES
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela promovida por María
Clemencia Velásquez Gómez contra la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales–
UGPP, el Consejo de Estado y contra las sentencias proferidas el 5 de diciembre de 2016
por el Juzgado Dieciocho Administrativo Oral del Circuito de Cali y el 7 de diciembre de
2017 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, mediante las cuales se negaron las pretensiones
encaminadas al reconocimiento y pago de la pensión gracia solicitada por la accionante.
6. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86
de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la acción con arreglo a lo dispuesto por el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2019 de la
Sala Plena de la Corporación.
La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede excepcionalmente
contra providencias judiciales, si se advierte la afectación manifiesta y grosera de un
derecho constitucional fundamental 8 . De conformidad con su jurisprudencia, la tutela
contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos: i) que
la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que el afectado haya agotado todos los
medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se
configure un perjuicio irremediable; iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que
la solicitud señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta
vulneración; y vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de
tutela9.
8 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
9 Ibidem.
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Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una prueba;
falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un precepto; error
inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del “precedente”
constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación directa de la
Constitución.
Inmediatez
La acción de tutela es un mecanismo residual para la protección inmediata de derechos
fundamentales y un remedio de aplicación urgente. Si el amparo se dirige contra una
providencia judicial, en cumplimiento del requisito de inmediatez, la jurisprudencia
constitucional ha considerado que se debe interponer dentro de los seis meses siguientes
a la notificación de la providencia que se impugna en tutela 10.
Legitimación en la causa por pasiva
El artículo 5 del Decreto 2591 de 1991 dispone que la acción de tutela procede contra
toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace
violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2 de esta ley. También procede
contra acciones u omisiones de particulares, de conformidad con lo establecido en el
Capítulo III de este decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que
la acción de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico escrito.
Caso concreto
La Sala observa que los argumentos expuestos por la parte accionante se dirigieron a
cuestionar las decisiones del 5 de diciembre de 2016, adoptada por el Juzgado Dieciocho
Administrativo Oral del Circuito de Cali y del 7 de diciembre de 2017, adoptada por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 11 promovido contra la UGPP, mediante las cuales se negó
el reconocimiento y pago de la pensión gracia que, a su juicio, le corresponde por haberse
10 Corte Constitucional, sentencia T-422 del 16 de octubre de 2018.
11 Procedo identificado con radicado: 76001-33-33-018-2015-00103-01.
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Accionante: María Clemencia Velásquez Gómez
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desempeñado como docente de carácter nacionalizado.
Del expediente se acreditó que la sentencia de segunda instancia del Tribunal
administrativo del Valle del Cauca fue proferida el 7 de diciembre de 2017 12 y
posteriormente fue notificada por correo electrónico el 12 de diciembre de 2017 13.
La acción de tutela se presentó el 20 de abril de 2026 14 , por lo que efectivamente
transcurrieron 8 años, 4 meses y 8 días entre la fecha en la que fue notificada mediante
correo electrónico la sentencia de segunda instancia y la radicación de la acción de tutela.
La Sala estima que no es posible flexibilizar el requisito de inmediatez pues, en casos
como este, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial, existe una mayor
protección y rigidez al requisito de inmediatez, el cual garantiza el cumplimiento del
principio de seguridad jurídica y cosa juzgada. Al respecto, la Corte ha señalado que:
«El artículo 86 de la Constitución Política señala que la acción de tutela podrá
interponerse “en todo momento y lugar”. La Corte Constitucional ha entendido que
por esa razón no es posible establecer un término de caducidad de la acción de
tutela, pues ello sería contrario al artículo citado. Con todo, ha aclarado que lo
anterior no debe entenderse como una facultad para presentar la acción de tutela
en cualquier momento, ya que ello sería contrario a la seguridad jurídica y
desnaturalizaría la acción, concebida como un remedio de aplicación urgente que
demanda una protección efectiva y actual de los derechos invocados.
Por lo anterior, se ha entendido que la tutela debe presentarse en un término
razonable, pues de lo contrario podrá declararse improcedente. No existen reglas
estrictas e inflexibles para la determinación de la razonabilidad del plazo, sino que
es al juez de tutela a quien le corresponde evaluar, lo que constituye un término
razonable.
La jurisprudencia ha identificado criterios que orientan al juez de tutela a evaluar,
en cada caso, si se ha cumplido con el requisito de la inmediatez. Tales criterios
se relacionan con: (i) La situación personal del peticionario, (ii) el momento en el
que se produce la vulneración, (iii) la naturaleza de la vulneración, (iv) los efectos
de la tutela y (v) la actuación contra la que se dirige la tutela.
Sobre esta última, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el análisis de
la inmediatez puede variar dependiendo de la actuación que se identifica como
vulneradora de los derechos invocados en la tutela. Específicamente, ha señalado
que este análisis debe ser más estricto tratándose de acciones de tutela contra
12 Actuación visible a índice 16 de SAMAI del proceso radicado 76001-33-33-018-2015-00103-01
13 Actuación visible a índice 18 de SAMAI del proceso radicado 76001-33-33-018-2015-00103-01
14 Actuación visible a índice 1 de SAMAI del proceso radicado 11001-03-15-000-2026-03028-00.
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Accionante: María Clemencia Velásquez Gómez
Acción de tutela–Primera instancia
providencias judiciales. Al respecto, ha sostenido que “el requisito de inmediatez
tiene una relevancia particular en los casos de tutela contra providencias
judiciales, de manera que la verificación de su cumplimiento debe ser aún más
estricta que en otros casos, por cuanto la firmeza de las decisiones judiciales no
puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente (…) 15»
Por lo anterior, la Sala concluye que la acción de tutela resulta improcedente ya que no
se cumple con el requisito de inmediatez.
Ahora bien, frente a la pretensión encaminada a que se ordene a la UGPP proceder al
reconocimiento de la pensión gracia, la Sala advierte que dicha controversia fue objeto
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la accionante,
escenario judicial dispuesto para discutir la legalidad de los actos administrativos que
negaron la prestación. En consecuencia, la acción de tutela no puede utilizarse para
sustituir al juez natural ni para reabrir el debate resuelto en el proceso ordinario. Además,
dado que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de inmediatez, no es posible
examinar de fondo si la accionante tiene derecho al reconocimiento pensional ni impartir
orden alguna a la UGPP..
En cuanto al Consejo de Estado, la Sala advierte que no se encuentra legitimado en la
causa por pasiva, toda vez que no profirió las providencias judiciales objeto de
cuestionamiento, no expidió los actos administrativos mediante los cuales se negó el
reconocimiento pensional ni tiene a su cargo el reconocimiento o pago de la pensión
gracia. Además, se observa que la accionante únicamente hace referencia a la sentencia
de unificación S-699 de 1997 como antecedente jurisprudencial, sin atribuirle al Consejo
de Estado una actuación concreta que haya vulnerado sus derechos fundamentales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de María Clemencia Velásquez
Gómez contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, la Unidad de Gestión
15 Corte Constitucional, Sentencia SU-391de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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Radicación:11001-03-15-000-2026-03028-00
Accionante: María Clemencia Velásquez Gómez
Acción de tutela–Primera instancia
Pensional y Parafiscales–UGPP, el Consejo de Estado y el Juzgado Dieciocho
Administrativo Oral del Circuito de Cali, por las consideraciones expuestas en esta
providencia.
SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
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