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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03037-00

Fecha
28 de mayo de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03037-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la sociedad Mapfre Seguros Generales de Colombia SA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: TENER como coadyuvante de la parte actora a la sociedad Mapfre Seguros Generales de Colombia SA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia. CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. QUINTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-03037-00

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

28 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Instituto Nacional de Vías - INVIAS.
Parte accionada: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera
– Subsección B.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03037-00.
Asunto: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia por no cumplir
el requisito de relevancia constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. Los señores Moisés Aquileo Camargo, Elsa Vargas Puerto, Paula
Daniela Galvis Camargo, Jhoan Stiven Galvis Camargo, Cielo Elsa María
Camargo Vargas, Moisés Andrés Camargo Vargas, Diego Mauricio
Camargo Vargas y Juan Pablo Camargo Vargas, en ejercicio del medio
de control de reparación directa presentaron demanda contra el Instituto
Nacional de Vías - INVÍAS, con el fin de que fuese declarada administrativa
y patrimonialmente responsable de los perjuicios causados por el accidente
de tránsito que ocasionó la muerte de la señora Ángela Liliana Camargo
Vargas, como consecuencia del mal estado de la vía Chiquinquirá – Tunja.

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03037-00

1.2. El Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá,
mediante sentencia de 11 de julio de 2025, negó las pretensiones de la
demanda al considerar que no se evidenció la relación de causalidad entre
el daño alegado en la demanda y el hueco en la vía para imputar
responsabilidad al Estado, es decir que se requería “[…] que el daño esté
vinculado en el plano fáctico con la acción u omisión de la Administración
Pública, y que la conducta desplegada o ignorada por la entidad fue la
causa determinante en la producción del daño. Supuestos que no se
encuentran demostrados en este proceso […]”.

1.3. Inconforme con la decisión anterior la parte demandante dentro del
medio de control de reparación directa presentó recurso de apelación.

1.4. La Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, mediante providencia de 27 de febrero de 2026,
revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declaró
administrativa y patrimonialmente responsable al Instituto Nacional de
Vías – INVÍAS por el fallecimiento de la señora Angela Liliana Camargo
Vargas, al considerar que si hubo una falla del servicio por parte de la
entidad demandada por la omisión del debido mantenimiento y
conservación de la calzada y por la falta de señalización específica frente
a un hundimiento de magnitud considerable, condición necesaria y
jurídicamente relevante en la producción del daño antijurídico.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que la autoridad accionada incurrió en defecto
fáctico porque valoró indebidamente el acervo probatorio al desconocer
pruebas que eran relevantes y al construir inferencias “[…] abiertamente
especulativas y contraevidentes, incluso validando conductas antijurídicas
[…]”.

Adujo que el tribunal accionado valoró defectuosamente el informe policial de
accidentes de tránsito, el informe investigador de campo, la entrevista del

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señor Yeison Javier Ruiz Becerra, así como los testimonios de Wilson Manuel
Cruz Cano y del experto en seguridad vial Germán Flórez Beltran, los cuales
coincidieron en que “[…] la motocicleta circulaba a muy corta distancia […]” y,
en que esa fue “[…] la causa relevante del siniestro […]”.

Indicó que el tribunal realizó inferencias especulativas porque afirmó que “[…]
de haber existido una corta distancia o una alta velocidad, el resultado habría
sido necesariamente un impacto directo por alcance y que el hecho de que el
motociclista realizara una maniobra de esquive demostraría que actúo
diligentemente ante un evento imprevisible […]”.

Agregó que la providencia cuestionada fue adoptada por fuera de los
parámetros de la sana crítica y de las reglas de la experiencia lo que comporta
una vulneración directa del derecho fundamental al debido proceso.

Manifestó que el tribunal accionado incurrió en defecto sustantivo y en
desconocimiento del precedente del Consejo de Estado por inaplicar la teoría
de la causalidad adecuada para el caso en concreto y por el otorgamiento de
un factor prestacional en la indemnización por lucro cesante, para lo cual refirió
las sentencias de “[…] 19 de marzo de 2021, Rad.68001-23-31-000-2011-
00391-01(50791), con ponencia de la Consejera María Adriana Marín, así
como de la sentencia del 13 de octubre de 2020, Rad. 50001-23-31-000-2011-
00456-01 (60822) […]”.

Finalmente, señaló que dicho apartamiento injustificado “[…] no responde a un
ejercicio argumentativo serio que justifique la necesidad de modificar o matizar
el precedente, sino que constituye un desconocimiento directo de reglas
jurisprudenciales consolidadas, lo que refuerza el carácter arbitrario de la
decisión […]”.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Que se tutele los derechos de acceso a la administración de

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justicia, debido proceso e igualdad del INVIAS y se deje sin efecto la
sentencia de 27 de febrero de 2026 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B,
Magistrado Ponente HENRY ALDEMAR BARRETO MOGOLLÓN.

2. Que se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B, Magistrado Ponente HENRY ALDEMAR
BARRETO MOGOLLÓN emitir una sentencia que no afecte nuevamente
los derechos fundamentales de INVIAS en la forma descrita en esta
acción de tutela […]”

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Mediante auto de 29 de abril de 2026, se admitió la presente acción de tutela
y se vinculó al Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá
– Sección Tercera, a la sociedad Mapfre Seguros Generales de Colombia SA,
a los señores Moisés Aquileo Camargo, Elsa Vargas Puerto, Paula Daniela
Galvis Camargo, Jhoan Stiven Galvis Camargo, Cielo Elsa María Camargo
Vargas, Moisés Andrés Camargo Vargas, Diego Mauricio Camargo Vargas y
Juan Pablo Camargo Vargas, en calidad de terceros con interés directo en el
resultado del proceso.

III. INTERVENCIONES

1. La Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca rindió un informe en el que solicitó se declare improcedente la
presente acción constitucional porque la inconformidad de la parte accionante
radica en la valoración probatoria y el análisis jurídico adoptado por esa
autoridad en ejercicio de su autonomía judicial.

2. El Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá - Sección
Tercera rindió un informe en que el que refirió las actuaciones surtidas por esa
autoridad en el proceso ordinario origen de la controversia, señalando que no
vulneró ningún derecho fundamental de la parte actora razón por la cual solicita
se nieguen las pretensiones.

3. La aseguradora Mapfre Seguros Generales de Colombia SA manifestó que
coadyuvaba las pretensiones de amparo, al considerar que “[…] la decisión

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que se adopte en este proceso afecta directamente el goce efectivo de
derechos fundamentales [de la parte accionante] […]”.

Señala que la autoridad accionada vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la parte
accionante porque: i) realizó una valoración indebida de las pruebas; ii)
reconoció una indemnización por lucro cesante mayor a los precedentes
jurisprudenciales y, iii) realizó un análisis con base en la teoría de la
equivalencia pese a que fue desechada por la doctrina y jurisprudencia del
Consejo de Estado.

Finalmente, indicó que en caso de que se demostrara la vulneración de los
derechos fundamentales, esa entidad carece de falta de legitimación en la
causa por pasiva porque no es la competente para responder dado que la
autoridad accionada es el “[…] Tribunal Administrativo de Cundinamarca […]”.

4. Los señores Moisés Aquileo Camargo, Elsa Vargas Puerto, Paula Daniela
Galvis Camargo, Jhoan Stiven Galvis Camargo, Cielo Elsa María Camargo
Vargas, Moisés Andrés Camargo Vargas, Diego Mauricio Camargo Vargas y
Juan Pablo Camargo Vargas rindieron informe en el que solicitaron declarar
improcedente la acción de tutela toda vez que carece de relevancia
constitucional y porque no cumple con los requisitos de procedibilidad.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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2. Cuestión previa

2.1. De la solicitud de desvinculación

La Sala advierte que la aseguradora Mapfre Seguros Generales de Colombia
SA manifestó su falta de legitimación en la causa por pasiva dentro del
presente trámite de tutela.

La Sala considera que, comoquiera que la aseguradora Mapfre Seguros
Generales de Colombia SA fungió como parte procesal dentro del proceso
objeto de tutela identificado con el radicado 11001-33-36-035-2021-00139-01,
le asiste interés directo en la decisión de la acción constitucional de la
referencia, razón por la que se negará la solicitud de desvinculación.

2.2. De la coadyuvancia

Mediante escrito de 5 de mayo de 2026, la asegurada Mapfre Seguros
Generales de Colombia SA presentó solicitud de coadyuvancia, al considerar
en síntesis que la sentencia acusada vulneró los derechos fundamentales de
la accionante.

Respecto de lo anterior, resulta preciso señalar que el inciso segundo del
artículo 13 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que: “[…] Quien tuviere un
interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como
coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.

La Corte Constitucional2 ha definido la coadyuvancia en los procesos de tutela
como “[…] la participación de un tercero con interés en el resultado del proceso
que manifiesta compartir las reclamaciones y argumentos expuestos por el
demandante de la tutela […]”.

A partir de lo anterior, la Corte Constitucional ha establecido las siguientes

2
Sentencia T-070 de 2018.

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reglas para la procedencia de la coadyuvancia:

“[…] (i) la participación del coadyuvante debe estar acorde con las
posiciones y pretensiones presentadas por el accionante o el
accionado en el trámite de tutela, es decir, no puede formular
pretensiones propias de amparo a sus derechos fundamentales;

(ii) la coadyuvancia puede ser llevada a cabo hasta antes de que se
expida la sentencia que finalice el proceso de tutela, es decir, hasta
antes de la sentencia de única, de segunda instancia o de revisión ante la
Corte Constitucional, según sea el caso […]”3. [Se destaca]

Con fundamento en lo expuesto, la Sala tendrá a la sociedad Mapfre Seguros
Generales de Colombia SA como coadyuvante de la parte actora, por cuanto
se adhirió a las pretensiones formuladas en la solicitud de amparo, sin plantear
pretensiones autónomas o diferentes.

3. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:

A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
si ello es así, se deberá:

B) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.

4. Caso concreto

4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela

La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional4 como del Consejo
de Estado5 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra

3
Corte Constitucional, Auto 401 de 2020.
4
Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
5
Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ) y 2012-02201-01,
respectivamente. Entre otras.

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providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de unos
requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de alguno de
los requisitos especiales para dicha procedencia.

Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

El requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales atinente a la relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando
se acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental6 y se descarta el uso del mecanismo de amparo
como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces7.

En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional precisó que la sola
mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha
afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por
acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.

En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de
identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por qué se
configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición
a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la “[…] entidad
de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]»; (ii) que el alcance de la controversia

6
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente:
Dr. Jaime Córdoba Triviño.
7
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.

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“[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”, y (iii) que se “[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.

En este contexto, resulta claro que la relevancia constitucional como requisito
genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
tiene como propósito; (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la
competencia y la independencia del juez ordinario.

Respecto de lo anterior, esta Sala advierte que la argumentación que esgrimió
la parte actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales en que incurrió la autoridad accionada no devela que el
presente asunto gire en torno al alcance de algún derecho fundamental, sino,
únicamente, frente a la mera inconformidad con la decisión adoptada el 27 de
febrero de 2026 en el marco del medio de control de reparación directa con
radicación núm. 11001-33-36-035-2021-00139-01.

Lo anterior teniendo en cuenta que el extremo accionante en ningún momento
está poniendo de relieve que la autoridad judicial haya incurrido en una
arbitrariedad judicial, ni tampoco hace una exposición a partir de la cual se
evidencie que su caso tiene la “[…] entidad de interpretar, aplicar, desarrollar
la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental” y
mucho menos justifica “[…] razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales”.

Cabe destacar que la argumentación planteada por la parte actora en esta
instancia está asociada a la indebida valoración probatoria que se le dio a los
informes, entrevistas y testimonios rendidos dentro del medio de reparación
directa con lo cual quedaba acreditado que el fallecimiento de la señora Angela
Liliana Camargo Vargas no fue responsabilidad de esa entidad, sino que

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deviene del hecho de que la motocicleta en la que ella se transportaba
circulaba a muy corta distancia del vehículo, argumentos que para esta Sala
implican la reapertura del proceso de reparación directa objeto
cuestionamiento por esta vía.

En este punto, resulta preciso señalar que de conformidad con los principios
de libre valoración de la prueba, autonomía e independencia judicial (artículos
228 y 230 de la Constitución Política), los jueces gozan de amplias facultades
para valorar las pruebas dentro del proceso. En ese sentido, es al juez natural
de la causa a quien le corresponde determinar el valor de cada medio de
prueba, bajo las reglas de la sana crítica.

De ahí que la posibilidad de cuestionar una providencia judicial por una
inconformidad con la valoración de las pruebas solo tiene cabida cuando la
decisión contenga errores graves que desconozcan los principios de la sana
crítica. En esta oportunidad lo perseguido por el extremo accionante es
controvertir el análisis probatorio efectuado por el juez contencioso, lo que
claramente constituye una desnaturalización de este mecanismo, en tanto que
está siendo utilizado como una tercera instancia.

Por tanto, se considera que los argumentos de la parte actora más que develar
la existencia de una cuestión que sea de “verdadera relevancia constitucional”
que conlleve la presunta transgresión de derechos fundamentales, demuestra
una inconformidad con la decisión adoptada por la autoridad accionada como
si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, por lo cual el
juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la
acción de tutela un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso
invadir la competencia y la independencia del juez natural.

Bajo los anteriores argumentos, la Sala declarará improcedente la acción de
tutela, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la sociedad
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parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: TENER como coadyuvante de la parte actora a la sociedad
Mapfre Seguros Generales de Colombia SA, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la
referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta
sentencia.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

QUINTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

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PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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