RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-03042-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-03042-01

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-03042-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRMERO: REVOCAR la sentencia del 28 de mayo de 2026 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado que accedió al amparo para en su lugar, DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado. 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Simón José de Lavalle Morales Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otros Rad: 11001-03-15-000-2026-03042-01 SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2026-03042-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

10 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03042-01
Demandante: SIMÓN JOSÉ DE LAVALLE MORALES
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR Y OTROS

Temas: Revoca decisión. Declara carencia actual de objeto.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver las impugnaciones formuladas por la parte accionante y
accionada, contra la sentencia del 28 de mayo de 2026, por medio de la cual el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A amparó el derecho fundamental
al debido proceso del señor Simón José de Lavalle Morales.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo1

Mediante escrito radicado el 21 de abril de 2026, el señor Simón José de Lavalle
Morales, actuando en nombre propio, promovió acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Bolívar, la Personería Distrital de Cartagena de Indias, la Defensoría
del Pueblo Regional Bolívar, el Consejo Superior de la Judicatura, Seccional Bolívar
y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar, al considerar vulnerados sus
derechos fundamentales «al debido proceso, de petición, a la igualdad, de defensa y
contradicción y al acceso a la administración de justicia».

Las anteriores garantías constitucionales las estimó vulneradas con ocasión de la
presunta negativa del Tribunal Administrativo de Bolívar de proporcionarle el enlace
de acceso permanente al expediente del recurso de queja administrativa identificado
con el radicado 13001-23-33-000-2025-00074-00.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en ese entendido, pidió:

1 Índice 2 de Samai. Cuaderno de primera instancia.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Simón José de Lavalle Morales
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otros
Rad: 11001-03-15-000-2026-03042-01

2.- ORDENAR AL DESPACHO 01 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CARTAGENA – BOLIVAR, EN EL TERMINO NO MAYOR DE CUARENTA Y OCHO
(48) HORAS, PROCEDA DE ENVIARME AL CORREO ELECTRONICO
SIMONDELAVALLE@OUTLOOK.ES EL ENLACE O EL LINK DEL EXPEDIENTE
DIGITAL CON RADICADO No. 130012333000202500074002.

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

Indicó que el 24 de marzo de 2026 solicitó al Despacho 001 del Tribunal Administrativo
de Bolívar el enlace de acceso al recurso de queja administrativa con radicado 13001-
23-33-000-2025-00074-00, que promovió contra la respuesta emitida por el Juzgado
Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cartagena el 22 de febrero de
20253.

El 7 de abril de 2026, el Tribunal Administrativo de Bolívar negó la anterior solicitud al
considerar que otorgar acceso ilimitado al expediente comprometía la seguridad del
sistema, la integridad del expediente y su custodia judicial, además de generar
saturación en los canales de OneDrive y ocasionar la caída de la red.

Adicionalmente, le aclaró que el 11 de marzo de 2025 le había compartido, por única
vez, un enlace temporal para la descarga del expediente y que el estado del proceso
podía consultarse a través de las herramientas tecnológicas dispuestas por la Rama
Judicial, tales como SAMAI, publicaciones procesales y las notificaciones remitidas al
correo electrónico.

Por lo anterior, le reiteró que no era procedente suministrarle nuevamente el enlace
solicitado y le sugirió presentar memoriales de impulso a través de la plataforma
SAMAI.

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

El accionante sostuvo que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción, de petición, a la igualdad
y de acceso a la administración de justicia, al negarle el acceso al expediente del
recurso de queja, bajo argumentos relacionados con la seguridad del sistema y la
saturación de la red, por cuanto dicha circunstancia le impide conocer de manera
continua el estado del proceso, revisar integralmente las piezas procesales y ejercer
adecuadamente su derecho de defensa dentro del trámite judicial.

2 Transcripción del texto original con posibles errores.
3
En dicha respuesta, se le informó, entre otros aspectos, que el link del expediente no podía otorgarse
de manera permanente por razones de seguridad y capacidad de la plataforma, que este podía
consultarse a través del aplicativo SAMAI y que, el recurso de apelación interpuesto no era procedente
por cuanto la decisión cuestionada no había sido adoptada dentro de un trámite procesal, sino en el
marco de una actuación administrativa.

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Simón José de Lavalle Morales
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otros
Rad: 11001-03-15-000-2026-03042-01

1.5. Trámite de la acción de tutela

Por auto del 27 de abril de 20264 el a quo avocó el conocimiento de la solicitud de
amparo y ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Bolívar5, a la Personería
Distrital de Cartagena de Indias6, a la Defensoría del Pueblo Regional Bolívar7, al
Consejo Superior de la Judicatura, Seccional Bolívar8, y a la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Bolívar9 como parte accionada.

1.6. Intervenciones

1.6.1 Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar10

Solicitó su desvinculación del trámite constitucional, al considerar que carece de
legitimación en la causa por pasiva, pues no existía acción u omisión que le fuera
atribuible relacionada con los hechos que motivaron la tutela.

Explicó que la inconformidad del accionante se dirige contra el Despacho 001 del
Tribunal Administrativo de Bolívar, por la negativa de suministrarle de manera
permanente el enlace de acceso al expediente identificado con el radicado 13001-23-
33-000-2025-00074-00, correspondiente a un recurso de queja que interpuso contra
el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena.

Precisó que, revisados los sistemas de información de la Comisión, no se encontró
proceso disciplinario relacionado con los hechos objeto de la acción ni vínculo alguno
entre dicha Corporación y la presunta vulneración de los derechos fundamentales
invocados.

1.6.2. Consejo Superior de la Judicatura, Seccional Bolívar11

Requirió que se declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez,
que no realizó acción u omisión alguna relacionada con la presunta vulneración de los
derechos fundamentales invocados.

Manifestó que el reproche del accionante se dirige contra el Despacho 001 del
Tribunal Administrativo de Bolívar, por la negativa de suministrarle de manera

4 Índice 4 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
5 Índice 7 de Samai. Cuaderno de primera instancia. Mediante oficio No.: 80201 del 29 de abril de 2026

al correo electrónico: stadcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co
6 Índice 7 de Samai. Cuaderno de primera instancia. Mediante oficio No.: 80200 del 29 de abril de 2026

al correo electrónico: juridica@personeriacartagena.gov.co.
7 Índice 7 de Samai. Cuaderno de primera instancia. Mediante oficio No.: 80199 del 29 de abril de 2026

a los correos electrónicos: juridica@defensoria.gov.co y bolivar@defensoria.gov.co.
8 Índice 7 de Samai. Cuaderno de primera instancia. Mediante oficios No.: 80198 y 80197 del 29 de

abril de 2026 a los correos electrónicos: consecbol@cendoj.ramajudicial.gov.co y
mecsjbolivar@cendoj.ramajudicial.gov.co.
9 Índice 7 de Samai. Cuaderno de primera instancia. Mediante oficio No.: 80202 del 29 de abril de 2026

a los correos electrónicos: secsdcgena@cndj.gov.co, secsdcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co y
consecbol@cendoj.ramajudicial.gov.co.
10 Índice 8 y 9 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
11 Índice 10 de Samai. Cuaderno de primera instancia.

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Simón José de Lavalle Morales
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otros
Rad: 11001-03-15-000-2026-03042-01

permanente el enlace de acceso al expediente correspondiente al recurso de queja
identificado con el radicado núm. 13001-23-33-000-2025-00074-00, asunto sobre el
cual carece de competencia para intervenir, en virtud de los principios de autonomía
e independencia judicial.

Agregó que las directrices impartidas para la gestión de documentos electrónicos
procuran garantizar la seguridad de la información y la integridad de los expedientes,
por lo que la entrega de enlaces con límite temporal constituye una práctica de buen
manejo.

1.6.3. Tribunal Administrativo del Bolívar, Secretaría12

Sostuvo que no se configuró vulneración alguna de los derechos fundamentales
invocados por el accionante, toda vez que el expediente correspondiente al recurso
de queja con radicado 13001-23-33-000-2025-00074-00; le fue compartido el 11 de
marzo de 2025 mediante un enlace de acceso temporal, con el propósito de que
pudiera visualizar y descargar las piezas procesales.

Puntualizó que, ante las posteriores solicitudes, se le informó que los enlaces a los
expedientes digitales no se mantienen abiertos de manera permanente, debido a
razones de seguridad, trazabilidad, custodia e integridad documental, y que, para
consultar el estado y las actuaciones del proceso disponía de las plataformas SAMAI,
publicaciones procesales y el correo electrónico registrado para notificaciones.

Referenció que el proceso se encontraba en el Despacho 001 para pronunciamiento
de fondo y que, atendiendo a su condición de abogado, le correspondía emplear las
herramientas tecnológicas dispuestas para la consulta y el impulso del trámite.

En consecuencia, consideró que las respuestas brindadas fueron oportunas y que se
había garantizado tanto el acceso al expediente como los medios necesarios para
conocer el estado del proceso, por lo que negó la existencia de una afectación al
debido proceso, al derecho de defensa o al acceso a la administración de justicia.

1.6.4. Personería Distrital de Cartagena de Indias13

Pidió que se declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva y, en
consecuencia, su desvinculación del trámite constitucional.

Adujo que no fue destinataria de la petición relacionada con el acceso al expediente
digital, ni recibió solicitud alguna del accionante o tuvo conocimiento previo de los
hechos que sustentan la tutela, por lo que no podía atribuírsele acción u omisión
alguna frente a la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados.

12 Índice 11 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
13 Índice 12 de Samai. Cuaderno de primera instancia.

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Simón José de Lavalle Morales
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otros
Rad: 11001-03-15-000-2026-03042-01

Arguyó que la autoridad judicial accionada dio respuesta a la solicitud formulada por
el actor, aunque no accedió a su pretensión de obtener un enlace de acceso
permanente al expediente, dicha circunstancia, a su juicio, descarta la vulneración del
derecho de petición.

Recalcó que las restricciones temporales de acceso a los expedientes digitales
pueden estar justificadas en la protección de la seguridad de la información y la
integridad del expediente, siempre que se establezcan mecanismos razonables y
proporcionales que permitan su consulta.

1.7. Sentencia de primera instancia14

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 28 de mayo de
2026 declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Personería Distrital
de Cartagena de Indias, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar, la
Defensoría del Pueblo Regional Bolívar y el Consejo Seccional de la Judicatura de
Bolívar, y en consecuencia las desvinculó del presente tramite constitucional.

Adicionalmente, amparó el derecho fundamental al debido proceso del señor Simón
José de Lavalle Morales, al considerar que las actuaciones desplegadas por la
Secretaría del Tribunal Administrativo de Bolívar no garantizaron al accionante un
acceso efectivo e integral al expediente digital. Resaltó que, de conformidad con los
artículos 114 y 123 del Código General del Proceso y el artículo 4 de la Ley 2213 de
2022, el acceso al expediente constituye una garantía esencial para el ejercicio
efectivo del derecho de defensa.

Advirtió que las razones relacionadas con la seguridad del sistema y la integridad
documental no resultaban suficientes para negar el acceso, dado que el Protocolo
para la Gestión de Documentos Electrónicos contempla mecanismos para compartir
expedientes con usuarios externos mediante la opción «Personas determinadas» de
OneDrive, incluso con restricciones que permiten únicamente su visualización. De
igual manera, no encontró acreditado que, frente a la solicitud del 24 de marzo de
2026, se hubiera suministrado siquiera un enlace temporal, ni que el aplicativo SAMAI
permitiera al accionante consultar integralmente las piezas.

Concluyó que no existía certeza sobre un acceso real y completo al expediente y que
las medidas adoptadas por la autoridad judicial eran insuficientes para garantizar el
ejercicio pleno de los derechos de defensa y contradicción. En consecuencia, amparó
el derecho fundamental al debido proceso y ordenó a la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Bolívar garantizar, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a
la ejecutoria de la providencia, el acceso al expediente identificado con el radicado
núm. 13001-23-33-000-2025-00074-00.

14 Índice 15 de Samai. Cuaderno de primera instancia.

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Simón José de Lavalle Morales
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otros
Rad: 11001-03-15-000-2026-03042-01

Lo anterior fue notificado a las partes el 10 de junio de 202615 mediante correo
electrónico.

1.8. Impugnación de la parte accionante16

El señor Simón de Lavalle Morales estimó que, si bien se amparó su derecho
fundamental al debido proceso, la decisión no se pronunció de manera clara y
concreta sobre su pretensión de contar con un enlace permanente al expediente digital
durante todo el trámite del proceso.

Expresó que la negativa del Despacho judicial a suministrar un enlace de acceso
permanente, mediante la utilización de enlaces temporales, bloqueados o sujetos a
códigos, desconoce los derechos al debido proceso, defensa y contradicción y acceso
a la administración de justicia. En su criterio, los sujetos procesales deben disponer
de un acceso continuo y estable al expediente digital mientras este permanezca en
curso.

Reseñó que la normativa que regula la justicia digital impone garantizar la
disponibilidad de las actuaciones judiciales y que la Sentencia SU-355 de 2022
permite establecer restricciones frente al acceso público general, mas no respecto de
los sujetos procesales autorizados. Con fundamento en ello, insistió en que el enlace
del expediente debe permanecer habilitado durante la vigencia del proceso.

1.8.1. Impugnación de la parte accionada17

La Secretaría General del Tribunal Administrativo de Bolívar impugnó la sentencia de
primera instancia, al considerar que no se configuró la vulneración del derecho
fundamental al debido proceso, pues el Despacho 001 remitió al accionante, el 23 de
abril de 2026, el enlace del expediente digital a su correo electrónico, esta vez sin
restricciones de acceso, de manera que podía consultarlo en cualquier momento.
Recalcó que dicha circunstancia no fue incorporada al informe rendido inicialmente
ante esta Corporación por un error involuntario.

De otro lado, indicó que el aplicativo SAMAI constituye la herramienta institucional
dispuesta para la consulta permanente, segura, íntegra y actualizada de los
expedientes y actuaciones judiciales, por lo que el acceso al expediente no debe
depender de remisiones sucesivas por parte de las secretarías. En ese sentido, adujo
que el accionante no acreditó una imposibilidad técnica para acceder a dicha
plataforma, sino su preferencia por obtener directamente en su correo electrónico un
enlace de acceso ilimitado al expediente.

15 Índice 18 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
16 Índice 19 de Samai. Cuaderno de primera instancia. La sentencia se notificó el 10 de junio de 2026

a través de correo electrónico, mientras que el escrito contentivo de la impugnación fue radicado el 11
del mismo mes y año. En ese sentido, se tiene que fue oportuna la interposición del recurso.
17 Índice 20 de Samai. Cuaderno de primera instancia. La sentencia se notificó el 10 de junio de 2026

a través de correo electrónico, mientras que el escrito contentivo de la impugnación fue radicado el 16
del mismo mes y año. En ese sentido, se tiene que fue oportuna la interposición del recurso.

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Simón José de Lavalle Morales
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otros
Rad: 11001-03-15-000-2026-03042-01

Finalmente, puso de presente que, conforme al Acuerdo PCSJA23-12068 de 2023 y
la Circular PCSJC24-1 de 2024, el uso de SAMAI es obligatorio y constituye el medio
institucional para la gestión y consulta de los expedientes de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.

1.9. Actuaciones procesales en segunda instancia.

La Magistrada Ponente mediante auto del 20 de agosto de 202618, puso en
conocimiento una nulidad saneable y vinculó al Juzgado Primero Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Cartagena quien funge como parte demandada dentro del
recurso de queja administrativa con radicado 13001-23-33-000-2025-00074-00.

Surtida la anterior actuación, se presentó la siguiente contestación:

1.9.1. Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cartagena19

Informó que, los hechos que dieron origen al recurso de queja administrativa tramitado
por el Tribunal Administrativo de Bolívar se relacionan con la actuación iniciada a partir
de la petición presentada por el accionante el 15 de enero de 2025. En dicha
oportunidad, el actor pidió el enlace de acceso al expediente correspondiente al
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm. 13001-33-33-001-
2021-00121-00, en el que figuraba como tercero con interés, así como que, se dictara
sentencia anticipada.

Manifestó que, en respuesta a dicha petición, el 5 de febrero de 2025 la secretaría del
Despacho remitió al accionante el enlace de acceso al expediente y le informó las
razones por las cuales no era procedente dictar sentencia anticipada en ese momento.
Frente a esta respuesta, el tutelante interpuso recurso de reposición y, en subsidio,
apelación. El 22 de febrero de 2025, el Despacho resolvió el recurso de reposición y
rechazó por improcedente el de apelación, decisión que dio lugar al recurso de queja
administrativa presentado ante el Tribunal Administrativo de Bolívar.

Finalmente, adujo que el asunto objeto de la acción de tutela corresponde al acceso
al expediente del recurso de queja que actualmente se encuentra en conocimiento del
Tribunal Administrativo de Bolívar.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para resolver la impugnación formulada por la parte
accionante y accionada, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991,

18 Índice 4 de Samai.
19 Índice 9 de Samai.

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Simón José de Lavalle Morales
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otros
Rad: 11001-03-15-000-2026-03042-01

el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 201920.

2.2. Problema jurídico

Le corresponde a la Sala definir si confirma, modifica o revoca la sentencia proferida
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A el 28 de mayo de 2026.
Para lo que se deberá abordar lo siguiente:

• ¿El Tribunal Administrativo de Bolívar vulneró los derechos fundamentales
de la parte actora, al no garantizarle el acceso efectivo al expediente del
recurso de queja administrativo identificado con el radicado 13001-23-33-
000-2025-00074-00?

Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i)
generalidades de la acción de tutela, (ii) carencia actual de objeto y, (iii) el caso en
concreto.

2.3. Generalidades de la acción de tutela

Conforme lo preceptúa el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es
un mecanismo preferente y sumario que permite a cualquier persona reclamar la
protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten vulnerados por
acciones u omisiones de autoridades o excepcionalmente, de particulares.

Su procedencia se encuentra supeditada a la carencia de medios de defensa judicial
ordinarios o, en su defecto, a la falta de idoneidad de aquellos para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable; caso en el que se habilita su ejercicio como
mecanismo transitorio, lo cual limita sus efectos futuros a la activación, por parte del
peticionario, de los instrumentos jurídicos pertinentes.

En ese orden de ideas, resulta palmario que el mecanismo de amparo demanda la
concurrencia de determinados presupuestos procesales que le son inherentes, como
son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia de un perjuicio
irremediable, sin los cuales no le es dable al juez constitucional inmiscuirse en
determinada controversia y, mucho menos, acometer las diferentes subreglas
dispuestas por la jurisprudencia en torno a asuntos como el sub examine.

Lo anterior tiene como objetivo salvaguardar del uso inadecuado este mecanismo,
que podría desnaturalizar su valor preeminente y especial dentro del ordenamiento
jurídico y, de contera, atentar contra el fin superior que el constituyente le confirió.

20 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Simón José de Lavalle Morales
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otros
Rad: 11001-03-15-000-2026-03042-01

2.4. Carencia actual de objeto

La Sala ha explicado en varias ocasiones21 que la acción de tutela ha sido instituida
como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de derechos
fundamentales que sean violentados o amenazados de manera actual e inminente.

No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental
desaparece en el trascurso de la acción de tutela, o la vulneración del derecho
fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el
instrumento pierde efectividad, lo que hace inane la intervención del juez
constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los
derechos fundamentales.

En efecto, la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del proceso de
tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres supuestos: (i) por
hecho superado; (ii) por daño consumado; y, (iii) por una situación sobreviniente.

Al respecto, dicha Alta Corporación, en la sentencia T-481 del 1.º de septiembre de
2016, señaló que:

La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva de
los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual. Por
lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el
desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los
derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y
sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de
protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que
recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se
pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se
tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta
acción22.

A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó sobre
este respecto, que:

La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho
fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente
bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como su
amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o
amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya sido
o que simplemente -como en el caso sub examine- que se hubiese presentado un
peligro ya subsanado. (Negrillas propias).

Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia
actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad
material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que
permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el
particular, se tiene que éste se constituye en el género que comprende el fenómeno

21 Al respecto consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
M.P. Alberto Yepes Barreiro, Sentencia 15.11.17, Rad. 2017-00085-01, y M.P. Rocío Araújo Oñate,
Sentencia 19.10.17, Rad. 2017-2365-00.
22 El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la cual
se transcribe literalmente: «Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005».

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Simón José de Lavalle Morales
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otros
Rad: 11001-03-15-000-2026-03042-01

previamente descrito, y que puede materializarse a través de las siguientes figuras: (i)
“hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella que se ha empezado a
desarrollar por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una “situación
sobreviniente23.

Con base en el marco referencial, el Máximo Tribunal Constitucional ha sostenido que:

El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591 de
1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa cuando
en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad demandada ha
realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración de los derechos
fundamentales24.

En sentido de lo anterior, para la aplicación del hecho superado resulta irrelevante
determinar si la eliminación de la vulneración de los derechos fundamentales ocurre
antes o después del fallo de primera instancia (resalta esta Sección Quinta), lo que
indica que el juez podría optar por analizar de fondo la conducta de la autoridad
demandada, para determinar si en todo caso se vulneraron o no los derechos
fundamentales.

De hecho, la Corte Constitucional ha empleado esta figura incluso en aquellos casos
en los cuales la cesación de la vulneración de los derechos fundamentales ocurre
luego de que se ha proferido la decisión de segunda instancia, durante el trámite de
revisión ante ese tribunal25.

En estas situaciones, aunque la vulneración de los derechos fundamentales se supere
antes del pronunciamiento judicial de primera o segunda instancia, se ha destacado
que no es perentorio para el fallador de instancia pronunciarse sobre la conducta
desplegada por la autoridad demandada, para formular un juicio de reproche, en caso
de que sea necesario, y advertir sobre la no repetición de la conducta lesiva de los
derechos afectados26.

2.5. Caso concreto

El señor Simón José de Lavalle Morales señaló que se le vulneraron sus derechos
fundamentales «al debido proceso, de petición, a la igualdad, de defensa y
contradicción y al acceso a la administración de justicia», con ocasión de la presunta
negativa del Tribunal Administrativo de Bolívar de proporcionarle el enlace de acceso
permanente al expediente identificado con el radicado 13001-23-33-000-2025-00074-
00.

El a quo constitucional accedió al amparo al considerar que no se le garantizó al actor
un acceso efectivo e integral al expediente digital, pues las razones de seguridad e

23 El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la cual
se transcribe literalmente: «Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013».
24 Corte Constitucional. Sentencia T-038/19, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
25 A manera de ejemplo, ver la sentencia T-662 de 2016.
26 Corte Constitucional. Sentencia T-112/2010, M.P. Mauricio González Cuervo.

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Simón José de Lavalle Morales
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otros
Rad: 11001-03-15-000-2026-03042-01

integridad documental invocadas no justificaban la restricción, habida cuenta de que
existían mecanismos técnicos para permitir su consulta. Asimismo, debido a que, no
se acreditó la entrega de un enlace, siquiera temporal, frente a la solicitud del 24 de
marzo de 2026, ni que SAMAI permitiera consultar integralmente las piezas
procesales.

No obstante, revisado el expediente constitucional, se constató que el 23 de abril de
2026 el Despacho 01 del Tribunal Administrativo de Bolívar remitió al señor Simón
José de Lavalle Morales, a la dirección electrónica simondelavalle@outlook.es, el
enlace correspondiente al expediente radicado 13001-23-33-000-2025-00074-0027.
Así mismo se verificó directamente que el enlace se encuentra habilitado, sin
restricciones para su ingreso, y permite visualizar el contenido del expediente, sin que
se advierta que haya sido deshabilitado. Lo anterior se evidencia en las siguientes
imágenes:

27 Índice 20 de Samai. Cuaderno de primera instancia. Obra constancia de envío, bajo la descripción

del documento 31RECIBEMEMORIAL_RemisionLinkExpedien(.pdf) NroActua 20

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Simón José de Lavalle Morales
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otros
Rad: 11001-03-15-000-2026-03042-01

Por consiguiente, esta Sala de decisión encuentra configurada la carencia actual de
objeto por hecho superado, toda vez que, durante el trámite de la presente acción, se
satisfizo la pretensión de la parte actora, al garantizarse la posibilidad efectiva de
acceder al expediente requerido y comunicársele dicha circunstancia. En ese sentido,
la situación que, según el accionante, comportaba la vulneración de sus derechos
fundamentales cesó durante el desarrollo de la actuación constitucional.

De conformidad con lo expuesto, no resulta necesaria la intervención de la Sección
Quinta del Consejo de Estado, como juez constitucional, pues el asunto que
presuntamente vulneraba el derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia del señor Simón José de Lavalle Morales dejó de existir durante el presente
trámite. En consecuencia, cualquier orden encaminada a conjurar dicha situación
carecería actualmente de objeto.

Así las cosas, la Sala revocará el fallo del 28 de mayo de 2026 proferido por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado que accedió al amparo
y, en su lugar, se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRMERO: REVOCAR la sentencia del 28 de mayo de 2026 proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado que accedió al amparo
para en su lugar, DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado.

12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Simón José de Lavalle Morales
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otros
Rad: 11001-03-15-000-2026-03042-01

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión,
en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.