Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-03052-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-03052-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2026-03052-00
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
28 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2026 03052 00
Accionante: Walter Montes Montes
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño – Sala Primera de Decisión y
otro
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por no cumplir el
requisito general de inmediatez y subsidiariedad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela promovida por el señor Walter Montes Montes, en
contra del Tribunal Administrativo de Nariño – Sala Primera de Decisión y el Juzgado
Séptimo Administrativo Oral de Pasto, con ocasión de las sentencias proferidas el 6 de
octubre de 2025 y el 2 de agosto de 2019 por las precitadas autoridades judiciales, en el
proceso de reparación directa identificado con el radicado núm. 52001 33 33 007 2016
00273 00/01.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Walter Montes Montes, actuando por conducto de apoderado judicial, promovió
acción de tutela en contra de las precitadas providencias, y para ello, formuló las
siguientes pretensiones1:
PRIMERO; Que se tutelen y amparen los derechos fundamentales al debido
proceso (art. 29 C.P.), a la igualdad (art. 13 C.P.), al acceso efectivo a la
administración de justicia y a la tutela judicial efectiva (arts. 228 y 229 C.P.) del
señor Walter Montes Montes, vulnerados por las providencias judiciales objeto de
esta acción.
SEGUNDO; Que se declare la nulidad y se deje sin efectos la sentencia proferida
el 6 de octubre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Nariño – Sala Primera
de Decisión, dentro del medio de control de reparación directa No.
5200133330072016-00273-01 (8388).
TERCERO; Como consecuencia de lo anterior, que se ordene al Tribunal
Administrativo de Nariño proferir una nueva sentencia de segunda instancia, por
magistrados no incursos en causal de impedimento, en la que se estudie de
manera integral y efectiva el recurso de apelación interpuesto, se valore expresa
y razonadamente los hechos y pruebas del proceso penal absolutorio (en especial
las deficiencias investigativas reconocidas por el Tribunal Superior de Pasto) y se
motive de forma suficiente y congruente la imputación o no imputación del daño
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 03052 00.
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Accionante: Walter Montes Montes
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño – Sala Primera de Decisión y otro
antijurídico, con estricta sujeción a los precedentes constitucionales y
contenciosos aplicables.
CUARTO. Subsidiariamente, y solo en el evento en que el honorable despacho lo
estime indispensable para lograr el restablecimiento pleno, integral e inmediato de
los derechos fundamentales vulnerados (debido proceso, igualdad, acceso a la
administración de justicia y tutela judicial efectiva), se deje sin efectos la sentencia
de primera instancia proferida el 2 de agosto de 2019 por el Juzgado Séptimo
Administrativo Oral del Circuito de Pasto, se ordene la renovación total del trámite
de primera instancia y se habilite un nuevo y efectivo estudio integral del recurso
de apelación interpuesto, garantizando así una decisión motivada, congruente,
razonada y conforme a los precedentes constitucionales y contenciosos
aplicables, por magistrados que no se encuentren incursos en causal de
impedimento o recusación.
QUINTO. Como medida provisional y urgente, con fundamento en el artículo 7 del
Decreto 2591 de 1991 y en el deber constitucional de evitar la consolidación de
un perjuicio irremediable, se ordene la suspensión inmediata de cualquier
actuación, trámite, diligencia o procedimiento encaminado al cobro, liquidación,
ejecución o exigibilidad de la condena en costas impuesta a la parte actora en las
sentencias cuestionadas, manteniéndose dicha suspensión hasta tanto se
resuelva de fondo la presente acción de tutela y se produzca el restablecimiento
efectivo de los derechos fundamentales vulnerados. [Mayúsculas y negrillas de la
tutela].
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante relató que la Fiscalía General de la Nación lo vinculó como presunto
integrante del grupo delincuencial Los Rastrojos, con fundamento en declaraciones
juradas de exintegrantes y en reconocimientos fotográficos. En el marco de la
investigación, se expidió una orden de captura en su contra, efectuada el 19 de febrero
de 2010 y legalizada el 22 del mismo mes. Posteriormente, el 20 de octubre de 2010 se
profirió resolución de acusación y, mediante sentencia del 18 de agosto de 2011, el
Juzgado Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Tumaco lo condenó por
concierto para delinquir agravado.
Indicó que la situación cambió cuando la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto, en
sentencia del 1 de octubre de 2012, revocó íntegramente la condena, lo absolvió y ordenó
su libertad inmediata. El citado tribunal concluyó que las falencias investigativas
generaban dudas razonables sobre su presunta pertenencia a Los Rastrojos durante
2006 y 2007, por lo que aplicó el principio de in dubio pro reo.
Resaltó que, como consecuencia de la medida de aseguramiento, permaneció privado
de la libertad desde el 19 de febrero de 2010 hasta el 5 de octubre de 2012, es decir, por
más de dos años y siete meses.
Con base en lo anterior, promovió junto con su familia, medio de control de reparación
directa contra la Nación – Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, al considerar
injusta dicha privación de la libertad.
Señaló que el proceso fue conocido en primera instancia por el Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito de Pasto, que mediante sentencia del 2 de agosto de 2019
negó las pretensiones al considerar que, aunque existió un daño, este no era imputable
a las entidades demandadas, comoquiera que la medida adoptada fue con base en los
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elementos probatorios iniciales y que la absolución obedeció únicamente al principio de
in dubio pro reo.
Inconforme con dicha decisión, interpuso recurso de apelación cuestionando la
interpretación de la jurisprudencia, la justificación de la detención con base en pruebas
iniciales, la omisión de análisis sobre las falencias investigativas advertidas por la
jurisdicción penal y la falta de pronunciamiento sobre la responsabilidad estatal o la
eventual conducta de la víctima.
El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia del 6 de octubre de 2025,
notificada el 15 de octubre de 2025, confirmó la decisión de primera instancia. Al respecto,
el accionante mencionó lo siguiente2:
Aunque la providencia reseñó de manera expresa los cargos formulados en la
apelación, el Tribunal afirmó posteriormente que la parte actora no había
controvertido las razones del a quo y concluyó que, tratándose de una absolución
por in dubio pro reo, correspondía aplicar preferentemente el título de imputación
de falla del servicio, sin que fuera procedente analizar la conducta preprocesal del
afectado.
El accionante alegó que la citada providencia vulnera su derecho fundamental al debido
proceso, igualdad, acceso a la justicia y tutela judicial efectiva (arts. 13, 29, 228 y 229 de
la Constitución Política). Al respecto, advirtió lo siguiente3:
El artículo 29 de la Constitución consagra el debido proceso como garantía que
exige, entre otras, la motivación suficiente, razonada y congruente de toda
decisión judicial. El artículo 228 impone la tutela judicial efectiva, que comprende
el derecho a obtener una respuesta integral y efectiva a los argumentos
planteados en el recurso de apelación, sin que puedan ser desestimados mediante
fórmulas generales o respuestas evasivas. El artículo 229 garantiza el acceso
efectivo a la justicia, y el artículo 13 el principio de igualdad en la aplicación del
derecho, que prohíbe al juez apartarse de la aplicación material y caso-concreta
del precedente constitucional.
Sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, el accionante
manifestó que su solicitud de amparo es procedente4:
[…] porque se dirige contra decisiones judiciales que vulneran directamente
derechos fundamentales, sin pretender reabrir un debate de mera legalidad ni
convertir la tutela en tercera instancia. La controversia radica en la insuficiente
motivación, la omisión de valoración de un hecho decisivo (la absolución penal
fundada en deficiencias investigativas) y la aplicación incompleta del precedente
constitucional, lo que desconoció los derechos al debido proceso, a la igualdad en
la aplicación del derecho y al acceso efectivo a la justicia […].
Agregó que cumple con el requisito de inmediatez dado que la tutela fue interpuesta en
un término razonable desde la notificación del fallo de segunda instancia y que la
vulneración persiste, lo que justifica la intervención del juez constitucional. Asimismo,
anotó que también cumple con el requisito de subsidiariedad, comoquiera que la
2 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 03052 00.
3 Ibidem.
4 Ibidem.
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Accionante: Walter Montes Montes
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providencia cuestionada corresponde a un fallo de segunda instancia contra el cual,
según estima, no procede recurso alguno.
A su turno, resaltó la jurisprudencia constitucional, especialmente la Sentencia C-590 de
2005 y las SU-072 de 2018 y SU-363 de 2021, que obligan a examinar de forma concreta
los casos de privación de la libertad seguidos de absolución, incluyendo las fallas
investigativas. Con base en ello, insistió en la procedencia de la tutela, pues, aseguró,
que no busca reabrir el debate legal sino corregir defectos como la falta de motivación, la
omisión en la valoración de un hecho determinante y la aplicación incompleta del
precedente, lo que afecta sus derechos fundamentales.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 21 de abril de 20265 y correspondió por reparto a esta
Sección que, por auto del 23 de abril de 20266 la admitió, se negó la medida provisional
solicitada y se dispuso notificar7 al Tribunal Administrativo de Nariño – Sala Primera de
Decisión y al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pasto; así como, vincular8
a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Fiscalía
General de la Nación y a las señoras María Elena Díaz Salgado, Senery Falon Montes,
Merlys Mestra Montes y Purificación Montes Montes, por tener interés en el resultado del
proceso.
De igual forma, se requirió al Tribunal Administrativo de Nariño y al Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito de Pasto para que allegaran copia digital del expediente
correspondiente al proceso de reparación directa, identificado con radicado núm. 52001
33 33 007 2016 00273 00/01, el cual fue remitido9.
3.2. El magistrado ponente de la sentencia de segunda instancia acusada rindió informe10
en el que, tras reseñar la decisión objeto de tutela, solicitó declarar su improcedencia.
Argumentó que la acción carece de relevancia constitucional, no cumple con el requisito
de inmediatez, al haber transcurrido más de seis (6) meses entre la notificación del fallo
cuestionado y la presentación de la tutela, y tampoco satisface el principio de
subsidiariedad, toda vez que el accionante no acreditó haber agotado el recurso
extraordinario de revisión.
3.3. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pasto allegó escrito11 en el que,
luego de exponer las actuaciones del proceso, solicitó declarar improcedente la acción.
5 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03052 00.
6 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03052 00.
7 Esta orden se cumplió el 27 de abril de 2026. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 03052 00.
8
ibidem
9 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03052 00.
10 Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03052 00.
11 Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
11001 03 15 000 2026 03052 00
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Accionante: Walter Montes Montes
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño – Sala Primera de Decisión y otro
Señaló que no se cumplen los requisitos generales de procedencia excepcional de la
tutela contra providencias judiciales ni se configuran causales específicas. Indicó que su
actuación se ajustó a la competencia y al procedimiento legalmente establecidos y que
la sentencia de primera instancia, proferida el 2 de agosto de 2019, se fundamentó en las
pruebas aportadas, así como en la normativa y jurisprudencia aplicables.
3.4. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial presentó escrito12 en el que solicitó
negar el amparo al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva.
Adicionalmente, sostuvo que no se cumple el requisito de subsidiariedad, dado que el
accionante dispone de otros medios de defensa judicial y no se acredita la existencia de
un perjuicio irremediable.
3.5. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto – Mocoa presentó
escrito13 en el que pidió declarar la improcedencia de la acción, al existir mecanismos
judiciales idóneos previstos por el legislador para controvertir decisiones de los tribunales
administrativos y garantizar la unificación de la interpretación del derecho. Indicó que
dicho mecanismo corresponde al recurso extraordinario de revisión.
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 14 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,15 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202116, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 201917, modificado por el Acuerdo núm. 434 del
10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula
la distribución de procesos entre las secciones.
4.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente18:
4.2.1. El señor Walter Montes Montes, a través de apoderado judicial, presentó demanda
de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación con el fin que se declarara la
responsabilidad patrimonial y administrativa de dichas entidades y, en consecuencia, lo
indemnizaran por los perjuicios ocasionados por la privación de su libertad, la cual se
12 Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
11001 03 15 000 2026 03052 00
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Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
11001 03 15 000 2026 03052 00
14 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
15 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece
las reglas de reparto de la acción de tutela.
16 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
17 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
18 Lo que se desprende del expediente del proceso de reparación directa identificado con radicado núm.
52001 33 33 007 2016 00273 00/01. Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial
del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 03052 00.
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Accionante: Walter Montes Montes
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño – Sala Primera de Decisión y otro
produjo en el marco de una investigación en la que se le vinculó con la organización
delincuencial denominada Los Rastrojos.
4.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito de Pasto que, mediante sentencia del 2 de agosto de 2019 negó las pretensiones.
4.2.3. Inconforme con la decisión anterior, la parte actora interpuso recurso de apelación,
y el Tribunal Administrativo de Nariño en sentencia del 6 de octubre de 2025, la confirmó.
4.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.
Frente a los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, se tiene lo siguiente:
4.3.1. De la inmediatez
La jurisprudencia constitucional ha considerado que, dado que la finalidad de la tutela es
la protección urgente e inmediata de los derechos fundamentales, ésta debe formularse
en un plazo razonable contado a partir del hecho que originó la amenaza o vulneración,
pues aceptar lo contrario desvirtuaría su carácter excepcional.
En este sentido, en la sentencia SU-354 de 2017, la Corte Constitucional destacó que la
importancia de exigir un término razonable entre la notificación de la providencia que se
controvierte y la interposición de la acción de tutela, radica en que dicho requisito: “(…)
(i) garantiza una protección urgente de los derechos fundamentales presuntamente
amenazados o vulnerados; (ii) evita una lesión desproporcionada a atribuciones jurídicas
de terceros; (iii) resguarda la seguridad jurídica; y (iv) desestima las solicitudes
negligentes (…)”.
La citada Corporación estableció dos eventos en los que es posible valorar la
admisibilidad de una acción de tutela presentada luego de que hubiese transcurrido un
largo período respecto de la vulneración o amenaza de derechos: (i) cuando se
demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho
que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la
situación es continua y actual; y (ii) cuando la especial situación de aquella persona a
quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales, hace desproporcionado el hecho
de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo, el estado de indefensión,
interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros19.
La razonabilidad del plazo debe ser valorada en cada caso concreto, teniendo en cuenta,
entre otros, los siguientes criterios: (i) si existe un motivo válido para la inactividad del
accionante; (ii) si la inactividad injustificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados, y (iv) si el
fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de
19 Sentencia T-584 de 2011.
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Accionante: Walter Montes Montes
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño – Sala Primera de Decisión y otro
los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha
de interposición20.
De manera similar, la Corte Constitucional, en la sentencia SU - 069 del 21 de junio de
2018, explicó lo siguiente:
[…] la tutela debe interponerse dentro de un término oportuno y razonable, es
decir, en un momento cercano a aquel en que se presentó la vulneración o
amenaza. No obstante, también ha considerado que en los eventos donde la
afectación permanece en el tiempo el requisito debe flexibilizarse no solo porque
la posición desfavorable es continua y actual, sino por la situación de debilidad en
que puede hallarse el accionante […].
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia del
5 de agosto de 2014, unificó su jurisprudencia21 y, en cuanto al requisito de inmediatez,
estableció que «(…) la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses,
contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para
determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente
(…)». [Negrillas del texto].
Así entonces, en los casos que se controvierten providencias judiciales, por regla general,
la acción se debe interponer dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de
la providencia que se cuestiona, teniendo en cuenta la naturaleza del acto jurisdiccional,
los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y
extraordinarios y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y
estabilidad, plazo que deberá ser analizado en cada caso particular, tomando en
consideración las circunstancias especiales de modo, tiempo y lugar en que se encuentre
el accionante.
En el asunto bajo examen, el accionante cuestiona la providencia proferida el 6 de octubre
de 2025 por el Tribunal Administrativo Nariño – Sala Primera de Decisión que confirmó
la dictada el 2 de agosto de 2019 por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito
de Pasto, que negó las pretensiones en el proceso de reparación directa identificado con
el radicado núm. 52001 33 33 007 2016 00273 00/01.
En ese sentido, y, comoquiera que la providencia del 6 de octubre de 2025 fue notificada
el 15 de octubre de 202522 tanto al correo electrónico del demandante, hoy accionante,
como al de su apoderado en el proceso contencioso, y la presente acción de tutela fue
radicada el 21 de abril de 202623, se desprende que la solicitud de amparo no cumple
con el requisito de la inmediatez, dado que fue promovida luego de transcurridos más de
seis meses de notificada la providencia cuestionada.
Adicional a lo anterior, la Sala observa que la parte accionante no ofreció ningún motivo
que justifique su inactividad en la interposición de la acción en un término prudencial, ni
se advierte, prima facie, que se encuentre en condiciones de debilidad manifiesta, por
20 Sentencias T-648 de 2003, T-322 de 2008, T-581 de 2012, entre otras.
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014.
M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Rad.:11001 03 15 000 2012 02201 01.
22 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 52001
33 33 007 2016 00273 01.
23 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03052 00.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001 03 15 000 2026 03052 00
Accionante: Walter Montes Montes
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño – Sala Primera de Decisión y otro
consiguiente, no se evidencia alguna circunstancia que valide la interposición tardía de
la presente tutela.
4.3.2. De la subsidiariedad
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela solo procede
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
A su vez, el artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispuso que «la acción de tutela no
procederá: cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante».
Por lo tanto, esta acción tiene como característica la subsidiariedad, en la medida que
solo resulta procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable.
La Corte Constitucional ha explicado que el requisito general de subsidiariedad envuelve
tres eventos que conducen a la improcedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial: (i) cuando el asunto está trámite; (ii) en el evento en que no se han agotado los
medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios, y (iii) si se usa para revivir etapas
procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento
jurídico.
No obstante, el Tribunal Constitucional ha establecido dos excepciones al principio de
subsidiariedad de la acción de tutela: (i) cuando el mecanismo ordinario de defensa no
es idóneo ni eficaz para la protección inmediata de los derechos fundamentales, y (ii)
cuando se pretende evitar la configuración de perjuicio irremediable, el cual debe
acreditarse que cumple con las características de ser inminente y grave, que requiere de
la adopción de medidas de carácter urgente para superar el daño y, por lo tanto, que la
protección constitucional es impostergable .
En el asunto bajo examen, la Sala observa que la inconformidad planteada por la parte
accionante se dirige, en esencia, a cuestionar la sentencia de segunda instancia proferida
por el Tribunal Administrativo de Nariño, al estimar que esta no efectuó un estudio integral
del recurso de apelación, lo que implicaría ir en contra del principio de congruencia; y
careció de motivación suficiente respecto de la imputación o no del daño antijurídico,
razón por la cual pretende que se deje sin efectos la decisión adoptada y se ordene la
emisión de una nueva providencia.
No obstante, frente a tales reparos, la Sala advierte que el accionante contaba con un
mecanismo judicial ordinario de defensa idóneo y eficaz para controvertir la decisión
judicial censurada, esto es, el recurso extraordinario de revisión, previsto para cuestionar
providencias ejecutoriadas en los estrictos eventos definidos por el legislador, medio de
control que no fue promovido por el actor, pese a encontrarse a su disposición,
particularmente porque los cuestionamientos del actor podrían enmarcarse en la causal
de revisión relacionada con la nulidad de la sentencia.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 03052 00
Accionante: Walter Montes Montes
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño – Sala Primera de Decisión y otro
Al respecto, esta Corporación24 ha señalado que la nulidad originada en la sentencia
como causal para la procedencia del recurso extraordinario de revisión se configura, entre
otros eventos, cuando se pretermite una instancia, y ello acontece en tres escenarios: a.
se emite sentencia sin motivación, b. se viola el principio de la non reformatio in pejus, y
c. se profiere sentencia condenatoria contra un tercero que no fue vinculado al proceso.
Es de anotar que, en relación con la causal de decisión sin motivación, la Sección Quinta
de esta Corporación ha declarado improcedente la acción de tutela cuando la parte actora
alega que la providencia controvertida incurrió en el defecto de falta de motivación. Al
respecto, la citada Sección en el fallo de tutela del 12 de agosto de 202125 explicó que la
acción de tutela es improcedente comoquiera que la ausencia de motivación del fallo bien
sea total o parcial se enmarca en la causal de nulidad originada en la sentencia que da
lugar a la procedencia del recurso extraordinario de revisión.
A su vez, la Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 12
de diciembre de 202226 señaló que la causal de nulidad originada en la sentencia se ha
extendido a la violación del debido proceso en los términos del artículo 29 de la
Constitución Política y, dentro de ese marco, la jurisprudencia se ha ocupado de
identificar variados vicios que darían lugar a su configuración27, tales como: (i) haberse
dictado con sustento, únicamente, en una prueba obtenida con violación al debido
proceso, (ii) haberse dictado fallo condenatorio contra una persona que no fue vinculada
al proceso, (iii) proferir una sentencia sin motivarla, (iv) dictar un fallo inhibitorio
injustificado y, (v) faltar al principio de congruencia, entre otros.
Frente al principio de congruencia, la Corporación ha explicado que la congruencia se
entiende como el deber legal que tienen los funcionarios judiciales al emitir sus decisiones
de no incurrir en fallos ultrapetita, extrapetita o minuspetita; además, la congruencia, se
puede calificar en congruencia externa, que implica que el fallo debe estar en armonía
con lo pedido y alegado tanto por la parte demandante como por la parte demandada, y
en congruencia interna, que es la coherencia que ha de existir entre lo dispuesto en la
parte resolutiva y lo argüido en la parte motiva de la providencia28.
En ese orden, el requisito de subsidiariedad no se encuentra satisfecho, pues la acción
de tutela no puede erigirse en un mecanismo alternativo o sustitutivo de los instrumentos
procesales ordinarios y extraordinarios establecidos por el ordenamiento jurídico para
controvertir decisiones judiciales, menos aun cuando el interesado omitió ejercerlos sin
que se advierta justificación alguna que permita relevar dicha carga procesal. Así las
cosas, al existir un medio de defensa judicial que el accionante tenía a su alcance y del
cual no hizo uso oportunamente, la presente solicitud de amparo deviene improcedente.
Por lo anterior, y sin necesidad de abordar otras consideraciones de fondo, la Sala
declarará improcedente la acción de tutela por incumplimiento de los requisitos generales
de inmediatez y subsidiariedad.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
de 19 de marzo de 2020, radicación número 11001-03-25-000-2013-00034-00 (0089-13), C.P. Rafael
Francisco Suárez Vargas.
25 Expediente nro. 11001 0315 000 2021 00354 01. C.P.Carlos Enrique Moreno Rubio.
26Expediente nro. 11001-03-26-000-2019-00185-00. C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
27 Al respecto ver: Consejo de Estado – Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veinticinco
Especial de Decisión, sentencia del 20 de agosto 2021, expediente 11001-03-15-000-2020-02925-01.
28 Ibidem.
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Accionante: Walter Montes Montes
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño – Sala Primera de Decisión y otro
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el señor
Walter Montes Montes, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 28 de
mayo de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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