Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03052-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03052-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03052-01
Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora
29 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Bogotá, D. C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03052-01
Accionante: WALTER MONTES MONTES
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela / Declara improcedente contra providencia judicial porque
no cumple con la exigencia de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
1. Se confirmará la sentencia proferida el 28 de mayo de 2026 por la Sección
Primera de esta Corporación, que declaró improcedente la acción de tutela; sin
embargo, se modificará su fundamento para precisar que la improcedencia deviene
de la falta de relevancia constitucional del asunto, al pretender utilizar la tutela como
una tercera instancia.
II. ANTECEDENTES
La demanda
2. El 21 de abril de 2026, el señor Walter Montes Montes, a través de apoderado
judicial, presentó acción de tutela para la protección de los derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia. Atribuyó
la vulneración a las sentencias dictadas el 2 de agosto de 2019 y 6 de octubre de
2025, respectivamente, por el Juzgado Séptimo Administrativo de Pasto y la Sala
Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño, que negaron las
pretensiones de la demanda de reparación directa tramitada bajo el radicado 52001-
33-33-007-2016-00273-00/01.
Hechos relevantes
3. La Fiscalía General de la Nación señaló al señor Walter Montes Montes como
presunto integrante de la banda “Los Rastrojos” en el municipio de Barbacoas –
Nariño, con fundamento en declaraciones de exintegrantes y reconocimientos
fotográficos. El señor Montes Montes fue capturado el 19 de febrero de 2010. El 20
de octubre del mismo año, la Fiscalía lo acusó y, posteriormente, el 18 de agosto
de 2011, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Tumaco
lo condenó en primera instancia por el delito de concierto para delinquir agravado.
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Accionante: Walter Montes Montes
4. La Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto, mediante sentencia del 1 de
octubre de 2012, revocó la condena y absolvió al procesado por la deficiencia
investigativa realizada por la Fiscalía ya que generó incertidumbre frente a su
permanencia en el municipio de Barbacoas y su militancia en la banda criminal en
2006 – 2007, lapso en que se realizaron las supuestas actividades ilícitas
imputadas, aplicando así el principio de in dubio pro reo1.
5. Como consecuencia de la absolución, el señor Montes Montes recuperó su
libertad el 5 de octubre de 2012, tras permanecer privado de ella durante dos años
y siete meses.
6. Por lo anterior, el 10 de diciembre de 2014 instauró demanda de reparación
directa contra la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial. La demanda se
repartió al Juzgado Séptimo Administrativo de Pasto bajo el radicado 52001-33-33-
007-2016-00273-00, quien realizó un análisis bajo el régimen subjetivo de
responsabilidad, conforme a la evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado
y la Corte Constitucional2, por lo que negó las pretensiones de la demanda al
determinar que, si bien se configuró un daño, la medida de aseguramiento cumplió
con los parámetros legalmente establecidos, además en el momento procesal en
que esta fue ordenada, la restricción de la libertad fue necesaria, adecuada,
proporcional y razonable. Por otro lado, condenó en costas a la parte activa.
7. El accionante presentó recurso de apelación. Sostuvo que debía aplicarse la
normativa y jurisprudencia de responsabilidad objetiva vigente al momento de la
presentación de la demanda. De igual manera, contrario con lo expresado por el
juez de primera instancia, sí se configuró un daño antijurídico pues, según el fallo
penal, existieron deficiencias investigativas por parte de la Fiscalía que impidieron
desvirtuar con certeza su presunción de inocencia. Asimismo, omitió analizar el
cumplimiento del dolo o la culpa grave de la víctima que motivara la investigación y
la medida de aseguramiento para configurar la culpa exclusiva de la víctima.
Finalmente, alegó que la absolución por in dubio pro reo eximía al procesado de
demostrar su inocencia en la sede contenciosa y manifestó su inconformidad con la
condena en costas.
8. La Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño, en sentencia
del 6 de octubre de 2025, confirmó el fallo de primera instancia. Indicó que los
cambios de las posturas jurisprudenciales de las sentencias de unificación se
aplican en todos los casos pendientes de decisión en vía judicial y administrativa. A
su vez, de conformidad con la jurisprudencia3, no existe un régimen de
responsabilidad específico para analizar los eventos de privación injusta de la
libertad, por lo que el juez debe subsumir el caso concreto en el régimen de
responsabilidad pertinente.
1 Principio del derecho penal que exige favorecer al acusado cuando existe duda sobre su
culpabilidad.
2 Corte Constitucional, Sentencia SU-072 de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas; y Consejo
de Estado, Sección Tercera, Sentencia de Unificación del 15 de agosto de 2018, Rad. 66001-23-31-
000-2010-00235-01, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
3 Corte Constitucional, Sentencia, SU-072 de 2018 y SU-363 de 2021.
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Accionante: Walter Montes Montes
9. Asimismo, aclaró que cuando la absolución penal se decreta en aplicación del
principio in dubio pro reo, el asunto debe analizarse bajo el régimen subjetivo de
falla del servicio, correspondiéndole a la parte actora la carga de demostrar la
arbitrariedad de la medida cautelar. Además, la Corte Constitucional4 indicó que la
conducta desplegada por la víctima constituye una causal de exoneración de
responsabilidad del Estado cuando los comportamientos dolosos o gravemente
culposos se presentan dentro de la actuación penal, sin que sea procedente analizar
la conducta que originó la investigación, pues ello recae sobre la autoridad penal.
10. Finalmente, la condena en costas corresponde a un factor objetivo que se
impone a la parte vencida.
Pretensiones
11. El accionante solicitó que se amparen sus derechos fundamentales, se deje sin
efectos la sentencia del 6 de octubre de 2025, y se ordene proferir una nueva
decisión en la que se estudie de manera íntegra y efectiva el recurso de apelación,
se valore expresa y razonablemente los hechos y pruebas del proceso penal y se
motive suficientemente la imputación del daño antijurídico.
12. También pidió que, si el juez constitucional considera necesario, se deje sin
efectos la sentencia del 2 de agosto de 2019.
Fundamentos de la demanda de tutela
13. Luego de referir que la acción de tutela cumple todos los requisitos generales
de procedibilidad para efectos de cuestionar una providencia judicial, señaló que la
sentencia del 6 de octubre de 2025 adolece de los siguientes defectos: (i) falta de
motivación, (ii) fáctico por omisión de valoración de un hecho decisivo – la
absolución penal fundada en deficiencias investigativas, y (iii) defecto sustantivo por
aplicación irrazonable o incompleta del precedente.
14. Citó las sentencias SU-072 de 2018 y SU-363 de 2021 para argumentar que, en
casos de absolución por in dubio pro reo, el juez contencioso-administrativo tiene el
deber de hacer un examen material, caso por caso, de la imputación bajo el régimen
de falla del servicio. El accionante señala que el juez no debe usar este precedente
como una regla automática de rechazo ni omitir las deficiencias investigativas
reconocidas por la justicia penal.
Trámite en primera instancia
15. Mediante auto del 23 de abril de 20265, el despacho sustanciador del proceso
admitió la acción de tutela contra el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de
Pasto y la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño, vinculó
como terceros con interés a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
4 Corte Constitucional, Sentencia SU-363 de 2021.
5 SAMAI, índice 4 del expediente de tutela de primera instancia.
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Accionante: Walter Montes Montes
Administración Judicial y a la Fiscalía General de la Nación, así como a las señoras
María Elena Díaz Salgado, Senery Falon Montes, Merlys Mestra Montes y
Purificación Montes Montes. De igual forma, negó la medida provisional solicitada.
Intervenciones
16. El Juzgado Séptimo Administrativo de Pasto6 manifestó que la sentencia de
primera instancia se adoptó con fundamento en las pruebas allegadas al proceso y
la normativa y jurisprudencia aplicable sobre la materia, por lo tanto, solicitó que se
declare improcedente al no haberse vulnerado los derechos fundamentales
invocados. A su vez, allegó copia digitalizada del expediente del proceso de
reparación directa con radicado 52001-33-33-007-2016-00273-00/01.
17. La Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño7, a
través del magistrado ponente de la decisión cuestionada, adujo que en la
providencia censurada se expusieron los fundamentos jurídicos, jurisprudenciales y
probatorios atendidos al resolver cada uno de los cargos planteados en la apelación.
18. Asimismo, sostuvo que la tutela carece de relevancia constitucional ya que
pretende emplearse como una instancia procesal adicional para revisar cuestiones
de legalidad o de apreciación judicial que no comprometen derechos
fundamentales.
19. De igual forma, no se cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que, entre
la fecha de notificación del fallo y la interposición de la acción de tutela se excedió
el término de seis meses fijado para acudir al amparo, sin que el accionante
justificara alguna circunstancia especial que permitiera flexibilizar dicho requisito.
Finalmente, tampoco se satisface el presupuesto de subsidiariedad pues no agotó
el recurso extraordinario de revisión.
20. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto – Mocoa8, a
través de apoderado judicial, solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo
por incumplimiento del requisito de subsidiariedad debido a que el accionante
pretende obtener un nuevo fallo de reemplazo de la sentencia cuestionada, función
que corresponde al recurso extraordinario de revisión, siendo este el mecanismo
idóneo al cual debió acudir.
21. A su vez, la sentencia de segunda instancia es legal y jurisprudencialmente
correcta y goza de un análisis que encaja con el precedente jurisprudencial del
Consejo de Estado sobre privaciones de la libertad.
22. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial9 indicó que no se
vulneraron las garantías fundamentales del accionante ni se cumple con el requisito
6 SAMAI, índices 13 y 17 del expediente de tutela de primera instancia.
7 SAMAI, índice 14 del expediente de tutela de primera instancia.
8 SAMAI, índice 16 del expediente de tutela de primera instancia.
9 SAMAI, índice 18 del expediente de tutela de primera instancia.
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Accionante: Walter Montes Montes
de subsidiariedad ya que existen otros mecanismos judiciales para su defensa y no
acreditó la existencia de un perjuicio irremediable. Finalmente solicitó negar el
amparo al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva.
Sentencia de primera instancia
23. No se satisfizo el requisito general de procedibilidad de inmediatez porque la
providencia reprochada fue notificada el 15 de octubre de 2025 y la acción de tutela
se presentó el 21 de abril de 2026, esto es, transcurridos más de los 6 meses fijados
por la jurisprudencia. Además, el accionante no ofreció justificación alguna sobre su
inactividad ni se advirtió, a primera vista, que se encontrara en condiciones de
debilidad manifiesta que permitiera flexibilizar dicho plazo.
24. Por otro lado, el accionante acusó la sentencia del Tribunal de no haber
efectuado un estudio integral del recurso de apelación, lo que implicaría ir en contra
del principio de congruencia e incurrir en una falta de motivación respecto a la
imputación o no del daño antijurídico, pretendiendo que se deje sin efectos para
emitir un nuevo fallo.
25. Dichos reproches evidencian la inobservancia de la subsidiariedad, pues el
accionante contaba con el recurso extraordinario de revisión bajo la causal de
nulidad originada en la sentencia – mecanismo idóneo desarrollado por la
jurisprudencia del Consejo de Estado para alegar y corregir vicios de motivación y
congruencia, el cual omitió agotar.
Impugnación
26. El accionante adujo que el juez constitucional de primera instancia realizó una
interpretación restrictiva de los requisitos de inmediatez y subsidiariedad,
impidiendo el examen de fondo de las vulneraciones alegadas.
27. Frente a la inmediatez, sostuvo que la tutela no está sujeta a un término de
caducidad y que este presupuesto no puede aplicarse como una barrera temporal
automática, sino que exige valorar si el tiempo transcurrido resulta razonable a la
luz de las circunstancias específicas del caso. En cuanto a la subsidiariedad, afirmó
que no basta la mera existencia formal de otro mecanismo judicial, sino que debe
analizarse su idoneidad y eficacia para proteger los derechos fundamentales
comprometidos, examen que no se realizó; además, criticó que el fallo de
fundamento en una simple posibilidad de procedencia del recurso extraordinario, sin
que existiera certeza sobre ello.
28. En consecuencia, solicitó revocar la decisión de primera instancia y realizar un
examen de fondo que garantice el acceso efectivo a la administración de justicia y
la protección de sus derechos fundamentales.
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Accionante: Walter Montes Montes
III. CONSIDERACIONES
Competencia
29. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en los artículos 29 y 37 del
Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de
2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).
Problema jurídico y metodología de la decisión
30. Corresponde a la Subsección determinar si confirma, modifica o revoca la
sentencia del 28 de mayo de 2026, proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado, que declaró la improcedente la acción de tutela por incumplimiento de los
requisitos de subsidiariedad e inmediatez.
31. Para ello, verificará si la acción cumple los requisitos de procedibilidad y, de ser
así, si las autoridades judiciales accionadas vulneraron los derechos fundamentales
del accionante.
Requisitos generales de procedibilidad
32. Legitimación en la causa. El señor Walter Montes Montes se encuentra
legitimado para interponer la acción de tutela porque es el titular de los derechos
fundamentales que considera vulnerados. Es el demandante en el proceso de
reparación directa con radicado 52001-33-33-007-2016-00273-00/01 que terminó
con la decisión cuestionada.
33. El requisito de legitimación en la causa por pasiva también se cumple porque el
Tribunal Administrativo de Nariño y el Juzgado Séptimo Administrativo de Pasto
fueron las autoridades judiciales que profirieron las providencias a las que se les
atribuye la vulneración de los derechos fundamentales.
34. Inmediatez. Se refiere a que la acción de tutela debe presentarse dentro de un
plazo razonable, oportuno y justo10. Su razón de ser es la protección inmediata y
urgente de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados11. En tal sentido,
la regla de inmediatez se encuentra orientada a la protección de la seguridad jurídica
y los intereses de terceros12.
35. La Corte Constitucional ha indicado que si bien el mecanismo constitucional no
tiene un término de caducidad legalmente establecido13, debe interponerse en un
plazo oportuno, so pena de desnaturalizar su carácter de medio urgente y
10 Sentencias T-834 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández y T-887 de 2009. M.P. Mauricio
González Cuervo
11 Sentencia T-246 de 2015. M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
12 Sentencia T-662 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
13 Sentencias T-038 de 2017 y T-473 de 2024.
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Accionante: Walter Montes Montes
excepcional de protección constitucional. Por lo anterior, esta Corporación ha
señalado que se entiende como plazo oportuno aquel en el que la tutela se presenta
dentro de los seis meses siguientes a que se profiera la decisión.
36. Si bien la regla general para contabilizar el término de inmediatez parte desde
la notificación de la providencia, la Corporación ha sostenido que este plazo puede
flexibilizarse para computarlo a partir de su ejecutoria, momento en el cual la
decisión cobra firmeza y produce efectos jurídicos plenos.
37. En el caso concreto, la sentencia del Tribunal Administrativo de Nariño se
notificó vía correo electrónico el miércoles 15 de octubre de 2025, entendiéndose
surtida el viernes 17 de octubre (artículo 205 del CPACA). Por tanto, los tres días
de ejecutoria transcurrieron entre el lunes 20 y el miércoles 22 de octubre de 2025
(artículo 302 del CGP). Comoquiera que la presente acción de tutela fue interpuesta
el 21 de abril de 2026, el accionante la radicó dentro del término de los seis meses
posteriores a la ejecutoria de la decisión cuestionada.
38. En consecuencia, el accionante presentó la acción de tutela dentro de un lapso
temporal razonable, por lo que se da por superado el requisito general de
procedibilidad de la inmediatez.
39. Relevancia constitucional. La acción de tutela no es una instancia adicional
para discutir aspectos económicos, de mera legalidad o la interpretación legítima de
los jueces naturales14. Este mecanismo solo procede cuando afloran serias dudas
sobre la arbitrariedad, capricho o irracionalidad de una decisión judicial. Por lo
anterior, el actor debe cumplir una carga argumentativa mínima, consistente en la
justificación suficiente de la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales. No basta simplemente aducir tal vulneración.
40. De entrada, la Sala advierte que, si bien el accionante identificó los defectos
que, en su criterio, afectaban la providencia cuestionada, no desarrolló una
argumentación suficiente que permitiera evidenciar de qué manera concreta se
configuraban tales causales específicas de procedencia contra providencias
judiciales.
41. Ahora, podría interpretarse de forma amplísima la demanda de tutela y la
impugnación, siendo posible inferir que el accionante acusó a la Sala de Decisión
Primera del Tribunal Administrativo de Nariño de no atender el recurso de apelación,
además de aplicar las sentencias SU-072 de 2018 y SU-363 de 2021 como una
regla automática de rechazo y omitir las deficiencias investigativas reconocidas por
la justicia penal.
14 En la sentencia T-352 de 2025, la Corte Constitucional determinó que el requisito de relevancia
constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de las
autoridades judiciales de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por lo tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad, (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a disputas vinculadas con la afectación de los derechos fundamentales e (iii) impedir
que esta acción se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de
los jueces.
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Accionante: Walter Montes Montes
42. Sin embargo, se evidenció que los cargos de apelación fueron atendidos en su
totalidad por la autoridad demandada, por lo que la presente acción de tutela busca
surtirse como una tercera instancia para reabrir un debate legal que fue
debidamente resuelto en la jurisdicción contenciosa.
43. En la sentencia recurrida, el Tribunal parte por indicar que se encontró
demostrado el daño reclamado pues el señor Montes Montes estuvo privado de la
libertad desde el 19 de febrero de 2010 al 5 de octubre de 2012. Sin embargo,
realizó las siguientes precisiones:
44. Los cambios jurisprudenciales de las sentencias de unificación aplican a todos
los casos pendientes de decisión en vía judicial y administrativa; asimismo en el
análisis de responsabilidad estatal debe identificarse el daño; establecer si este es
imputable bajo un régimen subjetivo y objetivo; la entidad responsable; si hubo culpa
de la víctima como causal de excluyente de responsabilidad; y liquidar los perjuicios
en caso de condena. También señaló que en los casos de privación injusta de la
libertad no existe un título específico de imputación por lo que le corresponde al juez
subsumir el caso concreto en el régimen que considere pertinente, sin embargo, la
falla de servicio es el título de imputación preferente.
45. A su vez, el hecho de haberse proferido una decisión preclusiva o absolutoria
en un proceso penal no conlleva necesariamente a la obligación resarcitoria del
Estado ya que la medida cautelar no tiene carácter sancionatorio sino preventivo y
corresponde al juez administrativo analizar si dicha restricción fue inapropiada,
irrazonable, desproporcionada o arbitraria.
46. También adujo que la conducta dolosa o gravemente culposa desplegada por la
víctima dentro del proceso penal es constitutiva de una causal que exonera de
responsabilidad al Estado. Por último, la condena en costas es un resultado de
haber sido vencido en el proceso o recurso interpuesto y no es consecuencia de un
obrar temerario o de mala fe.
47. Una vez expuesto lo anterior, atendió cada uno de los reparos del accionante
de la siguiente manera:
48. Aplicación de la jurisprudencia en el tiempo: estableció que si bien al
momento de presentar la demanda se aplicaba un régimen objetivo de
responsabilidad cuando el detenido obtenía una decisión absolutoria a su favor, la
tesis fue replanteada por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Ahora,
dada la retrospectividad de las sentencias de unificación, le corresponde al juez del
medio de control de reparación directa establecer cuál era el régimen de
responsabilidad, siendo objetivo cuando el hecho no existió o por atipicidad objetiva
de la conducta.
49. Régimen aplicable: Por lo anterior, el caso concreto se analizó por el régimen
subjetivo de responsabilidad, bajo el título de falla del servicio pues su absolución
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no fue por inexistencia del hecho o atipicidad objetiva sino por la imposibilidad de
desvirtuar la presunción de inocencia del procesado y en aplicación del principio de
in dubio pro reo, por esta razón, le correspondía al accionante controvertir las
razones expuestas en la decisión de primer grado que conllevaron a determinar que
la medida se encontraba ajustada a derecho, no obstante, dicha carga no se
atendió.
50. Conducta dolosa o gravemente culposa como eximente de
responsabilidad: son aquellas en las que incurre y que tienen como propósito
entorpecer la actuación penal, más no puede entenderse que tales conductas
puedan analizarse por el juez de lo contencioso administrativo respecto de las
actuaciones objeto de investigación y juzgamiento, pues tal valoración es exclusiva
del juez natural penal.
51. Por ello no le corresponde al juez en sede de reparación determinar si el
accionante desplegó una conducta dolosa o gravemente culposa que motivara la
investigación y el decreto de la medida de aseguramiento, como lo afirmó el señor
Montes Montes, pues dicho análisis le correspondía a la autoridad penal, so pena
de vulnerar los principios de cosa juzgada, juez natural y presunción de inocencia.
52. Condena en costas: la normativa prevé que la condena en costas deviene en
contra de quien resulta vencido en el proceso, sin que dependa del obrar temerario,
de mala fe o de la culpa que se le pueda endilgar al extremo de la litis y que resultó
condenado en el proceso.
53. En conclusión, la Sala de Decisión accionada atendió los puntos reprochados
en el recurso de apelación. De ahí que las pretensiones de la tutela no responden
a una vulneración de los derechos fundamentales ni a un vicio en la motivación, sino
a una simple discrepancia del actor con la valoración jurídica adoptada por su juez
natural, lo que conduce a la improcedencia del amparo pues el accionante busca en
realidad convertir la acción constitucional en una tercera instancia.
54. Por esta razón, el caso carece de relevancia constitucional, lo que impide al juez
de tutela intervenir en las decisiones que son propias de la autonomía del juez del
caso.
55. Subsidiariedad. Al respecto, la Sala precisa que, si bien en primera instancia
se declaró la improcedencia del amparo por no haberse agotado el recurso
extraordinario de revisión, lo cierto es que, frente a los reproches consistentes en la
supuesta omisión de estudio de los argumentos de la apelación, el mecanismo
idóneo en la vía ordinaria correspondía a la solicitud de adición de la providencia
previsto en el artículo 287 del Código General del Proceso. Sin embargo, al
constatarse que el Tribunal sí resolvió la totalidad de los cargos de la apelación, no
se está ante una omisión formal ni un déficit de subsidiariedad, sino ante un
desacuerdo con lo decidido.
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Accionante: Walter Montes Montes
56. Conforme a lo expuesto, la Sala confirmará el fallo impugnado, que declaró
improcedente la acción de tutela, pero por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 28 de mayo de 2026, proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los interesados por el medio más expedito,
de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Aclaración de voto
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
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