Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03055-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03055-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-03055-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
11 de junio de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03055-00
Demandante: Nixon Granados González
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D.C., 11 de junio de 2026
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03055-00
Demandante: NIXON GRANADOS GONZÁLEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
Temas: Mora judicial en proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Carencia actual de objeto por hecho superado
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Nixon Granados González
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 21 de abril de 2026, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderada,
el señor Nixon Granados González pidió la protección de su derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la mora judicial en
el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho Nro.
25000234200020170368000 por no haber adoptado ninguna decisión desde que las
partes presentaron alegatos de conclusión.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
1. AMPARAR el derecho fundamental al acceso efectivo a la administración de justicia del señor NIXON
GRANADOS GONZÁLEZ.
2. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección Mixta Oral,
que dentro de un término perentorio no superior a diez (10) días hábiles contados a partir de la
notificación del fallo de tutela:
Profiera sentencia de mérito dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado
bajo el número 2017-03680, instaurado por Nixon Granados González en contra de la Nación –
Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y otros; o
subsidiariamente,
Informe a las partes, de manera motivada, el estado procesal actual del expediente y las razones
objetivas que han impedido el proferimiento de la decisión de fondo.
3. Hechos
Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
El 1 de agosto de 2017, el señor Nixon Granados González presentó demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional
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Demandante: Nixon Granados González
– Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Bogotá D.C. – Secretaría de
Educación y Fiduciaria la Previsora con el objeto de que se declarara la nulidad de la
resolución No. 6103 dely,29 de octubre de 2013 proferida por la Secretaría de Educación
de Bogotá que denegó la pensión de sobrevivientes causada por su compañera
permanente Myriam Jeanet Rodríguez y en consecuencia, se le reconociera y pagara de
forma retroactiva dicha prestación.
El conocimiento de la demanda correspondió al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, bajo el radicado
25000234200020170368000, que por auto de 14 de diciembre de 2018 la admitió.
Una vez surtido el trámite de notificaciones, por auto de 9 de diciembre de 2019 el
despacho de conocimiento fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial que se celebró
el 14 de febrero de 2020.
Por auto de 17 de abril de 2022 se solicitó informar el correo electrónico de las testigos
para recibir su declaración virtual y mediante proveído de 27 de abril de 2023, se fijó
como fecha para llevar a cabo la audiencia de testimonios el 15 de agosto de 2023.
Mediante escritos radicados en Samai el día 24 de agosto de 2023, las partes presentaron
alegatos de conclusión, por lo que el 30 de agosto de 2023, el expediente ingresó al
despacho con dichos memoriales.
A través de escritos radicados los días 20 de octubre de 2025 y 2 de marzo de 2026, la
parte demandante presentó memoriales de impulso procesal para que se adelantaran las
actuaciones tendientes a efectos de proferir sentencia.
4. Fundamentos de la acción de tutela
El accionante afirmó que la conducta omisiva del tribunal al no proferir sentencia de mérito
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho vulnera su derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia, pues ha transcurrido más de 30
meses desde la presentación de alegatos de conclusión sin que la autoridad accionada
haya emitido alguna decisión de fondo.
5. Trámite procesal
Por auto del 24 de abril de 2026, el despacho sustanciador admitió la demanda y, entre
otras cosas, ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, al ministro de Educación, al
representante legal de la Fiduciaria la Previsora S.A. en calidad de administradora y
vocera del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG y al
secretario de Educación de Bogotá́ , quienes integran la parte demandada del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000234200020170368000.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 28 de abril de
2026.
6. Intervenciones
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, a
través de correo electrónico enviado por la auxiliar judicial, el 4 de junio de 2026 informó
que la sentencia proferida dentro del proceso 25000234200020170368000 había sido
notificada en esa misma data.
El Ministerio de Educación Nacional adujo su falta de legitimación en la causa por
pasiva y solicitó su desvinculación de la acción de tutela.
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La Secretaría de Educación de Bogotá, el Fondo Nacional de Prestaciones Social
del Magisterio y la Fiduciaria la Previsora S.A. no rindieron informe pese a haber sido
notificados en debida forma de la acción de tutela1.
II. CONSIDERACIONES
1. Cuestión preliminar. Legitimación en la causa por pasiva
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).
La Corte Constitucional2 ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede
de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción
de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, cuando ésta resulte demostrada.
En el presente asunto, el Ministerio de Educación Nacional solicitó su desvinculación de
la acción por no tener legitimación en la causa por pasiva para atender las pretensiones
de la acción de tutela.
La Sala advierte que dicha entidad fue vinculada al trámite de tutela como tercero con
interés, mas no como demandado. La vinculación no obedeció a que las pretensiones de
tutela estén dirigidas en su contra, sino porque el Ministerio de Educación Nacional funge
como parte demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No.
25000234200020170368000 y, por lo tanto, podría resultar afectado con la sentencia que
se dicte en este asunto constitucional.
En consecuencia, la Sala denegará su desvinculación en la parte resolutiva de esta
providencia.
2. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por el señor
Nixon Granados González para la protección de su derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia presuntamente vulnerado por la autoridad judicial demandada
al incurrir en mora judicial en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho 25000234200020170368000 al no haber proferido sentencia de primera
instancia pese a haber transcurrido más de 30 meses desde la presentación de los
alegatos de conclusión.
La Sala anticipa que declarará la carencia actual de objeto por hecho superado toda vez
que, durante el trámite de la acción de tutela, la autoridad accionada profirió sentencia
de primera instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
25000234200020170368000.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a: i) generalidades de la acción de tutela,
(ii) sobre la mora judicial (iii) la carencia actual de objeto y (iv) análisis del caso concreto.
1
Mediante comunicación enviada a los correos electrónicosnotificacionesjudiciales@secretariajuridica.gov.co,
notificacionestutelas@educacionbogota.edu.co, notjudicial@fiduprevisora.com.co,
tutelas_fomag@fiduprevisora.com.co, notjudicial@fiduprevisora.com.co, respectivamente.
2 Sentencia T- 1051 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Reiterada en la sentencia T-278 de 2018, M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado.
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3. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada
por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas las personas
reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales que sean
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de los
particulares, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.
La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso,
el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho fundamental
vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá determinar si
existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los argumentos que
proponga la parte demandante.
4. Sobre la mora judicial
La mora judicial, entendida como el incumplimiento injustificado de los plazos legales por
parte de los funcionarios judiciales, se configura siempre que se cumplan los siguientes
presupuestos: (i) la inobservancia de los plazos dispuestos por la ley para adelantar la
actuación judicial; (ii) la inexistencia de un motivo razonable que justifique la demora, y
(iii) la tardanza debe ser imputable a la falta de diligencia u omisión sistemática de los
deberes por parte del juez3.
El juez de tutela, en cada caso, debe valorar si la conducta del funcionario o corporación
judicial es injustificada y negligente, pues, como bien lo han dicho la Corte Constitucional
y el Consejo de Estado, no toda dilación en proferir una decisión judicial genera la llamada
mora judicial ni vulnera derechos fundamentales. Existen causas imprevisibles y
externas, esto es, circunstancias objetivas, que impiden que los jueces cumplan con los
plazos para decidir o para dictar alguna decisión. Por ejemplo, se presentan condiciones
estructurales, como la excesiva carga laboral, o la falta de una infraestructura básica en
los despachos judiciales, que impiden que los funcionarios judiciales adopten decisiones
oportunas.
Sobre el particular, la sentencia T-186 de 2017 señaló que existe relación de conexidad
necesaria entre la noción de plazo razonable y el concepto de dilación injustificada, a tal
punto que esos son los criterios que deben analizarse para establecer si se configuró o
no una amenaza o violación al debido proceso o de acceso a la administración de justicia.
De modo que el funcionario incumplido debe demostrar el agotamiento de todos los
medios posibles para evitar el detrimento de dichos derechos y, por ende, la mora judicial
solo estará justificada cuando:
o Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de manera
integral una diligencia razonable del juez que los atiende.
o Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga laboral
u otras circunstancias que pueden ser catalogadas como imprevisibles e
ineludibles.
Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en aquellos eventos en los que
se comprueba que el funcionario encargado no ha sido diligente y su comportamiento ha
obedecido a una omisión sistemática de sus deberes.
Así mismo, la Corte expresó que para identificar la ocurrencia de un plazo irrazonable se
deben tener en cuenta: (i) las circunstancias generales del caso concreto (incluida la
afectación actual que el procedimiento implica para los derechos y deberes del
3 Ver, entre otras, las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-230 de 2013, T-186 de 2016, T-052 de 2018
y T-441 de 2020.
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procesado); (ii) la complejidad del caso; (iii) la conducta procesal de las partes; (iv) la
valoración global del procedimiento; y (v) los intereses que se debaten en el trámite4.
5. Carencia de objeto
El artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 señala que: «Si, estando en curso la tutela, se
dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la
actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de
indemnización y de costas, si fueren procedentes».
El fenómeno de la carencia actual de objeto se caracteriza principalmente por hacer que
la orden impartida por el juez en la sentencia de tutela se torne inocua. Es decir, que
resulta intrascendente que el juez de tutela se pronuncie de fondo frente a la vulneración
o amenaza de derechos fundamentales.
En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha establecido que la carencia actual
de objeto puede presentarse a partir de tres eventos que sugieren consecuencias
distintas: el hecho superado, el daño consumado y el hecho sobreviniente. En lo que aquí
interesa, el hecho superado se configura cuando se pone fin a la situación que generaba
la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales.
6. Análisis del caso concreto
De la revisión de la solicitud de amparo, la Sala advierte que la parte actora alega que su
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia fue vulnerado por la
autoridad judicial demandada al incurrir en mora judicial en el trámite del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho 25000234200020170368000 al no haber proferido
sentencia de primera instancia pese a haber transcurrido más de 30 meses desde la
presentación de los alegatos de conclusión.
Sería del caso impartir órdenes a la autoridad judicial demandada, toda vez que el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 25000234200020170368000
llevaba alrededor de 7 años en trámite sin que se hubiera dictado sentencia de primera
instancia; sin embargo la Sala verifica que el 8 de mayo de 2026, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda – Subsección B dictó sentencia que
negó las pretensiones de la demanda y la misma fue comunicada a las partes el 4 de
junio de 2026, según se observa en Samai así:
4 La Corte Constitucional se ha apoyado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte
IDH), en la que se establecieron criterios objetivos para determinar bajo qué circunstancias se configura la violación al
plazo razonable por parte de las autoridades judiciales o administrativas, tales como: a) la complejidad del asunto; b)
la actividad procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales. (Caso Motta Vs Italia, sentencia de
19 de febrero de 1991: Caso Ruiz Mateos Vs España, sentencia de 23 de junio de 1993; Caso Genie Lacayo Vs
Nicaragua, sentencia de 29 de enero de 1997).
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A partir de lo anterior, la Sala encuentra que, dentro del trámite de este asunto
constitucional, la autoridad accionada profirió sentencia de primera instancia dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
25000234200020170368000, situación que pone fin a lo que motivó la presentación de
la acción de tutela e impone declarar la carencia actual de objeto por hecho superado.
Pese a lo anterior, la Sala estima necesario dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 24
del Decreto 2591 de 1991 y prevenir a la autoridad judicial demandada para que, en el
futuro, se abstenga de incurrir en acciones como la que le dio origen a esta acción de
tutela.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Denegar la solicitud de desvinculación del Ministerio de Educación Nacional, por las
razones expuestas en esta providencia.
2. Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado.
3. Prevenir a la autoridad judicial demandada para que, en el futuro, se abstenga de
incurrir en acciones como la que le dio origen a esta acción de tutela.
4. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
6. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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