RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-03056-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03056-00

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03056-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la señora Mareleine Calero Moncada. SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 76001-33-33-017-2024- 00111-01. TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, dentro de los diez (10) días siguientes contados a partir de la notificación de la presente providencia, profiera una nueva sentencia conforme a lo expuesto en la parte motiva. CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. QUINTO: Una vez notificada, y si no fuera impugnada, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. SEXTO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03056-00

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03056-00
Accionante: Mareleine Calero Moncada
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

La Sala resuelve, en primera instancia, la demanda de tutela presentada por la señora
Mareleine Calero Moncada, contra la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2025
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que negó las pretensiones dentro de
un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

SÍNTESIS1

La accionante cuestiona la sentencia de 30 de septiembre de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se confirmó la decisión de
primera instancia que negó las pretensiones del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con radicado núm. 76-001-33-33-017-2024-
00111-01, promovido contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. La Sala ampara los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, por cuanto
la providencia cuestionada incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.

I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo

1. El 20 de abril de 20262, la señora Mareleine Calero Moncada presentó acción de
tutela para obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, los cuales consideró vulnerados por la sentencia
de 30 de septiembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con

1
Acción de tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del derecho / Régimen prestacional de
docentes oficiales / Artículo 81 de la Ley 812 de 2003 /Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto / Exclusión
de pruebas relevantes / Se concede el amparo.
2
Índice 2 Samai.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03056-00
Accionante: Mareleine Calero Moncada
Concede el amparo

radicado núm. 76001-33-33-017-2024-00111-00/01.

2. La accionante, formuló las siguientes pretensiones:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, en
sentencia del 30 de septiembre de 2025 proferida dentro del medio de control identificado
con No. 76-001-33-33017-2024-00111-01, transgredió los derechos fundamentales al
DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO PRO HOMINE de la señora MARELEINE CALERO
MONCADA, al haber incurrido en un apego excesivo a las formas que se apartó a las
obligaciones que le asiste a todo funcionario judicial de impartir justicia con miras a
alcanzar la efectividad del derecho.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA dejar sin efectos la providencia referida en
el numeral anterior y se profiera una nueva decisión judicial que propenda por la
búsqueda de la verdad y la tutela judicial efectiva que son fines del servicio de la
administración de justicia 3.

B. Hechos

3. La accionante promovió demanda en el ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Resolución núm. 01603 de 31 de mayo de 2019,
expedida por la Secretaría de Educación del Departamento del Valle del Cauca,
mediante la cual le fue reconocida la pensión de vejez con fundamento en la Ley 100
de 19934 y la Ley 797 de 20035. Como consecuencia de la declaratoria de nulidad,
solicitó, además, el reconocimiento de una pensión por aportes regulada por la Ley 71
de 19886, efectiva a partir del 1º de marzo de 2016.

4. El Juzgado 17 Administrativo Oral del Circuito de Cali negó las pretensiones, al
concluir que la demandante no acreditó haber ejercido funciones como docente oficial
antes del 26 de junio de 2003 fecha en que entró en vigencia la Ley 812 de 2003, pues
los aportes registrados con anterioridad a esa fecha no permitían establecer que
correspondieran a dicha actividad, siendo la única vinculación docente demostrada la
iniciada el 19 de noviembre de 2003. Con fundamento en ello determinó que no era
beneficiaria del régimen previsto para los docentes vinculados antes de la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 20037 y que tampoco se encontraba amparada por el régimen

3
Índice 2 Samai.
4
“Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.”
5
“Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se
adoptan disposiciones sobre los regímenes pensionales exceptuados y especiales.”
6
“Por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones.”
7
“Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario”.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03056-00
Accionante: Mareleine Calero Moncada
Concede el amparo

de transición de la Ley 100 de 1993.

5. Inconforme con la decisión de primera instancia, la demandante interpuso recurso
de apelación en el que sostuvo que el juzgado desconoció elementos que permitían
acreditar su vinculación al servicio educativo oficial con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003; para respaldar tal afirmación, allegó 4 órdenes de
prestación de servicios correspondientes a los años 2002 y 2003, las cuales, en su
criterio, demostraban el ejercicio material de funciones docentes antes del 26 de junio
de 2003.

6. Asimismo, explicó que dichos documentos no fueron aportados oportunamente
debido a su antigüedad y a las dificultades de acceso a los archivos donde reposaban,
razón por la cual solicitó que fueran valorados con fundamento en los principios de
prevalencia del derecho sustancial y búsqueda de la verdad material. Adicionalmente,
alegó que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido que la prestación
efectiva del servicio docente constituye el elemento relevante para determinar el
régimen pensional aplicable, incluso cuando dicha actividad se hubiere desarrollado
mediante contratos de prestación de servicios.

7. Mediante auto de 13 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca admitió el recurso de apelación y dejó consignado que no obraba solicitud de
pruebas en segunda instancia y que no resultaba necesario practicar ninguna.

8. Posteriormente, mediante sentencia de 30 de septiembre de 2025, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca confirmó la decisión de primera instancia; para ello,
sostuvo que, aunque se encontraba acreditado que la señora Mareleine Calero
Moncada acumulaba más de 24 años de cotizaciones, no existía prueba de que los
aportes efectuados al Municipio de Guacarí desde 1979, correspondieran al ejercicio de
funciones docentes.

9. También señaló el tribunal que los documentos allegados con el recurso de
apelación no podían ser objeto de valoración, pues fueron aportados por fuera de las
oportunidades procesales previstas para la incorporación de pruebas y que tener en
cuenta los documentos aportados ante el juez de segunda instancia desconocería el
derecho de contradicción de la parte demandada.

C. Fundamentos de la vulneración

10. La accionante sostiene que la sentencia de 30 de septiembre de 2025, proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, vulnera sus derechos fundamentales al

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03056-00
Accionante: Mareleine Calero Moncada
Concede el amparo

debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y el
principio pro homine, al incurrir en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.

11. Explica que el tribunal confirmó la negativa de sus pretensiones con fundamento en
la falta de prueba de la vinculación como docente oficial anterior al 26 de junio de 2003,
pero se negó a valorar las órdenes de prestación de servicios que fueron aportadas con
el recurso de apelación y que, a su juicio, acreditaban precisamente dicha circunstancia.

12. Afirma que, en la sustentación del recurso de apelación presentado contra la
sentencia de primera instancia expuso los argumentos que justificaron la presentación
tardía de las ordenes de servicio, relacionadas con su antigüedad y con las dificultades
para acceder a los archivos en los que reposaban; sin embargo, el tribunal omitió
pronunciarse sobre tales explicaciones y optó por excluir los documentos con
fundamento en consideraciones estrictamente formales.

13. Sostiene igualmente que el tribunal accionado desconoció los principios de
prevalencia del derecho sustancial y búsqueda de la verdad material, pues prefirió
resolver el litigio con base en la ausencia de prueba de la vinculación docente anterior
a 2003, pese a que contaba con elementos documentales encaminados a esclarecer
ese aspecto central de la controversia.

14. Argumenta que el tribunal tampoco ejerció las facultades oficiosas previstas en el
artículo 213 del CPACA para decretar las pruebas necesarias para verificar la realidad
de su vinculación laboral, aun cuando, en su criterio, existían elementos suficientes para
advertir la necesidad de esclarecer ese punto antes de adoptar una decisión definitiva.

15. Asegura que la valoración de los documentos aportados con la apelación no
afectaba el derecho de contradicción de la parte demandada, pues el artículo 247 del
CPACA permite a los sujetos procesales pronunciarse respecto del recurso de apelación
y de los argumentos allí planteados, oportunidad que la entidad demandada no
aprovechó.

16. Con fundamento en lo anterior, concluye que el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca privilegió las formas procesales sobre la justicia material, renunció a la búsqueda
de la verdad procesal y profirió una decisión que desconoció las garantías
fundamentales que debían orientar la resolución del litigio pensional.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03056-00
Accionante: Mareleine Calero Moncada
Concede el amparo

D. Trámite procesal

17. Mediante auto de 21 de abril de 20268, se admitió la presente acción de tutela
promovida por la señora Mareleine Calero Moncada contra el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca. En la misma providencia se ordenó notificar a la autoridad judicial
accionada para que rindiera el informe correspondiente sobre los hechos y pretensiones
de la demanda.

18. Asimismo, se dispuso la vinculación, del Juzgado 17 Administrativo del Circuito
Judicial de Cali, del Ministerio de Educación Nacional y del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, en calidad de terceros con interés.

E. Oposiciones e intervenciones

19. El Ministerio de Educación Nacional9 solicitó que se declarara improcedente la
acción de tutela. En primer lugar, alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva,
al considerar que la controversia planteada recae exclusivamente sobre una providencia
judicial proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y no sobre una
actuación atribuible a ese ministerio; indicó que no participó en la expedición de la
sentencia cuestionada ni desplegó conducta alguna susceptible de configurar una
vulneración de derechos fundamentales.

20. Sostuvo que la tutela contra providencias judiciales tiene carácter excepcional y
exige la acreditación de los requisitos generales y específicos fijados por la
jurisprudencia constitucional, de manera que no puede convertirse en una instancia
adicional para controvertir decisiones judiciales desfavorables. En ese sentido, afirmó
que la accionante no demostró la existencia de una vía de hecho ni de alguno de los
defectos que habilitan el control constitucional de providencias judiciales.

21. De igual forma, argumentó que el asunto carece de relevancia constitucional, pues
la discusión planteada gira alrededor de una controversia de naturaleza eminentemente
pensional y económica, relacionada con el régimen jurídico aplicable al reconocimiento
de una prestación, materia que corresponde resolver al juez natural dentro de las
competencias propias de la jurisdicción contencioso administrativa.

22. También invocó los principios de autonomía e independencia judicial y señaló que
las providencias judiciales solo pueden ser controvertidas por vía de tutela cuando se

8
Índice 5 Samai.
9
Índice 13 Samai

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03056-00
Accionante: Mareleine Calero Moncada
Concede el amparo

acredita una ostensible vulneración del ordenamiento jurídico con incidencia directa en
derechos fundamentales, circunstancia que, en su criterio, no se configura en el
presente caso.

23.El Juzgado 17 Administrativo del Circuito Judicial de Cali, y el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, no presentaron informe.

II. CONSIDERACIONES
F. Competencia

24. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
resolver la demanda de acción de tutela interpuesta por la señora Mareleine Calero
Moncada contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015 y en el Reglamento del Consejo de Estado (Acuerdo 80 de 2019).

G. Sentido de la decisión

25. La Sala concederá el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia de la accionante, por cuanto la sentencia proferida
el 30 de septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió
en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.

H. Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

26. La presente acción de tutela cumplió con los requisitos generales de procedencia10,
por cuanto:

27. i) la cuestión planteada tiene relevancia constitucional, en tanto la accionante alega
la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia como consecuencia de un presunto defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto;

10
Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente relevancia
constitucional; b) que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa judicial al alcance
de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; d) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; e) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible, y f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de 2005).

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03056-00
Accionante: Mareleine Calero Moncada
Concede el amparo

28. ii) Se encuentra acreditado que la accionante agotó los mecanismos judiciales
ordinarios de defensa a su alcance, pues la controversia fue sometida al conocimiento de
la jurisdicción de lo contencioso administrativo mediante el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, el cual culminó con la sentencia de segunda instancia
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, providencia frente a la cual
no procedía recurso ordinario alguno.

29. iii) se cumple el requisito de inmediatez, debido a que la sentencia cuestionada fue
notificada el 24 de octubre de 2025 y quedó ejecutoriada el 31 de octubre siguiente11,
mientras que la solicitud de amparo fue promovida el 20 abril de 2026; este requisito,
según la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional12 y del Consejo de Estado13,
exige que la acción de tutela se interponga en un término oportuno, cercano al hecho que
presuntamente vulneró los derechos fundamentales, de forma que se garantice la
urgencia y la eficacia de la protección constitucional, la cual, por regla general, se ha
estimado en un lapso aproximado de seis meses contados desde la notificación o
ejecutoria de la decisión cuestionada.

30. iv) la accionante identificó de manera clara los hechos que estima lesivos de sus
derechos fundamentales, los derechos presuntamente vulnerados y las razones por las
cuales considera configurado el defecto alegado; y

31. v) la providencia controvertida no fue proferida dentro de un trámite de tutela.

I. Requisitos específicos de procedibilidad invocados en la demanda

32. La sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional estableció que la tutela contra
providencias judiciales es constitucionalmente admisible siempre que se configure, al
menos, una de las siguientes causales especiales: i) defecto orgánico; ii) defecto
procedimental; iii) defecto fáctico; (iv) defecto sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión
sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; y (viii) violación directa de la
Constitución.

11
Índice 17 Samai del tribunal proceso de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 11001-03-15-000-2026-03056-
01.
12
Sentencia T-473/24.
13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de unificación por importancia jurídica
de 5 de agosto de 2014, expediente. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03056-00
Accionante: Mareleine Calero Moncada
Concede el amparo

33. En el asunto en estudio, la accionante cuestiona la sentencia proferida el 30 de
septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca porque, a su juicio,
incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto; en consecuencia, la
Sala expondrá las características de dicho defecto, con el propósito de determinar su
configuración y la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados.

34. La jurisprudencia constitucional ha señalado que el defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto se presenta cuando las reglas procesales son concebidas como un
obstáculo para la efectividad de los derechos o cuando el juez renuncia injustificadamente
a la búsqueda de la verdad jurídica objetiva, a pesar de que los elementos de juicio
presentes en el expediente le imponen el deber de actuar para evitar una providencia
injusta o inocua.

35. Asimismo, se ha precisado que la anterior causal suele concurrir con un defecto
fáctico en su dimensión negativa cuando el juez omite el ejercicio de facultades
probatorias oficiosas indispensables para esclarecer los aspectos determinantes de la
controversia, privilegiando el rigor formal sobre la solución materialmente justa del litigio
y el acceso efectivo a la administración de justicia14.

J. Del caso concreto

36. La Sala concederá el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia de la señora Mareleine Calero Moncada, por
encontrar acreditada la configuración de un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto con incidencia directa en la determinación de los hechos relevantes de la
controversia.

37. El proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que interpuso la señora
Mareleine Calero Moncada contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio tenía por objeto la nulidad de la
Resolución núm. 1603 de 31 de mayo de 2019 y que, a título de restablecimiento del
derecho, se le reconociera la pensión por aportes prevista en la Ley 71 de 1988 y
reglamentada por el Decreto 2709 de 1994, al considerar que acreditaba los requisitos

14
Corte Constitucional, Sentencias SU-355 de 2017 MP. Iván Humberto Escrucería Mayolo y T-264 de 2009, MP. Luis
Ernesto Vargas Silva. La jurisprudencia constitucional ha reiterado que el juez incurre en esta falencia
cuando "pudiendo remover la barrera que se presenta a la verdad real y, por ende, a la efectividad del derecho
sustancial, prefiere hacer caso omiso de las herramientas procesales a su alcance".

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03056-00
Accionante: Mareleine Calero Moncada
Concede el amparo

exigidos para acceder a dicha prestación y que había estado vinculada al servicio
educativo oficial desde el 1º de octubre de 2002.

38. No obstante, tanto el juzgado de primera instancia como el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca concluyeron que la demandante no acreditó haber ejercido funciones
docentes oficiales antes del 26 de junio de 2003, fecha de entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003. Por el contrario, consideraron que la primera vinculación docente
demostrada correspondía al 19 de noviembre de 2003, razón por la cual determinaron
que el régimen pensional aplicable era el previsto en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003.

39. Sin embargo, al sustentar el recurso de apelación15, la demandante aportó tres
órdenes de prestación de servicios suscritas con la Secretaría de Educación
Departamental en las que se advierte que trabajó como docente, así:

• Certificación del 1º de octubre de 2002, según la cual trabajó durante el periodo
comprendido entre 1º de octubre de 2002 hasta el 22 de noviembre de 2002 en la
institución educativa Jorge Isaacs
• Certificación del 7 de enero de 2003, según la cual trabajó durante el periodo
comprendido entre 7 de enero de 2003 hasta el 4 de abril de 2003 en la institución
educativa Jorge Isaacs;
• Certificación del 7 de abril de 2003, según la cual trabajó durante el periodo
comprendido entre 7 de abril de 2003 hasta el 4 de julio de 2003 en la institución
educativa Jorge Isaacs; y
• Certificación del 25 de agosto de 2003, según la cual trabajó durante el periodo
comprendido entre 25 de agosto de 2003 hasta el 30 de octubre de 2003 en la
institución educativa Jorge Isaacs.
• Certificación del 31 de octubre de 2003, según la cual trabajó durante el periodo
comprendido entre 31 de octubre de 2003 hasta el 19 de diciembre de 2003 en la
institución educativa Jorge Isaacs.

40. Asimismo, la accionante, en el escrito de sustentación del recurso de apelación,
explicó que los documentos no fueron allegados con la demanda porque “la dificultad
para allegar dicha documentación al momento inicial de la presentación de la demanda
obedeció, precisamente, a la antigüedad de dichos contratos y a las limitaciones en el

15
Índice 16 Samai del Juzgado 17 Administrativo de Cali proceso de nulidad y restablecimiento del derecho núm.
11001-03-15-000-2026-03056-00.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03056-00
Accionante: Mareleine Calero Moncada
Concede el amparo

acceso a los archivos físicos o digitalizados correspondientes”. Añadió que los aportaba
“con el propósito de acudir a la verdad real y en aras de salvaguardar los derechos
pensionales de la docente”, pues consideraba que su valoración resultaba determinante
para establecer el cumplimiento del requisito previsto en la Ley 812 de 2003.

41. Pese a ello, el tribunal se abstuvo de analizar el contenido de los documentos y
sostuvo que no era procedente valorar pruebas aportadas en esa etapa procesal por no
haber sido incorporadas desde el inicio del proceso y, con fundamento en esa
consideración, descartó cualquier examen de fondo sobre las órdenes de servicio y
confirmó la conclusión según la cual la demandante no había demostrado una vinculación
docente anterior al 26 de junio de 2003. Las apreciaciones del tribunal al respecto, fueron:

Considerando lo anterior, la vinculación docente es posterior a la entrada en vigor de la Ley
812 de 2003 y es preciso señalar que el artículo 173 del Código General del Proceso
establece de manera expresa que las pruebas deben ser solicitadas, practicadas e
incorporadas al proceso dentro de los términos y oportunidades previstos para tal fin. No
obstante, la parte demandante ha presentado una serie de documentos en una etapa
procesal en la que no está permitido allegar pruebas para su valoración, dado que estas no
fueron debidamente incorporadas desde el inicio del proceso. Esta actuación afecta
además el derecho de contradicción de la parte demandada, razón por la cual resulta
improcedente realizar un análisis de fondo sobre dichos documentos16.

42. La Sala advierte que las órdenes de servicio excluidas del análisis acreditaban que
la señora Mareleine Calero Moncada prestó servicios docentes en la Institución Educativa
Jorge Isaacs de manera continua durante los períodos comprendidos entre el 1.º de
octubre y el 22 de noviembre de 2002, el 7 de enero y el 4 de abril de 2003, el 7 de abril
y el 4 de julio de 2003, el 25 de agosto y el 30 de octubre de 2003, y el 31 de octubre y
el 19 de diciembre de 2003; en ellas se consignó expresamente el ejercicio de funciones
docentes al servicio de la Secretaría de Educación Departamental, circunstancia que
podía incidir de manera directa en la solución del litigio, toda vez que el tribunal
fundamentó la negativa de las pretensiones en la falta de acreditación de una vinculación
docente oficial anterior al 26 de junio de 2003. En consecuencia, no se trataba de
elementos probatorios accesorios o marginales, sino de documentos que contenían
información directamente relacionada con el supuesto fáctico determinante para
establecer si la demandante era beneficiaria del régimen previsto para los docentes

16
Índice 14 Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
núm. 11001-03-15-000-2026-03056-01.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03056-00
Accionante: Mareleine Calero Moncada
Concede el amparo

vinculados al servicio educativo oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003.

43. En ese contexto, resulta absolutamente evidente la trascendencia de dichos
elementos probatorios para la definición de la controversia, pues recaían precisamente
sobre el supuesto fáctico central para establecer si la demandante era beneficiaria del
régimen previsto para los docentes vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003. De manera que, al proceder de la forma en que lo hizo, el tribunal terminó
sacrificando la prevalencia del derecho sustancial y el acceso efectivo a la administración
de justicia, al excluir del análisis elementos de juicio directamente dirigidos a demostrar
el hecho cuya falta de acreditación sirvió de fundamento para negar las pretensiones de
la demanda.

44. Sin embargo, la Sala observa que el artículo 212 del CPACA regula expresamente
las oportunidades probatorias en segunda instancia y dispone:

En segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el término de ejecutoria
del auto que admite el recurso, las partes podrán pedir pruebas, que se decretarán
únicamente en los siguientes casos:

1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo.
2. Cuando fuere negado su decreto en primera instancia o no obstante haberse decretado
se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió.
3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir
pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos.
4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
5. Cuando con ellas se trate de desvirtuar las pruebas de que tratan los numerales 3 y 4, las
cuales deberán solicitarse dentro del término de ejecutoria del auto que las decreta (…).

45. En el presente asunto, la recurrente explicó que las órdenes de prestación de
servicios no fueron allegadas con la demanda debido a la antigüedad de los documentos
y a las limitaciones existentes para acceder a los archivos físicos o digitalizados en los
que reposaban, circunstancia que, según afirmó, solo pudo ser superada con
posterioridad. Pese a ello, el tribunal se limitó a concluir que los documentos habían sido
aportados por fuera de las oportunidades probatorias previstas en el ordenamiento, sin
examinar si las razones expuestas por la demandante permitían encuadrar el caso en
alguna de las hipótesis excepcionales previstas por el artículo 212 del CPACA,

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03056-00
Accionante: Mareleine Calero Moncada
Concede el amparo

particularmente la contemplada en el numeral 4, ni valorar la incidencia que tales
documentos podían tener en la resolución de la controversia.

46. Sobre la discusión que ocupa la atención de esta Sala, la jurisprudencia
constitucional ha explicado que el exceso ritual manifiesto se configura cuando el juez
convierte las formas procesales en un obstáculo para la realización efectiva de los
derechos sustanciales y renuncia a la búsqueda de la verdad material17. En esos eventos,
el respeto formal de una regla procedimental no resulta suficiente para legitimar la
decisión judicial cuando ello conduce a ignorar elementos de juicio relevantes para
resolver adecuadamente la controversia. Asimismo, se ha señalado que dicho defecto
puede configurarse cuando el operador judicial prescinde del análisis de pruebas que
resultan determinantes para establecer los hechos sobre los cuales se edifica la decisión
o cuando omite examinar las circunstancias que podrían justificar su incorporación al
proceso.

47. Precisamente eso ocurrió en el presente asunto, el tribunal respaldó su decisión en
la falta de acreditación de un vinculo como docente anterior al 26 de junio de 2003 y,
simultáneamente, se negó a examinar los documentos aportados para demostrar dicho
supuesto fáctico; de esta manera, la decisión terminó sustentándose en una visión parcial
e incompleta del material probatorio disponible, circunstancia que evidencia la
configuración de un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto al privilegiar una
interpretación estrictamente formal de las reglas procesales sobre el examen de
elementos de juicio directamente relacionados con el núcleo de la controversia.

48. La situación resulta aún más relevante si se considera que la accionante no solo
aportó los documentos, sino que explicó las razones por las cuales no habían sido
allegados en una etapa anterior del proceso; en efecto, al sustentar la apelación la
apoderada manifestó que “la dificultad para allegar dicha documentación al momento
inicial de la presentación de la demanda obedeció, precisamente, a la antigüedad de
dichos contratos y a las limitaciones en el acceso a los archivos físicos o digitalizados
correspondientes” y añadió que los aportaba “con el propósito de acudir a la verdad real
y en aras de salvaguardar los derechos pensionales de la docente”, por considerar que
su valoración era determinante para establecer el cumplimiento del requisito previsto en
la Ley 812 de 2003; sostuvo que los documentos allegados permitían acreditar que la
señora Mareleine Calero Moncada “sí desempeñó funciones como docente oficial antes
de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003” y solicitó al juez de segunda instancia

17
Corte Constitucional, sentencia T-213 de 2012, MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03056-00
Accionante: Mareleine Calero Moncada
Concede el amparo

“considerar estos nuevos elementos de juicio que inciden directamente en el
reconocimiento del derecho pensional pretendido”18.

49. No obstante, la sentencia cuestionada no contiene un examen material de dichas
explicaciones ni una valoración encaminada a establecer si las circunstancias expuestas
justificaban un tratamiento distinto del material aportado; por el contrario, el tribunal se
limitó a señalar que los documentos fueron allegados en una etapa procesal en la que no
era posible incorporar pruebas, excluyéndolos del análisis sin pronunciarse sobre las
razones invocadas por la recurrente ni sobre la incidencia de tales elementos de juicio en
la definición del litigio.

50. En suma, el reproche no radica en que el juez de segunda instancia estuviera
obligado a admitir las pruebas allegadas por la accionante, valorarlas favorablemente o
derivar de ellas un efecto concreto en la sentencia del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. El defecto se configuró porque el tribunal omitió
pronunciarse de manera suficiente sobre su procedencia, pese a que las pruebas en
segunda instancia tienen un régimen propio y no se encuentran prohibidas de manera
absoluta, sino condicionadas al cumplimiento de determinados supuestos legales.

51. En el asunto examinado, la autoridad judicial accionada se limitó a excluir los
documentos con fundamento en una consideración formal sobre la oportunidad procesal,
sin analizar las explicaciones ofrecidas por la recurrente, la relevancia directa de los
documentos para acreditar el hecho central de la controversia ni la posibilidad de acudir
a sus facultades probatorias para esclarecer la verdad material.

52. Por lo anterior, la Sala concluye que la sentencia proferida el 30 de septiembre de
2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró los derechos
fundamentales de la accionante al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, al incurrir en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.

53. En consecuencia, se dejará sin efectos la sentencia de 30 de septiembre de 2025,
emitida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual confirmó la
sentencia de primera instancia y negó el reconocimiento de la pensión por aportes de la
Ley 71 de 1988, y se ordenará a esa autoridad judicial que dentro de los diez (10) días

18
Índice 16 Samai del Juzgado 17 Administrativo de Cali proceso de nulidad y restablecimiento del derecho núm.
11001-03-15-000-2026-03056-00.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03056-00
Accionante: Mareleine Calero Moncada
Concede el amparo

siguientes contados a partir de la notificación de la presente providencia, profiera una
nueva sentencia conforme a lo expuesto en la parte motiva.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de la señora Mareleine Calero Moncada.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2025
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 76001-33-33-017-2024-
00111-01.

TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, dentro de los
diez (10) días siguientes contados a partir de la notificación de la presente providencia,
profiera una nueva sentencia conforme a lo expuesto en la parte motiva.

CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.

QUINTO: Una vez notificada, y si no fuera impugnada, ENVÍESE el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

SEXTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Presidente de la Subsección

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.