RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-03057-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-03057-00

Fecha
21 de mayo de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-03057-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la acción de tutela interpuesta por los señores William Fernández de Aguas y Tulio Enrique Mejía Mora contra el Consejo de Estado, Sección Primera. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-03057-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

21 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03057-00
Demandantes: WILLIAM FERNÁNDEZ DE AGUAS Y OTRO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA

Temas: Tutela por presunta vulneración de los derechos al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia – Mora
judicial

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación1.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El 20 de abril de 20262, los señores William Fernández de Aguas y Tulio Enrique
Mejía Mora, actuando en calidad de presidentes de las juntas de acción comunal
de «Bonito Viento3» y «El Escondido4», respectivamente, instauraron acción de
tutela contra el Consejo de Estado, Sección Primera con la que pretenden el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y «a un plazo razonable en la
administración de justicia».

1
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2
Acción de tutela promovida por medio del buzón web del aplicativo de Tutelas y Habeas Corpus
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
3
De conformidad con la Resolución 0294 del 4 de agosto de 2016, la Gobernación de Córdoba le
reconoció personería jurídica a la organización sin ánimo de lucro denominada «Junta de acción
comunal de Bonito Viento» y se determinó que señor William Fernández de Aguas conformaba la
junta directiva como presidente.
4
De acuerdo con la Resolución 00209 de 2022, la Gobernación de Córdoba le reconoció personería
jurídica a la entidad sin ánimo de lucro denominada «Junta de acción comunal vereda El
Escondido» y determinó que el señor Tulio Enrique Mejía Mora era el presidente de la junta
directiva.

Demandantes: William Fernández de Aguas y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03057-00

Los accionantes consideraron vulneradas las referidas garantías constitucionales,
con ocasión de la presunta mora judicial injustificada presentada al interior del
medio de control de nulidad simple, iniciado por los señores Adriana Sofía Burgos
Velásquez, Vera Luz Martínez Herrera, Manuel Dolores Cogollo Pastrana, William
Enrique Fernández de Aguas, Álvaro Manuel Medina Ramos, Aníbal Ricardo Mora
Salgado y Sailer Pérez Ramos contra la Corporación Autónoma Regional de los
Valles del Sinú y San Jorge que, se identificó con el radicado 11001-03-24-000-
2022-00363-00.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

[…]

2. Ordenar a la Sección Primera del Consejo de Estado que, dentro de un término
perentorio, se pronuncie de fondo sobre la solicitud de suspensión provisional5.

MEDIDA PROVISIONAL

[…] respetuosamente se solicita al Despacho decretar como medida provisional la
orden a la Sección Primera del CONSEJO DE ESTADO para que profiera decisión
sobre la solicitud de suspensión provisional formulada dentro del proceso
contencioso administrativo de la referencia, dentro de un término perentorio que el
Despacho estime razonable, atendiendo la naturaleza urgente de la situación
planteada.

1.3. Hechos

La Sala encontró los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:

El 23 de agosto de 2022, los señores Adriana Sofía Burgos Velásquez, Vera Luz
Martínez Herrera, Manuel Dolores Cogollo Pastrana, William Enrique Fernández
de Aguas, Álvaro Manuel Medina Ramos, Aníbal Ricardo Mora Salgado y Sailer
Pérez Ramos presentaron demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
simple contra la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San
Jorge, con la que pretendían que se realizara el estudio de legalidad de la
Resolución 2-8261 del 30 de julio de 2021, por medio de la cual le fue otorgada a
la empresa Siempre Limpio del Caribe S.A.S. E.S.P. licencia ambiental para el
desarrollo del proyecto «Parque Industrial de Aprovechamiento de Residuos
Sólidos no Peligrosos Los Cerros».

Asimismo, solicitaron como medida cautelar, la suspensión provisional de los

5
Transcripción literal que puede contener errores.

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: William Fernández de Aguas y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03057-00

efectos del acto administrativo acusado.

Mediante auto del 6 de octubre de 2023, el Consejo de Estado, Sección Primera
inadmitió el medio de control, para que: i) informaran el lugar y dirección donde
debían ser notificados los demandantes y la demandada; ii) aportaran la
constancia de publicación, comunicación, notificación o ejecución del acto
acusado, de conformidad con lo previsto en el numeral 1.º del artículo 166 de la
Ley 1437 de 2011; iii) informaran el lugar y dirección, así como el canal digital, para
efectos de notificaciones judiciales de Siempre Limpio del Caribe S.A.S. E.S.P. y,
iv) aportaran la prueba de la existencia y representación de Siempre Limpio del
Caribe S.A.S. E.S.P.

Encontrando subsanados los defectos advertidos, la autoridad judicial dictó auto
admisorio el 7 de diciembre de 2023. Aunado a ello, en providencia aparte de la
misma fecha, ordenó correr traslado de la solicitud de medida cautelar6.

El 26 de junio de 2024, la Sección Primera del Consejo de Estado admitió la
reforma de la demanda propuesta por la parte demandante.

El 24 de febrero de 2025, el señor Tulio Enrique Mejía Mora, como presidente de
la Junta de Acción Comunal «El Escondido», solicitó la coadyuvancia al medio de
control.

En atención a la terminación del periodo constitucional del Magistrado Hernando
Sánchez Sánchez, el 14 de mayo de 2025 el expediente fue asignado en encargo
a la doctora Nubia Margoth Peña Garzón.

Llegada la oportunidad procesal de resolver sobre la medida cautelar, la
Magistrada encargada dictó auto del 9 de mayo de 2025, en el que remitió para
posible acumulación del expediente con el proceso identificado con el radicado
11001-03-26-000-2022-00163-00, tramitado en el Despacho del doctor Germán
Eduardo Osorio Cifuentes7.

1.4. Fundamentos de la vulneración

Los accionantes señalaron que la autoridad judicial accionada incurrió en una mora
judicial injustificada al no pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada en el
proceso ordinario.

6
Notificado electrónicamente el 14 de diciembre de 2023 y por estado el 18 siguiente.
7
Dado que la mencionada demanda también se perseguía la nulidad de la Resolución 2-8261 del
30 de junio de 2021.

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: William Fernández de Aguas y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03057-00

Para sustentar lo anterior, citaron apartes de las sentencias SU-394 de 2016 y T-
230 de 2013 referentes a la mora judicial y la T-031 de 2001 en lo relativo al acceso
a la administración de justicia en un plazo razonable.

Finalmente, expusieron un aparte de una providencia de la Sección Primera del
Consejo de Estado acerca de la naturaleza de la suspensión provisional y
concluyeron que la omisión del trámite a la medida de suspensión provisional
solicitado hace más de tres años, desnaturalizaba su finalidad, la tornaba ineficaz
y comprometía la tutela judicial efectiva.

1.5. Trámite de la acción de tutela

El 30 de abril de 2026, la Magistrada Ponente admitió la acción de tutela, ordenó
notificar a la parte demandante8 y, como parte demandada, a los magistrados del
Consejo de Estado, Sección Primera9.

Asimismo, fue denegada la solicitud de medida provisional consistente en que se
le ordenara a la autoridad judicial accionada pronunciarse sobre la medida cautelar
requerida en el medio de control.

1.6. Intervención

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentó la
siguiente:

1.6.1. Consejo de Estado, Sección Primera

Por medio de informe rendido el 7 de mayo de 2026, el Magistrado Germán
Eduardo Osorio Cifuentes realizó un recuento sobre las actuaciones surtidas en el
proceso de nulidad simple, entre las cuales mencionó las siguientes:

1. La señora Adriana Sofía Burgos Velásquez y otros en ejercicio del medio
de control de nulidad presentaron demanda contra la Resolución núm. 2-
8261 de 30 de julio de 2021 expedida por la Corporación Autónoma
Regional y solicitaron como medida cautelar la suspensión provisional de
los efectos del acto administrativo acusado.

8
Índice 8 de Samai. La notificación se realizó a los correos electrónicos:
autoridadesdepatiobonitoyjacs@gmail.com y autoridadesdepatiobonitoyjacs@gmail.com.
9
Índice 8 de Samai. La notificación se realizó a los buzones web:
notifpcordoba@consejodeestado.gov.co, lbastidasg@consejodeestado.gov.co,
notifcmantilla@consejodeestado.gov.co, lmartinezf@consejodeestado.gov.co,
notifnpena@consejodeestado.gov.co, dmontezumac@consejodeestado.gov.co,
jfayadc@consejodeestado.gov.co, crodriguezf@consejodeestado.gov.co,
notifgosorio@consejodeestado.gov.co y ces1secr@consejodeestado.gov.co.

4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: William Fernández de Aguas y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03057-00

2. El expediente fue asignado por reparto al Despacho del entonces Consejero
Hernando Sánchez Sánchez, que en auto del 7 de diciembre de 2023
admitió la demanda, ordenó que se surtieran trámites de ley y corrió traslado
de la solicitud de medida cautelar.
3. Por auto del 26 de junio de 2024, se admitió la reforma de la demanda.
4. La Magistrada en encargo Nubia Margoth Peña Garzón mediante auto del
9 de mayo de 2025, remitió el expediente para el estudio de su posible
acumulación con el proceso con radicación 11001-03-26-000-2022-00163-
00.
5. El 3 de junio de 2025 el expediente ingresó a su Despacho para resolver
sobre la acumulación procesal.

Aunado a ello, el Magistrado puso de presente que tiene 1417 procesos asignados
a su cargo, entre los cuales versan distintos medios de control y acciones
constitucionales que se resuelven respetando el orden en que son repartidos, así
como su prelación dependiendo de la materia.

En consecuencia, argumentó que no había incurrido en mora judicial injustificada,
toda vez que que el hecho de que a la fecha no se hubiera resuelto sobre la
eventual acumulación tenía justificación en la carga de trabajo asignada y en el
orden de prelación y turno en el que debían proferirse las decisiones judiciales.

Por lo tanto, solicitó denegar las pretensiones, toda vez que no existía vulneración
alguna de las garantías fundamentales.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por
los señores William Fernández de Aguas y Tulio Enrique Mejía Mora, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 7. ° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto
1069 de 2015, modificado por el artículo 1. º del Decreto 333 de 2021, por cuanto
esta se dirige, contra el Consejo de Estado, Sección Primera.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala dar respuesta al siguiente interrogante:

• ¿El Consejo de Estado, Sección Primera vulneró los derechos
fundamentales de los señores William Fernández de Aguas y Tulio
Enrique Mejía Mora con ocasión de la mora judicial injustificada, ante la
falta de trámite de la medida de suspensión provisional solicitada en el

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: William Fernández de Aguas y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03057-00

medio de control de nulidad simple identificado bajo el radicado 11001-
03-24-000-2022-00363-00?

Para resolver tal problema jurídico, resulta pertinente analizar los siguientes
temas: (i) generalidades de la acción de tutela; (ii) derecho al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia; (iii) mora judicial injustificada y, (iv) el caso
concreto.

2.3. Generalidades de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la acción
u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos
en que indica el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable10.

2.4. Derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia

Considera la Sala necesario recordar que de acuerdo con una interpretación
armónica del artículo 229 de la Constitución11, del derecho fundamental al debido
proceso12 y de los principios de la Carta Política, se ha otorgado el carácter de
fundamental al derecho de acceso a la administración de justicia13.

El derecho mencionado ofrece al individuo la garantía de acudir ante el juez para
que resuelva «[…] las controversias que surjan con otros individuos u

10
Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
11
«Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley
indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado».
12
«Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia
a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien
sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de
oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la
sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso».
13
Sentencia T-006 de 1992.

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: William Fernández de Aguas y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03057-00

organizaciones y con el mismo Estado, ante un juez, con miras a obtener una
resolución motivada, ajustada a derecho, y dictada de conformidad con el
procedimiento y las garantías constitucionales previstas en la Constitución y en la
ley […]»14.

Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía «[…] no
puede concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal de
llegar ante los jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a
atender las demandas de los asociados, puesto que su esencia reside en la
certidumbre de que, ante los estrados judiciales, serán surtidos los procesos a la
luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad y la suficiencia probatoria que
aseguren un real y ponderado conocimiento del fallador acerca de los hechos
materia de su decisión […]»15.

Frente a esto, debe además recordarse que, de los artículos 228, 229 y 230 de la
Constitución Política y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional se
desprende que el derecho a tutela judicial efectiva implica de una parte, que
cuando el «[…] ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
encuentre una respuesta rápida y efectiva a su pretensión de protección de sus
derechos y garantías”16, y de otro lado, “la obligación correlativa de las autoridades
judiciales de promover e impulsar todas las condiciones que sean necesarias para
que el acceso de los particulares a dicho servicio público sea real y efectivo, con
lo cual se deben descartar las actuaciones nominales que no logren tal finalidad.
Se entiende por lo tanto que el derecho extraído por la Corte involucra la necesidad
de que los jueces deriven en sus providencias la dimensión pro actione, lo que
representa un avance significativo en la protección de los derechos de las
personas […]»17.

Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1. ° de la Ley Estatuaria de la
Administración de Justicia18 y con sustento en los principios de celeridad, eficiencia
y respeto de los derechos que rigen la función judicial, el juez, como director del
proceso, debe velar por la rápida solución del caso con el fin de evitar el desgaste
que representa adelantar todo un proceso para terminarlo con una sentencia
inhibitoria o que termine por vulnerar los derechos fundamentales de las partes.

14
Sentencia T-476 de 1998.
15
Corte Constitucional. Sentencia C-1027 de 2002. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas
Hernández.
16
Corte Constitucional C-796 de 2006. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.
17
Ibídem.
18
Ley 270 de 1996. «Artículo 1° La administración de justicia es la parte de la función pública que
cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos,
obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social
y lograr y mantener la concordia nacional».

7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: William Fernández de Aguas y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03057-00

Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple en el
Estado Social de Derecho, en el que «[…] ha dejado de ser el frío funcionario
judicial que aplica irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el funcionario –sin
vendas- que se proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender la
agitada realidad subyacente y asumir su responsabilidad como servidor vigilante,
activo y garante de los derechos materiales. El juez que reclama el pueblo a través
de su Carta Política ha sido encomendado con dos tareas imperiosas: (i) la
obtención del derecho sustancial y (ii) la búsqueda de la verdad. Estos dos
mandatos a su vez constituyen el ideal de la justicia material […]»19.

2.5. La mora judicial injustificada

La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede
llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en
aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es originada
no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de
exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la
omisión sistemática de sus deberes20.

Asimismo, el Máximo Tribunal Constitucional ha considerado que «atendiendo la
realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos
procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales»21.

En esa línea, dicha Corporación precisó que:

[…] por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un
mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su
estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por
ello, la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al
actuar del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se
entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego
de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación
concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando
es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la
diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente
existen problemas estructurales en la administración de justicia que generan un
exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras
circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la
controversia en el plazo previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la
misma providencia, se está ante un caso de dilación injustificada, cuando se acredita
que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su comportamiento es el
resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones. (Resaltado propio)

19
Corte Constitucional. Sentencia SU-768 de 2014. Magistrado Ponente. Jorge Iván Palacio
Palacio.
20
Corte Constitucional. T-1019 de 2010. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.
21
Corte Constitucional. T-230 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: William Fernández de Aguas y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03057-00

Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición reiterada
en relación con la existencia de mora judicial22, según la cual solo se predica si
hay dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la competencia del
juez. En el evento de acreditarse esta conducta, constituye violación al derecho de
acceso a la administración de justicia y de contera, al debido proceso de las partes.

2.6. Caso concreto

Los señores William Fernández de Aguas y Tulio Enrique Mejía Mora presentaron
acción de tutela, tras considerar vulnerados sus derechos al debido proceso, a la
tutela judicial efectiva y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de
la mora judicial injustificada suscitada en el medio de control de nulidad simple,
identificado con radicado 11001-03-24-000-2022-00363-00, toda vez que no se ha
resuelto la medida cautelar de suspensión provisional solicitada con el escrito de
demanda del 23 de agosto de 2022.

Del informe allegado por el doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes, Magistrado
del Consejo de Estado, Sección Primera, expuso que el 7 de diciembre de 2023 el
Magistrado Hernando Sánchez Sánchez dictó auto admisorio de la demanda y
corrió traslado de la medida cautelar.

No obstante, llegada la oportunidad procesal para resolver sobre la solicitud, la
Magistrada encargada, la doctora Nubia Margoth Peña Garzón remitió el
expediente al Despacho del Consejero Germán Eduardo Osorio Cifuentes para el
estudio de su posible acumulación con el proceso 11001-03-26-000-2022-00163-
00.

Por lo tanto, advirtió que, si bien el expediente había ingresado a su Despacho
para resolver sobre la acumulación procesal el 3 de junio de 2025, lo cierto era
que, tenía asignados 1417 procesos a su cargo, entre los cuales versaban distintos
medios de control y acciones constitucionales que se evacuaban de acuerdo al
orden establecido, así como a su prelación dependiendo de la materia.

En consecuencia, argumentó que no había incurrido en mora judicial injustificada,
toda vez que que el hecho de que a la fecha no se hubiera resuelto sobre la
eventual acumulación tenía justificación en la carga de trabajo asignada y en el
orden de prelación y turno en el que debían proferirse las decisiones judiciales.

Aunque se advierte la existencia de la mora judicial por parte del Despacho
accionado, se deben analizar los eventos en que dicha situación da lugar a una

22
Entre otras, consultar las sentencias de: (i) 14.09.23, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad.
76001-23-33-000-2023-00520-01 y (ii) 18.04.24, M.P. Gloria María Gómez Montoya, Rad. 11001-
03-15-000-2023-06923-01.

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: William Fernández de Aguas y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03057-00

orden de protección por el juez de tutela. La Corte Constitucional ha sido enfática
en que la mora judicial que comporta una vulneración a los derechos
fundamentales es aquella que se caracteriza por:

(i) el incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna
actuación por parte del funcionario competente; (ii) que la mora desborde el
concepto de plazo razonable que involucra análisis sobre la complejidad del
asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de la autoridad
competente y el análisis global de procedimiento; (iii) la falta de motivo o
justificación razonable en la demora23.

En la sentencia SU-076 de 2022, la Corte Constitucional indicó que el concepto de
plazo razonable se deriva del artículo 7 de la Convención Americana de Derechos
Humanos que establece que toda persona «tendrá derecho a ser juzgada dentro
de un plazo razonable». En tal sentido, el máximo órgano constitucional24 señaló
que el derecho fundamental al debido proceso se desconoce en la medida en que
la autoridad judicial desatiende dicho lapso, pero para determinar su configuración
deberá analizarse:

(i) La complejidad del asunto.
(ii) La actividad procesal del interesado.
(iii) La conducta de las autoridades judiciales.
En ese orden, aunque es claro que el asunto no reviste mayor complejidad porque
en este momento se debe resolver sobre una acumulación de expedientes,
aspecto que no requiere mayor debate, sí se encuentra superado ampliamente el
plazo para su resolución. No obstante, también se observa que la autoridad judicial
accionada ha actuado constantemente en el proceso, resolviendo la admisión de
la demanda, ordenando el traslado de la medida cautelar y solicitando la
acumulación de expedientes.

Además, se debe tomar a consideración, las razones expuestas por el Magistrado
Osorio Cifuentes de la alta carga y congestión judicial presentada no solo en su
Despacho sino, a nivel de toda la Sección Primera del Consejo de Estado, que
imposibilitaba saltarse los expedientes que ingresaron con anterioridad para
pronunciarse sobre el caso en cuestión, teniendo en cuenta el estricto seguimiento
de turnos.

Se insiste en que los procesos judiciales se resuelven conforme al sistema de
turnos, mecanismo que ordena y racionaliza de las actuaciones judiciales que
garantiza el derecho a la igualdad entre las personas que acuden a la
administración de justicia, por lo que, en principio, la acción de tutela no puede ser
utilizada como un medio para alterar el turno de decisión, excepcionalmente lo

23
Corte Constitucional, Sentencia T-297 de 2006.
24
Corte Constitucional, Sentencia SU-333 de 2020.

10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: William Fernández de Aguas y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03057-00

podrá hacer si la tardanza «puede derivar directamente en una afectación definitiva
de un derecho fundamental»25, aspecto que no es del caso.

Admitir lo contrario implicaría desnaturalizar la acción de tutela y convertirla en un
instrumento ordinario de gestión de expedientes, alterando indebidamente las
reglas de competencia, el sistema de turnos y la autonomía funcional de los jueces,
de forma que, el juez de tutela no está llamado a sustituir al natural en la dirección
del proceso ni a intervenir prematuramente en actuaciones judiciales respecto de
las cuales aún existen mecanismos ordinarios idóneos para obtener una
respuesta, con el fin de evitar que sea un mecanismo paralelo de presión procesal
orientado a alterar el curso regular de los expedientes, desconociendo los
derechos al debido proceso y de igualdad de los demás usuarios de la
administración de justicia cuyos asuntos esperan resolución conforme al orden
legalmente establecido.

Así, cuando la dilación encuentra explicación en factores objetivos, tales como la
congestión judicial, la complejidad procesal del asunto, la necesidad de resolver
actuaciones previas o el respeto del sistema de turnos, desaparece el elemento
arbitrario requerido para estructurar una mora constitucionalmente reprochable26.

En ese sentido, no se vulneran los derechos fundamentales cuando el despacho
judicial acredita una carga laboral excesiva y demuestra que el expediente ha
seguido el trámite correspondiente dentro de las posibilidades reales del servicio
judicial, por lo que, la ausencia de una decisión inmediata no puede interpretarse
automáticamente como desidia judicial. Bajo ese entendido, la demora
cuestionada corresponde a una circunstancia objetiva derivada de la dinámica y
congestión de la función jurisdiccional, mas no a una conducta omisiva o
caprichosa atribuible al operador judicial27.

Finalmente, no se observa que, dentro del escrito introductorio, los actores
expusieran alguna razón que configurara un perjuicio irremediable que permitiera
la intervención del juez constitucional.

Así las cosas, se negará la solicitud de amparo, tras no encontrar que la mora
judicial alegada se encuentre injustificada ni se haga visible un perjuicio
irremediable.

25
Corte Constitucional, Sentencia T-945 de 2008. Ver también, sentencia SU-179 de 2021.
26
Corte Constitucional, Sentencia T-1154 de 2001.
27
Corte Constitucional, Sentencia T-341 de 2022.

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: William Fernández de Aguas y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03057-00

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la acción de tutela interpuesta por los señores William
Fernández de Aguas y Tulio Enrique Mejía Mora contra el Consejo de Estado,
Sección Primera.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.