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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03059-00

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquin Barreto Suarez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03059-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declarar improcedente la acción de tutela promovida por el señor Fredy Samacá Gutiérrez. SEGUNDO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-03059-00

Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez

14 de mayo de 2026

Demandante: Fredy Samacá Gutiérrez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03059-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03059-00
Demandante: FREDY SAMACÁ GUTIÉRREZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA -
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia
constitucional y subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en ejercicio de
la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución y de conformidad
con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Fredy Samacá Gutiérrez, en nombre propio, presentó solicitud de tutela1
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda,
Subsección A con el propósito de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la
doble instancia, a la seguridad social y al mínimo vital y vida digna.

Consideró vulneradas tales garantías constitucionales con ocasión de la sentencia
proferida por el tribunal accionado el 2 de marzo de 2026, que revocó el fallo de 8
de agosto de 2024, por medio del cual el Juzgado Once Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda
y, en su lugar, las denegó, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 11001-33-35-011-2021-00113-00/01, promovido contra la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, el actor solicitó:

1 El 21 de abril de 2026.

1
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Demandante: Fredy Samacá Gutiérrez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03059-00

PRIMERA. TUTELAR mis derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a
la administración de justicia, a la doble instancia, a la seguridad social, al mínimo
vital, a la vida digna y a la igualdad, vulnerados por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección A mediante la sentencia de 2 de
marzo de 2026.

SEGUNDA. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de 2 de marzo de 2026, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección
A, dentro del expediente No. 11001-33-35-011-2021-00113-01.

TERCERA. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección A que, dentro del término que se fije, profiera una nueva
sentencia de segunda instancia en la que: (i) respete el principio de non reformatio
in pejus; (ii) valore integralmente el material probatorio, incluyendo el dictamen de la
Junta Regional de Calificación de Invalidez; (iii) garantice el derecho fundamental a
la seguridad social del accionante; y (iv) adopte la interpretación más favorable a los
derechos del trabajador conforme al artículo 53 de la Constitución Política y al bloque
de constitucionalidad2.

1.3. Hechos

En el escrito de la tutela el accionante mencionó los siguientes supuestos fácticos:

El tutelante hizo parte del Ejército Nacional desde el 26 de julio de 2004 hasta el
9 de julio del 2025, cuando fue retirado del servicio por llamamiento a calificar
servicios.

Desde el año 2014 fue diagnosticado con esclerosis múltiple3, de rinosinusitis
crónica, trastorno de ansiedad, deterioro cognitivo leve, discopatía cervical y
osteocondritis torácica. Desde ese año recibe tratamiento médico especializado
en las áreas de neurología, psiquiatría, neuropsicología y otorrinolaringología.

Mediante Acta Médico Laboral No. 116873 del 14 de abril de 2020, la Dirección de
Sanidad del Ejército Nacional le practicó valoración médico laboral, determinando
una disminución de la capacidad laboral del 49,65% sobre el 90,5% restante, toda
vez que mediante Junta Médico Laboral anterior se le había dictaminado una
Pérdida de Capacidad Laboral (en adelante PCL) del 9,5%. En consecuencia, se
estableció una PCL total del 59,15%, calificándolo con incapacidad permanente
parcial, no apto y no reubicable.

El Tribunal Medico Laboral de Revisión Militar y de Policía mediante Acta No. TML-
20-220MDNSG-TML-41.1 mantuvo los mismos índices y el porcentaje de PCL
previamente determinados.

Mediante Resolución 287924 de 09 diciembre de 2020, la administración ordenó
el reconocimiento y pago de indemnización por disminución de la capacidad
laboral al actor, por una cuantía de $71.005.797 tomando como base únicamente
el 49,65% y no el 59,15% acumulado que constaba en las actas médico laborales
militares.

El señor Samacá Gutiérrez aduce que la entidad desconoció su propia calificación

2 Trascripción literal del original con posibles errores.
3 Enfermedad autoinmune, degenerativa, incurable y de carácter progresivo del sistema nervioso

central.

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acumulada y además, optó por una indemnización cuando el porcentaje total
acumulado (59,15%) superaba el umbral del 50% exigido por el Decreto 1157 de
2014 para acceder a la pensión de invalidez.

Inconforme con las anteriores decisiones, el 23 de abril de 2021, el tutelante
presentó medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pretendiendo
la nulidad del Acta Médica Laboral No. 116873, del Acta del Tribunal Médico
Laboral TML-20-2-220 y de la Resolución No. 287924 de 2020, así como la
reliquidación de la indemnización al 100%.

Esta acción correspondió en primera instancia al Juzgado Once Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, que en sentencia del 8 de agosto de 2024 accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda con fundamento en que:

i) El actor fue calificado mediante Junta Médica Laboral con una
disminución del 49,65 % de origen común, decisión confirmada por el
Tribunal Médico Laboral.
ii) Con fundamento en ello se le reconoció indemnización por la suma de
$71.005.797 según las normas aplicables.
iii) Decretó como prueba el dictamen de la Junta Regional de Calificación
de invalidez de Bogotá, la cual le determinó al accionante una pérdida
de capacidad laboral del 59.29%. El despacho otorgó plena eficacia
probatoria a este último dictamen por ajustarse a los requisitos legales
y a las tablas del Decreto 094 de 1989 y ordenó reliquidar la
indemnización al actor.

Inconforme con la anterior decisión, la parte demandada la impugnó al considerar
que los actos demandados se encontraban ajustados a la norma aplicable y en
razón a que el a quo no identificó la configuración de causal alguna de nulidad,
pese a que los organismos médico laborales valoraron integralmente la historia
clínica, los conceptos de especialistas, los exámenes practicados y las
condiciones reales del demandante al momento de cada calificación.

Por otra parte, reconoció el dictamen de la Junta Regional de Calificación de
Invalidez de Bogotá que estableció una pérdida de capacidad laboral del 59,29%,
sin embargo, mencionó que dicho porcentaje obedece a la progresión natural de
la enfermedad diagnosticada (esclerosis múltiple), la cual es degenerativa,
incurable y de evolución progresiva. En ese sentido, argumentó que la diferencia
entre los porcentajes de pérdida de capacidad laboral responde al deterioro
progresivo del estado de salud del demandante con el paso del tiempo y no a
errores en las valoraciones efectuadas por las autoridades médico laborales
militares, razón por la cual conservan su presunción de legalidad.

En segunda instancia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda, Subsección A mediante fallo del 2 de marzo de 2026 revocó la sentencia
de primera instancia pues consideró que con el dictamen de pérdida de capacidad
laboral del 59.29% realizada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez al
accionante, este tenía derecho a la pensión de invalidez y no a la indemnización
como lo hizo la entidad, de conformidad con el Decreto 1157 de 2014.

3
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Adujo que la indemnización por disminución de la capacidad sicofísica y la pensión
de invalidez son prestaciones incompatibles entre sí pues ambas tienen la misma
finalidad, esto es, cubrir el riesgo derivado de la pérdida de la capacidad laboral
de los miembros de la Fuerza Pública. Sin embargo, la indemnización procede
cuando la afectación no alcanza el umbral legal para el reconocimiento pensional,
mientras que la pensión de invalidez se reconoce cuando dicha pérdida supera el
porcentaje exigido por la normatividad vigente. De esta manera, cuando se
configura el derecho a la pensión, la contingencia ya se encuentra cubierta de
forma integral por la prestación periódica, lo que excluye el reconocimiento
simultáneo de una indemnización por el mismo riesgo.

Concluyó que el actor únicamente pretendió el reajuste de la indemnización y no
el reconocimiento de la pensión de invalidez, entonces, por aplicación del principio
de congruencia, no era posible conceder una prestación distinta a la reclamada.
En ese sentido, si lo procedente era la pensión de invalidez y no la indemnización,
no podía ordenar la reliquidación de la indemnización reconocida.4

1.4. Sustento de la vulneración

A juicio del accionante, la autoridad judicial accionada desconoció sus derechos
fundamentales invocados e incurrió en los siguientes defectos:

Defecto Sustantivo o Material. Alega la vulneración del principio de non reformatio
in pejus, ya que el tribunal agravó la situación del demandante al revocar el fallo
favorable de primera instancia, siendo el Ministerio de Defensa Nacional el
apelante único. Además, afirma que hubo una aplicación indebida de la doctrina
de incompatibilidad, pues la autoridad judicial accionada utilizó una regla diseñada
para evitar dobles pagos y dejar al actor sin ninguna prestación, a pesar de
reconocer que su pérdida de capacidad laboral superaba el 50%. Finalmente,
señala una contradicción entre la motivación (que reconoce la irregularidad) y la
decisión (que niega todo restablecimiento).

Señala que el tribunal, al reconocer que la entidad demandada actuó
irregularmente, debía ordenar el restablecimiento efectivo, reajustando la
indemnización o remitiendo a la entidad para el reconocimiento de la pensión de
invalidez. En cambio, negó todo, dejándolo en peor situación que antes de iniciar
el proceso judicial.

Defecto Fáctico. Argumenta una indebida valoración probatoria, pues existía una
convergencia de tres dictámenes médicos (Junta Militar, Tribunal Médico y Junta
Regional) que situaban su PCL alrededor del 59%. Precisa que la autoridad judicial
accionada incurrió en este defecto al reconocer estos hechos en la parte motiva,
pero decidió de forma contraevidente en la resolutiva, omitiendo el valor probatorio

4 El fallo mencionado señaló que no era viable despojar al actor de lo reconocido en sede
administrativa, por cuanto tal aspecto no constituía objeto del litigio, el cual se circunscribió
exclusivamente en la solicitud de reliquidación de la indemnización, es decir, no se pronunció sobre
asuntos no debatidos. Asimismo, argumentó que, en caso de que se llegare a reconocer la pensión
de invalidez en sede administrativa o en proceso judicial, la entidad demandada debía descontar lo
pagado previamente por concepto de indemnización por disminución de la capacidad sicofísica, en
aplicación del principio de incompatibilidad y con el fin de evitar un doble reconocimiento por la
misma contingencia.

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del dictamen de la Junta Regional que no fue objetado por la entidad.

Desconocimiento del precedente Constitucional. Afirma que el tribunal desatendió
la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre: i) la prohibición de empeorar la
situación del no apelante (non reformatio in pejus5); ii) el derecho a la doble
instancia6, al privarlo de controvertir una decisión adversa dictada por primera vez
en segunda instancia; y, iii) la protección reforzada de personas en situación de
discapacidad7, al aplicar una interpretación formalista y restrictiva en lugar de los
principios pro homine e in dubio pro operario.

Decisión Extra Petita (Ultra Vires Judicial). Indicó que la accionada excedió su
competencia al introducir de manera oficiosa el argumento de la incompatibilidad
entre indemnización y pensión, un tema que no fue planteado por el apelante ni
debatido por las partes, cercenando el derecho de contradicción del actor.

Motivación contradictoria o insuficiente. Señala que la providencia es incongruente
porque identifica una "irregularidad administrativa grave" (el pago indebido de una
indemnización menor a la debida) pero, sin una explicación razonable, concluye
que la consecuencia jurídica es dejar al tutelante en un estado de desprotección
total.

Violación directa de la Constitución. Sostiene que la sentencia desconoce
directamente mandatos constitucionales como el debido proceso, la seguridad
social, el mínimo vital y la protección especial a personas en debilidad manifiesta,
al privilegiar la congruencia procesal sobre la protección efectiva de derechos
fundamentales de un militar retirado enfermo de esclerosis múltiple.

1.5. Trámite, contestaciones e intervenciones

Mediante auto de 22 de abril de 2026 se admitió la solicitud de tutela y se ordenó
notificar esta decisión a la parte actora y como demandados a los magistrados que
integran el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A; al juez Once Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, al
ministro de Defensa Nacional y al comandante del Ejército Nacional, como terceros
con interés en las resultas del proceso.

Remitidas las respectivas comunicaciones no se presentaron intervenciones ni
contestaciones.

5 Mencionó las sentencias C-583 de 1997, T-474 de 1992, SU-1553 de 2000, T-233 de 2007, C-

651 de 2019, T-214 de 2012.
6 Mencionó las sentencias T-006 de 2015, T-214 de 2012, SU-215 de 2016.
7 Hizo referencia a las sentencias Sentencias T-340 de 2017, T-597 de 2017, T-065 de 2019, T-031

de 2018, T-340 de 2022.

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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala analizar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda, Subsección A incurrió en alguna irregularidad que atente contra
los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, a la doble instancia, a la seguridad social, al mínimo vital y vida digna, en
el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 11001-33-35-011-2021-00113-00/01.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de
la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, ii) los requisitos adjetivos de procedibilidad; y finalmente, de
encontrarse superados se estudiará, iii) el fondo del reclamo.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
2012, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen,
antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-
10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional,
cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales,
de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta
providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al
efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.

Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el
momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales

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como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales
y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a
que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– o que
impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por
el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia
objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los
derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se
atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido
de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.4. Examen de los requisitos: procedencia adjetiva

2.4.1. Relevancia constitucional

Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia SU 215 de 26 de junio de 2022
explicó que, dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada,
cuando se interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión
judicial «...el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar
un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada’.»

En ese sentido, el alto tribunal constitucional consideró que la acción de tutela
contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del
fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación
de las normas que se zanjaron por el juez natural.

A su vez, la citada corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente
legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta para

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verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:

...(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que
la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.8

En el presente asunto se observa que la parte actora atribuyó la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales a la sentencia de 2 de marzo de 2026,
dictada por el tribunal demandado, que revocó el fallo de 8 de agosto de 2024, por
medio del cual el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en su lugar, las denegó.

En su criterio, la autoridad judicial accionada al proferir la mencionada sentencia:
incurrió en: i) defecto sustantivo por violación del principio de non reformatio in
pejus y por proferir una decisión extra petita; ii) defecto fáctico por indebida
valoración probatoria; iii) desconocimiento del precedente; iv) decisión sin
motivación; y, v) violación directa de la Constitución.

Ahora, en el caso objeto de estudio, la solicitud de amparo presentada por el
tutelante, como se indicó en precedencia, no satisface el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que las inconformidades planteadas no contienen la
carga argumentativa necesaria que dé cuenta de las razones del porqué el asunto
requiere la intervención del fallador de esta sede; es decir, no tienen la entidad o
trascendencia para aplicar, interpretar o desarrollar mandatos constitucionales.

Lo primero que se advierte es que el actor, si bien alegó la posible configuración
de los defectos fáctico, sustantivo y por desconocimiento de precedente, lo cierto
es que, ninguno cumple con la argumentación mínima para su estudio, de
conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional cuando se le atribuye la
vulneración de derechos fundamentales a una providencia judicial.

En ese sentido, el accionante se limitó a señalar que la autoridad judicial
desconoció el principio de non reformatio in pejus pues el tribunal agravó su
situación al revocar el fallo de primera instancia (que le fue favorable) y respecto
del cual no interpuso recurso de apelación. Sin embargo, yerra el tutelante al darle
esta interpretación al mencionado principio, toda vez que este en realidad busca
establecer un límite a la competencia del fallador de segundo grado consistente en
que su providencia debe ceñirse únicamente a un pronunciamiento respecto de lo
desfavorable a quien apeló9, es decir, no puede hacer más perjudiciales las
consecuencias de quien ejerció el recurso y para el caso que ocupa a la sala,
quien presentó la apelación en contra de la sentencia cuestionada fue el Ejército
Nacional.

8 Destacado por la Sala.
9 Corte Constitucional, sentencias T-455 de 2016 y T-393 de 2017.

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En segundo lugar, se evidencia que existe una incongruencia en los argumentos
planteados por el accionante, esto por cuanto: i) en los hechos de la tutela
manifiesta que la entidad demandada desconoció su propia calificación y optó por
una indemnización cuando el porcentaje total acumulado (59,15%) superaba el
umbral del 50%, razón por la cual podía acceder a la pensión de invalidez; y, ii)
pese a lo anterior no está de acuerdo con que el tribunal accionado en la sentencia
ahora cuestionada, después de valorar las pruebas aportadas al plenario
considerara que el dictamen de pérdida de capacidad laboral que arrojó un
porcentaje del 59.29% permitiera concluir que este tiene derecho a la pensión de
invalidez y no a la indemnización, razón por la que le corresponde a este solicitar
ante la administración dicha prestación.

La anterior incongruencia en los planteamientos del tutelante, en los que en
principio está conforme con recibir una pensión de invalidez, pero posteriormente
no se encuentra de acuerdo con lo planteado por el tribunal en ese mismo sentido,
permite reiterar a la sala que la carga argumentativa que hace alusión la Corte
Constitucional no se satisface simplemente con enunciar y transcribir artículos de
la Constitución Política para cumplir con la mencionada exigencia, sino que dicha
labor comprende un ejercicio argumentativo mucho más profundo. En el escrito
contentivo de la tutela, se advierte el reparo a la decisión del 2 de marzo de 2026,
a partir de la configuración de los yerros señalados, pero huérfanos de una línea
conceptual de índole constitucional que permita al funcionario judicial desarrollar,
interpretar o aplicar la carta política respecto al caso concreto.

Finalmente, respecto del cargo por desconocimiento del precedente, si bien señaló
las providencias inadvertidas por el juez ordinario, lo cierto es que no realizó ningún
análisis en el que se indicara la regla o subregla determinante aplicable a la
solución del nuevo caso y su incidencia en la decisión que deba adoptar el juez
natural del asunto.

Sumado a lo anterior, como se indicó al inicio de este acápite, no se satisfizo la
carga desde la perspectiva constitucional, según lo establecido en la referida
sentencia de unificación de la Corte Constitucional, SU-215 de 2022.

En ese orden, se reitera que la afirmación consistente en que se vulneraron sus
prerrogativas superiores, no comporta que el asunto puesto en conocimiento del
juez de tutela revista necesariamente de relevancia constitucional, pues para ello
se requiere que en el escrito inicial medie un ejercicio hermenéutico y
argumentativo que permita vislumbrar que la controversia gira en torno al alcance,
contenido o goce de un derecho fundamental. Esto, ya que la competencia de este
operador judicial se restringe a la protección efectiva de las garantías
constitucionales y no a problemas de carácter legal o a estudiar una mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales.

No sobra iterar que, en garantía de los principios de seguridad jurídica, cosa
juzgada y del respeto por el precedente judicial, la acción de tutela contra
providencias judiciales debe ser rigurosa a la hora de estudiar los requisitos
generales de procedibilidad.

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Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03059-00

2.4.2. Agotamiento de los medios de defensa judicial

Ahora bien, la sala considera necesario indicar en este punto que, el inciso 3º del
artículo 86 de la Constitución consagra este requisito como presupuesto de
procedencia de la acción de tutela y determina que «[e]sta acción sólo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial», precepto
reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.

Del texto de la norma referida se evidencia que, cuando existan otros mecanismos
de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de
los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a
estos y no a la tutela.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una
persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos
sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones
paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo
su competencia10.

Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige que
la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto
reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos
judiciales deben buscar la defensa de aquellos.

Vale decir que el respeto y la garantía de los derechos de las personas son de la
esencia del Estado Social de Derecho, como bien lo establece el inciso 2° del
artículo 2° de la Constitución, de ahí que la garantía de los derechos fundamentales
de las personas no solo corre a cargo del juez de tutela, sino que es vinculante
para cualquier persona que esté investida de la autoridad del Estado y en
cualquiera de los ámbitos funcionales del mismo.

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-735 de 2013, manifestó que la
«exigencia constitucional responde al principio de subsidiariedad del amparo, que
pretende asegurar que no sea considerado en sí mismo una instancia más en el
trámite jurisdiccional, un mecanismo de defensa que reemplace aquellos otros
diseñados por el legislador y mucho menos, como se pretende en este caso, un
camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes para corregir
oportunidades vencidas en los procesos jurisdiccionales ordinarios»11.

Aunado a lo anterior, la referida alta corporación manifestó que, junto con los
demás requisitos de procedibilidad, se exige que el actor «haya ejercido los
recursos previstos en el respectivo proceso judicial, pues no se trata de sustituir a

10 En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: «En efecto, la
Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que
tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en
consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior.
Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de
subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es
contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los
derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.»
11 Corte Constitucional, Sentencia T-735 del 17.1.2013. M.P. Alberto Rojas Ríos

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través de ella los mecanismos ordinarios de defensa que, por negligencia,
descuido o incuria de quien solicita el amparo constitucional, no fueron utilizados a
su debido tiempo»12.

En el sub examine el actor alegó que la sentencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, de 2 de marzo de 2026, incurrió
en “Motivación contradictoria o insuficiente”, así como en una vulneración del
principio de congruencia, por cuanto identifica una "irregularidad administrativa
grave": el pago indebido de una indemnización menor a la debida; pero, sin
explicación razonable, concluye que la consecuencia jurídica era dejar al tutelante
en un estado de desprotección total, en el que no ordenó la reliquidación de la
indemnización ni tampoco que se le reconociera la pensión de invalidez.

Ahora bien, al margen de la razonabilidad de esta tesis, lo cierto es que esta
magistratura, investida como juez constitucional, no es competente para
determinar si el proveído bajo cuestionamiento adolece de falta de motivación e
incongruencia, circunstancias que, como se analizará más adelante, se enmarcan
en la causal quinta del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, ya que tal análisis le
corresponde al operador judicial del recurso extraordinario de revisión.

Frente al punto, se advierte que, de acuerdo con la postura de la Sala Veintidós
Especial de Decisión de esta corporación13, la incongruencia y la falta de
motivación dan lugar a la nulidad originada en la sentencia, que es una de las
causales que hacen procedente el recurso extraordinario de revisión, en los
términos del numeral 5° del artículo 250 de la Ley 1437 de 201114.

La tesis de la referida Sala Especial fue expuesta en los siguientes términos:

[…] 2.5. Nulidad originada en la sentencia

El artículo 250 del CPACA consagra en su numeral 5º, como causal de
procedencia del recurso extraordinario de revisión “existir nulidad originada
en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación”.

[…]

2.6. Desconocimiento del principio de congruencia como causal de nulidad de
la sentencia

Dentro del contexto expuesto en el acápite anterior, la jurisprudencia de la Sala
Plena Contenciosa ha indicado que debe aceptarse que la causal 6ª del artículo
188 del C.C.A., hoy 5 del artículo 250 del CPACA, por nulidad originada en la
sentencia, se configura, entre otras razones, cuando al demandado se le
condena por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda o
por causa diferente a la invocada en la misma.

12 Corte Constitucional, Sentencia T-107 del 20.2.2012. M.P. María Victoria Calle Correa
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintidós Especial de

Decisión. Providencia de dos (2) de febrero de dos mil dieciséis (2016). Radicación número: 11001-
03-15-000-2015-02342-00(REV). Magistrado ponente: Alberto Yepes Barreiro.
14 Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de

2003, son causales de revisión: (…) 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación. (…).

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Circunstancia que también podría encuadrarse en la causal de falta de competencia,
en este caso, en cuanto el juez se pronuncia por fuera de los límites impuestos en
la causa petendi.

[…]

En el primer caso, se trata de la congruencia externa de la sentencia. Se puede
identificar porque en líneas generales es lo que preceptuaba el artículo 170 del
C.C.A., y las normas del procesal civil, según los cuales el fallo debe estar en
armonía con lo pedido y alegado tanto por la parte demandante como por la
parte demandada. Y, en el segundo evento, corresponde a la congruencia
interna, que es la coherencia que ha de existir entre lo dispuesto en la parte
resolutiva y lo argüido en la parte motiva de la providencia.

[…].

En este orden de ideas, esta Sala Especial advierte, conforme a lo expuesto, que la
causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA -antes
6 del artículo 188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada en la sentencia, se
puede configurar cuando el fallo objeto de revisión ha desatendido la
congruencia interna y/o la externa, pues, en uno y otro caso, el fallador incurre
en una clara violación del debido proceso, artículo 29 constitucional, dado que
la providencia proferida en esos términos resulta contraria a las formas propias de
cada juicio, en específico, la falta de competencia del juez para abordar asuntos
frente a los cuales no se podía pronunciar.

[…]

Fuerza concluir, entonces, que la sentencia debe ser objeto de revisión cuando
falta al principio de congruencia, es decir, cuando aquella carece de la
coherencia externa o interna, razón suficiente para calificar de inválida la decisión,
porque el fallador excede su competencia, la que se repite está determinada por los
cargos y pretensiones de la demanda […]. (Destacado por la Sala)

Asimismo, esta Corporación ha considerado que la nulidad en mención ocurre al
«[p]retermitir la instancia, por ejemplo: (i) al proferir una sentencia sin
motivación; (ii) violar el principio de la non reformatio in pejus (como cuando
se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto al pretendido
en la demanda o por causa distinta a la invocada) o (iii) proferir sentencia
condenatoria contra un tercero que no fue vinculado al proceso.»15 (Destacado por
la Sala)

En este mismo sentido, la Sala Catorce Especial de Decisión del Consejo de
Estado, precisó16:

«[…] la carencia total de pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de
derecho que le permiten arribar a una decisión, es motivo de revisión bajo la causal
quinta. De manera que es improcedente, con fundamento en dicha causal, alegar
situaciones relacionadas con deficiencias en la motivación […]». [Destacado por la
Sala]

15 Sala Veintisiete Especial de Decisión del Consejo de Estado, radicación: 11001-03-15-000-2017-

02091-00 (REV), Actor: Carlos Ossa Escobar, demandado: Contraloría General de la República,
M.P. Rocío Araújo Oñate, en la que se cita, a su vez, la decisión de la Sala Catorce Especial de
Decisión del Consejo de Estado, Radicación: 110010315000 2008 00320 00, Actor: José Joaquín
Palma Vengoechea, Demandado: Nación-Procuraduría General de la Nación, C.P. Danilo Rojas
Betancourth.
16 Ver Sala Catorce Especial de Decisión del Consejo de Estado, sentencia de 5 de abril de 2016,

Radicación: 110010315000 2008 00320 00, Actor: José Joaquín Palma Vengoechea, Demandado:
Nación-Procuraduría General de la Nación, C.P. Danilo Rojas Betancourt.

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En consideración a la anterior tesis, la inobservancia del principio de congruencia,
la falta de motivación e incluso violar el principio de la non reformatio in pejus en la
sentencia dan lugar a que se configure la causal de revisión prevista en el numeral
5° del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, esto es, «[…] Existir nulidad originada
en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación […]».

En razón de lo expuesto, la presente demanda de tutela fundada en la
incongruencia y la falta de motivación de la sentencia no supera el requisito de
agotamiento de todos los medios de defensa judicial, comoquiera que en tal caso
procede el recurso extraordinario de revisión y, por lo tanto, la sala se abstendrá
de su estudio y declarará improcedente la solicitud de amparo.

Ahora bien, se tiene que la Corte Constitucional ha explicado que la acción de
tutela procede excepcionalmente y como mecanismo transitorio de protección de
los derechos fundamentales, siempre y cuando se trate de conjurar la posible
ocurrencia de un perjuicio irremediable y las circunstancias que invoca, se
acrediten al menos sumariamente.

Conforme a lo anterior, la única excepción a la regla de improcedencia de la tutela,
cuando existen otros mecanismos de defensa para obtener la protección de los
derechos suplicados, o ya se agotaron, es la existencia de un perjuicio
irremediable, el cual se configura a voces de la Corte Constitucional «[…]cuando
el peligro que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud que afecta
con inminencia y de manera grave su subsistencia, requiriendo por tanto de
medidas impostergables que lo neutralicen […]»17.

De manera que, este perjuicio irremediable debe ser inminente o actual, y además
ha de ser grave, y requerir medidas urgentes e impostergables 18. Entonces,
corresponde a la colegiatura estudiar sí en el caso concreto, la acción de amparo
procede de forma transitoria ante la configuración de un perjuicio irremediable que
afecte de manera directa los derechos fundamentales de la parte actora.

Al respecto se tiene que dicho perjuicio no se evidencia en este asunto porque del
análisis del acervo probatorio, no es posible establecer que el actor se encuentre
en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas urgentes,
impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos fundamentales.

17 Corte Constitucional, sentencia T-636 de 2006, con ponencia de la magistrada Clara Inés Vargas

Hernández
18 Los presupuestos para la configuración del perjuicio irremediable fueron delimitados por la Corte

Constitucional desde la sentencia T-225 de 1993, con ponencia del magistrado Vladimiro Naranjo
Mesa. Dicha línea fue reconocida por la Sala Plena de la Corte en la sentencia C-531 de 1993. A
continuación, se reseña, en síntesis, lo pertinente: «… son elementales para la comprensión de la
figura del perjuicio irremediable, … A). El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por
suceder prontamente"…. || B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable
han de ser urgentes, || C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que
equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la
persona… || D). La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable,
ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. Si hay
postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna… Se trata del
sentido de precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de la eficacia de la actuación
de las autoridades públicas en la conservación y restablecimiento de los derechos y garantías
básicos para el equilibrio social».

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Demandante: Fredy Samacá Gutiérrez
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Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03059-00

En consecuencia, para la sala, los hechos y los fundamentos que motivaron la
solicitud de amparo, frente a la violación al principio de congruencia y la falta de
motivación alegadas, deben ser cuestionadas a través del aludido recurso
extraordinario de revisión, con ocasión a que la acción de tutela no puede sustituir
el mecanismo de defensa con el que cuenta la parte demandante para la protección
de sus garantías superiores.

Se itera entonces que conforme lo señaló la Corte Constitucional, el recurso
extraordinario de revisión permite el ejercicio de una verdadera acción contra
decisiones injustas, a fin de restablecer la justicia material del caso concreto19.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO: Declarar improcedente la acción de tutela promovida por el señor Fredy
Samacá Gutiérrez.

SEGUNDO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, remitir el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
Aclara voto

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

19 Sentencia C - 418 de 1994.

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