Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03059-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03059-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-03059-01
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
3 de agosto de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03059-01
Accionante: Fredy Samacá Gutiérrez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03059-01
Accionante: Fredy Samacá Gutiérrez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-
Subsección A.
Referencia: Acción de tutela
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – Carácter subsidiario del amparo. Requisitos de
procedencia de la tutela contra providencia judicial. Improcedencia – Subsidiariedad y Relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante contra la sentencia
proferida el 14 de mayo de 2026 por el Consejo de Estado-Sección Quinta, mediante la
cual se declaró improcedente el amparo por no satisfacer los requisitos de relevancia
constitucional y subsidiariedad.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Fredy Samacá Gutiérrez, en nombre propio, formuló acción de tutela en procura del
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración
de justicia, a la doble instancia, a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida digna, los
cuales estimó vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección
Segunda-Subsección A, con ocasión de la sentencia proferida el 2 de marzo de 2026,
mediante la cual se revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, se negaron las
pretensiones de la demanda promovida en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, dentro del proceso de radicado núm. 11001-33-35-011-
2021-00113-00/01.
2. Hechos
Del escrito de tutela1 y de los documentos allegados al presente trámite se desprenden
los siguientes supuestos fácticos:
2.1. Fredy Samacá Gutiérrez fue miembro del Ejército Nacional de Colombia. Ingresó
como cadete a la Escuela Militar de oficiales en 2004 y ascendió hasta el grado de
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Accionante: Fredy Samacá Gutiérrez
Capitán. Mediante Resolución No. 3339 del 9 de julio de 2025, el actor fue retirado del
servicio activo por llamamiento a calificar servicios.
2.2. Desde el año 2014, el accionante recibe tratamiento por neurología, psiquiatría,
neuropsicología y otorrinolaringología. Explicó que fue diagnosticado con esclerosis
múltiple tipo recaída-remisión (enfermedad autoinmune, degenerativa, incurable y de
carácter progresivo del sistema nervioso central), así como rinosinusitis crónica, trastorno
de ansiedad, deterioro cognitivo leve, discopatía cervical y osteocondritis torácica.
2.3. En Acta de Junta Médico Laboral No. 116873 del 14 de abril de 2020, la Dirección de
Sanidad del Ejército Nacional le dictaminó una disminución de la capacidad laboral del
49,65% sobre el 90,5% restante, pues en junta previa (No. 13186 de 2006) se le había
dictaminado una pérdida de capacidad Laboral (PCL) del 9,5%. En consecuencia, se
estableció una PCL acumulada del 59,15%. Por tanto, se le calificó con incapacidad
permanente parcial, no apto y no reubicable.
2.4. En Acta No. TML-20-220MDNSG-TML-41.1 de 25 de noviembre de 2020, el Tribunal
Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía mantuvo el mismo porcentaje de pérdida
de capacidad laboral.
2.5. Mediante Resolución No. 287924 del 9 de diciembre de 2020, la Dirección de
Prestaciones Sociales ordenó el reconocimiento y pago de una indemnización por
disminución de la capacidad laboral al actor, por valor de $71.005.797. Para este efecto,
se tuvo en cuenta el 49,65% y no el 59,15% de PCL que constaba en las actas médico-
laborales militares. Por tanto, se señala en la tutela que la entidad desconoció su propia
calificación acumulada y optó por una indemnización, pese a que “el porcentaje total
acumulado (59,15%) superaba el umbral del 50% exigido por el Decreto 1157 de 2014
para acceder a la pensión de invalidez. (…)”.
2.6. El 23 de abril de 2021, el actor formuló demanda2 en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con el objeto de que se declarara la nulidad del
Acta Médica Laboral No. 116872 de 2020, el Acta del Tribunal Médico Laboral de revisión
Militar y de Policía No. TML-20-2-220 MDNSG-TML-41.1 y de la Resolución No. 2877924
de 9 de diciembre de 2020, y a título de restablecimiento del derecho solicitó la
reliquidación de la indemnización por lesiones equivalentes al 100% de la disminución de
la capacidad laboral, así como teniendo en cuenta sus habilidades y destrezas una
eventual reubicación laboral.
2.7. Mediante sentencia del 8 de agosto de 2024 3, el Juzgado Once Administrativo de
Oralidad del Circuito de Bogotá declaró la nulidad parcial del Acta Médico Laboral No.
116872 del 14 de abril de 2020, el acta del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y
de Policía No. TML20-2-220 MDNSG- TML.41.1. de 25 de noviembre de 2020 y la
Resolución No. 2877924 de 09 de diciembre de 2020. Como restablecimiento del
derecho, ordenó a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional reajustar y pagar al
señor Samacá Gutiérrez la indemnización por pérdida de capacidad conforme al 59,73%
a partir del 21 de octubre de 2022. En esencia, se tuvo en cuenta que la Junta Regional de
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ACB8CEE308902C85 9BFBAFE94209E5BC.
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EAC438FD630C213D BFEBFB5304A97B19, p. 25-41.
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Calificación de Invalidez de Bogotá D.C. y Cundinamarca valoró al actor con una pérdida
de capacidad laboral del 59,29%.
2.8. La referida decisión fue objeto de corrección mediante providencia del 26 de
septiembre de 20244 por parte del Juzgado Once Administrativo de Oralidad del Circuito
de Bogotá, en el sentido de precisar que el reajuste y pago ordenado por concepto de
indemnización por pérdida de capacidad atiende al 59.29%.
2.9. La Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional formuló recurso de apelación5. En
síntesis, aseveró que el acta de junta médico laboral No. 116872 de 14 de abril de 2020 y
el acta del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar 20-2-220 MSDNSG-TML se
encontraban ajustadas a lo dispuesto en la normativa aplicable. Reprochó que el juzgado
no refirió alguna causal de nulidad frente a dichos actos administrativos. Agregó que no
desconocía el valor probatorio otorgado al Dictamen No. 74245368-8719 del 21 de
octubre de 2022. Sin embargo, precisó que la médica ponente había indicado que la
enfermedad del demandante no era susceptible de recuperación y se podía ir agravando.
Añadió que la médica había sostenido que las valoraciones realizadas en su oportunidad
por las autoridades médico laborales estaban acordes con el estado clínico del paciente y
arrojaron un porcentaje de disminución de capacidad laboral del 49,65%. También
sostuvo que no denotaba vicios en las decisiones y que el cambio en la valoración
obedecía al devenir propio del tipo de patología padecida, al ser progresiva y
degenerativa, lo que consecuentemente configuraba la diferencia del porcentaje de
pérdida de capacidad laboral. En esta medida, indicó que al demandante no se le había
realizado calificaciones erróneas en cuanto a sus condiciones de salud, lo que permitía
inferir “que al ser un diagnóstico confirmado con el tiempo, lo lógico es su progresividad al
punto que hoy presenta un grado de invalidez”.
2.10. Mediante sentencia del 2 de marzo de 2026 6, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca-Sección Segunda- Subsección A revocó la decisión de primera instancia
y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda. Consideró que el valor arrojado en el
dictamen de pérdida de capacidad laboral (59,29%) daría lugar al derecho a la pensión de
invalidez y no a la indemnización reclamada, prestaciones incompatibles entre sí pues
responden a la finalidad de cubrir el riesgo derivado de la pérdida de capacidad laboral.
2.11. La parte actora sostuvo que la decisión del tribunal lo dejó en un absoluto estado de
desprotección: sin indemnización reajustada, pensión de invalidez y vinculación laboral.
3. Pretensiones y argumentos de la solicitud
La parte actora formuló las siguientes pretensiones [se transcribe de manera literal,
incluso con los errores]:
“ (…) PRIMERA. TUTELAR mis derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia, a la doble instancia, a la seguridad social, al
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645E6A2D7DE9B034 E42628F13B77CE68.
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3AE91144468BBC22 81B3CCB0500F14CC.
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EAC438FD630C213D BFEBFB5304A97B19, p. 42-64.
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mínimo vital, a la vida digna y a la igualdad, vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección A mediante la
sentencia de 2 de marzo de 2026.
SEGUNDA. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de 2 de marzo de 2026, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección
A, dentro del expediente No. 11001-33-35-011-2021-00113-01.
TERCERA. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección A que, dentro del término que se fije, profiera una nueva
sentencia de segunda instancia en la que: (i) respete el principio de non reformatio
in pejus; (ii) valore integralmente el material probatorio, incluyendo el dictamen de
la Junta Regional de Calificación de Invalidez; (iii) garantice el derecho
fundamental a la seguridad social del accionante; y (iv) adopte la interpretación
más favorable a los derechos del trabajador conforme al artículo 53 de la
Constitución Política y al bloque de constitucionalidad.”
Como fundamento de sus pretensiones, adujo que la sentencia reprochada incurrió en los
siguientes defectos:
3.1. Sustantivo, puesto que se vulneró el principio de la non reformatio in pejus (CP, art.
31). Expuso que el juzgado administrativo había accedido parcialmente a las
pretensiones; el actor no formuló apelación, sino que lo hizo el Ministerio de Defensa; y el
Tribunal revocó íntegramente la sentencia y negó todas las pretensiones. Referenció,
entre otras las siguientes providencias: C-583 de 1997, T-233 de 2007, SU-1553 de 2000,
C-651 de 2019, T-214 de 2012 y SU 159 de 2002.
Por otro lado, reprochó que el tribunal hubiera fundamentado su decisión en un
argumento (incompatibilidad de las prestaciones) que no fue planteado por el apelante
único). Profundizó en que se llevó a cabo una aplicación indebida de la doctrina de la
incompatibilidad del Consejo de Estado, puesto que el tribunal accionado utilizó una regla
diseñada para evitar dobles pagos y dejar al actor sin ninguna prestación, de manera que
se desnaturalizó el precedente invocado.
También reprochó una contradicción entre la parte motiva y resolutiva, pues se reconoció
el porcentaje de pérdida de capacidad laboral acumulada, que el mismo superaba el 50%
requerido para la pensión de invalidez, que se pagó indebidamente una indemnización,
pero se negó todo el restablecimiento.
El actor indicó que declarada la nulidad del acto, el juez tenía el deber de ordenar el
restablecimiento del derecho. En este sentido, una vez el tribunal reconoció que la
entidad actuó irregularmente debió ordenar el restablecimiento efectivo en el sentido de
reajustar la indemnización o remitir a la entidad para el reconocimiento de la pensión de
invalidez. Por el contrario, negó todas las pretensiones y lo dejó en una situación peor a la
de antes de iniciar el proceso judicial.
3.2. Defecto fáctico. Sostuvo que existía convergencia de tres dictámenes médicos
(sanidad del ejército, tribunal militar y junta regional) que situaban su PCL alrededor del
59%. En esta medida, aunque la accionada reconoció lo anterior y el último dictamen no
fue objetado, la parte resolutiva conllevó a negar las pretensiones de la demanda.
3.3. Desconocimiento del precedente. Se desatendió la jurisprudencia de la Corte
Constitucional sobre:
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(i) La prohibición de empeorar la situación del no apelante (non reformatio in pejus
(sentencias C-583 de 1997, T-474 de 1992, SU-1553 de 2000, T-233 de 2007, C-651 de
2019 y T-214 de 2012), el cual fue desconocido al revocar íntegramente el fallo favorable
al no apelante.
(ii) El derecho a la doble instancia (sentencias T-006 de 2015, T-214 de 2012 y SU-215 de
2016), pues se le privó de controvertir una decisión adversa dictada por primera vez en
segunda instancia.
(iii) La protección reforzada de las personas en situación de discapacidad (sentencias
T-340 de 2017, T-597 de 2017, T-065 de 2019, T-031 de 2018, y T-340 de 2022), pues las
autoridades judiciales debían interpretar las normas de la manera más favorable a sus
derechos. Sostuvo que el tribunal adoptó una posición formalista que dejó desprotegido a
un militar en situación de discapacidad con esclerosis múltiple (en contradicción de los
artículos 13, 47, 48, 53 y 54 de la Constitución Política, la Ley 1618 de 2013 y la CDPD).
3.4. Decisión incongruente, en razón a que el tribunal acusado había excedido su
competencia funcional cuando introdujo oficiosamente el argumento de incompatibilidad
entre indemnización y pensión en un asunto que no fue planteado por el apelante ni
debatido por las partes, con lo que se le vulneró su derecho de contradicción sobre un
argumento sorpresivo y excedió los límites de la apelación para agravar la situación del no
apelante con fundamento en argumentos que no tuvo oportunidad de controvertir.
Sobre este punto indicó que de haberse sometido el argumento al contradictorio: pudo
haber modificado sus pretensiones en la oportunidad, solicitar subsidiariamente el
reconocimiento de la pensión de invalidez o aportar argumentos jurídicos y probatorios
adicionales.
3.5. Motivación contradictoria o insuficiente, puesto que la sentencia identifica una
“irregularidad administrativa grave”, pero sin una explicación razonable, concluyó que
debía dejarse al accionante en un estado de desprotección.
3.6. Violación directa de la Constitución, ya que la sentencia acusada vulneró los
mandatos constitucionales: artículo 29 C.P. (debido proceso y non reformatio in pejus); el
artículo 31 C.P. (doble instancia); el artículo 48 C.P. (seguridad social); artículo 53 C.P.
(primacía de la realidad, irrenunciabilidad de beneficios mínimos, in dubio pro operario);
artículo 13 C.P. (protección especial de personas en debilidad manifiesta); el artículo 47
C.P. (política de rehabilitación e integración social); y el artículo 93 C.P. (bloque de
constitucionalidad — CDPD, PIDESC, CADH). Lo indicado, en razón a que la decisión
dejó sin protección prestacional al actor, bajo una interpretación que privilegia la
congruencia sobre la protección efectiva de los derechos fundamentales.
Sumado a que se configuró una denegación de justicia y no se le reconoció la pensión de
invalidez a la que tenía derecho. Asimismo, indicó que la decisión del tribunal
comprometía su subsistencia digna y el acceso a los servicios de salud que requería de
forma permanente, luego de ser retirado del servicio activo. Enfatizó que se trataba de un
sujeto de especial protección, por lo que las normas debieron interpretarse de la forma
más favorable a sus derechos, en aplicación de los principios pro homine e indubio pro
operario.
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La argumentación del actor también se dirigió a señalar que el asunto trascendía la
normatividad interna al involucrar la aplicación del bloque de constitucionalidad y los
principios de protección reforzada de las personas en situación de discapacidad,
aludiendo a los siguientes instrumentos: Ley 1346 de 2009, el artículo 28 de la CDPD, el
Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (art. 9 y 2.1);
sentencias C-228 de 2011 y C-038 de 2004, la Convención Americana de Derechos
Humanos (art. 8.2); el Caso Liakat Ali Alibuz vs Suriname; los artículos 13,47,48,53 y 54
Constitucionales; la Ley 1618 de 2013; y las sentencias T-340 de 2017, T-597 de 2017,
T-340 de 2022 y T-065 de 2019.
En cuanto a los requisitos de procedibilidad, sostuvo que el asunto trascendía la esfera
ordinaria pues el caso comprometía el principio de la non reformatio in pejus, la
prohibición de decisiones extra petita en perjuicio del no apelante, la garantía de la
seguridad social de los miembros de la fuerza pública y la protección reforzada de
personas en situación de discapacidad conforme al bloque de constitucionalidad.
Frente a la subsidiariedad señaló que no procedía recurso extraordinario ni era eficaz
teniendo en cuenta que el accionante se encontraba retirado del servicio, padecía una
enfermedad degenerativa y carecía de pensión o prestación económica alguna. Sumado
a que se encontraba en situación de vulnerabilidad manifiesta (militar retirado, enfermo de
esclerosis múltiple, sin vínculo laboral actual, sin pensión de invalidez reconocida y sin
indemnización reajustada), lo que configuraba un perjuicio irremediable que hacía
procedente la tutela incluso como mecanismo transitorio.
4. Trámite de tutela e intervenciones
4.1. Mediante auto del 22 de abril de 20267, el despacho ponente de la Sección Quinta del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela; tuvo como demandado al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección A; vinculó al Juzgado
Once Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, al ministro de Defensa Nacional y al
comandante del Ejército Nacional, como terceros con interés. Asimismo, requirió a las
autoridades judiciales en mención para que remitieran copia del expediente ordinario
identificado con el radicado 11001-33-35-011-2021-00113-00/01.
Surtido el trámite de notificación8, no se recibió ninguna intervención.
5. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 14 de mayo de 2026 9, el Consejo de Estado-Sección Quinta
declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir los requisitos de relevancia
constitucional ni subsidiariedad.
En cuanto al primero de ellos, sostuvo que la parte actora no cumplió con la carga
argumentativa que diera cuenta de las razones por las que el asunto requería la
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Índice 00004 del expediente digital de primera instancia, certificado 2C37E3DC5233DF28 4DE6AABFA353B51B
0F6D3A1A1D54465E 4B0B9D877226DA0E.
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Índice 00009 del expediente digital de primera instancia.
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Índice 00013 del expediente digital de primera instancia, certificado 60F6C50658A1B14D 5BE903F81AB45463
0DDA36E08F88481B 9B6034E018BD89E4.
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Accionante: Fredy Samacá Gutiérrez
intervención del juez constitucional, en otros términos, sus argumentos no tenían la
virtualidad de aplicar, interpretar o desarrollar mandatos constitucionales.
Frente a los cargos por defecto fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente,
indicó que ninguno cumple con la argumentación mínima para su estudio. Explicó que el
tutelante se equivocaba con la interpretación que efectuó del principio de non reformatio
in pejus, puesto que este busca establecer un límite a la competencia del juez de segunda
instancia en cuanto a que su decisión debe ceñirse a lo desfavorable de quien apeló, en
otros términos, no podía hacer más perjudicial las consecuencias de quien ejerció el
recurso, esto es el Ejército Nacional.
En segundo lugar, advirtió que existía una incongruencia en los argumentos del
accionante, toda vez que señala que la demandada desconoció su propia calificación y
optó por una indemnización, cuando el porcentaje acumulado (59,15%) superaba el
umbral del 50%, por lo que podía acceder a la pensión de invalidez, pero no está de
acuerdo con que el tribunal accionado considerara que el porcentaje recibido permitiera
concluir que tenía derecho a la pensión de invalidez y no a la indemnización, por lo que le
correspondía solicitar ante la administración dicha prestación. En otros términos, estaba
conforme con recibir una pensión de invalidez, pero luego se encuentra en desacuerdo
con lo planteado por el tribunal en el mismo sentido. Para el a quo constitucional dicha
contradicción reforzaba que no se cumplía con la carga argumentativa requerida.
En lo relativo al cargo por desconocimiento del precedente, expuso que la parte actora no
realizó algún análisis en que se indicara la regla o subregla determinante para la solución
del asunto y la incidencia en la decisión.
En cuanto al requisito de subsidiariedad, el a quo constitucional expuso que si la parte
actora estimaba que la decisión acusada carecía de motivación y congruencia, podía
acudir al recurso extraordinario de revisión, conforme a la causal quinta del artículo 250
de la Ley 1437 de 2011 (nulidad originada en la sentencia). Ahora, sostuvo que no advirtió
un perjuicio irremediable, por cuanto no era posible establecer que el actor se encontrara
en una situación de debilidad manifiesta que implicara adoptar medidas urgentes,
impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos fundamentales.
6. Impugnación10
La parte actora presentó escrito de impugnación contra la sentencia de primera
instancia, al estimar que la misma vulneraba el derecho internacional de los derechos
humanos, el precedente y los derechos fundamentales de un sujeto de especial
protección constitucional en condición de debilidad manifiesta. En síntesis desarrolló los
siguientes argumentos.
Sostuvo que el caso gozaba de relevancia constitucional al involucrar los derechos de un
sujeto de especial protección constitucional y cumplía los requisitos definidos en la
sentencia SU-215 de 2022. Explicó que el asunto no se reducía a una simple discrepancia
respecto de la liquidación de una prestación económica, sino que implicaba el análisis del
principio constitucional de non reformatio in pejus (CP, art. 31), respecto de la
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Índice 00019 del expediente digital de primera instancia, certificado C3B8BAEA0D6266D9 C6A61D693902536E
6813BC3E6CDAF5A6 1EA335812E09D27D.
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Accionante: Fredy Samacá Gutiérrez
competencia del juez de segunda instancia cuando introducía argumentos oficiosos no
planteados por el apelante único para revocar integralmente un fallo favorable al no
recurrente. Sumado a que se debatía la eficacia del derecho a la seguridad social y la
garantía de acceso a la administración de justicia cuando una decisión judicial dejaba a un
ciudadano sin remedio judicial y sin protección alguna y con fundamento en una
interpretación formalista que el propio tribunal reconocía como cuestionable. Ello
comprometía directamente los artículos 13, 29, 31, 47, 48, 53 y 229 de la Constitución
Política.
Alegó que existía una afectación desproporcionada de derechos fundamentales, pese a
que se trataba de una persona diagnosticada con esclerosis múltiple, con pérdida de
capacidad laboral, retirado del servicio activo mediante Resolución No. 3339 del 9 de julio
de 2025, sin vínculo laboral, sin pensión de invalidez reconocida y sin indemnización
reajustada. Sostiene que la decisión lo dejó en un estado de desprotección prestacional a
pesar de que reconoció expresamente que la entidad administrativa actuó irregularmente.
En su sentir, ello implicaba una afectación a sus derechos al mínimo vital, vida digna,
salud y seguridad social.
Agregó que el asunto revestía relevancia desde la perspectiva del derecho internacional
de los derechos humanos. Al respecto, sostuvo que el artículo 9.º del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, interpretado de conformidad con la
Observación General núm. 19 de 2008 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, impone a los Estados la obligación de garantizar las prestaciones por invalidez
y proscribe las restricciones arbitrarias o injustificadas a la cobertura de seguridad social
existente. Asimismo, señaló que cualquier limitación en esta materia debe atender a
criterios de razonabilidad y proporcionalidad y contar con una justificación suficiente. En
consecuencia, afirmó que la sentencia cuestionada, al privarlo de toda prestación,
desconoció tales obligaciones internacionales.
También se refirió a los artículos 25 y 8 de la Convención Americana de Derechos
Humanos, así como a decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Caso Velásquez Rodríguez vs Honduras; Caso Acevedo Buendía y otros vs Perú). En
este sentido señaló que la sentencia acusada configuró una denegación de justicia al
dejarlo sin remedio judicial efectivo: no reajustó la indemnización, no reconoció la pensión
y revocó el fallo favorable. Por otro lado, el Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (Protocolo de San Salvador, art. 9, 18. Sumado a la Opinión Consultiva oc
18/03 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos).
Por último, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (art. 28 y
13). También explicó que el Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad
había insistido en que los Estados debían remover las barreras que impidieran el disfrute
efectivo de dichos derechos (Observación General No. 6 de 2018).
En esta línea, refirió que la jurisprudencia de la Corte Interamericana había desarrollado
una posición robusta respecto de la protección reforzada de personas en situación de
vulnerabilidad (Furlan y familiares vs Argentina y Poblete Vilches contra Chile). Entonces,
el caso no era una discusión de legalidad ordinaria sino de profunda relevancia
constitucional que exigía la intervención del juez de tutela.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03059-01
Accionante: Fredy Samacá Gutiérrez
Asimismo, insistió que la decisión de primera instancia desconocía la condición de sujeto
de especial protección constitucional del accionante, pues el juez ha debido flexibilizar los
requisitos de procedibilidad (Sentencias T-340 de 2017, T-597 de 2017, T-065 de 2019,
T-031 de 2018, T-340 de 2022, T-235 de 2021). Sin embargo, el a quo constitucional
había exigido una carga argumentativa ordinaria a una persona que padecía esclerosis
múltiple, es decir, una enfermedad que implicaba deterioro cognitivo. Agregó que las
observaciones Generales 5 y 19 del Comité DESC, imponían a los Estados la obligación
de asegurar que se tengan en cuenta las necesidades especiales de las personas con
discapacidad y garantizar que las decisiones judiciales que afecten sus derechos se
adopten con especial consideración de su condición de vulnerabilidad.
En cuanto al análisis del requisito de subsidiariedad, sostuvo que el recurso de revisión no
era idóneo ni eficaz conforme al estándar exigido por el artículo 25 de la Convención
Americana de Derechos Humanos, puesto que la naturaleza extraordinaria del recurso de
revisión era incompatible con la urgencia de la protección requerida, ya que el mismo no
prevé medidas cautelares inmediatas ni la suspensión de los efectos de la sentencia
atacada. Agregó que el trámite del recurso extraordinario de revisión podía tomar varios
años, periodo durante el cual el accionante continuaría sin pensión de invalidez,
indemnización reajustada y garantía de atención médica integral.
Añadió que el principio de no regresividad en materia de derechos sociales exige
protección judicial inmediata. Ello con fundamento en la Observación General No. 3 de
1990. Se refirió al caso Acevedo Buendía y otros vs. Perú que había reafirmado el
principio de progresividad y no regresividad. Sostuvo que el fallo acusado era una medida
regresiva que revocó una prestación que ya había sido reconocida por el juez de primera
instancia, sin ofrecer alternativa alguna. También indicó que la jurisprudencia
constitucional había sostenido que la existencia de los recursos extraordinarios no excluía
automáticamente la procedencia de la tutela (SU-573 de 2019, T-093 de 2019 y T-186 de
2020), lo que ocurría en su asunto, por las siguientes razones:
(i) La progresividad de la enfermedad hacía imperativa la protección judicial inmediata,
como lo había indicado el médico;
(ii) El principio de precaución en salud (Corte Constitucional-Sentencia T-1083 de 2006
y Comité DESC- Observación General No. 14, 2000), exigía que, ante un riesgo
serio e irreversible en salud, las autoridades adoptaran medidas de protección sin
esperar a que el daño se materializara completamente. Al respecto sostuvo que sin
el tratamiento médico adecuado su condición se torna irreversible y que someterlo a
la espera del recurso extraordinario, lo condenaba a un deterioro definitivo en su
salud y calidad de vida.
(iii) Existía un perjuicio irremediable que cumplía los requisitos jurisprudenciales: (i)
inminente, el accionante había sido retirado del servicio activo desde el 9 de julio de
2025, momento desde el cual carecía de vínculo y con la sentencia fue despojado de
la prestación económica reconocida, lo que no era hipotético ni futuro; (ii) grave,
pues se trataba de una persona con una pérdida de capacidad laboral del 59,19%
con los diagnósticos ya descritos, sin pensión de invalidez, ni indemnización
reajustada, sumado a que carecía de los recursos económicos para sufragar el
tratamiento médico y atender su subsistencia y la de su núcleo familiar; (iii) urgencia,
ya que la naturaleza progresiva de la esclerosis exigía un tratamiento médico
9
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03059-01
Accionante: Fredy Samacá Gutiérrez
ininterrumpido, y (iv) impostergabilidad, puesto que las consecuencias del no
reconocimiento oportuno de la prestación eran irreversibles, en tanto el daño
neurológico causado por las recaídas de la esclerosis múltiple no tratada era
permanente y acumulativo, sin existir posibilidad de reparación ex post. Al respecto
citó el caso Gonzalez Lluy y otros vs. Ecuador, en el sentido que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos indicó que se debían adoptar medidas
positivas para garantizar los derechos de personas en condición de vulnerabilidad
por razones de salud.
Insistió en el argumento por violación al derecho a recurrir y la garantía de doble instancia,
indicó que la interpretación del a quo sobre el principio de non reformatio in pejus era
parcial e incompleta, pues desconocía la protección del no apelante que la jurisprudencia
constitucional había desarrollado (sentencias C-583 de 1997, SU-1553 de 2000, T-233 de
2007 y C-651 de 2019), en el sentido de que: (i) prohíbe agravar la situación del apelante
único; y (ii) prohíbe empeorar la situación del no apelante.
Entonces, el recurso de apelación fue formulado únicamente por el Ministerio de Defensa
Nacional, sin embargo, el tribunal al revocar íntegramente el fallo favorable e introducir un
argumento oficioso (la incompatibilidad prestacional) que no fue planteado por el
apelante, agravó la situación del no recurrente en violación directa del artículo 31 de la
Constitución Política. Sumado a ello, se quebrantó su derecho a la doble instancia (art.
8.2 de la CADH y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), pues no
tuvo oportunidad procesal de contradecir los argumentos nuevos ni interponer recurso
contra la decisión adversa, es decir, una indefensión sobrevenida.
Reiteró que existía relevancia constitucional por el defecto sustantivo alegado, por: (i) una
contradicción grosera entre la motivación y la resolución, puesto que el tribunal reconoció
la pérdida de la capacidad laboral, la entidad pagó indebidamente la indemnización en un
porcentaje menor, ello era cuestionable, pero negó las pretensiones y revocó el fallo
favorable sin ofrecer solución a la irregularidad identificada. Ello era un defecto sustantivo
que vulneraba el debido proceso (art. 29 de la CP).
Señaló que se desnaturalizó el precedente sobre incompatibilidad prestacional del
Consejo de Estado (Radicado 2013-00165, 25 de julio de 2019), puesto que indicó que se
refería a casos en donde ya se había reconocido la pensión de invalidez y se pretendía
simultáneamente la indemnización, lo que no era el asunto del actor y suponía un
desconocimiento del control de convencionalidad (Caso aguado Alfaro y otros vs. Perú).
Agregó la vulneración del principio pro homine e indubio pro operario (CADH, art. 29 y CP,
art. 53), pues el tribunal acusado optó por una interpretación formalista que dejó al actor
sin prestación alguna. Añadió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso
Lagos del Campo vs. Perú 2017), ha reconocido la justiciabilidad directa de los derechos
económicos, sociales y culturales derivados del artículo 26 de la CADH, incluyendo el
derecho a la seguridad social, e impuesto a las autoridades judiciales la obligación de
garantizar su efectividad.
Por último, indicó que el fallo de primera instancia omitió por completo el análisis de la
condición de sujeto de especial protección del actor, pese a que ello impactaba
directamente en el juicio de procedibilidad de la tutela (T-235 de 2021, T-340 de 2022,
T-459 de 2018 y SU-049 de 2017), pues se ha debido flexibilizar el análisis de los
10
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03059-01
Accionante: Fredy Samacá Gutiérrez
requisitos de procedibilidad en aplicación del principio pro actione. Esto era un mandato
derivado de los artículos 13 y 47 de la Constitución y las obligaciones internacionales
(Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, el caso Furlan y
familiares vs Argentina, las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en
condición de vulnerabilidad) y la Sentencia T-276 de 2017).
7. Mediante auto del 28 de mayo de 2026 11, el magistrado ponente del Consejo de
Estado-Sección Quinta concedió la impugnación interpuesta contra la sentencia del 14
de mayo de 2026.
8. Por medio del auto del 9 de julio de 2026 12, el Despacho Ponente en segunda
instancia advirtió que pese a que las autoridades judiciales habían sido notificadas en
debida forma del auto admisorio y aunque en el sistema reposaban constancias
secretariales en las que se registraba la concesión de acceso al expediente ordinario, no
había sido posible consultar la totalidad de las actuaciones que lo integraban. Por tanto,
requirió a dichas autoridades para que quien tuviera bajo su custodia el expediente del
radicado ordinario, lo remitiera.
Al respecto, se observa respuesta de la Secretaría de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca13 y del Juzgado Once Administrativo de Bogotá14.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y 32 del Decreto
2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, en la medida
en que Fredy Samacá Gutiérrez es titular de los derechos fundamentales que estima
vulnerados, en su condición de demandante dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 11001-33-35-011-2021-
00113-00/01.
2.2. De igual forma, se encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva, en
tanto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección A es la
autoridad judicial que profirió la decisión definitiva que, según la parte actora, vulneró sus
derechos fundamentales.
3. Problema jurídico
11
Índice 00021 del expediente digital de primera instancia, 2625F2B0C1833CE9 0734CDF6E89DFBF2
5C5DECEE31E4E2AC 7E6925A618D65399.
12
Índice 00004 del expediente digital de segunda instancia, certificado 2E77429FD0089FDF 9F0EC9A340D35745
1618E93B0390ECDF 8CC5A553BF95F414. Solicitud que fue reiterada por la Secretaría, por indicación del Despacho
ponente. Índice 00010 del expediente de segunda instancia, certificado EC47FEC05ECEE5BA 7D205340ECE74AEB
E7AC9D16F2A026EA 5A95348C1C8EFC16, archivo: “016Constanciasecr_CGQ4794”.
13
Índice 00008 y 00011 del expediente digital de segunda instancia.
14
Índice 000013 del expediente digital de segunda instancia.
11
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03059-01
Accionante: Fredy Samacá Gutiérrez
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia del
14 de mayo de 202615, proferida por el Consejo de Estado-Sección Quinta, mediante la
cual se declaró la improcedencia del amparo.
Para el efecto, es necesario establecer si en el caso en concreto se encuentran
superados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente
a los argumentos expuestos por la parte accionante.
4. Procedibilidad de la acción
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos que
reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 2005 16 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
habilitan la interposición de la tutela17 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto18.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues
ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los
jueces naturales, así como su autonomía funcional”19.
15
Índice 00013 del expediente digital de primera instancia, certificado 60F6C50658A1B14D 5BE903F81AB45463
0DDA36E08F88481B 9B6034E018BD89E4.
16
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
17
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela, salvo que se busque evitar que se configure un perjuicio irremediable; que la petición cumpla con el
requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, en principio, esta
tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se
identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido
cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
18
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en
cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de
ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la
autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados.
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
19
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
12
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03059-01
Accionante: Fredy Samacá Gutiérrez
4.1. Relevancia constitucional.
Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones
judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto exclusivo es la
protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina
la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e
indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional invada la
órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía e
independencia judicial.
Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces”20.
En línea con lo anterior, en la Sentencia SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como
criterios para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el
debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii)
que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el
reparo formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un
defecto.
Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.
De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el
análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; ii)
que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales; y iv) que
se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales,
tratándose de una providencia judicial emanada de una alta corte. De manera que la
intervención del juez constitucional se establezca, exclusivamente, ante graves defectos
constitucionales.
Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte de
manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del
juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en la
vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya que el
20
Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
13
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03059-01
Accionante: Fredy Samacá Gutiérrez
asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto más amplio
en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de la petición de
amparo, con el fin de justificar su importancia.
Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir con
la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho
tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria,
a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la
jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto 21.
4.2. Subsidiariedad
Sobre el particular, resulta importante destacar que este requisito está definido
expresamente en el artículo 86 superior como presupuesto general de procedencia de la
acción de tutela, en los siguientes términos: “solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. A su vez, dicho presupuesto se
desarrolló en el artículo 6º numeral 1º del Decreto 2591 de 1991 22.
Cuando se trata de tutelas presentadas en contra de providencias judiciales, el
cumplimiento de este requisito se hace aún más exigente, en aras de evitar que el amparo
se use como un mecanismo alternativo o supletorio de los medios ordinarios que el
legislador tiene previstos para controvertir las decisiones judiciales, con el fin de: (i)
prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta de la que adelanta el proceso
ordinario; (ii) que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los mecanismos de
defensa diseñados por el Legislador; y (iii) que los ciudadanos atiendan un mínimo de
diligencia en la gestión de sus asuntos, pues no es esta la forma de enmendar errores o
descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al interior de un proceso judicial 23.
De forma más reciente, la Corte Constitucional ha rememorado “escenarios en los que las
tutelas contra providencia judicial se tornan improcedentes por ausencia del principio de
subsidiariedad, en concreto cuando: (i) el asunto se encuentra en trámite; (ii) no se han
agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios y (iii) se usa para
revivir etapas procesales en las cuales se dejaron de emplear los recursos o etapas
procesales previstos en el ordenamiento jurídico. En igual sentido, la Sala Plena precisó
que la improcedencia de la tutela por falta de acreditación de la subsidiariedad también
opera cuando ‘el asunto que dio lugar al defecto no haya sido previamente alegado’
(…)”24.
Esta interpretación rígida del requisito de subsidiariedad tiene como sustento el mismo
debido proceso, en tanto las etapas, procedimientos y recursos del proceso son el primer
espacio de protección de los derechos fundamentales. Asimismo, garantiza la autonomía
e independencia judicial25.
21
Cfr. Sentencia C-590 de 2005.
22
“Artículo 6. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a
su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. (…)”.
23
Cfr. Corte Constitucional sentencia T-598 de 2003.
24
Corte Constitucional, Sentencia T-177 de 2025, M.P. Juan Carlos Cortés González.
25
Ibidem.
14
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03059-01
Accionante: Fredy Samacá Gutiérrez
5. Caso concreto
5.1. La Sala anticipa que la presente acción de tutela no satisface los requisitos generales
de relevancia constitucional y subsidiariedad. En consecuencia, confirmará la sentencia
de primera instancia, por las razones que se exponen a continuación.
5.2. La parte actora atribuyó a la sentencia del 2 de marzo de 2026 los siguientes
defectos: (i) sustantivo, por desconocimiento del principio de non reformatio in pejus,
indebida aplicación de la doctrina de la incompatibilidad y contradicción entre el
reconocimiento de una irregularidad y la negativa a disponer el correspondiente
restablecimiento del derecho, determinaciones que, a su juicio, desmejoraron su situación
inicial; (ii) fáctico, porque, pese a tener por acreditado el porcentaje de pérdida de
capacidad laboral, el Tribunal negó las pretensiones de la demanda; (iii) desconocimiento
del precedente relacionado con la prohibición de agravar la situación del apelante único,
el derecho a la doble instancia y la protección reforzada de las personas en situación de
discapacidad; (iv) falta de congruencia, debido a que la autoridad judicial introdujo, de
oficio, un argumento que no había sido planteado por la parte apelante; (v) motivación
contradictoria o insuficiente, pues, aunque reconoció la existencia de una grave
irregularidad administrativa, concluyó que no había lugar a conceder prestación alguna al
demandante; y (vi) violación directa de la Constitución.
En el escrito de impugnación, el actor sostuvo que el asunto revestía relevancia
constitucional, porque comprometía los derechos fundamentales de un sujeto de especial
protección constitucional que se encontraba en una situación de desprotección en
materia prestacional. Asimismo, controvirtió el análisis del requisito de subsidiariedad,
pues consideró que el recurso extraordinario de revisión no resultaba idóneo ni eficaz,
dadas sus circunstancias personales y la ausencia de una pensión de invalidez, una
indemnización debidamente reajustada y la garantía de atención médica. Además, invocó
diversos instrumentos jurídicos nacionales e internacionales para sustentar sus reparos.
5.3. Precisado lo anterior, conviene examinar el contenido de la sentencia del 2 de marzo
de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A.
En esa providencia, el Tribunal se refirió al régimen de capacidad sicofísica y a las
autoridades médico-laborales de las Fuerzas Militares, ámbito en el cual también explicó
la función de las juntas de calificación de invalidez. Posteriormente, examinó las
características y los requisitos de la pensión de invalidez previstos en la Ley 923 de 2004,
el Decreto 4433 de 2004 y el artículo 2.º del Decreto 1157 de 2014. Con fundamento en
ese marco normativo, concluyó que el reconocimiento de dicha prestación exigía que el
uniformado acreditara una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50 %.
A continuación, relacionó las pruebas relevantes en los siguientes términos:
“(…) 35. Acta de junta médica laboral No. 116873 de 14 de abril de 2020 3,
expedida por la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, determino una
disminución de capacidad laboral total acumulada de 59.15%.
36. Acta de Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de la Policía No. TML20
2-220 MDNSG-TML-4.1.1. registrada a folio No. 282 del Libro de Tribunal Médico,
25 de noviembre de 20204, confirmó los resultados del dictamen precitado.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03059-01
Accionante: Fredy Samacá Gutiérrez
37. Resolución 287924 de 09 de diciembre de 20205, por la cual se reconoce y
ordena el pago de indemnización por disminución de la capacidad laboral, por una
suma de $71.005.797.
38. Historia clínica6 con el siguiente diagnóstico:
39. Certificación tiempos reconocidos en el Ejército Nacional7.
40. Expediente prestacional 85599 de 18 de octubre de 20068.
41. Resonancia simple y contrastada de columna torácica, resonancia de columna
torácica simple y contrastada, escanografía de senos paranasales, resonancia
cerebral simple y con contraste9.
42. Esofagogastroduodenoscopia del 21 de octubre de 202010.
43. Junta Regional de Calificación de Invalidez, Bogotá y Cundinamarca 11 de 21
de octubre de 2022, indicó pérdida de la capacidad laboral de 59.29% riesgo de
origen común con fecha de estructuración el 15 de noviembre de 2019.
“(…) Análisis y conclusiones:
-Revisados los antecedentes obrantes al expediente, se encuentra que el
presente caso se trata de paciente de 39 años Capitán, en la empresa
EJERCITO NACIONAL, desde hace 18 años. Ingreso el 1/7/2004. Vinculado,
trabajando de manera intermitente con Dx(s) anotados -En relación con las
deficiencias, de acuerdo con la historia clínica obrante al expediente, se califica
según lo establecido en el Decreto 094 de 1989, otorgando puntaje por (…)
Rinitis Alérgica (…) Esclerosis múltiple (…) Trastorno de Ansiedad Deterioro
Cognitivo Leve Diplopia + nistagmo ( no documentado) (…) Discopatía Cervical
Cervicalgia (…) Osteocondrosis De T3 a T5 (…) Rinitis Numeral 2- 002, literal
a) Grado Medio, índice 6 13.5 (…) Trastorno de Ansiedad Numeral 3- 017 literal
a) Grado Mínimo, índice 9 23 (…) Paraparesias Numeral 4- 145 literal b) Grado
medio, índice 10 27 (por asimilación) (…) Discopatía Cervical Numeral 1- 042
literal a) grado mínimo índice 2 8.5 (…) Osteocondrosis Torácica Numeral 1-
051 literal a) grado medio índice 2 8.5 (…) Total, Pérdida de Capacidad Laboral
59.29%”
44. En audiencia de pruebas de 9 de mayo de 2022, se recaudó la declaración del
demandante, el 11 de mayo de 2022, los testimonios de los médicos tratantes
Gabriel Adolfo Centenaro Meza y Ricardo Silva Rueda, y el 20 de marzo de 2024,
la ampliación del dictamen de la Doctora Sandra Fabiola Franco Barrero
integrante de la junta regional de calificación de invalidez se resume lo siguiente:
45. Freddy Samacá Gutiérrez manifestó que actualmente ostenta el grado de
capitán y que continúa laborando en la Escuela de Aviación del Ejército, en el área
16
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03059-01
Accionante: Fredy Samacá Gutiérrez
de selección para especialidades aeronáuticas, función que desempeña
principalmente en actividades administrativas.
46. Explicó que padece varias patologías, siendo la principal la esclerosis múltiple,
diagnosticada hacia los años 2014–2015, enfermedad que calificó como
degenerativa y sin cura, aunque tratable con medicamentos, además sufre de
cefalea crónica, sinusitis crónica con rinitis, vértigo y limitaciones en la movilidad,
indicando que presenta episodios en los cuales no puede moverse o requiere
reposo, que estas condiciones afectan su desempeño laboral y su vida personal.
47. Indicó que previamente había sido calificado con una pérdida de capacidad
laboral inferior alrededor del 49% y que no pudo ascender por decisión médico
laboral, que no está solicitando beneficios indebidos, sino una valoración médica
correcta y ajustada a su realidad clínica.
48. Frente a su situación laboral, reconoció que continúa trabajando y que no
cuenta con una incapacidad formal permanente que le impida cumplir funciones,
aunque sus superiores conocen su condición y le brindan cierta consideración,
que su intención no es dejar de trabajar, pero considera que su estado de salud no
ha sido valorado adecuadamente.
49. Por su parte el Doctor Gabriel Adolfo Centenario Mesa, neurólogo clínico y jefe
de Neurología del Hospital Militar Central, manifestó que ha tratado a Freddy
Samacá durante varios años por esclerosis múltiple tipo recaída remisión,
enfermedad autoinmune, degenerativa e incurable, que la patología ha mostrado
progresión, lo que ha exigido el uso de tratamientos de segunda línea más
potentes.
50. Expusó [sic] que la esclerosis múltiple es progresiva, que el dolor, es un
síntoma subjetivo, difícil de cuantificar objetivamente, que el tratamiento será de
por vida, dado que no existe cura, que en su experiencia con militares que
padecen esta patología, inicialmente son reubicados en labores menos exigentes
físicamente, pero con el tiempo la mayoría termina retirándose por progresión de
la discapacidad.
51. A su vez, el Doctor Ricardo Silva Rueda, otorrinolaringólogo y jefe del servicio
de Otorrinolaringología del Hospital Militar Central, manifestó que trata a Freddy
Samacá desde el año 2015 por rinosinusitis crónica, inicialmente diagnosticada
como sinusitis crónica asociada a cefalea frontal, obstrucción nasal y síntomas
auditivos.
52. Que ha requerido dos cirugías endoscópicas funcionales de senos
paranasales en 2016 y 2019, debido a la recurrencia de la enfermedad, persiste el
proceso inflamatorio, manejado con corticoides intranasales y sistémicos, lavados
nasales y control ambiental, que la esclerosis múltiple y los medicamentos,
dificultan la respuesta terapéutica.
53. En cuanto a la capacidad laboral, precisó que la cefalea severa puede generar
incapacidad temporal para cualquier actividad, que los demás síntomas permiten
desempeñar labores administrativas cuando están controlados, y que no
recomendaría actividades que exijan alta precisión o funciones de vuelo, por el
riesgo asociado a la cefalea, la obstrucción nasal y la posible somnolencia
derivada de los tratamientos.
54. Finalmente, manifestó que no puede determinar un porcentaje de
discapacidad laboral, pero que la principal limitación funcional desde el punto de
vista otorrinolaringológico deriva de la intensidad de la cefalea, tratándose de una
patología crónica de manejo continuo.
55. Contradicción del dictamen expuesto por la Doctora Sandra Fabiola Franco
Barrero, integrante de la Junta Regional de Calificación de Invalidez, explicó que la
valoración pericial de Freddy Samacá Gutiérrez se realizó el 1 de julio de 2022
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mediante telemedicina, modalidad que, según indicó, no afecta la validez técnica
del dictamen, puesto que la calificación de pérdida de capacidad laboral se
fundamenta principalmente en la historia clínica, la evolución médica
especializada y los exámenes paraclínicos.
56. Precisó que fueron evaluadas varias patologías, entre ellas esclerosis múltiple,
trastorno de ansiedad, discopatías cervical y torácica, y rinitis crónica, la
esclerosis múltiple tuvo mayor incidencia en la calificación, por tratarse de una
enfermedad degenerativa, progresiva, capaz de generar crisis con pérdida de
movilidad, alteraciones visuales y limitaciones en actividades básicas de la vida
diaria.
57. Con fundamento en la documentación clínica, el interrogatorio al paciente y los
conceptos especializados, la Junta determinó una pérdida de capacidad laboral
del 59.29%, no obstante, aclaró que las patologías fueron calificadas como de
origen común, al no evidenciarse nexo causal con la actividad desempeñada en el
Ejército Nacional, concluyendo que la principal causa de la disminución funcional
es la esclerosis múltiple.
58. Resolución 3339 del 9 de julio del 2025 12, retiro del servicio del demandante
por llamamiento a calificar servicios. (…)”
Asimismo, el Tribunal abordó el análisis del caso concreto en los siguientes términos:
“63. Por lo anterior, la Sala debe establecer, con las pruebas aportadas en el
expediente, si respecto de las actas de junta médica laboral la accionada ha
incurrido en causal de nulidad.
64. Así las cosas, el demandante se vinculó al Ejército Nacional como alumno
oficial el 26 de julio de 2004 hasta el 31 de mayo de 2007, a partir del 1º de junio de
2007 continuó como Oficial, desempeñándose como Cadete y posteriormente
como Capitán hasta el 20 de mayo de 2021.
65. Mediante Acta de Junta Médica Laboral No. 116873 del 14 de abril de 2020 se
le dictaminó una disminución de la capacidad laboral del 49,65%, del restante
90.5% restante ya que mediante Junta Médica Laboral anterior No. 131862026 le
dictaminaron 9.5% para un total de pérdida de capacidad laboral del 59.15%,
negándose su reubicación. Véase: (…)
66. Decisión confirmada por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de
Policía mediante Acta No. TML-20-220 MDNSG-TML-41.1 del 25 de noviembre de
2020, en consecuencia, por Resolución 287924 del 9 de diciembre de 2020, se le
reconoció indemnización por $71.005.797, conforme con los Decretos 94 de 1989
y 1795 de 2000.
67. En el proceso de primera instancia se decretó como prueba el dictamen de la
Junta Regional de Calificación de invalidez, la cual determino una pérdida de
capacidad laboral de 59.29%. (…)
68. Lo primero que advierte la Sala es que el Acta de Junta Médica Laboral No.
116873 del 14 de abril de 2020, de la Dirección de sanidad se le dictaminó una
disminución de la capacidad laboral del 49,65%, del restante 90.5% en razón a
que en Junta anterior No. 131862026 le dictaminaron 9.5% para un total de
pérdida de capacidad laboral del 59.15%, sin recomendación de reubicación
laboral, por lo que con este porcentaje el actor tenía derecho a la pensión de
invalidez y no a la indemnización como lo hizo la entidad.
69. No obstante, la entidad decidió pagar la indemnización por valor de
$71.005.797, teniendo en cuenta solo el 49.65% de PCL y no el 59.15%
acumulado que dictaminó la junta, mantener al militar activo hasta el 10 de julio de
2025, y lo retiro del servicio mediante Resolución 3339 del 9 de julio del mismo
año, por llamamiento a calificar servicios.
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70. Ahora, del análisis comparativo entre el dictamen de la Junta Médica Laboral
Militar y el emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, se advierten
las siguientes diferencias sustanciales en la valoración de la enfermedad:
71. Resultado porcentual acumulado, mientras la Junta Militar reconoció una
disminución acumulada total del 59,15 %, incluyendo antecedente del 9,5%, la
Junta Regional determinó directamente una pérdida actual del 59,29%, con una
diferencia del 0.14%, es decir, la propia autoridad médico laboral militar reconoció
que el actor presentaba una afectación global de más del 50% de pérdida de
capacidad laboral.
72. En síntesis, la diferencia mínima entre ambos dictámenes radica
principalmente en la evolución temporal y progresiva de la enfermedad, más que
en la omisión de patologías específicas, pues ambos reconocen la esclerosis
múltiple y sus secuelas, entre otros padecimientos.
73. En ese orden, no puede afirmarse la existencia de una contradicción
estructural entre ambos dictámenes, sino una convergencia técnica en torno a que
la pérdida real del actor se sitúa alrededor del 59%, porcentaje que refleja una
afectación severa y consolidada derivada de la esclerosis múltiple y sus secuelas,
la variación mínima obedece a criterios de actualización, mas no a una disparidad
sustancial en la valoración del estado de salud.
74. Se colige que el actor desde el acta del 14 de abril de 2020, de la Junta Médica
Militar y confirmada por el Tribunal Médico Militar, tiene más del 50% de pérdida
de capacidad laboral, lo que conlleva a que se le otorgue una pensión de invalidez,
teniendo en cuenta que la pérdida de capacidad laboral fue el 20 de abril de 2020,
la normatividad aplicable para pensión de invalidez, es el Decreto reglamentario
1157 de 2014 artículo 2º, estableció que con un porcentaje de pérdida de
capacidad laboral igual o superior al 50%, los miembros de las Fuerzas Militares y
de Policía podrán ser acreedores del derecho a la pensión de invalidez.
75. El Consejo de Estado13 ha sostenido de manera reiterada que la
indemnización por disminución de la capacidad sicofísica y la pensión de invalidez
son prestaciones incompatibles entre sí: (…)
76. En efecto, la jurisprudencia ha señalado que ambas prestaciones tienen la
misma finalidad, cubrir el riesgo derivado de la pérdida de la capacidad laboral de
los miembros de la Fuerza Pública, sin embargo, la indemnización procede
cuando la afectación no alcanza el umbral legal para el reconocimiento pensional,
mientras que la pensión de invalidez se reconoce cuando dicha pérdida supera el
porcentaje exigido por la normatividad vigente, de esta manera, cuando se
configura el derecho a la pensión, la contingencia ya se encuentra cubierta de
forma integral por la prestación periódica, lo que excluye el reconocimiento
simultáneo de una indemnización por el mismo riesgo.
77. Bajo esa línea, si del material probatorio se desprende que el demandante
reúne los requisitos para acceder a la pensión de invalidez, no resulta
jurídicamente viable ordenar el reajuste de la indemnización, pues, ello implicaría
reconocer una prestación incompatible con la pensión que correspondería, la
contingencia pérdida de la capacidad laboral estaría ya protegida por el
reconocimiento pensional, que es la prestación prevalente en el régimen especial
de las Fuerzas Militares.
78. Sin embargo, observa la sala que la Dirección de Prestaciones Sociales
mediante resolución 287924 del 9 de diciembre de 2020, le reconoció
indemnización por disminución de capacidad laboral del 49.65%, sin tener en
cuenta que mediante acta de junta médica laboral No. 116873 de 14 de abril de
2020 expedida por la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, determino una
disminución de capacidad laboral total acumulada de 59.15%, decisión
confirmada por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de la Policía, lo
que resulta cuestionable para la sala.
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79. El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho implica que,
declarada la nulidad del acto acusado por las causales invocadas, procede el
correspondiente restablecimiento, la eventual nulidad de las actas médicas
militares no conlleva automáticamente el reconocimiento de una pensión de
invalidez, dado que dicho órgano carece de competencia para otorgarla y,
además, tal prestación no fue solicitada al Ministerio de Defensa ni a la Fuerza
respectiva.
80. Así las cosas, el actor únicamente pretende el reajuste de la indemnización y
no el reconocimiento de la pensión de invalidez, entonces, por aplicación del
principio de congruencia, no es posible conceder una prestación distinta a la
reclamada, si lo procedente era la pensión de invalidez y no la indemnización,
pues, mucho menos, se puede ordenar la reliquidación de la indemnización
reconocida.
81. Tampoco sería viable despojar al actor de lo reconocido en sede
administrativa, por cuanto tal aspecto no constituye objeto del litigio, el cual se
circunscribió exclusivamente en la solicitud de reliquidación de la indemnización,
la sala no puede pronunciarse sobre asuntos no debatidos, de manera que, si no
se acreditan los presupuestos para acceder a la reliquidación pretendida, lo
procedente sería negar las pretensiones.
82. No obstante, la sala advierte, en caso de que se llegare a reconocer la pensión
de invalidez en sede administrativa o en proceso judicial, la entidad deberá
proceder descontar lo pagado previamente por concepto de indemnización por
disminución de la capacidad sicofísica, en aplicación del principio de
incompatibilidad y con el fin de evitar un doble reconocimiento por la misma
contingencia, también debe tener en cuenta que el militar se mantuvo activo hasta
el 9 de julio de 2025 dado de alta, en la respectiva pagaduría por tres meses.
83. En conclusión, si la nulidad invocada en la demanda se sustenta en presuntas
irregularidades de la Acta de Junta Médica Laboral No. 116872 del 14 de abril de
2020, expedida por la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, y del Acta del
Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía No. TML-20-2-220
MDNSG TML-41.1, bajo el argumento de una errónea calificación de la pérdida de
capacidad laboral, debe precisarse que dichas juntas determinaron una pérdida
acumulada del 59.15%, porcentaje que era conocido por el demandante y que
resulta acorde con la patología diagnosticada, tal porcentaje podría dar lugar al
reconocimiento de una pensión de invalidez y no a una indemnización, ni mucho
menos a la reliquidación de esta, en consecuencia, se revoca la sentencia de
primera instancia y en su lugar se niegan las pretensiones.”
5.4. A partir de los elementos expuestos en el presente trámite, la Sala advierte que, pese
a los argumentos formulados por la parte actora, la inconformidad planteada no revela
una controversia constitucional autónoma, sino una discrepancia con el sentido de la
decisión adoptada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y con la
interpretación acogida por el Tribunal accionado.
En efecto, el actor reprocha que, pese al porcentaje de pérdida de capacidad laboral que
le fue determinado, no se le hubiera reconocido prestación alguna, ya fuera la pensión de
invalidez o una indemnización. Tal cuestionamiento confirma que su inconformidad recae,
principalmente, sobre el resultado de la decisión judicial y no sobre una actuación
arbitraria o irrazonable que permita desplazar la competencia del juez natural.
5.5. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala estima pertinente efectuar algunas
consideraciones respecto de los defectos alegados en el escrito de tutela.
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En cuanto al presunto defecto sustantivo por vulneración del principio de non reformatio in
pejus, la Sala comparte las consideraciones del a quo constitucional. Esta garantía
impedía agravar la situación del apelante único, calidad que, en el proceso ordinario,
correspondía al Ejército Nacional. Acoger la interpretación propuesta por el accionante
privaría de efecto útil al recurso de apelación, pues convertiría en inmodificables los
aspectos de la sentencia de primera instancia que le resultaban favorables, pese a que la
contraparte los controvirtió oportunamente. Por tanto, no se advierte, prima facie, una
actuación arbitraria que justifique el examen de fondo del cargo.
En esa misma línea, tampoco resulta irrazonable que el Tribunal, aunque calificó como
cuestionable la conducta de la entidad demandada, atendiera los límites competenciales
y el principio de congruencia que consideró aplicables para negar las pretensiones. La
apreciación crítica de la actuación administrativa no imponía, por sí sola, el
reconocimiento de alguna de las prestaciones reclamadas.
El actor también alegó la configuración de un defecto fáctico, porque el Tribunal negó las
pretensiones a pesar de reconocer el porcentaje de pérdida de capacidad laboral que le
fue determinado. Sin embargo, el cuestionamiento no recae sobre la omisión, indebida
valoración o apreciación contraevidente de un medio de prueba, sino sobre las
consecuencias jurídicas que la autoridad judicial extrajo del material probatorio. En
concreto, el accionante controvierte que el porcentaje reconocido no hubiera conducido al
otorgamiento de la prestación pretendida. Por consiguiente, el reparo no corresponde a
un defecto fáctico, sino a una discrepancia con el sentido de la decisión.
Respecto del cargo por desconocimiento del precedente, si bien el accionante citó
múltiples providencias judiciales y la jurisprudencia constitucional ha reconocido el
carácter vinculante del precedente, en especial del precedente vertical fijado por los
órganos de cierre de cada jurisdicción, no identificó una subregla jurisprudencial concreta
y vinculante que la autoridad judicial accionada hubiera desconocido. Tampoco explicó la
identidad fáctica y jurídica entre los asuntos invocados y el caso resuelto por el Tribunal.
En esas condiciones, la argumentación expuesta en la solicitud de amparo resulta
insuficiente para habilitar el estudio de fondo del defecto alegado.
En particular, el actor no demostró que las providencias citadas hubieran resuelto
supuestos fácticos y jurídicos análogos al debatido en el proceso ordinario. Además, el
alcance de su reparo no resulta claro, pues no permite establecer si pretende que se
ordene proferir una sentencia de reemplazo que reconozca la pensión de invalidez o, en
su defecto, una indemnización. Por estas razones, no es posible identificar una regla
jurisprudencial vinculante que hubiera sido desatendida por el Tribunal accionado.
5.6. El accionante también cuestionó la congruencia de la sentencia y vinculó ese reparo
con la presunta vulneración de sus derechos de defensa y contradicción. Al respecto, una
interpretación razonable permite concluir que no se advierte una actuación arbitraria,
pues corresponde al juez interpretar y aplicar el derecho al asunto sometido a su
conocimiento. Desde esa perspectiva, la actuación del Tribunal se circunscribió a
determinar si procedía el reconocimiento de la reliquidación solicitada, pretensión que
delimitó el objeto del proceso ordinario.
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En todo caso, esta Corporación26 ha precisado que la vulneración del principio de
congruencia y, en general, ciertas afectaciones del derecho al debido proceso pueden
configurar una causal de nulidad originada en la sentencia.
El ordenamiento jurídico prevé un mecanismo idóneo para controvertir esa clase de
irregularidades. En particular, la causal quinta del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que el recurso
extraordinario de revisión procede cuando “[e]xista nulidad originada en la sentencia que
puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.
De las propias manifestaciones del actor, la Sala infiere que no ha promovido ese
mecanismo extraordinario de defensa judicial, pese a que aún se encuentra dentro del
término para hacerlo. En consecuencia, el cargo no satisface el requisito de
subsidiariedad. El recurso extraordinario de revisión constituye el escenario judicial
idóneo para determinar si el Tribunal excedió los límites de su competencia, desconoció
el principio de congruencia y, como consecuencia de ello, vulneró el derecho del
accionante a la doble instancia. El juez constitucional no puede anticipar ese examen ni
sustituir al juez natural competente para resolverlo.
5.7. En el escrito de impugnación, la parte actora reprochó que no se hubiera considerado
su condición de sujeto de especial protección constitucional. En esencia, sostuvo que se
encontraba ante un perjuicio irremediable y que sus circunstancias personales permitían
tener por acreditados los presupuestos exigidos para su configuración.
Sobre este aspecto, la Subsección reconoce la gravedad de la situación del accionante y
su condición de sujeto de especial protección constitucional. Sin embargo, no advierte
que se encuentre en el estado de desprotección que afirma. En efecto, la Resolución
núm. 3339 del 9 de julio de 202527, mediante la cual se dispuso su retiro por llamamiento a
calificar servicios, fue valorada por el Tribunal accionado y señaló lo siguiente:
En virtud de lo anterior, se infiere que la Administración reconoció al accionante el
derecho a percibir una asignación de retiro con ocasión de su llamamiento a calificar
servicios.
26
Consejo de Estado, Sentencia del 3 de marzo de 2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-03970-00. FJ. 41, 49-67.
27
Índice 00010 del expediente de segunda instancia, certificado EC47FEC05ECEE5BA 7D205340ECE74AEB
E7AC9D16F2A026EA 5A95348C1C8EFC16, archivo: “005_MemorialWeb_RESOLUCIONRETIRO”.
22
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Accionante: Fredy Samacá Gutiérrez
En esa misma línea, y sin emitir pronunciamiento acerca de la oportunidad con la cual se
incorporó la prueba al proceso ordinario, la Subsección advierte, de oficio, que en dicho
trámite obra el Acta del Tribunal Médico Laboral núm. TML21-1062 MDNSG-TML-41.1
del 29 de enero de 2021, distinta de los actos administrativos demandados. En ese
documento se revisó la decisión adoptada mediante el Acta de la Junta Médico Laboral
núm. 13186 del 15 de mayo de 2006 y se modificó el porcentaje de pérdida de capacidad
laboral del actor. En concreto, se señaló que el Acta núm. TML20-2-220 del 25 de
noviembre de 2020 había establecido un porcentaje del 54,86 %, al cual se adicionó un
8,80 %, para un total del 63,66 %.
5.8. Lo expuesto refuerza la conclusión de que los reclamos del actor exigen determinar
las prestaciones a las que tendría derecho y la compatibilidad entre la asignación de
retiro, la pensión de invalidez y la indemnización. Tal estudio desborda, en principio, el
objeto de la tutela contra providencia judicial que corresponde resolver a la Sala en esta
oportunidad. Asimismo, confirma que, en atención al carácter subsidiario del amparo, el
accionante deberá plantear ante la autoridad administrativa competente la pretensión de
obtener un reconocimiento prestacional diferente o superior, si estima que tiene derecho
a este.
En efecto, la solicitud de amparo se promovió contra una providencia judicial que negó las
pretensiones de un proceso ordinario dirigidas a obtener la reliquidación de una
indemnización. Por tanto, el objeto de la controversia constitucional no comprende el
reconocimiento de una pensión de invalidez ni la protección del derecho a la salud del
actor.
5.9. Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria,
por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión
proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que
ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como si fuera
una instancia adicional a lo ya surtido.
En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada, lo que se opone a que se use indebidamente como
una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario 28.
5.10. En tal sentido, se confirmará la decisión impugnada que declaró la improcedencia
del amparo por falta de relevancia constitucional y subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
28
Corte Constitucional, Sentencia SU-215 de 2022.
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Accionante: Fredy Samacá Gutiérrez
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 14 de mayo de 2026 por el Consejo de
Estado-Sección Quinta que declaró improcedente la acción de tutela que interpuso Fredy
Samacá Gutiérrez contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección segunda,
Subsección A, conforme a los argumentos expuestos en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado
LMSG
24
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