Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03061-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-03061-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03061-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03061-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
19 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03061-00
Demandante: Rebeca del Carmen González de Chávez
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Temas: Debido proceso y acceso a la administración de justicia sin
dilaciones injustificadas / Impulso procesal en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho
Decisión: Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado y negar el
amparo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
_____________________________________________________________________
La Sala decide la solicitud formulada por Rebeca del Carmen González de Chávez, en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y
desarrollada en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
1. Rebeca del Carmen González de Chávez promovió solicitud de tutela con el fin de
que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la presunta
mora judicial en la reconstrucción del expediente y decisión de segunda instancia por
parte del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena y el
Tribunal Administrativo de Bolívar, respectivamente, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 13001-33-33-007-2022-00272-00/01.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
2.1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentó demanda contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional,
con la finalidad de cuestionar la legalidad de los actos administrativos mediante los
1 Ver índice 2 de Samai, archivo denominado «1ED_Demanda(.pdf) NroActua 2».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03061-00
Demandante: Rebeca del Carmen González de Chávez
cuales se le negó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, con ocasión
del fallecimiento del patrullero César Orlando Chávez González, quien era su hijo.
2.2. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena en
sentencia del 14 de noviembre de 2024 accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda al considerar que era beneficiaria del causante César Orlando Chávez
González, en calidad de madre y dependía económicamente de este, pues aunque
tenía un ingreso de la pensión que le fue sustituida por la muerte de su esposo, el
material probatorio allegado permitió acreditar que los ingresos percibidos por tal
concepto eran insuficientes para solventar sus necesidades pues no le garantizaban un
mínimo vital. No obstante, declaró prescritas las mesadas pensionales causadas con
anterioridad al 17 de agosto de 2019. En contra de esta decisión la parte demandada
presentó recurso de apelación.
2.3. El Tribunal Administrativo de Bolívar en providencia del 4 de septiembre de
2025 requirió «al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cartagena, para que en
el término de dos (2) días hábiles contados a partir del recibido del respectivo oficio,
informe si dentro de sus archivos obra copia de la audiencia realizada el 3 de septiembre
de 2024 en el proceso de la referencia. En caso afirmativo, remita copia de dicha
grabación; y, en caso de que no la tenga en su poder realice las diligencias necesarias
para recuperarla y remitirla al tribunal» [sic].
2.4. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena en
providencia del 28 de octubre de 2025 dejó sin efectos todo lo actuado a partir de la
audiencia de pruebas del 3 de septiembre de 2024 y fijó fecha para la celebración de
esta. En contra de esta decisión interpuso recurso de reposición.
2.5. En providencia del 27 de noviembre de 2026 repuso la decisión anterior, y
en su lugar, fijó fecha para la celebración de la audiencia de reconstrucción de
expediente prevista en el artículo 126 del Código General del Proceso 2.
2.6. Las autoridades judiciales demandadas vulneraron sus derechos
fundamentales con ocasión de la falta de impulso procesal en el referido medio de
control, pues a la fecha la oficina de TIC ha informado en dos ocasiones la
imposibilidad técnica de recuperar la grabación. Pese a ello, el juzgado persiste en
oficiar a dicha dependencia en lugar de aplicar el artículo 126 del CGP para reconstruir
el acta mediante el testimonio de los sujetos procesales o la repetición de la diligencia,
con lo cual se mantiene el proceso detenido de forma injustificada.
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] 1. DECLARAR que el JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
CARTAGENA ha vulnerado mis derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
justicia.
2 En adelante CGP.
2
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03061-00
Demandante: Rebeca del Carmen González de Chávez
2. ORDENAR al Juzgado accionado que, en el término perentorio de cuarenta y ocho (48)
horas, proceda a fijar fecha inmediata (no superior a 10 días) para la celebración de la
audiencia de reconstrucción del expediente y su posterior remisión al Despacho 04 del
Tribunal Administrativo de Bolivar, bajo el apercibimiento de sanciones por desacato.
3. ORDENAR que, una vez recibido nuevamente el expediente el Tribunal Administrativo de
Bolívar dispone de un plazo máximo de diez (10) días para que proceda a emitir el fallo de
segunda instancia dentro del proceso de la referencia. […]» [sic].
1.2. Informes rendidos en el proceso
4. El Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional 3 solicitó su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva al considerar que no
tuvo competencia frente a lo pretendido, pues la solicitud de aportar la grabación de la
audiencia de pruebas fue dirigida al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito
Judicial de Cartagena y el recurso de apelación debe ser resuelto por el Tribunal
Administrativo de Bolívar.
5. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena4
luego de hacer un recuento de las actuaciones jurídico-procedimentales surtidas al
interior del medio de control, pretendió que se declarara la carencia actual de objeto por
hecho superado, puesto que mediante providencia de 24 de abril de 2026 se fijó fecha
para la continuación de la audiencia de reconstrucción para el 4 de mayo del mismo
año. Asimismo, ha adelantado todas las actuaciones a su alcance con el fin de obtener
la grabación de la audiencia de pruebas.
5.1. Posteriormente5, precisó que el 4 de mayo de 2026 celebró segunda sesión de
audiencia de reconstrucción de expediente, en la cual se practicó prueba testimonial de
Modesto Carlos Chávez González, Martha Cecilia Barbosa Gutiérrez, Tomás García
Wilches y Carlos Andrés Chávez González, y se incorporó prueba documental, por lo
que se declaró reconstruido el expediente y se ordenó a la secretaría remitir copia de
dicha actuación al Tribunal Administrativo de Bolívar para que continuara el trámite de
segunda instancia.
6. El Tribunal Administrativo de Bolívar6 precisó que los hechos que motivaron
la petición de amparo se relacionaban con la falta de reconstrucción del expediente,
trámite que debe realizar el juzgado de primera instancia, por lo cual no ha vulnerado
los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia
de la demandante.
3 Ver índice 8 de Samai, actuación denominada «8RECIBEMEMORIAL_GS2026011879SEGEN(.pdf)
NroActua 8».
4
Ver índice 9 de Samai, actuación denominada «9_MemorialWeb_Respuesta-
RemisionInformeTutel(.pdf) NroActua 9».
5
Ver índice 12 de Samai, actuación denominada «11_MemorialWeb_Respuesta-
INFORMECOMPLEMENTAR(.pdf) NroActua 12».
6
Ver índice 10 de Samai. Archivo denominado «10_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
CONTESTACIONTUTELA(.pdf) NroActua 10».
3
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03061-00
Demandante: Rebeca del Carmen González de Chávez
2. Consideraciones
7. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa – falta de legitimación
en la causa por pasiva; iii) determinación de los problemas jurídicos; iv) procedencia de
la solicitud de tutela - derechos de acceso a la administración de justicia y del debido
proceso sin dilaciones injustificadas; y v) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
8. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y
37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el 1° del Decreto 333 del 6 de abril
de 20217 esta Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo contra el
Tribunal Administrativo de Bolívar y otro.
2.2. Cuestión previa – falta de legitimación en la causa por pasiva
9. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho
a presentar solicitud de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma o por quién
actúe en su nombre, la protección de sus derechos constitucionales fundamentales
cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión
de cualquier autoridad pública o de los particulares, tal como lo señala el artículo 13 del
Decreto 2591 de 1991:
Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se dirigirá
contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o
amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la
acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De
ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el
superior.
10. La Corte Constitucional8 en lo que a la legitimación en la causa por pasiva en los
trámites de solicitudes de tutela se refiere, ha considerado:
«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la
vulneración o amenaza del derecho fundamental9. En la medida que refleja la calidad
subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se discute en el
proceso”10, la misma, en principio, no se predica del funcionario que comparece o es citado
al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será la llamada a responder por
la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya lugar a ello.
Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por los
de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “debe dar
7 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela.
8 Sentencia T-1015/2006. MP. Álvaro Tafur Galvis.
9 Sentencia T-025 de 1995. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
10 Sentencia T-416 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
4
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03061-00
Demandante: Rebeca del Carmen González de Chávez
primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o dificultar
el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples condiciones
plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta Fundamental.”11 Ello obliga,
por tanto, a remover los obstáculos puramente formales (oficiosidad) y a interpretar la
demanda de una forma tal que se favorezca la protección del derecho fundamental, sin
perjuicio de las garantías procesales de quien es demandado. […]».
11. La Policía Nacional solicitó su desvinculación del asunto al considerar que no
se le atribuyó la trasgresión que dio lugar a la interposición de la petición de amparo.
12. Respecto de lo anterior, la Sala aclara que, su vinculación al presente asunto fue
en calidad de tercero con interés, al ser la entidad demandada dentro del medio de
control en cuestión, y en aras de salvaguardar sus derechos de defensa y contradicción,
razón por la cual se negará su solicitud.
2.3. Problemas jurídicos
13. De acuerdo con el escrito de tutela, la Sala deberá definir si:
13.1. ¿en el presente asunto se configuró la carencia actual de objeto por hecho
superado con ocasión de la providencia proferida el 24 de abril de 2026 por el Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena, mediante la cual fijó fecha
para la celebración de la audiencia de reconstrucción, así como del acta de audiencia
de reconstrucción No. 039 del 4 de mayo de 2026?
13.2. ¿el Tribunal Administrativo de Bolívar vulneró los derechos fundamentales de
Rebeca del Carmen González de Chávez con ocasión de la mora en que ha podido
incurrir para resolver en segunda instancia el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 13001-33-33-007-2022-
00272-00/01?
2.4. Procedencia de la solicitud de tutela
14. El artículo 86 constitucional señala que: «[…] [e]sta acción solo procederá cuando
el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991 dispone las causales de improcedencia de la solicitud de
amparo:
«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de
dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»
15. Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha
definido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia12, es decir, no es un
mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios
11 Sentencia T-379 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
12 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-1121 de
2003.
5
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03061-00
Demandante: Rebeca del Carmen González de Chávez
ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco
constituye un último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un
derecho, pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos
fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.
2.4.1. Derechos de acceso a la administración de justicia y del debido proceso sin
dilaciones injustificadas
16. El artículo 228 de la Constitución Política define el acceso a la administración de
justicia como una función pública relacionada directamente con los fines del Estado 13,
pues solo en la medida en que se garantice a los integrantes del país una instancia
imparcial, objetiva y efectiva encargada de la resolución pacífica de sus conflictos se
puede pretender la consecución de una república democrática y respetuosa de la
dignidad humana.
17. Por su parte, el artículo 229 ibidem determinó que la administración de justicia no
es un mero servicio a cargo del Estado, sino que también goza de una dimensión de
naturaleza subjetiva, es decir, es un derecho fundamental radicado en cabeza de todos
los habitantes del país.
18. Frente a la procedencia de la solicitud de tutela para proteger el derecho de
acceso a la administración de justicia ha señalado la Corte Constitucional14:
«[…] Ahora bien, conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, el derecho a acceder a
la justicia tiene una significación múltiple y compleja. De manera reiterada, ha sostenido esta
Corte, que el derecho a acceder a la justicia es un pilar fundamental del Estado Social de
Derecho y un derecho fundamental de aplicación inmediata, que forma parte del núcleo
esencial del debido proceso.
[…]
En cuanto a lo segundo, atendiendo a su importancia política, la jurisprudencia constitucional
le ha reconocido al acceso a la administración de justicia el carácter de derecho fundamental
de aplicación inmediata, integrándolo a su vez con el núcleo esencial del derecho al debido
proceso, y relacionándolo con otros valores constitucionales como la dignidad, la igualdad y
la libertad. Por virtud de tal vinculación, el acceso a la administración de justicia adquiere un
amplio y complejo marco jurídico de aplicación que compromete los siguientes
ámbitos: (i) el derecho a que subsistan en el orden jurídico una gama amplia y suficiente de
mecanismos judiciales -acciones y recursos- para la efectiva resolución de los
conflictos; (ii) el derecho de acción o de promoción de la actividad jurisdiccional, el cual se
concreta en la posibilidad que tiene todo sujeto de ser parte en un proceso y de utilizar los
instrumentos que allí se proporcionan para plantear sus pretensiones al Estado, sea en
defensa del orden jurídico o de sus intereses particulares; (iii) el derecho a que la promoción
de la actividad jurisdiccional concluya con una decisión de fondo en torno a las pretensiones
que han sido planteadas, y que ella se produzca dentro de un plazo razonables; (iv) el
derecho a que existan procedimientos adecuados, idóneos y efectivos para la definición de
las pretensiones y excepciones debatidas; (iv) el derecho a que los procesos se desarrollen
en un término razonable, sin dilaciones injustificadas y con observancia de las garantías
propias del debido proceso. […]».
13 Artículo 2 de la Constitución Política
14 Sentencia C-177 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño
6
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03061-00
Demandante: Rebeca del Carmen González de Chávez
19. Por su parte, tratándose de la jurisdicción contencioso-administrativa el derecho
en cuestión adquiere connotaciones especiales dada su naturaleza rogada, sin
embargo, todos los requisitos formales del derecho de acción deben ser entendidos y
analizados en la medida en que con ellos se protejan derechos sustanciales de las
partes, como el debido proceso.
20. Asimismo, el artículo 29 de la Constitución Política dispone que toda persona
tiene derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas. De esa manera, además
del derecho a acceder a una respuesta judicial, ello se debe producir en un plazo
adecuado.
21. La razonabilidad de ese plazo fue establecida por el legislador mediante la
definición de los términos procesales, los cuales resultan de obligatorio cumplimiento;
de otra forma, la oportunidad para solucionar una controversia quedaría al arbitrio de
cada funcionario, afectándose no solo el derecho al recurso judicial efectivo sino los
bienes que se pretendan proteger en el proceso, incluido el de la igualdad de todas las
personas que acuden a la administración de justicia en procura de una solución pacífica
a las controversias sociales.
22. Sin embargo, no toda tardanza o incumplimiento de un término judicial constituye
una vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, ello dependerá de que resulte injustificada. En ese orden de
ideas, si bien la regla general es que los jueces cumplan los términos rigurosamente,
pueden configurarse excepciones a ese deber, siempre que se encuentren
suficientemente motivadas, las cuales deberán ser analizadas en el marco de cada
caso, y solo serán aceptables cuando, a pesar de la diligencia y celeridad del juez,
existan hechos imprevisibles o insuperables que le impidan cumplirlos.
23. En ese sentido, la congestión judicial no es, por sí sola, motivo suficiente para
relevar al juez de su deber de definir los procesos dentro de los términos previstos por
el legislador. Es preciso que el análisis de una situación específica de mora judicial
tome en cuenta, de una parte, la importancia del cumplimiento de los plazos procesales
para la eficacia de los derechos fundamentales y, de otra, las eventuales circunstancias
de justificación de una tardanza determinada y la necesidad de que las sentencias o
decisiones, en general, se adopten de manera oportuna y que sean materialmente
justas y acordes con las normas legales y los principios constitucionales.
24. Finalmente, es oportuno recordar que la solicitud de tutela procede contra toda
actuación que amenace o vulnere derechos fundamentales, siempre que no haya otro
recurso idóneo y efectivo en el ordenamiento para su protección, incluidas aquellas
propias de las autoridades judiciales.
2.5. Análisis de la Sala
25. Rebeca del Carmen González promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales, y, en consecuencia, se ordenara al Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena y al Tribunal Administrativo
de Bolívar reconstruir el expediente y decidir en segunda instancia, respectivamente,
7
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03061-00
Demandante: Rebeca del Carmen González de Chávez
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con
el radicado 13001-33-33-007-2022-00272-00/01.
26. De conformidad con la información registrada en Samai15, se destacan las
siguientes actuaciones:
26.1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentó demanda contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional,
con la finalidad de cuestionar la legalidad de los actos administrativos mediante los
cuales se le negó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, con ocasión
del fallecimiento del patrullero César Orlando Chávez González, quien era su hijo.
26.2. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena en
providencia del 14 de noviembre de 2024 accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda al considerar que era beneficiaria del causante César Orlando Chávez
González, en calidad de madre y dependía económicamente de este, pues aunque
tenía un ingreso de la pensión que le fue sustituida por la muerte de su esposo, el
material probatorio allegado permitió acreditar que los ingresos percibidos por tal
concepto eran insuficientes para solventar sus necesidades pues no le garantizaban un
mínimo vital. No obstante, declaró prescritas las mesadas pensionales causadas con
anterioridad al 17 de agosto de 2019. En contra de esta decisión la parte demandada
presentó recurso de apelación.
26.3. El Tribunal Administrativo de Bolívar en providencia del 4 de septiembre de
2025 requirió «al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cartagena, para que en
el término de dos (2) días hábiles contados a partir del recibido del respectivo oficio,
informe si dentro de sus archivos obra copia de la audiencia realizada el 3 de septiembre
de 2024 en el proceso de la referencia. En caso afirmativo, remita copia de dicha
grabación; y, en caso de que no la tenga en su poder realice las diligencias necesarias
para recuperarla y remitirla al tribunal» [sic].
26.4. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena en
providencia del 28 de octubre de 2025 dejó sin efectos todo lo actuado a partir de la
audiencia de pruebas del 3 de septiembre de 2024 y fijó fecha para la celebración de la
audiencia de pruebas. En contra de esta decisión interpuso recurso de reposición.
26.5. En providencia del 27 de noviembre de 2026 repuso la decisión anterior, y
en su lugar, fijó fecha para la celebración de la audiencia de reconstrucción de
expediente prevista en el artículo 126 del Código General del Proceso 16.
26.6. En acta de audiencia de reconstrucción No. 142 del 10 de diciembre de 2025
resolvió:
15 Ver en Samai el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado
13001333300720220027200/01.
16 En adelante CGP.
8
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03061-00
Demandante: Rebeca del Carmen González de Chávez
26.7. En providencia del 24 de abril de 2026 resolvió:
«[…] PRIMERO: FIJAR fecha y hora para continuación de la celebración de la audiencia de
reconstrucción de la audiencia de pruebas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
126 del Código General del Proceso, la cual se llevará a cabo el día 4 de mayo de 2026 a
las 9:00 a,m a través del Aplicativo Microsoft Teams. Link de acceso:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZTg3YzMzZmItZDBiNS00YmI0LT
lmYzgtNTE1NzNjZTYxYWY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22622cba98-
80f8-41f3-8df5- 8eb99901598b%22%2c%22Oid%22%3a%22ca946155-487b-45aa-
974e02b7e09cae2c%22%7d.
SEGUNDO: DISPONER que en la audiencia de reconstrucción se practiquen nuevamente
los testimonios de los señores MODESTO CARLOS CHÁVEZ GONZÁLEZ, MARTHA
CECILIA BARBOSA GUTIÉRREZ, TOMÁS GARCÍA WILCHES y CARLOS ANDRÉS
CHÁVEZ GONZÁLEZ, en razón a la imposibilidad de recuperar la grabación de la audiencia
de pruebas en la cual fueron rendidos inicialmente.
TERCERO: EXHORTAR al apoderado judicial de la parte demandante para que adelante
las gestiones necesarias a fin de garantizar la comparecencia de los referidos testigos en la
fecha y hora señaladas para la realización de la audiencia de reconstrucción.
CUARTO: ADVERTIR a las partes que deberán aportar en la audiencia todos los
documentos, grabaciones o elementos probatorios que obren en su poder y que resulten
pertinentes para la reconstrucción del trámite procesal. […]» [sic].
26.8. En acta de audiencia de reconstrucción No. 039 del 4 de mayo 2026 precisó:
9
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03061-00
Demandante: Rebeca del Carmen González de Chávez
26.9. En segunda instancia, registra como últimas actuaciones las siguientes:
27. Tal como quedó acreditado, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito
Judicial de Cartagena en providencia del 24 de abril de 2026 fijó fecha para celebración
de la audiencia y, reconstruyó el expediente en cuestión en la audiencia celebrada el 4
de mayo de 2026, lo cual ocurrió posterior a la radicación de la solicitud de tutela (21
de abril de 2026).
28. A juicio de la Sala, en el presente asunto se configuró la carencia actual de objeto
por hecho superado, pues, durante el trámite de la solicitud de amparo, el Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena atendió la solicitud de la parte
demandante (24 de abril y 4 de mayo 2026).
28.1. La Corte Constitucional en sentencia T-038 de 201917, respecto del fenómeno
jurídico de la carencia actual de objeto por hecho superado, señaló:
«[…] Este escenario se presenta cuando entre el momento de interposición de la acción de
tutela y el fallo, se evidencia que, como consecuencia del obrar de la accionada, se superó
o cesó la vulneración de derechos fundamentales alegada por el accionante. Dicha
superación se configura cuando se realizó la conducta pedida (acción u abstención) y, por
tanto, terminó la afectación, resultando inocua cualquier intervención del juez constitucional
en aras de proteger derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los ha garantizado
[…]».
29. Ahora bien, frente a su pretensión dirigida a que se ordene al Tribunal
Administrativo del Bolívar proferir sentencia de segunda instancia en 10 días, la Sala
aclara que la misma no es procedente, pues sin desconocer el tiempo que ha trascurrido
desde que el asunto fue radicado ante la autoridad judicial, se observa que al asunto
se ha tramitado de manera diligente desde su admisión dadas las particularidades que
se han presentado como lo es la falta de piezas procesales y el requerimiento realizado
para obtener copia de la audiencia de pruebas realizada el 3 de septiembre de 2024.
30. No obstante, de manera informativa se le precisa que la información anterior se
encuentra debidamente registrada en Samai, por lo que es de conocimiento de la
autoridad judicial, pues así se le informó mediante informe secretarial:
17 M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03061-00
Demandante: Rebeca del Carmen González de Chávez
31. Razón por la cual, en lo referente a la posible demora en la que ha podido incurrir
el Tribunal Administrativo de Bolívar, para proferir sentencia, se reitera que no todo
incumplimiento de un término judicial constituye una vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, pues solo
la tardanza injustificada acarrea su desconocimiento, lo cual no es predicable en el
presente caso como quedó demostrado. Razón por la cual, se negará el amparo
pretendido frente a esta autoridad judicial.
3. Decisión
32. En este orden de ideas, quedó superada la vulneración alegada por Rebeca del
Carmen González de Chávez de forma que la Sala declarará la carencia actual de
objeto por hecho superado, en la solicitud presentada contra el Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena.
33. Asimismo, se negará la solicitud de amparo presentada contra el Tribunal
Administrativo de Bolívar.
34. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad
de la ley,
F A L L A:
Primero. Negar la solicitud de desvinculación de la Policía Nacional.
11
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03061-00
Demandante: Rebeca del Carmen González de Chávez
Segundo. Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, en la solicitud de
tutela presentada por Rebeca del Carmen González de Chávez contra el Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena.
Tercero. Negar el amparo de los derechos fundamentales en la solicitud de tutela
presentada contra el Tribunal Administrativo de Bolívar.
Cuarto. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de
1991.
Quinto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
LVLQ
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
12
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.