Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03063-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03063-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-03063-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
14 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., catorce (14) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03063-01
Demandante: Víctor Manuel Abadía Villegas
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Temas: Tutela contra providencia judicial / Reparación directa por el no
pago de los retroactivos de la pensión de jubilación / Defecto
fáctico
Decisión: Modificar la decisión de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la impugnación interpuesta por Víctor Manuel Abadía Villegas, en
contra de la sentencia proferida el 21 de mayo de 2026 por el Consejo de Estado,
Sección Quinta, mediante la cual declaró improcedente la solicitud de amparo.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
1. Víctor Manuel Abadía Villegas promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la igualdad, los cuales consideró vulnerados con
ocasión de la sentencia proferida el 24 de marzo de 2026 por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, dentro del medio de control de reparación directa
identificado con el radicado 76001-23-33-000-2013-01203-01.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
2.1. La Caja Nacional de Previsión2 en Resolución No. 00314 del 28 de enero de
2003 reconoció su pensión de jubilación. Posteriormente, el 8 de mayo siguiente,
solicitó la reliquidación por considerar que el monto no era correcto. Ante la falta de
respuesta de la entidad, promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento
1 Ver Samai índice 2 del expediente de primera instancia. Archivo denominado: «3ED_Demanda (.pdf)
NroActua 2».
2 En adelante CAJANAL.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Víctor Manuel Abadía Villegas
del derecho contra el acto administrativo ficto negativo que se configuró con ocasión
del silencio administrativo.
2.2. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en providencias del 14 de marzo
y el 23 de mayo de 2006, declaró la nulidad del acto ficto mediante el cual CAJANAL
negó la reliquidación de su pensión de jubilación y ordenó expedir un nuevo acto
administrativo con una nueva liquidación. En cumplimiento de dichas providencias, la
entidad reliquidó la pensión.
2.3. Sin embargo, al considerar que CAJANAL no había pagado los retroactivos
pensionales ni los intereses moratorios derivados de la reliquidación de la pensión
promovió proceso ejecutivo para obtener el pago de esas acreencias.
2.4. El Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Cali en providencia
del 14 de julio de 2009, libró mandamiento de pago y, posteriormente, en auto del 10
de noviembre de ese mismo año, dispuso su remisión a CAJANAL en liquidación para
que fuera incorporado al trámite liquidatario. Según lo expuesto, dicho procedimiento
concluyó sin que se hubieran satisfecho las obligaciones reclamadas, circunstancia
que motivó la presentación del medio de control de reparación directa.
2.5. En ejercicio del medio de control de reparación directa presentó3 demanda
contra la Nación, Ministerio de Salud y Protección Social y CAJANAL E.I.C.E
liquidada con la finalidad de que se declarara su responsabilidad patrimonial por los
perjuicios derivados del presunto no pago de los retroactivos de su pensión de
jubilación y de los intereses moratorios reconocidos a su favor.
2.6. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia del 11 de agosto
de 2022 negó las pretensiones de la demanda al concluir que no se acreditó la
responsabilidad de las entidades demandadas, pues no se demostró la existencia de
un nexo causal entre el daño alegado y la falla del servicio atribuida. En ese sentido,
señaló que las pruebas aportadas resultaban insuficientes para establecer la relación
entre el incumplimiento imputado y el perjuicio reclamado.
2.7. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C en providencia del 24
de marzo de 2026 modificó la decisión de primera instancia para, en su lugar, declarar
probada de oficio la falta de legitimación en la causa por activa de Luz Angélica López
de Abadía y Victoria Eugenia Abadía, al considerar que no intervinieron en el trámite
liquidatorio de CAJANAL, no acreditaron la calidad de terceras afectadas dentro de
este ni demostraron un interés directo en sus resultados. En lo demás, negó las
pretensiones de la demanda.
2.8. Lo anterior, al considerar que no se acreditó la existencia de un daño cierto,
real y efectivo, pues no se demostró que la acreencia reclamada hubiera quedado
insoluta dentro del trámite liquidatorio de CAJANAL, pues la sola afirmación sobre la
3 En conjunto con Luz Angélica López de Abadía y Victoria Eugenia Abadía López.
2
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Demandante: Víctor Manuel Abadía Villegas
falta de pago no era suficiente para probar la afectación patrimonial alegada, máxime
cuando no se aportó el acto administrativo que declarara la deuda como insoluta ni
otro medio de convicción que permitiera establecer la pérdida definitiva de los
recursos reclamados.
2.9. La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al
incurrir en defecto fáctico, pues la sentencia cuestionada omitió valorar diversos
medios de prueba tanto documentales como testimoniales, entre ellos, el oficio del
liquidador de CAJANAL relacionado con el trámite de su reclamación, los
documentos que acreditaban los créditos adquiridos, los descuentos efectuados
sobre su pensión, la venta de su vivienda, su historia clínica y los testimonios
practicados. En esencia, tales elementos demostraban los perjuicios materiales y
morales derivados del presunto incumplimiento de la entidad demandada.
2.10. También desconoció el principio de la non reformatio in pejus, al declarar de
oficio la falta de legitimación en la causa por activa de Luz Angélica López de Abadía
y Victoria Eugenia Abadía López, pese a que era apelante único. En su criterio, esa
decisión agravó su situación jurídica y desconoció las pruebas que demostraban que
su cónyuge e hija también habían sufrido los perjuicios derivados del presunto
incumplimiento de las entidades demandadas.
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] PRIMERO. Tutelar los Derechos Fundamentales – DEBIDO PROCESO – IGUALDAD-
ACCESO A LA JUSTICIA del Accionante VICTOR MANUEL ABADIA VILLEGAS, conforme
a lo relacionado en la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO.- Consecuente con lo anterior, ordenar que la Sala de Decisión – Sección
Tercera – Subsección C, o quien haga sus veces, en el término de 20 días contados a partir
de la notificación de esta Decisión, proceda proferir fallo de Segunda Instancia Apreciando
en Conjunto todas las pruebas ordenadas en el proceso.
TERCERO.- Las demás decisiones que tenga a bien la instancia.-[…]» [sic]
1.2. Informes rendidos en el proceso
4. La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal4 solicitó que se declarara
improcedente la solicitud de tutela. Para eso, sostuvo que la sentencia del 24 de
marzo del 2026 no vulneró los derechos fundamentales alegados, pues fue proferida
con fundamento en el ordenamiento jurídico. Además, la verdadera intención fue
reabrir un debate ya decidido por el juez natural. Por último, argumentó que no se
cumplen con los requisitos generales de procedencia de la subsidiariedad y la
inmediatez, ni es posible atribuir el defecto alegado.
4
Ver Samai índice 12 del expediente de primera instancia. Archivo denominado:
«13_MemorialWeb_RespuestaRESPUESTAAVOCOTUTE pdf) NroActua12».
3
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Demandante: Víctor Manuel Abadía Villegas
5. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C5 requirió que se
declarara improcedente la petición de amparo al considerar que Víctor Manuel
Abadía Villegas no estaba legitimado para solicitar el amparo respecto de los
derechos de Luz Angélica López de Abadía y Victoria Eugenia Abadía López, quienes
eran las únicas facultadas para controvertirla decisión mediante la cual se declaró su
falta de legitimación en la causa por activa.
6. En segundo lugar, afirmó que la solicitud no cumplía el requisito de relevancia
constitucional, pues pretendía reabrir un debate propio del medio de control de
reparación directa y convertir la tutela en una instancia adicional.
7. Finalmente, señaló que la providencia cuestionada no incurrió en los defectos
alegados, toda vez que efectuó una valoración integral del material probatorio y
concluyó que no se acreditó la existencia del daño antijurídico, por lo que la
inconformidad planteada correspondía únicamente a una discrepancia con la
decisión adoptada por el juez natural.
8. Los demás terceros con interés guardaron silencio.
1.3. Sentencia de primera instancia6
9. El Consejo de Estado, Sección Quinta en sentencia del 21 de mayo del 2026
señaló la falta de legitimación en la causa por activa de Víctor Manuel Abadía Villegas
respecto de la pretensión encaminada a cuestionar la decisión relacionada con Luz
Angélica López de Abadía y Victoria Eugenia Abadía López y, en lo demás, declaró
improcedente la solicitud de tutela por no superar el requisito de relevancia
constitucional. En esencia, consideró que los argumentos de la tutela no
evidenciaban una vulneración de derechos fundamentales, sino una inconformidad
con la valoración realizada por el juez natural y su propósito era reabrir un debate ya
resuelto en el medio de control de reparación directa.
1.4. Escrito de impugnación7
10. Víctor Manuel Abadía Villegas impugnó la decisión del a quo y, además de
reiterar los argumentos expuestos en el escrito de tutela, sostuvo que el asunto sí
tiene relevancia constitucional, por cuanto involucra la protección de los derechos
fundamentales invocados. En ese sentido, insistió en que la providencia cuestionada
incurrió en un defecto fáctico al omitir la valoración integral del material probatorio y
reiteró que se vulneró el principio non reformatio in pejus, pues la Subsección C
declaró de oficio la falta de legitimación en la causa por activa de Luz Angélica López
5Ver Samai índice 13 del expediente de primera instancia. Archivo denominado:
«15CONTESTACIONDE_CONTESTACIONTUTELA20 (.pdf) NroActua13».
6Ver Samai índice 20 del expediente de primera instancia. Archivo denominado:
«22Sentencia_20260306300VICTORMAN (.pdf) NroActua 20».
7Ver Samai índice 25 del expediente de primera instancia Archivo denominado:
«25_MemorialWeb_Otrorequest (.pdf) NroActua 26».
4
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Demandante: Víctor Manuel Abadía Villegas
de Abadía y Victoria Eugenia Abadía López, pese a que era apelante único y ambas
acreditaron los perjuicios cuya indemnización se reclamaba.
2. Consideraciones
11. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y de las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en
el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) manifestación de impedimento del
consejero Jorge Edison Portocarrero Banguera; iii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iv) determinación del problema jurídico; y v) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
12. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política,
el Decreto 1382 de 20008 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 9, esta Sala es
competente para conocer de la impugnación contra la sentencia de tutela proferida
por el Consejo de Estado, Sección Quinta.
2.2. Manifestación de impedimento del consejero Jorge Edison Portocarrero
Banguera
13. El consejero Jorge Edison Portocarrero Banguera a través de oficio del 14 de
julio de 202610 manifestó impedimento para conocer del asunto al considerarse
incurso en la causal 5 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, toda vez
que «el Doctor Valero Nisimblat, quien suscribió la providencia de primera instancia dentro
del proceso ordinario en el que se emitió la decisión objeto de tutela, y que fue vinculado al
presente trámite constitucional en calidad de tercero con interés, es el padrino de bautizo de
uno de mis hijos». Normativa que dispone:
«[…] ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento:
[…] 5. Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes,
denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario judicial. […]»
14. Como se observa, se satisfacen los presupuestos para aceptar el impedimento
manifestado, en razón a que el magistrado Oscar Alonso Valero Nisimblat es parte
en el asunto de la referencia como integrante del Tribunal del Valle del Cauca,
autoridad judicial quien figura como tercero con interés en el presente asunto
constitucional.
8 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
9 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
10 Ver índice 5 de Samai. Actuación denominada «3Manifestaciond_DS20260306301VictorM (.pdf)
NroActua 5».
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2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
15. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo
del Consejo de Estado11 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema12. Al respecto señaló lo
siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».
16. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
17. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo13, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.
18. Ahora bien, la Corte Constitucional14 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez;
y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
13 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
14 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
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con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
19. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos15,
el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de
la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de
los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea
de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales16.
20. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal
entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente
reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.4. Problemas jurídicos
21. De acuerdo con el escrito de impugnación, la Sala deberá definir si:
21.1. ¿Víctor Manuel Abadía Villegas tiene legitimación en la causa por activa para
cuestionar, mediante la solicitud de tutela, la decisión adoptada por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, de declarar de oficio la falta de legitimación
en la causa por activa de Luz Angélica López de Abadía y Victoria Eugenia Abadía
López?
21.2. ¿el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, vulneró los derechos
fundamentales de Víctor Manuel Abadía Villegas con ocasión de la sentencia del 24
de marzo de 2026, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda al
considerar que no se acreditó la existencia de un daño antijurídico, al incurrir,
presuntamente, en un defecto fáctico?
2.5. Análisis de la Sala
2.5.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
22. En relación con el requisito de relevancia constitucional, contrario a lo
señalado por el a quo, se entiende superado, toda vez que los defectos alegados
puede llevar consigo una violación de derechos fundamentales, los cuales
constituyen bienes jurídicos constitucionalmente amparados.
23. En consecuencia, la Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad
de la solicitud de tutela, y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que
invalide lo actuado, procederá a efectuar el estudio de fondo del asunto planteado
15 Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2015, MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
16 Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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2.5.2. Defecto fáctico
24. El defecto fáctico, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional17, tiene una
dimensión negativa y otra positiva. La primera se configura cuando en desarrollo de
la actividad probatoria el juez omite la «la valoración de pruebas determinantes para
identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez»18, «o cuando sin razón valedera
da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente»19. La segunda, se acredita cuando el operador judicial «aprecia pruebas
que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente
recaudadas»20.
25. Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas
que adelante el juez natural, solo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en vigencia
y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.
2.5.3. Sobre el caso concreto
26. Víctor Manuel Abadía Villegas acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la
sentencia proferida el 24 de marzo de 2026 por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, mediante la cual negó las pretensiones del medio de control
de reparación directa al considerar que no se acreditó un daño resarcible.
27. Lo anterior, según insistió en el escrito de impugnación, al considerar que se
incurrió en defecto fáctico pues la sentencia cuestionada omitió valorar diversos
medios de prueba tanto documentales como testimoniales, entre ellos, el oficio del
liquidador de CAJANAL relacionado con el trámite de su reclamación, los
documentos que acreditaban los créditos adquiridos, los descuentos efectuados
sobre su pensión, la venta de su vivienda, su historia clínica y los testimonios
practicados. En esencia, tales elementos demostraban los perjuicios materiales y
morales derivados del presunto incumplimiento.
27.1. También se desconoció el principio de la non reformatio in pejus, al declarar
de oficio la falta de legitimación en la causa por activa de Luz Angélica López de
Abadía y Victoria Eugenia Abadía López, pese a que era apelante único. En su
criterio, esa decisión agravó su situación jurídica y desconoció las pruebas que
demostraban que su cónyuge e hija también habían sufrido los perjuicios derivados
del presunto incumplimiento de las entidades demandadas.
17
Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015, T-605 de
2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016, entre otras.
18
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, MP: Antonio Barrera Carbonell.
19
Sentencia SU-159 de 2002, MP Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar
Gil y Alfredo Beltrán Sierra
20
Sentencia T-539 de 1994
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28. En este punto, dada la controversia a decidir y en concordancia con lo
precisado en el primer problema jurídico planteado, la Sala recuerda que el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante sentencia del 24 de marzo de
2026, declaró de oficio la falta de legitimación en la causa por activa de Luz Angélica
López de Abadía y Victoria Eugenia Abadía López, al considerar que no se acreditó
que tuvieran interés para reclamar los perjuicios cuya indemnización se pretendía en
el medio de control de reparación directa.
29. Así pues, es necesario evaluar si Víctor Manuel Abadía Villegas tiene
legitimación en la causa por activa para cuestionar dicha decisión mediante la
presente solicitud de tutela. Sobre el particular, la Sala advierte que el demandante
promovió la solicitud de amparo en nombre propio, circunstancia que impide que
pueda reclamar la protección de derechos fundamentales cuya titularidad
corresponde a otras personas.
30. En este punto, en concordancia con lo expuesto por el a quo, es pertinente
precisar que, aun cuando el demandante argumentó que la decisión del Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, de declarar de oficio la falta de legitimación
en la causa por activa de Luz Angélica López de Abadía y Victoria Eugenia Abadía
López desconoció el principio de la non reformatio in pejus, ese supuesto, por sí solo,
no constituye un fundamento válido para reconocer que estaba habilitado para
demandar por ese reproche en particular. En efecto, la decisión cuestionada recayó
sobre la situación jurídica de ellas, quienes podían controvertirla si consideraban
vulnerados sus derechos fundamentales.
31. Sumado a esto, consultado el expediente digital en el aplicativo Samai, se
evidencia que en providencia del 27 de abril de 2026 se admitió la petición de amparo
y se vinculó, en calidad de terceros con interés, a Luz Angélica López de Abadía y
Victoria Eugenia Abadía López. No obstante, pese a haber sido notificadas de la
existencia del presente trámite constitucional, aquellas no comparecieron ni
coadyuvaron las pretensiones. Asimismo, en el escrito de tutela no se indicó que el
hoy demandante actuara como agente oficioso ni que ellas estuvieran imposibilitadas
para ejercer la defensa de sus derechos.
32. De conformidad con lo anterior, la Sala concluye que Víctor Manuel Abadía
Villegas carece de legitimación en la causa por activa para cuestionar la decisión
mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, declaró de
oficio la falta de legitimación en la causa por activa de Luz Angélica López de Abadía
y Victoria Eugenia Abadía López. En consecuencia, la solicitud de amparo resulta
improcedente respecto de ese reproche, por lo que no habrá lugar a un
pronunciamiento de fondo respecto de ese cargo. No obstante, ello no impide que la
Sala continúe con el estudio del segundo problema jurídico, relacionado con el
presunto defecto fáctico atribuido a la sentencia del 24 de marzo de 2026.
33. Así las cosas, en lo relacionado con el segundo problema jurídico, corresponde
a la Sala estudiar si se configuró el defecto alegado en la sentencia del 24 de marzo
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Demandante: Víctor Manuel Abadía Villegas
de 2026. Al respecto, se recuerda lo dicho por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, para negar las pretensiones de la reparación directa:
«[…] Ahora bien, de entrada se advierte que no existe prueba alguna que dé cuenta que
la acreencia presentada por el señor Abadía Villegas (hecho probado 7.1.10) hubiere
quedado insoluta en el marco del trámite liquidatorio de CAJANAL, lo que, a la postre,
permite evidenciar que no se acreditó en grado de certeza el daño alegado, esto es, la
supuesta merma y/o aminoración patrimonial sufrida por el demandante con ocasión de
la pérdida definitiva de recursos económicos que reclamó ante la referida entidad.
Se echa de menos, sin que ello signifique y/o suponga una exigencia probatoria de tarifa
legal, que la parte demandante hubiera aportado los actos administrativos mediante los
cuales el agente liquidador declaró como insoluta la acreencia presentada por Víctor
Manuel Abadía Villegas, u otros medios de convicción pertinentes para acreditar la certeza
del daño padecido, pues la sola referencia sobre la falta de pago no es suficiente para
tener por probada la afectación alegada, máximo cuando no puede la parte que aduce un
hecho probarlo con su simple dicho.
Sobre este aspecto, resulta pertinente advertir que para que surja y/o nazca una obligación
resarcitoria en cabeza del Estado es necesario que el juez tenga la íntima convicción de
que el daño alegado se ocasionó, contraponiéndose así lo hipotético y/o eventual, pues,
para que el menoscabo revista el carácter de cierto y con ello resarcible, debe ser real y
efectivo, no meramente conjetural. Dicho de otra manera, en los juicios de responsabilidad
civil, el daño será cierto en la medida en que el juzgador conozca con plena evidencia una
afectación y/o desmedro en el perjudicado.
Es así como, en el presente asunto litigioso los medios de convicción obrantes en el
expediente no logran acreditar de forma cierta, real y efectiva que el demandante sufrió
un desmedro y/o afectación patrimonial por la pérdida de los recursos económicos que
reclamó a CAJANAL, pues la sola afirmación de la falta de pago de la deuda no es
suficiente para tener como cierto el incumplimiento de la obligación pecuniaria, en tanto,
según lo narrado por la parte actora, el deudor reconoció la acreencia debida y esta podría
haberse pagado en el trámite de liquidación de la entidad. Sobre este punto, es pertinente
resaltar que, aunque en el proceso se acreditó que el 11 de junio de 2013 el agente
liquidador declaró la terminación del trámite liquidatorio y la extinción de la existencia legal
de CAJANAL (hecho probado 7.1.13.), ello por sí solo no permite establecer que la
acreencia reclamada no hubiese sido cancelada, siendo plausible –como es viable en este
tipo de procedimientos- que el crédito se hubiere pagado parcialmente o que, en efecto,
la obligación dineraria se hubiere extinguido por el pago.
Al efecto, se resalta que en casos análogos esta Subsección ha acreditado la prueba del
daño con el acto administrativo a través del cual la entidad intervenida dispone declarar
insolutos los créditos reclamados en el proceso liquidatorio aspecto que, como se refirió,
no está probado en el presente caso y que resulta determinante para proseguir con el
análisis de los demás elementos de la responsabilidad estatal.
Así pues, se observa que no existe prueba que dé cuenta de la causación cierta de un
daño ocasionado al accionante, de modo que, ante su ausencia, como elemento esencial
del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de toda utilidad, ya que aún
ante su existencia, no sería posible declarar la responsabilidad patrimonial de la
Administración.
De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra, entonces, que en el presente caso, la
parte actora no cumplió con la carga probatoria que le correspondía, teniendo en cuenta
que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso,
“incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen”, de donde el daño que alega requiere de prueba, cuya
omisión por la demandante, a quien corresponde tal onus, impide establecer la existencia
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Demandante: Víctor Manuel Abadía Villegas
de uno de los elementos estructurales de la responsabilidad, sin el cual, en los términos
del artículo 90 de la Constitución Política, no es posible su declaración.
Por otra parte, en su aspecto sustancial, debemos considerar que la causación de un daño
genera la obligación correlativa de indemnizarlo a quien lo sufre y, como obligación de
contenido crediticio de reparación integral del mismo, su prueba corresponde a quien lo
alega y reclama, tal y como se desprende del artículo 1757 del Código Civil; de donde
tratándose de la prueba del nacimiento y existencia de una obligación, es un deber
insoslayable del acreedor que solo excepcionalmente puede suplirse por orden del juez o
en virtud de la ley, pues ello rompe el equilibrio de la relación subyacente a la discusión
de la obligación misma.
Con todo, debe subrayarse que lo aquí decidido se sustentó en la totalidad de pruebas
obrantes en el expediente, incluidas las incorporadas por las autoridades demandadas en
cumplimiento del auto de mejor proveer del 28 de octubre de 2024, por la Sala, y se adoptó
con pleno respaldo de los medios probatorios recaudados, garantizando de manera
efectiva los derechos de acceso a la administración de justicia y defensa de las partes.
Por todo lo anterior, la Sala confirmará el sentido de la decisión del 11 de agosto de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de
la demanda, no sin antes adicionar un numeral que disponga declarar probada de oficio
la excepción de falta de legitimación en la causa por activa de Luz Angélica López de
Abadía y Victoria Eugenia Abadía López, por las razones atrás expuestas. […]» [sic].
34. De una lectura integral de la providencia cuestionada, se advierte que no se
configura el defecto fáctico alegado. En efecto, contrario a lo sostenido por Víctor
Manuel Abadía Villegas, la autoridad judicial no omitió valorar los medios de prueba,
sino que, luego de apreciarlos en su conjunto, concluyó que estos no permitían
demostrar que la acreencia presentada dentro del trámite liquidatorio de la entidad
hubiera quedado insoluta. A partir de ello, consideró que no era posible tener por
acreditado el daño alegado, consistente en la supuesta disminución patrimonial
derivada de la pérdida de los recursos económicos reclamados ante dicha entidad.
35. En ese sentido, explicó que la acreditación del daño constituye uno de los
elementos estructurales de la responsabilidad patrimonial del Estado, razón por la
cual, ante su ausencia, resultaba innecesario analizar los demás presupuestos para
su declaratoria.
36. En suma, la autoridad judicial demandada explicó que, a partir de analizar
todos los elementos de prueba obrantes en el expediente, no existía prueba que
demostrara que la acreencia presentada por Víctor Manuel Abadía Villegas dentro
del trámite de liquidación no hubiera sido cancelada. En particular, señaló que,
aunque estaba acreditada la terminación del proceso de liquidación de la entidad, esa
circunstancia, por sí sola, no permitía concluir que la obligación reclamada no hubiera
sido pagada, pues existía la posibilidad de que el crédito hubiera sido cancelado total
o parcialmente durante dicho trámite.
37. Asimismo, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C señaló que
no obraba en el expediente el acto administrativo mediante el cual el agente
liquidador hubiera determinado que la acreencia presentada por Víctor Manuel
Abadía Villegas no fue satisfecha dentro del trámite de liquidación, ni otro medio de
prueba que permitiera acreditar esa circunstancia. En ese sentido, explicó que la sola
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Demandante: Víctor Manuel Abadía Villegas
manifestación de que el crédito no fue pagado no bastaba para tener por demostrada
la afectación patrimonial alegada.
38. En efecto, explicó que, aunque en casos análogos la acreditación del daño se
ha sustentado en el acto administrativo mediante el cual el agente liquidador declara
que el crédito reclamado quedó pendiente de pago, ello no implicaba exigir una tarifa
legal probatoria, pues esa circunstancia podía demostrarse a través de otros medios.
No obstante, concluyó que, en este caso, el expediente carecía de elementos
probatorios suficientes para acreditar que la acreencia reclamada no hubiera sido
satisfecha al finalizar el proceso de liquidación.
39. En ese orden, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C concluyó
que no existía prueba cierta de la causación del daño alegado y que, ante la ausencia
de ese elemento de la responsabilidad patrimonial del Estado, resultaba innecesario
examinar los demás presupuestos para su configuración. Asimismo, señaló que la
parte demandante incumplió la carga probatoria prevista en el artículo 167 del Código
General del Proceso, según el cual corresponde a las partes acreditar los supuestos
de hecho de las normas cuyos efectos jurídicos pretenden hacer valer, de manera
que la falta de prueba del daño impedía acceder a las pretensiones.
40. Finalmente, tampoco se advierte que la autoridad judicial hubiera omitido
valorar las pruebas obrantes en el expediente. Por el contrario, la propia providencia
cuestionada dejó constancia de que la decisión se sustentó en la totalidad del material
probatorio, incluidas las pruebas allegadas con ocasión del auto para mejor proveer
del 28 de octubre de 2024, en donde se solicitaron pruebas de oficio, como la
documentación del proceso ejecutivo. No obstante, concluyó que dicho acervo
probatorio no permitía acreditar la existencia de un daño resarcible que hiciera
procedente la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado.
41. En esas condiciones, lo que existe es una inconformidad con el resultado de
la valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, lo cual impone negar
la solicitud de amparo constitucional, pues, se reitera, este mecanismo no puede
convertirse en una tercera instancia.
42. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración de
derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró́ probado.
3. Conclusión
43. En ese orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que
la parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala modificará la
decisión del a quo, en los siguientes términos:
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Demandante: Víctor Manuel Abadía Villegas
44. Declarar la falta de legitimación en causa por activa de Víctor Manuel Abadía
Villegas, respecto del cargo relacionado con la declaratoria de falta de legitimación
en la causa por activa de Luz Angélica López de Abadía y Victoria Eugenia Abadía
López, en la providencia enjuiciada.
45. Negar el amparo de los derechos fundamentales invocados por Víctor Manuel
Abadía Villegas en la solicitud de tutela contra el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C.
46. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar fundado el impedimento manifestado por el Jorge Edison
Portocarrero Banguera. En consecuencia, se le separa del conocimiento del asunto
de la referencia.
Segundo. Modificar la sentencia proferida el 21 de mayo del 2026 por el Consejo de
Estado, Sección Quinta, la cual quedara así:
Tercero. Declarar la falta de legitimación en causa por activa de Víctor Manuel
Abadía Villegas, respecto del cargo relacionado con la declaratoria de falta de
legitimación en la causa por activa de Luz Angélica López de Abadía y Victoria
Eugenia Abadía López, en la providencia enjuiciada.
Cuarto. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Víctor Manuel Abadía
Villegas en la solicitud de tutela presentada contra el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C.
Quinto. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Sexto. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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Demandante: Víctor Manuel Abadía Villegas
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
CJE/LVLQ
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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