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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03069-00

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03069-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar la solicitud de desvinculación presentada por el Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, conforme con los argumentos expuestos en la presente providencia. Segundo: Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor José Noel Cuestas Gaviria contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D por falta del requisito de inmediatez, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto: De no ser impugnada remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-03069-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

14 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., catorce (14) de mayo dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03069-00
Accionante: José Noel Cuestas Gaviria
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D

Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho

Decisión: Declarar improcedente la acción de tutela por incumplimiento del
requisito de inmediatez

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela1 presentada por el señor José Noel Cuestas Gaviria, quien actúa por
intermedio de apoderado contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D, por la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, seguridad
social y mínimo vital ocurrida con ocasión de la providencia del 19 de agosto de 2025,
al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 11001-33-35-026-2021-00258-02.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. El señor José Noel Cuestas Gaviria presentó demanda ejecutiva contra la
Administradora Colombiana de Pensiones2, con el fin de que se librara mandamiento
de pago, teniendo como título la sentencia proferida el 1.° de febrero de 2018 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, por
medio de la cual confirmó parcialmente la sentencia del 6 de julio de 2016 que,
accedió a las pretensiones de la demanda encaminadas a la reliquidación de la
pensión.

3. El proceso correspondió al Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá3 que, mediante providencia del 9 de agosto de 2022 resolvió negar el
mandamiento de pago. Inconforme con dicha decisión la parte ejecutante presentó

1 Acción de tutela presentada el 21 de abril de 2026.
2 En adelante Colpensiones
3 Autoridad judicial que profirió la decisión de primer grado.

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Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03069-00
Accionante: José Noel Cuestas Gaviria

recurso de apelación.

4. En sede de apelación, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, a través de providencia del 19 de enero de 2023 dispuso
revocar dicha decisión. En consecuencia, ordenó efectuar un análisis frente a la
solicitud de librar el mandamiento de pago, de conformidad con lo preceptuado en el
artículo 430 del C.G.P.

5. Con ocasión de lo anterior, el aludido juzgado por medio de providencia del 23 de
mayo de 2023 ordenó librar mandamiento de pago. Asimismo, a través de la
providencia del 30 de septiembre de 2024 declaró no probadas las excepciones
propuestas por la entidad, y ordenó seguir adelante con la ejecución.

6. En el trámite de la apelación, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D mediante sentencia del 19 de junio de 2025 revocó la
anterior decisión y, declaró probada la excepción de pago total de la obligación y dio
por terminado el proceso promovido por el señor José Noel Cuesta Gaviria, contra
Colpensiones. Decisión que fue notificada por correo electrónico el 27 de julio de
2025.

2.2. Fundamento jurídico

7. La parte actora indicó que el tribunal incurrió en un defecto procedimental
absoluto, toda vez que «desconoce las reglas propias del procedimiento o adopta
decisiones que impiden resolver de fondo el litigio», pues, a su juicio, «el archivo del
proceso se convirtió en un mecanismo para evadir el pronunciamiento de fondo sobre
la legalidad de la liquidación pensional realizada por Colpensiones».

8. Asimismo, que la sentencia cuestionada adolece de falta de motivación porque
la autoridad judicial «no explicó las razones jurídicas del archivo del proceso, no
analizó los argumentos de la demanda, no valoró las pruebas aportadas».

9. Finalmente, afirmó que la decisión cuestionada adolece de un defecto fáctico por
omisión en la valoración del material probatorio, particularmente, hizo referencia en
lo siguiente:

«El Tribunal omitió analizar las pruebas aportadas sobre la liquidación pensional.

No evaluó los documentos que demostraban el error en el cálculo pensional.

No realizó ningún análisis sobre los factores salariales que debían integrar la
liquidación.

No se confirmó que efectivamente la liquidación del factor “Bonificación quinquenio
se liquidara de la manera correcta, no se detectó el error conceptual por parte de la
contadora de la Corporación y el de Colpensiones.»

2.3. Pretensiones

10. Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«(…)

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Acción De Tutela
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Accionante: José Noel Cuestas Gaviria

1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la justicia y
seguridad social del accionante.
2. Dejar sin efectos la providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima
mediante la cual se ordenó el archivo del proceso.

3. Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que profiera una nueva
decisión debidamente motivada, en la cual:

• Analice la legalidad de la liquidación pensional realizada por Colpensiones.

• Analice la veracidad conceptual de la liquidación realizada por la contadora de la
Corporación.
• Valore integralmente las pruebas aportadas al proceso.
• Resuelva de fondo la controversia planteada.

4. Como medida de protección constitucional, ordenar que la nueva decisión se adopte
dentro de un término razonable.
(…)»

2.4. Intervenciones

11. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 22 de abril de
2026 en el que se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D y, como terceros interesados en el resultado del
proceso a Colpensiones y al Juzgado Veintiséis Administrativo de Oralidad del
Circuito Judicial de Bogotá.

12. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
D solicitó que se declare improcedente la acción de tutela por falta del requisito de
inmediatez, toda vez que la decisión cuestionada se profirió el 19 de junio de 2025,
fue notificada el 27 de junio de ese mismo año y el mecanismo constitucional se
promovió el 21 de abril de 2026, esto es, transcurridos 9 meses.

13. De otro lado, en gracia de discusión, si se hubiera presentado con la inmediatez
requerida, respecto a los reparos de la acción, indicó no podía predicarse que se
vulneraron los derechos fundamentales invocados en la tutela, toda vez que la
decisión tuvo en cuenta las pruebas aportadas en el plenario.

14. El Juzgado Veintiséis del Circuito de Bogotá manifestó que la decisión
cuestionada se encuentra debidamente fundamentada en referentes normativos y
jurisprudenciales aplicables al caso concreto.

15. Así las cosas, solicitó ser desvinculada del presente trámite porque no ha causado
acción u omisión que genere la violación a los derechos fundamentales de la
accionante; así como tampoco se encontraba pendientes actuaciones por surtir.

16. Colpensiones pidió que se declare improcedente la acción de tutela por cuanto
no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados en protección. Además,
teniendo en cuenta que no se podía convertir en una instancia adicional. Maxime
cuando los fundamentos de hecho y de derecho sobre los cuales versaba la presente
tutela ya fueron estudiados por el juez de la causa.

17. No se rindieron más informes.

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Acción De Tutela
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Accionante: José Noel Cuestas Gaviria

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

18. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 20194 y demás normas concordantes.

3.2. Cuestión previa

19. El Juzgado Veintiséis del Circuito de Bogotá solicitó ser desvinculado del presente
proceso, al respecto, la Sala no encuentra mérito suficiente para acceder a dicha
pretensión, toda vez que analizado el material probatorio se tiene que dicho Juzgado
fue quien profirió la decisión en primer grado, razón por la que procede la Sala a
negar dicha solicitud.

3.3. Problema jurídico

20. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a determinar
si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, al
proferir la sentencia del 19 de junio de 2025, vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia, seguridad social y mínimo
vital, al incurrir en los defectos factico, falta de motivación y procedimental absoluto.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

21. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades
o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer decreto
anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial para
hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el carácter de
residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

22. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es posible
acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos
fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones
judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama
del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores,
principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva,
cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de
ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites
que la Carta le impone.

4 Reglamento interno del Consejo de Estado.

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Accionante: José Noel Cuestas Gaviria

23. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de
sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de
procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las
controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial,
los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado
equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de
los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de
los derechos constitucionales fundamentales.

3.5. Del requisito de inmediatez

24. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, se debe acreditar que la
tutela contra providencia judicial se ha interpuesto en un plazo razonable, respecto
de lo cual ha señalado:

«[…] de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después
de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos».

Además, como lo señaló la misma Corporación5, el requisito de la inmediatez
protege los derechos de terceros «que pueden ser vulnerados por una tutela
ejercida en un plazo irrazonable6»; «da vigencia al principio de seguridad
jurídica, al impedir que el amparo se convierta en un factor que atente contra
ella»7; y previene el abuso del derecho, al «evitar el uso de este mecanismo
constitucional como herramienta supletiva de la propia negligencia en la
agencia de los derechos»8.

25. Se trata entonces de una condición que permite concretar la urgencia del amparo
constitucional y, por tanto, determinar si la acción se interpuso en un plazo razonable,
pues la tutela es un medio excepcional de protección pronta y eficaz de derechos,
por lo que se requiere que se ejerza en un tiempo prudencial.

26. En atención a lo dicho, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia del 5 de
agosto de 2014, acogió como regla general «un plazo de seis meses, contados a
partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar
si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente» 6.

3.4. Caso concreto

27. De conformidad con los antecedentes descritos, la Sala procede a determinar si
se cumplen la totalidad de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales para discutir la providencia del 19 de junio de

5 Corte Constitucional. Sentencia T-217 de 2013.
6 Sentencias T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-654 de 2006, T-890 de 2006, T-905 de 2006, T-1084 de 2006, T-

1009 de 2006, T-792 de 2007, T-594 de 2008 entre otras.
7 Sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-692 de 2006, T-890 de 2006, T-905 de 2006, T-

1009 de 2006, T-1084 de 2006, T-825 de 2007, T-299 de 2009, T-691 de 2009 y T-883 de 2009, entre otras.
8 Sentencia T-594 de 2008. En el mismo sentido sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-692 de 2006, T-

1009 de 2006, T-299 de 2009, T-691 de 2009, T-883 de 2009, entre otras.

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2025.

28. De las piezas procesales que reposan en el expediente digital se observa lo
siguiente:

29. El Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá por medio de
providencia del 23 de mayo de 2023 ordenó librar mandamiento de pago. Asimismo,
a través de la providencia del 30 de septiembre de 2024 declaró no probadas las
excepciones propuestas por la entidad, y ordenó seguir adelante con la ejecución.

30. En el trámite de la apelación, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D, mediante sentencia del 19 de junio de 2025 revocó
la anterior decisión y, declaró probada la excepción de pago total de la obligación y
dio por terminado el proceso promovido por el señor José Noel Cuesta Gaviria,
contra Colpensiones.

31. Decisión que fue notificada a las partes por correo electrónico el 27 de junio de
2025, razón por la que cobró ejecutoria el 7 de julio de ese año, conforme con lo
preceptuado en el artículo 302 del CGP, disposición normativa que prevé:

«ARTÍCULO 302. EJECUTORIA. Las providencias proferidas en audiencia
adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan
recursos.

No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo
quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud.

Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días
después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin
haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda
ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos.»

32. En ese sentido, la Sala entiende que la decisión cuestionada en esta sede cobró
ejecutoria el 7 de julio de 2025, comoquiera que no se presentó solicitud de adición
o aclaración. Sin embargo, la acción de tutela la presentó el 21 de abril de 2026, es
decir, 9 meses y 14 días después de que adquirió ejecutoria la decisión cuestionada.

33. Así las cosas, la Sala considera que en el presente asunto no se acredita el
requisito de inmediatez porque el señor José Noel Cuestas Gaviria, quien actúa por
conducto de apoderado judicial interpuso la acción de tutela cuando había
transcurrido 9 meses y 14 días desde la ejecutoria de la providencia que se pretende
dejar sin efectos, esto es, la sentencia del 19 de junio de 2025.

34. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la carga de la
argumentación en cabeza del demandante aumenta de manera proporcional a la
distancia temporal que existe entre la presentación de la acción de tutela y el
momento en que se consideró vulnerado un derecho, pues, en ausencia de
justificación, el paso del tiempo reafirma la legitimidad de las decisiones judiciales y
consolida los efectos de la sentencia9.

9 Corte Constitucional, sentencia T-581 de 2012. Asimismo, pueden verse las sentencias T-491 de 2009 y T-189

de 2009.

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35. Sin embargo, la parte accionante no expuso ningún argumento que justifique la
tardanza en la interposición del amparo, por lo que es importante reiterar que el juez
constitucional parte de la presunción que si se está ante una vulneración de derechos
fundamentales que requiere medidas urgentes, inaplazables e inmediatas el titular
del derecho afectado debe procurar su protección lo antes posible; contrario sensu,
la demora excesiva e injustificada para controvertir una decisión judicial pone en tela
de juicio la urgente necesidad de la protección constitucional que se puede obtener
vía acción de tutela y, antes bien, revela una afectación al principio de seguridad
jurídica en caso de existir un derecho reconocido a una contraparte procesal.

36. En ese orden de ideas, la Sala procederá a declarar improcedente la acción de
tutela porque no cumple el requisito de inmediatez, lo que la releva de analizar los
demás presupuestos de procedencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Negar la solicitud de desvinculación presentada por el Juzgado Veintiséis
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, conforme con los argumentos
expuestos en la presente providencia.

Segundo: Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor José
Noel Cuestas Gaviria contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D por falta del requisito de inmediatez, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Cuarto: De no ser impugnada remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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