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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03069-01

Fecha
18 de junio de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03069-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. 17 Magistrado ponente: doctor Iván Humberto Escrucería Mayolo. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 20 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03069-01 Actor: JOSÉ NOEL CUESTAS GAVIRIA SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-03069-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

18 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de junio de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03069-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: JOSÉ NOEL CUESTAS GAVIRIA

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA, POR NO
CUMPLIRSE EL REQUISITO GENERAL DE LA INMEDIATEZ.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, SEGURIDAD
SOCIAL, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, IGUALDAD
Y MÍNIMO VITAL.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la

sentencia de 14 de mayo de 2026, mediante la cual la SECCIÓN

SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO1

declaró improcedente la solicitud de amparo.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor JOSÉ NOEL CUESTAS GAVIRIA, actuando en nombre

propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

1
En adelante SECCIÓN SEGUNDA.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03069-01
Actor: JOSÉ NOEL CUESTAS GAVIRIA

de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, al acceso a

la administración de justicia, a la igualdad y al mínimo vital, los

cuales estima vulnerados por la SECCIÓN SEGUNDA -

SUBSECCIÓN “D”- DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

CUNDINAMARCA2 al haber proferido la providencia de 19 de junio

de 2025, dentro del proceso ejecutivo identificado con el número

único de radicación 2021-00258-02.

I.2.- Hechos

Indicó que presentó demanda ejecutiva contra la

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES3

(COLPENSIONES) con el fin de que se librara mandamiento de pago

de los valores reconocidos en la sentencia de 1o. de febrero de 2018,

proferida por el TRIBUNAL dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 2014-00558-01.

Señaló que el proceso fue identificado con el número único de

radicación 2021-00258-00 y le correspondió por reparto al

2
En adelante TRIBUNAL.
3
En adelante COLPENSIONES.

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3

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Actor: JOSÉ NOEL CUESTAS GAVIRIA

JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE

BOGOTÁ4 que, mediante decisión de 9 de agosto de 2022, negó el

mandamiento de pago, por lo que presentó recurso de apelación,

siendo resuelto por el TRIBUNAL que, a través de providencia de 19

de enero de 2023, revocó lo dispuesto por el a quo y, en su lugar,

ordenó efectuar un análisis teniendo en cuenta lo dispuesto en el

artículo 430 del Código General del Proceso (CGP).

Sostuvo que el JUZGADO mediante providencia de 23 de mayo de

2023 ordenó librar mandamiento de pago y en sentencia de 30 de

septiembre de 2024, declaró no probadas las excepciones propuestas

por COLPENSIONES y ordenó seguir adelante con la ejecución.

Afirmó que el TRIBUNAL mediante providencia de 19 de junio de

2025 revocó lo dispuesto por el a quo y, en consecuencia, declaró

probada la excepción de pago total de la obligación y dio por

terminado el proceso.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

El actor manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en

4
En adelante JUZGADO.

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defecto procedimental, por cuanto, a su juicio, dictó una decisión

que impidió resolver el fondo del litigio, ya que no se pronunció sobre

la legalidad de la liquidación pensional realizada por

COLPENSIONES.

Indicó que la providencia judicial cuestionada también incurrió en los

defectos fáctico y decisión sin motivación, habida cuenta que

omitió valorar en debida forma el material probatorio aportado al

expediente ordinario y no explicó las razones por las que ordenó el

archivo del expediente y tampoco analizó los argumentos expuestos

en la demanda.

I.4.- Pretensiones

El actor pretende que se amparen sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados, en los siguientes términos:

“[…] 1. Amparar los derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la justicia y seguridad social del accionante.

2. Dejar sin efectos la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca mediante la cual se ordenó
el archivo del proceso.

3. Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que
profiera una nueva decisión debidamente motivada, en la
cual:

• Analice la legalidad de la liquidación pensional realizada por
Colpensiones.

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• Analice la veracidad conceptual de la liquidación realizada
por la contadora de la Corporación.

• Valore integralmente las pruebas aportadas al proceso.

• Resuelva de fondo la controversia planteada.

4. Como medida de protección constitucional, ordenar que la nueva
decisión se adopte dentro de un término razonable […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL solicitó declarar improcedente la presente

acción constitucional, habida cuenta que no concurre el requisito de

la inmediatez, ya que la decisión censurada se profirió el 19 de junio

de 2025, siendo notificada el 27 de ese mes y año, y el actual

mecanismo de amparo se instauró solo hasta el 21 de abril de 2026,

esto es, transcurridos más de 9 meses.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.- El JUZGADO manifestó que la decisión cuestionada está

ajustada a derecho y en ella se tuvieron en cuenta los referentes

normativos y jurisprudenciales aplicables al asunto. Además, solicitó

ser desvinculado de la acción constitucional de la referencia.

I.6.2.- COLPENSIONES solicitó declarar improcedente la presente

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acción de tutela, por cuanto no ha vulnerado de manera alguna los

derechos deprecados por el actor.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 14 de mayo de 2026, la SECCIÓN SEGUNDA

denegó la solicitud de desvinculación elevada por el JUZGADO y

declaró improcedente la acción de tutela de la referencia por no

cumplir con el requisito de la inmediatez.

Explicó que la providencia cuestionada de 19 de junio de 2025 quedó

ejecutoriada el 7 de julio de ese año, no obstante, el actor solamente

hizo uso de la presente acción de tutela hasta el 21 de abril de 2026,

esto es, transcurridos más de 9 meses y 14 días.

Sostuvo que el actor no expuso argumento alguno tendiente a

justificar la tardanza en acudir a la acción constitucional de la

referencia en salvaguarda de sus derechos fundamentales alegados.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la decisión proferida en primera instancia y pidió

que se revoque y se amparen sus derechos fundamentales

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invocados.

Señaló que si bien transcurrió un término considerable entre la fecha

en la que se profirió la providencia cuestionada y el momento en que

se instauró la presente acción de tutela, también lo es que esto

obedeció a que el profesional del derecho que lo representaba dentro

del proceso ordinario no adelantó de manera oportuna las

actuaciones pertinentes en defensa de sus garantías y, además, no

contaba con los recursos económicos suficientes para hacer uso de

otros mecanismos judiciales.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto núm. 2591

de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de

tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto núm. 333 de 6 de abril

de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de

2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula

la distribución de negocios entre las secciones.

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La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir,
que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que
la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo

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con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

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d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución […]” (Destacado fuera
del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se

deje sin efecto la providencia de 19 de junio de 2025, proferida por

el TRIBUNAL dentro del proceso ejecutivo identificado con el

número único de radicación 2021-00258-02.

A la citada providencia el actor le atribuye la vulneración de sus

derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, al

acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al mínimo vital,

habida cuenta que, a su juicio, incurrió en defecto procedimental,

por cuanto dictó una decisión que impidió resolver el fondo del litigio,

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ya que no se pronunció sobre la legalidad de la liquidación pensional

realizada por COLPENSIONES.

Indicó que también incurrió en los defectos fáctico y decisión sin

motivación, habida cuenta que omitió valorar en debida forma el

material probatorio aportado al expediente ordinario y no explicó las

razones por las que ordenó el archivo del expediente y tampoco

analizó los argumentos expuestos en la demanda.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN SEGUNDA que, mediante sentencia de 14 de mayo de

2026, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el

requisito general de inmediatez.

Inconforme con lo anterior, el actor impugnó la decisión proferida en

primera instancia, afirmando que si bien transcurrió un término

considerable entre la fecha en la que se profirió la providencia

cuestionada y el momento en que se instauró la presente acción de

tutela, también lo es que esto obedeció a que el profesional del

derecho que lo representaba dentro del proceso ordinario no adelantó

de manera oportuna las actuaciones pertinentes en defensa de sus

garantías y, además, no contaba con los recursos económicos

suficientes para hacer uso de otros mecanismos judiciales.

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Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se

verificará si se cumplen con los presupuestos generales de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de

ser así, se establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los

derechos deprecados por el actor.

En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la inmediatez.

Al respecto, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional ha

sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está instituida

como un mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de

los derechos fundamentales que se consideran vulnerados; y que

aunque no tenga previsto un término de caducidad para su

presentación, es necesario que se invoque tal protección dentro de

un plazo razonable y prudente, dado que, “[…] de transcurrir un lapso

injustificadamente largo, se desvirtúa la urgencia de la protección y

la gravedad de la afectación, por ende, no cabría la procedencia del

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mecanismo […]”5.

Desde luego que el juez debe valorar las circunstancias de cada caso,

para determinar la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el

momento en que ocurre la presunta vulneración de los derechos y la

instauración de la tutela.

Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción

constitucional se ejerce contra una providencia judicial, en razón a

que exige un examen más riguroso en aras de preservar los

principios de cosa juzgada y seguridad jurídica y de salvaguardar el

interés de terceros, cuya situación podría verse injustamente

afectada por el otorgamiento tardío de la protección constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que 6:

“[…] Según la Jurisprudencia Constitucional, la exigencia de
inmediatez responde a necesidades adicionales. En primer lugar,
proteger derechos de terceros que pueden verse vulnerados por
una tutela ejercida en un plazo irrazonable, caso en el que ‘se
rompe la congruencia entre el medio de protección y la finalidad
que se busca: la protección integral y eficaz de los derechos
fundamentales de las personas’. En segundo lugar, impedir que
el amparo ‘se convierta en factor de inseguridad [jurídica]’. En
tercer lugar, evitar ‘el uso de este mecanismo constitucional
como herramienta supletiva de la propia negligencia’ en la
agencia de los derechos […]”.

5
Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
6
Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto.

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En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo

del Consejo de Estado, al unificar la jurisprudencia en torno a los

requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias

judiciales, sostuvo7:

“[…] Es de la esencia de este medio de defensa judicial la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales y el
respeto a la seguridad jurídica y los derechos de terceros
afectados.

[…]

De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la
situación que vulnera o amenaza vulnerar un derecho
fundamental sea un elemento consustancial para la
protección que se ofrece.

Este requisito que opera de forma general frente a todas
las acciones de tutela es más estricto cuando se interpone
contra providencias judiciales, por lo que, como lo ha
sostenido la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar un tiempo
significativo desde el hecho vulneratorio de los derechos, resulta
claramente desproporcionado el control constitucional de una
providencia judicial por la vía de tutela’. Por tal razón, debe
mediar un término razonable entre la ejecutoria de la decisión
judicial que se aduce como violatoria de los derechos
fundamentales del accionante y la presentación de la acción de
tutela para buscar su amparo.

[…]

Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional
para la protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere
que la acción se ejerza en un tiempo razonable,
prudencial, requisito que garantiza la realización del
principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el
grado de certeza material, que la hace definitiva e
inmutable.

[…]

7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, op. cit.

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[L]a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis
meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela
contra providencias judiciales se ejerce oportunamente […]”.
(Destacado fuera de texto).

En el examen de la razonabilidad y oportunidad en la instauración de

la acción de tutela, ha dicho la jurisprudencia que el juez debe tener

en cuenta los siguientes eventos:

(i) Si existen razones válidas para la inactividad, como un caso

fortuito o de fuerza mayor, la incapacidad o imposibilidad del actor

para instaurar la acción de tutela en un término razonable, la

ocurrencia de un hecho nuevo e inesperado, entre otras8;

(ii) Si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la

vulneración de los derechos fundamentales del interesado9;

(iii) Si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los

derechos de terceros afectados con la decisión10;

(iv) Si el fundamento de la acción de tutela surgió después de

acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales11;

8
Corte Constitucional, sentencia T-678 de 17 de agosto de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
9
Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1º de diciembre de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
10
Corte Constitucional, sentencia T-326 de 3 de mayo de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo.
11
Corte constitucional, sentencia T-743 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

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(v) Si el accionante se encuentra en situación de debilidad

manifiesta12.

Precisado lo anterior, la Sala advierte que de acuerdo con las

constancias obrantes en el expediente del proceso origen de la

controversia visible en el aplicativo de consulta SAMAI 13, la

providencia de 19 de junio de 2025, aquí cuestionada, fue

notificada a las partes, vía correo electrónico, el 27 de ese mes y

año14, por lo que en aplicación del artículo 203 de la Ley 1437 de 18

de enero de 201115, se entiende debidamente notificada el 2 de julio

de la misma anualidad.

Ahora bien, la Sala observa que la solicitud de amparo de la

referencia se presentó el 21 de abril de 202616, esto es,

transcurrido más de 9 meses, superando así el término de 6 meses

que ha sido estimado por la jurisprudencia como razonable para

impugnar por vía de tutela el contenido de una decisión judicial, sin

que se hubiesen presentado razones válidas para la inactividad de la

parte actora o que justifiquen la tardanza en la presentación de la

solicitud de amparo.

12
Estos eventos fueron reseñados en la sentencia T-1028 de 2010, Magistrado ponente: doctor
Humberto Antonio Sierra Porto.
13
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202603
069001100103
14
Constancia de notificación visible a índice 14 del expediente digital del proceso 2019-00387-02.
15
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
16
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202601
297011100103

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18

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03069-01
Actor: JOSÉ NOEL CUESTAS GAVIRIA

Ahora bien, de los argumentos expuestos por el actor en el escrito

de impugnación, este considera que se debe flexibilizar el conteo de

la inmediatez en atención a que el profesional del derecho que lo

representaba dentro del proceso ordinario no adelantó de manera

oportuna las actuaciones pertinentes en defensa de sus garantías y,

además, no contaba con los recursos económicos suficientes para

hacer uso de otros mecanismos judiciales.

Sobre el particular, la Sala destaca que no le asiste razón al

demandante para justificar su inactividad o tardanza en la

presentación de la presente solicitud de amparo, toda vez que en

tratándose de acciones de tutela contra providencia judicial, el

término con el que cuenta el interesado se determina por la fecha

en la que se surte debidamente la notificación de la decisión que, a

su juicio, vulneró sus derechos fundamentales invocados, no siendo

de recibo la presunta desatención del apoderado judicial que lo

representaba dentro del proceso ordinario y tampoco que no contara

con recursos económicos para hacer uso de otros mecanismos

judiciales, máxime si se tiene en cuenta que la acción de tutela está

instituida para hacer uso de ella también de manera directa, personal

y gratuita.

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19

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03069-01
Actor: JOSÉ NOEL CUESTAS GAVIRIA

Se destaca que, en la sentencia SU-354 de 201717, la Corte

Constitucional, además de reiterar la importancia del requisito de

inmediatez en la acción de tutela contra providencia judicial, para

resolver el caso concreto exceptuó el término de los seis meses

establecido por regla general como tiempo razonable, dadas las

particularidades especiales del asunto que allí se estudiaba en el que

existió un hecho relevante que justificaba la tardanza en la

instauración de la solicitud de amparo. Empero, tal situación no se

observa en el presente caso.

Consecuente con lo anterior, se confirmará la decisión del a quo que

declaró improcedente la solicitud de amparo, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones

expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

17
Magistrado ponente: doctor Iván Humberto Escrucería Mayolo.

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20

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03069-01
Actor: JOSÉ NOEL CUESTAS GAVIRIA

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 18 de junio de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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