Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03069-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03069-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-03069-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
18 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de junio de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03069-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: JOSÉ NOEL CUESTAS GAVIRIA
TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA, POR NO
CUMPLIRSE EL REQUISITO GENERAL DE LA INMEDIATEZ.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, SEGURIDAD
SOCIAL, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, IGUALDAD
Y MÍNIMO VITAL.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la
sentencia de 14 de mayo de 2026, mediante la cual la SECCIÓN
SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO1
declaró improcedente la solicitud de amparo.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
El señor JOSÉ NOEL CUESTAS GAVIRIA, actuando en nombre
propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
1
En adelante SECCIÓN SEGUNDA.
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Actor: JOSÉ NOEL CUESTAS GAVIRIA
de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, al acceso a
la administración de justicia, a la igualdad y al mínimo vital, los
cuales estima vulnerados por la SECCIÓN SEGUNDA -
SUBSECCIÓN “D”- DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA2 al haber proferido la providencia de 19 de junio
de 2025, dentro del proceso ejecutivo identificado con el número
único de radicación 2021-00258-02.
I.2.- Hechos
Indicó que presentó demanda ejecutiva contra la
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES3
(COLPENSIONES) con el fin de que se librara mandamiento de pago
de los valores reconocidos en la sentencia de 1o. de febrero de 2018,
proferida por el TRIBUNAL dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 2014-00558-01.
Señaló que el proceso fue identificado con el número único de
radicación 2021-00258-00 y le correspondió por reparto al
2
En adelante TRIBUNAL.
3
En adelante COLPENSIONES.
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Actor: JOSÉ NOEL CUESTAS GAVIRIA
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
BOGOTÁ4 que, mediante decisión de 9 de agosto de 2022, negó el
mandamiento de pago, por lo que presentó recurso de apelación,
siendo resuelto por el TRIBUNAL que, a través de providencia de 19
de enero de 2023, revocó lo dispuesto por el a quo y, en su lugar,
ordenó efectuar un análisis teniendo en cuenta lo dispuesto en el
artículo 430 del Código General del Proceso (CGP).
Sostuvo que el JUZGADO mediante providencia de 23 de mayo de
2023 ordenó librar mandamiento de pago y en sentencia de 30 de
septiembre de 2024, declaró no probadas las excepciones propuestas
por COLPENSIONES y ordenó seguir adelante con la ejecución.
Afirmó que el TRIBUNAL mediante providencia de 19 de junio de
2025 revocó lo dispuesto por el a quo y, en consecuencia, declaró
probada la excepción de pago total de la obligación y dio por
terminado el proceso.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
El actor manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en
4
En adelante JUZGADO.
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defecto procedimental, por cuanto, a su juicio, dictó una decisión
que impidió resolver el fondo del litigio, ya que no se pronunció sobre
la legalidad de la liquidación pensional realizada por
COLPENSIONES.
Indicó que la providencia judicial cuestionada también incurrió en los
defectos fáctico y decisión sin motivación, habida cuenta que
omitió valorar en debida forma el material probatorio aportado al
expediente ordinario y no explicó las razones por las que ordenó el
archivo del expediente y tampoco analizó los argumentos expuestos
en la demanda.
I.4.- Pretensiones
El actor pretende que se amparen sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados, en los siguientes términos:
“[…] 1. Amparar los derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la justicia y seguridad social del accionante.
2. Dejar sin efectos la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca mediante la cual se ordenó
el archivo del proceso.
3. Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que
profiera una nueva decisión debidamente motivada, en la
cual:
• Analice la legalidad de la liquidación pensional realizada por
Colpensiones.
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• Analice la veracidad conceptual de la liquidación realizada
por la contadora de la Corporación.
• Valore integralmente las pruebas aportadas al proceso.
• Resuelva de fondo la controversia planteada.
4. Como medida de protección constitucional, ordenar que la nueva
decisión se adopte dentro de un término razonable […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL solicitó declarar improcedente la presente
acción constitucional, habida cuenta que no concurre el requisito de
la inmediatez, ya que la decisión censurada se profirió el 19 de junio
de 2025, siendo notificada el 27 de ese mes y año, y el actual
mecanismo de amparo se instauró solo hasta el 21 de abril de 2026,
esto es, transcurridos más de 9 meses.
I.6.- Intervinientes
I.6.1.- El JUZGADO manifestó que la decisión cuestionada está
ajustada a derecho y en ella se tuvieron en cuenta los referentes
normativos y jurisprudenciales aplicables al asunto. Además, solicitó
ser desvinculado de la acción constitucional de la referencia.
I.6.2.- COLPENSIONES solicitó declarar improcedente la presente
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acción de tutela, por cuanto no ha vulnerado de manera alguna los
derechos deprecados por el actor.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 14 de mayo de 2026, la SECCIÓN SEGUNDA
denegó la solicitud de desvinculación elevada por el JUZGADO y
declaró improcedente la acción de tutela de la referencia por no
cumplir con el requisito de la inmediatez.
Explicó que la providencia cuestionada de 19 de junio de 2025 quedó
ejecutoriada el 7 de julio de ese año, no obstante, el actor solamente
hizo uso de la presente acción de tutela hasta el 21 de abril de 2026,
esto es, transcurridos más de 9 meses y 14 días.
Sostuvo que el actor no expuso argumento alguno tendiente a
justificar la tardanza en acudir a la acción constitucional de la
referencia en salvaguarda de sus derechos fundamentales alegados.
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El actor impugnó la decisión proferida en primera instancia y pidió
que se revoque y se amparen sus derechos fundamentales
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invocados.
Señaló que si bien transcurrió un término considerable entre la fecha
en la que se profirió la providencia cuestionada y el momento en que
se instauró la presente acción de tutela, también lo es que esto
obedeció a que el profesional del derecho que lo representaba dentro
del proceso ordinario no adelantó de manera oportuna las
actuaciones pertinentes en defensa de sus garantías y, además, no
contaba con los recursos económicos suficientes para hacer uso de
otros mecanismos judiciales.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto núm. 2591
de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de
tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de
2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula
la distribución de negocios entre las secciones.
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La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir,
que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que
la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
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con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
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d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución […]” (Destacado fuera
del texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se
deje sin efecto la providencia de 19 de junio de 2025, proferida por
el TRIBUNAL dentro del proceso ejecutivo identificado con el
número único de radicación 2021-00258-02.
A la citada providencia el actor le atribuye la vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, al
acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al mínimo vital,
habida cuenta que, a su juicio, incurrió en defecto procedimental,
por cuanto dictó una decisión que impidió resolver el fondo del litigio,
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ya que no se pronunció sobre la legalidad de la liquidación pensional
realizada por COLPENSIONES.
Indicó que también incurrió en los defectos fáctico y decisión sin
motivación, habida cuenta que omitió valorar en debida forma el
material probatorio aportado al expediente ordinario y no explicó las
razones por las que ordenó el archivo del expediente y tampoco
analizó los argumentos expuestos en la demanda.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN SEGUNDA que, mediante sentencia de 14 de mayo de
2026, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el
requisito general de inmediatez.
Inconforme con lo anterior, el actor impugnó la decisión proferida en
primera instancia, afirmando que si bien transcurrió un término
considerable entre la fecha en la que se profirió la providencia
cuestionada y el momento en que se instauró la presente acción de
tutela, también lo es que esto obedeció a que el profesional del
derecho que lo representaba dentro del proceso ordinario no adelantó
de manera oportuna las actuaciones pertinentes en defensa de sus
garantías y, además, no contaba con los recursos económicos
suficientes para hacer uso de otros mecanismos judiciales.
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Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a
resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se
verificará si se cumplen con los presupuestos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de
ser así, se establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los
derechos deprecados por el actor.
En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la inmediatez.
Al respecto, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional ha
sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está instituida
como un mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de
los derechos fundamentales que se consideran vulnerados; y que
aunque no tenga previsto un término de caducidad para su
presentación, es necesario que se invoque tal protección dentro de
un plazo razonable y prudente, dado que, “[…] de transcurrir un lapso
injustificadamente largo, se desvirtúa la urgencia de la protección y
la gravedad de la afectación, por ende, no cabría la procedencia del
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mecanismo […]”5.
Desde luego que el juez debe valorar las circunstancias de cada caso,
para determinar la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el
momento en que ocurre la presunta vulneración de los derechos y la
instauración de la tutela.
Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción
constitucional se ejerce contra una providencia judicial, en razón a
que exige un examen más riguroso en aras de preservar los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica y de salvaguardar el
interés de terceros, cuya situación podría verse injustamente
afectada por el otorgamiento tardío de la protección constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que 6:
“[…] Según la Jurisprudencia Constitucional, la exigencia de
inmediatez responde a necesidades adicionales. En primer lugar,
proteger derechos de terceros que pueden verse vulnerados por
una tutela ejercida en un plazo irrazonable, caso en el que ‘se
rompe la congruencia entre el medio de protección y la finalidad
que se busca: la protección integral y eficaz de los derechos
fundamentales de las personas’. En segundo lugar, impedir que
el amparo ‘se convierta en factor de inseguridad [jurídica]’. En
tercer lugar, evitar ‘el uso de este mecanismo constitucional
como herramienta supletiva de la propia negligencia’ en la
agencia de los derechos […]”.
5
Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
6
Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto.
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En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, al unificar la jurisprudencia en torno a los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, sostuvo7:
“[…] Es de la esencia de este medio de defensa judicial la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales y el
respeto a la seguridad jurídica y los derechos de terceros
afectados.
[…]
De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la
situación que vulnera o amenaza vulnerar un derecho
fundamental sea un elemento consustancial para la
protección que se ofrece.
Este requisito que opera de forma general frente a todas
las acciones de tutela es más estricto cuando se interpone
contra providencias judiciales, por lo que, como lo ha
sostenido la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar un tiempo
significativo desde el hecho vulneratorio de los derechos, resulta
claramente desproporcionado el control constitucional de una
providencia judicial por la vía de tutela’. Por tal razón, debe
mediar un término razonable entre la ejecutoria de la decisión
judicial que se aduce como violatoria de los derechos
fundamentales del accionante y la presentación de la acción de
tutela para buscar su amparo.
[…]
Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional
para la protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere
que la acción se ejerza en un tiempo razonable,
prudencial, requisito que garantiza la realización del
principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el
grado de certeza material, que la hace definitiva e
inmutable.
[…]
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, op. cit.
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[L]a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis
meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela
contra providencias judiciales se ejerce oportunamente […]”.
(Destacado fuera de texto).
En el examen de la razonabilidad y oportunidad en la instauración de
la acción de tutela, ha dicho la jurisprudencia que el juez debe tener
en cuenta los siguientes eventos:
(i) Si existen razones válidas para la inactividad, como un caso
fortuito o de fuerza mayor, la incapacidad o imposibilidad del actor
para instaurar la acción de tutela en un término razonable, la
ocurrencia de un hecho nuevo e inesperado, entre otras8;
(ii) Si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la
vulneración de los derechos fundamentales del interesado9;
(iii) Si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión10;
(iv) Si el fundamento de la acción de tutela surgió después de
acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales11;
8
Corte Constitucional, sentencia T-678 de 17 de agosto de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
9
Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1º de diciembre de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
10
Corte Constitucional, sentencia T-326 de 3 de mayo de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo.
11
Corte constitucional, sentencia T-743 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
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(v) Si el accionante se encuentra en situación de debilidad
manifiesta12.
Precisado lo anterior, la Sala advierte que de acuerdo con las
constancias obrantes en el expediente del proceso origen de la
controversia visible en el aplicativo de consulta SAMAI 13, la
providencia de 19 de junio de 2025, aquí cuestionada, fue
notificada a las partes, vía correo electrónico, el 27 de ese mes y
año14, por lo que en aplicación del artículo 203 de la Ley 1437 de 18
de enero de 201115, se entiende debidamente notificada el 2 de julio
de la misma anualidad.
Ahora bien, la Sala observa que la solicitud de amparo de la
referencia se presentó el 21 de abril de 202616, esto es,
transcurrido más de 9 meses, superando así el término de 6 meses
que ha sido estimado por la jurisprudencia como razonable para
impugnar por vía de tutela el contenido de una decisión judicial, sin
que se hubiesen presentado razones válidas para la inactividad de la
parte actora o que justifiquen la tardanza en la presentación de la
solicitud de amparo.
12
Estos eventos fueron reseñados en la sentencia T-1028 de 2010, Magistrado ponente: doctor
Humberto Antonio Sierra Porto.
13
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202603
069001100103
14
Constancia de notificación visible a índice 14 del expediente digital del proceso 2019-00387-02.
15
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
16
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297011100103
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18
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03069-01
Actor: JOSÉ NOEL CUESTAS GAVIRIA
Ahora bien, de los argumentos expuestos por el actor en el escrito
de impugnación, este considera que se debe flexibilizar el conteo de
la inmediatez en atención a que el profesional del derecho que lo
representaba dentro del proceso ordinario no adelantó de manera
oportuna las actuaciones pertinentes en defensa de sus garantías y,
además, no contaba con los recursos económicos suficientes para
hacer uso de otros mecanismos judiciales.
Sobre el particular, la Sala destaca que no le asiste razón al
demandante para justificar su inactividad o tardanza en la
presentación de la presente solicitud de amparo, toda vez que en
tratándose de acciones de tutela contra providencia judicial, el
término con el que cuenta el interesado se determina por la fecha
en la que se surte debidamente la notificación de la decisión que, a
su juicio, vulneró sus derechos fundamentales invocados, no siendo
de recibo la presunta desatención del apoderado judicial que lo
representaba dentro del proceso ordinario y tampoco que no contara
con recursos económicos para hacer uso de otros mecanismos
judiciales, máxime si se tiene en cuenta que la acción de tutela está
instituida para hacer uso de ella también de manera directa, personal
y gratuita.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03069-01
Actor: JOSÉ NOEL CUESTAS GAVIRIA
Se destaca que, en la sentencia SU-354 de 201717, la Corte
Constitucional, además de reiterar la importancia del requisito de
inmediatez en la acción de tutela contra providencia judicial, para
resolver el caso concreto exceptuó el término de los seis meses
establecido por regla general como tiempo razonable, dadas las
particularidades especiales del asunto que allí se estudiaba en el que
existió un hecho relevante que justificaba la tardanza en la
instauración de la solicitud de amparo. Empero, tal situación no se
observa en el presente caso.
Consecuente con lo anterior, se confirmará la decisión del a quo que
declaró improcedente la solicitud de amparo, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
17
Magistrado ponente: doctor Iván Humberto Escrucería Mayolo.
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Actor: JOSÉ NOEL CUESTAS GAVIRIA
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 18 de junio de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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