Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03081-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Control de nulidad simple: concurso de méritos
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03081-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-03081-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
15 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., quince (15) de mayo de dos mil veintiséis (2026).
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03081-00
Accionante: GABRIEL TOBÍAS OYOLA MORENO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN A
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA – Derecho fundamental al debido proceso / MEDIO DE
CONTROL DE NULIDAD SIMPLE – Concurso de méritos / REQUISITO DE
SUBSIDIARIEDAD – No se han agotado todos los medios idóneos de defensa.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela1 instaurada
por el señor Gabriel Tobías Oyola Moreno, en nombre propio, de conformidad con
lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política, en el artículo 29 del
Decreto 2591 de 1991 y en el Decreto 333 de 2021.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 21 de abril de 2026, la parte accionante presentó acción de tutela contra la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por la presunta
vulneración de su derecho fundamental al debido proceso.
Hechos relevantes
2. El señor Gabriel Tobías Oyola Moreno y otros presentaron medio de control de
nulidad simple contra la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Alcaldía Mayor de
Bogotá D. C., con el fin de que se anularan los siguientes actos: “i) artículos 28 y 30
del Acuerdo CNSC-20181000006056 del 24 de septiembre de 2018, por el cual se
establecen las reglas del concurso abierto de méritos para proveer definitivamente
los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa
de la planta de personal de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y
Justicia - SDSCJ, Proceso de Selección No. 741 de 2018-Distrito Capital; ii)
Acuerdos CNSC-20181000007386 del 16 de noviembre de 2018 y CNSC-
20191000006646 del 4 de julio de 2019, que aclararon y ajustaron los mencionados
artículos”2.
3. El asunto fue radicado con el número 11001-03-25-000-2019-00993-00 (6707-
2019) y asignado a la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
1 Que ingresó al despacho para fallo el 7 de mayo de 2026.
2 Folios 1 y 2. Archivo “390_Sentencia_67072019NulidadConcu_0_20260406143102708”.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03081-00
Accionante: Gabriel Tobías Oyola Moreno
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela
autoridad que, mediante auto del 19 de junio de 2020, admitió la demanda. Más
adelante, a través de auto del 4 de noviembre de 2022, dispuso la acumulación del
proceso radicado bajo el núm. 11001-03-25-000-2019-01050-00 (6792-2019), al
advertir que este contenía pretensiones idénticas a las previamente descritas.
4. Surtido el trámite correspondiente, la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante auto del 26 de septiembre de 2025, ordenó:
“PRIMERO. Sanear el proceso y, en consecuencia, integrar la proposición
jurídica en el sentido de indicar que en el presente proceso se encuentran
demandados los artículos 28 y 30 del Acuerdo CNSC-20181000006056 del
24 de septiembre de 2018; así como los Acuerdos CNSC –
20181000007386 del 16 de noviembre de 2018 y CNSC – 20191000006646
del 4 de julio de 2019, que los aclararon y ajustaron, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. PRESCINDIR de las audiencias inicial y de pruebas, previstas
en los artículos 180 y 181 del CPACA, por encontrarse acreditados los
presupuestos contenidos en el numeral 1 del artículo 182 ibidem para
proferir sentencia anticipada.
TERCERO. INCORPORAR como pruebas con el valor legal que les
corresponda, los documentos aportados con la demanda, sus
contestaciones, en el trámite de medida cautelar, la oposición a las
excepciones y los antecedentes administrativos de los actos demandados.
CUARTO. FIJAR EL OBJETO DEL LITIGIO en los términos expuestos en
la parte considerativa de esta decisión.
QUINTO. Por Secretaría de la Sección Segunda, REQUERIR a la Comisión
Nacional del Servicio Civil para que, si a bien lo tiene, dentro del término de
diez (10) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria de la presente
providencia, remita con destino a este proceso los documentos a los que
aludió en el acápite de pruebas de la contestación de la demanda, conforme
se expuso en las consideraciones de este auto.
SEXTO. Una vez se reciba lo requerido en el numeral anterior, relacionado
con la práctica de pruebas documentales, la Secretaría de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, deberá correr el respectivo traslado a las
partes junto con todas las pruebas decretadas e incorporadas en esta
providencia, por el término de tres (3) días, de acuerdo con lo prescrito en el
artículo 110 del CGP.
SÉPTIMO. Ejecutoriadas las decisiones anteriores y sin necesidad de un
nuevo auto, por Secretaría, CORRER TRASLADO por el término de diez
(10) días a las partes para que presenten sus alegatos de conclusión y al
Ministerio Público para que rinda concepto, de conformidad con lo previsto
en los artículos 181 y 182A del CPACA. […]”3.
5. En cumplimiento de lo anterior, el expediente ingresó al despacho del magistrado
Luis Eduardo Mesa Nieves, de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, para dictar sentencia anticipada en los términos del artículo 182A del
CPACA.
6. Así, por medio de providencia de única instancia del 19 de marzo de 2026, la
autoridad judicial accionada resolvió:
3 Folios 6 y 7. Archivo “004ED_PRUEBA_21_4_20262_20”.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03081-00
Accionante: Gabriel Tobías Oyola Moreno
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela
“Primero. Negar la pretensión de la demanda de nulidad formulada contra
los artículos 28 y 30 del Acuerdo CNSC-20181000006056 del 24 de
septiembre de 2018, así como de los Acuerdos CNSC-20181000007386
del 16 de noviembre de 2018 y CNSC-20191000006646 del 4 de julio de
2019, que los aclararon y ajustaron, expedidos por la Comisión Nacional
del Servicio Civil, en atención a lo expuesto en la parte motiva de esta
sentencia. […]”4.
Pretensiones
7. En el presente proceso de tutela, la parte accionante solicita lo siguiente (se
transcribe textualmente):
“1. Se le solicita muy respetuosamente a su señoría, AMPARE el DERECHO
FUNDAMENTAL INVOCADO, el cual ha sido VULNERADO por el
MAGISTRADO LUIS EDUARDO MESA NIEVES DE LA SUBSECCIÓN A
DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL CONSEJO DE ESTADO.
2. Se le solicita muy respetuosamente a su señoría, le ORDENE al
MAGISTRADO LUIS EDUARDO MESA NIEVES DE LA SUBSECCIÓN A
DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL CONSEJO DE ESTADO, que PRECISE
LOS MOTIVOS por el cual DECIDIÓ OMITIR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS
PROCESALES QUE HABÍA ESTABLECIDO en el AUTO
INTERLOCUTORIO NOTIFICADO el 08 DE OCTUBRE DE 2025 de los
PROCESOS ACUMULADOS 11001032500020190099300 (6707-2019) Y
11001032500020190105000 (6792-2019)”5.
Fundamentos de la demanda de tutela
8. La parte accionante alega una vulneración de su derecho fundamental al debido
proceso, toda vez que considera que “[l]a SUBSECCIÓN A DE LA SECCIÓN
SEGUNDA DEL CONSEJO DE ESTADO DECIDIÓ OMITIR LOS PLAZOS Y
TÉRMINOS PROCESALES QUE HABÍA ESTABLECIDO en el AUTO
INTERLOCUTORIO NOTIFICADO el 08 DE OCTUBRE DE 2025, ya que en la
página de la rama judicial se puede observar que HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE
DE 2025 esta corporación dispuso CORRER TRASLADO a LAS PARTES PARA
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN y al MINISTERIO PÚBLICO PARA QUE RINDA
CONCEPTO”6.
Trámite procesal
9. Por medio de auto del 22 de abril de 20267, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela de la referencia y ordenó notificar a la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado como accionado y a la Comisión Nacional del
Servicio Civil, a la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., al Ministerio Público, a la
Universidad Libre de Colombia y a los ciudadanos Ana Tulia Nieto Villamil, Andrea
Concepción del Carmen Cuervo Chaves, Arconiris Sabogal Rodríguez, Blanca Lydi
Beltrán Urrego, Carmen Rosario Banguera Rivadeneira, Ceferino Cortes Moreno,
Delfín Escobar García, Eduardo Joaquín Rhenals Avilez, Enrique Olaya Jamaica,
Jaime Humberto Sarmiento Bonilla, Jonh Alexander López Acuña, Jonh Elver
4 Folio 23. Archivo “390_Sentencia_67072019NulidadConcu_0_20260406143102708”.
5 Folio 4 del escrito de tutela.
6 Folio 2 ibid.
7 Véase índice 4 de SAMAI.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03081-00
Accionante: Gabriel Tobías Oyola Moreno
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela
Acosta Pava, José Eduardo Ramírez Reyes, Kevin Alexander Mora Gómez, Luis
Carlos Carvajal Santos, Marlly Catalina Franco Chaparro, Milly Andrea Estévez
Breton Dueñas, Orlando Vela Tribaldos, Pedro Elías Moreno González, Sandra
Milena Guzmán Cano, Wilson Carrillo Penagos, Wilson Emigdio Guerrero Ladino y
a los demás intervinientes del medio de control de nulidad simple radicado núm.
11001-03-25-000-2019-00993-00 y acumulado 11001-03-25-000-2019-01050-00,
como terceros con interés, para que ejercieran su derecho de defensa. De igual
modo, se ordenó la vinculación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.
Intervenciones
10. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por
intermedio del magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves, realizó un recuento de las
actuaciones adelantadas en el curso del medio de control de nulidad simple
radicado núm. 11001-03-25-000-2019-00993-00 y acumulado 11001-03-25-000-
2019-01050-00 y concluyó que se garantizó el derecho al debido proceso de las
partes y demás intervinientes. Especialmente, dado que se les concedió la
oportunidad de acceder al expediente y, en general, ejercer sus garantías de
contradicción y defensa.
11. Además, expuso que la sentencia que puso fin al debate analizó integralmente
los cargos de nulidad invocados por los actores, en consonancia con las
contestaciones de la demanda y las pruebas recaudadas, es decir, que el litigio se
resolvió en forma completa y congruente.
12. La Comisión Nacional del Servicio Civil y la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
solicitaron su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva.
13. La Procuraduría Delegada de Intervención 8 Tercera ante el Consejo de
Estado pidió que se niegue la protección del derecho fundamental debido proceso
de la parte accionante, en atención que no se evidencia una afectación de sus
garantías constitucionales.
14. Indicó que “de manera alguna se evidencia mora judicial, entre la orden de
correr traslado por Secretaría para alegar de conclusión, en razón a que primero se
debió requerir a la Comisión Nacional del Servicio Civil para que dentro de los diez
(10) días siguientes a la ejecutoria de dicho auto aportara unas documentales a las
cuales se les debió surtir la respectiva fijación en lista para que las partes del
proceso se pronunciaran sobre su contenido”8.
15. Pese a ser notificadas en debida forma, las demás partes guardaron silencio.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Competencia
16. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la
8 Folio 13. Archivo “027Memorial_FLF_27Concepto”.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03081-00
Accionante: Gabriel Tobías Oyola Moreno
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.
Problemas jurídicos y metodología de la decisión
17. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder: ¿si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos de procedibilidad, en particular el de subsidiariedad, al
disponer la parte accionante de otros medios de defensa dentro del ordenamiento
jurídico?
18. De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá ¿si la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el trámite del medio de control
de nulidad simple radicado núm. 11001-03-25-000-2019-00993-00 y acumulado
11001-03-25-000-2019-01050-00, incurrió en una vulneración del derecho
fundamental al debido proceso de la parte accionante?
19. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i)
generalidades de la acción de tutela; (ii) el principio de subsidiariedad y la
procedencia excepcional de la acción de tutela; y (iii) el caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
20. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela
es un mecanismo de defensa judicial al cual puede acudir toda persona para obtener
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades o de los
particulares en los casos que señale la ley.
21. En ese sentido, el artículo 5° del Decreto 2591 de 1991 “por el cual se
reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”, prevé:
“Artículo 5. Procedencia de la acción de tutela. La acción de tutela
procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya
violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el
artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de
particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este
Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la
acción de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto
jurídico escrito”9.
22. Frente a esto, la Corte Constitucional ha establecido:
“[…]para que proceda la acción de tutela en un asunto determinado, se
requiere que existan elementos objetivos de los cuales se pueda inferir
una amenaza o vulneración cierta de derechos fundamentales, bien sea por
una acción o una omisión de las autoridades públicas y,
excepcionalmente, de los particulares.
Así las cosas, quien acuda a la acción de tutela en procura de obtener la
protección de los derechos fundamentales que considera conculcados,
9 Art. 5. Decreto 2591 de 1991.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03081-00
Accionante: Gabriel Tobías Oyola Moreno
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela
debe, como cuestión inicial, acreditar, siquiera sumariamente, el hecho
vulnerador, es decir, la amenaza o afectación directa del bien jurídico
susceptible de amparo.
Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en
señalar que, ‘la acción de tutela procede, cuando se pruebe que se
amenazan o vulneran los derechos fundamentales de una persona por parte
de autoridades públicas o los particulares, y adicionalmente no existe un
mecanismo judicial de protección de los mismos, idóneo para tal efecto’10(se
destaca)11.
Del principio de subsidiariedad. Procedencia excepcional de la acción de
tutela
23. El artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 6.° del Decreto 2591 de
1991 establecen que la acción de tutela es procedente cuando no exista un medio
de defensa judicial eficaz que permita resolver el asunto sometido a consideración
del juez o, en los casos en los que, pese a contar el accionante con una herramienta
idónea, se esté frente a la inminencia de un perjuicio irremediable en los términos
de la jurisprudencia constitucional.
24. En la sentencia SU-355 de 2015, la Corte Constitucional precisó su posición
frente al requisito de subsidiariedad y señaló que este principio se rige por las reglas
de exclusión de procedencia y de procedencia transitoria. Así, estableció que (i) es
improcedente cuando existen medios de defensa judicial idóneos y eficaces para
resolver el problema jurídico y no se evidencia riesgo de un perjuicio irremediable;
(ii) procede de manera definitiva cuando no existen tales mecanismos; y, (iii) de
forma excepcional, es procedente de manera transitoria cuando, aun existiendo
medios judiciales adecuados, se advierte la posibilidad de un perjuicio irremediable
que haga necesaria la protección inmediata de los derechos fundamentales del
accionante.
25. Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que,
cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional, se admite la
excepcionalmente la tutela y es tarea del operador jurídico realizar un examen
flexible de procedibilidad de la acción. Así, ha sostenido la Corte:
“[…] 46. En sentencia SU-588 de 2019, esta Corte reiteró su postura
respecto del requisito de subsidiariedad y estableció que este principio
responde a las reglas de (i) exclusión de procedencia y (ii) procedencia
transitoria.
47. En otras palabras, (i) si existe un medio de defensa idóneo y eficaz para
resolver el problema jurídico y no hay riesgo de que se configure un perjuicio
irremediable, la acción de tutela es improcedente; (ii) cuando no existen
mecanismos de defensa idóneos y eficaces para resolver el asunto puesto
a consideración del juez constitucional, la tutela será procedente de manera
definitiva; y (iii) de manera excepcional, cuando la persona disponga de
medios de defensa idóneos y eficaces, pero exista riesgo de configuración
de un perjuicio irremediable, el amparo será procedente de manera
10 Original de la Cita: “Ver Sentencia T-313 del 7 de abril de 2008, M.P Rodrigo Escobar Gil”.
11 T-346-10.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03081-00
Accionante: Gabriel Tobías Oyola Moreno
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela
transitoria con el fin de proteger los derechos fundamentales del
accionante”.12
Caso concreto
26. En primer lugar, la Sala examinará la legitimación en la causa; y, en segundo
lugar, verificará el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
Legitimación en la causa por activa y pasiva
27. El actor cuenta con legitimación en la causa por activa, dado que ostenta la
titularidad de los derechos fundamentales cuya vulneración invoca. En tal condición,
actúa como la persona directamente afectada por la decisión adoptada por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo cual, según afirma,
transgredió sus garantías constitucionales.
28. De igual manera, se encuentra satisfecho el requisito de legitimación en la causa
por pasiva, en la medida en que la acción de tutela se dirigió contra la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, autoridad judicial a la que se le
atribuye la presunta vulneración de los derechos fundamentales reclamados por la
parte accionante.
29. Asimismo, la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Alcaldía Mayor de Bogotá
D. C. solicitaron su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Al respecto, la Sala advierte que estas entidades fueron parte en el proceso de
nulidad simple, de ahí que se mantendrán vinculadas dentro del presente trámite
constitucional, al haber sido sujetos procesales.
Del requisito de subsidiariedad
30. La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el
presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito general de procedibilidad
de subsidiariedad.
31. Sobre el particular, el inciso tercero del artículo 86 de la Constitución Política13,
así como el artículo 6 del Decreto 2591 de 199114 precisan el carácter subsidiario
de la acción de tutela, puesto que ésta sólo es procedente cuando no se dispone de
otro medio de defensa judicial.
12 Corte Constitucional. Sentencia T-095 de 2022.
13 “Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera
que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública. “(…).
“Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable” (se destaca).
14 “ARTÍCULO 6 Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
“1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios
será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentra el solicitante” (se destaca).
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03081-00
Accionante: Gabriel Tobías Oyola Moreno
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela
32. En el caso bajo estudio, la parte accionante solicita la protección de su derecho
fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, con ocasión de la presunta omisión de
“los plazos y términos procesales que había establecido en el auto interlocutorio
notificado el 08 de octubre de 2025”15, dentro del trámite del medio de control de
nulidad radicado núm. 11001-03-25-000-2019-00993-00 y acumulado 11001-03-25-
000-2019-01050-00.
33. En ese sentido, el actor solicita que se le ordene al magistrado Luis Eduardo
Mesa Nieves, consejero de Estado integrante de la Subsección A de la Sección
Segunda, que “precise los motivos por el cual decidió omitir los plazos y términos
procesales que había establecido en el auto interlocutorio notificado el 08 de octubre
de 2025 de los procesos acumulados 11001032500020190099300 (6707-2019) y
11001032500020190105000 (6792-2019)”16.
34. No obstante, de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, se
advierte que el 17 de abril de 2026, el señor Gabriel Tobías Oyola Moreno presentó
solicitud dentro del medio de control de nulidad simple precitado, en los siguientes
términos:
“GABRIEL TOBIAS OYOLA MORENO, identificado con […] con
fundamento en el ARTÍCULO 23 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA, las
LEYES 1755 DE 2015 y 1437 DE 2011 y el AUTO INTERLOCUTORIO
NOTIFICADO por su despacho el 08 DE OCTUBRE DE 2025, en la
presente oportunidad se permite formular el siguiente interrogante:
1. ¿Por qué su despacho DESCONOCIÓ LOS TÉRMINOS PROCESALES
establecidos en el AUTO INTERLOCUTORIO NOTIFICADO el 08 DE
OCTUBRE DE 2025, ya que las ETAPAS PROCESALES NO se surtieron
en los TÉRMINOS suscritos en el AUTO en mención?
El anterior interrogante es impetrado con base en los TÉRMINOS
PROCESALES FIJADOS en el AUTO INTERLOCUTORIO NOTIFICADO
el 08 DE OCTUBRE DE 2025:
15 Folio 2 del escrito de tutela.
16 Folio 4 ibid.
8
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03081-00
Accionante: Gabriel Tobías Oyola Moreno
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela
[…]”17.
35. Asimismo, de acuerdo con la información consignada en el aplicativo de gestión
SAMAI, se tiene que la solicitud en mención se encuentra actualmente en trámite
ante la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del
proceso radicado núm. 11001-03-25-000-2019-00993-00 y acumulado 11001-03-
25-000-2019-01050-00, donde ingresó a despacho el 30 de abril de 2026 18 y aún
está pendiente de resolver.
36. Por lo anterior, no resulta jurídicamente viable que el juez constitucional emita
un pronunciamiento de fondo sobre lo solicitado, en la medida en que la parte
accionante dispone de medios de defensa idóneos y eficaces previstos en el
ordenamiento jurídico vigente. En efecto, las pretensiones que se formulan en sede
de tutela también fueron planteados ante el juez de lo contencioso administrativo,
autoridad competente para conocer y resolver este tipo de controversias, y este no
ha emitido aún un pronunciamiento de fondo, lo cual impide que la acción
constitucional sea utilizada como un mecanismo alternativo o sustitutivo de las
acciones ordinarias existentes.
37. Así las cosas, es necesario resaltar que la causal de improcedencia de la acción
consistente en la existencia de otros medios de defensa tiene el propósito de
respetar la división de competencias que la Constitución Política ha delineado y el
principio de especialidad de la jurisdicción; por tanto, invadir la órbita de
competencia del juez natural de la causa implica desconocer el encargo
constitucional de poner fin a las controversias en una jurisdicción determinada,
función para la cual fueron revestidos de autonomía e independencia.
38. Conjuntamente, en el presente caso no se configura un perjuicio irremediable 19
que habilite la procedencia excepcional de la acción de tutela, pues la parte
accionante cuenta con otros medios judiciales idóneos y eficaces para la protección
del derecho que considera vulnerado. En consecuencia, mientras dichos
mecanismos se encuentren disponibles, la acción de tutela no puede sustituirlos ni
anticipar su resultado, sin que ello implique una afectación actual o definitiva de los
derechos fundamentales invocados.
39. Así, del análisis de las circunstancias fácticas del caso no se advierte la
configuración de un riesgo inminente, puesto que el actor no señala la existencia de
una amenaza inmediata a sus garantías fundamentales. Tampoco se acredita un
daño grave, en la medida en que la controversia tiene un contenido legal, dado que
se cuestionan unos actos administrativos que actualmente son objeto de estudio por
parte del juez de lo contencioso administrativo.
17 Folio 3. Archivo “391_RECIBEMEMORIAL_MEMORIAL67072019Y110_0_20260418203337050”.
Índice 130 de Samai. Expediente digital del proceso ordinario.
18 Índice 141 de Samai. Expediente digital del proceso ordinario.
19 Las características del perjuicio irremediable se concretan en un riesgo “(i) inminente, es decir,
que la lesión o afectación al derecho está por ocurrir; (ii) grave, esto es, que el daño del bien jurídico
debe ser de una gran intensidad; (iii) urgente, en tanto que las medidas para conjurar la violación o
amenaza del derecho se requieren con rapidez; e (iv) impostergable, porque se busca el
restablecimiento de forma inmediata”, Corte Constitucional, Sentencia T-350 e 2025.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03081-00
Accionante: Gabriel Tobías Oyola Moreno
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela
40. De igual forma, no se evidencia una situación de urgencia, pues lo pretendido
en sede constitucional puede ser solicitado y resuelto dentro de los trámites
judiciales correspondientes, ni se configura una condición impostergable, ya que el
accionante no demostró que la espera derivada del agotamiento de dichos medios
le ocasione un perjuicio definitivo o irreversible que haga necesaria la intervención
inmediata del juez constitucional.
41. En este contexto, por no cumplirse con el requisito de subsidiariedad, esta Sala
declarará improcedente la acción de tutela presentada por el señor Gabriel Tobías
Oyola Moreno, en nombre propio, contra la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. R E S U E L V E
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
señor Gabriel Tobías Oyola Moreno, en nombre propio, contra la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: De no ser impugnada, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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