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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03082-00

Fecha
15 de mayo de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03082-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por Seguros Bolívar S.A. y el Banco Davivienda S.A., de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos —UAESP—, por las razones indicadas en la parte considerativa de esta decisión. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes y demás interesados por el medio más expedito, en los términos del artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: En caso de no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03082-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

15 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., quince (15) de mayo de dos mil veintiséis (2026).

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03082-00
Accionante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS
PÚBLICOS – UAESP-
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA-
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Tutela contra auto que confirma decisión de nulidad proferida por el Tribunal
Administrativo / Improcedente por carecer de relevancia constitucional y
subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Antecedentes

1. El 21 de abril de 2026, a través de apoderado, la Unidad Administrativa Especial
de Servicios Públicos (UAESP) promovió acción de tutela contra el auto de 13 de
marzo de 2026, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A que confirmó el auto de 28 de enero de 2026 proferido por
el Juzgado Sesenta y Dos (62) Administrativo en que negó la petición de nulidad de
un acto de notificación producido dentro del radicado 11001-33-43-062-2025-
00345-00/01. Ello a partir de los siguientes antecedentes, los cuales se extraen de
la exposición que realiza el tutelante.

Hechos relevantes alegados en la acción de tutela

2. La entidad demandante indicó que, el 28 de febrero de 2024, “se radica” el
proceso ante los Juzgados Civiles del Circuito de Bogotá, y por reparto correspondió
al Juzgado Cuarenta y Nueve (49) Civil del Circuito de la ciudad. El proceso señaló
como una acción declarativa de responsabilidad civil extracontractual de mayor
cuantía contra el Banco Davivienda S.A., la compañía de Seguros Bolívar S.A., y la
Unidad administrativa especial de servicios públicos (UAESP). La demanda fue
inadmitida, aunque posteriormente subsanada por “la parte actora”1. Finalmente fue
admitida el 18 de abril de 2024.

3. El 13 de diciembre de 2024, se produjo la notificación de conformidad con la Ley
2213 de 2022. La parte actora expresó que: “Es pertinente resaltar que, las
notificaciones remitidas a las entidades de derecho privado son acordes a lo
establecido en la ley 2213 de 2022, más no es aplicable para una entidad pública

1
Folio 1 del escrito de demanda

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03082-00
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – Subsección A y otro
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

de acuerdo con lo establecido en su propio estatuto procesal, siendo esta, el
CPACA”2 .

4. La entidad esbozó que, entre el 13 y 21 de enero de 2025, “dieron contestación
de la demanda por parte de las entidades de derecho privado”. El 2 de mayo el
Juzgado Cuarenta y Nueve (49) Civil del Circuito declaró la falta de jurisdicción y
ordenó remitir al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, autoridad que a su vez
remite el expediente a reparto a los juzgados administrativos del Circuito.

5. El 24 de septiembre de 2025, se avocó conocimiento y se negó la medida cautelar
solicitada en la acción declarativa de responsabilidad civil extracontractual de mayor
cuantía “sin existencia de adecuación del poder y de la demanda”, dado que se trata
de una demanda de reparación directa, “con el cual cuenta con término de
caducidad”. Agregó:

“De acuerdo con la consulta en el portal web de la rama judicial, se observa que
auto avocando conocimiento de fecha 24 de septiembre de 2025 enviado a
ZULMA KATERIN ALAYON GUEVARA, MARTHA ISABEL AGUILAR SALAS, y
posteriormente, el despacho dio aplicación a la notificación de acuerdo al
CPACA, el 23 de octubre de 2025, se notifica a mi mandante el auto que
acepta el llamamiento en garantía mediante el correo electrónico”

6. El 19 de diciembre de 2025, se presenta incidente de nulidad como causales las
contempladas en los numerales 4 y 8 del artículo 133 del Código General del
Proceso. En auto de 28 de enero del año 2026, notificado al día siguiente, se negó
la petición de nulidad pues no se configuraron las referidas causales invocadas. Se
indicó que, respecto de la indebida notificación de la providencia que admitió la
demanda en la jurisdicción ordinaria – competencia de lo civil, es decir, por el
Juzgado Cuarenta y Nueve (49) Civil del Circuito de Bogotá “(…) que, conforme lo
establecido en el artículo 138 del Código General del Proceso, cuando se remite un
proceso por falta de competencia, lo actuado hasta el momento conservara su
validez, salvo se haya proferido sentencia. Se indicó que la notificación se produjo
de manera adecuada y conforme la ley aplicable, y puesto que la entidad pública no
había actuado no había ocurrido que su apoderado hubiera actuado sin poder”.

7. El 3 de febrero de 2026, se “sustentó recurso de apelación contra (sic) auto que
negó la nulidad”3. En auto de 13 de marzo de 2026, el tribunal accionado confirmó
la providencia. Argumentó que el recurso de apelación no fue adecuadamente
sustentado, toda vez que el apoderado de la entidad pública se limitó a reiterar la
petición de nulidad, empero no ofreció argumentos de réplica a la providencia que
negó el incidente. Agregó:

“Según a criterio del ad quem, el recurso de apelación reprodujo los mismos
argumentos formulados en el incidente de nulidad, lo cierto es que en la
providencia recurrida, el juzgado de conocimiento no estudió si la notificación
del auto admisorio de la demanda a la UAESP cumplió los requisitos del artículo
199 del CPACA, puesto que nunca se dio el cumplimiento de la misma; al igual
que, no analizó la diferencia existente entre el régimen de notificaciones en

2
Folio 1 del escrito de demanda.
3
Folio 3 del escrito de amparo.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03082-00
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
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Referencia: Primera instancia de acción de tutela

materia procesal civil y en materia de lo contencioso administrativo, que fueron
precisamente las irregularidades advertidas por la entidad en el escrito
mediante el cual formuló el incidente de nulidad. Por lo tanto, la presunta falta
de técnica en la formulación de los reparos expuestos por la UAESP en el
recurso no era un motivo suficiente para no estudiar la irregularidad procesal
planteada por la entidad en la apelación, esto es, la indebida notificación
personal del auto admisorio de la demanda a la entidad, máxime si se tiene en
cuenta que este yerro impidió el ejercicio del derecho de defensa y contradicción
de la de mi representada”.

8. La entidad tutelante sostiene que la decisión del tribunal de confirmar el auto que
negó el incidente de nulidad vulnera el derecho al debido proceso de la entidad
pública, pues no se estudió la diferencia entre el régimen de notificación del código
general del proceso y el código administrativo y de lo contencioso administrativo,
puntualmente el artículo 196 y subsiguientes de la Ley 1437 de 2011.

9. Tras explicar los fundamentos doctrinarios y los antecedentes jurisprudenciales
de la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, así como afirmar que
se cumplen las causales generales de procedencia de tutela contra providencias,
sostiene que el auto censurado incurrió en violación directa de la Constitución y
procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto. Posteriormente, explicó el
concepto y contenido de esas dos causales específicas de procedencia

10. Reprocha que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos fue
notificada al correo de notificaciones judiciales, pero no se dio la comunicación
personal en los términos del artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, Código de Proceso
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA-. Además, reprocha que
el auto de tribunal que resolvió la apelación concluyó que no se produjo sustentación
del recurso, lo cual conculca la garantía de la supremacía del derecho sustancial
sobre el adjetivo. El siguiente párrafo sintetiza los reparos:

“En cuanto a la relevancia del DERECHO SUSTANCIAL SOBRE EL
PROCESAL CONCORDANTE CON LOS JUECES SE ENCUENTRAN
SOMETIDOS AL IMPERIO DE LA LEY, se ha dicho que, la confrontación entre
el Derecho Procesal y Sustancial es relevante en este contexto, por cuanto,
aunque los derechos procesales de contenido fundamental estén íntimamente
ligados al apremio y eficiencia en la función jurisdiccional, por lo que, como se
puede apreciar, la norma se encargó de establecer de manera precisa el
procedimiento para el acto procesal de las notificaciones de las providencias en
la jurisdicción contenciosa administrativa, la cual es muy clara al establecer que,
esta se debe de realizar de acuerdo con las disposiciones normativas de los
artículos 196 y siguientes del CPACA, que en el presente caso, el juzgado de
conocimiento obvió la notificación del auto que avoca conocimiento del proceso
que fue remitido de la jurisdicción ordinaria, por la razón que este providencia
no tiene carácter de “admisorio” o de “mandamiento ejecutivo”, donde lo cierto
es que, pese a que dicho pronunciamiento, esta es donde el despacho
considera ser el competente para tramitar el asunto, por tanto, a no dar
aplicación de las normas procedimentales propias de la jurisdicción contenciosa
administrativa, en la no NOTIFICACIÓN LEGAL a mi poderdante, de acuerdo
con el artículo 199 del CPACA, por avocar conocimiento, normativa aplicable a
este asunto, e igualmente la no aplicación del procedimiento establecido en el
artículo 233 del CPACA, respecto de la medida cautelar solicitada, es decir, el
auto de fecha 24 de septiembre de 2025 y el auto de 22 de octubre del
mismo año, proferida por el despacho nunca fue debidamente notificada a la

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Accionante: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – Subsección A y otro
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

parte demandada, de acuerdo con el CPACA, y por otra parte, la exigencia por
parte del ad quem en exigir que se realizara los reparos concretos del recurso
de apelación del auto que negó el incidente de nulidad, sacrificando el derecho
fundamental del debido proceso y el acceso a la administración de justicia. Por
ende, este asunto tiene la potencialidad de causar un efecto decisivo o
determinante en la decisión que se impugna y que afecte los derechos
fundamentales de la parte actora”4

11. Solicitó que se ampare el derecho al debido proceso de la entidad, se deje sin
efecto los autos atacados y se ordene al juzgado de conocimiento resolver conforme
a derecho el incidente de nulidad esgrimido.

Trámite de la acción de tutela

12. En auto de 22 de abril de 2026, este despacho admitió la solicitud de amparo
contra el Juzgado Sesenta y Dos (62) Administrativo del Circuito de Bogotá, y el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Además, vinculó como terceros con
interés a Seguros Comerciales Bolívar S.A. – Compañía de Seguros Bolívar, al
Banco Davivienda S.A., a la sociedad Promoambiental Distrito S.A.S., a la Nación
– Ministerio de Salud y Protección Social, al Ministerio Público y a los ciudadanos
Martha Isabel Aguilar Salas, Alexander López López, Jhosee Esteban Rodríguez
Aguilar y a los demás intervinientes del medio de control de reparación directa
radicado número 11001-33-43-062-2025-00345-00/01.

13. Notificada el reclamo de tutela5, intervino el Juez Sesenta y Dos (62)
Administrativo de Bogotá6, la Compañía de Seguros Bolívar7, Promoambiental
Distrito S.A.S. E.S.P.8 , el Ministerio de Salud y protección social9, y la magistrada
de la sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca10.

14. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca aclaró los antecedentes, y
precisó que, Martha Isabel Aguilar y Jhosee Esteban Rodríguez Aguilar,
presentaron demanda de responsabilidad civil extracontractual contra Alexander
López López, Banco Davivienda S.A., Compañía de Seguros Bolívar y la Unidad
Administrativa Especial de Servicios Públicos a efectos de que sean declarados civil
y extracontractualmente responsables por el fallecimiento de Nicol Vanessa
Rodríguez Aguilar, ocurrido el 2 de marzo de 2022 en un accidente de tránsito con
el camión recolector de basura de placas ESN-676, propiedad del Banco Davivienda
S.A. y conducido por Alexander López López empleado de la Unidad Administrativa
Especial de Servicios Públicos. El asunto fue repartido en primer lugar a la
jurisdicción ordinaria, especialidad civil. Al juzgado 49 civil del circuito que, en auto
de 18 de abril de 2024 admitió la demanda.

4
Folio 22 del escrito de amparo
5
Índice samai 7 Certificado BF9A1675C288DF55 38F1F4548F0FDE72 CE2E6DDC65BEE3E9
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6
Índice samia 13
7
Índice samai 15
8
Índice samai 16
9
Índice samai 17
10
Índice samai 20.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03082-00
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – Subsección A y otro
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

15. El 13 de diciembre de 2024, se acreditó por la apoderada de los demandantes
el trámite de notificación practicado a través de la empresa Rapientrega a Alexander
López López, Banco Davivienda S.A., Compañía de Seguros Bolívar y la Unidad
Administrativa Especial de Servicios Públicos, dando contestación Compañía de
Seguros Bolívar, Banco Davivienda S.A. y Alexander López López. Igualmente
informó que, el 2 de mayo de 2025, el Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito
de Bogotá declaró su falta de jurisdicción y ordenó remitir el expediente al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera. El proceso fue remitido a los
juzgados administrativos en virtud de la cuantía. La demanda finalmente fue
repartida al Juzgado Sesenta y Dos (62) Administrativo de Bogotá, despacho que el
24 de septiembre de 2025, autoridad que avocó conocimiento del asunto y negó las
medidas cautelares presentadas por el demandante en el escrito introductorio,
decisión notificada por estado del 25 de septiembre de 2025. El 22 de octubre de
2025, el Juzgado 62 Administrativo de Bogotá citó como llamada en garantía del
Banco Davivienda S.A. a Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. decisión notificada
a las partes por estado del 23 de octubre de 2025 y de manera personal al llamado
en garantía el 21 de noviembre de 2025.

16. Precisó que, el 19 de diciembre de 2025, la demandada Unidad Administrativa
Especial de Servicios Públicos solicitó la nulidad de lo actuado por el Juzgado
Sesenta y Dos (62) Administrativo de Bogotá en autos del 24 de septiembre y 22 de
octubre de 2025, falta de representación legal o carencia de poder para actuar, la
indebida o ausencia de notificación del auto que avocó conocimiento conforme al
artículo 199 del CPACA, argumentó que no se siguió el procedimiento de medidas
cautelares previsto en el artículo 233 del CPACA y vulneración al derecho al debido
proceso por inexistencia de notificación válida del auto admisorio en los términos
del artículo 199 del CPACA. En auto de 28 de enero de 2026, el Juzgado Sesenta
y Dos (62) Administrativo negó el incidente de nulidad.

17. Argumentó que frente a la indebida representación o ausencia de poder del
apoderado, indicó que ninguna de las dos situaciones reseñadas se configuraba,
por cuanto la entidad demandada no había actuado hasta el momento en el proceso
y, por tanto, no había constituido apoderado; la indebida notificación del auto
admisorio de la demanda señaló que, conforme lo establecido en el artículo 138 del
Código General del Proceso, cuando se remite un proceso por falta de competencia,
lo actuado hasta el momento conservará su validez, salvo se haya proferido
sentencia; la falta de notificación personal del auto que avocó conocimiento, dicha
providencia no está prevista como aquellas que se deban notificar personalmente
y, por tanto, se realiza por estado, conforme a lo dispuesto en el artículo 198 del
CPACA; falta del trámite establecido en el artículo 233 del CPACA en relación con
la medida cautelar solicitada, consideró que éste debió alegarse mediante recurso
contra la providencia que las niega, no como incidente de nulidad.

18. Contra la anterior providencia se ejerció el recurso de apelación, el tribunal
indicó que la entidad demandante reprodujo los argumentos expuestos en el escrito
a través del cual formuló el incidente. Por lo anterior, el despacho 02 de la sección
tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en auto de 13 de marzo de
2026, confirmó la decisión, pues se indicó que el artículo 320 del CGP prescribe que

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Referencia: Primera instancia de acción de tutela

el recurso de apelación debe contraponer reparos concretos contra la decisión
recurrida, situación que no se presentó en el caso concretó, pues el apoderado se
limitó a repetir los argumentos del incidente de nulidad “sin formular reparos
concretos contra el auto del 28 de enero de 2026, por lo que, al no presentar
argumentos de réplica ni razones jurídicas o fácticas para modificar o revocar la
decisión”.

19. Precisados los antecedentes, el tribunal accionado solicitó que se negara el
amparo pues no se incurrió en los defectos de exceso ritual manifiesto y violación
directa de la constitución pues la decisión atacada se profirió en cumplimiento de
las normas procesales vigentes y aplicables al caso concreto. Precisó que la
ausencia de reparos concretos contra la decisión recurrida fue lo que impidió un
análisis de fondo sobre la nulidad alegada, en esa medida, al advertirse que la
apelación carecía de objeto, la decisión de primera instancia fue confirmada, pues
se insiste en que, no se indicó cómo o por qué los argumentos y conclusiones
alcanzadas en la providencia de primera instancia eran desacertados.

20. Finalmente indicó que la acción de tutela no debía utilizarse como tercera
instancia para cuestionar una decisión que le fue adversa. El tutelante no muestra
las razones por las cuales el auto es inconstitucional, sino que se limita a mostrar
razones de discrepancia con el análisis realizado por el despacho censurado.

21. Por su parte el Juzgado Sesenta y Dos (62) administrativo, igualmente,
solicitó negar el amparo pues no vulneró derechos fundamentales del tutelante,
pues las decisiones se sustentaron normativamente.

22. El Ministerio de Salud y Protección Social, entidad vinculada en el auto
admisorio, solicitó que el amparo sea declarado improcedente, pues no ha
vulnerado derecho fundamental alguno. Solicitó que se exonere a la entidad pues
no ha participado en la adopción del auto que se cuestiona.

23. El apoderado de Promoambiental distrito S.A.S. E.S.P. indicó que su
intervención dentro del proceso ordinario y del trámite de tutela se encuentra
estrictamente supeditada a lo que resulte debidamente probado dentro del
expediente.

24. El representante legal de Seguros Bolívar S.A. solicitó desvincular a la
compañía por configurarse la falta de legitimación en la causa por pasiva. En igual
sentido se pronunció el apoderado del Banco Davivienda S.A., quien solicitó que
se desvincule del trámite por carecer de legitimación en la causa por pasiva.

CONSIDERACIONES
Competencia

25. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia
dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo

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Referencia: Primera instancia de acción de tutela

37 del Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019.

Determinación del problema jurídico

26. A juicio de esta Sala, en primer lugar, deberá establecerse si la acción de tutela
satisface las causales generales de procedencia de la tutela contra providencia, en
particular la subsidiariedad y la relevancia constitucional. Esto, en atención a que se
trata de una acción de tutela contra una providencia judicial que resolvió en segunda
instancia una petición para iniciar un incidente de nulidad. Quiere decir esto que no
se trata de una sentencia que pone fin a un proceso judicial, sino de una decisión
intermedia referida a la negativa de decretar una nulidad. La decisión cuestionada
confirmó el auto que negó el incidente de nulidad, pues el recurso de apelación
reiteró los mismos argumentos que fundamentan la petición, pero no presentó
cargos precisos contra la decisión judicial de negar la nulidad.

27. En caso de que se concluya que la acción de tutela es procedente, en segundo
lugar, se fijará un problema jurídico de fondo. Por lo pronto, se reiterará el
precedente constitucional sobre acciones de tutela contra autos interlocutorios.

Procedencia de la acción de tutela contra autos interlocutorios

28. Conforme el precedente constitucional fijado en la Sentencia C-590 de 200511,
reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor
satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis
causales genéricas de procedencia, y al menos una específica.

29. De manera frecuente, la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar12: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela13, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional14 o el Consejo de Estado15,
ni una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP16; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si

11
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
12
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
13
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
14
Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
15
Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
16
Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.

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existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es, que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable17 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

Requisito de subsidiariedad

30. En virtud del principio de subsidiariedad previsto en el artículo 86 superior, y el
artículo 6 del decreto 2591 de 1991, la jurisprudencia constitucional 18 ha señalado
que, la acción de tutela contra providencias procede cuando se han agotado todas
la etapas y recursos, ordinarios y extraordinarios, es decir, resulta procedente
cuando se ataca la sentencia que pone fin al proceso judicial, siendo, en esa
medida, por regla general, improcedente, cuando se cuestionada una decisión
intermedia, como un auto, o cuando no se agotaron previamente las oportunidades
procesales para cuestionar la decisión censurada. Por tal motivo, en principio resulta
improcedente cuando se cuestiona una decisión intermedia o que no pone fin a un
proceso judicial y el proceso judicial está abierto y pendiente de continuar su
avance.

31. Lo anterior cobra especial importancia, cuando se trata de autos interlocutorios
que imponen medidas cautelares, toda vez que: “i) no se trata de decisiones
definitivas; ii) la persona tiene a su disposición distintos recursos jurídicos para
controvertir el auto, en el marco del proceso judicial en el cual fue emitido y,
además, iii) tiene la posibilidad de recurrir la decisión final.” Sin embargo, se ha
admitido la procedencia excepcional de la acción de tutela contra autos
interlocutorios que imponen medidas cautelares cuando se demuestra la existencia
de un perjuicio irremediable. La T-511 de 2020 reiterando la SU-659 de 2015,
precisó las condiciones de procedencia de la acción de tutela contra autos
interlocutorios:

“ En lo que respecta a la tutela contra autos, de cara a determinar la
procedencia del amparo, es necesario diferenciar si se trata de autos de trámite
o interlocutorios. Según la jurisprudencia constitucional, en relación con estos
últimos, la acción de tutela procede en los siguientes eventos: i) cuando “se
evidencie una vulneración o amenaza de los derechos fundamentales de las
partes que no puede ser reprochada mediante otros medios de defensa
judicial”; ii) si “a pesar de que existen otros medios, éstos no resultan idóneos
para proteger los derechos afectados o amenazados”; o iii) si “la protección
constitucional es urgente para evitar un perjuicio irremediable”. En cualquier
caso, el juez debe verificar el cumplimiento de “los requisitos generales de
procedencia y presentarse al menos una de las causales específicas de

17
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
18
Corte Constitucional Sentencia T-511 de 2020.

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Sección Tercera – Subsección A y otro
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales que han sido
fijados por esta [Corte]”

32. En relación con el concepto de perjuicio irremediable, el artículo 8° del Decreto
precisa que incluso en presencia de un mecanismo judicial ordinario o extraordinario
pendiente de agotar, la tutela resulta procedente cuando el tutelante está ante el
riesgo de la consumación de un perjuicio irremediable, entendido como un hecho
urgente, cierto, grave e inminente. Este se entiende como un riesgo19 grave, el cual
supone “un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral
o material)”. Además, debe ser necesario adoptar medidas urgentes para superar
el daño, comprendidas “como una respuesta adecuada frente a la inminencia del
perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del caso”.
Además, la medida de protección debe ser “impostergables”. Esto es referidas a
criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño
antijurídico irreparable”.

33. Sumado a lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha sido consistente en
indicar que, la acción de tutela no puede ser utilizada para subsanar o corregir
cargas procesales incumplidas dentro del trámite ordinario. En esa medida, resulta
improcedente aquella acción de tutela que se utiliza como medio para cumplir un
requisito necesario para el desarrollo del proceso judicial ordinario, pero que se
omitió su satisfacción.

Del requisito de relevancia constitucional

34. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté
directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a
reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente
al juez ordinario.

35. La Corte Constitucional indicó20 que la tutela contra providencias judiciales no
puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar sentencias ni
reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga
relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los
derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión
judicial.

36. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de
amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en los
eventos en que se pretende reabrir el debate 21: (i) la discusión debe recaer sobre
un asunto constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe
relacionarse con un debate jurídico que se centre al contenido, alcance y goce de
algún derecho fundamental, o tiene una trascendencia para la aplicación y el

19
Cfr. Sentencia SU-179 de 2021
20
Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018.
21
Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03082-00
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – Subsección A y otro
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

desarrollo eficaz de la Constitución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates exclusivamente legales.

37. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental
para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de
manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una
trasgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen
de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez
constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de
corrección judicial, el cual se escapa de su competencia22.

38. Con base en lo anterior, se examinará si la acción de tutela de la referencia
supera los requisitos formales de la acción de tutela.

análisis del caso concreto

39. A partir de lo anterior, se analizará la legitimidad por activa y pasiva. Acto
seguido, se evaluarán los requisitos de subsidiariedad y de relevancia
constitucional.

Requisito de legitimación por activa y por pasiva.

40. En el presente asunto se cumple la legitimación en la causa por activa, pues la
UAESP promueve la acción de tutela en defensa de sus derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Además, actúa como
parte demandada en el proceso de reparación directa en el que se profirieron las
providencias cuestionadas. También se acredita la legitimación en la causa por
pasiva frente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al Juzgado Sesenta y
Dos (62) Administrativo de Bogotá, autoridades que profirieron las decisiones
censuradas: el juzgado negó el incidente de nulidad y el tribunal confirmó esa
determinación en segunda instancia.

41. Finalmente, la Sala negará la solicitud de desvinculación presentada por
Seguros Bolívar S.A. y el Banco Davivienda S.A., porque dichas compañías actúan
como partes demandadas en el proceso judicial de base y, por tanto, tienen interés
jurídico en el resultado del trámite constitucional.

Análisis del requisito de la subsidiariedad y relevancia constitucional

42. En el caso concreto, esta Sala concluye que la acción de tutela es improcedente
por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional, y de subsidiariedad.
Respecto al requisito de subsidiariedad se ha señalado que, la acción de tutela
procede contra decisiones definitivas que no tienen pendiente de agotar recursos
judiciales. En el caso concreto, la entidad ataca un auto que resuelve una nulidad

22
Corte Constitucional, sentencia SU-134 de 2022.

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dentro un proceso judicial que tiene pendiente por agotar todas las etapas de la
primera y segunda instancia judicial.

43. Conforme el precedente judicial, excepcionalmente, resulta procedente atacar a
través de acción de tutela un auto interlocutorio cuando el demandante está ante un
perjuicio irremediable, y cuando el auto tiene un efecto definitivo dentro del
desarrollo del proceso. En el caso concreto, el tutelante no argumenta que se
encuentre ante un perjuicio irremediable, y de igual forma esta Corporación no
vislumbra un indicio de que la entidad accionante se encuentre en esa situación.
Además la decisión que cuestiona no pone definitivamente fin a una etapa procesal,
toda vez que, en la sentencia, la autoridad judicial deberá realizar un control de
legalidad cuando se agote cada una de las etapas que compone el proceso judicial
(art. 207 de la Ley 1437 de 2011).

44. No se satisface el requisito de subsidiariedad, pues a pesar de que el apoderado
de la parte actora sostiene que es irrelevante si como recurso de apelación presentó
los mismos argumentos que formuló en la petición de nulidad, lo cierto es que, el
CGP, norma de reenvío aplicable por disposición del CPACA, exige que el apelante
presente argumentos precisos y concretos contra la providencia cuestionada,
descartando que sea procedente que, el juez de segunda instancia se pronuncie
sobre recursos que, en lugar de atacar la providencia de primera instancia, reiteren
o repitan la petición que ya fue resuelta. Esa es una carga procesal exigible a las
partes que concurren a un proceso judicial a través de apoderado judicial. No se
trata de una mera formalidad o un exceso ritual manifiesto, en los términos
propuestos por el tutelante, sino por el contrario, un deber de lealtad y profesional
con el desarrollo del proceso.

45. En las sentencias SU-418 de 2019 y T-350 de 2024, la Corte Constitucional
indicó que, en los términos del CGP, resulta constitucionalmente exigible que los
apoderados (profesionales en derecho), sustenten adecuadamente el recurso de
apelación para que, de esa manera, se active la competencia del superior funcional
del juez de primera instancia, descartando de esa manera, que la iteración del
memorial de petición primigenio sea equivalente al recurso de apelación. Las
providencias de la Corte Constitucional indicaron que el apoderado judicial tiene el
deber de sustentar adecuadamente el recurso so pena que el mismo sea
despachado negativamente o incluso declarado desierto. En la Sentencia T-350 de
2024, reiterado en la SU-418 de 2019, se indicó:

“De allí que, a su juicio, no se configuraba el exceso ritual manifiesto alegado
por cuanto existe ‘una obligación clara y expresa en la ley, se está ante una
carga razonable que atiende a objetivos valiosos y que no es disponible por las
partes, como lo es la obligación de interponer oportunamente los recursos’. En
tal sentido, agregó, ‘no podría hablarse de una concepción procesal en extremo
rigurosa al punto de leerse la sustentación del recurso de apelación como un
obstáculo para la realización de los derechos sustanciales de las partes y no en
un medio para lograrlo’”.

46. En aplicación del art. 320 del CGP se ha indicado que constituye una carga
procesal constitucionalmente exigible que el apoderado de cualquier parte presente
reparos concretos para que el superior revoque o reforme la decisión de primera

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instancia. Ello no entraña un exceso ritual manifiesto o una violación a mandatos
constitucionales, sino un desarrollo de la facultad del legislador.

47. En el caso concreto, el apoderado de la autoridad pública tenía el deber de
presentar reparos concretos contra la providencia que negó el incidente de nulidad,
y no podía limitarse a reiterar los argumentos que presentó en la petición de inició
del incidente de nulidad. Admitir lo contrario implicaría permitir que la acción de
tutela pueda ser utilizada para corregir o suplir el incumplimiento de cargas
procesales dentro de procesos judiciales ordinarios.

48. En esa medida, puesto que la parte actora no ejerció adecuadamente el recurso
de apelación contra la providencia cuestionada, no se ejercieron los mecanismos
judiciales ordinarios disponibles, y puesto que no se avizora que se esté ante un
perjuicio irremediable, la acción de tutela de la referencia incumple el requisito de
subsidiariedad.

49. De manera concurrente, la petición carece de relevancia constitucional, pues
como lo indicaron los intervinientes, el actor pretende obtener una instancia
adicional a las dos instancias previstas en la legislación procesal. En efecto, el
contenido del escrito de amparo busca que se reabra una discusión resuelta por las
autoridades judiciales dispuestas para analizar dichos argumentos. El apoderado
de la parte actora presenta argumentos para mostrar la discrepancia con una
decisión que le fue adversa, pero no muestra un yerro de validez que afecte la
constitucionalidad del auto atacado.

50. En efecto, el Tribunal consideró que el recurso no contenía reparos concretos
contra las razones expuestas por el juez de primera instancia, sino que se limitaba
a reiterar los argumentos formulados en el incidente de nulidad. Por ello, el debate
propuesto por la entidad no trasciende al plano constitucional, sino que se mantiene
en una discusión procesal y legal sobre el cumplimiento de una carga argumentativa
propia del recurso de apelación. En esa medida, la controversia constitucional no
puede construirse sobre la simple inconformidad de la entidad accionante con la
forma en que el juez natural valoró la suficiencia argumentativa de su apelación.
Admitir lo contrario implicaría convertir la acción de tutela en una instancia adicional
destinada a corregir omisiones procesales atribuibles a la propia parte, quien tenía
la carga de controvertir de manera concreta los fundamentos del auto que negó la
nulidad. La tutela no está prevista para reabrir debates ya resueltos dentro del
trámite ordinario, ni para suplir la falta de técnica o de sustentación del recurso
ejercido por un apoderado judicial.

51. Así, la acción de tutela resulta improcedente por falta de relevancia
constitucional, pues la UAESP insiste en las mismas objeciones formuladas en el
incidente de nulidad y pretende que el juez constitucional revise nuevamente una
controversia propia del proceso ordinario. La entidad no demostró que el auto
cuestionado fuera arbitrario, irrazonable o contrario a la Constitución, sino que
manifestó su desacuerdo con la decisión que tuvo por insuficiente la apelación. En
consecuencia, la tutela no puede prosperar, porque busca revivir una oportunidad

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03082-00
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Sección Tercera – Subsección A y otro
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

procesal no ejercida adecuadamente y convertir el amparo constitucional en una
tercera instancia.

52. Por lo anterior, se declarará improcedente el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por Seguros
Bolívar S.A. y el Banco Davivienda S.A., de conformidad con las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por la
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos —UAESP—, por las razones
indicadas en la parte considerativa de esta decisión.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes y demás interesados por el
medio más expedito, en los términos del artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 31
del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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