Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03084-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03084-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03084-00
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
17 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03084-00
Accionante: Wilfredo Eliecer Díaz Ciro
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Sexta de Decisión
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
La Sala resuelve, en primera instancia, la demanda de tutela presentada por el señor
Wilfredo Eliecer Díaz Ciro contra la sentencia proferida el 27 de febrero de 2026 por la
Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia.
SÍNTESIS1
El accionante cuestiona la sentencia proferida el 27 de febrero de 2026 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, mediante la cual, al resolver el recurso de apelación dentro
de un proceso ejecutivo promovido contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares,
revocó la decisión de primera instancia y declaró probada la excepción de pago total de
la obligación. Sostiene que la autoridad judicial incurrió en defectos fáctico y sustantivo
al concluir que la entidad había dado cumplimiento íntegro a la sentencia que servía de
título ejecutivo. La Sala declara improcedente la acción de tutela por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional, al considerar que la controversia versa sobre un
asunto eminentemente legal y económico relacionado con la liquidación de una
obligación dineraria.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1. El 21 de abril de 2026, el señor Wilfredo Eliecer Díaz Ciro presentó, en nombre propio,
una demanda en ejercicio de la acción de tutela para obtener la protección de sus
derechos fundamentales del debido proceso, acceso a la administración de justicia,
seguridad social, mínimo vital, igualdad y dignidad humana. En criterio del accionante,
esas garantías constitucionales fueron vulneradas por la sentencia proferida el 27 de
febrero de 2026 por la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia
dentro del proceso ejecutivo identificado con el radicado núm. 05001-33-33-008-2024-
00077-01, promovido contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL.
1 Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del derecho / Asignación de retiro /
Prima de antigüedad / Falta de relevancia constitucional / Asunto meramente económico
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03084-00
Accionante: Wilfredo Eliecer Díaz Ciro
Se declara la improcedencia de la demanda
2. El accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:
PRIMERO. Amparar mis derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, seguridad social, mínimo vital, igualdad y dignidad humana, los
cuales han sido vulnerados por la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia el 27 de febrero de 2026, dentro del expediente No.
05002333300820240007701.
SEGUNDO. Como consecuencia del amparo solicitado, dejar sin efectos la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 27 de febrero de 2026, mediante
la cual se revocó la decisión de primera instancia y se declaró probada la excepción de
pago total de la obligación.
TERCERO. Ordenar al Tribunal Administrativo de Antioquia que profiera una nueva
decisión, dentro del proceso ejecutivo, en la cual:
a. Se valore de manera integral el título ejecutivo, incluyendo su parte motiva,
b. Se tenga en cuenta el alcance material de la sentencia del 13 de diciembre de 2017.
c. Y se determine el cumplimiento real y no meramente formal de la obligación, conforme
a los parámetros constitucionales y legales expuestos.
CUARTO. De manera subsidiaria, y en atención al carácter prevalente del derecho
sustancial, ordenar directamente la continuidad del proceso ejecutivo en los términos
definidos por la sentencia de primera instancia No. 351 del 30 de octubre de 2025,
proferida por el Juzgado Octavo Administrativo de Medellín, en la cual se declaró probada
la excepción de pago parcial, disponiendo seguir adelante con la ejecución respecto de
las sumas efectivamente adeudadas.
QUINTO. Ordenar a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares que, en el evento de
verificarse el incumplimiento de la obligación, proceda a reliquidar mi asignación de retiro
conforme a lo ordenado en la sentencia del 13 de diciembre de 2017, esto es, adicionando
el 38.5% de la partida prima de antigüedad calculada esta sobre el salario mensual base,
y no sobre el porcentaje de liquidación de la prestación.
B. Hechos
3. El señor Wilfredo Eliecer Díaz Ciro promovió demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares, en adelante, “CREMIL”, con el fin de obtener la reliquidación de su asignación
de retiro. En concreto, solicitó que esta se liquidara de acuerdo con el inciso segundo
del artículo 1 del Decreto 1794 de 20002 y con el artículo 16 del Decreto 4433 de 20043.
4. El proceso fue conocido en primera instancia por el Juzgado Octavo Administrativo
de Medellín, que mediante sentencia del 30 de junio de 2017 accedió a las pretensiones
de la demanda y ordenó a CREMIL reliquidar la asignación de retiro del demandante en
los términos allí señalados4. Esa decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo
2 Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional para el personal de soldados profesionales de las Fuerzas
Militares.
3 Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública
4 “PRIMERO: Declarar probada la excepción de pago parcial propuesta por la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS
MILITARES – CREMIL, dentro del término de traslado del mandamiento de pago proferido a favor del Ejecutante.
SEGUNDO: Seguir adelante la presente ejecución en los términos del auto que libró mandamiento de pago de fecha
25 de junio de 2024, por el saldo insoluto del crédito.
TERCERO: Practíquese la liquidación del crédito de acuerdo con lo previsto en el artículo 446 del Código General del
Proceso, por lo que una vez ejecutoriada esta providencia, cualquiera de las partes podrá presentar la liquidación del
crédito con especificación del capital y de los intereses causados hasta la fecha de su presentación, adjuntando los
documentos que la sustenten, si fueren necesarios.
CUARTO: Condenar en costas a la entidad ejecutada. Tásense en la forma prevista en el artículo 366 del C.G.P. […]”.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03084-00
Accionante: Wilfredo Eliecer Díaz Ciro
Se declara la improcedencia de la demanda
de Antioquia mediante sentencia del 13 de diciembre de 2017.
5. Posteriormente, el señor Díaz Ciro promovió proceso ejecutivo con fundamento en
las referidas sentencias, al considerar que la Resolución No. 21095 del 3 de diciembre
de 2018, expedida por CREMIL para darles cumplimiento, únicamente reconoció el
reajuste correspondiente al incremento del veinte por ciento (20%) del salario básico,
pero liquidó de manera incorrecta la prima de antigüedad, por lo que existía un saldo
insoluto a su favor.
6. El proceso ejecutivo fue conocido en primera instancia por el Juzgado Octavo
Administrativo de Medellín, que mediante sentencia No. 351 del 30 de octubre de 2025
declaró probada parcialmente la excepción de pago y ordenó seguir adelante la
ejecución, al considerar que la entidad había liquidado de forma incorrecta la prima de
antigüedad frente a lo dispuesto en la sentencia que servía de título ejecutivo.
7. Contra esa decisión, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares interpuso recurso de
apelación, en el que reiteró que había dado cumplimiento integral a la sentencia base
de ejecución y solicitó que se declarara probada la excepción de pago total de la
obligación.
8. El recurso fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de
Decisión, que mediante sentencia del 27 de febrero de 2026 revocó la decisión de
primera instancia y, en su lugar, declaró probada la excepción de pago total de la
obligación, al concluir que CREMIL había dado cumplimiento a lo ordenado en la
sentencia que servía de título ejecutivo y que el proceso ejecutivo no era el escenario
para reabrir debates sobre el contenido de dicha providencia.
C. Fundamentos de la vulneración
9. El accionante sostiene que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Sexta de Decisión, del 27 de febrero de 2026, vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, seguridad
social, mínimo vital, igualdad y dignidad humana, al declarar probada la excepción de
pago total de la obligación contenida en el título ejecutivo y dar por terminado el proceso
ejecutivo que había promovido.
9.1. Afirma que la providencia cuestionada incurrió en un defecto fáctico, al omitir la
valoración del contenido íntegro de la sentencia del 13 de diciembre de 2017,
particularmente de su parte motiva, donde se precisó que la expresión "adicionado con
un 38,5% de la prima de antigüedad" hace referencia al salario mensual y no al
porcentaje de liquidación de la prestación en actividad. Sostiene que, por esa omisión,
el Tribunal valoró de manera contraevidente la Resolución No. 21095 de 2018, dándola
por válida como pago total, cuando dicho acto liquidó la prima aplicando el 38,5% sobre
el 58,5% devengado en actividad, y no sobre el salario mensual base.
9.2. Señala que la providencia incurrió también en defecto sustantivo, al interpretar el
artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 de forma contraria al criterio que el propio Tribunal
había fijado en 2017, sin ofrecer justificación para apartarse de su interpretación previa.
Agrega que el Tribunal introdujo una carga procesal inexistente, al exigir que se hubiera
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03084-00
Accionante: Wilfredo Eliecer Díaz Ciro
Se declara la improcedencia de la demanda
solicitado aclaración o adición de la sentencia de 2017 como condición para examinar,
en sede del ejecutivo, el verdadero alcance de la obligación allí definida.
9.3. Argumenta que la providencia comporta una violación directa de la Constitución,
al desconocer el artículo 48 de la Constitución, modificado por el Acto Legislativo 01 de
2005, que prohíbe reducir las mesadas pensionales reconocidas conforme a derecho.
Sostiene además que se vulnera su derecho a la igualdad, pues en casos similares la
prima de antigüedad ha sido reconocida y pagada en un 100% a otros soldados
profesionales en su misma situación, y que la reducción de su asignación afecta su
dignidad humana, al depender de ella como fuente principal de subsistencia.
D. Trámite procesal
10. Por auto del 23 de abril de 20265, se admitió la demanda de tutela y se ordenó
notificar al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión y, en calidad de
terceros con interés, al Juzgado Octavo Administrativo de Medellín y a la Caja de Retiro
de las Fuerzas Militares (CREMIL), para que se pronunciaran sobre los hechos y las
pretensiones de la demanda.
E. Oposiciones e intervenciones
11. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión6 (accionado) solicitó
que se tuvieran en cuenta los argumentos expuestos en la sentencia objeto de tutela y
manifestó que acataría lo que resolviera esta Corporación. Además, informó que el
proceso había sido devuelto al juzgado de origen para lo de su cargo.
12. El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Medellín7 (tercero con interés)
indicó que en la demanda de tutela no se atribuía acción u omisión alguna a ese
despacho que comprometiera los derechos fundamentales del accionante. Agregó que
la providencia cuestionada fue proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia en
ejercicio de su competencia como superior funcional, al resolver el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia, razón por la cual el juzgado debía
sujetarse a lo decidido por el ad quem. Finalmente, señaló que no advertía la vulneración
de los derechos fundamentales invocados y que estaría a lo que se resolviera en el
presente trámite constitucional.
13. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL), pese a haber sido vinculada
en calidad de tercero con interés, no rindió informe dentro del término concedido.
II. CONSIDERACIONES
F. Competencia
14. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
resolver la demanda de acción de tutela interpuesta por el señor Wilfredo Eliecer Díaz
Ciro contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, de
5 Índice 5 del expediente digital disponible en Samai
6 Índice 11 del expediente digital disponible en Samai
7 Índice 13 del expediente digital disponible en Samai
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03084-00
Accionante: Wilfredo Eliecer Díaz Ciro
Se declara la improcedencia de la demanda
conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos
2591 de 1991 y 1069 de 2015, y en el Reglamento del Consejo de Estado (Acuerdo 80
de 2019).
G. Sentido de la decisión
15. La Sala declarará la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional. En efecto, la controversia planteada versa sobre
un asunto eminentemente legal y económico relacionado con el cumplimiento de una
sentencia judicial. En ese sentido, y por razones metodológicas, en esta providencia no
se hará la verificación de los demás requisitos generales de procedencia de la demanda
de tutela8.
H. El requisito de relevancia constitucional
16. La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra providencias
judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger los derechos
fundamentales.9 En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección de la
decisión cuestionada10, con el fin de impedir “que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial”.
17. En línea con lo anterior, con el fin de evitar que la acción de tutela contra providencia
judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir el debate del
proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte Constitucional
estableció que la cuestión que se discute debe ser de evidente relevancia constitucional.
De esta manera, se busca evitar que el juez constitucional se involucre en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones.11
18. En la sentencia SU-215 de 202212, la Corte Constitucional identificó los siguientes
criterios de análisis para establecer si la demanda en ejercicio de la acción de tutela
contra una providencia judicial supera el requisito de relevancia constitucional:
8 Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional
ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente relevancia constitucional; b) que se
hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) que se cumpla el requisito
de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración; d) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de
la parte actora; e) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración
como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere
sido posible, y f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de 2005).
9 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
10 Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-128 de 2021, M.P. Cristina
Pardo Schlesinger y SU-134 de 2022, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
11 Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de 2017, M.P.
José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos y SU-073
de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
12 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03084-00
Accionante: Wilfredo Eliecer Díaz Ciro
Se declara la improcedencia de la demanda
(i) el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico, en otras palabras, el asunto debe
ser trascendente para la interpretación, aplicación y desarrollo de la
Constitución Política o para la determinación del alcance de un derecho
fundamental;
(ii) la controversia no debe limitarse a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico, en ese sentido, no se debe emplear la
acción de tutela como una tercera instancia o un recurso adicional para reabrir
debates meramente legales y la solicitud debe trascender la mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales;
(iii) se deben plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la
providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental, entonces,
no basta con la sola referencia a la afectación de las garantías superiores para
encontrar probada la relevancia constitucional, sino que se debe justificar
razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada a un
derecho fundamental; y
(iv) el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes
debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una
actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos
fundamentales
19. Para la Corte Constitucional13, el requisito de relevancia constitucional comporta tres
finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
20. Por todo, la Corte Constitucional ha insistido en que la intervención del juez
constitucional sólo está justificada cuando “[…] la providencia judicial sea
definitivamente incompatible con el alcance y límite de los derechos fundamentales que
han sido desarrollados por la Corte o que ella genere una anomalía en el sistema jurídico
de tal entidad que haga necesaria o imperiosa la intervención del juez constitucional”14.
I. Requisitos específicos de procedibilidad invocados en la demanda
21. La sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional estableció que la tutela
contra providencias judiciales es constitucionalmente admisible siempre y cuando se
configure, al menos, una de las siguientes causales especiales: (i) defecto orgánico; (ii)
defecto procedimental; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; y (viii) violación directa
de la Constitución.
21.1. En el asunto sub iudice, el accionante considera que las providencias objeto de
13 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
14 Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03084-00
Accionante: Wilfredo Eliecer Díaz Ciro
Se declara la improcedencia de la demanda
tutela incurrieron en los defecto sustantivo, fáctico y violación directa de la Constitución.
A continuación, la Sala describirá las características y elementos del defecto alegado,
con el propósito de determinar el objeto de la litis.
22. El defecto sustantivo se configura cuando un operador judicial desconoce la
Constitución o la ley. La Corte Constitucional15 ha determinado que se está ante un
defecto sustantivo cuando el juez, en ejercicio de su autonomía e independencia,
desborda la Constitución o la ley en desconocimiento de los principios, derechos y
deberes superiores. En ese sentido, puede configurarse un defecto sustantivo por la
errónea interpretación o aplicación de la norma.
22.1. La jurisprudencia constitucional16 ha establecido que, para que se configure este
defecto, el error del juzgador debe ser ostensible, arbitrario y caprichoso, en
desconocimiento de lineamientos constitucionales y legales pertinentes, pues el juez
constitucional no puede inmiscuirse ni definir la forma en que el juez ordinario tiene que
decidir.
23. El defecto fáctico se refiere al yerro en el decreto, práctica o valoración del material
probatorio que incide en el sentido de la decisión. Es decir que, en esencia, se configura
cuando la autoridad judicial “carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión”17. La jurisprudencia constitucional ha
precisado que este defecto se manifiesta en dos dimensiones.
23.1. Por un lado, la dimensión negativa describe una omisión determinante por parte de
la autoridad judicial en las etapas probatorias18. Ello ocurre, por ejemplo, cuando no se
tiene en cuenta una realidad probatoria, no se valoran todos los medios de convicción
o, habiendo lugar a ello, no se decreta oficiosamente una prueba.
23.2. Por el otro, la dimensión positiva describe un error ostensible, flagrante y manifiesto
en la apreciación del hecho o de la prueba19. Bajo ese esquema, el defecto se produce
en los eventos en que la decisión se fundamenta en pruebas ilícitas, pruebas que por
disposición legal no son demostrativas del hecho o, por lo general, en una valoración
abiertamente defectuosa de los medios de convicción20.
24. Finalmente, la violación directa de la Constitución se estructura cuando la
autoridad judicial se aparta del mandato de supremacía constitucional contenido en el
artículo 4 de la Constitución Política21. En ese orden, este defecto se puede configurar
en los siguientes supuestos: (i) la autoridad judicial deja de aplicar una norma
constitucional que resulta aplicable al caso concreto y (ii) la autoridad judicial aplica una
norma legal al margen de los postulados constitucionales.
J. El caso concreto
25. La Sala advierte que la presente acción de tutela no satisface el requisito de
15 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2017. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
16
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
17 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
18 Corte Constitucional, sentencia SU-074 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.
19 Corte Constitucional, sentencia SU-424 de 2021, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
20 Corte Constitucional, sentencia SU-453 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
21 Corte Constitucional, sentencias SU-069 de 2018 y SU-037 de 2019.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03084-00
Accionante: Wilfredo Eliecer Díaz Ciro
Se declara la improcedencia de la demanda
relevancia constitucional. Si bien el accionante invoca la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la
seguridad social, al mínimo vital y a la dignidad humana, del examen del expediente se
advierte que la controversia sometida a consideración del juez constitucional recae
exclusivamente sobre un asunto de naturaleza legal y económica, relacionado con el
cumplimiento de una sentencia judicial y con la determinación de si la Caja de Retiro de
las Fuerzas Militares liquidó correctamente la asignación de retiro reconocida al actor.
26. La jurisprudencia constitucional ha señalado que la relevancia constitucional cumple
tres finalidades: preservar la competencia y la independencia de los jueces de las demás
jurisdicciones, evitando que la tutela se use para discutir asuntos de mera legalidad;
restringir su ejercicio a cuestiones que afecten derechos fundamentales; e impedir que
se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
judiciales22. La Corte Constitucional ha precisado que un asunto carece de relevancia
constitucional cuando la discusión se limita a la determinación de aspectos legales de
un derecho, o cuando es evidente su naturaleza o contenido económico, por tratarse de
una controversia estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas23.
27. En efecto, el proceso ejecutivo tuvo origen en la inconformidad del accionante con
la forma en que CREMIL dio cumplimiento a las sentencias proferidas dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho. Como consta en los antecedentes de la
sentencia cuestionada, el ejecutante sostuvo que, mediante la Resolución No. 21095
del 3 de diciembre de 2018, la entidad reconoció la suma de $9.029.596 por concepto
de reliquidación de la asignación de retiro, pero que, al aplicar la partida de la prima de
antigüedad, “aplicó la fórmula de nuevo errada, tomando el 38.5% del 58.5%”, lo cual
generaba un saldo insoluto a su favor. Por su parte, CREMIL propuso la excepción de
pago total de la obligación, al considerar que la reliquidación se efectuó en estricto
cumplimiento de la sentencia que servía de título ejecutivo y que no existían valores
pendientes por reconocer.
28. Esa misma naturaleza del litigio fue identificada por el Tribunal al fijar el problema
jurídico a resolver, consistente en determinar “si el pago por valor de $9.029.596 [...]
extinguió la obligación contenida en la Sentencia del 30 de junio de 2017 [...]
configurándose así la excepción de pago total”. Es decir, el debate judicial se
circunscribió, desde su formulación misma por parte del juez natural, a establecer si una
obligación dineraria derivada de un título ejecutivo había sido o no satisfecha por la
entidad demandada, cuestión que la propia providencia abordó mediante el examen
técnico de fórmulas de liquidación, salarios básicos, porcentajes de prima de antigüedad
e indexación de sumas de dinero.
29. Al resolver el recurso de apelación, el Tribunal Administrativo de Antioquia revocó
la decisión de primera instancia y declaró probada la excepción de pago total de la
obligación. Para ello, analizó el contenido de la sentencia que servía de título ejecutivo
y concluyó que CREMIL había dado cumplimiento a lo allí ordenado, por cuanto la
reliquidación de la asignación de retiro se efectuó conforme a los parámetros fijados en
dicha providencia. Asimismo, precisó que el proceso ejecutivo no constituía el escenario
22 Corte Constitucional, Sentencia SU-451 de 2024. M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
23 Corte Constitucional, Sentencia SU-573 de 2019. M.P. Carlos Bernal Pulido.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03084-00
Accionante: Wilfredo Eliecer Díaz Ciro
Se declara la improcedencia de la demanda
procesal para modificar, complementar o redefinir el alcance de una sentencia
ejecutoriada, ni para introducir una forma distinta de liquidación a la prevista en ella.
30. Los cuestionamientos formulados en la demanda de tutela reproducen esa misma
discusión. El accionante sostiene que el Tribunal incurrió en defecto sustantivo y fáctico
porque interpretó equivocadamente la sentencia que servía de título ejecutivo y
concluyó, de manera errada, que la obligación había sido satisfecha en su totalidad,
cuando, a su juicio, subsistía un saldo insoluto derivado de la correcta forma de calcular
la prima de antigüedad. Se trata, en esencia, del mismo debate técnico-económico que
ya fue objeto de pronunciamiento en las dos instancias del proceso ejecutivo: si la
fórmula aplicada por CREMIL y avalada por el Tribunal corresponde o no a la ordenada
en el título ejecutivo, y si, en consecuencia, existe o no un remanente dinerario a favor
del accionante.
31. De esta manera, la controversia planteada en sede de tutela no trasciende el ámbito
de la legalidad ni compromete, de manera autónoma, el contenido, alcance o goce de
los derechos fundamentales invocados. Lo que pretende el accionante es que el juez
constitucional reevalúe la interpretación que efectuó el Tribunal sobre el título ejecutivo,
la forma correcta de liquidar la asignación de retiro y la existencia de un pago total de la
obligación, con el propósito de obtener una conclusión distinta sobre el monto
económico que, en su criterio, aún le adeuda CREMIL. Como lo ha señalado la Corte
Constitucional, subyace a esta clase de controversias una finalidad “eminentemente
económica”, en tanto lo perseguido, en último término, es la definición de una condena
monetaria a favor de la parte actora24.
32. Tampoco observa la Sala que la providencia cuestionada revele una actuación
arbitraria, caprichosa o manifiestamente irrazonable que justifique la intervención
excepcional del juez de tutela.
33. La sentencia del Tribunal resolvió precisamente el problema jurídico que le fue
planteado en el recurso de apelación, para lo cual examinó el contenido de la sentencia
base de ejecución, efectuó su propia liquidación con base en los parámetros allí fijados,
y explicó el motivo por el cual, en su criterio, la sentencia de unificación del Consejo de
Estado del 25 de abril de 2019 no resultaba aplicable retroactivamente al título ejecutivo
en firme desde el 18 de abril de 2018. Al respecto, la decisión cuestionada, precisó:
Así, resulta necesario precisar que la fórmula adoptada en la sentencia base de recaudo no
es equivalente a la prevista en la sentencia de unificación del Consejo de Estado. En efecto,
mientras la providencia que sirve de título ejecutivo fijó la asignación de retiro como el
resultado de aplicar el 70% al salario básico y adicionar a ese valor el 38,5% de la prima de
antigüedad previamente calculada —esto es, (salario × 70%) + (prima de antigüedad ×
38,5%)—, la sentencia de unificación parte de una operación distinta, en la que ambos
porcentajes se aplican directamente sobre el salario —(salario × 70%) + (salario × 38,5%)—
. Se trata, por tanto, de fórmulas estructuralmente diferentes, cuya sustitución en sede
ejecutiva implicaría modificar el contenido económico del título judicial.
34. Que el accionante discrepe de esas conclusiones o proponga una interpretación
distinta del título ejecutivo no transforma, por sí solo, una controversia de naturaleza
24 Corte Constitucional, Sentencia SU-451 de 2024. M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03084-00
Accionante: Wilfredo Eliecer Díaz Ciro
Se declara la improcedencia de la demanda
legal en un asunto de relevancia constitucional, pues, como lo ha resaltado la Corte, la
invocación del debido proceso y del acceso a la administración de justicia no basta para
acreditar dicho requisito, “especialmente en un debate que encierra una disputa
marcadamente legal”25.
35. En consecuencia, la Sala concluye que la presente acción de tutela pretende reabrir
una controversia eminentemente económica ya resuelta por la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, con el propósito de obtener una nueva valoración sobre la
forma de liquidar una obligación dineraria y sobre la existencia de un saldo insoluto a
cargo de CREMIL. Acceder a ese examen implicaría convertir la acción de tutela en una
instancia adicional dentro del proceso ejecutivo, desconociendo su naturaleza
subsidiaria y excepcional. Por ello, la demanda no satisface el requisito de relevancia
constitucional y, en consecuencia, será declarada improcedente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento
del requisito de relevancia constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: Una vez notificada, y si no fuese impugnada, ENVIAR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Presidente
25 Corte Constitucional, Sentencia T-352 de 2025. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
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