RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-03090-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-03090-00

Fecha
21 de mayo de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-03090-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud – ADRES, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-03090-00

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

21 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Salud Total EPS SA.
Parte accionada: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Primera – Subsección C y otro.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03090-00.
Asunto: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia por falta de
relevancia constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra el Juzgado 609 Administrativo Transitorio del Circuito de Bogotá y la
Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. La parte accionante en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho presentó demanda contra la Administradora
de los Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud – ADRES,
con el fin de que se declarara la nulidad de los actos administrativos
mediante los cuales se glosaron definitivamente ciertas facturas o
recobros por servicios de salud no POS o no incluidas en el PBS.

1.2. El conocimiento de la anterior demanda le correspondió al Juzgado
Sexto Administrativo del Circuito de Bogotá que, en cumplimiento de lo
dispuesto en el Acuerdo CSJBTA25-14 de 5 de marzo de 2025 expedido

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03090-00

por el Consejo Superior de la Judicatura, la remitió al Juzgado 609
Administrativo Transitorio del Circuito de Bogotá.

1.3. El Juzgado 609 Administrativo Transitorio de Bogotá - Sección
Primera, mediante auto de 8 de mayo de 2025, asumió el conocimiento de
la demanda y requirió a la parte aquí accionante para que indicara si contra
el oficio UTF2014-OPE-20261 del 27 de marzo de 2017 presentó
objeciones, entre otros asuntos.

1.4. La parte aquí actora dentro del término concedido allegó informe
acorde con los requerimientos efectuados en el auto de 8 de mayo de 2025.

1.5. Mediante auto de 10 de julio de 2025, el Juzgado 609 Administrativo
Transitorio de Bogotá - Sección Primera resolvió: i) escindir la demanda, ii)
asumir el conocimiento de la misma respecto “[…] de la legalidad parcial
del oficio UTF2014-OPE-20261 del 27 de marzo de 2017 y de la legalidad
del oficio MYT040417, notificado el 18 de abril de 2017 […]”; y iii) rechazar
por caducidad el medio de control al considerar que “[…] la notificación
de la comunicación MYT040417, que glosó definitivamente ciertas
facturas o recobros por servicios de salud no POS o no incluidas en el PBS,
se surtió el 18 de abril de 2017, por lo que el término de tres (3) años para
demandar feneció el 19 de abril de 2020, no obstante, la demanda fue
presentada el 19 de mayo de 2023 […]”. [Subrayas y negrillas originales
del texto]

1.6. Contra la decisión de primera instancia la parte accionante presentó
recurso de reposición y apelación.

1.7. Mediante auto de 5 de agosto de 2025, el Juzgado 609
Administrativo Transitorio de Bogotá resolvió no reponer la decisión que
rechazó la demanda y concedió el recurso de apelación ante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca. Adicionalmente, en dicha providencia
se corrigió de oficio el auto de 10 de julio de 2025 en el sentido “[…] de
adecuar la secuencia de los numerales allí consignados […]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03090-00

1.8. La Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, mediante decisión de 15 de octubre de 2025, confirmó
la providencia de primera instancia, al considerar que si bien al presente
asunto se le debían aplicar las reglas de transición fijadas por la Corte
Constitucional en el Auto 1942 de 2023, lo cierto es que el término de
caducidad del medio de control se cuenta a partir del día siguiente al de
la notificación del acto acusado y la reclamación posterior a ese trámite
no interrumpe dicho cómputo.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que las autoridades accionadas vulneraron su
derecho fundamental al debido proceso porque no aplicaron “[…]
congruentemente las reglas de transacción proferidas por la Corte
Constitucional a través de los autos 389 de 2021 y 1942 de 2023, en las cuales
se establecieron lineamientos específicos para la flexibilización de ciertos
requisitos aplicables a las demandas que militan ante la jurisdicción
contencioso administrativo, como es el caso, del presupuesto de caducidad, el
cual debía estudiarse a la luz de las normas laborales […]”.

Adujo que las accionadas transgredieron el derecho a la igualdad y el principio
de seguridad jurídica en razón a que declararon la caducidad del medio de
control “[…] sin estudiar la caducidad a la luz de lo derroteros fijados por la
Corte Constitucional mediante los autos 389 de 2021, 1942 de 2023, las
disposiciones laborales acerca de la prescripción de que tratan los artículos
488 y 151 del CPT y SS, y lo concerniente a la reclamación administrativa
contemplada en el artículo 4 de la Ley 712 de 2001, la suspensión de términos
en los procesos judiciales de acuerdo con lo dispuesto por los Acuerdos del
Consejo Superior de la Judicatura […]”.

Afirmó que se configuró un defecto sustantivo debido a que: i) se inobservó lo
dispuesto en el artículo 282 del Código General del Proceso que establece que
el término de prescripción no puede ser declarado de oficio por el juez, “[…]
por cuanto obedece a una facultad potestativa de las partes procesales,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03090-00

solicitar, a través de las excepciones correspondientes, su declaratoria o
renunciar a la misma […]”; y ii) no se tuvo en consideración “[…] los preceptos
contenidos en los artículos 489 CPT Y SS, el artículo 6 y 151 del Código de
Procedimiento del Trabajo y la Seguridad Social, para computar los plazos y
la interrupción que opera en la legislación laboral […]”, pese a que el auto 1942
de 2023 de la Corte Constitucional refiere la observancia de tales
disposiciones en casos como el presente.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA: Que se amparen los derechos fundamentales indicados
y que fueron conculcados por EL JUZGADO 609 ADMINISTRATIVO
TRANSITORIO DE BOGOTÁ y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO -
SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN C BOGOTÁ dentro del proceso
110013334006202300453/01 como consecuencia de haber proferido las
siguientes decisiones del Auto del 10 de julio de 2025, Auto del 05 de
agosto de 2025 y Auto del 15 de octubre de 2025, que vulneraron los
derechos al debido proceso, Derecho a la salud, acceso a la
administración de justicia de Salud Total EPS S - S.A.

SEGUNDA: que como consecuencia del amparo solicitado se deje sin
efectos las providencias judiciales cuestionadas proferidas por EL
JUZGADO 609 ADMINISTRATIVO TRANSITORIO DE BOGOTÁ y
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO - SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN C
notificada el mes de noviembre del mismo año, bajo radicado
110013334006202300453/01 y se ordene la emisión de una nueva
decisión que respete las garantías fundamentales invocadas en la
presente acción de tutela.

TERCERA: Que se adopten medidas necesarias para evitar que en el
futuro para evitar que en el futuro se repitan las vulneraciones a los
derechos mencionados en la presente acción de tutela. […]”.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Mediante auto de 29 de abril de 2026, se admitió la presente acción de tutela
y se vinculó a la Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad
Social en Salud – ADRES en calidad de tercero con interés directo en el
resultado del proceso.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03090-00

III. INTERVENCIONES

1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera –
Subsección C manifestó que la presente acción carece de relevancia
constitucional porque se está utilizando como una tercera instancia debido a
que la controversia planteada se circunscribe a una discrepancia con la
interpretación y aplicación de normas procesales propias de la jurisdicción de
lo contencioso administrativo, sin que se advierta una vulneración directa de
derechos fundamentales.

Adicionalmente, advirtió que las razones de hecho y de derecho que
sustentaron la decisión se expusieron extensamente en la providencia
acusada, en la que se explicó que las reglas de transición dispuestas por la
Corte Constitucional en el auto 1942 de 2023 sí eran aplicables a los asuntos
de recobros, pero no en cuanto la interrupción de la prescripción que consagra
los artículos 489 y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad
Social porque no se trata de una reclamación laboral del empleado a su
empleador, para lo cual fue concebida esa norma, sino del procedimiento
especial de recobros, tramite reglado que consagra expresamente que el hito
temporal inicial del cómputo es la comunicación de glosas.

2. El Juzgado 809 Administrativo Transitorio del Circuito de Bogotá refirió y
explicó el trámite que en su momento le impartió el Juzgado 609 Administrativo
al proceso en el que se profirieron las providencias aquí acusadas, a partir del
cual solicitó declarar improcedente el mecanismo de amparo por carecer de
relevancia constitucional.

3. La Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social en
Salud – ADRES advirtió que la presente acción de tutela se está utilizando
como una tercera instancia, motivo por el cual no cumple con el requisito de
relevancia constitucional. Finalmente, solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03090-00

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.

2. Cuestión previa

La Sala advierte que la Administradora de los Recursos del Sistema de
Seguridad Social en Salud – ADRES solicitó su desvinculación del presente
trámite de tutela.

La Sala considera que, comoquiera que la Administradora de los Recursos del
Sistema de Seguridad Social en Salud – ADRES funge como accionada dentro
del medio de control objeto de tutela identificado con el radicado núm. 11001-
33-34-006-2023-00453-00/01, le asiste interés directo en la decisión de la
acción constitucional de la referencia, razón por la que se negará la solicitud
de desvinculación.

3. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:

A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
si ello es así, se deberá:

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03090-00

B) Determinar si las providencias aquí enjuiciadas vulneraron los
derechos fundamentales invocados por la parte accionante.

4. Caso concreto

4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela

La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional2 como del Consejo
de Estado3 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de unos
requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de alguno de
los requisitos especiales para dicha procedencia.

Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

El requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales atinente a la relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando
se acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental4 y se descarta el uso del mecanismo de amparo
como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces5.

2
Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
3
Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ) y 2012-02201-01,
respectivamente. Entre otras.
4
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente:
Dr. Jaime Córdoba Triviño.
5
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03090-00

En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional precisó que la sola
mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha
afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por
acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.

En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de
identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por qué se
configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición
a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la “[…] entidad
de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]»; (ii) que el alcance de la controversia
“[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”, y (iii) que se “[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.

En este contexto, resulta claro que la relevancia constitucional como requisito
genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
tiene como propósito; (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la
competencia y la independencia del juez ordinario.

Respecto de lo anterior, esta Sala advierte que la argumentación que esgrimió
la parte actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales en que incurrieron las autoridades accionadas no devela que
el presente asunto gire en torno al alcance de algún derecho fundamental,
sino, únicamente, frente a la mera inconformidad con las decisiones adoptadas
el 10 de julio, el 5 de agosto y el 15 de octubre de 2025 en el marco del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación núm.
11001-33-34-006-2023-00453-00/01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03090-00

Lo anterior teniendo en cuenta que el extremo accionante en ningún momento
está poniendo de relieve que las autoridades judiciales hayan incurrido en una
arbitrariedad judicial, ni tampoco hace una exposición a partir de la cual se
evidencie que su caso tiene la “[…] entidad de interpretar, aplicar, desarrollar
la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental” y
mucho menos justifica “[…] razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales”.

Cabe destacar que la argumentación planteada por la parte actora está asociada
a que las autoridades accionadas declararon la caducidad del medio de control
“[…] sin estudiar la caducidad a la luz de lo derroteros fijados por la Corte
Constitucional mediante los autos 389 de 2021, 1942 de 2023, las
disposiciones laborales acerca de la prescripción de que tratan los artículos
488 y 151 del CPT y SS, y lo concerniente a la reclamación administrativa
contemplada en el artículo 4 de la Ley 712 de 2001, la suspensión de términos
en los procesos judiciales de acuerdo con lo dispuesto por los Acuerdos del
Consejo Superior de la Judicatura […]”.

Lo anterior evidencia que la inconformidad de la parte actora se circunscribe a
una discrepancia de carácter estrictamente legal respecto de cómo se debían
interpretar y aplicar los autos de la Corte Constitucional y las normas del
Código Sustantivo del Trabajo y del Código de Procedimiento Laboral a su
caso, argumentos que implican la reapertura del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho objeto de esta acción de tutela el cual fue
decidido por los jueces naturales del asunto.

Por tanto, se considera que los argumentos de la parte actora más que develar
la existencia de una cuestión que sea de “verdadera relevancia constitucional”
que conlleve la presunta transgresión de derechos fundamentales, demuestra
una inconformidad con las decisiones adoptadas por las autoridades
accionadas como si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia
adicional, por lo cual el juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho asunto, so
pena de otorgar a la acción de tutela un carácter que no le es propio de su

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03090-00

naturaleza y de paso invadir la competencia y la independencia del juez
natural.

Bajo los anteriores argumentos, la Sala declarará improcedente la acción de
tutela, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la
Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud –
ADRES, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la
referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta
sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

CUARTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03090-00

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.